Servicios personalizados
Español (pdf)
Articulo en XML
Referencias del artículo
Enviar articulo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
Introducción
El irrespeto a las normas de tránsito y las consecuentes infracciones son escenas que se repiten con frecuencia en las vías de Quito. En Ecuador, el principal medio de transporte público de pasajeros entre ciudades es el autobús. En 2016 fue responsable del 7% de los siniestros viales. La base de datos oficial de accidentes de tráfico carece de información desagregada relacionada con los accidentes de tráfico con autobuses de larga distancia. En el periodo 2015-2017, solo en una ruta se produjeron 225 muertos, 594 y 1008 heridos graves y leves respectivamente (Espinoza et al., 2022).
Hasta el 15 de diciembre de 2022, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha emitido 113.336 multas, que van desde los USD 21,5 hasta los USD 1.275, dependiendo de la gravedad de la infracción. Entre las diferentes contravenciones que se encuentran estipuladas en el Código Integral Penal (COIP) hay cinco con mayor prevalencia en Quito (Machado, 2022):
Conducir sin portar la licencia de conducir.
Manejar sin utilizar el cinturón de seguridad.
Estacionar el vehículo en sitios prohibidos.
No realizar la transferencia de dominio.
No obedecer las señales de tránsito.
En estas infracciones, todos los actores de la vía tienen su responsabilidad. Las violaciones, errores y omisiones reportados aparecen causalmente relacionados con la intención de violar las regulaciones, y ésta a su vez con actitudes positivas, normas subjetivas y control conductual percibido. Los jóvenes tienen una actitud más positiva que los adultos hacia la comisión de infracciones como peatones y perciben que la norma subjetiva es menos inhibidora, tienen menos control sobre las infracciones, tienen una intención más positiva de cometer infracciones y denuncian más infracciones, errores y lapsos que los adultos. . Los hombres denuncian infracciones de las normas de tráfico con más frecuencia que las mujeres. Se llega a la conclusión de que los peatones, y en particular los hombres jóvenes, son al menos en parte responsables de las altas tasas de accidentes y se sugieren acciones correctivas (Moyano, 2002).
El COIP establece diferentes sanciones para estas infracciones. Por ejemplo, una persona que conduce a exceso de velocidad o que se pasa la luz roja del semáforo es sancionada con el 30% del salario básico (USD 127,5) y seis puntos menos en la licencia de conducir. Mientras que el conductor que habla por el celular recibe una multa de USD 42,5 y menos tres puntos en su licencia. La AMT señala que, hasta el 15 de diciembre de 2022, ha entregado 7.157 multas correspondientes a estas infracciones. (Machado, 2022)
Las infracciones de tránsito en Ecuador se dividen en dos categorías: contravenciones de tránsito (vehículo con llantas en mal estado, conducir sin licencia, no usar cinturón, etc.) y delitos de tránsito (muerte o lesiones causadas por accidentes, daños materiales, etc.). La prescripción de infracciones de tránsito detectadas por radar y el debido proceso en Ecuador es un tema de actualidad, ya que el país busca garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito. Según el artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el procedimiento de tránsito inicia con la impugnación de la boleta que ha sido debidamente notificada al presunto infractor (Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, 2018).
La notificación de la boleta al presunto infractor es un acto crucial en el proceso, ya que si no se realiza correctamente y en el plazo establecido, la infracción quedará prescrita, sin necesidad de considerar la inocencia o culpabilidad del actor. La prescripción de infracciones de tránsito detectadas por radar y el debido proceso en Ecuador es un tema de gran importancia, ya que garantiza el respeto a los derechos fundamentales y el cumplimiento de las normas de tránsito en el país (Villalva, 2021;
De ahí la importancia de la presente investigación que radica en el estudio del procedimiento para solicitar la prescripción de contravenciones de tránsito debido a que existe información en páginas oficiales en donde se establecen procedimientos administrativos para solicitar está prescripción, sin embargo pese a ser una alternativa para evitar la acumulación de causas en las diferentes unidades judiciales con procedimientos contravencionales no han sido aplicados por las direcciones administrativas que lo publicitan, originando confusión y pasatiempo en los usuarios que buscan su aplicación.
Con el aparecimiento del sistema de rebaja de puntos a la licencia de conducir en la legislación ecuatoriana se han producido múltiples sanciones a los conductores por el cometimiento de contravenciones de tránsito, mismas que algunos casos no han sido ejecutadas debido a que las administraciones nacionales y locales poco o nada han hecho por ejercer su cumplimiento, especialmente en los casos de conductores de vehículos particulares que no requieren los servicios de las Instituciones estatales de tránsito, de forma frecuente, situaciones que forjan petitorios pidiendo la aplicación de este modo de extinción de las obligaciones.
En páginas web como la de la Agencia Nacional de tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador se fomenta la adopción de citaciones en línea, respaldada por lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que especifica que la acción de cobro de multas prescribirá en un plazo de cinco años. En situaciones en las que el infractor acepte la infracción, la boleta de citación sirve como título de crédito para dichos cobros, sin requerir una sentencia judicial para este propósito. No obstante, esta investigación explorará la eficacia y uniformidad en la aplicación de esta práctica por parte de las instituciones estatales y los operadores de justicia (Asamblea Constituyente, 2008).
Entonces la necesidad del objeto de estudio del presente artículo científico tiene como enfoque el estudio del procedimiento de prescripción de contravenciones ante la carente uniformidad práctica de criterios al momento de la solicitud de aplicación de esta extinción, en este sentido se plantea como objetivo general estudiar el procedimiento para solicitar la prescripción de contravenciones de tránsito. También se pretende analizar los criterios de algunos operadores de justicia al momento de tratar una de estas solicitudes con la finalidad de orientar a los usuarios del sistema para la realización adecuada del trámite.
En función de este antecedente, la pregunta es ¿cuáles el correcto procedimiento a aplicarse frente a la prescripción de contravenciones de tránsito? Pues independientemente de los esfuerzos que realice la administración pública para evitar la acumulación de procesos que ellos podrían resolverlos en base a lo que determina la ley de la materia sería la solicitud dirigida a un operador de justicia para que después del respectivo análisis en base a las pruebas presentadas sean quienes determinen la pertinencia o no de la solicitud y por ende de su resolución.
Materiales y métodos
La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo usando métodos como la hermenéutica jurídica, el método analítico sintético y el método inductivo deductivo. En relación a los instrumentos que se utilizaron se distinguen la doctrina y fuentes gubernamentales. Con respecto al enfoque utilizado como se había mencionado es de tipo cualitativo, en base a las características principales de un fenómeno de estudio, comprendiendo los componentes de éste para explicar sus transcendentales rasgos.
El autor Andrés Rodríguez en su obra titulada Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento en el año 2017, expresa que “El análisis es un procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente un todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y componentes. Permite estudiar el comportamiento de cada parte” (Rodríguez & Pérez, 2017, p. 186).
El método empleado Analítico - Sintético permite analizar y sintetizar la parte específica correspondiente al procedimiento para la prescripción de contravenciones de tránsito, tema que es objeto de estudio convirtiéndose en una "herramienta" de la que se sirve el jurista para resolver los problemas planteados para su análisis, unificando los criterios y sobre todo usando una aplicación análoga. Se llevó a cabo una síntesis de los resultados obtenidos para identificar los problemas y proponer soluciones. La propuesta de un plan estratégico para la implementación del debido proceso refleja un enfoque práctico basado en la síntesis de la información recopilada.
En relación a la hermenéutica jurídica Javier Hernández Manríquez en su obra titulada Nociones de Hermenéutica e Interpretación Jurídica publicada en el año 2019, expone que “La hermenéutica jurídica, por medio de su ejercicio interpretativo, constituye una herramienta útil, ubicada entre el momento de la creación y la aplicación de la norma jurídica”(Hernández, 2019, p. 4).La hermenéutica jurídica, se utiliza en esta investigación, para lograr los objetivos planteados, utilizándolo con el fin de sustentar el estudio de reglas y mecanismos empleados a la interpretación de textos como la revisión y análisis de la normativa jurídica ecuatoriana.
Con respecto al método inductivo - deductivo se debe indicar que Rodríguez et al. (2017) exponen que:
La inducción y la deducción se complementan mutuamente: mediante la inducción se establecen generalizaciones a partir de lo común en varios casos, luego a partir de esa generalización se deducen varias conclusiones lógicas, que mediante la inducción se traducen en generalizaciones enriquecidas, por lo que forman una unidad dialéctica. De esta manera, el empleo del método inductivo-deductivo tiene muchas potencialidades como método de construcción de conocimientos en un primer nivel, relacionado con regularidades externas del objeto de investigación. (p. 12)
El método inductivo y deductivo permite formar una generalización de premisas, donde las mismas aportarán a la investigación permitiendo que la estructura de silogismos analice y sintetice desde una perspectiva general los planteamientos. El estudio utilizó un método inductivo al extraer conclusiones generales a partir de casos particulares analizados, como la prescripción de multas y el tratamiento de contravenciones sin sanción económica.
Para la recopilación de la información se utilizan como métodos empíricos los siguientes:
Revisión Bibliográfica: La investigación se basa en una revisión bibliográfica exhaustiva de la normativa legal vigente en Ecuador relacionada con la prescripción de infracciones de tráfico. Se consultaron fuentes como la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y el Código Orgánico Integral Penal.
Análisis Legal: Se aplicó un método de análisis legal para interpretar y comprender los principios de legalidad y debido proceso. Se examinaron los artículos 226 de la Constitución, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, y el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal para extraer conclusiones sobre la aplicación de la prescripción.
Examen de Documentos Normativos: Se examinaron documentos normativos específicos, como la circular No. ANT-DSE-2023-0003-C de fecha 29 de marzo de 2023, para entender las disposiciones relacionadas con la prescripción de multas. El análisis se centró en comprender las fechas y condiciones establecidas para la prescripción.
Comparación de Normativas: Se realizó una comparación entre diferentes normativas, como el Reglamento para la aplicación de la prescripción de la acción de cobro y el Código Orgánico Integral Penal, para identificar posibles inconsistencias. La comparación permitió destacar las divergencias y contradicciones en la aplicación del proceso de prescripción.
Resultados y discusión
Es menester para esta investigación en primer lugar examinar si en las instituciones públicas de tránsito realizan los trámites de prescripción y, ante esta inquietud ante la petición de su aplicación su contestación radica que en base al principio de legalidad que concibe como un instrumento para la limitación del poder bajo dos dimensiones, la primera que el establecimiento de las infracciones sólo puede ser dado por la ley, lo cual es recogido por la Constitución dentro de las garantías del debido proceso.
La segunda dimensión, que es el principio de legalidad comprendido como la obligación de la Administración Pública de hacer solamente lo que establece la ley, así el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador se enuncia que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas sólo ejercerán aquellas competencias o facultades propias, que les son atribuidas legalmente. Es decir, que solo las fuentes del derecho mencionadas son aquellas que les pueden ordenar, prohibir o permitir realizar el trámite de anulación de contravenciones por prescripción (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
Es decir que en cuanto al Principio de Legalidad se puede concluir que:
Actúa como un instrumento fundamental para limitar el poder en la gestión de prescripción de infracciones.
La Constitución establece que solo la ley puede definir las infracciones, garantizando así el debido proceso.
La Administración Pública está obligada a actuar conforme a lo que establece la ley, según el artículo 226 de la Constitución.
El artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina que “La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación y planificación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, dentro del ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del sector (Asamblea Constituyente, 2008). Mientras que el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal establece que la prescripción sólo podrá declararse por la o el juzgador, de oficio o apetición de parte, de acuerdo con varias reglas (Asamblea Nacional, 2014):
Por el transcurso del tiempo y en las condiciones establecidas en este documento.
Las contravenciones prescribirán en tres meses, que serán contados desde que la infracción se comete. De haberse iniciado el proceso por una contravención, la prescripción operará en el plazo de un año, contados desde el inicio del procedimiento.
En el caso de las relacionadas con la disposición para trámites de prescripción de cobro de multas, la cual se regula por la circular No. ANT-DSE-2023-0003-C de fecha 29 de marzo de 2023, establece que solo obtendrán respuestas negativas por parte de las direcciones provinciales cuando la contravención corresponda al periodo desde el 10 de agosto de 2014 hasta la fecha constante en la circular (29 de marzo de 2023), ya que estas prescriben solo por disposición de autoridad competente de conformidad al Código Integral Penal (Asamblea Nacional, 2014).
Por tanto, se puede decir que sobre la Regulación de Prescripción de Multas la negativa se basa en la disposición de autoridad competente según el Código Integral Penal (Asamblea Nacional, 2014). Razón por la cual no se aceptan las solicitudes de prescripción por constar en el Código Orgánico Integral Penal cuerpo legal que entró en vigencia en el 2014 (Asamblea Nacional, 2014). En este se hacen constar las contravenciones de tránsito, y el procedimiento en caso de impugnación y en los casos que opera la prescripción de las mismas. Por lo tanto, de acuerdo a la norma expresa quien dispondrá la prescripción en las contravenciones a las que hace referencia es el juez competente, motivo por el cual se deberá direccionar el petitorio al órgano judicial.
Es válido aclarar que se hace una motivación adicional en cuanto a la prescripción de la acción de cobro de las multas por infracciones de tránsito que operará únicamente en aquellas boletas de citación o actas de juzgamiento impuestas hace 5 años contados a partir de la fecha de emisión de las mismas. No operará prescripción alguna de las boletas de citación emitidas a partir del 07 de agosto de 2008 hasta el 28 de marzo de 2011.
De acuerdo con el Reglamento para la aplicación de la prescripción de la acción de cobro por concepto de infracciones de tránsito”, en su Artículo 4.- “Para la prescripción de acción de cobro determinada en el presente Reglamento, el interesado deberá presentar por escrito la respectiva solicitud debidamente motivada en las ventanillas de Atención al Usuario” (Agencia Nacional de Tránsito, 2023, p. 1). Lo cual está acorde con la Disposición Tercera de la Constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
De las líneas anteriores se identifican los principales actores para hacer cumplir el proceso de prescripción de infracciones de tránsito, los cuales se listan a continuación:
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: Como entidad reguladora y planificadora del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, la Agencia Nacional desempeña un papel central en la gestión de la prescripción. Sus competencias incluyen la aplicación de políticas emanadas del Ministerio del sector (Asamblea Constituyente, 2008).
Instituciones Públicas de Tránsito: Las instituciones públicas de tránsito son actores clave en la aplicación y gestión de la prescripción de infracciones. Su respuesta ante solicitudes de prescripción y su conformidad con los principios legales son fundamentales.
Juez Competente: Según el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal, el juez competente tiene la autoridad para declarar la prescripción de infracciones. Puede actuar de oficio o a petición de parte, aplicando reglas específicas en el proceso.
Autoridad Competente según Circular: La autoridad competente, según lo establecido en la circular No. ANT-DSE-2023-0003-C, desempeña un papel crucial en la regulación de la prescripción de multas. Su disposición afecta directamente las respuestas negativas a solicitudes de prescripción en ciertos periodos (Asamblea Nacional, 2014).
Interesados y Ciudadanos: Los ciudadanos y aquellos que buscan la prescripción de infracciones son actores esenciales en el proceso. Presentan solicitudes debidamente motivadas y deben seguir los procedimientos establecidos por el Reglamento para la aplicación de la prescripción.
Ventanillas de Atención al Usuario: Las ventanillas de Atención al Usuario son puntos de contacto directo para la presentación de solicitudes según el Reglamento. La interacción efectiva en estas ventanillas es crucial para iniciar el proceso de prescripción (Agencia Nacional de Tránsito, 2023).
Ministerio del Sector: El Ministerio del sector tiene influencia en las políticas que la Agencia Nacional debe seguir. A través de estas políticas, contribuye a la dirección y aplicación adecuada de la prescripción de infracciones.
Además, se determina que no existe uniformidad para la aplicación de prescripción de contravenciones de tránsito, sin embargo para dilucidar esta problemática existente y evitar que los usuarios del sistema se encuentren a la deriva cuando se les presente esta situación, la solución adecuada es la aplicación del reglamento para la aplicación de la prescripción de la acción de cobro por concepto de infracciones de tránsito, que en su Art. 4, su disposición legal en forma específica analiza la prescripción de la acción contravencional en la materia en lo que respecta al cobro. E incluso consta en el Art. 17 del COIP la siguiente disposición: En materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial se tomarán en cuenta los preceptos administrativos contenidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Asamblea Constituyente, 2008; Asamblea Nacional, 2014).
En cuanto a los procesos de prescripción por contravenciones que no contengan una sanción económica no se establece una normativa clara ni específica, sin embargo, es aplicable la prescripción establecida en el Código Orgánico Integral Penal, por ser norma general. (Asamblea Nacional, 2014)
Como consta en el criterio descrito en líneas anteriores, ya hace algún tiempo se verificaba el tratamiento que se daba a la materia penal de tránsito en el Ecuador, en donde se han dictado distintas disposiciones normativas separadas unas de otras que no logan entrelazarse para dar un criterio uniforme a quienes se encuentran inmersos en este ámbito, quienes se encuentran integrados a la justicia ecuatoriana en conjunto con los entes gubernamentales deberían unificar criterios y establecer parámetros de resolución de conflictos en la aplicación del derecho para evitar confusiones en su aplicación.
Propuesta de un plan estratégico para la implementación del debido proceso en la gestión de la prescripción de infracciones de tráfico
Objetivo General: Implementar un proceso efectivo y transparente para la gestión de la prescripción de infracciones de tráfico, asegurando el debido proceso y la uniformidad en su aplicación.
Objetivos Específicos:
Establecer Procedimientos Claros:
Capacitación del Personal:
Implementación de un Sistema Informático:
Comunicación Clara con el Público:
Monitoreo y Evaluación Continua:
Coordinación con Instituciones Relacionadas:
Auditorías Internas y Externas:
Mejora Continua:
Indicadores de Éxito:
Reducción de quejas y apelaciones relacionadas con la prescripción de infracciones.
Aumento en la tasa de resolución de solicitudes de prescripción dentro de los plazos establecidos.
Evaluaciones positivas de usuarios sobre la transparencia y eficacia del proceso.
Cumplimiento con las normativas legales y estándares de privacidad de datos.
Disminución de inconsistencias en la aplicación de la prescripción entre diferentes instituciones.
Este plan estratégico busca garantizar un proceso efectivo, transparente y uniforme en la gestión de la prescripción de infracciones de tráfico, asegurando el respeto al debido proceso y la satisfacción tanto de los ciudadanos como de las instituciones.
Conclusiones
Se ha confirmado en base a los resultados analizados que existe contradicción en cuanto a la aplicación del procedimiento en caso de contravenciones de tránsito, donde no hay uniformidad de criterios entre la administración pública de tránsito y las unidades judiciales.
La investigación arroja en base al análisis bibliográfico que la correcta aplicación corresponde a que en los casos en donde hay cobro el procedimiento creado para la anulación es el determinado en el reglamento para la aplicación de la prescripción de la acción de cobro por concepto de infracciones de tránsito y, de ser el caso en las contravenciones que no tengan implícita una multa o sanción pecuniaria se deberá aplicar las normas jurídicas establecidas por la ley penal de la materia.
En base a los métodos utilizados en el estudio se ha logrado sintetizar los resultados existentes delos procedimientos establecidos para las causas contravencionales de tránsito que acarrean una confusa aplicación del derecho penal con el fin de otorgar una herramienta eficaz para los profesionales que se desempeñan en el inmensurable mundo del derecho.
