Servicios personalizados
Español (pdf)
Articulo en XML
Referencias del artículo
Enviar articulo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
Introducción
La capacidad de la universidad para generar competencias para el futuro, formando profesionales integrales en términos culturales y medioambientales, con vocación humanista, científica e innovadora, ocupa la agenda en espacios académicos de instituciones, asociaciones, y conferencias, de institutos y centros de estudio e investigación y está presente en los más diversos escenarios nacionales, regionales, mundiales y multilaterales de los gobiernos y la sociedad civil, sean públicas o privadas.
Superar los problemas sociales y los atrasos económicos manifiestos en países de Latinoamérica y el Caribe, a través de la formación de profesionales, de la investigación y transferencia de conocimientos, y la incidencia en los procesos sociales y políticos de una sociedad, facilitar un mayor desarrollo y bienestar, al ser una de las principales fuentes de producción de conocimiento e investigaciones, dota a la universidad de la capacidad de fomentar el progreso, la incorporación de innovaciones, y la transmisión intergeneracional de este desarrollo y bienestar de manera que se revierta en la economía y la sociedad. (UNESCO, 2022).
El extraordinario incremento en el acceso a la educación superior, en particular en América Latina y el Caribe, está acompañado también del hecho de que múltiples grupos de la población han quedado rezagados y han visto vulnerado este derecho, particularmente en unos países más que en otros. El monitoreo continuo de los avances en la equidad e inclusión a este nivel, para fortalecer y profundizar las políticas y estrategias que aseguren una igualdad de oportunidades en el acceso para que nadie se quede atrás, es imprescindible para alcanzar una formación educativa en programas de calidad como factor estratégico e insustituible en la construcción de sociedades más sostenibles, resistentes y pacíficas. (Alpízar & Velázquez, 2021).
Los desafíos de acceso, equidad, calidad y aprendizaje a lo largo de la vida requieren de acciones con la educación como derecho humano a lo largo de la vida para todos y todas.
La preocupación por la calidad educativa, para garantizar mejores resultados de aprendizaje en el estudiante requiere de estrategias innovadoras que incorporen dinámicas o mecanismos en entornos o procesos centrados en el Aprendizaje Basado en Juegos para producir determinados comportamientos según los objetivos educativos. Generar la capacidad de trasladar al contexto educativo nuevas metodologías de aprendizaje, con informes de progreso en el estudiante sobre creatividad, resolución de problemas, comunicación y colaboración, toma de decisiones, entre otras dinámicas.
Evaluar el aprendizaje y la adquisición de determinadas competencias, exige dinamizar los contenidos a desarrollar en el aula, favorecer la motivación, el compromiso y la autonomía del estudiante hacia el aprendizaje, el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicaciones informáticas, plataformas webs, etc, se trata de la gamificación, entendida como “una estrategia metodológica innovadora que incorpora las estrategias, dinámicas, mecánicas y elementos propios del juego al proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Pegalajar, 2021).
La gamificación tiene barreras y desafíos para la universidad, tratándose de abarcar las amplias poblaciones estudiantiles de la región, parte de ellos en estratos sociales vulnerables lo que hace inviable estas prácticas docentes sin soporte digital y recursos de las TIC cuyo impacto, junto a la inteligencia artificial, el empleo de los megadatos, entre otros, exigen del aporte de la universidad a la transformación de la sociedad con la formación de profesionales integrales, la generación de nuevos conocimientos y el desarrollo de proyectos innovadores que impacten en la economía, la sociedad y el medioambiente que favorezcan el cumplimiento de las metas definidas en los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030.
El presente trabajo tiene el objetivo de reflexionar sobre los antecedentes y proyecciones desde la perspectiva nacional y regional que favorezcan la calidad y posicionamiento de las universidades y su impacto en los niveles de desarrollo. Se hilvanan, desde una lógica coherente, el actual estadio económico y social la región latinoamericana y caribeña, el papel de la universidad y su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, los impactos y aprendizajes de la etapa postcovid y los desafíos de enfrentar las brechas de desigualdad, el incremento de las matrículas y mayor compromiso con la pertinencia, la calidad y la sostenibilidad. Para la argumentación de las reflexiones se utiliza un enfoque cualitativo empleando los métodos inductivos, histórico y de análisis, haciendo uso de datos publicados en informes estructurados y predeterminados, lo que permite emitir de forma sistematizada valoraciones sobre el tema, desde la perspectiva de los autores.
Desarrollo
Las realidades de Latinoamérica y el Caribe
En América Latina, antes de la pandemia, se observaba cierta debilidad para afrontar el entorno complejo y cambiante: baja productividad, distribución sectorial poco eficiente, marcos regulatorios inestables, dificultad de acceso al financiamiento, informalidad del mercado de trabajo y desocupación. En un mercado de profunda transformación se identificaban, ya en aquel momento, algunos desafíos para el desarrollo que involucraban a las universidades: las nuevas tecnologías digitales (en particular, la inteligencia artificial y la automatización) y los cambios demográficos. En 2020, a esos desafíos se sumaban las secuelas de la pandemia de COVID-19 (Galan & Ríos, 2021)
La región presenta diferencias significativas entre los distintos países, mientras que algunos se han mantenido en un nivel de crecimiento constante (como, por ejemplo, los países del Caribe), Argentina y Brasil tuvieron recesiones importantes. Los países del Pacífico, por su parte, tuvieron desempeños intermedios, aunque, en todos los casos, las economías mostraron una desaceleración constante, aún antes de la COVID-19.
Después de la crisis de 2009, que registró una caída del 3%, en 2010 se logró recuperar, aunque posteriormente no ha tenido tasas positivas de crecimiento, hasta llegar a una caída del 6,8% del PBI anual a precios constantes. En términos de la tasa de variación del PBI per cápita a precios constantes, la disminución entre 2019 y 2020 fue del 7,6%3. (CEPAL, 2022)
La fuerte caída del PIB durante 2020, sumado al débil crecimiento del período anterior, se ha traducido en una caída histórica de la ocupación y un aumento sin precedentes del desempleo, junto con incrementos significativos de la pobreza y la desigualdad, lo que ha exacerbado aún más los problemas estructurales de la región (CEPAL & OPS, 2021). Para 2021, la CEPAL estimó una tasa de crecimiento del 6,2% y en 2022 se proyecta un crecimiento promedio del 2,1% en la región (CEPAL, 2022a).
De acuerdo con las estimaciones presentadas por la CEPAL la contracción alcanzó el 7,6% del PIB por habitante para el promedio regional en 2020, con una alta heterogeneidad entre los países. (CEPAL, 2022b),
El impacto de la pandemia sobre las condiciones de bienestar de la población se suma a este aumento paulatino de la pobreza y el enlentecimiento del ritmo de disminución de la desigualdad, que venían manifestándose en los años previos a la crisis. En 2020, la tasa de pobreza extrema alcanzó el 11,4% de la población y la tasa de pobreza el 33%. Ello implica que el total de personas pobres alcanzó los 204 millones, 17 millones de personas más que el año anterior. Durante 2021, la tasa de pobreza de la región de América Latina alcanzó al 32,1% de la población, con el 13,8% en condiciones de extrema pobreza. Eso significa que el número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 81 a 86 millones respecto a 2020. (CEPAL, 2022c)
Esta región se caracteriza por profundas desigualdades sociales y económicas, lo que a su vez ha impactado directamente a su población en el contexto de la pandemia. Es fundamental tener esto en consideración para avanzar como región hacia una recuperación transformadora que ponga la igualdad y la sostenibilidad en el centro. Ello implica reconocer la interrelación entre las dimensiones sanitaria, social, económica y medioambiental, y abordarlas de manera integral (CEPAL, 2022d).
El contexto social y económico que ha enfrentado la región de América Latina y el Caribe en el período 2015-2021, es relevante para comprender las oportunidades de avance y obstáculos que enfrentan los sistemas educativos. El acelerado crecimiento de la demanda a escala mundial, y específicamente en la región de América Latina y el Caribe, es indicativo de su valor económico y social, tanto para los individuos como los Estados que han venido invirtiendo por universalizar la educación en los niveles que preceden a la educación superior. El incremento en bienestar social y económico se evidencia en las diferencias salariales entre los titulados de educación superior y las personas que solo alcanzaron a completar la educación secundaria (Busso et. al, 2017).
La «Tasa bruta de matriculación», es el indicador más utilizado a nivel mundial para monitorear el acceso a la educación superior. La tasa es una medida de aproximación al acceso que establece una relación entre el total de inscritos como porcentaje de la población que se encuentra en el grupo etario teórico; por lo tanto, no representa estrictamente al porcentaje de población que accede. En los últimos veinte años se ha dado un incremento significativo del acceso. La tasa bruta aumentó del 19% al 38% a nivel global, y América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo en términos de crecimiento, luego de Asia Oriental y Sudoriental. Este crecimiento es desigual entre países, y las tendencias muestran un incremento de las brechas.
Un estudio reciente del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) muestra que, en las últimas dos décadas, fueron los países de ingresos medios y altos los que más aumentaron sus tasas de participación, mientras que los países de ingresos bajos tienen a su vez los menores índices de expansión de la educación superior. La pobreza, las situaciones de crisis y emergencia, las altas tasas de matrícula, los exámenes de ingreso, la movilidad geográfica y la discriminación constituyen los principales obstáculos que restringen el acceso de las comunidades marginadas para acceder a la educación superior (UNESCO, 2020b).
Asisten a educación superior en 2020 un total de 28,9 millones de jóvenes y adultos. De ellos, el 10% asiste a programas de CINE 5 (educación terciaria de ciclo corto), el 84% a CINE 6 (programas con certificación de grado o equivalente), el 5% a CINE 7 (maestría, especialización o equivalente), y el 1% a CINE 8 (programas de doctorado).
Los del Cono Sur tienden a presentar niveles de acceso a la educación superior mayores al resto de los países de la región, mientras que en el grupo de menor acceso tienden a primar países del Caribe y de Centroamérica. No se observa una relación directa entre el nivel de acceso de la población a la educación superior y la existencia de ofertas educativas públicas: hay países con una participación mayoritaria de matrícula en instituciones públicas que alcanzan niveles altos de acceso, como Argentina y Uruguay, mientras que otros países como Perú y Chile muestran valores altos con una oferta de educación superior fuertemente privatizada. En países con mayor participación de educación pública en el nivel superior no implica necesariamente la gratuidad del acceso.
La relación entre el acceso, la retención y la progresión para alcanzar la titulación es clave para caracterizar el avance de los países hacia la universalización del derecho a la educación superior, lo cual resulta relevante analizar. El alto porcentaje de los estudiantes que ingresan a la universidad y no se gradúan de ellas, afecta en mayor medida a aquellos en situaciones más vulnerables. Otro problema es la excesiva extensión en el tiempo necesario para graduarse.
Uno de los mensajes clave del informe «Hacia el acceso universal a la educación superior: Tendencias internacionales» del IESALC es la promoción de que las instituciones de educación superior desarrollen estrategias para reducir la brecha entre la matrícula y la graduación, especialmente entre los grupos desfavorecidos, y reforzar la recopilación de datos sobre las tasas de culminación para ofrecer un escenario claro de retención (UNESCO, 2020b).
La consideración de la educación superior como un sector estratégico para el desarrollo económico y social ha llevado a muchos Estados a hacer esfuerzos importantes para favorecer la democratización del acceso, aumentando en particular la cobertura pública y el fortalecimiento de los mecanismos de financiación para cursar estudios superiores en instituciones privadas. La región sigue siendo, a escala internacional, la que junto a Asia meridional cuenta con la mayor participación de la iniciativa privada en la provisión de educación superior (UNESCO, 2020b). Esta característica regional puede explicarse, en cierta medida, por la flexibilización de los marcos regulatorios a finales del siglo pasado y el hecho de que las instituciones privadas suelen cubrir la demanda insatisfecha por la limitada oferta pública.
Hasta 2019, la matrícula de la educación superior en Iberoamérica se había expandido, superando los 30 millones de estudiantes. Mientras que en algunos países la matrícula se expandía a tasas elevadas, otros experimentaban caídas. Diferencias similares se observaban en la graduación o la inversión en I+D (OEI, 2022).
La expansión de los sistemas de educación superior de las dos últimas décadas se produce en un contexto en el cual el crecimiento económico de los países de América Latina y el Caribe (ALC) fue modesto, en relación con otras regiones. Por su parte, en los últimos años se ha dado en todo el planeta una mayor urgencia por promover el acceso a la educación superior, por su estrecha vinculación con la innovación y la sociedad del conocimiento, indispensables para un desarrollo sostenible, al mismo tiempo que la nueva revolución industrial demanda trabajadores con nuevas competencias y conocimientos (UNESCO, 2020a).
La educación superior conlleva múltiples beneficios para el desarrollo de las personas y los países, por lo que el acceso a ella es, a nivel internacional, una de las políticas educacionales de mayor discusión en las últimas dos décadas. A nivel comparado, el acceso mundial a este nivel se ha incrementado de manera considerable durante este período, pasando la tasa de cobertura bruta entre 2000-2018 desde un 19% a 38%, en los países de América Latina y el Caribe la cobertura se ha incrementado desde el 23% en el año 2000, al 41% en 2010 y a 52% en 2018. (UNESCO, 2020)
Diversos atributos de la población, en particular el nivel socioeconómico y el género, pero también la locación geográfica y la condición étnico-racial o situación de discapacidad conllevan una enorme brecha en este acceso a la educación superior. Los últimos veinte años han sido los de mayor crecimiento en la cobertura de la educación superior a nivel mundial según estadísticas del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, mientras en 2000 la tasa de cobertura bruta (TCB) alcanzó un 19%, en 2010 fue de 30% y en 2018 llegó a 38%. Este rápido crecimiento presenta fuertes contrastes entre las regiones del planeta, mientras en Europa, Norteamérica y Oceanía la cobertura ya alcanzaba más del 50% durante el año 2000, y hacia 2018 el promedio superaba el 70%, en los países de África Subsahariana aún no alcanzaba el 10% en 2018.
En América Latina y el Caribe también se observa este rápido crecimiento y la información del año 2018 para 20 países indica que casi se duplicó la TCB entre 2000 y 2010, al pasar de 23% a 41% en sólo diez años, mientras que entre 2010 y 2018 se mantuvo el crecimiento, pero a un ritmo menor, alcanzando un 52% en 2018.
La pandemia dejó enormes repercusiones, con mayores efectos entre los estudiantes de los grupos más vulnerables del continente, especialmente los de menores ingresos, de zonas rurales, aquellos pertenecientes a grupos históricamente excluidos, y entre los estudiantes con discapacidad, anticipando también múltiples dificultades entre las estudiantes mujeres y las diferentes razas en algunos países.
Una mayor igualdad de género en la distribución de las carreras universitarias y oportunidades laborales conlleva una redistribución de las tareas al interior del hogar entre hombres y mujeres, superando la extrema desigualdad actual. El 77% del trabajo no remunerado en América Latina es realizado por las mujeres (CEPAL, 2019).
Ante la situación socioeconómica desfavorable en la región, la masificación de la educación superior debe acompañarse de mayores esfuerzos para asegurar estándares crecientes de calidad de las instituciones de educación superior y de sus programas profesionales y técnicos. Es preciso diversificar las fuentes de financiamiento, incentivando la prestación de servicios y consultorías a instituciones, así como ampliar la oferta educativa, aprovechando las nuevas tecnologías y la educación a distancia, promoviendo el desarrollo de cursos más breves y certificaciones digitales vinculadas a los requerimientos de la economía y la sociedad.
La profunda crisis educativa que se ha venido manifestando en América Latina y el Caribe en los últimos años alerta que muchos de los logros educativos alcanzados por nuestros países, cuyo avance fue notable en los primeros años de este siglo, han sufrido una desaceleración, o incluso un estancamiento a partir de 2015.
Muchos Estados hacen esfuerzos importantes para favorecer la democratización del acceso, aumentando en particular la cobertura pública, el apoyo financiero para cursar estudios superiores y el fortalecimiento de los mecanismos de ayudas al acceso tanto financieros como pedagógicos. Los desafíos pasan por una mejor articulación con la educación básica que contribuyan a mejorar las tasas de éxito, así como la posterior inserción laboral. El vínculo con la práctica social y la investigación científica y la innovación desde la formación es un factor de éxito, pero no está siempre presente.
El compromiso de las universidades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 (ODS)
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, adoptó en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. La estrategia que rige los programas de desarrollo mundiales aprobadas en Naciones Unidas garantiza que al adoptarla, los Estados se comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas, especialmente, en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Se incluye lograr una educación de calidad; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.
En una investigación publicada en recientemente (2023) en la Revista Española de Documentación Científica titulada “La universidad española y la investigación en web of science sobre los objetivos de desarrollo sostenible 2017-2021” se concluye que:
Los cuatro primeros objetivos con mayor número de trabajos suponen más de la mitad de la producción (56%). En líneas generales se aprecia cómo los objetivos relacionados con las Ciencias de la Naturaleza presentan mayor producción científica, mientras que los ODS relacionados con las Ciencias Sociales acumulan en general una menor producción, con la excepción del ODS 5 “Igualdad de Género” que se sitúa como el segundo objetivo con mayor desarrollo. El ODS 1 “Reducción de la Pobreza” es aquél que posee menos producción (380 trabajos). Otro campo que recibe unos resultados reducidos, con relación a su peso en la investigación española, es el ODS 4 “Educación de Calidad” con 3.321 trabajos. Algo similar sucede con el ODS 8, “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”, que recibe un reducido número de trabajos pese a existir en España una inmensa comunidad académica centrada en el estudio de la dimensión económica y empresarial de la sociedad. (Repiso et al., 2023, p. 4)
Paradójicamente el origen de algunas de las problemáticas que enfrenta la sociedad actual y especialmente la región latinoamericana y caribeña, se encuentra en factores económicos y ambientales. En este empeño, las universidades juegan un rol determinante para contribuir a enfrentar el gran desafío de erradicar la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible.
En este mismo trabajo se plantea que “la proclamación de estos objetivos se ha traducido en un crecimiento exponencial de la producción científica al respecto: entre 2015 y 2020 se han publicado más de cinco mil artículos acerca de los 17 ODS (Sianes et al, 2022, p.2)
Determinados trabajos han intentado medir y comparar la producción científica dedicada a cada uno de los ODS, constatando que la mayor parte de la literatura ha abordado este objeto de estudio desde la perspectiva de las ciencias naturales y experimentales mientras que los ODS más orientados hacia aspectos económicos o sociales ocupan un lugar secundario tanto en términos de productividad como de impacto.
“Así el ODS 4 (“Educación de calidad”) resulta especialmente popular en la producción científica latinoamericana, europea y -con menor intensidad- asiática.” (Meschede, 2020, p. 4)
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030 constituye la síntesis de las ambiciones de la educación, cuyo objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida (Organización de Naciones Unidas, 2018)
[…] Mientras los gobiernos tienen la responsabilidad principal de garantizar el derecho a una educación de calidad, esta agenda significa un compromiso universal y colectivo que requiere de la voluntad política, la colaboración mundial y regional, así como del compromiso de todos los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, la juventud, las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales para hacer frente a los desafíos educativos y construir sistemas inclusivos, equitativos y pertinentes para todos los educandos. (Fernández & Coppola, 2016, p. 73)
La meta 4.3 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 convenida internacionalmente, compromete a los países firmantes “garantizar la igualdad de acceso a todas las mujeres y hombres a una enseñanza técnica, profesional y terciaria asequible y de calidad, incluida la universidad” lo que requiere de asegurar que los programas de formación sean de calidad y que se diseñen políticas y estrategias que apoyen el esfuerzo de cada estudiante en la culminación de su programa, así como en la obtención de las competencias y conocimientos necesarios.
El cumplimiento de las metas al 2030 no estaba asegurado aún antes de la pandemia de la COVID-19 y mucho menos lo está en la actualidad. Se requiere fortalecer las alianzas y los diálogos políticos que alienten las políticas de largo plazo y que aseguren capacidades y mayor y mejor inversión educativa para acelerar el rumbo del cumplimiento del ODS 4 para el año 2030.
Las capacidades estatales y la mayor y mejor inversión educativa son dimensiones fundamentales para acelerar el rumbo del cumplimiento del ODS 4 para el año 2030. Los desafíos de acceso, equidad, calidad y aprendizaje a lo largo de la vida requieren de múltiples acciones basadas en un paradigma de la educación como derecho humano que, en la toma de decisiones, considere la evidencia científica y el monitoreo de los resultados. Los sistemas educativos enfrentan tensiones en su objetivo de garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida para todos y todas.
Para avanzar en el cumplimiento de las metas del ODS 4 se requieren esfuerzos articulados e integrados a otras dimensiones del desarrollo, para lograr romper con aquellos nudos críticos de exclusión que obstaculizan el acceso al bienestar de importantes grupos de la población en la región. La Agenda 2030 pone la igualdad en el centro a partir de su lema de «no dejar a nadie atrás». Esto significa ir más allá del análisis y visibilizarían de indicadores de avance promedio y profundizar la mirada sobre el conjunto de la población, en especial sobre quienes han enfrentado históricamente mayores rezagos y situaciones de vulnerabilidad. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y los costos asociados a esta impactan no solo la vida de las personas que la sobrellevan, sino a la sociedad en su conjunto.
A la universidad, corresponde cumplir su misión, en las nuevas condiciones de un entorno globalizado y de brechas entre el desarrollo de algunos países y el atraso de otros, que acumulan los mayores niveles de pobreza del mundo para lo que deberán ser verdaderamente pertinentes e innovadoras con toda la responsabilidad social que corresponde a este tipo de instituciones implicadas y comprometidas con un futuro mejor.
La profundas divergencias en las políticas de educación superior en América Latina, van desde la influencia de modelos heterogéneos, las diferencias en cuanto a lo institucional, la marcada diferencia en materia de diseños y organización de carreras de grado, los sistemas de crédito y evaluación, la selección y acceso, las titulaciones, la variedad de programas de igual rama del conocimiento, la diversidad de estados de la acreditación de instituciones, la organización de los posgrados, la educación a distancia y virtual en muchos casos sin las requeridas de regulaciones y controles adecuados hasta los problemas de calidad, preparación de docentes y condiciones y exigencias en la investigación y la extensión.
El sistema de educación superior de la región es muy diverso, en un continente de gran riqueza humana y natural, pero con marginación, discriminación y pobreza estructural donde no son sustentables los modelos de desarrollo, y falta respeto a la rica diversidad cultural y es imprescindible la integración regional que impacte el en desarrollo humano, social y económico de los países que integran la región que sigue posicionada como la más desigual del mundo cuya recuperación reclama una economía más humana y justa con el sentido común se alcanzar un compromiso colectivo cono sociedad. (Oxfam, 2022)
Nuestros países han alcanzado un grado bastante maduro de desarrollo de la ciencia, la técnica y la innovación productiva y, sin embargo, la cooperación Sur-Sur está ausente de cada una de las agencias (…) América Latina y el Caribe, después de quinientos años de la llegada de los europeos, sigue sin tener una agenda propia y compartida del conocimiento. (Tamarit, 2019, p. 73)
Desde el pasado siglo se han construido agendas de trabajo que resultaron declaraciones de las más diversas reuniones y conferencias, entre ellas, las Conferencias Mundiales de Educación Superior realizadas en las últimas décadas que no siempre se plasman en normativas, legislaciones y planes de acción.
La Tercera Conferencia Mundial celebrada en mayo de 2022 en Barcelona con el lema: “Más allá de los límites: Nuevas formas de reinventar la educación superior” estuvo precedida por la Primera y Segunda Conferencia Mundial de Educación Superior celebradas en 1998 y 2009 respectivamente.
Los crecientes retos mundiales que amenazan el futuro común, llevaron a un llamado a dar un salto cualitativo para reinventar la educación superior como base para construir un mundo seguro, más justo, democrático y sostenible. Fue considerada una oportunidad para profundizar en la conversación mundial sobre cómo acelerar el progreso hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y cómo forjar un nuevo acuerdo para la educación en el marco de la iniciativa Futuros de la Educación. (UNESCO, 2022).
La agenda incluyó, entre otros, temas la Articulación de iniciativas intergubernamentales en favor de la educación superior, las redes, plataformas y gestión del conocimiento y el uso del conocimiento, la tecnología y la innovación para promover la colaboración. Fue presentada una hoja de ruta, basada en múltiples y amplias consultas, que prepara el camino para dicha transformación considerando entre las misiones de la educación superior producir conocimiento a través de la investigación y la innovación mediante la adopción de enfoques inter y transdisciplinarios.
La responsabilidad social se entrelaza con la misión de producir conocimiento a través de la investigación y la innovación mediante la adopción de enfoques inter y transdisciplinarios y con la de educar a profesionales completos que también sean ciudadanos plenos capaces de abordar cuestiones complejas de forma cooperativa. (UNESCO, 2022).
Las Conferencia Regionales de Latinoamérica y el Caribe, preparatorias de las Conferencias Mundiales, han consensuado que la enseñanza superior constituye un elemento indispensable para el progreso social, la producción, el crecimiento económico, la afirmación de la identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión social, de la lucha contra la pobreza y de la promoción de una cultura de paz. Quedó ratificada la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado, siempre al servicio del progreso de nuestros pueblos.
La agenda de la Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018, se enriquece y contextualiza en cada país, luego de la COVID19, con enormes retos y desafíos en la región. La educación superior en la región de Latinoamérica y el Caribe está lejos de las propias necesidades de la región. No se aseguran Políticas públicas necesarias y pertinentes, no se reconoce con claridad el papel estratégico de la educación superior y de la ciencia, la tecnología y la innovación. (Gazzola, 2021).
Se requiere fortalecer los vínculos de solidaridad entre los países y entre sus instituciones de educación superior, ampliar la cooperación internacional, el diálogo y reconocimiento de saberes, y emplear el conocimiento en la solución de nuestro problema más urgente: la superación de las desigualdades. (Montoya, 2022).
En la región latinoamericana y caribeña, aunque con amplias relaciones de intercambio, con marcadas similitudes históricas, culturales e idiomáticas persiste la falta de un espacio común a nivel político, económico, monetario y del conocimiento.
Las asociaciones de rectores, de académicos, los consejos y unión de universidades de la región, aunque con activismo durante las últimas décadas, requieren de la efectiva articulación con los gobiernos y las agendas multilaterales para las políticas públicas, inversiones y prioridades a la educación superior como respaldo a las necesarias demandas que impone la implementación de programas y proyectos que incluyan acciones que favorezcan las metas de los objetivos definidos en la agenda 2030.
No hay dudas que el significado e impacto del conocimiento en el progreso y desarrollo y por ende en los ODS. Tampoco la hay de la participación de la universidad y los centros de investigación en el conocimiento, lo que hace suponer que una mayor integración de las instituciones del conocimiento tendrá que favorecer las aportaciones al cumplimiento de las metas de la agenda 2030. De ahí la importancia de desarrollar acciones de integración en la educación superior.
Experiencias y aprendizajes que dejó la COVID19 en la educación superior
La Universidad en el siglo XXI está llamada a reforzar su papel como formadora del capital humano de las naciones. Sin embargo, este importante papel debe desempeñarlo bajo la influencia de un número importante de factores externos entre los que se destacan las influencias del gran proceso de globalización mediado por el desarrollo acelerado de la ciencia y la innovación y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por otra parte, las ocurrencias de conflictos bélicos, crisis sanitarias (pandemia), económicas y medioambientales entre otros, promueven el surgimiento de nuevos valores culturales y el desarrollo de una intensa lucha en el campo de las ideas. Todo lo anterior impacta en los roles de la educación superior y obliga a las instituciones docentes al cambio permanente como medida para la adaptación a un entorno agresivo y turbulento.
La pandemia de Covid-19 impuso al mundo una crisis sanitaria y socioeconómica que impactó en la educación superior a escala mundial. Según Baluja & Velázquez (2022) 1,57 billones de estudiantes fueron impactados por la Covid-19 en el mundo. Esto añadió un grado más de complejidad a la educación superior en América Latina y el Caribe donde más del 98% de la población de estudiantes y profesores de educación superior de la región estuvo afectada. Entre las principales dificultades enfrentadas en la región se destacan las relacionadas con la disponibilidad/acceso a los recursos tecnológicos, problemáticas personales (enfermedad, atención y pérdida de familiares, pérdida de trabajo), insuficientes habilidades para el estudio independiente y la autogestión del conocimiento, insuficientes competencias digitales, incluyendo las de carácter didáctico metodológico, dificultades para mantener vinculado a la actividad de aprendizaje a todo el alumnado y barreras para la enseñanza de algunas especialidades, entre otras.
Incrementar compromiso y pertinencia de la universidad es un imperativo de la era postpandemia que dejó secuelas y aprendizajes. Se concreta en el impacto de la actividad universitaria en la vida social, económica y cultural de la comunidad en la cual se integra, con una visión identitaria singular que requiere de una educación superior comprometida, pertinente y socialmente responsable para contribuir con el conocimiento en la solución, de los problemas y necesidades de la sociedad, acercando las instituciones de educación superior a un modelo de universidad científica, tecnológica, humanista e innovadora, comprometida con su país, con su tiempo, solidaria e internacionalista.
En este contexto resulta esencial consolidar varios de los resultados alcanzados en la etapa más cruenta de la batalla contra la pandemia de Covid -19 que constituyen aprendizajes invaluables en el camino al desarrollo (Alpízar & Velázquez, 2021). Por tales motivos, continúa siendo necesario fomentar espacios para el intercambio de experiencias, conceptualización de resultados y soluciones que abarcan diferentes procesos de la vida universitaria (Moreno & Ortiz, 2023). A corto y mediano plazo resultarán significativos retos, que hoy constituyen prioridades para el sistema de educación superior en Cuba:
Compensar los ajustes y transformaciones curriculares realizados en la etapa de la COVID, con un enfoque de calidad.
Incorporar, con el soporte metodológico requerido, la diversidad de escenarios de formación y de métodos de evaluación empleados con éxito durante el período pandémico.
Implementar nuevas transformaciones que robustezcan los procesos de formación más centrados en el aprendizaje de los estudiantes con el incremento del vínculo con el mundo laboral y con el desarrollo territorial
Actualizar las ofertas del pre y el posgrado de las universidades, en función de las prioridades del desarrollo en los sectores estratégicos definidos por cada país.
Perfeccionar los programas para la formación continua de profesionales con competencias como la creatividad y la capacidad de innovación, el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, entre otros.
Reforzar los mecanismos de atención a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso, la permanencia y el éxito en la educación universitaria.
Incrementar el vínculo universidad-sociedad, pertinente y efectivo, aprovechando al máximo las ventajas de las entidades interface, la incorporación ordenada de la comunidad universitaria a tareas de impacto social, entre otros.
Consolidar la alineación de la proyección estratégica de las instituciones de la educación superior con el desarrollo del país y de los territorios.
Dar un salto en la transformación digital de la educación superior, especialmente en lo referido al desarrollo de los procesos sustantivos y el fomento de nuevas competencias digitales en la comunidad universitaria que asegure su participación activa en la industria 4.0.
Crear mayor capacidad de respuesta ante crisis similares, con el objetivo de disminuir las afectaciones a la calidad y las interrupciones en los procesos.
Las repercusiones del COVID-19 en la educación superior no solo se reflejaron en la alteración del proceso de enseñanza aprendizaje sino también en la investigación, la financiación y la movilidad en diferentes regiones.
La Educación superior resulta clave para la reconstrucción de un mundo postpandemia que acentuó las inequidades presentes, afectado por la falta de democratización y requerido de mayor internacionalización en un planeta cada vez más globalizado. Los impactos verdaderos de la Covid-19 serán más visibles a largo plazo por lo que se requiere con la mayor urgencia posible acopiar toda la creatividad e innovación universitaria presente en las soluciones aportadas en diferentes latitudes para su consolidación de manera que se puedan atenuar los impactos negativos que desde hoy son visibles. Incrementar compromiso y pertinencia de la universidad es un imperativo de la era postpandemia.
El compromiso social se concreta en el impacto de la actividad universitaria en la vida social, económica y cultural de la comunidad en la cual se integra, con una visión identitaria singular, sin jamás perder la perspectiva de universalidad.
Una educación superior comprometida, pertinente y socialmente responsable debe contribuir para el conocimiento y la solución, en su ámbito y de acuerdo con sus posibilidades, de los problemas y necesidades de la sociedad. Resulta necesario, entonces, acercar las instituciones de educación superior a un modelo de universidad científica, tecnológica, humanista e innovadora, comprometida con su país, con su tiempo, solidaria e internacionalista.
El perfeccionamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación es un requerimiento de primer orden para cumplir con el encargo social de la universidad y asegurar su sostenibilidad. Solo la creatividad e innovación en la gestión de los procesos universitarios asegura la sostenibilidad, pertinencia y avance de la educación superior en la complejidad del mundo actual. Solo así será capaz de cumplir su principal reto: la formación de los recursos humanos competentes, comprometidos e innovadores que se requieren para concretar sus aspiraciones de desarrollo económico y bienestar social.
Las instituciones de Educación Superior están llamadas a contribuir, mediante la integración de sus procesos, al programa de desarrollo de cada país y a los objetivos de desarrollo sostenible. Se reclama perfeccionar, programas y métodos de enseñanza.
Innovation in teaching methods, didactics of learning and research involves creating networks, focused on global and local needs simultaneously, that focus development to achieve sustainable development objectives, with particu lar emphasis on multiculturalism and diversity. The use of hybrid teaching-learning models requiring the adjustmentof regulations, which in the new normality, as the period after the COVID19 pandemic has been called, is very im portant in the organization of university processes. (Alpizar & Villavicencio, 2022, p. 14)
Las universidades, con el empleo intensivo de las amplias prerrogativas adoptadas en el contexto de la pandemia, realizaron de manera creativa, a partir de un profundo trabajo científico y metodológico, ajustes curriculares y pasaron a la virtualización de la educación superior, promoviendo el uso de actividades semipresenciales y a distancia.
Solo haber logrado un abordaje acelerado de métodos de enseñanza aprendizaje propios de la educación a distancia y emplear las TIC, digitalizando contenidos, con innovaciones educativas, evaluativas, empleando variantes de practica social, productiva y el voluntariado allí donde fue posible permitió no detener el proceso docente educativo y seguir graduando profesionales de pre y postgrado.
El desafío de enfrentar las brechas de desigualdad y rol de la universidad.
Las desigualdades en el acceso a la educación superior tienen, como causa raigal, aunque no única, las diferencias en el estatus económico, el cual se encuentra condicionado por diferentes factores, los que pueden estar o no directamente correlacionados, como son, la clase social a la cual se pertenece y el nivel de ingresos con fuentes diversas, que no siempre tienen su origen en relaciones de propiedad.
De esta manera, la principal fortaleza y reto pasan por la posición y voluntad de cada país y gobierno de asumir realmente, y no solo con meras declaraciones, el acceso y continuidad de estudios como una responsabilidad y deber del Estado. Esa es la línea divisoria y no la magnitud de las posibilidades económicas. La voluntad política para enfrentar las brechas de desigualdad, incluso con menos recursos que otros, marca diferencias en esta esfera, siendo Cuba muestra palpable, al tener limitadas posibilidades económicas, pero con una probada decisión de alcanzar el acceso universal frente a los obstáculos derivados del subdesarrollo y los situados exprofeso por el recrudecido bloqueo de Estados Unidos a Cuba.
Un Estado decidido y proactivo es la principal garantía para enfrentar las desigualdades sociales en general, y las brechas en el acceso a la educación superior en particular. Pero está más que demostrado que no basta. Incluso en aquellos países como Cuba donde la educación superior es, desde hace 64 años un bien público, social, totalmente gratuita en todas sus facetas y etapas, desde el pregrado hasta el postgrado, un derecho humano universal y un deber real del Estado, aún se mantienen algunas brechas de desigualdad que no pueden borrarse solo con la gratuidad absoluta en el acceso.
En todos los países además del factor solvencia económica centrada en la capacidad financiera individual o gubernamental para sufragar y mantener los estudios terciarios, se derivan y agregan otras causas directas, algunas de ellas comunes a cualquier sociedad y latitud, que inciden en el acceso y continuidad a los estudios terciarios. Son muchas, pero existe coincidencia en reconocer como los principales factores que inciden en el acceso a la educación superior, los siguientes: solvencia económica para pagar los estudios; nivel cultural y educacional de la familia; calidad de la enseñanza precedente, interés por mejorar el status social; condiciones de vida, racionalidad en la utilización del tiempo libre, diferencias territoriales, discriminación, abierta o solapada, a minorías étnicas, por color de la piel, preferencia religiosa, géneros, etcétera. (García & Sánchez, 2018, p. 237)
Estos factores actúan en sistema y cualquiera de ellos posee peso suficiente para limitar y obstruir el acceso a la educación superior. Por supuesto, como regla, en los sectores más vulnerables se potencian las aristas negativas de estas causas. Aunque no es necesario, ni posible, detenerse en cada uno de ellos por lo evidente de su incidencia, si es pertinente resaltar algunos tópicos.
Las desigualdades en los ingresos y posición social, marcan, hasta nuestros días, el carácter elitista de la educación superior. Aunque se ha avanzado en las últimas décadas es un factor limitante, no solo, como es obvio, para el acceso a las universidades privadas, sino también a las públicas, ya que, siempre hay que desembolsar determinados pagos específicos que los sectores en condición de vulnerabilidad no pueden asumir como se subraya el Informe UNESCO-IESALC del año 2020:
…la educación superior sigue estando fuera del alcance de las personas más pobres del mundo, quienes solo pudieron avanzar hasta alcanzar un 10% en el acceso ante un 77% de las familias de mayores ingresos… Parece haber una fuerte relación entre el producto interno bruto (PIB) per cápita y la tasa bruta de matriculación terciaria. Un aumento en la matrícula universitaria tiende a coincidir con el aumento del PIB per cápita (…) El acceso universal a la educación superior es más que nunca un componente de justicia social y uno de los principales impulsores del desarrollo de un país. Como tal, los gobiernos, las instituciones y la sociedad deben tener fuertes compromisos para garantizar que la educación superior sea universalmente accesible para todos, tal como se establece en el objetivo de desarrollo sostenible ODS 4 sobre educación de calidad. Señala Francesc Pedró, director de UNESCO IESALC, en el prólogo. (UNESCO-IESALC. 2020)
Incluso en Cuba, donde es una conquista de la Revolución el carácter gratuito, tanto de la colegiatura como los demás componentes, incluido el postgrado, la influencia de las limitaciones económicas derivadas, entre otros factores, del bloqueo norteamericano están incidiendo en esta esfera. Si bien el Estado socialista garantiza el carácter gratuito de la educación superior en sus diferentes modalidades, para todos los que poseen los requisitos académicos, y aunque se ha aprobado la posibilidad de estudiar y trabajar, sin embargo ya se está dando la tendencia al incremento de tempranas deserciones para trabajar y con ello obtener ingresos y contribuir con la familia o debido a la incapacidad de las más pobres de poder sufragar los precios aleatorios de la alimentación, transporte y otros como resultado de la inflación galopante que sufre el país. Por lo que fuese es una afectación inédita. A la par, muchos estudiantes del curso regular, solicitan constantemente cambios en la modalidad de estudios, para poder incorporarse prematuramente a la vida laboral, lo cual es algo habitual entre todos los sectores de menos ingresos a escala mundial. Cuba, incólume hasta hace unos años, ya se ve afectada por este factor negativo que desvirtúa el ideal de ingreso y continuidad de estudio, asociado solo a la capacidad intelectual de cada estudiante.
El otro factor de mayor incidencia sobre el ingreso y continuidad de estudios superiores, siendo tal vez el más general, radica en el nivel cultural-educacional de la familia- sobre todo de los padres de los optantes o cursantes universitarios- el cual está también presente en sectores con capacidad para asumir los gastos universitarios de sus hijos. La preocupación y ocupación familiar desde los primeros años de vida, sobre todo desde esos años, es un factor que condicionará, como regla, el interés y la capacidad para acceder y en especial la continuidad en los estudios superiores. Por tanto, cultivar, fomentar esos valores en el medio familiar, sin distinción de niveles de ingresos o grupo social, no es responsabilidad exclusiva de la familia, sino también de las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con el asunto, en particular los gobiernos y la UNESCO.
Influir sobre ese y todos los factores concomitantes que limitan el acceso y continuidad de estudios superiores garantizará la posibilidad de que los jóvenes de los sectores obreros y campesinos, los negros, los mestizos, los discriminados por cualquier injusta razón, puedan, con la educación superior, elevarse sobre sí mismos y, de esa manera, romper el círculo vicioso que los condena a ellos y a sus futuros descendientes.
Ello no significa que se comparta la posición de que la solución está solo en el mérito individual y que ese destaque por encima de su status anterior y clasista pueda suprimir gradualmente las hondas diferencias clasistas, centrándose solo estas entre ganadores y perdedores, estos últimos por no esforzarse lo suficiente o pertenecer a grupos ya condenados de antemano a no acceder a la educación superior, como por ejemplo inmigrantes y otros grupos vulnerables. Un supuesto arbitraje social equitativo se quiere presentar como el instrumento idóneo para garantizar la engañosa igualdad de oportunidades.
Hay por supuesto, excepciones en esta línea de pensamiento hegemónico, como el destacado profesor y sociólogo francés François Dubet, quien, con su obra “Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades” alcanzó repercusión mundial. La idea dominante de la “meritocracia”, “con independencia de su nacimiento”-posición social- es fuertemente cuestionada al afirmar que “el mérito es uno de los principios de justicia más frágil y discutible”. Las capacidades individuales no pueden esfumar las abismales diferencias con raíces clasistas, por lo cual, la solución total es mucha más profunda, social e integral. (García, 2022, p. 24)
Entonces ¿qué hacer “para no dejar a nadie atrás” como muy bien sintetiza la expresión ya asumida por todos nacida en los documentos de IESALC- UNESCO? Lo inmediato, muy difícil, pero factible, es revolucionar la educación superior y en esa dirección se han dado pasos, saltos significativos compulsados por la pandemia y el empuje de la Cuarta Revolución Industrial, aunque algunos habían comenzado antes. Al respecto es palpable que la clave del éxito para poder enfrentar el desafío de reducir las brechas en el acceso y continuidad de estudios universitarios, radica en la comunión de principios y en la gestión conjugada, en una misma dirección y propósitos, de los gobiernos, territorios e instituciones de educación superior. Se insiste y reclama con razón en todos los foros que cada Estado asuma, sin cortapisas, la educación superior como un bien público. Ese es el principal prerrequisito, que conlleva la asignación del mayor financiamiento posible a la educación superior en correspondencia con las condiciones específicas de cada país, además de regulaciones favorables al desarrollo universitario. También un rol importante, le corresponde a los gobiernos regionales y al sector empresarial.
Le corresponde entonces a cada familia y al sistema de educación superior, priorizar la formación de sus hijos, de los jóvenes sin excepción, con especial énfasis en los sectores más vulnerables. Como se corrobora en todas las latitudes, no basta con aumentar el presupuesto destinado a la educación superior, pues siempre se beneficiarían más a los que están en mejores condiciones y capacidades para utilizarlos.
La solución general para incrementar el acceso y continuidad a todas las carreras de los más desfavorecidos se debe dar por dos vías. La primera y fundamental, a través de nuevas modalidades de estudios e ingreso que, al beneficiar a todos, también favorecerán a estos grupos sociales. En este sentido, los modelos de menos presencialidad podrán constituir una fórmula que ayude a ese propósito, junto al impulso de la educación terciaria de ciclo corto. La segunda implica perfeccionar la inclusión digital y los mejores resultados en programas híbridos y la virtualización de la educación superior basada en la transformación digital.
La segunda, bien polémica, mediante la instrumentación de medidas diferenciadas y facilidades específicas para ese grupo social. Es necesario dirigir recursos y acciones directas hacia los grupos más vulnerables. Es un tema controvertido ya que no deben limitarse las posibilidades de los más avanzados para favorecer a los de menos posibilidades materiales y culturales.
Esa “discriminación” a la inversa no es la vía a generalizar. No obstante, hay experiencias nacionales que es pertinente estudiar. Por ejemplo, el Decreto aprobado en Brasil en octubre del 2012, durante el gobierno de Dilma Rousseff, que estableció un sistema de becas con un por ciento obligatorio para estudiantes indígenas, negros, mestizos, personas con alguna discapacidad y otros, en las instituciones universitarias federales y estaduales, en correspondencia con la estructura demográfica de la región donde este enclavada la institución d educación superior. Cuestionada por algunos, sin dudas contribuyó al acceso y continuidad de estudios de estos sectores históricamente discriminados.
Las vías para enfrentar las brechas de desigualdad en el acceso y continuidad de estudios, ya sea para todo el conjunto de estudiantes o hacia los sectores vulnerables, necesariamente tendrán que pasar por no disminuir la calidad buscando la igualdad de oportunidades para todos, evitando una solución falsa y muy costosa que embargaría el futuro, sin beneficios reales ni para el profesional, ni para la sociedad. Ese incremento debe ser pertinente en carreras, contenidos y habilidades que se correspondan con los requerimientos demandados en época en constante transformación, donde la educación superior tiene que marcar la pauta.
América Latina y el Caribe, caracterizada por una profunda polarización social, ha estado dando pasos que insuflan optimismo al papel medular de la educación superior en aras de reducir las profundas desigualdades sociales y económicas. Está tendencia es destacada y compartida en el documento Visión del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior. ENLACES, presentado a la III Conferencia de Educación Superior de la UNESCO en mayo del pasado año. Al respecto se señala:
en las últimas décadas las universidades de la región han buscado superar resabios elitistas profundizando la democratización, aproximándose aún más a sus sociedades, promoviendo la inclusión a través de la creación de oportunidades de acceso, permanencia y egreso, la educación para mujeres, personas con discapacidad, miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes, individuos de grupos sociales históricamente discriminados, inmigrantes y diversidad de género, entre otras. a través de esta expansión, la cobertura del sistema alcanza actualmente a más de 30 millones de estudiantes, verificándose una tendencia incremental en la inclusión de jóvenes en edad adecuada para ingresar a las universidades. en correspondencia, también se amplió el número de posgrados, maestrías y doctorados en varios países de la región. (enlaces, 2022, p. 5)
Conclusiones
Ante la situación socioeconómica desfavorable en la región y la profunda crisis educativa que se ha venido manifestando en América Latina y el Caribe en los últimos años con una notable masificación de la educación superior, requiere del acompañamiento de mayores esfuerzos para asegurar estándares crecientes de calidad de las instituciones de educación superior y de sus programas profesionales y técnicos tanto en el pregrado como en el postgrado.
Democratizar el acceso, y el aumento de la cobertura pública, y una mejor articulación con la educación básica que contribuyan a mejorar las tasas de éxito, e inserción laboral avanzando hacia un mayor vínculo con la práctica social, la investigación científica y la innovación desde la formación es imprescindible, como factor de éxito lo que reclama planes de acción adecuados a cada país y región en particular.
Enfrentar las brechas de desigualdad en el acceso y continuidad de estudios, lleva buscar la igualdad de oportunidades para todos aprovechando las nuevas modalidades de estudios e ingreso que favorecerán a los grupos sociales más vulnerables. La universidad está llamada a cumplir su misión en medio de las condiciones que imponen los retos y desafíos por los incrementos de matrícula y las crisis económicas, financieras, sociales y medioambientales.
