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Economía y Desarrollo
versión On-line ISSN 0252-8584
Econ. y Desarrollo vol.154 no.1 La Habana ene.-jun. 2015
ARTÍCULO ORIGINAL
El neoextractivismo como modelo de crecimiento en América Latina
Neo-Extractivism as a Growth Model in Latin America: Mexican Case
Aleida Azamar Alonso I y José Ignacio Ponce Sánchez II
I Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Distrito Federal, México.
II Estudiante de la Maestría en Economía y Gestión de la Innovación, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Distrito Federal, México.
RESUMEN
En las últimas décadas, América Latina ha impulsado gran parte de su crecimiento gracias a la explotación de sus bienes naturales, lo que ha respondido a la demanda de bienes primarios y a la propia historia de la región como proveedora de estos recursos. No obstante, este modelo económico, implementado a partir de la década de los ochenta, no ha sido capaz de desarrollar la capacidad técnica de la planta productiva, para que esta pueda afrontar los retos de la apertura comercial. Asimismo, la especialización en actividades primarias ha limitado el progreso, al mismo tiempo que ha fortalecido la dependencia. La explotación de bienes naturales lejos de robustecer las economías de los Estados, tales como el mexicano, ha creado problemas sociales y crisis medioambientales, a pesar de las cuantiosas ganancias que genera.
PALABRAS CLAVE: comercio, explotación, inversión extranjera, minería, recursos naturales.
ABSTRACT
For the last decades, Latin America has fostered most of its growth thanks to the exploitation of its natural resources, which has answered back the demand of primary goods, and the region's history itself as a provider of such resources. However, this economic model, implemented as from the 80s, has not been able to develop the technical capacity of the productive plant, so that it can face the challenges of a commercial opening. The primary activities specialization has likewise limited the progress, while it has strengthen the dependence. Far from reinforcing the states owned economies, such as the Mexican one, and in spite of the considerable benefits it produces, the exploitation of natural resources has brought about social problems, and environmental crisis.
KEYWORDS: commerce, exploitation, foreign investment, mining, natural resources.
Introducción
El artículo tiene el objetivo de analizar la forma en que América Latina y, en particular, México ha fortalecido su proceso de globalización económica mediante una estrategia apoyada en la creciente exportación de bienes primarios, principalmente, recursos minerales. Asimismo, pone en el centro del debate la regresión al esquema extractivo que se impone, cada vez más, ante el manufacturero. El estudio es relevante en el contexto actual, puesto se observa un aumento de los proyectos extractivos en gran parte de América Latina sin la debida atención a las consecuencias económicas, sociales y ambientales que estos generan.
En primera instancia, se menciona el papel que tiene el extractivismo en las políticas de desarrollo de la región y se describen sus tipos más representativos, así como los problemas que provocan en la sociedad. Además, se elabora un perfil del sector minero en México, en el que se muestra la forma en que los últimos gobiernos han incentivado la inversión extranjera directa (IED). Para hacer esto último, se analizan datos del número de concesiones y las hectáreas otorgadas para su explotación, y se mencionan los ingresos recibidos por el Estado por concepto de derechos e impuestos y así como los de las mineras. Finalmente, se presentan algunas recomendaciones para una futura agenda de investigación.
Las materias primas como base del desarrollo en América Latina
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el desarrollo es una condición, en la cual las necesidades auténticas de la población se satisfacen con el uso racional y sostenible de los recursos y los sistemas naturales. Su utilización debe estar basada en una tecnología que respete los aspectos culturales y los derechos humanos. Además, todos los grupos sociales deben tener acceso a las organizaciones y a los servicios básicos, tales como la educación, la vivienda, la salud y la nutrición. Asimismo, sus culturas y tradiciones deben ser respetadas (OCDE, 2012). También, agrega que la idea de desarrollo se centra en un proceso permanente y acumulativo de cambio y transformación de la estructura económica y social. Involucra el incremento de las capacidades productivas y la mejor distribución de la riqueza, la atención a las necesidades básicas y la ampliación de las opciones y las capacidades de las personas para el desenvolvimiento de su vida (Sunkel, 1995).
En Latinoamérica, los modelos económicos de desarrollo endógeno y exógeno focalizan su participación en el comercio internacional a partir de la exportación de recursos naturales con poca o nula transformación. Un ejemplo de ello es el modelo de crecimiento hacia adentro promovido por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), donde el Estado constituye el eje rector de la economía y, al mismo tiempo, financia los costos del proceso de industrialización con la exportación de materias primas. El modelo supone aprovechar las ventajas naturales de los países de la región para reforzar el proceso de industrialización.
Por otro lado, el actual modelo neoliberal -que se rige por el Consenso de Washington- sostiene que el crecimiento económico debe apoyarse en una mayor apertura comercial para lograr un mejor aprovechamiento de la especialización, con respecto a las ventajas comparativas por país, y en un proceso de industrialización más intensivo de los recursos naturales.
El avance económico que se ha producido a partir de la implementación del modelo neoliberal es relevante cuando analizamos sus resultados, debido a que ha logrado un cierto grado de industrialización y el empuje de una clase media con mayor capacidad de demanda. Sin embargo, los resultados son negativos, puesto que se mantiene la incapacidad para terminar con el subdesarrollo y la dependencia. Asimismo, este ha generado conflictos socioambientales y una mayor concentración de la riqueza en algunos sectores (sobre todo en empresas trasnacionales), lo que mantiene a gran parte de la población en condiciones de pobreza.
La ruta de desarrollo que marcaron los preceptos del Consenso de Washington para salir de la crisis de la deuda externa durante los años ochenta no generó los resultados esperados, como tampoco lo hizo la reforma de segunda generación realizada a mediados de los noventa, que pretendía modificar el entramado internacional. De ahí la necesidad de estudiar esta temática, con la finalidad de analizar, de manera más profunda e integral, el extractivismo en América Latina y, especialmente, el caso mexicano.
El modelo extractivo y la consiguiente dependencia económica de América Latina se ha fundamentado por las necesidades de acumulación del capital, puesto que al retomar un modelo de desarrollo basado en las actividades primarias se fortalecen las relaciones de dominación y la dependencia en la región (Guillén, 2007). Este proceso responde a condiciones exógenas del modelo económico y no, a las necesidades locales que requieren estas naciones.
Hoy día, los recursos naturales son una fuente importante de ingresos para América Latina. La actividad extractiva se ha vuelto cada vez más rentable en un mercado internacional demandante de materias primas. El esquema supone consecuencias estructurales de nuevas dependencias bajo la actual dinámica del comercio internacional. De la misma manera, la continuación y la acentuación de los proyectos extractivistas en Latinoamérica pueden acarrear efectos negativos para el medio ambiente y el ámbito social, derivados del deterioro de amplios territorios habitados por millones de personas.(1) Se ponen en peligro la salud y las formas de organización social y de identidad cultural de estos habitantes.
Un factor determinante de esta lógica de desarrollo, bajo el contexto de una economía globalizada, es el acceso a la tecnología. Al depender de la transferencia de capital, pero, sobre todo, de los avances tecnológicos de los países desarrollados para impulsar sus ritmos de crecimiento económico, los países latinoamericanos han visto limitada su capacidad de industrialización autónoma y sostenida. La ausencia de un avance tecnológico propio limita el aprovechamiento de nuevas y más dinámicas ventajas comparativas. En el actual esquema de globalización, el acceso a la tecnología y al capital condiciona la inserción en la división internacional del trabajo. Este fracaso ha obligado a la región a insertarse en los niveles más primarios de la jerarquía tecnológica y es la causa principal de la aparición de la estrategia dual primaria exportadora.
El comercio y la dinámica exportadora de la actividad extractiva
Pese a las desventajas de basar la economía en un modelo exportador de recursos naturales, existen algunos países desarrollados -Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Finlandia y Suecia- que han logrado un crecimiento exitoso. Según Machinea y Vera (2006), un punto económico central para estas naciones es que a partir de la exportación de productos primarios desarrollaron manufacturas que generaron encadenamientos productivos al interior del país. Estas propiciaron la existencia de procesos y tecnologías aprovechables, situación que provocó el incremento del valor agregado en los productos y la mejora de sus términos de intercambio. Resulta relevante comentar que estos países crearon encadenamientos para mejorar los procesos, los productos, la comercialización y la logística, mediante políticas públicas que incrementaron el contenido tecnológico de sus exportaciones a mediano y largo plazos. Esto resulta muy diferente de lo que sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica (Machinea y Vera, 2006).
Por otro lado, la teoría del desarrollo argumentaba que el camino correcto para las economías latinoamericanas era transitar de la producción agrícola tradicional hacia las manufacturas; no obstante y como lo mencionó Boskin durante la década de los ochenta: "poco importa si lo que produces son papas o microchips" (Cypher, 2009, p. 129). Y es que, de acuerdo con Machinea y Vera (2006), el aumento en la exportación de bienes de media y alta tecnología no implica un mayor desarrollo técnico. Simplemente puede significar que estos países son los encargados del ensamblaje final de estos bienes. En este sentido, se puede señalar que no se aprovechan las altas tasas de crecimiento y productividad de las industrias extractivas, pues, al contrario de lo que ocurre en los países nórdicos, no se incorporan los beneficios tecnológicos de esta industria al grueso de la economía, lo que implica la ausencia de capacidad política para crear incentivos y desarrollar encadenamientos productivos locales que mejoren la capacidad técnica.
Del extractivismo al neoextractivismo
Las llamadas "economías emergentes" -como China, India y Brasil- requieren cuantiosos suministros de materias primas para sus procesos de desarrollo. Por lo que la mayoría de los países de América Latina se han especializado en la exportación de estas materias sin transformar, tal como lo demuestra el aumento de IED en los recursos naturales, que alcanzó el 46 % en el año 2013 (CEPAL, 2014).
El extractivismo es el proceso a través del cual se obtienen, a partir de la extracción, grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados, o se procesan en forma limitada, y que, posteriormente, se destinan a los mercados internacionales con escasos encadenamientos locales o nacionales. La extracción de estos recursos depende de importantes inversiones (casi siempre extranjeras) y se articula con cadenas de comercialización global. Estos últimos aspectos explican la presencia determinante de compañías transnacionales en este proceso, lo cual es parte integral de la hegemonía del desarrollo basado en este modelo (Böhm y Brei, 2008; Gudynas, 2012). Por otro lado, a menudo, aparecen relaciones de dependencia entre los proveedores y los usuarios de estos recursos. El extractivismo ha sido recientemente reconfigurado en lo que se ha denominado "neoextractivismo". El nuevo concepto hace referencia a las políticas que fortalecen el papel del Estado en la explotación y la propiedad de los recursos (Gudynas, 2009), un proceso que ha cobrado fuerza en gran parte de los países en vías de desarrollo. De acuerdo con Gudynas, existen tres diferentes tipos de extractivismo, los cuales se catalogan según los aspectos económicos sociales y ambientales de cada uno (tabla 1).
Por otro lado, en el nuevo modelo económico, el Estado es también un actor clave pues crea las condiciones que permiten a las empresas implementar sus procesos de extracción. Como consecuencia, se ceden espacios para el abastecimiento de los recursos naturales necesarios para el interminable proceso de acumulación del capital (Gudynas, 2012).
Bajo el enfoque del neoextractivismo, aparecen cambios en cuanto a cómo se entiende el desarrollo en los países donde se lleva a cabo. En el pasado, las economías de enclave se asociaban con la dependencia comercial y la transnacionalización, ahora se les defiende como éxito exportador. Los récords de exportaciones de materias primas son celebrados por los gobiernos (Gudynas, 2012). Hoy día, la idea del desarrollo con base en el extractivismo se puede entender como:
1. El desarrollo es crecimiento económico.
2. El crecimiento económico se logra por medio del aumento de las
exportaciones y de la atracción de la inversión extranjera.
3. Ese crecimiento generará efectos de derrame en el bienestar de la población, por ejemplo, por medio del empleo, el consumo, entre otros.
4. El crecimiento es mediado por una apropiación que debe ser intensa y eficiente de los recursos naturales (Gudynas, 2012, p. 4).
Las cadenas globales de valor y el extractivismo
En el contexto de la globalización económica neoliberal todo espacio geográfico está condicionado por las estructuras tecnológicas que derivan de la organización de las empresas trasnacionales mediante "cadenas globales de valor" (CGV).(2) La mayoría de las actividades extractivas en América Latina, están bajo la organización de estas cadenas que controlan buena parte de los procesos de producción y comercialización. La internacionalización del capital por medio de las CGV genera la desvinculación de sus actividades con las necesidades de la población local. Las CGV, al estar orientadas bajo la lógica de minimización de costos y maximización de utilidades a nivel global, se desacoplan del bienestar social en los países en donde se localizan.
Abordar el extractivismo a partir de las teorías del comercio internacional supone el análisis estructural de la economía mundial y de la división internacional del trabajo, pero también las relaciones de subordinación presentes en la estructura internacional de CGV. Los procesos extractivistas contemporáneos en Latinoamérica se caracterizan por ser economías de enclave, localizadas en regiones específicas con presencia de recursos naturales, como metales, petróleo, gas natural o agua; o bien en la superficie, como el monocultivo agroindustrial, la minería a cielo abierto y los recursos forestales, entre otras. En estas economías, generalmente, se explota más de un recurso -orientado a las necesidades del mercado internacional-, y son prácticamente nulos los encadenamientos productivos con la economía local. La mano de obra en los negocios extractivos está mal pagada y realiza actividades de alto riesgo, que ponen en juego su vida y su salud. La mayoría de estos proyectos no tienen una duración mayor a treinta años, ya sea por el agotamiento del recurso o de las propias tierras; además, no dejan ningún provecho a la población, fuera de las contribuciones fiscales a los países en donde estos enclaves se desarrollan.
El impacto social y ambiental del neoextractivismo
Al finalizar los proyectos extractivos quedan tierras erosionadas e inservibles, profundamente contaminadas, así como un cúmulo de problemas socioambientales generados durante y posteriormente al desarrollo de los negocios extractivistas. Razón por la cual "El modelo económico basado en el extractivismo es problemático, puesto que la riqueza natural y humana de América Latina ha distorsionado la estructura y asignación de sus recursos económicos, distribuyendo regresivamente el ingreso nacional y concentrado la riqueza nacional en pocas manos, mientras la pobreza se generaliza" (Acosta, 2009, p. 13).
En un contexto de crecimiento orientado hacia afuera, el Estado latinoamericano es el principal encargado de promover condiciones óptimas para recibir la IED y aumentar el volumen de las exportaciones. Son los gobiernos nacionales quienes concesionan y promocionan estas inversiones destinadas a actividades extractivas mediante distintos incentivos fiscales, de flexibilización laboral y desregulación ambiental.
Los nuevos agronegocios, desarrollados a partir del esquema extractivista en Latinoamérica, han generado una disminución de la producción orientada al consumo interno. Al ser menor la participación del Estado en la economía, a causa de las directrices del Consenso de Washington a través de la implementación del modelo neoliberal, se inhibe el financiamiento y el dinamismo de sectores industriales estratégicos de las economías locales, por lo que se recurre a la IED para la explotación y la exportación de los recursos naturales.
La agudización del esquema extractivista en la región latinoamericana está vinculada con los avances científicos y tecnológicos que permiten acelerar los ciclos de producción o la extracción de recursos, lo cual ha ocasionado la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad a ritmos insostenibles. Son los recursos naturales de los países subdesarrollados los que están en el centro de la disputa. De ahí, la necesidad de realizar un mejor diagnóstico de la situación que considere la complejidad de los intereses comerciales -tanto nacionales como transnacionales- sobre las materias primas.
El neoextractivismo pone en el centro del debate el paradigma del crecimiento económico y del desarrollo social sustentado en la extracción acelerada de los recursos naturales; según este, no se trata de crecer por crecer, sino de lograr una ruta de desarrollo humano sustentable que considere el adecuado aprovechamiento y la conservación de estos. El modelo económico actual obvia las condiciones externas, ambientales y sociales, así como los conflictos generados por la concentración o la contaminación de los recursos básicos para la subsistencia y la aparición de problemas de salud ligados a las actividades extractivas. Es necesario recordar que la mayoría de los proyectos extractivos ocurren en zonas marginadas o rurales, principalmente indígenas, en las cuales se rompe el vínculo natural de subsistencia con la tierra y se obliga
a estas poblaciones a sumarse como mano de obra barata a los proyectos. De esta manera, ocurre un proceso mayor de explotación y de enajenación, tanto desde el punto de vista material como desde el humano, de una forma muy similar a la que ocurría en la época colonial.
La minería en México
El régimen fiscal y los ingresos federales por concepto de derechos
Para la mayoría de los países con una industria minera próspera, el Estado puede obtener ingresos por medio de tres vías: 1) por las regalías de la venta de los productos extraídos, 2) por el pago de impuestos correspondientes a las actividades que se realicen (en México el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado), y 3) por el pago de derechos de explotación (González, 2011). En México, el Estado no cobra regalías por la explotación territorial y, para el caso de los impuestos, existe una condonación de hasta el 77 %, sin importar el origen de las compañías. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de Economía (SE) a finales del año 2013, existían más de 30,8 millones de hectáreas concesionadas para uso de la minería en el país. Si se promedian (43,81 pesos por Ha) las tarifas por pago de derechos citadas en la Ley Federal de derechos en sus Artículos 262 al 264, ese año México podría haber obtenido un total de 1 349 millones 348 mil pesos por ese rubro. Si, además, esta cifra se convierte al tipo de cambio promedio de ese año (12,80 pesos por dólar), la recaudación ascendería a 105 millones 417 mil 812 dólares. Asimismo, la producción total de oro refinado en 2013 fue de 97,9 toneladas (3 millones 453 mil 324,6 onzas). Si se multiplica esta cantidad por el precio promedio anual de ese metal, que fue de mil 409 dólares por onza, la venta en el mercado del oro fue por un total aproximado de 4 mil 865 millones 734 mil 361 dólares. Esto da lugar a la obtención de una relación de 46 a 1 (4,600 %) a favor de las empresas mineras, y eso, solamente, al considerar la producción de oro, a la que pudiera agregársele el cálculo de los valores de la plata, el cobre, y otros metales y minerales (CAMIMEX, 2014; González, 2011).
El perfil del sector minero
México cuenta con una amplia reserva de recursos naturales en todo el territorio nacional, entre ellos, los minerales metálicos y no metálicos, cuyos yacimientos son de clase mundial. Fresnillo es el yacimiento de plata más rico y más grande descubierto hasta ahora; la mina de La Herradura y La Ciénaga son las mayores productoras de oro del mundo. El sector minero mexicano se mantiene como líder mundial en la producción de plata y en los primeros lugares de producción mundial de oro, cobre, florita y bismuto (SE, 2014).
En el periodo 1993-2013, el sector minero representó en promedio el 0,85 % del PIB, aunque pareciera no ser representativo, la minería es uno de los sectores que se ha mantenido en los últimos años en una senda de crecimiento constante, incluso en épocas de crisis, como en 1995 y en 2008 (figura 1).
Asimismo, contribuye con 332 501 empleos directos de acuerdo a datos de la SE y la CAMIMEX para el año 2013.
Los niveles de producción de la minería
En el año 2013, el nivel de la producción minera en México fue superior a los 326 mil millones de pesos, mostró un incremento superior al 12 % respecto al año anterior. Se puede apreciar que el crecimiento en los valores producidos ocurre a partir de 1986, cuatro años después de que México adoptó el modelo "fondomonetarista". También, en 1995, después de haber firmado el tratado de libre comercio con Estados Unidos de América del Norte y Canadá (TLCAN), se presenta un aumento notorio en los valores de la producción.
La estructura productiva del sector minero se caracteriza por un alto grado de concentración, tanto en minerales, como en los estados que se asientan los proyectos. En 2013, la plata, el oro y el cobre, representaron el 64,5 % de la producción total del sector; mientras que otros elementos como el zinc, la arena, la grava y el fierro constituyeron el 14,5 %, y un gran número de materiales como fluorita, cadmio, yeso, grafito, azufre, sal y carbón, entre otros, reunieron el 21,1 % de ella. Esta concentración también se presentó por estados, ya que seis de ellos fueron los mayores productores al aportar el 79,0 % de la producción nacional, distribuida del siguiente modo: Sonora (26,2 %), Zacatecas (19,0 %), Chihuahua (11,6 %), Coahuila (9,4 %), Durango (8,1 %) y Michoacán (4,7 %) (SE, 2014).
La IED en la minería
Para identificar la presencia de las firmas extranjeras en el sector minero en el país, puede recurrirse a dos elementos: 1) los proyectos que desarrollan las firmas extranjeras de forma individual o con asociación de otros países (México incluido) y, 2) los montos de IED que realizan otras naciones en la minería mexicana.
El informe publicado por la SE en octubre de 2014 respecto al sector minero nacional indica que, en el año 2013, en México se realizaron 870 proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero.(3) A continuación, en la tabla 2, se presentan las diez empresas principales por número de proyectos en el año 2013.
En la tabla 2 puede observarse que si bien una empresa australiana fue la que desarrolló el mayor número de proyectos en el año 2013, con un total de 24, fue, sin dudas, Canadá quien mayor presencia tuvo en este listado, representada con nueve empresas y 127 proyectos. Es necesario señalar que solo se consideró a las empresas que realizaban inversión de forma individual y no se tomaron en cuenta aquellas que funcionaban como sociedades, ya fuera vinculadas con sectores de su propio país o con otras naciones.
En la tabla 3 se presentan los montos en millones de dólares de los principales países que invirtieron en el sector minero en el periodo 2006-2012. Como también puede apreciarse, nuevamente fue Canadá quien aportó los mayores montos de inversión. Por otro lado, en el periodo 2008-2010 se verificaron los mayores flujos de inversión mexicana. Además, sorprende la aparición de las Islas Vírgenes como el segundo país con mayor IED, aunque esta presencia fue solamente en el periodo 2007-2008, cuando realizó el grueso de sus aportaciones sobre todo con empresas británicas. También Estados Unidos tuvo inversiones importantes en cuanto a cantidades monetarias, principalmente en los años 2007, 2008 y 2011. Otros países como Reino Unido, Corea o China, también aportaron flujos considerables, pero sin la consistencia de los nombrados previamente.
La balanza comercial del sector minero
En lo referente a la balanza comercial del sector minero durante el periodo 1980-2013, se presentó una tasa de crecimiento promedio anual del 10,64 % en las exportaciones, sobresale dicho comportamiento de crecimiento principalmente por las exportaciones realizadas en 2002 a 2013 y, si bien se presentaron algunos saldos negativos en los años 1999-2001 y 2003-2005, los incrementos en 2001 con relación al año anterior fueron superiores al 45,0 %, aunque las importaciones tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 7,79 %,el 60,0 % de ellas fueron de materiales industriales (SGM, 2014). Por lo que debería considerarse la producción nacional de esos minerales.
Consideraciones finales
Resulta necesario estudiar las implicaciones del neoextractivismo en su relación con el comercio internacional y el medio ambiente. Es decir, analizar las contradicciones de este modelo, la comercialización de materias primas y sus efectos negativos a nivel global y nacional. Para este análisis es útil estar al tanto de las regulaciones o normatividades ambientales como un elemento central para la atracción y la promoción de la IED en países orientados a la producción y la comercialización de materias primas.
El neoextractivismo en América Latina también podría analizarse desde la teoría de la "renta fundaría" elaborada por la economía política clásica. Si bien el concepto de renta desde la postura ricardiana está relacionado con la problemática de la tierra, esta perspectiva puede extenderse también a los recursos naturales y por ende al extractivismo: "Las minas, como la tierra, pagan generalmente una renta a su propietario, y dicha renta, como la renta de la misma tierra, es el efecto y nunca la causa del alto valor de su producto" (Ricardo, 1994, p. 64).
Estudiar las actividades extractivas desde la teoría de la renta permite analizar la relación de dos aspectos diferentes, pero totalmente relacionados: la productividad y la rentabilidad. A partir de la productividad de los negocios extractivos en América Latina, particularmente a partir del caso mexicano, es posible conocer su rentabilidad. La combinación de este análisis con el de las condicionantes externas y las economías de escala podría enriquecer este estudio, con la finalidad de comparar la rentabilidad de estos proyectos con los costos no considerados en el proceso de obtención o extracción de materias primas. Sin olvidar que la viabilidad económica de estos proyectos está determinada por la abundancia o la escasez de los recursos naturales en zonas específicas bajo las condiciones sociales, ambientales y culturales de cada país.
El extractivismo también debe ser analizado desde la perspectiva marxista del concepto de "acumulación por despojo" o bien desde una nueva forma de acumulación, ya no originaria como en la época colonial, pero sí como una dinámica propia del capitalismo moderno. De esta forma, el neoextractivismo aparece como una nueva modalidad de acumulación del capitalismo, que se caracteriza por "la disolución de la propiedad colectiva de la tierra y con ella la de otros bienes comunes ahí contenidos; es decir, el despojo como parte estructural del funcionamiento del sistema de producción" (Delgado, 2011, p. 2).
Asimismo, es interesante observar que la recaudación fiscal por medio del neoextractivismo, principalmente por proyectos mineros, solo se presenta en algunos casos en América Latina, sobre todo en los países que han adoptado gobiernos progresistas; ya que esta figura legal se convierte en una justificación para permitir la explotación de los recursos naturales. Aún peor es el caso de los países con gobiernos de centro-derecha como México, ya que las empresas ni siquiera pagan regalías, solo se les cobra una cuota irrisoria por pago de derechos y existen altas condonaciones de impuestos, con la intención de incentivar la IED, sin importar la explotación de los recursos naturales no renovables. Cabe resaltar además que no existe ninguna ley que mencione el cobro de externalidades negativas: ambientales, sociales o culturales que provocan este tipo de proyectos.
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RECIBIDO: 30/4/2014
ACEPTADO: 20/10/2014
Aleida Azamar Alonso. Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Distrito Federal, México. Correo electrónico: gioconda15@gmail.com
José Ignacio Ponce Sánchez. Estudiante de la Maestría en Economía y Gestión de la Innovación, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Distrito Federal, México. Correo electrónico: ponce.ignacio@hotmail.com
NOTAS ACLARATORIAS
1. Por ejemplo, en México, en el sexenio pasado 2006-2012 se concesionaron cerca de 27 mil proyectos mineros, lo cual equivale aproximadamente al 17 % del territorio nacional (32 millones 573 hectáreas).
2. Se trata del conjunto de eslabones contentivos de actividades económicas, que interactúan en una dinámica continua, hasta llegar a la producción y el consumo final.
3. Cabe señalar, además, que 604 de esos proyectos (69,5 % del total) fueron operados solo por empresas canadienses, 143 (16,5 %) por empresas de Estados Unidos, 25 (3,4 %) por empresas chinas, 20 (2,3 %) por empresas de Japón y 78 (8,9 %) por empresas de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Corea, España, India, Italia, Perú, Reino Unido, de forma individual o asociadas a capital mexicano. En cuanto a las actividades que desarrollaban estos proyectos debe apuntarse que 636 (73,1 %) se encontraban en etapa de exploración, 104 (12,0 %) eran proyectos suspendidos, 94 (10,8 %) estaban en producción y 36 (4,1 %) eran proyectos en desarrollo.