Universidad Nacional de Colombia

Momento y contexto de la violencia en Colombia

Saúl Franco Agudelo1

Resumen

Se describe y analiza el problema de los homicidios en Colombia, como forma más indicada para abordar y tratar de comprender parte del problema de la violencia colombiana, en el último cuarto del siglo XX. La descripción y análisis son producto de tres insumos básicos, a saber: las fuentes documentales y datos disponibles en las diferentes entidades e instituciones relacionadas con el tema, la palabra de los actores y voceros representativos de las diferentes fuerzas y organizaciones sociales, económicas, culturales y político-militares, lograda a través de entrevistas extensas y diálogos permanentes y los aportes teóricos de quienes dentro y fuera del país han venido pensando sobre nuestra situación de violencia. El número de homicidios aumentaba lentamente en los primeros años estudiados. Se acelera a partir de la mitad de los 80. La tasa por 100 000 habitantes casi se cuadruplica (de 23 a 82). Predomina el sexo masculino; en el 2001 había por cada mujer, 12 hombres. Los homicidios se encuentran en las edades más jóvenes. Se demuestran las tres características fundamentales de la violencia colombiana actual: generalización, complejidad y degradación recientes. No se llega a un intento acabado de encontrar un método y proponer una explicación única del fenómeno estudiado o un marco comprensivo general. Se sugiere una aproximación metódica y una exploración explicativas que, a partir de la consideración de la violencia homicida en Colombia en un período determinado, contribuya tanto a su comprensión como a estimular otras búsquedas acerca de la propia realidad estudiada.

DeCS: HOMICIDIO; VIOLENCIA/tendencias; COLOMBIA.

Introducción

Colombia vive hoy una situación de violencia generalizada. Las formas violentas de relación -caracterizadas por el predominio intencionado de la fuerza para la consecución de fines, con producción de daños a las víctimas- se han ido convirtiendo en predominantes tanto en los espacios de la vida privada como en los de la vida pública, e igual en las interacciones políticas que en las familiares, laborales y aún en las deportivas.

Dada la diversidad de contextos, escenarios, tipos y significados de las violencias y los cambios permanentes de su dinámica e intensidad, resulta casi imposible una reflexión que comprenda todas las formas de violencia. Por eso se hace necesario delimitar en cada caso a qué tipo de violencia se refiere y en qué coordenadas espacio-temporales se ubica. Las consideraciones siguientes se refieren específicamente a la expresión en homicidios de las diferentes violencias que ha vivido el país en los últimos 25 años.

Sin duda, el homicidio constituye una de las formas más graves de violencia en cuanto niega el derecho humano fundamental a la vida y suprime, en consecuencia, todos los demás derechos. Lo anterior y el hecho de que los homicidios se han convertido en una de las modalidades más frecuentes de expresión de las distintas violencias en el país en los últimos años, permite afirmar que la descripción y el análisis del problema de los homicidios constituye una de las formas más indicadas para abordar y tratar de comprender buena parte de la problemática de la violencia colombiana.

El período seleccionado tiene también su explicación histórica. Después de un descenso de las tasas de homicidio en el país al terminar el anterior período de violencia, reconocido hasta ahora en la literatura y el imaginario nacional como la época de la violencia y que se extendió desde finales de los cuarenta hasta mediados de los sesenta, las tasas de homicidio empezaron a incrementarse nuevamente a partir de mediados de los setenta. Justamente en el cuarto de siglo comprendido entre 1975 y el año 2000 los homicidios alcanzan niveles y promedios nunca antes registrados. Y, como se verá más adelante, es el mismo período en el cual se desarrollan y alcanzan impactar seriamente la vida nacional tres fenómenos esencialmente relacionados con el actual ciclo de violencia: el problema narco (producción, procesamiento, circulación y consumo de sustancias sicoactivas y adictivas consideradas ilegales); el conflicto político-militar, que implicó en un comienzo a las guerrillas y a las fuerzas armadas estatales y posteriormente a las organizaciones paramilitares y al conjunto de la denominada sociedad civil; y, en tercer lugar, el desarrollo y consolidación del modelo económico y de concepción del estado y de la sociedad sintética y globalmente denominado neoliberal. El análisis de la relación de estas tres situaciones coyunturales con la violencia, mirada a través de los homicidios, constituye parte fundamental del esfuerzo de contextualización y comprensión del problema en cuestión.

Metodológicamente, tanto la descripción como el esfuerzo analítico son el producto de los aportes y la interacción de tres insumos básicos, a saber: las fuentes documentales y de datos disponibles en las diferentes entidades e instituciones relacionadas con el tema y debidamente procesadas por mí durante varios años; la palabra de los actores y voceros representativos de las diferentes fuerzas y organizaciones sociales, económicas, culturales y político-militares, lograda a través de entrevistas extensas y diálogos permanentes y los aportes teóricos de quienes dentro y fuera del país han venido pensando sobre esta situación de violencia y, en general, sobre la temática de la violencia en la humanidad.

El material consta de dos partes. En primer lugar se presenta una síntesis predominantemente cuantitativa sobre la estructura y dinámica de los homicidios en el país en el período estudiado, tratando de perfilar el momento de la violencia colombiana. En segundo lugar, se elabora un resumen de lo que he venido trabajando como contextos explicativos de la violencia en Colombia.

Momento actual de la violencia Colombiana

El mapa homicida. Puede afirmarse que los homicidios constituyen el indicador clave del momento de la violencia nacional. Su magnitud anual, su distribución entre hombres y mujeres, entre los diferentes grupos de edad y entre las distintas regiones del país, las modalidades que toma en etapas distintas y su distribución desigual en los diferentes estratos económicos y grupos politicosociales, permiten identificar un mapa, unos lineamientos y unas tendencias que dan mucha luz al tiempo que plantean serios interrogantes sobre la naturaleza y dinámica de la violencia colombiana.

A pesar de la importancia del fenómeno homicida y de sus implicaciones penales en cuanto requiere procesos judiciales y medicolegales e información detallada, existen graves vacíos y dificultades en su registro. No siempre existe continuidad en la información, ni unidad en los conceptos y aspectos incluidos por las diferentes instituciones que tienen que ver con los registros de homicidio. Una comparación realizada entre las tres principales fuentes de información sobre homicidios en Colombia (la Policía Nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE - y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses- INMLCF-) permitió la evidencia de que los problemas enunciados al tiempo que las diferencias en cobertura y en manejo y conservación de la información.1 No obstante las dificultades, ha sido posible construir cuidadosamente la figura 1, que representa el total anual de homicidios en Colombia entre los años de 1975 y 2001. Como se puede apreciar, hay un primer incremento lento en la primera década, para luego acelerarse a partir de la mitad de los 80 y alcanzar los más altos niveles al empezar los 90 . En 1991 se registró en el país el más alto número anual de homicidios: 28 284, cifra que aún no se ha repetido. En la última década se registra un descenso inicial y luego, a partir de 1998, un nuevo incremento hasta la actualidad, con un promedio anual muy próximo a los 26 000 homicidios. El último dato registrado corresponde al año 2001: un total de 27 685 homicidios, según el INMLCF.

 

Fig. 1. Número total anual de homicidios. Colombia, 1975-2001.

Las estadísticas disponen de las tasas, como forma de poder estimar la magnitud de un problema en un tiempo y lugar determinados, y controlar la influencia de los cambios en el total de la población. La figura 2 representa justamente la tasa de homicidios en el país en el período estudiado y reproduce las variaciones y tendencias ya descritas en la figura1. Entre 1975 y 1991 la tasa casi se cuadruplica, al pasar de 23 a 82. El país terminó el milenio con una tasa de 61 homicidios por 100 mil habitantes, una tasa que casi duplica a la tasa promedio de América Latina (35 por 100 000) y 12 veces superior al promedio mundial que es de 5 homicidios por 100 mil habitantes.

Fig. 2. Tasa de mortalidad general por homicidio. Colombia, 1975-2001.

Las principales víctimas de los homicidios en Colombia continúan siendo los hombres. Si bien en los últimos años ha aumentado el número de mujeres víctimas de homicidio, la diferencia continúa siendo significativa. En el año 2001, por ejemplo, por cada mujer asesinada, hubo doce hombres. El 92,5 % del total de víctimas de homicidio en el 2001 fueron hombres, frente al 7,5 % de mujeres.2

Al observar la distribución de los homicidios por grupos de edad, resulta muy preocupante la evidencia de que es la población joven del país la que está aportando el mayor número de víctimas. Haciendo un seguimiento quinquenal a la información disponible, se pudo construir la figura 3 en la cual se confirma que los homicidios se van concentrando cada vez más en la población joven, para llegar incluso a afectar a los niños en los últimos años. Las mayores tasas la presenta en casi todos los años estudiados el grupo de jóvenes entre los 25 y los 34 años, seguido por el de 20 a 24 años. El grupo de 15 a 19 años quintuplica su tasa entre 1979 y 1994. Igual incremento registra el grupo de 25 a 34 años en los 20 años representados en la figura.

Fig. 3. Mortalidad por homicidio, por grupos etáreos. Períodos quinquenales. Colombia, 1979-1999.

La situación se hace más clara y alarmante cuando se presenta la misma distribución quinquenal por grupos de edad, pero específicamente para los hombres (fig. 4). Es evidente que son los hombres jóvenes las principales víctimas de la violencia homicida en Colombia, con las implicaciones humanas, demográficas y económicas que ello conlleva. Hay una concentración creciente de los homicidios en los grupos masculinos cada vez más jóvenes. En 1999 la tasa promedio nacional de homicidio fue de 56 por 100 000. Para ese año los tres grupos masculinos entre 15 y 34 años triplicaron la tasa nacional, y entre ellos el de 25 a 34 años alcanzó una tasa de 198 por 100 000. Pero del conjunto de la información disponible al respecto, hay un hecho que llama especialmente la atención, que desborda las expectativas más pesimistas y que debe servir como alarma social: la altísima tasa de 728 homicidios por 100 000 habitantes encontrada en hombres jóvenes antioqueños (18 a 24 años) en el año 2001.

Fig. 4. Mortalidad por homicidio en hombres, por grupos etáreos y períodos quinquenales. Colombia, 1979-1999.

Resulta también muy sugestivo y esclarecedor observar el mapa de los homicidios en Colombia durante el período estudiado. A mitad de los 70 eran relativamente escasas las diferencias en las tasas de mortalidad por homicidio entre los diferentes departamentos del país. Pero desde comienzos de los 80 algunos departamentos empezaron a presentar incrementos significativos, en especial Antioquia y Valle. La figura 5 representa las tasas de homicidios nacionales, las de los departamentos de Antioquia y el Valle y la de la Ciudad de Bogotá entre 1975 y 1995. Como puede apreciarse, Antioquia presentó los mayores incrementos en las tasas de mortalidad por homicidio, llegando a un pico máximo de 250 por 100 000 en 1992, tasa tres veces superior al promedio nacional del mismo año. A partir de entonces empieza a observarse un aumento significativo de las tasas en el valle del Cauca y en otras regiones que no aparecen en la figura, tales como Caquetá, Guaviare y Putumayo. Bogotá mantiene en general tasas por debajo del promedio nacional. En 1994, dos terceras partes del total de los homicidios del país se cometieron en Antioquia, Valle y Bogotá.

Fig. 5. Mortalidad por homicidio en el país y en algunos departamentos. Colombia, 1975-1995.

En el año 2001 los departamentos de Guaviare y Putumayo desplazaron a Antioquia del primer lugar en las tasas anuales de homicidio. Ya en ese año, como puede observarse en la figura 6, hay una especie de nueva configuración del mapa homicida. Los departamentos señalados ocupan los dos primeros lugares, seguidos por Antioquia, Arauca, Valle y Risaralda, todos con tasas superiores a los 100 homicidios por 100 000 habitantes. El contraste es muy marcado con departamentos como San Andrés, Guainía y el Vaupés, con tasas de 8, 3 y 0, respectivamente, en ese año. Es llamativo que no se da un descenso de las tasas en los departamentos que anteriormente ocupaban los primeros lugares, sino un incremento significativo en las de otros que antes no padecían los rigores de la violencia homicida. En la segunda parte de este material, al esbozar algunos contextos explicativos de la violencia colombiana se retomarán estos datos tratando de seguir particularmente la dinámica y las rutas del conflicto armado y del narcotráfico.

Fig. 6. Departamentos con mayores tasas de homicidio. Colombia, 2001.

Cuando se intenta desagregar los homicidios en función de los posibles motivos que los han producido, el mapa presenta variaciones importantes y esclarecedoras. En el año 2000, por ejemplo, la mitad de los homicidios por motivos políticos ocurrieron en cuatro de los 32 departamentos del país: Norte de Santander (14 %), Santander (13 %), Antioquia (12 %) y Valle (10 %).3 Obviamente esta tarea es muy difícil con la información disponible, pero aporta elementos importantes para la comprensión del problema.

Tres características del actual momento de violencia en el país. Es claro que se puede calificar de muy diversas maneras la violencia colombiana actual. Más allá de los esfuerzos por elaborar tipologías, se trata de identificar algunas características que contribuyan a reconocer las especificidades de la violencia actual, a entender su dinámica y, en especial, a sugerir posibles líneas de acción. Sin ninguna pretensión holística ni integradora, he venido considerando tres características fundamentales de la violencia colombiana actual: generalización, complejidad y degradación crecientes.

La generalización se refiere al proceso mediante el cual las formas violentas de relación, y para el caso paradigmático que nos ocupa, el de los homicidios, penetran la casi totalidad de los espacios, el tiempo y los escenarios de la vida individual y social. Es decir: una generalización espacial, temporal y relacional. Como pudo observarse en la información anteriormente expuesta, y como se confirma cotidianamente en los medios de comunicación, no hay espacios de la geografía nacional, regional y local, ni meses del año o días de cada uno de sus meses que no estén cada vez más teñidos de sangre y violencia. Igual acontece con los distintos escenarios en los cuales se desarrolla la vida de las personas y de las colectividades nacionales. La política, la economía, la religión, el deporte, la vida cotidiana, han sido progresivamente penetradas por las formas violentas de relación. Esto hace que ya sea casi imposible encontrar individuos, lugares y organizaciones cuya historia reciente no esté relacionada con algún proceso o acontecimiento violento. Acontecimiento que, además, ha contribuido de manera significativa a modificar respectivamente sus expectativas, su ambiente y sus formas de acción.

La complejidad creciente. Tiene que ver con la diversidad de factores y actores implicados en el origen, la dinámica, las manifestaciones y las consecuencias de la actual violencia en el país. A diferencia de otros conflictos de un origen más específico, la violencia colombiana hunde sus raíces en el entrecruzamiento de diversos factores que, en cada momento, se relacionan y se hacen sentir de manera muy distinta. Es también compleja en su dinámica en la medida en que las fuerzas e intereses en tensión, los escenarios del conflicto y la respuesta de los distintos actores van tomando ritmos, direcciones y modalidades también múltiples, cambiantes y, en ocasiones, relativamente imprevisibles. Son también muy complejas las consecuencias de la violencia actual en cuanto implican, como ya se señaló, casi todos los escenarios de la vida individual y social, afectan con diferente intensidad intereses particulares nacionales e internacionales y generan serios cuestionamientos al ordenamiento establecido en los campos jurídico-legal, ético-político, económico y cultural. El entrecruzamiento de intereses de los tráficos de armas y de narcóticos. La relación de doble vía entre violencia e impunidad. La rotación de actores entre los distintos grupos y organizaciones politicomi-litares en conflicto. La difusa frontera entre intereses nacionales y ciertos intereses transnacionales. Los abigarrados circuitos de razones políticas, situaciones económicas y pasiones acumuladas en las motivaciones para el actuar violento, son apenas algunas de las manifestaciones de la complejidad de la violencia colombiana actual.

Obviamente el proceso de solución de una situación o conflicto complejo, es también complejo. Cuando existe tanto entrecruzamiento de intereses, motivaciones, actores, escenarios y consecuencias, es imposible pensar en una salida simple, de corto plazo y bajo costo. Lo complejo requiere soluciones complejas. Complejo no quiere decir imposible de resolver sino solucionable abordando los diversos factores, en tiempos reales y a costos proporcionales a los daños producidos y a los logros por obtener.

La progresiva degradación de la violencia colombiana actual. Es una dimensión eminentemente ética. Y tiene que ver, fundamentalmente, con las relaciones entre fines y medios; con la coherencia entre los principios defendidos y las acciones realizadas para implementarlos o defenderlos; con el difícil equilibrio entre el interés particular o grupal y los intereses colectivos; y en el límite, con el acatamiento o no a mínimos éticos y humanitarios relativamente universales.

Múltiples indicadores permiten deducir que el conflicto colombiano está viviendo una fase de intensa y progresiva degradación. La generalización y banalización del secuestro de individuos y grupos. Los asesinatos colectivos en indefensión, conocidos como masacres. La destrucción indiscriminada de infraestructura ya no sólo del grupo enfrentado sino de poblaciones enteras.

El desplazamiento forzoso de poblaciones, cuya intensidad y magnitud ha tomado el perfil de una tragedia humanitaria. La inclusión sistemática, aun a riesgo de sus vidas, de la población no implicada directamente en la confrontación, en especial niños y ancianos de uno y otro sexos. Y las violaciones casi sistemáticas a los mínimos éticos y humanitarios, en particular a la Misión Médica. Todos estos y muchos otros hechos en los cuales han incurrido los diferentes actores del conflicto armado interno que vive el país, sustentan el hecho incuestionable de su progresiva degradación.

A causa del poco conocimiento y divulgación que ha merecido y al significado que tiene, merece algunas breves consideraciones el problema de las violaciones casi sistemáticas a la misión médica como uno de los indicadores críticos de la degradación del conflicto. Se entiende por Misión Médica -MM - el conjunto de acciones, instituciones, personas y recursos dedicados a atender los problemas de salud de la población y, en momentos de conflicto, a atender las víctimas de todos los frentes. Pues bien, según un estudio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre infracciones a la MM en el conflicto armado colombiano,4 entre 1995 y 1998 se produjeron 468 infracciones. La mayor parte de ellas se refería a acciones contra la vida y la integridad personal (73 %), seguidas por los atentados contra la infraestructura sanitaria (13 %). En el mismo período 341 personas vinculadas al sector fueron víctimas directas del conflicto, 56 de ellas asesinadas. Otro estudio referido específicamente a las infracciones contra la MM en el departamento de Antioquía5 encontró que entre enero de 1995 y octubre de 1999 se presentaron 239 infracciones; 22 funcionarios del sector y 23 enfermos o heridos bajo protección sanitaria murieron durante el período como consecuencia de las infracciones a la MM. Un estudio reciente realizado en 11 municipios de los departamentos de Boyacá y Nariño6 encontró que entre 1999 y 2001 se produjeron en ellos 111 infracciones contra la MM. A más de la cuidadosa desagregación de las diferentes modalidades de infracciones, este trabajo llama la atención sobre dos aspectos de especial importancia: el desconocimiento generalizado del Derecho Internacional Humanitario por parte del personal que trabaja en el sector salud aún en áreas de intenso conflicto armado -52 % del personal interrogado manifestó no tener ningún conocimiento sobre el DIH y 44 % afirmó tener escaso conocimiento de él- y la casi total ausencia de apoyo por parte del Estado y de entidades no gubernamentales: el 98 % de los entrevistados manifestaron no haber recibido ningún tipo de apoyo y sólo 2 % reconoció haber recibido algún apoyo de tipo laboral. La crudeza y frecuencia de las violaciones a un campo tan sensible y significativo como el de la MM, constituye una evidencia de que las tres características enunciadas: degradación, complejidad y generalización son reales y contribuyen a perfilar el actual momento de la violencia colombiana.

Contextos explicativos de la violencia colombiana actual

¿Qué es un contexto explicativo? Como lo formulé en un material preliminar: "Entiendo por contexto explicativo a un conjunto específico de condiciones y situaciones culturales, económicas y políticas en los cuales se hace socialmente posible y racionalmente comprensible la presentación y el desarrollo de un fenómeno".7 No es solo entonces el entorno situacional del acontecimiento sino el entramado relacional que lo hace posible y entendible. Se trata, en términos lógicos, de una especie de punto intermedio entre la descripción y la causalidad. Intenta ir más allá de la primera, pero acepta con realismo quedarse más acá de la segunda. Difiere de la descripción en la medida en que, a partir de ella y del conocimiento disponible sobre el fenómeno en cuestión, intenta establecer relaciones, condiciones de posibilidad y explicaciones lógicas. Pero no se desvela por la causalidad ni pretende sustituirla.

En su etimología, causa se origina del griego aitía y tiene un significado de acusación, de atribuirle algo a alguien en un contexto de predominio jurídico-penal.8 El Diccionario Latino9 advierte que causa-causae es de origen desconocido y entre las múltiples acepciones señala las tres que se utilizan con mayor frecuencia, a saber: origen o principio, razón o explicación, y motivo o dirección. Detrás de la sencilla formulación: ¿Cuál es la causa de la violencia? se hace un complejo cuestionamiento en las tres direcciones: qué dio origen y desencadenó el fenómeno; a qué se debe o cuál es su explicación; por qué y para qué esta violencia. Cada una de las dimensiones implicadas en la elemental pregunta requiere como mínimo una respuesta. Es decir, que para el caso de la violencia, el unicausalismo carece en absoluto de sentido. En términos lógicos puede decirse entonces que, al ser racionalmente imposible una respuesta, la pregunta: cuál es la causa de la violencia, carece de sentido y debe sustituirse ¿por cuál? Como mínimo por una pregunta plural: cuáles son las causas de la violencia? Frente a esta nueva pregunta es posible emprender varias exploraciones y eventualmente llegar a algunos enunciados. Los enormes niveles de dificultad para establecer lógicamente -bien sea por la vía cuantitativa o por la cualitativa -relaciones causales, me llevan a optar mejor por el camino intermedio de explorar sobre sus condiciones de posibilidad y sobre sus explicaciones posibles, que es lo que entiendo por contexto explicativo.

Puede establecerse una especie de tipología de contextos en el sentido de diferenciarlos en función de su naturaleza, de su sustancia constitutiva. Así se habla, por ejemplo, de contexto económico, contexto político, cultural, religioso, etc. Y, por la complejidad misma de la realidad, es frecuente que los contextos no se encuentren puros y aislados, sino en diferentes y cambiantes composiciones. Así nos encontramos con contextos económico-políticos, o socioculturales, o juridicopenales.

Igualmente, al hablar del contexto explicativo de un fenómeno puede encontrarse que haya un contexto particular que en buena medida dé cuenta de él (un evento particular puede entenderse, por ejemplo, en un contexto de franco predominio religioso). Pero parece más frecuente que la explicación de eventos complejos se encuentre en la intersección de varios contextos. Creo que es el caso de la violencia colombiana. Es tal su fuerza y complejidad actual que parecería ingenuo pretender explicarla a partir de una variable, de un factor o de un contexto específicos.

Por su propia naturaleza, el contexto(s) explicativo(s) de un fenómeno actual es provisional. En presente su validez se la otorga su propia capacidad explicativa, su textura lógica, su consonancia con el desarrollo y las tendencias del acontecimiento. En perspectiva se la confiere su confirmación histórica. Esta se logra en la medida en que, al irse desarrollando y superando el fenómeno, se vayan esclareciendo de forma definitiva su dinámica y perfiles y, por tanto, resulten consistentes las relaciones lógicas formuladas en los contextos explicativos. Este carácter provisorio desestimula a los buscadores tanto de respuestas definitivas como de acciones y curaciones inmediatas. Pero parece estar más próximo de la realidad, de la exigencia de búsquedas permanentes y de la necesidad de ensayar-corregir respuestas y soluciones tanto globales como puntuales.

Preliminarmente se explorarán aquí tres contextos explicativos de la violencia en Colombia: uno de predominio económico; otro de predominio político, y un tercer contexto cultural. Cada uno de ellos sintetiza un conjunto de problemas y situaciones que contribuyen a explicar el porqué de la violencia actual. Y en conjunto, deben configurar un marco explicativo suficientemente sólido y completo del problema. La exploración de los tres contextos llevó al esclarecimiento de tres condiciones estructurales postuladas como raíces y expresiones de los contextos explicativos enunciados, y de otros tantos procesos coyunturales, considerados como detonantes y combustible más próximo del problema en estudio. Las condiciones estructurales identificadas son: la inequidad, la intolerancia y la impunidad.1 La primera como principal expresión del contexto económico, pero también con significados políticos y ético-culturales; la intolerancia como expresión más clara del contexto político, pero también del cultural y la impunidad, altamente expresiva de la intersección de los contextos político y cultural. Los procesos coyunturales enunciados y sobre los cuales se volverá más adelante son: el problema narco, la neoliberalización del Estado, y el conflicto político-militar.1

El contexto explicativo político de la violencia colombiana actual. Un primer conjunto explicativo de las "violencias colombianas, y en especial de la violencia homicida actual, se encuentra en el campo político. Las luchas por el control del Estado, las rivalidades e intolerancias entre los partidos y organizaciones políticas, y las inconsistencias y debilidades de las distintas prácticas en el ejercicio del poder han sido un elemento explicativo esencial de los diversos ciclos de violencia del país, con diferencias en el tipo y papel de los diversos actores, en los intereses particulares en juego y en las modalidades e intensidades de las acciones violentas. En los enfrentamientos conquistador-conquistado y metrópoli-colonia de los siglos XV al XIX, y en las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX es muy claro el contenido político.10-13 Las razones fundamentales más aceptadas14 de la violencia de la primera mitad del siglo XX. "La violencia" como se le reconoce en la literatura y en el imaginario colectivo nacional - se relaciona precisamente con la debilidad del Estado, propiciada en buena parte por la confrontación entre los partidos liberal y conservador, y la intolerancia política, estimulada también por la intolerancia religiosa. Igual si se trata de "un derrumbe parcial del Estado", como lo planteó en su análisis histórico de dicho proceso Paul Oquist a finales de los setenta,15 o de un "desmantelamiento de la ideología de la regulación estatal" que llevó a una disolución progresiva del Estado, como lo postuló Daniel Pécaut16 a comienzos de los ochenta, el núcleo explicativo central de "La violencia" es político. Como la indagación que originó esta línea de trabajo se dirige a la violencia colombiana de las tres últimas décadas, la cuestión entonces es precisar con qué actores, en qué sentido, en qué medida y a través de qué mediaciones y mecanismos el contexto político contribuye a explicarla. Los estudios, ensayos y la información disponibles, y los resultados de las entrevistas realizadas a diferentes actores en desarrollo del trabajo personal, confirman de manera categórica el carácter predominantemente político de la violencia actual. Conviene desagregar los contenidos de esta afirmación.

En primer lugar: tanto los analistas internacionales como los nacionales reconocen en las insuficiencias, debilidades e ilegitimidad del Estado colombiano un factor determinante de la violencia actual. Daniel Pécaut se detiene en explicar la "precariedad del Estado-Nación".17 Peter Waldmann opina que "no es suficiente afirmar que el Estado colombiano se encuentra en una crisis de legitimidad y de efectividad sino que habría que diagnosticar una desintegración estatal periódica".18

Aun Malcolm Deas, empeñado en superar los estereotipos y las explicaciones que considera "retóricas" de la violencia actual y en plantear más preguntas que respuestas - "sabemos mucho menos acerca de la violencia política de lo que suele pensarse"19 - parece aceptar la importancia relativa de las carencias y ausencias estatales en la dinámica de la violencia actual. Varios de los investigadores nacionales que trabajan el tema han desarrollado distintas dimensiones de la precariedad "colapso" y deficiencias estatales en la génesis y dinámica del problema.20-22

Sin rendir culto al saber convencional, pero apreciando más que otros la percepción que tienen del problema de la violencia homicida grupos como el entrevistado por el autor de este trabajo, se constituye en un argumento importante el hecho de que la mitad de los interlocutores seleccionados considera la violencia actual como expresión y consecuencia al tiempo de la precariedad e insuficiencia del Estado y del consiguiente funcionamiento inadecuado de las relaciones Estado-Ciudadano-Sociedad. Fueron resaltados al respecto cuatro aspectos específicos del problema: la ilegitimidad, la pérdida de credibilidad, la ausencia y la debilidad del Estado. Cohesiona el argumento el hecho de que al momento de las propuestas, la más frecuente se refiera a la necesidad de legitimar el Estado, recuperar su credibilidad, fortalecerlo y darle mayor presencia y capacidad de acción.

Pero la explicación política de la violencia homicida no se agota en la consideración del papel del Estado. Se extiende también a la sociedad en su conjunto. A la falta de conciencia y participación política, al desconocimiento de los derechos ciudadanos, a los obstáculos para el libre juego democrático y a la proclividad a tratar de resolver cualquier conflicto por la vía violenta. Estas dimensiones lúcidamente señaladas por los y las entrevistadas no son un descubrimiento nuevo u original. Varios de los autores citados y algunos otros23-26 las han destacado al tratar de explicar muy distintas formas de la violencia actual. Tienen que ver con el ejercicio real de la ciudadanía, con los tipos y niveles de participación política y con el grado de organización social.

De los tres procesos coyunturales considerados aquí como específicos del período en estudio de la vida nacional y como dinamizadores del actual ciclo de violencia, hay dos que tienen una mayor identidad política. Son ellos: la intensificación del conflicto político-militar y la implementación del modelo neoliberal, en especial en lo referente a la concepción y a la acción del Estado y al tipo de valores y estrategias políticas que lo animan y que a su vez él impulsa. Sobre ellos se avanza a continuación dentro de este contexto explicativo político de la violencia.

Impacto político del cambio en la concepción del Estado. Más que por su sentido y consecuencias económicas -que se retomarán al desarrollar el respectivo contexto - interesa considerar aquí las orientaciones y efectos políticos de la reformulación del papel del Estado implicados en el denominado modelo neoliberal. De un lado es innegable que en la raíz de dicho modelo hay un marcado hincapié en la competencia como fuerza dinamizadora social, en el mercado como escenario central de las interacciones sociales, en la privatización de lo público y en una relativa reducción del Estado, asignándole una función de predominio económico en especial en la regulación del mercado. Tales énfasis pueden tener, y de hecho han tenido, consecuencias muy negativas aún en países considerados desarrollados. Pero sin duda los efectos son más negativos en un país como Colombia y en una coyuntura como la del período en estudio. En efecto, al evidenciarse con la violencia de mitad de siglo las debilidades del Estado, la polarización política y las rupturas y necrosis del tejido social, se pudo concluir que para su reconstrucción se requería -entre otras cosas- de un Estado más sólido, incluyente y presente, empeñado más que en regular los mercados en generar y sostener equidad en la distribución del poder y la riqueza y en crear vínculos solidarios. La coyuntura y los intereses internacionales y la coherencia con ellos por parte de sectores empresariales y de la dirigencia política y tecnocrática del país, llevaron a inclinar la concepción y la acción del Estado hacia los lineamientos y las prácticas neoliberales. Se fue consolidando una especie de Estado macroeconómico -obsesionado con el mercado, con los indicadores económicos internacionalmente valorados, con ser cada vez más funcional a los procesos de concentración monopólica de la riqueza- mientras la realidad y las necesidades sociales parecían indicar la prioridad de sus tareas sociales y políticas y la reconsideración de su papel económico. La consiguiente privatización de lo público, la agudización del sentido de exclusión económica y política, el distanciamiento acelerado de un Estado que aparece de cara al capital trasnacional y de espaldas a las urgencias sociales internas, y el debilitamiento aún mayor de valores solidarios, se convirtieron en otros tantos gatillos de violencias. La privatización de la justicia y el consiguiente incremento de la impunidad y de la proliferación de organizaciones paramilitares, si bien no son productos directos de la concepción neoliberal, sí han encontrado en ella justificación y estímulo y han sido dos condiciones claves para la intensificación de las violencias. Por supuesto que estos efectos son difícil y sólo parcialmente cuantificables. Pero algo puede indicar el hecho de que los picos mayores de la curva de homicidios coincidan también con los momentos de mayor auge neoliberal.

La agudización del conflicto político-militar interno constituye el otro evento que marca políticamente el período y que contribuye de manera definitiva a la generalización de la violencia y al desbordamiento homicida del país. Es el componente de guerra dentro de la situación de violencia. De guerra, que como expresó Karl von Clausewitz, "es un acto de violencia para forzar al oponente a actuar como deseamos".27 La militarización de la política y la relativa despolitización de la vida social hacen parte de las graves consecuencias de este proceso. Su análisis ha sido objeto de múltiples trabajos.28-31 Los datos sobre homicidios presentados en la primera parte muestran su crecimiento lento en la década 1975-1985, que culmina en 1982-1983, coincidente con un incremento de la actividad guerrillera, la confrontación militar del narcoterrorismo y el primer auge del paramilitarismo. El gobierno respondió, entre otras medidas, con el proceso de paz liderado por el presidente Belisario Betancur. Viene luego el crecimiento desmesurado de las tasas de homicidio de finales de los 80 y principios de los 90, en el marco de la expansión militar y el auge de la guerrilla,32 la consolidación del paramilitarismo33 y la persecución a los grupos organizados de narcotraficantes. El intento de frenar las guerras mediante un nuevo proceso de paz durante el gobierno del presidente Barco34 y una reforma constitucional35 en la primera parte del gobierno Gaviria sólo alcanza logros parciales, y se produce en la segunda parte de su gobierno un recrudecimiento de la respuesta militar mediante la denominada guerra integral.

De los tres procesos coyunturales en cuestión, es este del conflicto político-militar el que establece los mayores vínculos de continuidad entre los diversos ciclos de violencia que ha vivido el país. Puede decirse por tanto que es el menos específico de la violencia actual. En la violencia de mitad de siglo no hubo fenómeno narco ni el Estado tomaba por entonces los perfiles hoy considerados como neoliberales. En cambio sí había grupos armados organizados de resistencia campesina en distintas regiones del país36 y había confrontación entre militantes de los dos partidos políticos y sus soportes armados. Incluso en el intermedio entre esa violencia y la actual hubo un proceso de bandolerización37 que terminó haciendo un papel de puente o cadena de transmisión entre las dos violencias.

Es pertinente plantear también a propósito de este aspecto la importancia y las limitaciones de un proceso negociado de paz con los grupos armados, en el conjunto de los procesos requeridos para la superación de la violencia en el país. Es obvio que así se concrete y resulte efectivo un proceso de negociación al conflicto político-militar en un plazo relativamente corto, al tener la violencia actual otros procesos y contextos que la dinamizan, posiblemente no se reducirán significativamente los homicidios ni otras formas de violencia hasta tanto no se actúe también con acierto sobre tales procesos y contextos. Esto no desestimula la negociación política, pero advierte sobre sus topes y sobre la necesidad de una política y un proyecto social más amplios de superación de las violencias.

La intolerancia en el contexto explicativo político. Por estar vinculada de manera predominante al contexto político del problema, se presentan a continuación algunas consideraciones sintéticas sobre las relaciones violencia-intolerancia en la situación colombiana actual.

Con muy pocas excepciones tanto entre historiadores del país como entre actores de la actual violencia, se considera a la intolerancia, en especial en su dimensión política, como condición y explicación de la violencia. Lo fue en las guerras de la segunda mitad del siglo XIX y en la violencia de mitad del siglo XX con un carácter híbrido político-religioso. En la actual, el componente de intolerancia religiosa es muy escaso. Se mantiene e incrementa el político, pero ya no en sentido partidista sino de opción ideológica y adscripción político-militar. En la violencia actual casi no se elimina a nadie por el hecho de ser liberal o conservador. Pero la guerra es a muerte entre guerrilleros y militares y entre paramilitares y guerrilleros. A partir de ese núcleo, la lógica se extiende a no tolerar a los simpatizantes o presuntos simpatizantes de uno u otro bando. Y al asumir que ciertos silencios o neutralidades, o la defensa de ciertos valores como los Derechos Humanos pueden indicar la adscripción a uno de los bandos en conflicto, se amplía el círculo de la intolerancia y se alarga la lista de víctimas potenciales. Pero no sólo en ese escenario de guerra. En los de las demás violencias hay también una negación del diferente y una incapacidad casi generalizada para la resolución del conflicto mediante la interlocución sobre la base del reconocimiento del otro y el respeto a su vida y sus derechos. En el trabajo y en la escuela, en la familia y en la calle, en el deporte y en los negocios es perceptible un clima básico de intolerancia que con gran facilidad se transforma en hechos violentos bajo cualquiera de sus modalidades.

Hay suficientes hechos y datos para evidenciar un incremento de la intolerancia política, una ampliación y selectividad de sus víctimas, una diversificación de sus formas y, por tanto, un agravamiento de sus consecuencias. Mientras entre 1975 y 1984 la participación de los homicidios registrados por intolerancia político-social en el total de homicidios fue inferior al 10 %, a partir de 1986 es siempre superior a dicho porcentaje. El pico más alto se alcanza en 1988 cuando al registrarse el mayor número de homicidios políticos de todo el período, 2 738, el total de homicidios por intolerancia político-social llegó a representar casi el 20 % del total de homicidios. La convergencia en aquel año de las primeras elecciones populares de alcaldes municipales, del auge de la guerra sucia contra la Unión Patriótica, del incremento de las masacres, en especial en Urabá y del narcoterrorismo urbano, puede explicar el resultado trágico. Ya no en términos porcentuales sino absolutos, es 1992 el año del mayor número de muertes por motivos político-sociales del período: 4 285. Fue el primer año de vigencia de la nueva Constitución Política, de la decisión del gobierno Gaviria de guerra integral ante la arremetida guerrillera, y de la persecución en caliente de los jefes de los carteles de la droga. Es también el año del mayor número registrado de homicidios contra marginales: 505. No parece entonces producto del azar el hecho de que el pico máximo tanto de muertes por motivos sociopolíticos como de homicidios en general de todo el período, con totales anuales de homicidio superiores a 28 200, se alcance en 1991-1992, años en los cuales estaban en su máxima expresión simultánea y sinérgica los tres procesos coyunturales identificados como determinantes del momento de violencia: la agudización del conflicto político-militar, la expansión y confrontación policial del narcotráfico y el viraje neoliberal.

En conjunto, el hecho de que el 40 % de las explicaciones dadas por los entrevistados en el trabajo que originó estas reflexiones pertenezca a los diferentes campos y componentes del contexto político, puede ser el reflejo no solo de su racionalidad y manera de comprender el problema, sino también de la importancia que los distintos referentes teóricos y análisis particulares le dan a dicho contexto. Lo deseable sería que se correspondiera también con su importancia real. El hecho complementario de que al momento de las alternativas casi la mitad de las propuestas, 48 %, pertenezca también al campo político anima a pensar que realmente puede ser este, en toda su complejidad y dificultad, tanto el principal contexto explicativo como la clave y el núcleo básico de las propuestas posibles para el enfrentamiento y superación de la violencia colombiana actual.

El contexto explicativo económico. Es muy amplio el consenso nacional en cuanto a las raíces económicas del actual conflicto y en cuanto al impacto económico de la violencia. Y dentro del esquema analítico empleado en este trabajo, la iniquidad como condición estructural y el problema narco como proceso coyuntural pertenecen esencialmente al campo económico. Para el autor es también ilustrativo el hecho de que sus interlocutores sobre el tema le hayan dado un peso significativo a los diferentes elementos del contexto económico. En las entrevistas realizadas a lo largo de este trabajo, un poco más de la cuarta parte de las respuestas dadas a la pregunta relacionada con las raíces y explicaciones de la violencia actual, en especial de la violencia homicida, hacen parte del contexto económico, y ocupan así el segundo lugar después de las referidas al campo político anteriormente tratado. Lo económico estuvo también presente entre las tres mayores preocupaciones de la población en relación con el impacto de la violencia actual. Contrasta mucho esta preocupación por el impacto económico de la violencia y la relevancia explicativa enunciada con el relativo bajo perfil que le dieron los interlo-cutores, a los aspectos económicos dentro de las alternativas y estrategias para enfrentar la violencia. Menos del 20 % de las propuestas formuladas tienen que ver con lo económico, y quedan en conjunto en tercer lugar, por debajo de las alternativas políticas y culturales.

Dado el reconocimiento obtenido en los diferentes insumos teóricos y metodológicos del trabajo por el proceso coyuntural de la emergencia y expansión del problema narco y por la condición estructural de iniquidad como elementos constitutivos esenciales del contexto explicativo económico de la violencia actual, el planteamiento siguiente se dedica a desarrollar un poco más su significado e implicaciones.

El peso del narcotráfico dentro del contexto económico de la violencia actual. Como en general se habla del problema del narcotráfico, conviene enfatizar que considero más adecuada la categoría problema narco dado que ella incluye los momentos de producción, procesamiento, tráfico y consumo de ciertas sustancias sicoactivas ilegales. Su tráfico es solo uno de los momentos del proceso. La concentración de la atención en el tráfico ha obedecido justamente a una estrategia internacional que permite disminuir la presión y el señalamiento de las responsabilidades sobre los demás momentos. La comprensión y el enfrentamiento del problema requiere mirarlo en su totalidad. Problema narco es entonces una categoría no solo más comprensiva del problema sino también menos ideologizada y más adecuada para abordar el tema en su integralidad.

Es prácticamente unánime el consenso en torno al papel determinante del problema narco sobre la violencia actual en el país, con obvias diferencias en cuanto a su intensidad, modalidades, actores y mecanismos de intermediación y operación. Fernando Gaitán opina que: "Lo que permitió la conversión de una violencia muy alta...en una violencia explosiva fue el fenómeno nuevo que se consolidó en esos años, es decir el afianzamiento del narcotráfico. El narcotráfico no inventó la violencia, fue posible porque ella existía y persistía desde 1946... Digamos que el narcotráfico logró que una violencia muy alta se convirtiera en desbordada".38 Para otros, es en la ilegalidad del fenómeno, en los amplios márgenes de ganancia, en las luchas por el control de la producción y de los mercados y en la respuesta prohibicionista, donde se generan múltiples climas y escenarios de violencia.39 Rodrigo Uprimny, una de las personas que viene pensando el problema con mayor lucidez, plantea cinco tesis interesantes sobre narcotráfico y violencia, y destaca la importancia e insuficiencia del narcotráfico para explicar la violencia en los niveles nacional y regional, la interacción del narcotráfico con otros factores para generar violencia, la necesidad de determinadas condiciones sociopolíticas para que se concrete la violencia potencial del narcotráfico y la posibilidad de reducirla.40 El juego a muchas bandas de los narcotraficantes ha sido también objeto de reflexiones y aportes por parte de investigadores del problema.41 Según sus propios intereses y las diferentes coyunturas, los narcotraficantes se han aliado o han perseguido a las guerrillas, a miembros de la policía y del ejército nacional, a sicarios y grupos de limpieza social, a dirigentes políticos y a sacerdotes, obispos y ministros de las diferentes religiones.

Merece destacarse además la dimensión internacional del problema narco y las implicaciones de tal dimensión del problema en la violencia colombiana y en sus respectivas soluciones.42,43 Siendo claro que ni el problema es originario o exclusivo del país ni que solo Colombia padece las consecuencias violentas del problema narco, tiene lógica plantear que solo podrá haber solución si se logran decisiones y compromisos internacionales. No obstante, por las mismas razones ya enunciadas en el nivel nacional, parece todavía distante el camino de una concertación multilateral mediante la cual, al controlar el factor narco, se reduzcan sus aportes directos e indirectos a la persistente escalada de violencias en el país.

Si el consenso es casi unánime en torno a la alta participación del problema narco en la activación y el impulso casi constante a las violencias nacionales de las últimas décadas, es oportuno seguir las huellas del narcotráfico en los tiempos, intensidades, geografía y modalidades de la violencia homicida. Por descontado que no se pretende establecer una relación monogámica violencia-narcotráfico sino tratar de seguir las vetas narco en el complejo perfil de la violencia. Una primera pista la da el marcado incremento quinquenal en los 80 y primera mitad de los 90 de la mortalidad general, particularmente de los grupos jóvenes masculinos y en especial en Antioquia y Valle -reconocidos epicentros de los dos principales grupos de narcotraficantes. La pista continúa en la misma dirección al estudiar la mortalidad por homicidios en el mismo período, en los mismos grupos de hombres jóvenes, y cada vez más jóvenes (fig. 4). Tanto el perfil del total anual de homicidios durante las últimas décadas, como el de la curva de la respectiva tasa de mortalidad por homicidio por 100 mil habitantes (figs. 1 y 2) parecen reflejar algo de las guerras internas y externas del narcotráfico, del auge narcoterrorista de finales de los 80 y de la respuesta represiva y policial del Estado a principios de los 90. Los logros temporales y parciales de dicha respuesta, posteriores a 1992, pueden tener algo que ver con el leve descenso de la curva de homicidios del país en ese momento. El reflejo se hace más claro al seguir con cuidado las curvas de homicidio de Antioquia, Bogotá y la nacional durante todo el período (fig. 5). Antioquia y Valle tienen un gran peso en la trayectoria de la línea nacional. Algo dice también el hecho de que Antioquia y Valle sean dos de los tres Departamentos que en 1994 tienen tasas de mortalidad por homicidio superiores al promedio nacional. No sobra insistir en que muchas otras cosas que también tuvieron que ver con la mortalidad general y con los homicidios pasaron en el país, en Antioquia y en Valle en esos mismos años. Pero, sin duda, hay una huella demasiado clara de la violencia generada por el narcotráfico en las cifras, los mapas y las trayectorias de los homicidios en el país.

También las entrevistas hechas a los actores seleccionados aportan a la confirmación del narcotráfico como uno de los procesos coyunturales íntimamente relacionados con la violencia homicida de las dos décadas estudiadas. Entre los aspectos de la violencia que más preocupan a los interlocutores, el narcotráfico fue destacado por el 10 % y en una única dimensión: en su compleja relación con la guerrilla. En cambio casi la cuarta parte de los entrevistados señalaron que la violencia se debe en alguna medida al narcotráfico. Lo que más llamó la atención al respecto del manejo de la relación narcotráfico-violencia por parte de los y las entrevistados/as, es que ninguno/a incluyó la resolución del problema narco como precondición o como parte de las alternativas y estrategias de superación de la violencia. Invisibilidad de lo obvio? Negación u olvido? Falta de propuestas elaboradas, dadas la complejidad del problema, las ambigüedades y la moral múltiple asumida ante el problema? En todo caso, en términos lógicos uno puede concluir después de observar los hechos y analizar las cifras de la relación violencia-narcotráfico en Colombia que sin solución efectiva al problema narco no parece haber solución consistente y duradera a la cuestión de la violencia.

La iniquidad en el contexto de la explicación económica de la violencia. La persistencia de altísimos niveles de iniquidad aparece en la realidad como una de las condiciones estructurales de la violencia actual y, muy posiblemente, de algunos de los ciclos anteriores de violencia. Esto, que disgusta a algunos analistas que quisieran estar frente al caso de un país posmoderno y primermundista, y que otros consideran despectivamente como "sabiduría convencional", no ha podido ser refutado y, por el contrario, tiende a confirmarse con los aportes de estudios rigurosos tanto nacionales como internacionales. Dada la importancia del tema de la iniquidad y la posibilidad de articular en torno a él la discusión de otros componentes del contexto económico de la violencia actual, se toma como uno de los dos ejes para el desarrollo de este contexto explicativo.

Un reciente y documentado trabajo de un equipo del Banco Mundial preocupado por la creciente incidencia de conductas criminales y violentas en muchas regiones del mundo, con base en indicadores seleccionados durante el período 1970-1994 afirma: "El grado de inequidad en el ingreso, medido con el índice Gini, se asocia positivamente con la tasa de homicidio. Este resultado es estadísticamente significativo y consistente en las diferentes especificaciones de regresión consideradas".44 Este resultado contrasta con los de un trabajo presentado un año antes por Juan Luis Londoño, por entonces funcionario del BID, ante la segunda Conferencia Anual del Banco Mundial para el Desarrollo de América Latina y El Caribe.45 Con menos rigor conceptual y metodológico del que generalmente utiliza en otros trabajos suyos, el doctor Londoño encuentra que no existe correlación de las tasas de pobreza, desempleo y crecimiento económico del país con la tasa de homicidio. Encuentra en cambio correlación sistemática y significativa entre consumo de alcohol e incidencia de enfermedades neurosiquiátricas con la violencia. Y se atreve a concluir: "Y el exceso de enfermedad mental y alcoholismo podrían explicar todo el exceso de violencia de la región".45 Para el caso particular de Colombia, observa que "no son las regiones más pobres del país las que registran más violencia. Y tampoco lo son las regiones con índices mayores de desigualdad. Encontramos, en cambio, un par de variables significativamente asociadas con la diversa incidencia de violencia en los departamentos del país: la intensidad del capital social y la velocidad de progreso en la educación".45 Consecuente con sus hallazgos, plantea como campos prioritarios de acción para reducir la violencia: controlar el consumo de alcohol, prevenir las conductas agresivas, expandir la educación y fomentar la cohesión social. A más de las deficiencias en la delimitación de las categorías, en la validez de los indicadores y en la calidad de la información de base, en mi opinión el trabajo en cuestión cae en el error de anteponer la significancia en un ejercicio estadístico de correlación a la observación rigurosa y sistemática de la realidad y al análisis tanto cuantitativo como histórico e interdisciplinario, tal como lo requiere la naturaleza del complejo tema de la violencia. Además, como lo señala otro investigador colombiano en un trabajo simultáneo al de Londoño: "La explicación de la violencia en Colombia a partir de las deficiencias en el capital social presenta serias limitaciones".46

Otro trabajo internacional reciente de exploración de las causas y efectos de la violencia señala a la iniquidad en la distribución de los recursos nacionales como factor fundamental en la promoción de la violencia.47 También desde el campo de la salud se han presentado estudios recientes y rigurosos que demuestran una asociación significativa entre la desigualdad del ingreso, la mortalidad por grupos de edad y las tasas de homicidios y violencia.48

Uno de los investigadores que más ha trabajado el tema en Colombia, reafirma la relación iniquidad-violencia. En un estudio reciente sobre violencia y acumulación capitalista en Colombia concluye: "Por ahora en Colombia la violencia continúa siendo un lucrativo negocio. El desequilibrio social y el desprecio por la vida crecen a la par de una rápida acumulación y concentración del capital".49

En realidad en Colombia la discusión se ha centrado más en la relación pobreza-violencia que en la relación iniquidad-violencia. Y, por suerte, se está pasando de la superación de una unicausalidad simplista a una mejor sustentación y comprensión de las condiciones de posibilidad y los contextos explicativos del problema. Va habiendo consenso en que, si bien la pobreza puede ser una especie de caldo de cultivo, requiere de otras condiciones culturales, organizativas y políticas para convertirse en provocadora de violencia. No existe relación constante y directa entre pobreza y violencia. Una encuesta reciente sobre "Valores, instituciones y capital social en Colombia" encontró que "las condiciones de pobreza de las localidades no parecen asociadas con la incidencia de violencia homicida. No es en los municipios más pobres de los incluidos en la muestra, donde se observa una mayor incidencia de los homicidios. Por el contrario, en algunas localidades con muy bajos índices de pobreza, como Medellín o Bucaramanga, es bastante alto el porcentaje de hogares que se han visto afectados por una muerte intencional. La asociación entre el índice de NBI y la incidencia de la violencia, aunque positiva, no es muy estrecha".50 Más aún, algunos trabajos plantean una relación inversa entre pobreza y violencia, es decir: a mayor pobreza menor violencia, y una relación directa entre riqueza y criminalidad: "a más riqueza, más criminalidad".51

Durante todo el período considerado en este trabajo, más de la mitad de la población colombiana ha estado por debajo de la línea de pobreza (LP). En el trabajo personal de investigación no ha sido posible ni gráfica, ni lógica ni matemáticamente establecer una relación entre la pobreza, medida por el porcentaje de población por debajo de la LP y la curva de los homicidios registrados en el país. En cambio, al representar la pobreza por el porcentaje de población con sus necesidades básicas insatisfechas (NBI), se insinúa gráficamente una relación inversa entre la curva de la tasa de homicidios -de tendencia francamente ascendente hasta 1991- y la de NBI -de tendencia francamente descendente, con disminución de la inclinación a partir también de 1991, lo que coincide con lo planteado por Montenegro y Posada.46 Sin duda estas aproximaciones preliminares requieren de mayor afinamiento y es posible que los propios indicadores utilizados no sean los más indicados para observar la relación en estudio. Con todo, refuerzan la refutación del simplismo unicausal pobreza = violencia y estimulan la búsqueda de precisiones y mediaciones en la relación entre la distribución de la riqueza y la violencia.

Con respecto al intento de relacionar iniquidad-violencia homicida mediante la observación del comportamiento del índice de Gini como indicador de inequidad y el número anual de homicidios, pueden destacarse los siguientes aspectos. A diferencia del trabajo referido del Banco Mundial a escala internacional,44 los estrechos márgenes de variación del Gini nacional -a causa en parte de las graves deficiencias detectadas en la forma en que se ha calculado - y la carencia de una tendencia neta, impiden el establecimiento de relaciones matemáticamente consistentes. Solo pueden hacerse entonces algunas consideraciones analíticas.

La más preocupante es la constatación de que en los 20 años comprendidos entre 1975 y 1995 el país mantiene la misma situación de iniquidad. El Gini de los años límites del período son prácticamente iguales: 0,511 en 1975 y 0,516 en 1995 y las variaciones intermedias muy escasas. Puede decirse también que en casi todo el período hemos estado dentro de la línea de mayor iniquidad. Y permanecer así puede mantener activo un enorme potencial de violencia, algo así como estar con la gasolina regada, con altísimo riesgo de que ciertas condiciones enciendan el fuego con gran facilidad. Los tres procesos coyunturales estudiados se han encargado de hacerlo, con los saldos ya inventariados. Hay que anotar también que el nuevo incremento del indicador de iniquidad registrado desde 1991, en pleno auge neoliberal -y solo aceptado tardía y evasivamente por los funcionarios y defensores del respectivo gobierno- coincide con el inicio del descenso de la tasa de homicidios. Esto puede insinuar también una relación no mecánica entre ambas variables y una eventual relación no simultánea sino sucesiva: a incrementos actuales de iniquidad pueden corresponder incrementos en un plazo relativamente corto de la violencia. A propósito, es preciso tener mucho cuidado en las relaciones temporales entre fenómenos como la violencia. La no relación simultánea puede indicar una relación sucesiva o de mediano plazo y no necesariamente una carencia de relación.

Quedan entonces en firme el carácter estructural de la iniquidad en el país, su persistencia dentro de niveles altos, el fracaso de las políticas sociales en términos de no haber podido reducirla en las décadas estudiadas de intensa violencia, la tendencia inicial a un nuevo incremento de la iniquidad a partir de la consolidación neoliberal, su contribución explicativa al fenómeno de la violencia homicida, su condición de clima altamente favorable para incubar y propiciar violencias y la necesidad de incluir la reducción de la iniquidad como precondición y elemento fundamental de los procesos resolutivos de la violencia. Quedan también muchas interrogantes e insinuaciones que deben suscitar nuevos trabajos especializados y que pueden estimular los debates aún inconclusos tanto sobre la relación iniquidad-violencia como sobre la pertinencia de los indicadores y la consistencia de la información disponible.

El contexto explicativo cultural de la violencia. De los tres contextos explicativos planteados para la actual violencia colombiana, es sin duda el cultural el que ha sido menos elaborado. Debo reconocer que personalmente lo había trabajado menos y que ha sido el progresivo acercamiento a la realidad el que me ha llevado a estudiarlo con mayor atención. No es solo un problema reciente o personal. Hace ya varios años que el investigador Gonzalo Sánchez al terminar su balance sobre los estudios de las violencias en el país había incluido en su "inventario de ausencias, terrenos en los cuales ya comienza a ser tarde su exploración" 52 un listado de temas y aspectos casi exclusivamente culturales.

Desde su propia identidad, la violencia por ser histórica, humana y social, pertenece también al terreno de la cultura. Domenach, posiblemente el pensador que mejor ha planteado el carácter humano de la violencia y sus dilemas éticos y políticos, afirma que "hay que decir que la violencia es específicamente humana por cuanto es una libertad (real o supuesta) que quiere forzar a otra. Llamaré violencia al uso de una fuerza, abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo, o de un grupo, algo que no quiere consentir libremente"53 y un poco más adelante agrega: "Por su aspecto ontológico, la violencia no puede disociarse de la condición humana. Proscribirla mediante condenas morales o mediante resoluciones políticas no tiene ningún sentido".53 Estamos entonces ante dimensiones éticas y morales, están de por medio cuestiones como libertad, consentimiento, fuerza, aprendizaje, interrelaciones. Pero, a más de ser acontecimiento cultural en sentido pleno, las condiciones estructurales en las cuales se hace posible la violencia, para el caso la colombiana actual, tienen también esencial filiación cultural. No son acaso valores (o antivalores), conductas y actitudes individuales y colectivas, socialmente aprendidas y ejercidas, la intolerancia, la impunidad y la iniquidad?

En el trabajo investigativo ha llamado la atención la participación que los interlocutores le confieren a los factores culturales en la racionalización de los orígenes y dinámica de la violencia y en sus propuestas para la acción transformadora. La segunda respuesta más frecuente entre las preocupaciones actuales sobre la violencia se refirió a la importancia creciente de los factores culturales en su dinámica. Una de cada cinco respuestas explicativas adujo dimensiones y aspectos culturales y una de cada cuatro propuestas se refería también al amplio campo de la cultura. El discurso de los interlocutores perfiló un cuarto contexto explicativo de la violencia: el jurídico-penal, el cual considero ocupa en realidad un espacio intermedio entre los contextos político y cultural. Si efectivamente se integrara dicho contexto jurídico-penal con los dos indicados, en términos cuantitativos se podría afirmar que los aspectos culturales estarían representando la tercera parte tanto de la explicación de la violencia como de las estrategias posibles para su enfrentamiento, y superaría así la capacidad explicativa y la participación propositiva del contexto económico.

Tres grandes aspectos se perfilan como fundamentales en el contexto cultural de la violencia colombiana actual. Son ellos: la cuestión de los valores, la educación y los aspectos sicológicos. La ética sigue estando tanto en la médula de las preocupaciones relacionadas con la violencia y en la explicación de por qué hemos llegado tan lejos en su magnitud y modalidades, como en la agenda de posibles soluciones. Hay realismo al respecto en reconocer los vacíos y desfases éticos existentes y la doble moral -o moral múltiple- evidenciada en especial por las ambigüedades ya señaladas frente al problema narco. Llama también la atención la diversidad valorativa y de los referentes que cada cual tiene en mente cuando habla de crisis de valores o cuando propone recuperar, reforzar o construir valores. De acuerdo con la importancia dada en el pasado y presente de la violencia a la cuestión ético-valorativa, la tercera propuesta más frecuente entre las alternativas de solución enunciadas por los entrevistados en la investigación original de este trabajo fue la de construir y practicar valores positivos, como la solidaridad, la justicia, la convivencia, el respeto a la diferencia. Respeto que tendrá su primera prueba de fuego precisamente en la construcción de consensos sobre valores mínimos comunes para iniciar el largo recorrido hacia el desmonte de las violencias.

Merece también atención como componente del contexto cultural la cuestión educativa. Desde reconocer en las carencias y deficiencias de contenidos, modelos pedagógicos, calidad y cobertura del sistema educativo actual corresponsabilidad en la génesis y dinámica de la violencia, hasta proponer reformas sustanciales de fondo y de forma a la educación como parte de una política de paz y del proceso de superación de la violencia. También aquí se hacen evidentes las diferencias ideológicas.

Mientras para unos debe despolitizarse la educación y hacerla funcional a los valores y líneas de autoridad existentes, para otros debe ser un ejercicio político de construcción de identidad, ciudadanía y libertad.

Componentes importantes del contexto cultural fueron también para los interlocutores las dimensiones e implicaciones sicológicas de la violencia. La agresividad, la acumulación de odios y heridas, las sicopatologías que están detrás de ciertas formas de crueldad, las adicciones al alcohol y a otras sustancias sicoactivas que pueden propiciar acciones violentas, la estructura de personalidad de los sicarios y demás asesinos a sueldo, fueron algunos de los fenómenos señalados. Se expresó preocupación también por el incremento de ciertas formas de violencia, como la familiar y el maltrato sicológico y por el efecto de la violencia sobre la salud mental, en especial de los niños y niñas. Sin pretender convertir las alteraciones sicopatológicas en la gran explicación de la violencia, y señalando que a veces la propician pero que con frecuencia son también consecuencias de historias y climas de violencia, parece claro que hay en ellas un campo muy grande tanto de acción como de investigación.

La impunidad: en la intersección de los contextos político y cultural de la violencia colombiana. La tercera condición estructural aquí señalada de la actual violencia colombiana es la impunidad. Hace parte al mismo tiempo de los contextos político y cultural de la violencia. Es otro de los graves problemas que enfrenta el país y que alimenta su violencia. Algunos llegan a considerar la impunidad como endémica en la sociedad colombiana.54 Pero no sólo endémica. Endémica y progresiva. Los organismos del propio Estado ofrecen cifras alarmantes. "La probabilidad de castigo en Colombia es muy baja; mientras la probabilidad de condena de un delito fue a mediados de los años sesenta del 20 %, bajó al 5 % en 1971 y desde entonces ha descendido consistentemente para llegar si acaso a 0,5 % en la actualidad".55

Para el pensador e investigador Jesús Antonio Bejarano -asesinado en el interior de la Universidad Nacional de Colombia en septiembre de 1999- la cuarta conclusión en sus reflexiones sobre los efectos económicos de la violencia en el sector agropecuario es que "todo ello está saturado por la más flagrante e intolerable ineficacia de los organismos de justicia y por una tan evidente como escandalosa impunidad".56 Por su parte el INMLCF informó que en el 75 % de los homicidios cometidos en 1999 se desconocía el agresor.57 Según la misma institución, para el año 2001 o se desconocía al autor o no había ningún dato sobre él en el 88,5 % de los casos de homicidio.

Desde la epidemiología, la impunidad ha sido vista como un factor de riesgo para la violencia.58 Refuerza el argumento de que la impunidad estimula la violencia la comprobación empírica de que a menor impunidad menor violencia, como ocurrió con la encuesta ya citada que observó que "en los municipios... donde, de acuerdo con los hogares, se aclaró más de uno de cada cuatro de los homicidios cometidos, se detectaron bajos niveles de violencia".50 Y concluye. "En síntesis: la efectividad de la investigación judicial -medida por el porcentaje de homicidios que, según los hogares, fueron aclarados- y el número de grupos armados que operan en un municipio son los únicos factores que, en forma estadísticamente significativa, contribuyen a explicar las diferencias en los niveles de violencia, medidos por el porcentaje de hogares afectados por un homicidio cercano".50

Como condición estructural, lo lógico es formular que la impunidad propicia y estimula la violencia. Pero la cuestión es más compleja. Se viene postulando que la violencia, al constituirse en un obstáculo para la administración de justicia por diferentes mecanismos de intimidación, control político y deslegitimación del ordenamiento jurídico, estimula la impunidad. Mauricio Rubio, por ejemplo, al introducir un reciente trabajo sobre la justicia en condiciones de violencia sostiene que "se puede argumentar, con referencia al caso colombiano, que la violencia, y en particular la ejercida por las organizaciones armadas, puede constituirse en un obstáculo a la adecuada administración de justicia penal en una sociedad".58 Por descontado que la impunidad tiene también otras raíces y motivos. Una encuesta realizada en la ciudad de Cali señala, entre otros: desconfianza ciudadana en los aparatos de justicia, inadecuación de la función policial, y congestión y corrupción de los despachos y de los funcionarios judiciales.60

La impunidad tiene además interacciones con los procesos coyunturales analizados, en especial con el problema narco y con la agudización del conflicto político-militar. La referencia de Mauricio Rubio anteriormente citada59 apunta en esa dirección. Y la influencia negativa del narcotráfico sobre los sistemas de justicia, aumentando la impunidad, quedó rubricada con la sangre de muchos jueces y policías y con la corrupción de otros tantos.

Algunos datos son especialmente sugestivos de la relación bidireccional impunidad-violencia, como se puede apreciar en la figura 7. Mientras en 1975, cuando la tasa de homicidio era de 25/100 000, se detenían en promedio en el país 77 personas por cada cien homicidios, en 1995, cuando la tasa de homicidios se había triplicado - 72/100 000 -, solo se detenían 15 homicidas por cada cien homicidios. Y al cruzar las tendencias de la tasa de homicidios con la cantidad de detenidos por cada 100 homicidios, se aprecia una relación inversa: mientras la primera es generalmente ascendente, la segunda es siempre descendente. Esta relación inversa pudo demostrar inclusive en el estudio original su consistencia matemática. Desde 1986 hay también una relación inversa entre la curva ascendente de homicidios y la descendente de sumarios iniciados por homicidio.

Fig. 7. Homicidios y detenidos por homicidio. Colombia, 1975-1995.

Finalmente: lo que más llamó la atención en el trabajo inicial de entrevistas en relación con el problema de la impunidad y su relación con la violencia es el hecho de que la tercera parte de los interlocutores señalaron a la impunidad como factor explicativo de la violencia, y la respuesta ocupó el segundo lugar entre todas las demás y solo precedida por la relacionada con la ilegitimidad, ausencia y debilidad del Estado. Es un reconocimiento bastante claro de su capacidad explicativa y un refuerzo al señalamiento de la impunidad como una de las tres grandes condiciones estructurales de la violencia actual. A futuro indica también que el trabajo por combatir la impunidad y mejorar la fundamentación conceptual, el ordenamiento legal y el funcionamiento del sistema judicial hace parte esencial e inaplazable de cualquier estrategia que pretenda con seriedad reducir la violencia homicida en Colombia.

Más allá de los contextos explicativos

Como se advirtió desde el comienzo, no se trata de un intento acabado por encontrar un método y proponer una explicación única de las violencias colombianas o un marco comprensivo para la violencia en el nivel general. Se intenta, en cambio, una aproximación metódica y una exploración explicativa que, a partir de la consideración de la violencia homicida en Colombia en un período determinado, contribuya tanto a su comprensión específica como a estimular otras búsquedas acerca de la propia realidad estudiada y de otras modalidades de violencia en diferentes contextos y momentos.

La propuesta de emplear la categoría de contextos explicativos puede ser útil en la medida en que, al superar el unicausalismo y el causalismo en general, abra espacios para una racionalidad menos acusatoria y más comprensiva tanto de la naturaleza del fenómeno estudiado y de sus condiciones de posibilidad histórica, como de su dinámica, sus tendencias, consecuencias y posibles mecanismos y estrategias de transformación. La categoría encierra entonces una propuesta metódica y una invitación a llenarla con los contenidos propios de cada fenómeno en estudio, para el caso, la violencia colombiana.

En la construcción de los contextos juega un papel importante la identificación tanto de las condiciones estructurales como de los procesos coyunturales. Las primeras -condiciones estructurales- no solo miran más a la génesis, a la sustancia básica y a los componentes esenciales del fenómeno en una temporalidad mayor, sino que posibilitan también la observación en perspectiva y la identificación de posibles desarrollos y tendencias del acontecimiento en cuestión. Los segundos -procesos coyunturales -encuadrados en temporalidades generalmente más cortas, constituyen los factores dinamizadores y potenciadores del fenómeno y permiten tanto establecer puentes más inmediatos hacia la comprensión del acontecimiento, como identificar posibles vías de acceso a procesos de transformación. Pero posiblemente es la interacción entre las condiciones estructurales y los procesos coyunturales lo que más puede contribuir a la comprensión del fenómeno. Desde otro ángulo: al no bastar para la comprensión -y menos aún para la acción- la identificación aislada o de los componentes estructurales o de los procesos coyunturales, es en su cambiante y compleja interacción donde la realidad se manifiesta mejor y ofrece, por tanto, las mayores posibilidades tanto a la racionalidad comprensiva como a la acción transformadora. Puede perfilarse entonces el abordaje como una de las múltiples alternativas posibles a la vieja polémica entre estructuralistas y coyunturalistas, expresada también con variaciones en el enfrentamiento entre teóricos y pragmáticos y entre esencialistas e inmediatistas. La comprensión y el enfrentamiento de problemas como la violencia requieren romper esos esquemas y arriesgarse a explorar en modalidades como la propuesta.

El método empleado evidencia también la cambiante complejidad de la violencia. Es un fenómeno con múltiples raíces, con dinámicas diversas, con diferentes detonantes y gran diversidad de actores, víctimas, escenarios, implicaciones e interrelaciones. Lo que puede ser válido para la comprensión de una modalidad de violencia en un entorno espacio-temporal puede no serlo en otro. Los procesos coyunturales son cambiantes e interrelacionados y es muy escasa la certeza al señalar ciertas condiciones estructurales. Y en ocasiones la relación entre lo coyuntural y lo estructural con la violencia misma puede ser bidireccional, como el caso de la impunidad que igual puede estimular la violencia como ser producto de sus elevados niveles. Pero la complejidad, como ya se advirtió, no es desestímulo ni al pensamiento ni a la acción. Es una condición de la realidad y un reto a la inteligencia y a la actividad humana. La violencia es compleja, pero es comprensible y superable. El propio esfuerzo racional sobre la violencia, por ejemplo, es en sí un paso esencial y avanzado para enfrentarla y para transformar las condiciones que la hacen posible y la dinamizan. El problema no es que la violencia sea compleja. Es más bien que la creamos simple y pretendamos entenderla y enfrentarla como tal, o que nos resistamos a abordarla en su complejidad y a pagar los costos que demanda la transformación de las condiciones que la generan y mantienen.

Summary

The problem of homicides in Colombia is described and analyzed as the most appropiate way to approach and try to understand part of the problem of the Colombian violence in the last quarter of the XX century. The description and analysis are the result of 3 basic items: the documentary sources and the data available at the different entities and institutions related to the topic, the statements of the actors and speakers representing the diverse forces and the social, economic, cultural and political and military organizations that were obtained through long interviews and permanent dialogues, and the theoretical aspects of those who inside and outside the country have been thinking about our situation of violence. The number of homicides increased slowly during the first years under study. It accelerated from the mid-1980´s on. The rate per 100 000 inhabitants almost fourfolded, from 23 to 82. It was observed a predominance of males, 12 men per each woman, in 2001. Homicides are found among the youngest individuals. The three main characteristics of Colombian violence are shown: recent generalization, complexity and degradation. A final attempt is not made to find a method and propose a unique explanation of the studied phenomenon or a general comprehensive framework. It is suggested a methodical approach and a explanatory exploration that starting from the consideration of homicidal violence in Colombia in a determined period, contributes both to understand it and to stimulate other searches about the own studied reality.

Subject headings: HOMICIDE; VIOLENCE/trends; COLOMBIA

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Recibido: 6 de septiembre de 2002. Aprobado: 11 de octubre de 2002.
Prof. Saúl Franco. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

1 MD. Ph.D. Profesor Asociado.