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INTRODUCCIÓN
En el siglo xxi, la riqueza se concentra de una manera escandalosa y las desigualdades sociales crecen sin ningún freno a nivel global, con el agravante de que la fuerza propia del capital que se alimenta a sí mismo, aun sin el suficiente respaldo del crecimiento económico, lleva a la sociedad a un retroceso en los términos de las relaciones sociales y culturales, incluyendo las relaciones democráticas entre ciudadanos (Piketty, 2014). Según Suárez-Cao (2013), la aparición y consolidación de formas de operación política excluyentes, que inciden directamente en el acceso de la sociedad a recursos de poder (derechos, participación política, cargos políticos, entre otros), en el marco del funcionamiento y evolución de los sistemas políticos, se constituyen en expresiones identificadas de esto último (Braig, Costa y Göbel, 2015; Navarrete, 2016).
En este contexto, la extensión de la concentración del ingreso, la riqueza y el capital hacia la concentración del poder político, como condición para garantizar la expansión de las relaciones sociales de producción y poder capitalistas a escala global, pareciera constituirse en una importante dimensión del Proyecto Neoliberal en el siglo xxi. Un fenómeno entre cuyas condicionantes-expresiones se encuentran la integración de los actores, espacios, mecanismos e instrumentos de disputa por el poder desde los ámbitos económico, político y cultural, a partir de la inserción creciente de la sociedad civil en ellos.
Esta inserción -diferenciada desde dos posiciones: de una parte, como sujetos protagónicos del ejercicio de la política y, de otra, como actores subordinados en el mismo a las disputas de poder de los diferentes sectores del capital, de manera consciente o no- se produce a escala nacional, regional y hasta internacional. La corporativización del conocimiento, como una de sus bases más importantes, así como la corporativización de la política, expresando los alcances que se logran desde la primera en el empoderamiento y protagonismo de grandes empresarios, corporaciones transnacionales y gremiales empresariales en función de la defensa de sus intereses, constituyen imprescindibles objetos de análisis, alrededor de los cuales se estructurará este trabajo. Se parte de asumir como grupos que constituyen a la sociedad civil a logias, sindicatos, partidos, órdenes religiosas, redes familiares-comunitarias-religiosas-académicas, masonería, grupos y gremiales empresariales, otros gremios, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, organizaciones juveniles y estudiantiles, corporaciones nacionales, transnacionales y globales, entre otras.
1. NEOLIBERALISMO, CORPORATIVIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO E INSERCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS DISPUTAS POR EL PODER POLÍTICO DESDE EL SIGLO XX
La crisis de acumulación de capital que se registró en la década de 1970 sacudió a todos. La clara amenaza política a las élites económicas y a las clases dominantes se reveló tanto en los países de capitalismo avanzado, como en los en vías de desarrollo (Harvey, 2007). La crisis mostró la necesidad de una acción más directa del capital en pro de los procesos de organización y funcionamiento de la sociedad y los Estados-nación, así como en la construcción permanente de consensos para legitimar las propuestas en función de tales objetivos. Tres ámbitos de acción social se trabajaron en función de ello: la sociedad civil, los mecanismos de poder del Estado-nación y el sistema internacional de instituciones que se constituyeron después de la Segunda Guerra Mundial en fundamento del orden internacional. El objetivo estratégico fue promover los ajustes o cambios necesarios para garantizar la libertad del mercado, en otras palabras, eliminar cualquier obstáculo presente o potencial para la realización de los intereses del capital en su proceso de expansión global.
La construcción, divulgación e internalización de la utopía liberal como clave de éxito a escala social ha sido destacada como uno de los factores más importantes del proyecto que se ha aplicado para lograr el fin antes expuesto. En tal sentido, se destaca el enunciado de Hayek que refirió la necesidad de construir utopías liberales para promover el liberalismo como estilo general de pensamiento, análisis e imaginación y ocupar los espacios que, a través de la actividad utópica o utopizante, sustentaron gran parte del vigor de la izquierda y de su dinamismo histórico (Foucault, 2007). Esta idea y la elección de los espacios de gestión de la economía y el progreso social para incidir en todos los niveles necesarios al cambio se constituyen en principios articuladores del proyecto neoliberal. Como dijera Margaret Thatcher: «la economía es el método [...], pero el objetivo es cambiar el alma» (Harvey, 2007, p. 9); y este es un proyecto que incluye como fundamento principal transformar todos los campos de la vida social, superando los límites de un proyecto económico-político y alcanzando los de un modelo civilizatorio cuyo eje transversal ha sido la cultura.
El componente gnoseológico desde el que se construyeron las fórmulas neoliberales incluyó entre sus líneas de acción la instrumentalización del conocimiento en función de los ajustes de visiones sociales, políticas públicas y modelos de gestión; la eliminación de la historia como evidencia de los impactos positivos y negativos, indistintamente, de la aplicación primero del modelo del estado de bienestar y luego de las propuestas neoliberales; así como la deconstrucción del pensamiento crítico, como matriz metodológica-analítica de totalidad social y como posibilidad de construcción de alternativas a la lógica del capital.
La corporativización del conocimiento y las ideas, de matriz inicial estadounidense en el siglo xx, ha sido destacada como uno de los procesos más importantes en las líneas de trabajo antes enunciadas. En tal sentido, con sus antecedentes en la promoción de organización de la clase empresarial y la articulación alrededor de sus necesidades gnoseológicas de universidades, tanques de pensamiento, así como de la iglesia evangélica como factor de movilización y legitimación social, la fuerte dimensión ontológica del proyecto neoliberal estadounidense ha sido probada en la práctica histórica, a través de las capacidades demostradas para incidir en la orientación de la conducta de los seres humanas,
para captar su atención y motivar su acción a través del trabajo orientado a la racionalidad y los valores (Vázquez, 2019a).
La corporativización del conocimiento se ha mostrado en el siglo xxi como un proceso global. Se considera como expresión de la organización de la producción del conocimiento, a partir de que los creadores de ideas se agrupan de manera corporativa como investigadores en los tanques de pensamiento, adquiriendo un papel de vendedores de ideas entre universidades, puestos públicos y centros de investigación (Parraguez, 2016). En este contexto, la importancia de estos centros de investigación se fundamenta desde su función de generar las ideas que sustentan la influencia política y aseguran la permanencia de la élite, de la cual los tanques de pensamiento ya forman parte. La concentración del ingreso y la riqueza desde sus propias funciones en el sistema de dominación, la internacionalización de las relaciones de producción capitalistas a escala global y el despliegue de redes para la construcción de hegemonía como medio más eficaz de consolidar y legitimar su dominio, se constituyen en importantes cimientos para el despliegue de su acción.
Con gran impacto en la capacidad de trabajar la cultura, la racionalidad y los valores como fundamento de la conducta social, de la construcción de los proyectos de vida individual, familiar y de ideales de sociedad -variables todas de indudable peso para orientar la participación política y ganar espacios en la disputa por el poder, entre los resultados más importantes de su acción- puede identificarse la desideologización y el alineamiento político de la sociedad alrededor de las disputas de poder de los diferentes sectores del capital.
El despliegue de lo conocido como la geopolítica de la sociedad civil desde los años 80 del siglo xx, cuando el contexto de la globalización, la homogenización de los discursos en la Internet y el despliegue de las telecomunicaciones propendió a que en el mundo globalizado la identidad entre individuos aislados, más allá de la cercanía geográfica, se constituya en la base de fuertes coaliciones que en determinadas circunstancias pueden ejercer una presión decidida (Fortich, 2006) y haya contribuido al logro de tales resultados. Por otra parte, se ha sumado el creciente rol de consentimientos o liderazgo cultural e intelectual en la construcción de hegemonía, en especial, de aquella que se despliega por una clase en particular, fracción de clase o estrato o grupo social como parte de un proyecto mayor de gobierno, de clase o dominación de clase (Robinson, 2015). En tal sentido, la corporativización del conocimiento ha tenido impacto a escala nacional, regional e internacional en aspectos de organización de la sociedad, funcionamiento de los Estados-nación y del sistema de relaciones internacionales.
Las instituciones financieras internacionales y otras de este mismo rango de acción, promoviendo la matriz racional que identifican a la economía de «libre mercado» como requisito obligado para alcanzar el desarrollo y sortear las vicisitudes de las recurrentes crisis financieras, se han convertido en imprescindibles para la aplicación de las fórmulas del proyecto neoliberal a escala nacional, territorial, regional e internacional, así como de la inserción y articulación de sus actores en tales niveles de acción. Fundaciones de matriz y procedencia oligárquica en función de «asesoría» a instituciones del Estado, a la formulación de sus políticas públicas, el fortalecimiento de sus instituciones y la construcción de sus planes de desarrollo a nivel nacional y local han sido medios para cooptar la participación ciudadana, instrumentalizar la participación social y descapitalizar ideológicamente a la sociedad.
Los modos de acción antes referidos han tenido entre sus impactos el secuestro del rumbo de proyectos políticos, económicos y sociales progresistas, cuando no ha existido un pensamiento crítico-creativo articulado a los programas de transformación. La opinión pública generada en función de ello se ha fundamentado en líneas de mensajes que catalogan como corruptos a los políticos, así como improcedentes -técnica y moralmente- a los gobiernos que los mismos encarnan para generar el progreso. Sobre esta base, postulan, como única vía para ello, el emprendimiento individual liderado por empresarios, supuestamente los únicos con experiencia para orientar el camino al desarrollo, así como la promoción del uso de matrices racionales e instrumentos técnicos de matriz neoliberal como los efectivos para obtener progreso y democracia a nivel social.
Como parte de este esquema, la gobernanza corporativa -entendida como la relación entre los cambios necesarios en la institucionalidad, las estructuras del Estado y el gobierno para garantizar el desarrollo económico- ha servido para promover el modelo de democracia procedimental y el índice de participación política electoral que garantiza la asignación de roles a Estado, mercado y sociedad, potenciadores de la continuidad del proyecto neoliberal del siglo xx.
La intervención de los espacios de organización, participación social y política ha constituido parte importante de los fundamentos para el despliegue de la corporativización de la política. Esta intervención ha resultado de la instrumentalización de la participación social, la cooptación de la participación política, la proliferación de nuevos tipos de partidos y movimientos ciudadanos con capacidad para agrupar a la sociedad alrededor de las disputas de poder de los diferentes sectores del capital y favorecer la inserción cada vez más activa de empresarios, corporaciones y gremiales empresariales en espacios de disputa y ejercicio del poder político.
Se concibe la corporativización de la política como la ampliación de los espacios y actores del ejercicio directo de la política desde la articulación de empresarios, sus fundaciones, gremiales empresariales, corporaciones y -en calidad de estas últimas- medios de comunicación, tanques de pensamiento e iglesias, en las disputas de poder que tienen lugar a escala nacional, territorial e internacional. A su vez, ha dado paso a la aparición y consolidación de formas de operación política excluyentes, que inciden directamente en el acceso de la sociedad a derechos, participación política, cargos políticos, entre otros, y que condicionan la concentración del poder político de forma legal en el marco del funcionamiento y evolución de los sistemas políticos.
La internacionalización de las relaciones de producción capitalistas a escala global, junto al ajuste necesario de los mecanismos de dominación para favorecer su despliegue, se han constituido en fundamento estructural de base para la legalización y legitimación de tal fenómeno a nivel internacional.
2. CAPITALISMO GLOBAL, CORPORATIVIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y CONCENTRACIÓN DEL PODER POLÍTICO EN EL SIGLO XXI
En el siglo xxi, el incremento de presidentes empresarios, gremios empresariales en funciones de gobierno, a través de las redes de gobierno abierto, tanques de pensamiento de matriz neoliberal que asesoran la «modernización» de políticas públicas, el ajuste de leyes, el fortalecimiento institucional, el «perfeccionamiento» de las formas de gobierno, y demás, ha revelado la capacidad y el alcance de la acción directa de grandes empresarios y corporaciones transnacionales en el ejercicio de la política, especialmente en el ajuste de los mecanismos de dominación en función de ello.
La visión del capitalismo global como fundamento estructural del fenómeno se asienta, especialmente, en la forma en que se configura la relación producción-territorialidad y las exigencias que en este contexto exige el despliegue de la acción de lo que se define como clase capitalista global (Robinson, 2007). Se concede esta definición porque:
Su formación de clase se vincula menos al territorio.
Sus intereses radican en la economía mundial como un todo y en un sistema de propiedad privada internacional que permite el libre movimiento de capital entre los países.
Su despliegue se apuntala desde la labor de Estados-nación.
Está constituida por grandes monopolios transnacionales por su alcance y la escala de sus operaciones, pero inocultablemente «nacionales» cuando se atiende al origen de su propiedad, el destino de sus ganancias, los marcos jurídicos elegidos para dirimir controversias y la composición de su elenco directivo.
Entre los elementos que ha exigido la inserción de la clase capitalista y, en especial, de la clase capitalista global en los espacios de disputa por el poder político y su ejercicio directo puede ubicarse la necesidad de acceder libremente a recursos naturales y humanos, en un contexto en el que Amin (2017) ha destacado que la ley del valor, analizada a ese nivel, supone la integración de los mercados a escala mundial, solamente, en las dos primeras de sus dimensiones: los mercados de productos y de capital tienden a ser mundializados, mientras que los mercados de trabajo permanecen segmentados.
Para hacer posible el acceso de la clase capitalista a todos aquellos recursos que requiere la reproducción ampliada de sus relaciones de producción, incluyendo recursos naturales, culturales y otros, el ajuste del marco jurídico a nivel global se ha encaminado desde dos procesos:
La adquisición del estatus de sujeto del derecho internacional de las corporaciones.
El ajuste de las leyes nacionales para garantizar su entrada a cada territorio y la defensa de sus intereses frente al legítimo ejercicio de soberanía de sus Estados y sociedades.
En el primer caso, los modernos acuerdos comerciales -promovidos como parte de la política exterior de Estados-potencias- son considerados como instrumento ideal en la creación de un reordenamiento jurídico transnacional que confiera a las corporaciones transnacionales un lugar como sujeto del derecho internacional. Este reordenamiento no significa el retiro del Estado, sino el crecimiento del papel de las corporaciones en la concertación internacional, desde una integración que remueva las trabas para el comercio y brinde plenas garantías y libertades al capital (Regueiro, 2008).
En el segundo caso, se destaca la proliferación de «sitios constitucionales» y del pluralismo constitucional como «tendencia posnacional». Según Serna de la Garza (2010), entre los rasgos de tales fenómenos se han identificado los siguientes:
Los principios centrales del derecho internacional se refieren a las formas del poder político y las limitan.
Algunas reglas del derecho internacional desempeñan funciones constitucionales con respecto a los ámbitos internacional y nacional.
La incidencia de este fenómeno sobre el principio democrático consagrado por las Constituciones de los Estados nacionales ha sido objeto del debate académico a nivel internacional. Desde Estados Unidos, una escuela crítica de la influencia del Derecho internacional en este tema alega la incidencia del constitucionalismo global en la alteración del equilibrio constitucional doméstico en el área de derechos humanos y, a través del empalme del Derecho internacional, con la sección de la Constitución que se refiere a las estructuras de legislación, interpretación y aplicación del Derecho. Desde Europa, se destaca el hecho de que el Derecho nacional, antes considerado como expresión de la voluntad del pueblo, implementa cada vez más reglas internacionales que resultan de un proceso internacional diferente de los procesos que ocurren bajo las constituciones domésticas.
En América Latina, las denuncias al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), primeramente de Bolivia en el 2007, seguida por Ecuador en 2009 y Venezuela en 2012, han colocado la necesidad de valorar -desde los debates en el ámbito político y académico- la incidencia de la capacidad de decisión que asumen los actores no gubernamentales en la posibilidad de socavamiento del poder normativo y regulatorio de los gobiernos en ámbitos de especial sensibilidad, con una afectación importante a los servicios públicos esenciales para los ciudadanos de estos Estados (Cremades y Cairos, 2002, p. 7; Cremades, 2004, pp. 20 y 46, Fernández, 2013, p. 10, citados por Bertot, 2017).
La expansión global de un modelo constitucional ha situado, entre sus bases:
La interacción estratégica entre élites políticas, económicas y «lideres judiciales» que en sus respectivas sociedades son grupos hegemónicos, pero que se sienten amenazados por impulsos provenientes de procesos democráticos.
El debilitamiento de las instituciones del Estado frente a grupos, individuos y organizaciones transnacionales que son capaces de «emanciparse» de la supremacía política de las instituciones estatales.
Una estrategia capitalista que busca reducir las instituciones del Estado de bienestar para incrementar las ganancias y conquistar mercados.
La americanización impulsada por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Banco Mundial (BM).
A partir del análisis de las reglas del derecho internacional con función constitucional, respecto al ámbito nacional e internacional, se ha concluido que hay un proceso de cambios estructurales en el sistema jurídico internacional, con un correlato identificado en lo denominado sistema institucional multinivel -en el que el Estado debe aprender a vivir en relación simbiótica con instituciones de la comunidad internacional en los niveles regional y universal-, así como en lo identificado como sistema político internacional con un considerable grado de autonomía junto a los Estados (Serna de la Garza, 2010).
En este entorno, las transformaciones que experimenta el rol geopolítico del Estado han sido relacionadas, en múltiples estudios, con una mayor capacidad de decisión e influencia de actores no gubernamentales como empresas económicas, centros de pensamiento, organismos financieros internacionales, entre otros. Además, se han vinculado con el procesamiento de los asuntos públicos, con la definición y orientación de políticas públicas, así como con el ejercicio directo del poder político a través de procesos redistributivos e ideológicos. En tal sentido se señala que la globalización ha llevado a que algunas funciones de gobierno como garantizar seguridad humana, libertad e igualdad - técnicamente estatales- estén siendo parcialmente transferidas hacia «niveles superiores» e incluso actores no estatales, así como que el poder político ha dejado de residir, exclusiva o primordialmente, en las instituciones de gobierno del Estado nacional y que los actores e instituciones de la economía global estén estableciendo cada vez más los patrones de la vida social.
En tales circunstancias se ha señalado que la comunidad internacional se mueve, progresivamente, de un sistema centrado en la soberanía a un sistema orientado por valores o por individuos. En este contexto, se destaca que el Estado sigue siendo el actor más importante en el ámbito internacional, pero que muchos Estados han transformado sus funciones políticas para ser los entes que más contribuyen con la expansión del modelo económico dominante, desde los imperativos de la globalización como proceso de internacionalización del capital, de sus relaciones de producción y de poder.
La legitimación y promoción del nuevo orden global del capital transnacional y lo que se ha definido como el nuevo derecho del orden global (Fortich, 2006) han actuado en los planos normativo e institucional, a través de procesos visibles en todos los terrenos referidos a un ordenamiento propio: desde el derecho de familia, transformado por las migraciones transnacionales, hasta el de las obligaciones y los contratos, hoy inmersos en redes entrecruzadas de legislaciones múltiples, pasando por el simple hecho de que hasta el derecho público está supeditado a acuerdos o directivas internacionales.
El impacto es tan alto que se valora la utilización del término globalización del derecho, donde se destaca que el derecho comercial internacional se ha incorporado en el ápice de la jerarquía del sistema jurídico doméstico. La legalización de la capacidad de las corporaciones transnacionales para interpelar a Estados-gobiernos y a sociedades en función de la defensa de sus intereses económicos ha incluido modificaciones en leyes y procedimientos legales que, con el objetivo de legitimar los procesos de control social-políticos y de garantizar su sostenibilidad en el tiempo, han impactado en los sistemas políticos y la cultura ciudadana con un nivel de profundidad que ha sido considerado como estructural.
A partir de los ajustes en la legislación laboral, la clase trabajadora y los gobiernos configuran sus posibilidades de acción frente al capital, se inscriben en una lógica que persigue delimitar la existencia y acción de los sindicatos con el interés de estandarizar el marco institucional laboral a escala global y dar paso a un proceso de crecimiento del empleo a bajos costos, en medio de una creciente heterogeneidad en las condiciones laborales en el mundo. Mientras que, de otra parte, las reformas electorales que planean incidir en la capacidad de organización, participación y representación política de la sociedad para cambiar las situaciones que las afecten son condicionadas desde su nacimiento por sugerencia de las Misiones de Observación Electoral (MOE), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Todas ellas plasman en sus informes recomendaciones específicas a los países para mejorar sus sistemas electorales y así contribuyen de manera directa o indirecta en la elaboración de los diagnósticos y/o propuestas de reformas concretas. De esta forma, la elección de un sistema electoral, que no resulta ser sencilla, tiende a hacerse a partir de los efectos que tendrán sobre el sistema de partidos, aun cuando no siempre se pueden establecer claramente las relaciones de causalidad que puedan darse entre ambos elementos. Esto revela que no siempre la elección de un sistema electoral responde a cuestiones científicas (Vázquez, 2019b).
Desde estos ajustes legales, se aportan tres actores al empoderamiento del capital transnacional: Estado nacional, partidos políticos y clase trabajadora. Las formas a través de las cuales se da este proceso se distinguen a partir de los contextos histórico-concretos y las características de los sistemas de poder económico y político que existen en los países donde actúan, pero su matriz general de despliegue se ha articulado en torno al proyecto neoliberal.
CONSIDERACIONES FINALES
El aumento gradual de la inserción de la sociedad civil en las disputas multidimensionales por el poder en el siglo xxi expresa las posibilidades que ha brindado la transformación de la estructura socioeconómica del capitalismo a nivel global, a partir de los cambios que se produjeron en su modelo de acumulación desde la segunda mitad del siglo xx, así como los ajustes en las estructuras, mecanismos e instrumentos de poder en función de garantizar la realización de los intereses del capital y las élites articuladas a este, especialmente en el siglo xxi.
La integración creciente entre los instrumentos y mecanismos de poder económico-cultural, inherentes a la clase capitalista transnacional-global con los de poder político de la derecha nacional-hemisférica-transnacional y los gobiernos imperiales, constituye una expresión de las dimensiones y potencialidades que adquiere el capital para garantizar sus necesidades de expansión y dominación en el imperialismo en el siglo xxi.
En este contexto se plantea la urgencia de ajustar-ampliar el concepto «sociedad civil» utilizado en la ciencia social para aquilatar las dimensiones y alcances que asume la dominación imperialista en el siglo xxi. También se debe concertar la noción de sociedad civil utilizada desde las ciencias sociales «para aludir a una diversidad de organismos a través de los cuales los miembros de la sociedad se integran en la actividad política y en el debate ideológico» (Pereyra, 1988, p. 3). Urge integrar los dos campos semánticos que involucran esta noción en la obra de Carlos Marx y Gramsci -la estructura socioeconómica y la organización sociopolítica-, para analizar la creciente integración entre los mecanismos e instrumentos de poder económicos, políticos, ideológicos y culturales que están presentes en la expansión global del capital en el siglo xxi y en sus modos de subordinar al resto de la sociedad civil en función de sus disputas por el poder político.
La sociedad civil dominada en términos políticos y también afectada económicamente ha resultado, en muchos casos, de manera consciente o no, subordinada ideológicamente al capital y sus disputas por el poder desde el trabajo cultural. El convencimiento de que para solucionar los problemas existentes en el capitalismo no es necesario realizar transformaciones estructurales, mucho menos aquellas dirigidas a crear las condiciones necesarias para la socialización de los procesos de apropiación de la riqueza y ejercicio del poder -históricamente asociados al socialismo- constituye un elemento básico en este importante logro. Este fenómeno es uno de los mayores desafíos que se presentan ante aquellos proyectos sociales y políticos que persiguen cambiar la situación.
Un imperativo impostergable es aquilatar en cada contexto la hondura de las transformaciones logradas, en pro de la inserción legalizada y legitimada del capital transnacional en cada nación, en los marcos institucionales y normativos-legales desde los que debería sustentarse la capacidad de Estados nacionales y sociedades para ejercer y defender su soberanía. Por otra parte, el análisis del impacto de estos ajustes en la impunidad que en ocasiones muestra la acción de las élites articuladas en función de perpetuar su poder, aún en contra de la opinión popular, del ejercicio democrático en defensa de la soberanía desde el uso de fuerzas policiales y militares nos anuncia los fenómenos en desarrollo para consolidar tal situación.
