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INTRODUCCIÓN
Las inversiones constituyen la base para la construcción de la sociedad próspera y sostenible a que se aspira. En su evaluación resulta necesario considerar no solo la viabilidad técnico-económica que reportará a sus promotores o inversionistas, sino también su contribución al bienestar de los ciudadanos, al desarrollo económico y social del país.
Se ha reconocido en diversos foros que uno de los problemas que atenta contra la eficiencia y la eficacia del proceso inversionista en Cuba es la demora en el diseño y evaluación de los proyectos, tanto por los hacedores de los estudios de preinversión como por los entes facultados para su aprobación. También influye la calidad de esos estudios, la capacidad para centrar los análisis en los temas medulares que condicionan la factibilidad de la inversión.
Considerando lo anterior, en el presente trabajo se recogen experiencias internacionales y nacionales de la evaluación social que forma parte de los estudios que sustentan la viabilidad de las inversiones, tomando en consideración sus efectos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y otros, con el objetivo de profundizar en su análisis y formular algunas propuestas de acciones que pueden contribuir a la mejora de este proceso y por tanto en la eficacia del proceso inversionista.
Además de la revisión de bibliográfica sobre el tema y del estudio de las normativas nacionales, se incorporaron valoraciones realizadas por expertos de organismos internacionales y la experiencia en la prestación de servicios de consultoría para la evaluación de inversiones con diversas fuentes de financiamiento y, por tanto, de requerimientos de diferentes instituciones.
GENERALIDADES SOBRE LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Una inversión es el gasto de recursos financieros, humanos y materiales con la finalidad de obtener ulteriores beneficios económicos, sociales y medioambientales, a través de la explotación de nuevos activos fijos tangibles e intangibles. También se consideran inversiones las acciones de rehabilitación, remodelación, reposición, reparación capital, restauración, ampliación y modernización (Consejo de Ministros, 2015); además, constituyen la base del crecimiento empresarial y del desarrollo económico del país.
Los objetivos de los proyectos de inversión están asociados a la creación, ampliación o reemplazo de capacidades para producir bienes o servicios; o a la modificación de las formas de hacerlo. A su vez, tienen finalidades públicas o privadas. La responsabilidad de las instituciones públicas inversoras es procurar que los recursos que le han sido confiados sean empleados de forma tal de maximizar los beneficios netos para el conjunto de la sociedad, es decir, maximizar la rentabilidad social de la inversión. En las inversiones privadas se busca, salvo excepciones, maximizar la rentabilidad del inversionista (Aguilera, 2011).
Previo a la ejecución de las inversiones será necesario evaluar su viabilidad mediante los estudios de preinversión, que según su alcance, momento y precisión de la información pueden ser:
Estudios de oportunidad.
Estudios de prefactibilidad.
Estudios de factibilidad.
Planes de negocios (que sustentan inicio de negocios, emprendimientos de base tecnológica, desarrollo de nuevos productos y otros).
En estos estudios, además de evaluarse la conveniencia del proyecto para sus promotores o inversionistas, resulta necesario realizar la valoración de su contribución al bienestar de la sociedad, el desarrollo económico y social del país, que es lo que se conoce como evaluación social de las inversiones. Por tanto, se debe combinar la evaluación de las inversiones con enfoque empresarial con la evaluación social, lo que cobra especial importancia cuando se está ante proyectos con fuentes de financiamiento estatal y/o se requiere aprobación de instancias gubernamentales y/o apoyo en subsidios, reducción de carga tributaria u otros tratamientos preferenciales.
La evaluación empresarial considera como ingresos y costos relevantes solo aquellos que recaen en el inversionista y que tienen efecto en sus beneficios netos. Mientras que en la evaluación social se debe contemplar la intervención pública en general. El decisor público deberá procurar que cada inversión maximice el aporte a la sociedad en su conjunto, por lo que le interesa incluir todos los beneficios y costos que el proyecto tiene para la sociedad (Aguilera, 2011).
Esta diferencia entre la evaluación empresarial o privada y la social se ilustra a través del ejemplo que se muestra en el Cuadro 1. Suponga que se proyecta la construcción de una autopista o de un vial de acceso a determinadas instalaciones.
En correspondencia con las especificidades del proyecto de inversión, dentro de la evaluación social se pueden considerar los impactos para la sociedad que se complementan entre sí (Figura 1).
Dentro de estos impactos se puede valorar:
Económicos: en qué medida el proyecto está alineado con los objetivos de desarrollo económico y social del país, sector o región y cuánto aporta a los indicadores macroeconómicos.
De mercado: valoración cuantitativa y cualitativa de la penetración de mercados nacionales e internacionales. Comprende la estructura de los ingresos por ventas en mercado doméstico e internacional, cuota de mercado, diversificación de exportaciones por productos y destinos; y en exportaciones tradicionales y no tradicionales; y otros.
En la tecnología: evaluar si introduce tecnologías avanzadas que propicien la competitividad de los bienes y servicios generados por el proyecto de inversión, el aumento de la productividad del trabajo, usos alternativos de dicha tecnología, su sostenibilidad y compatibilidad con proyectos relacionados, el incremento de productos de alta tecnología, uso eficiente de fuentes renovables de energía, registro de activos de propiedad industrial.
Sobre el empleo y los recursos humanos en general: cómo contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo, de mayor o menor calificación y su relación con las necesidades territoriales, la remuneración que obtienen, mejora de las condiciones de trabajo, la posibilidad de que obtengan certificaciones o acreditaciones internacionales que propicien la exportación de servicios.
Beneficios generados hacia adelante y hacia detrás en la cadena de suministro (encadenamiento productivo): comprende el análisis de cómo tributa el proyecto a la compra de insumos de origen nacional y la venta de bienes intermedios a productores nacionales, las ventajas o valores que añade a otras empresas o actividades en especial de sectores estratégicos del país, efecto dinamizador de otras actividades, mejoras relativas de precios para los consumidores, inserción en cadenas globales de valor, aprovechamiento de desechos de otros actores económicos.
Sobre el desarrollo territorial: posibles inversiones inducidas, desplazamiento de mano de obra y de bienes y/o servicios, mejora o afectaciones al medio ambiente, contribución a relaciones económicas y sociales intrarregionales e interregionales.
Sobre el medioambiente: impactos positivos o negativos sobre este, si las tecnologías empleadas son amigables con el mismo y contribuyen a su sostenibilidad.
Mejoras en la calidad de vida: externalidades que beneficien a la comunidad como pueden ser electrificación de una zona, construcción de viviendas, urbanización, uso eficiente de los desechos. También aquellas que generen mayor satisfacción laboral de los empleados.
Se aprecia que hay determinados costos y beneficios en la evaluación social que trascienden a quienes promueven el proyecto y, por tanto, se complejiza su determinación. Por otra parte existen efectos indirectos como pueden ser cambios en la demanda de otros bienes y servicios no directamente relacionados con el proyecto en evaluación o impactos intangibles no cuantificables, que vale la pena incorporar en el estudio.
Profundizando en el análisis a realizar sobre los impactos económicos que tiene un proyecto de inversión para la sociedad, organizaciones internacionales como el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial, el Instituto Latinoamericano de Desarrollo Económico y Social (ILPES) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) han desarrollado dos enfoques (Rodríguez, 2012):
Método del Criterio del Ingreso Nacional (CIN).
Método de Análisis de Beneficio-Costo (ABC): comprende la comparación entre los beneficios que un proyecto generará para la sociedad y todos los costos que la sociedad debe incurrir para su obtención. Este método se considera no aplicable a nuestras condiciones, dado que implica ajustar las variables económicas considerando «precios sociales o sombra» en aras de corregir las imperfecciones del mercado; y resulta poco probable encontrar estimaciones acertadas sobre los tipos de correcciones a aplicar.
El primer método considera como criterio básico el valor agregado actualizado neto (VAAN), que mide la contribución del proyecto de inversión que se evalúa al incremento del ingreso nacional, sea el producto interno bruto (PIB) o el valor nacional bruto. La diferencia entre estos dos últimos indicadores radica en que el PIB considera solo el valor agregado por los agentes económicos dentro de las fronteras del país; mientras que el segundo considera a todos los agentes nacionales, radiquen o no en el territorio nacional.
Formulación del VAAN:
Donde:
0: Valor esperado de los ingresos por ventas.
M: Valor esperado de las erogaciones para la adquisición de materias primas, materiales y servicios.
I: Costo de inversión.
RP: Pagos repatriados tales como remuneraciones de fuerza de trabajo extranjera, dividendos o beneficios de parte extranjera, intereses y otros.
a t: factor de actualización, considerando la tasa social de descuento.
En la evaluación social se aplica una tasa de descuento social dado que el costo marginal del capital para la sociedad en su conjunto puede diferir del costo marginal del capital para el inversionista privado.
A medida que mayor sea el valor del VAAN, mayor será el aporte del proyecto de inversión al PIB y por tanto al crecimiento económico del país. Este análisis resulta necesario complementarlo con otros como:
Impacto en la balanza de comercio exterior del país.
Efecto en el ingreso neto en divisas convertibles.
Efecto sobre las condiciones de endeudamiento externo del país.
Entre las tendencias internacionales para la evaluación de inversiones se identifica realizar una valoración integrada de los impactos del proyecto para la sociedad. Para ello, existen diversos modelos, entre los que se destacan aquellos que se enfocan a la sostenibilidad del ciclo de vida del negocio que valoran tres grupos de variables: económicas, medioambientales y sociales (Sánchez, 2018).
La sustentabilidad de una sociedad es una tarea compleja que incluye la optimización de la relación socio-económica-ambiental. Se debe lograr el desarrollo sostenible concebido como un proceso de creación de las condiciones materiales, culturales y espirituales que propicien la elevación de la calidad de vida de la sociedad, con un carácter de equidad y de justicia social de forma sostenida. Esto significa acomodar los nuevos proyectos de inversión o las instalaciones en funcionamiento para que los efectos adversos al medioambiente sean mínimos.
Además, en los proyectos de inversión extranjera resulta conveniente valorar cómo se contrarrestan los posibles efectos desfavorables que esta puede ocasionar, entre los que se encuentran: la incorporación de tecnologías no competitivas; generación de importaciones por encima de las exportaciones; creación de actividades nacionales que actúan como enclaves no articulados con el resto de la economía; bajo nivel de procesamiento local, afectaciones a la industria nacional y a la soberanía tecnológica en sectores estratégicos, contaminación ambiental y alto costo de facilitación de la inversión extranjera directa (IED) (Castro y Sáenz, 2021).
En el caso de las inversiones o negocios de personas jurídicas nacionales en otros países, proceso que se conoce como internacionalización de la empresa y puede conllevar a la creación de empresas multinacionales, también reviste importancia la evaluación social de la cartera de inversiones, donde se analicen los impactos que se generan en la cadena de valor del negocio y en última instancia los beneficios que recibe el país emisor objeto de análisis.
LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN CUBA
En los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución (Partido Comunista de Cuba, 2021), en cuanto al tema de inversiones se han definido las siguientes prioridades, entre otras:
Las inversiones fundamentales responderán a la estrategia de desarrollo del país a corto, mediano y largo plazo, incorporando nuevas técnicas de dirección al proceso y erradicando las causas que inciden en su ineficiencia, en particular las dificultades en los estudios de factibilidad y la preparación del personal técnico (No 67).
Priorizar las actividades de mantenimiento constructivo y tecnológico, así como las reparaciones capitalizables (No 68).
Continuar el proceso de descentralización del plan de inversiones y cambio en su concepción, otorgándoles facultades de aprobación de las inversiones a los Organismos de la Administración Central del Estado, a los gobiernos territoriales, al sistema empresarial e instituciones presupuestadas (No 71).
Las inversiones aprobadas deben recuperarse con sus resultados y realizarse, fundamentalmente, con financiamientos externos. El reembolso del financiamiento externo deberá estar acorde con la estructura de pago que genere el rendimiento de la inversión (No 72).
En lo referido a la inversión extranjera además se tienen como lineamientos:
Incrementar la participación de la inversión extranjera directa, como una fuente importante para el desarrollo económico y social del país, y en la introducción de tecnologías de avanzada (No 63).
Consolidar la Zona Especial de Desarrollo Mariel y promover la creación de nuevas, de acuerdo con el desarrollo de la economía (No 64).
Dentro del Plan de desarrollo económico y social hasta el 2030, está el Macroprograma de transformación productiva e inserción internacional que recoge las exigencias que desde la economía nacional se plantean para la evaluación social de los proyectos en particular. En correspondencia se valoran como sectores priorizados para las inversiones: la producción de alimentos, turismo, energía renovable, materiales de construcción, obras de infraestructura y la construcción de viviendas. También los proyectos de base tecnológica, basados en la gestión del conocimiento y la innovación (biotecnología, TIC, nuevos materiales y otros).
En lo relativo a la inversión extranjera en Cuba, la propia Ley que la regula (Asamblea Nacional del Poder Popular. 2014) plantea que:
La inversión extranjera en el país se orienta a la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, el acceso a tecnologías de avanzada, la sustitución de importaciones, priorizando la de alimentos. Del mismo modo a la obtención de financiamiento externo, la creación de nuevas fuentes de empleo, la captación de métodos gerenciales y la vinculación de la misma con el desarrollo de encadenamientos productivos, así como al cambio de la matriz energética del país mediante el aprovechamiento de fuentes renovables de energía.(p. 177)
Asimismo, se han aprobado políticas generales y sectoriales de conocimiento público, que precisan los intereses particulares que tiene el país en la atracción de inversión extranjera.
Como se puede apreciar, están explícitamente definidos los objetivos que el país persigue en cuanto a la orientación de las inversiones y su contribución al desarrollo económico y social del país, sector o región; lo que puede facilitar la valoración de la alineación de cada proyecto con estas políticas públicas.
En las bases metodológicas para la realización de los estudios de preinversión, dentro del contenido de la fundamentación técnico-económica se contempla un epígrafe para la evaluación social de los proyectos de inversión (Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y Ministerio de Economía y Planificación, 2022), en el que se solicita la valoración de:
Razones estratégicas de tipo económicas, sociales, tecnológicas, comerciales y financieras.
Impactos comerciales, tecnológicos, sociales y ambientales.
Impacto económico-financiero:
Este enfoque se estima que supera al de las normativas anteriores en tanto favorece un análisis integral de los impactos del proyecto de inversión para la sociedad.
Esta Resolución se aplica a las inversiones con capital extranjero y las que realizan las personas jurídicas estatales y sociedades mercantiles de capital totalmente cubano; las que pueden ser aprobadas según corresponda, por la empresa, grupos o uniones empresariales, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), Ministerio de Economía y Planificación (MEP), otros organismos, Consejo de Ministros y Consejo de Estado.
Por otra parte, se encuentran las inversiones a realizar en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) en las que se regula su aprobación por el Consejo de Estado o el Director de la Oficina de la ZEDM; y dentro de ellas se encuentra el Reglamento que establece las especificidades del proceso inversionista en la ZEDM (Ministerio de Economía y Planificación, 2017), que en el Acápite 21 del estudio de factibilidad técnico económica concibe la confección de las tablas de beneficios para el país (solo para las empresas mixtas, empresas de capital totalmente extranjero, contratos de asociación económica nacional y trabajadores por cuenta propia) y de efecto sobre las divisas.
Además, se tienen las inversiones asociadas a proyectos de desarrollo local y las que realizan las nuevas formas de gestión -micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas y trabajadores por cuenta propia- en las que para su aprobación por el ente facultado solo se exige presentar el modelo de solicitud de creación del negocio. Aunque si fueran a solicitar financiamiento a una entidad financiera, se le pueden requerir los estudios de preinversión.
En el modelo de solicitud de creación de mipymes que se presenta al Ministerio de Economía y Planificación (MEP), se contemplan datos generales del negocio propuesto y de sus socios. Si fueran a aliarse con una empresa extranjera para constituir una empresa mixta o suscribir un contrato de asociación económica internacional, entonces deben transitar por el proceso de aprobación de un proyecto de inversión extranjera en Cuba.
Dado que en la aprobación de las inversiones mencionadas y de otras posteriores a la creación de la empresa o negocio, interviene algún organismo o entidad gubernamental, y/o suelen estar implicados recursos escasos del Estado; resulta relevante ejecutar la evaluación social del proyecto con mayor o menor alcance según proceda.
Actualmente, cuando el proyecto de inversión transita por los niveles de dirección correspondientes (sea en el grupo o unión empresarial, ministerio, consejo de administración territorial u otro hasta llegar al ente facultado para su aprobación), intervienen comisiones asesoras. En el caso del MEP, MINCEX y la Oficina de la ZEDM, esas comisiones están conformadas por representantes de los diferentes organismos globales de la administración del Estado, que realizan la valoración de los temas de su ámbito de atención.
A partir de la experiencia en la prestación de servicios de consultoría y de la labor académica, se ha apreciado que:
No siempre los que intervienen en la elaboración y evaluación de los estudios de preinversión cuentan con la preparación necesaria para garantizar su calidad y tener la visión de enfoque social que considere las diferentes aristas expuestas con antelación.
En las bases metodológicas para los estudios de preinversión se requiere la elaboración de un conjunto de tablas con alto nivel de detalle y un enfoque que no se corresponde con principios de la planificación a largo plazo. En negocios de pequeña envergadura y alcance, y/o en etapa de oportunidad no resulta posible ni viable el completamiento de las mismas.
Los estudios que se presentan a las instancias gubernamentales pueden presentar errores conceptuales y de cálculo; que no siempre son depurados en las etapas preliminares de evaluación.
En las evaluaciones que realizan las comisiones asesoras de los organismos globales se mezclan enfoques de evaluación empresarial con los de evaluación social.
A veces se exige similar rigor en las tres etapas de los estudios de preinversión, aun cuando se reconoce que en las etapas de oportunidad y prefactibilidad se trabaja con estimaciones que tienen mayor grado de agregación e incertidumbre.
En las propuestas de negocios con inversión extranjera puede ocurrir que un mismo proyecto acuda dos o tres veces a instancias de gobierno para su valoración (en las etapas de oportunidad, prefactibilidad y factibilidad), lo que implica repetir este proceso de revisión y correcciones sobre documentos que pueden tener diferencias significativas. Téngase en cuenta que no siempre la empresa nacional domina la tecnología internacional que se pretende utilizar, ni los factores que tributan a la competitividad del negocio; y que la negociación con posibles socios o aliados nacionales y extranjeros añade valor a la calidad de éstos estudios.
La evaluación social que realizan los actores económicos, en ocasiones adolece del no completamiento e integralidad de las razones estratégicas y los diferentes impactos mencionados, lo que incide en el análisis por parte de los decisores.
No en todas las actividades económicas se ha podido contar con referencia internacional sobre las mejores prácticas, tecnologías, estados del arte, estudios de mercado y similares, lo que dificulta la valoración comparativa.
No se cuenta con algunos indicadores que resultan necesarios para la evaluación social del proyecto, tales como tasas de rentabilidad sectoriales, estadísticas nacionales no agregadas, valoraciones de riesgo país y tasa de inflación.
PROPUESTAS DE ACCIONES QUE PUEDEN CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN CUBA
Para la preparación de estas propuestas, se plantearon las siguientes interrogantes:
¿A quién le corresponde realizar la evaluación social: a los promotores/ inversionistas o al Gobierno a las diferencias instancias o a ambos? Se estima que en primera instancia deben presentarla los inversionistas o promotores del proyecto de inversión o negocio, como parte de su responsabilidad social, lo que contribuye a su preparación para fundamentar la conveniencia de dicho proyecto para el país y a valorar cómo se inserta en la cadena de valor nacional y/o internacional, en su comunidad. Corresponde a quienes deben pronunciarse sobre la aprobación del proyecto, jerarquizar las razones fundamentales que lo sustentan incluyendo las de valoración social, con un enfoque integral y estratégico.
¿En qué deberá consistir la evaluación social que presenten los promotores del proyecto de inversión? A estos actores y a sus grupos o uniones empresariales según proceda, les corresponde poner especial énfasis en la evaluación de la viabilidad técnico-económica de la inversión desde el punto de vista empresarial, lograr diseñar un buen negocio o la mejora de uno existente, desde su etapa de concepción y estudio de oportunidad. Con posterioridad, conforme se plantea en las mencionadas bases metodológicas, deben exponerse las razones estratégicas que lo sustentan, que pueden ser, entre otras, la alianza con un socio de reconocido prestigio internacional para aumentar la competitividad de los bienes y servicios e insertarse en una cadena internacional de valor, y propiciar la sostenibilidad de un sector o actividad priorizada del país.
Y continúa con el análisis de los otros impactos recogidos en el primer acápite de este trabajo, que incluye valoraciones cualitativas y cuantitativas. Para las cualitativas se recomienda que a nivel nacional o sectorial se confeccionen listas de chequeo, que se fertilicen periódicamente, en aras de facilitarle a los empresarios o emprendedores una valoración integrada de los mismos. En el caso de las inversiones con participación extranjera, incluir en esas listas, tópicos relativos a cómo contrarresta los efectos adversos que pueden implicar. En cuanto a las valoraciones cuantitativas, en las condiciones de nuestro país reviste especial importancia el análisis del efecto en el ingreso neto en divisas convertibles y en el endeudamiento externo del país. En el caso de las inversiones nominales que aprueba el MEP o de otros grandes proyectos de inversión se estima conveniente considerar dentro de la evaluación social la contribución del proyecto al PIB, o sea el cálculo del VAAN.
Se propone evaluar la inclusión dentro de la información preliminar que se presenta al MEP para la aprobación de las mipymes, de una valoración social del proyecto. Si bien en aquellas que no tienen socios estatales, el riesgo lo está asumiendo un ente privado, resulta de interés nacional promover que se desarrollen buenos negocios como parte del entramado empresarial, que tributen al desarrollo económico y a su comunidad; así como el buen uso de algunos recursos escasos.
En esencia, los empresarios o promotores se deben preguntar: ¿qué le tengo que contar a las autoridades gubernamentales para que me aprueben el proyecto? La respuesta incluye la visión estratégica de la inversión, aquellas ventajas que sustentan su competitividad y sostenibilidad, en qué se distingue de otros proyectos de inversión que lo hacen ser único y su viabilidad (Blanco, 2015).
¿En qué deberá consistir la evaluación social que realicen los que tienen la responsabilidad de aprobar el proyecto de inversión? En esencia, evaluar que constituya un buen negocio o inversión para el país, sector o territorio. Esto ocurrirá cuando se está ante un proyecto que:
Se corresponda con las prioridades definidas para el desarrollo económico y social; así como con las políticas públicas nacionales, sectoriales y territoriales.
Incorpore los enfoques y buenas prácticas nacionales e internacionales sobre el objeto de la inversión; incluyendo las evaluaciones tecnológicas, jurídicas, económicas, ambientales, laborales y otras.
Se muestren valores razonables, sin pretender llegar a la perfección, pues en última instancia se trata de estimaciones a un futuro no menor de cinco años, bajo determinados supuestos y sujetas a niveles de riesgo e incertidumbre.
El resultado de los indicadores económico-financieros de la evaluación con enfoque empresarial resulte favorable.
La evaluación social del proyecto aporte un balance positivo de razones e impactos.
Un analista de inversiones cuando recibe un estudio de preinversión deberá validar los supuestos básicos adoptados, revisar los análisis de sensibilidad y escenarios, garantías y seguros, valorar si el modelo de negocio está bien construido y será vendible cuando no se pueda asegurar su perdurabilidad, evaluar si la rentabilidad es superior a la esperada y los beneficios para la comunidad y la sociedad en general (Ernst y Young, 2018). En éste análisis resulta vital la pericia u «olfato» del evaluador para identificar si se está o no ante un buen negocio o inversión. Un proyecto de inversión que cumpla los cinco preceptos anteriores, no debiera tener obstáculos para transitar hacia su aprobación.
Otras propuestas que complementan las valoraciones anteriores son:
Concebir que las instancias gubernamentales centren sus esfuerzos en la evaluación social de los proyectos de inversión, a partir del estudio de factibilidad o plan de negocios o modelo de solicitud de creación del negocio que fundamenta su aprobación definitiva (y no en etapas previas). Para ello, es conveniente que el estudio le llegue depurado de errores y, en este sentido, se recomienda crear un grupo revisor de expertos (no de representantes de organismos globales), antes que llegue a las comisiones asesoras y a los decisores según proceda.
Adecuar el nivel de exigencia en cuanto a la información a presentar en los estudios de preinversión a la naturaleza y alcance del negocio. Se estima conveniente mantener la concepción general regulada en las bases metodológicas para los estudios de preinversión, que contiene: resumen ejecutivo, investigación de mercado, caracterización de la inversión o negocio, análisis tecnológico, evaluación económica financiera, análisis de riesgos, y evaluación social. Esta estructura se corresponde, en gran medida, con la que proponen diversos autores para la conformación de un plan de negocios. En cuanto a las tablas, se recomienda seleccionar las tablas de resultados de claves y no estandarizar aquellas que tienen un carácter de tablas auxiliares para la obtención de las anteriores, que suelen incluirse en los anexos del estudio.
Avanzar en la elaboración de índices globales requeridos para la evaluación de inversiones. Por ejemplo, los grupos o uniones empresariales pueden realizar estudios de la tasa de rentabilidad obtenida de inversiones ejecutadas en proyectos comparables, lo que constituye un elemento básico para determinar la tasa de descuento a aplicar a los flujos de caja del proyecto y para fundamentar si el este resulta conveniente para sus promotores y para el país.
Para mejorar la formación de los que intervienen en el diseño y evaluación de los proyectos de inversión, incorporando el enfoque de evaluación social se propone mantener las acciones de capacitación previstas en las universidades, escuelas ramales y de superación para los directivos. En adición a estas acciones se puede considerar:
Entrenamiento a los grupos multidisciplinarios designados para el diseño y evaluación de proyectos concretos, para desarrollarle habilidades prácticas y de trabajo en equipo mientras lo preparan.
Valorar la creación de entidad (es) especializada (s) en los servicios de estudios de mercado, ingeniería de proyectos, evaluación económico financiera de estudios de preinversión y postinversión, valuación de activos y asesoría jurídica, con condiciones que le permitan captar y preservar profesionales competentes y ofertar esta integralidad de servicios con estándares internacionales. Téngase en cuenta que estos servicios poseen interdependencia y se complementan (Castro y Sáenz, 2021).
CONSIDERACIONES FINALES
A modo de conclusión, se puede afirmar que en la evaluación de inversiones debe considerarse tanto los objetivos empresariales, como la contribución del proyecto al desarrollo económico y social; y al bienestar de la sociedad. En Cuba reviste especial importancia dado el papel del Estado como representante de los intereses de todo el pueblo. Asimismo, la experiencia internacional en la evaluación social de las inversiones, refuerza la necesidad de valorar sus impactos económicos, sociales y ambientales con un enfoque integral.
En Cuba están creadas las bases para la evaluación social de los proyectos de inversión, pues se cuenta con políticas públicas sobre las prioridades del país en materia de inversiones y con las bases metodológicas para la elaboración de los estudios de preinversión, aunque se precisa avanzar en la determinación de algunos índices globales necesarios para este propósito.
El proceso de evaluación social de las inversiones en el país posee reservas para elevar su eficacia, mejorar la calidad y reducir el tiempo invertido en la evaluación de los proyectos en las diferentes instancias hasta su aprobación. Para ello, se formularon varias propuestas de acciones, entre las que se resalta simplificar la base normativa, enriquecer la evaluación de los impactos del proyecto para la sociedad y que los decisores centren su atención en la evaluación de las razones fundamentales que lo sustentan incluyendo las de valoración social, con un enfoque integral y estratégico.
