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Introducción
La humanidad ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo. Las personas inculcan a sus descendientes valores necesarios para la convivencia pacífica en comunidad, para un mejor vivir y tranquilidad ciudadana. La inversión en educación es una de las mejores inversiones que un país puede hacer. Impulsa el desarrollo económico, fomenta la movilidad social, produce ciudadanos informados y mejora la salud y el bienestar de la población. A medida que los países priorizan la educación, pueden esperar ver un impacto positivo en su progreso y desarrollo a nivel nacional e internacional. Sin embargo, determinados individuos transgreden las normas de coexistencia cívica, efectuando delitos que resquebrajan la seguridad ciudadana de los territorios. Para dar atención y establecer medidas contra los delitos se debe tener en cuenta la política criminal.
Según Bastidas (2023), la política criminal es la disciplina que se encarga del estudio del delito, sus causas, consecuencias y prevención. No se limita solo a la represión del delito, sino que también se ocupa de la prevención, tanto en términos generales como específicos. La prevención general positiva se refiere a las medidas que se toman para promover conductas socialmente aceptables y prevenir la delincuencia, mientras que la prevención general negativa se refiere a la disuasión del delito a través de la amenaza de sanciones legales.
De tal manera que la prevención deba plasmarse con un enfoque educativo que se ejerza a través de la ley, la ciencia y la magistratura con el fin de disminuir las condiciones de vulnerabilidad que puedan ocasionar un aumento del índice delictivo. Del mismo modo, Rojas y Relica (2022), alegan que la política criminal es un campo de estudio que se centra en la formulación de estrategias y medidas para abordar el delito y la delincuencia. Se basa en la creación de normas y políticas que buscan mantener el orden social y promover la seguridad ciudadana. La política criminal se enfoca en la prevención, control y sanción del delito, así como en la rehabilitación de los delincuentes.
Es importante considerar un estudio del fenómeno criminal cuya base sea un análisis criminológico, por ser la ciencia que estudia el crimen en sus diferentes dimensiones y elementos, y realiza un contraste sobre su génesis, dinámica y variables, así también organiza un conjunto de lineamientos en programas de prevención eficaz del delito (Navejas et al., 2021). De ahí que la política criminal se basa en un saber científico aplicado que busca promover estrategias sistemáticas y eficaces para el control y prevención del delito a través de la intervención estatal. (Prado, 2021)
La doctrina define la prevención criminal como el conjunto de acciones tendientes a evitar que un acontecimiento criminal se cometa. Desde este punto de partida, otros autores sostienen que la prevención se desarrolla en tres niveles. El primario que contiene todos los instrumentos, programas, planes y políticas encaminados a la comunidad para alcanzar una reducción sistemática de los factores de riesgo individuales, sociales y situacionales. El nivel secundario, mantiene su norte en impedir que la violencia criminal se consolide a través de la detección de los factores de riesgo. El tercer nivel aborda la disminución de los niveles de violencia criminal, una vez esta se consolide. (Garrido y Morales, 2021)
La prevención se refiere al conjunto de estrategias encaminadas a identificar los factores de riesgo y subsanar las condiciones de vulnerabilidad existentes a través de política pública. Es un instrumento orientado al cumplimiento de objetivos definidos, en el que participan los distintos niveles del Estado y la ciudadanía, para perseguir mejoras en la calidad de vida, es decir, las acciones cuyo norte se mantenga en disminuir problemas estructurales que puedan aumentar niveles delictivos (Cañarte, 2020).
La prevención del delito no solo se centra en la intervención de las autoridades o instituciones especializadas, sino que busca involucrar a todos los actores sociales en la construcción de entornos seguros y resilientes. Se promueve la corresponsabilidad de la comunidad en la identificación de factores de riesgo, en la implementación de medidas preventivas y en el fortalecimiento de redes de apoyo y solidaridad. (Luneke y Trebilcock, 2023).
Los factores de riesgo, que influyen en la criminalidad de toda la población, y de los jóvenes son importantes para diagnosticar la criminalidad. Se destacan el bajo nivel educacional, la crianza, pobreza, corrupción, impunidad, violencia familiar, la adicción alguna droga, la migración, situaciones de movilidad humana representan importantes circunstancias que merecen ser investigadas con exhaustividad. (Crespo, 2017; García, 2021)
Se ha producido un creciente reconocimiento de la necesidad de involucrar a múltiples actores, incluidas las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y las instituciones académicas, en la formulación e implementación de estrategias de prevención del delito. Esto refleja una comprensión más amplia de que la prevención del delito es un desafío complejo que requiere la colaboración y el compromiso de diversos sectores de la sociedad. (Grijalva y Fernández, 2021)
Al analizar la aplicación de una política pública en materia de criminalidad es importante considerar conceptos relativos a la seguridad objetiva y subjetiva.
Es fundamental considerar el contexto latinoamericano en lo que respecta a la formulación y aplicación de políticas criminales. La tradición política en la región muestra un claro interés en expandir el poder punitivo, como se evidencia en políticas criminales de corte represivo. Este enfoque se apoya en teorías de ley y orden que favorecen el empleo del derecho penal y discursos que legitiman el uso de la fuerza y la violencia como respuesta a la violencia misma. De esta manera, se observa la persistencia de prácticas medievales en el ejercicio del poder punitivo en la región. (Netto, 2020)
Los programas y planes de prevención del delito en América Latina han evolucionado para abordar de manera integral las causas, efectos y consecuencias del crimen. Estos esfuerzos van más allá de las medidas tradicionales centradas en el sistema penal, como la justicia, la policía y el sistema penitenciario. Se reconoce que la prevención del delito requiere un enfoque multidimensional que abarque aspectos ajenos al sistema penal, como la economía, la educación, la salud y otros aspectos sociales. (Ugarte, 2022)
El contexto ecuatoriano ha centrado sus fuerzas en la expansión del poder punitivo estatal en la lucha contra el crimen organizado. No obstante, no se ha realizado una distinción objetiva al determinar prácticas punitivas para el castigo de los crímenes de los individuos desviados que se ven inmersos en la delincuencia común; aquella que surge fruto de un contexto de desigualdad existente en cada rincón del Ecuador debido a prácticas políticas que han puesto en detrimento las situaciones sociales. Dichas medidas ejercidas por el gobierno central se concentran en aumento de penas, detenciones arbitrarias y un excesivo uso de la fuerza en contra de la delincuencia, sin generar una distinción y menos aun considerando a los grupos criminales que se encuentran en la cima de la organización.
Atendiendo al caso ecuatoriano, es imperativo señalar que la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), señala en su artículo 85, que las políticas públicas deben orientar un trabajo para hacer efectivo el buen vivir, los derechos humanos y derechos fundamentales, incluido el derecho a la seguridad ciudadana, la garantía de ejecución, control, formulación a través de la participación ciudadana.
Luego, el artículo 293, describe que la seguridad humana se debe garantizar a través de acciones gubernamentales que se materialicen en política pública ejecutable, de manera integrada para así asegurar la convivencia pacífica y la prevención de delitos (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). Del mismo modo, los gobiernos autónomos descentralizados municipales son los encargados de la creación y coordinación de los consejos de seguridad ciudadana, conforme a lo previsto en el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010), en cuanto a sus competencias en materia de legislación local, es decir ordenanzas que regulen el accionar de los municipios y promuevan políticas públicas a nivel local.
De igual manera, la política criminal en el país tiene su fundamento jurídico en los preceptos de la Ley de Seguridad pública y del Estado, ya que este cuerpo legal define en su artículo 10.1 que la política criminal es el conjunto de respuestas que el Estado adopta, de manera integral e interseccional, para prevenir y enfrentar la delincuencia y la criminalidad, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y los derechos de sus habitantes. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009)
En ese contexto el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Otavalo no se muestra ajeno a la problemática existente en el país, sino que forma parte de este. De tal manera que ante el aumento de la percepción objetiva y subjetiva de seguridad, la municipalidad opta por estrategias difusas y de orden represivo-reactivo.
Por lo tanto, hasta el momento, no se han implementado estrategias concretas basadas en la metodología de la política criminal, que surjan de un proceso que abarque las etapas de diagnóstico, planificación, implementación y evaluación de resultados. Esta situación se debe a la falta de una política pública que involucre la participación conjunta de autoridades gubernamentales, organizaciones sociales, la academia, expertos en criminología y autoridades de control.
Como se expresa en el párrafo anterior debe tenerse en cuenta a la academia. El proceso debe empezarse desde la formación de las nuevas generaciones de juristas en el Ecuador. Atendiendo a lo planteado por Sanromán & Morales (2016) las competencias profesionales principales en la formación de los juristas son la interpretación, la sistematización, la integración, la argumentación y la aplicación; así como saber reflexionar, identificar, elegir, dominar e integrar los problemas sociales interpretando los principios, las teorías, las normas y los axiomas, para poder comprender la disciplina del Derecho. Es por ello que, en temas de política criminal y seguridad ciudadana, debe insertarse el tema de la prevención en las casas de altos estudios de las leyes.
El objetivo de la presente investigación es presentar un programa de inserción del tema de la prevención en cuanto a política criminal para el trabajo de los estudiantes de la Carrera de Derecho. Para ello es fundamental el diagnóstico de los factores de riesgo existentes en el Cantón Otavalo, y la aplicación de medidas efectivas para la prevención del fenómeno criminal, para evitar la represión.
Materiales y métodos
En el desarrollo de este estudio se implementó la modalidad mixta con aspectos cuantitativos y cualitativos. Se apoyó en una investigación descriptiva. En cuanto al diseño se estructuró un estudio de campo que permitió observar el contexto de la realidad en el cantón con respecto a los problemas de inseguridad. Por su parte, el diseño documental complementó la investigación al proporcionar antecedentes, contexto histórico, datos adicionales y revisión de la normativa jurídica que enriqueció la comprensión del fenómeno en el cantón.
En cuanto a los métodos del nivel teórico se utilizaron el inductivo-deductivo; analítico-sintético y el método exegético fundamental para la interpretación y análisis de los instrumentos jurídicos que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación. En el nivel empírico se utilizaron el cuestionario, la guía de entrevista y la guía de observación para la recolección y análisis de datos e informaciones relacionadas con la compleja situación de inseguridad que se vive en el cantón objeto de estudio. Ello permitió recolectar datos concretos y observables que fueron analizados para plantear las estrategias de prevención.
La población de este estudio estuvo constituida por los ciudadanos que han tenido un acercamiento al fenómeno criminal en el cantón Otavalo, y a través de un muestreo probabilístico se seleccionaron 88 personas para que respondieran el cuestionario, que contaba con 4 preguntas claves. Igualmente, con un muestreo no probabilístico se escogieron a tres informantes clave: el director de seguridad ciudadana, un activista político y un dirigente barrial.
Resultados-discusión
Resultados obtenidos a través de la guía de observación
En un primer plano es pertinente señalar las estrategias organizativas de los ciudadanos domiciliados en los distintos barrios del cantón Otavalo, provincia de Imbabura. Por lo tanto, los investigadores consideran pertinente tener acercamientos con los comités barriales de seguridad en los que se observan la organización de estrategias para disminuir la inseguridad. Dicha estrategia considera un enfoque tecnológico, debido a la dificultad de reuniones, por lo tanto, se han creado grupos en la plataforma digital de mensajería WhatsApp, en los que alertan sobre movimientos “sospechosos” de ciudadanos que a su criterio estarían planificando ejecutar actos delictivos. Ante esta situación proceden a alertar a la vecindad para ejecutar “rondas de seguridad” generalmente en horarios nocturnos, en las que participan ciudadanos de todas las edades desde niños, niñas y adolescentes hasta adultos mayores. Dichas rondas se ejecutan con un enfoque preventivo de tipo patrullaje, vigilancia ciudadana, en sectores más vulnerables desde un enfoque situacional.
En este punto es pertinente señalar una característica importante de los mencionados patrullajes ciudadanos, “la estigmatización de situaciones de vulnerabilidad ciudadana”. La observación apunta al miedo que les generan ciudadanos que se encuentren sucios, descuidados, en situación de consumo de bebidas alcohólicas, o situación de mendicidad y movilidad humana. Los investigadores observan un desprecio existente ante estas situaciones. Del mismo modo, la manera de reaccionar de estos es violenta, es decir, de encontrarse un ciudadano en un acto ilícito, su reacción es violenta fomentando incluso la violencia a los niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, ante el aumento del crimen menor, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Otavalo trabaja en construir estrategias que resulten eficaces para prevenir el delito. No obstante, las estrategias tienen su base en mesas de seguridad organizadas por el consejo de seguridad ciudadana del municipio local y otras estrategias que solamente consideran un enfoque represivo. Dicho de otra forma, el uso del aparataje punitivo estatal para frenar conductas delictivas a través de patrullajes policiales y operativos de control de espacios públicos enfocados en libadores y consumidores de sustancias ilícitas, “personas sospechosas”, y lugares en los que aumentó el crimen. En consecuencia, dejan de lado el conjunto de medidas proactivas diseñadas a partir de un modelo de política pública criminal enfocadas en disminuir condiciones de vulnerabilidad de la ciudadanía, por ejemplo: prevenir el consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, entre otros.
Por último, la Policía Nacional del Ecuador en su afán de colaborar con la investigación, proporciona un conjunto de datos tendientes a identificar los sectores en los que el índice delictivo ha crecido, “hotspots”. Los mismos que son observados de manera directa en los horarios en que el delito crece significativamente, es decir por la tarde y noche, generalmente al salir los estudiantes de las instituciones educativas. Es así que en los sectores San Luis de Otavalo, ciudadela 31 de octubre, Plaza de Ponchos, terminal terrestre, el Cardón y el Camal se prevé un aumento delictivo por factores de orden situacional y social. En sectores donde aumenta la afluencia de personas también aumentan los hurtos, en los que existe poca iluminación aumentan los robos a mano armada. En otros sectores en los que usualmente los ciudadanos consumen sustancias ilícitas aumenta el daño a propiedad ajena y los robos, así como el microtráfico.
Resultados obtenidos a través de la aplicación del cuestionario
En cuanto a la pregunta 1, en la que se tiene en cuenta si los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales (municipios) han ejecutado estrategias eficaces para prevenir el delito, se obtuvo que un 70% de la ciudadanía encuestada mantiene un buen criterio del trabajo municipal en cuanto a la prevención del delito en el cantón Otavalo. Se ha vinculado un trabajo barrial con las autoridades de control a través de plataformas digitales como WhatsApp y grupos de seguridad. Se ejecutan obras en seguridad como cámaras y alarmas comunitarias con monitoreo.
En torno a los sitios considerados más inseguros (pregunta 2), las personas señalan que el barrio El Cardón presenta mayor conflictividad (48.9%). Por consiguiente, la ciudadela Plan Venezuela con un 44.3% en torno a la perceptibilidad de la ciudadanía, ergo los barrios como: Monserrat y 31 de octubre con un 33%; el sector de la Plaza de Ponchos con un 26,1%; el sector del Batan con un 25%; Copacabana e Imbaya con un 23,9%; Rumiñahui con 21,6%; los Lagos y Punyaro con 20,5%.
En la pregunta 3 en la que se interroga sobre la principal razón para que se cometan delitos en su barrio o localidad, se señalan las razones siguientes: el consumo de bebidas alcohólicas acompañado con el consumo y venta de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; la carencia de un plan de contingencia de los organismos de control criminal y Gobierno Autónomo Descentralizado; la falta de organización barrial; la falta de iluminación y la presencia de personas en situación de calle.
La pregunta 4, ¿Considera que diseñar estrategias de política criminal para la prevención del delito contribuye a disminuir la inseguridad del cantón Otavalo?, es pertinente inferir que la ciudadanía considera imperativo que en el cantón Otavalo sean aplicadas un conjunto de estrategias de política criminal con enfoque preventivo para así disminuir los índices delictivos. De ahí que un 89,8% responda de manera afirmativa.
Resultados obtenidos a través de la guía de entrevista
A través de las entrevistas a los informantes claves, se señala la necesidad de capacitación en participación ciudadana; proponer políticas públicas con base en la participación ciudadana; formar líderes barriales sin injerencias políticas. La Policía nacional no es suficiente para combatir el crimen, por lo que surge la necesidad de participación ciudadana en la seguridad. Se debe identificar sectores inseguros en los barrios, el microtráfico en barrios, y la existencia de bandas criminales nómadas. Se hace necesario profundizar en los valores de amistad, solidaridad, orden y unidad. Crear brigadas barriales de seguridad, grupos de mensajería Whatsapp y alarmas comunitarias y ofrecer capacitaciones en seguridad.
La observación científica aportó un conjunto de datos necesarios para entender el comportamiento de la ciudadanía ante el aumento de la criminalidad en el cantón Otavalo. En ese sentido, las personas empiezan a organizarse y conformar comités barriales de seguridad para afrontar el crecimiento criminal, dicha organización tiene un enfoque de uso de las tecnologías al crear grupos en redes sociales de mensajería para poder alertar de movimientos “sospechosos”. La organización barrial surge de la desconfianza que tienen las personas ante el rol de los órganos de protección civil, es decir de Policía Nacional y Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Otavalo. Del mismo modo Vegas (2017), sostiene que la acción gubernamental “lleva tareas de servicio a la sociedad a través de mecanismos legales y de ejecución política denominada en muchas ocasiones políticas públicas, cuya orientación final es la de servir a la ciudadanía garantizándole calidad de vida.” (p. 2).
Por otro lado, los resultados de la aplicación del cuestionario apuntan a la necesidad de diseñar un conjunto de estrategias bajo los estándares científicos de la política criminal a fin de disminuir el delito en el cantón Otavalo, lo cual resulta de la percepción subjetiva de inseguridad en la ciudadanía.
Por último, los datos obtenidos a través de la aplicación de la entrevista a los informantes clave sostienen la importancia de dos factores esenciales al planificar políticas públicas enfocadas en la prevención criminal: la acción de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y la participación ciudadana a través de la organización barrial y parroquial en los cantones.
Ante lo dicho con anterioridad, es importante considerar un programa para la inserción de la prevención del delito fundamentado en la norma vigente para garantizar el bienestar de cada uno de los ciudadanos, a través de un conjunto de planes, políticas, programas y acciones orientados a reducir los delitos bajo un modelo: social, comunitario, psicosocial, de rehabilitación, de desarrollo integral y reinserción. Este programa debe comenzar con la preparación de los estudiantes de la carrera de Derecho, y la promoción de un Programa de Inserción de la Prevención en Política Criminal: Uniandes, Ecuador. En la Figura 1, se muestra el objetivo general y los objetivos específicos (OE) del programa que se propone.
Entre los elementos a tener en cuenta se señala el análisis de los datos. Para ello es necesaria la recopilación y análisis de estadísticas criminales, encuestas de victimización, estudios socioeconómicos y otros datos relevantes para identificar los principales factores de riesgo en Otavalo. Apoyados en los resultados de la presente investigación. Debe ampliarse la realización de entrevistas con actores claves (autoridades, líderes comunitarios, organizaciones sociales) para obtener perspectivas y experiencias locales sobre la problemática.
Importante es la revisión de las leyes y políticas locales relacionadas con la prevención del delito y la seguridad ciudadana. Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Constitución de la República, Ley de Seguridad Pública y del Estado, y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
La universidad, como ente articulador del proceso, debe potenciar la organización de talleres con expertos en prevención del delito, criminología, políticas públicas, trabajo social, entre otros, para que los estudiantes aprendan sobre diferentes enfoques preventivos. Insertar la prevención en las clases de Política Criminal y de todas las asignaturas. Promover la participación de los estudiantes en el estudio de casos pendientes en los tribunales que se trate la temática, enfocándose en aquellos casos en que el trabajo preventivo pudiera haber evitado los delitos. Los estudiantes, en grupos, diseñarán y ejecutarán proyectos de prevención del delito en Otavalo, trabajando con organizaciones locales, centros educativos, comunidades, y otros. Enfocar los proyectos en la atención a las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad, para evitar que incurran en hechos delictivos. Insertar en los currículos de la enseñanza primaria y secundaria, temas sobre la prevención del delito, consecuencias y maneras de denunciar los hechos.
Los profesores de la carrera de Derecho con experiencia en criminología, política criminal, prevención del delito, deben brindar toda su experticia para con sus estudiantes. Esto promoverá que el estudiante desde lo teórico y práctico, amplíe sus competencias profesionales, siendo más creativo en el estudio de sus conocimientos y tenga éxito en la aplicación de los mismos.
Involucrar a la comunidad en el diseño de las estrategias de prevención, a través de grupos focales, encuestas y talleres participativos. Priorizar las áreas de intervención según la gravedad de los problemas y la disponibilidad de recursos. Ejemplo de ello, son los barrios que los habitantes perciben como más peligrosos. Capacitar continuamente a los agentes del orden público y control de espacios públicos, así como a la ciudadanía en temas de prevención de delitos.
La socialización de los resultados debe realizarse aun en momentos parciales para ver la evolución de las acciones tomadas. Los resultados deben presentarse en eventos académicos y comunitarios, ante a la entidad universitaria, autoridades locales y otras instituciones. También pueden ser publicados en revistas académicas y otros medios de difusión, como las páginas web de las instituciones locales, grupos en redes sociales de la comunidad, televisoras y radios locales.
No puede pasarse por alto el monitoreo y la evaluación de las acciones. Por lo que se deben implementar mecanismos para evaluar la efectividad de los proyectos piloto, recopilando datos sobre los resultados, impactos y lecciones aprendidas. Los estudiantes y profesores, tienen que definir muy bien los impactos.
La búsqueda de financiamiento a través de organismos internacionales, fundaciones, empresas privadas o programas gubernamentales, con el establecimiento de Alianzas con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Otavalo, Policía Nacional, Fiscalía, organizaciones sociales, instituciones educativas, entre otros, desempeña un papel importante. Mantener las estrategias aplicadas que desempeña el Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo.
Este programa busca transformar la formación legal en la Uniandes, contribuyendo a la creación de una generación de abogados comprometidos con la prevención del delito y la construcción de una sociedad más segura en el Ecuador.
Conclusiones
Esta investigación sentó las bases en el estudio de la prevención del delito con fundamento en la política criminal en un contexto de inseguridad creciente, en el marco de las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Otavalo. Existe inseguridad por parte de la población,
Entonces, le corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Otavalo un trabajo arduo para promover la planificación necesaria en política criminal a través de su consejo de seguridad ciudadana, para garantizar la aplicación de políticas con enfoque social y una vida libre de violencia en todas sus esferas y el desarrollo de cada ciudadano.
El programa propuesto busca promover la participación activa de la comunidad en la prevención del delito, fomentando la corresponsabilidad en la seguridad ciudadana. La inserción de la prevención en la política criminal en los aprendizajes de los estudiantes de Derecho, repercute en todo el accionar de los mismos, los hace más prácticos, responsables y mejores profesionales, desde el estudio y su futuro desempeño como juristas. Su aporte a la sociedad se verá a mediano plazo, pero se sentirán útiles al ser partícipes de la tríada academia-gobierno-sociedad.
