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INTRODUCCIÓN
Cuba es conocida en el mundo, por su cooperación médica,1 la que ya compila más de 60 años de historia. Dos de sus componentes principales son, la solidaridad y su carácter gratuito, pero este último aspecto cambió en la década del 90, debido al impacto de la crisis económica en el país. Los convenios fueron renegociados con los gobiernos en condiciones de asumir los gastos, y comenzó la exportación de servicios de salud como modalidad para captar divisas en las naciones que podían pagarlo.2,3
Como la principal estrategia de EE. UU. para derrocar a la Revolución, es su asfixia económica, los convenios de salud cubanos fueron jerarquizados en la política exterior estadounidense. De hecho, se ha implementado una estrategia para promover el cierre de misiones, en la cual se intenta establecer la matriz de opinión de que el gobierno cubano viola los derechos humanos de sus profesionales, porque al enviarlos al extranjero, incurre en manifestaciones de esclavitud moderna.4
La administración de Joe Biden, promueve en América Latina un plan de influencia sanitario en el cual se excluye a Cuba,5 lo que solo podría tener el objetivo de restarle protagonismo en el ámbito de la salud. Unido a ello, intenta documentar presuntas violaciones de los derechos humanos en las brigadas médicas, que sirvan de sustento a la campaña que acusa al gobierno cubano de incurrir en manifestaciones de trabajo esclavo. La instancia que directamente se encarga de financiar esto último, así como el impulso de nuevas acciones subversivas, es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés),6 de la misma manera que ocurrió durante la administración de Donald Trump.4
Pero en el caso de Cuba, la USAID no tiene otro objetivo que contribuir al derrocamiento del gobierno revolucionario. Tanto es así, que cada una de las acciones que desarrollan contra el país, se sustentan en la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Libertad) de 1996. Por ello, su accionar enemigo se puede resumir en el financiamiento de la contrarrevolución interna y externa, con énfasis en el “desarrollo de capacidades para grupos independientes y emergentes de derechos humanos”, así como actividades propagandísticas.6
Son múltiples los antecedentes del financiamiento entregado por la USAID, a proyectos contrarrevolucionarios de todo tipo. Por ejemplo, entre 1998 y 1999, entregó más de 6 millones de dólares en equipamiento, a grupos opositores. En el período 2001-2006, asignó 61 millones de dólares a 142 proyectos, algo similar a lo financiado entre 2007 y 2013, cuando desembolsó 120 millones de dólares a 215 proyectos. Otros casos relevantes fueron Zunzuneo y las becas World Learning, pues el primero pretendía crear una red digital para hacer un llamado a la desobediencia civil, y el segundo, preparaba a líderes jóvenes para impulsar el cambio político.7
El presente trabajo aporta nuevos elementos sobre la existencia de una estrategia de boicot a la cooperación médica cubana y la exportación de servicios de salud, y demuestra que, en este tema, Biden es un continuador de las medidas implementadas por el gobierno de Donald Trump.
El objetivo es analizar el rol específico que le ha sido asignado a la USAID, por la administración Biden, para atacar a las brigadas médicas cubanas.
DESARROLLO
Las brigadas médicas cubanas, atacadas por Biden, como mismo hizo Trump
El presunto fortalecimiento de los sistemas nacionales sanitarios, fue una de las áreas identificadas por la administración de Biden para influir en la región latinoamericana, ante el empuje de China. Esta oportunidad se puso de manifiesto, sobre todo después del azote de la pandemia, cuando el sector de la salud fue sobrepasado y evidenció su precariedad. Entendiendo ese contexto, pero con motivaciones absolutamente políticas, Biden propuso en la IX Cumbre de las Américas, el Plan de Acción en salud y de resiliencia de las Américas hasta el año 2030, y la conformación de la Fuerza de Salud de las Américas.5
Las propuestas son inviables, pero hay un aspecto de mayor relevancia, pues, aunque se justificó la exclusión de Cuba por no cumplir con los estándares de democracia y derechos humanos, su ausencia responde a una intención de restarle protagonismo en el ámbito regional de la salud. Este aspecto constituye un indicio de que la estrategia de influencia para el área, coincide en este punto, con la estrategia particular para los convenios médicos cubanos, y al mismo tiempo, revela un cambio sutil en la concepción de Biden con respecto a su predecesor, Donald Trump.
Sin embargo, el maridaje estratégico Biden-Trump no está en tela de juicio, y puede afirmarse incluso, la continuidad. Esto puede verse claramente en el hecho de que el presidente de EE. UU. reconoce la necesidad de boicotear a los convenios cubanos de salud en el exterior, como vía expedita para afectar sustancialmente los ingresos de Cuba.6
Biden mantiene una línea similar a Trump, aunque en algunos aspectos lo supera. Trump regresó a Cuba, al Nivel 3, en el Informe sobre la Trata de Personas,10,11) con el argumento de que existen manifestaciones de esclavitud moderna en sus misiones médicas. Biden, por su parte, mantiene a Cuba en idéntica categoría,8,9 al reiterar la existencia de:
“…una política o patrón gubernamental para beneficiarse de los programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, en particular su programa de misiones médicas en el extranjero”.8)
Curiosamente, su principal impronta aquí es el incremento considerable de la extensión del texto en el informe. Además, Trump identificó al Ministerio de Salud Pública y a la Unidad Central de Cooperación Médica, como los responsables de la “trata de personas”,10,11 pero Biden adicionó al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera,8,9 en clara alusión a que lo preocupante para ellos es la captación de divisas y no la defensa de los derechos humanos.
La continuidad Biden-Trump es tan clara, que para entender la estrategia del actual presidente, hay que recurrir al principal aporte de su predecesor, la asociación simbólica que se hizo en el discurso político y periodístico, entre esclavitud moderna y convenios de salud cubanos de cualquier modalidad.4 Este hecho tuvo sus orígenes en Brasil, cuando en 2017 se inició un fenómeno de demandas interpuestas en tribunales, por parte de profesionales que habían abandonado misiones.12) Algunas sentencias concluyeron que la labor de esos médicos se “equipararía a una especie de trabajo esclavo”.13 En ese contexto, ocurre la victoria electoral de Jair Bolsonaro, elemento que terminó de inclinar la balanza hacia la retirada de la brigada médica, con la consiguiente afectación económica por los ingresos dejados de percibir. Lo descrito, demostró que se podía lograr el cierre de misiones, y que la esclavitud como línea de mensaje, contribuía a ello. En 2019, también se terminó la presencia en Honduras, El Salvador, Ecuador y Bolivia.4
Sin embargo, imponer la línea de mensaje de esclavitud moderna no solo precisa de una amplia maquinaria mediática, sino también de que se disponga de un flujo informativo constante, y más o menos creíble. Esta tarea Trump se la asignó a la USAID, la que en 2019, lanzó un programa dirigido a agrupaciones que “investigarían, recopilarían y analizarían” información relacionada con el accionar médico cubano en el exterior, con un financiamiento de 3 millones de dólares.4
Pero la mejor manera de entender el alcance del programa de la USAID, es siguiendo el rastro del dinero. De los 3 millones, uno fue asignado a la derechista organización no gubernamental, Fundación de Víctimas del Comunismo. Con tal financiamiento, lograron varias cosas, como la publicación el 25 de diciembre de 2019, del artículo Cuba comunista esclaviza a los médicos, en The Wall Street Journal. El 2020 fue todavía más intenso, pues el 24 de marzo patrocinaron un evento “sobre los abusos de los programas médicos en el extranjero de Cuba” y el 22 de julio, enviaron una carta amenazante a la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a quien le precisaron que “es necesario asegurar la rendición de cuentas por los errores cometidos contra las víctimas y reparar la confianza en la OPS”. De conjunto con otras dos organizaciones, el 15 de junio publicaron el informe Trabajo forzoso/forzado (trata de personas) por el estado cubano de trabajadores temporales en el exterior en misiones médicas internacionalistas.4
No obstante, el trabajo de la USAID no se limita al financiamiento de las agrupaciones que intentan desacreditar a las brigadas médicas, sino que sus funcionarios, también participan directamente en la articulación de la campaña propagandística. En ese sentido, uno de los personajes más destacado fue John Barsa, quien ocupó el cargo de administrador asistente de la USAID. En 2019, participó en la conferencia de prensa Un llamado a la acción: Relatos de primera mano de abusos en las misiones médicas en el extranjero de Cuba (26 de septiembre). En 2020, estuvo presente en las conferencias de prensa Crímenes de Lesa Humanidad en Cuba (7 de mayo) y La oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas (18 de diciembre), así como el programa contrarrevolucionario de Internet, Ola Otaola (7 de mayo).4
El accionar de la USAID no solo fue amplio, sino también efectivo, por lo que no es de extrañar que Biden vuelva por los mismos pasos.
La USAID y su programa Combatir el trabajo forzoso en las misiones médicas cubanas
El 12 de julio de 2023, la USAID publicó su Aviso de Oportunidad de Financiamiento Número 7200AA23RFA00014, con el título Combate al Trabajo Forzoso en Misiones Médicas Cubanas, como se referenció en el Editorial Un nuevo proyecto estadounidense contra las brigadas médicas cubanas. Aunque en el momento en que se redacta este artículo, todavía no se han hecho públicos los resultados, el proceso de recepción de proyectos cerró el 12 de agosto.6
La fecha de lanzamiento de la iniciativa tiene lugar en el tercer año de mandato del presidente Biden, de manera similar a como ocurrió durante la administración de Trump. En términos generales, ambas convocatorias son parecidas, pero tienen una diferencia en el monto a asignar, pues cada solicitante podría recibir hasta 2 millones de dólares, y el número de beneficiarios es de 2 candidatos, por lo que en total, se asignaría 1 millón de dólares más.6
Haciendo un paréntesis relacionado con el tema financiero, se destaca que el 18 de octubre de 2022, la USAID informó que entregaría un donativo de ayuda humanitaria con motivo del devastador paso del huracán Ian, por la región occidental de Cuba. Concretamente, lo donado tendría un valor aproximado de 2 millones de dólares, solo la mitad de lo que en esta ocasión destinarán a desprestigiar a las brigadas médicas. Este hecho por sí solo, permite determinar cuáles son las verdaderas prioridades e intereses de esa agencia federal estadounidense.7
Sobre el programa, el primer elemento que evidencia su nocividad, es que se sustenta en tres instrumentos jurídicos que forman parte de la columna vertebral del bloqueo: la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, la Ley de la Democracia Cubana de 1992 y la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Libertad) de 1996. La primera, autoriza al presidente de Estados Unidos a establecer un “embargo” total del comercio con Cuba, al tiempo que prohíbe el otorgamiento de ayuda al gobierno cubano, no así, a sus opositores. La segunda y la tercera, otorgan autoridad para brindar asistencia y otro tipo de apoyo a individuos y organizaciones que se opongan al gobierno.6
O sea, se autodestruye moralmente, un programa que dice defender los derechos humanos de una población, cuando lo que realmente hace, es arreciar el bloqueo sobre ese mismo pueblo. Aunque lo nieguen, el sistema nacional de salud se sostiene en buena medida por los ingresos captados por la exportación de servicios médicos, y en un país socialista, el acceso a las instituciones sanitarias, es gratuito y universal.
Pero no podía ser de otra manera, porque el programa es parte de la Asistencia Exterior de EE. UU. para Cuba, la que tiene como objetivo primordial, el financiamiento de “actividades que amplíen los derechos civiles, políticos, religiosos y laborales” de los cubanos; o lo que es lo mismo, la destrucción de la Revolución. Hipócritamente, aseguran que con estas acciones estarían promoviendo “un país estable, próspero y libre”, lo que no es posible si se corta el flujo de divisas que sostiene la vida económica y social de una nación.6
Pero van todavía más lejos, al reconocer que Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, sin hacer la más mínima alusión al férreo bloqueo. Y lanzan en este acápite, una de las líneas de mensajes preferidas, la que asegura que el gobierno cubano es el responsable de la precariedad del país, por no saberlo conducir. Esa se enlaza con otra, que el dinero proveniente de los convenios médicos, no se reinvierte en el sistema nacional de salud, pese a la ganancia de “miles de millones de dólares anualmente con la exportación y reexportación de bienes y servicios, incluidos sus trabajadores médicos”.6)
Pero si en algo fueron sinceros, es que el boicot a la exportación de servicios de salud, y con ello, el corte del flujo de divisas, queda prácticamente explícito en el programa. De hecho, y en correspondencia con la estrategia de Biden para la región latinoamericana, definen como prioridad al hemisferio occidental, particularmente a aquellos países donde hay misiones médicas activas, o donde los gobiernos locales están considerando nuevos acuerdos con el gobierno cubano.6 Aquí, la diferencia de Biden con Trump, es que este último se basaba casi exclusivamente en las presiones de todo tipo, mientras el actual presidente, hace promesas como su Plan de Acción en salud y de resiliencia de las Américas hasta el año 2030, y la conformación de la Fuerza de Salud de las Américas.5
Si bien las tres leyes que forman parte esencial del bloqueo, dan forma jurídica al programa, Biden se justifica a partir de los planteamientos que se incluyen en el Informe sobre la Trata de Personas. A veces en Cuba se tiene la percepción de que ese tipo de documentos periódicos no tienen utilidad práctica, o que no afectan directamente al país, pero como en este caso, se evidencia que ello no es cierto. El solo hecho de mantener al país en el Nivel 3,8,9 justifica la erogación de 4 millones de dólares para el trabajo subversivo. En este punto, la administración de Biden no aporta elementos discursivos novedosos, pues repite que “el gobierno cubano firma contratos lucrativos para enviar brigadas médicas a otros países en un intento de comprar buena voluntad y apoyo”, pero al hacerlo, “viola los derechos básicos de estos trabajadores médicos”.6
Queda claro que el objetivo general del programa es combatir al supuesto trabajo forzoso en las misiones médicas de Cuba, “a través de una mayor documentación de los abusos de los derechos humanos y la promoción nacional e internacional”.6 Esto adelanta que podría suscitarse en la región latinoamericana, un movimiento anticubano similar al que ya tuvo lugar en tiempos de Trump,4 como está ocurriendo ya en México.
Pero, ¿qué busca el programa, más allá de documentar presuntas violaciones de los derechos humanos? Se pudiera definir en dos direcciones, por una parte, la ya mencionada identificación de personas, preferiblemente que hayan abandonado misiones, y que estén dispuestas a aportas testimonios que denigren a los convenios de salud. Lo anterior, además de proporcionar “nueva documentación sobre violaciones de derechos humanos”, permitiría desarrollar e implementar campañas mediáticas, desarrollar y distribuir materiales sobre indicadores de trata de personas, y desarrollar planes de promoción y recomendaciones para informar a los legisladores en los gobiernos nacionales y organismos internacionales sobre los abusos de los derechos que se cometen contra los trabajadores cubanos.6
Sin dudas, lo anterior también es una continuidad de las acciones subversivas llevadas a cabo por la administración de Trump, pues durante su gobierno se impulsaron debates en los órganos legislativos; se incrementó el rechazo de las asociaciones gremiales médicas; los principales medios desacreditaron el mecanismo que permitía la presencia de los profesionales cubanos y se buscaron subterfugios legales para impedir la continuidad de los contratos.4
La otra dirección que asume el programa, y es quizás la más importante, es la necesaria oxigenación de la campaña mediática, y de la estrategia de boicot propiamente. El fenómeno de la cooperación médica y de la exportación de servicios de salud, responde, sobre todo, a una realidad sanitaria de déficit de personal e infraestructura en la región. Por ese motivo, y en correspondencia con que esas condiciones objetivas no van a cambiar en el futuro inmediato, surge la necesidad de asumir estrategias flexibles, atemperadas a los tiempos y que tengan la capacidad de regenerarse. Por lo tanto, EE. UU., más que testimonios, busca “ideas innovadoras, únicas y creativas”, y personal para llevarlas a cabo.6
Y para que no se tenga dudas de que nada es dejado al azar, la USAID realiza coordinaciones periódicas con el Departamento de Estado y otros donantes como la Fundación Nacional para la Democracia, “para evitar la duplicación de esfuerzos”. O sea, garantizan que las acciones de este programa “estén bien coordinadas” con otros proyectos existentes,6) como el Programa Cuba - Derechos Humanos, al que la propia USAID le asignó el 30 de junio de 2023, un presupuesto entre 4 y 10 millones de dólares, para dos años.14
Se conoce que el gobierno de EE. UU. no financia proyectos que no contribuyan sustancialmente a la consecución de sus objetivos superiores. Encaminado a ello, se centran únicamente en solicitudes provenientes de organizaciones reconocidas y con un amplio historial subversivo, estadounidenses o no.6 Esto se hace con dos objetivos, garantizar la experiencia en este tipo de actividades y premiar a los mercenarios. Agréguele, que el proyecto debe tener dos personas claves con experiencia en proyectos similares, sobre todo de democracia en Cuba, durante 10 y 5 años, respetivamente.6
Sin embargo, el elemento más llamativo del programa Combatir el trabajo forzoso en las misiones médicas cubanas, es su implementación encubierta, porque algunas de las cosas que se mencionarán forman parte habitual del trabajo de las agencias de inteligencia, y no de cooperación.
Por ejemplo, el solicitante de fondos está obligado en su candidatura, a esclarecer la manera en que va a mitigar “los riesgos inherentes de implementar un programa de este alcance y complejidad”. Estos riesgos se producen cuando las personas involucradas viajen a Cuba, una condición casi obligatoria por parte de la USAID. Incluso, el Departamento del Tesoro otorgó una licencia general para cubrir a los beneficiarios/subbeneficiarios de USAID durante sus viajes a Cuba, y los gastos en los que puedan incurrir mientras realizan las actividades.6
“Debido a la sensibilidad política”, ninguno de los materiales que se distribuyan en el territorio cubano, debe mencionar a la USAID, la que no se responsabiliza con “ninguna lesión o inconveniente que sufran las personas” que viajen. Existe además una cláusula especial de responsabilidad de viaje para Cuba, donde “el Beneficiario no responsabilizará a USAID por lesiones, muerte, detención, encarcelamiento, secuestro, pérdida de propiedad, daños”.6
Casi cínicamente, recomiendan prestar mucha atención a la selección de esos consultores y viajeros, siendo conveniente que:
“…hablen español con fluidez, posean una comprensión sólida del contexto cultural y tengan experiencia previa en la isla, para maximizar su efectividad en este entorno operativo único”.6
Un último detalle, y que evidencia la prioridad que en la estrategia subversiva le conceden al trabajo con grupos minoritarios, es que las propuestas que se presenten, deben especificar la manera en que van a “garantizar la representación equilibrada de personas marginadas, incluidos jóvenes, mujeres, LGBTQI+ y afrocubanos, en las actividades del programa”.6 Este aspecto evidencia, que pese a que se aborda la estrategia de boicot a los convenios médicos cubanos, esta se inserta dentro de una mayor, que es la que se dirige al derrocamiento de la Revolución.
Pero, aunque el objetivo principal del artículo es el análisis del programa Combatir el trabajo forzoso en las misiones médicas cubanas, no puede decirse que se trate de la primera acción de la USAID contra las brigadas, durante la administración de Biden. De hecho, en septiembre de 2022, el analista mexicano Katu Arkonada, denunció que Margarita Guerra, Directora de Programas de la oficina para América Latina y el Caribe, coordinaba el financiamiento de una campaña para boicotear la presencia de los médicos cubanos en México.15
La cara pública de dicha campaña es el senador del Partido Acción Nacional, Julen Rementeria, quien tiene estrechos vínculos con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.15) Esta última tiene una línea de trabajo denominada Tráfico Humano, dedicada a realizar denuncias sobre el presunto trabajo esclavo de que son víctimas los profesionales de la salud cubanos. Realizan además importantes acciones de influencia para restablecer el Programa de Admisión de Profesionales Médicos Cubanos y ofrecen ayuda jurídica a quienes que abandonan misiones.4
La imbricación entre la USAID y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en 2023, dio un giro todavía más llamativo, pues en mayo, el directivo de la USAID, John Barsa, fue designado su director ejecutivo. Con anterioridad había sido Subsecretario Interino en el Departamento de Seguridad Nacional y miembro de las Fuerzas Especiales y Asuntos Civiles, en las unidades de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, por lo que no es difícil entender los métodos de trabajo encubiertos de la USAID.16
En 2024, tendrán lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las cuales, hasta ahora se dirimirá la permanencia de Biden en la Casa Blanca, o el regreso de Trump. De cualquier manera, el futuro para las brigadas médicas cubanas, desde la óptica de la subversión, seguirá siendo el mismo, el boicot liderado por la USAID.
La USAID es la agencia federal de EE. UU. que financia e impulsa la campaña mediática contra las brigadas médicas cubanas, la que a su vez forma parte de una estrategia de boicot a las exportaciones de servicios de salud, para cortar los ingresos por esa vía. Actualmente, la principal línea de mensaje que manejan, es que esos convenios promueven el trabajo esclavo, por lo que implementan un programa de búsqueda de testimonios y nuevas iniciativas, para oxigenar la campaña. Pese a que la administración de Joe Biden ha colocado sus propios matices al boicot, se aprecia una significativa continuidad con lo hecho contra los convenios médicos internacionales cubanos, por su predecesor, Donald Trump.
