Introducción
El movimiento humano se vive desde épocas primitivas, Como explica Opertti (2010), “en ciertos períodos las personas se trasladaban en busca de un lugar donde hubiera alimento, seguidamente la movilidad tuvo la finalidad de encontrar mejores condiciones de vida y en la actualidad es en busca de la unificación familiar”. (p. 518)
Por otra parte, Suárez (2008), considera que la migración es un traspaso voluntario de personas fuera de su territorio fronterizo natal, hacia un área territorial ajena a su país. Para Vera et al. (2019), según sus investigaciones, “uno de cada siete habitantes del planeta es un migrante, por lo tanto, la ciudadanía universal debería enmarcarse como uno de los derechos fundamentales del hombre y la libre movilidad de las personas entre los territorios, ya que este contribuye de manera fundamental al desarrollo de la sociedad”. (p. 143)
Por esta razón y con el fin de regular los derechos humanos y la libre movilidad de los migrantes, las naciones en general se han visto en la necesidad de establecer articulados de gobernanza que les permitan actuar de manera coordinada tanto internamente dentro de cada país como fuera de ellos haciendo uso del Derecho Internacional.
Se consideran muy diversas las razones por las que las personas deciden movilizarse interna o externamente, pudiendo ser el producto básico, las transformaciones sociales y políticas, siendo la más mencionada la de alcanzar mejores condiciones de vida a través de nuevas oportunidades laborales.
Por lo expuesto, se analizan las políticas públicas que inciden en la calidad de vida de la población inmigrante en el Ecuador, como una condición clave para garantizar un estado constitucional de derechos y justicia, en base a la construcción de sociedades igualitarias. En este contexto, las políticas públicas se constituyen como una herramienta primordial para generar una transformación estatal positiva, además de expresar iniciativas gubernamentales con el fin de conseguir soluciones destinadas a solventar problemas de desigualdad que afectan a la poblacion inmigrante.
Materiales y métodos
Se realiza una recopilación y análisis de los sistemas de protección en el Ecuador, utilizando leyes, regulaciones y políticas públicas para asegurar la calidad de vida de los inmigrantes que viven en el país. Utilizando un enfoque de carácter cuantitativo mediante el uso de mediciones numéricas, concretamente datos contables obtenidos de la ONU y de los ministerios del Ecuador posteriormente detallados, bajo la modalidad de análisis documental.
Adicionalmente se recopila y se interpreta las leyes, reglamentos y políticas públicas sobre la movilidad humana y se los analiza a profundidad, mientras se buscan números y estadísticas que respalden y refuten observaciones sobre las condiciones de vida de los inmigrantes en el país y compararlos con investigaciones de otros autores.
Resultados y discusión
Según datos de la Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, En el año 2016 Venezuela se enfrentó a la peor crisis económica de Latinoamérica, lo que causó que su población empezara a desplazarse a diversos países de la región (Tabla 1).
País | Refugiados | Porcentaje de refugiados |
---|---|---|
Colombia | 191.555 | 50,21% |
Estados Unidos | 26.400 | 6,92% |
Perú | 135.053 | 35,40% |
Otros | 28.499 | 7,47% |
TOTAL | 381.507 | 100,00% |
Los números superaron por mucho las estadísticas anuales estimadas respecto a movilidad humana, los datos al 2020 demuestran el incremento de inmigrantes en el país ocupan el primer lugar los venezolanos (Tabla 2).
País | Refugiados | Porcentaje de refugiados |
---|---|---|
Venezolanos | 513.903 | 57,39 |
Colombia | 191.555 | 21,39 |
Estados Unidos | 26.400 | 2,95 |
Perú | 135.053 | 15,08 |
Otros | 28.499 | 3,18 |
TOTAL | 895.410 | 100,00 |
Fuente: Elaboración propia
Con esto se evidencia que el ingreso de extranjeros al pais tiene un incremento exponencial osilan en un 57%. Según los estudios de Pugh et al. (2020), “Ecuador endureció sus requisitos para conceder la condición de refugiado a raíz de reacciones negativas y temor que sus estándares para la valoración de condición de refugio fueran poco exigentes”. Por aquello, el país dejo de ser considerado un estado que brinda garantías a la población migrante y su reputación fue puesta en duda.
En el año 2017 a manera de generar políticas públicas que permitiesen combatir dicho éxodo masivo de refugiados y migrantes y recuperar su reputación de estado liberal y respetuoso de derechos fundamentales, Ecuador desarrolla la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021 enmarcándose con el Quinto Objetivo de la Agenda Nacional de Política Exterior, mismo que se enfoca en promover la aplicación de los derechos que tienen personas migrantes como son: generar condiciones óptimas que incentiven un proceso migratorio seguro de esta manera fortalecer los derechos fundamentales bajo una convivencia armoniosa y como es explicado por Eguiguren et al. (2022), “los principios que promueve este plan son los de coherencia política, coordinación intersectorial, responsabilidad compartida entre todos los actores de las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil, así como la implementación progresiva”.
La política pública en palabras de Ortegón (2020), está ahí para influir en cómo se toman otras decisiones importantes y, por lo general, se forma como respuesta a un tema específico que es de interés para el público, se presenta como un proceso dinámico, consecuencia de un conjunto de decisiones interrelacionadas que llevan a una meta planificada.
Se podría decir entonces, que a las políticas públicas se las entiende cómo la exploración de soluciones a contrariedades que vive la sociedad, para lo cual es necesario realizar una planificación a largo plazo que permita mejorar los problemas sociales.
Por otra parte, se considera también que las políticas públicas se establecen como una decisión creada de manera permanente para alcanzar beneficio para muchos. Así, se tiene como características su adaptabilidad, flexibilidad y la innovación para lograr los cambios requeridos y necesarios para la sociedad.
Para crear políticas públicas los gobiernos deberán tomar la mejor decisión, para lo que es conveniente seguir cuatro pasos:
Identificar el problema público, investigando las causas que lo originan y cuáles serían las posibles soluciones.
Contar con la intención de modificar una realidad o crear las condiciones para resolver un problema público a través del análisis para la solución del problema.
Solicitar la participación de diferentes actores sociales que tengan conocimiento y experticia en el aspecto tratado y determinar los fines y las estrategias de la intervención estatal.
Buscar la concertación y actuar de forma coordinada entre los diferentes actores para llegar a un acuerdo respecto a la solución del problema público que viven los ciudadanos, ya sea de manera individual o colectiva.
Las políticas públicas se plantean a distintos niveles gubernamentales, pudiendo ser estas: nacionales, regionales, cantonales y parroquiales, estas decisiones que toma el estado requieren de instrumentos duros y/o blandos con el fin de poder desarrollarlos.
Los instrumentos duros son estrictamente de carácter estatal, es decir financiados totalmente por el gobierno y duran más de un periodo. También existen los instrumentos blandos, que requieren apoyo privado para su ejecución, por lo general estos solo estarán es vigencia en lo que dura el periodo de gobierno que las apoye, pudiendo desaparecer o modificarse con el cambio de gabinete gubernamental.
Como determina Rubio (2019), las razones que llevan a los gobiernos a cambiar y aprender políticas deben explorarse caso por caso, ya que el aprendizaje no se observa directamente excepto a través del diálogo con las personas responsables de la construcción social de una política o problema público. En instrumentos de política pública o diseño de implementación. Métodos u objetivos de política pública en materia de políticas públicas.
Lo antes mencionado conduce a una comprensión de las fuentes del fracaso de las políticas públicas y mejorar la eficacia de las políticas públicas para lograr sus objetivos. Cambiar o redefinir los objetivos de las políticas, cambiar el consenso o buscar una mejor comprensión de los instrumentos de políticas públicas basándose en la experiencia o la evaluación formal.
A pesar de lo manifestado las políticas públicas tienen sus desventajas tal como indican Ruiz & Cadenas (2020), “debido a que las Políticas Públicas son una arena de contienda entre actores sociales con intereses y agendas particulares, el carácter más o menos público depende de cuán capaces sean de agregar demandas de los grupos en cuestión, y a la forma de dar respuestas satisfactorias a los respectivos intereses y agendas”. (p. 6)
Con la previa aseveración se comprende que el carácter público de las políticas públicas está estrechamente relacionado con la participación, transparencia, inclusividad y capacidad de respuesta a las demandas de diversos actores sociales. Cuando estas políticas reflejan una amplia gama de intereses y agendas, se consideran más públicas y, en teoría, son más representativas de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, lograr este equilibrio es un desafío debido a las tensiones y competencias entre los actores involucrados. Esto se evidencia en 4 ejes.
Eje de Participación de actores sociales: Cuántos y cuáles actores sociales están involucrados en el proceso de formulación de políticas. Cuanta mayor sea la diversidad de actores involucrados, más pública será la política.
Eje de Transparencia: La transparencia en el proceso de toma de decisiones y la divulgación de información relacionada con las políticas públicas contribuyen a su carácter público. Cuando el proceso es opaco, las políticas pueden percibirse como menos públicas.
Eje de Inclusividad: La inclusión de diferentes perspectivas y opiniones en la formulación de políticas es un elemento clave para su carácter público. Las políticas que consideran una variedad de puntos de vista tienden a ser más representativas y, por lo tanto, más públicas.
Eje de Respuestas a demandas y agendas: La capacidad de las políticas públicas para agregar demandas de diversos grupos y proporcionar respuestas satisfactorias a esos intereses y agendas es fundamental. Las políticas que logran un equilibrio entre las diferentes demandas tienden a ser más aceptadas y, por lo tanto, más públicas.
En el contexto de la educación, estos pasos son particularmente relevantes. La identificación del problema educativo podría involucrar la investigación de las barreras de acceso, la calidad del sistema educativo y las disparidades existentes. La intención de cambiar podría centrarse en mejorar la equidad, la calidad y la inclusividad en la educación. La participación de actores sociales, como educadores, padres, y expertos en políticas educativas, sería esencial para garantizar la representatividad de las soluciones propuestas. Finalmente, la concertación y la coordinación entre estos actores serían fundamentales para implementar cambios efectivos en el sistema educativo.
La diversidad de actores sociales es un factor clave en la construcción de políticas públicas, especialmente en el ámbito educativo. Cuantos más actores estén involucrados, más completa será la representación de las diversas perspectivas y necesidades de la sociedad. La transparencia en el proceso de toma de decisiones también es esencial para mantener la confianza pública. Cuando el proceso es opaco, las políticas pueden percibirse como menos legítimas y públicas.
La inclusividad, otro eje destacado, resalta la importancia de considerar una variedad de perspectivas al formular políticas educativas. Al abordar las diversas opiniones, se aumenta la probabilidad de que las políticas sean representativas y, por lo tanto, más aceptadas por la sociedad. Además, la capacidad de las políticas para responder efectivamente a las demandas y agendas de diferentes grupos es esencial para garantizar su eficacia y aceptación pública. (Tabla 3).
Características | Ejemplos | ||
---|---|---|---|
Duros | Normativas legales o regulatorias | Pretende modificar un comportamiento deseable o indeseable de forma obligatoria o coercitiva y son aplicables a grupos generales o específicos de la población | Leyes, normas, licencias y permisos |
Organizacionales y administrativos | Esperan coadyuvar a la resolución de un problema modificando las estructuras organizacionales y dotar a los actores de la implementación. | Modificaciones en secretarías, direcciones, recursos humanos, materiales y presupuestos | |
Blandos | Económicos | Pretenden generar incentivos para modificar un comportamiento deseable o indeseable | Multas, impuestos, subsidios y pago de derechos. |
Técnicos científicos | Esperan modificar el imparto de ciertas actividades por medio del uso de los avances tecnológicos | Tecnología permitida o nuevas tecnologías utilizadas y normas oficiales | |
Educacionales | Coadyuvan al fortalecimiento de capacidades | Educación, capacitación y asistencia técnica | |
Informativos o comunicacionales | Pretende modificar los comportamientos deseables o indeseables por medio de información a la población | Campañas de publicidad, comunicación de evaluaciones, manejo de la opinión pública |
Fuente: Rubio (2019).
El principal actor de la política pública es el Estado, por lo tanto, es el ente rector de las decisiones acertadas o no sobre temas regulatorios a todos los aspectos que involucra un país, como: género, población, territorio, salud, educación, derechos humanos, etc.
Dentro de los derechos humanos se encuentra la libertad a movilizarse, ya sea por voluntad propia o bajo circunstancias adversas que obligan a una persona a trasladarse fuera de su territorio, bajo esta premisa Maldonado et al. (2018), consideran que “la migración tiene un rol central en la producción y transformación de la sociedad global, que conlleva la puesta en marcha de procesos que posibilitan la continuidad de estructuras sociales y culturales además lleva intrínseca la posibilidad de cambio” (p. 64). Por lo que se considera que la inmigración modifica a los Estados receptores en su nivel cultural, social y legislativo.
Actualmente, el Ecuador enfrenta procesos migratorios muy complejos que requieren la modificación de sus políticas públicas. Esto se debería a que un importante número de personas extranjeras lo prefirió como país óptimo para residir, al ser este un estado garantista respecto a derechos fundamentales, entre los cuales está reconocido el derecho de las personas a movilizarse libremente sin importar el territorio del cual provengan y sin ser considerados como ilegales.
Según datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas (2017), en marzo del 2017, dio a conocer que el país tenía respecto a personas de otras nacionalidades asentadas en el territorio con un total de 381.507 inmigrantes a nivel nacional lo que correspondía a un 2,21% de la población de Ecuador, originarios principalmente de Colombia, personas que huían de las guerrillas, seguido de peruanos, norteamericanos y otros no especificados.
Aunque pueda parecer alentador que Ecuador sea reconocido por ser un estado garantista respecto a los derechos fundamentales, incluido el derecho a la movilidad. El respeto de los derechos humanos es esencial en cualquier política migratoria, y esto contribuye a la percepción positiva de Ecuador como destino para los migrantes, hay que recordar que la llegada de un gran número de migrantes requiere la revisión y modificación de políticas públicas para garantizar la inclusión de estas personas en la sociedad ecuatoriana. Esto incluyen políticas educativas, de salud, de empleo y vivienda que sean accesibles para todos, independientemente de su origen.
Con ello queda en evidencia que, dependiendo de la situación migratoria de las personas, es necesario desarrollar políticas para regularizar su estatus legal en el país. Esto contribuye a la seguridad y estabilidad tanto de los migrantes como de la sociedad en su conjunto ya que la gestión de la migración es un desafío global que a menudo requiere la cooperación con otros países y organismos internacionales. Ecuador puede buscar colaborar con otros estados y organizaciones para abordar los problemas asociados a la migración de manera más efectiva.
Adicionalmente se desarrolló el Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana en Movilidad Humana en Ecuador 2020-2021, Según Eguiguren et al. (2022), “este documento propone líneas de acción estratégicas en ejes de inclusión socioeconómica, atención y protección con énfasis en documentación y atención de población en situación de vulnerabilidad, acceso a servicios y coordinación con énfasis en salud y educación”. Está enfocado en dar garantías internacionales que influyan en los derechos sociales de la población venezolana al conformar una mayoría (en este caso porcentaje inmigratorio en Ecuador) aun dentro de una minoría (Población Migrante).
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021"Toda una vida engloba distintos objetivos con el fin de convertir a Ecuador en un país relevante dentro de la región, por lo que muchos de sus objetivos van de la mano con la cooperación internacional, lo que el plan tituló “Derechos para todos” donde se incluye a la población migrante y sus familias. Esto bajo la idea que la economía mundial depende de remesas generadas por los migrantes, por lo que se les debe dar protección bajo una adecuada regulación.
Por otro lado, el Plan Estratégico Institucional del MREMH 2017-2021, considera a la población migrante como un grupo de atención prioritaria al considerar que la Región de América Latina tiene un índice de emigración superior al de inmigración, por lo que la salida de su territorio a un latinoamericano le resulta riesgosa sin importar su destino y en muchos casos no se habla de inmigrantes sino de refugiados que han sido desplazados por conflictos armados o económicos.
Se determina que en todo procedimiento migratorio existe la posibilidad que mediante coacción o engaños se retenga de manera ilegal a seres humanos, se desarrolla el Plan de acción contra la trata de personas en Ecuador 2019-2030 (PACTA), el cual evidencia que especialmente mujeres y menores de edad suelen ser víctimas de trata de personas, para lo cual este plan da directrices de colaboración nacional e internacional con el fin de precautelar la integridad de la población migrante en su traspaso de territorio, y garantizar los derechos fundamentales de los mismos una vez asentados en el país.
A continuación, (tabla 4), se presenta un cuadro resumen de las políticas públicas que se programaron con el fin de dar ayudar a mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes.
Política pública | Análisis |
---|---|
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021"Toda una vida | Con metas planeadas para aplicarse dentro del desarrollo sostenible, y dentro de sus políticas se contempla la protección a la población en condición de movilidad humana en el Ecuador |
Plan Nacional de Movilidad Humana | Promueve el ejercicio de los derechos de la población en condición de movilidad humana en todas sus dimensiones |
Plan Estratégico Institucional del MREMH 2017-2021 | En concordancia con el Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial para Refugiados, se enfoca en parámetros para sobrellevar este fenómeno de una manera donde impere la organización y la seguridad. |
Plan integral para la atención y protección de la población venezolana en movilidad humana en Ecuador 2020-2021 | Busca combatir la xenofobia a su vez que adopta un rol integrador a la sociedad, combatiendo la trata de personas y el tráfico de migrantes. |
Plan de acción contra la trata de personas en Ecuador 2019-2030 (PACTA) | Impulsa la cooperación internacional y gubernamental delimita la participación conjunta de la sociedad civil con las instituciones estatales en periodos de tiempo marcados. |
Agenda Nacional de política exterior | Enmarcándose en los principios establecidos en la Constitución busca la prevalencia de la paz mediante el cumplimiento de objetivos, que posicionaran al Ecuador en la Región |
Fuente: Eguiguren et al. (2022).
Al revisar cada una de las políticas públicas es observable que tres de ellas Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021. "Toda una vida”, Plan Estratégico Institucional del MREMH 2017-2021, Plan integral para la atención y protección de la población venezolana en movilidad humana en Ecuador 2020-2021. Definitivamente cumplieron su tiempo de ejecución y no existen datos de la presencia de nuevas decisiones gubernamentales con respecto a la protección de los migrantes.
Conclusiones
El Ecuador es un país de tránsito y acogida de ciudadanos extranjeros, a partir del año 2017 el saldo migratorio creció de manera acelerada, son los ciudadanos venezolanos la mayor masa de inmigrantes en el país.
En este contexto el estado ecuatoriano actúa de manera rápida y oportuna desde el año 2017 al 2021 genera políticas públicas con respecto a la inmigración y derechos humanos en procura de proteger a las personas que se encuentran en condiciones de movilidad.
Ecuador desarrolló varios instrumentos de política pública que fueron promulgados con el fin de atender a los inmigrantes considerados como un sector vulnerable y de atención inmediata, como son: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021"Toda una vida”. Plan Nacional de Movilidad Humana. Plan Estratégico Institucional del MREMH 2017-2021. Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana-ANIMH 2017-2021. Plan Integral para la Atención y Protección de Derechos en el contexto del Incremento del Flujo migratorio venezolano en Ecuador 2018-2019. Plan de acción contra la trata de personas en Ecuador 2019-2030 (PACTA). Y las iniciativas relevantes como Mesas de movilidad humana, Declaratoria de emergencia, entre otras al ser instrumentos de políticas públicas blandas no se siguen en ejecución.
Como se conoce al hacer política pública, se requiere la intervención, no solo del Estado, sino también del sector privado y de organizaciones que tengan el afán de servir a la sociedad, a través de la participación en iniciativas que ayuden a mejorar las condiciones de vida, en especial de los migrantes.
La experiencia ecuatoriana resalta la importancia de diseñar políticas educativas que sean inclusivas y accesibles para la población inmigrante. La creación de instrumentos de política pública destinados a atender a los inmigrantes como un sector vulnerable subraya la necesidad de garantizar que estas políticas sean comprensibles y accesibles para todos. En este sentido, es fundamental considerar las diversas necesidades y contextos culturales de los estudiantes inmigrantes para lograr una educación equitativa y de calidad.
La falta de conocimiento sobre las políticas educativas existentes resalta la necesidad urgente de llevar a cabo campañas informativas dirigidas tanto a la población inmigrante como a la sociedad en general. Estas campañas pueden contribuir a cerrar la brecha entre las políticas públicas creadas y su implementación efectiva, asegurando que los beneficios educativos lleguen a quienes los necesitan. La información clara y accesible es esencial para empoderar a los inmigrantes y fomentar su participación activa en el sistema educativo ecuatoriano.