INTRODUCCIÓN
La comprensión de la dinámica demográfica cubana actual pasa necesariamente por la explicación de cada uno de sus componentes, en estrecha interrelación con la población y el desarrollo. El debate en torno a la fecundidad y su evolución, a la variabilidad de las migraciones o a la convergencia de perfiles epidemiológicos que inciden sobre los niveles de mortalidad determina hoy posicionamientos también desde la política. Es una excelente oportunidad de diálogo ciencia-política, de forma tal que la primera aporte insumos y recomendaciones al modo en que se trazan e implementan acciones y a su vez a las posibilidades de monitoreo sistemático a los procesos.
El contexto social, económico y político actual abre una oportunidad al binomio ciencia-política en esta y en otras ramas del conocimiento. En el campo de la demografía de lo que se trata es entonces de contribuir a posicionar las características de su dinámica y desde el contexto de lo que expone la política hoy proponer ajustes e inclusiones en su concepción.
1. DINÁMICA DEMOGRÁFICA
La población cubana, en los últimos diez años, ha tenido un proceso de oscilación en su crecimiento total con tendencia a un crecimiento negativo y a la pérdida por ende de efectivos de su monto total. El descenso ha sido sostenido y gradual.
En lo que respecta al comportamiento de la fecundidad se han mantenido niveles casi estables, con valores que se mueven desde 1,70 hijos por mujer en 2009, hasta 1,61 en 2017. Esta variación en el indicador es diferente entre las provincias y municipios del país, con una concentración hacia una fecundidad esencialmente temprana (mayores aportes de las mujeres entre 20 y 24 años), mientras se mantienen crecientes niveles de fecundidad adolescente, poco más del 16 %.
La mortalidad se ha caracterizado por mostrar tasas con ligeros incrementos en el tiempo, con un sostenimiento del valor de la esperanza de vida al nacer (78,43 años). Desde el período 2011-2013 los valores de mortalidad infantil son de 4 por cada 1 000 nacidos vivos. Sin embargo, la mortalidad materna aún se resiste a descender más allá de 39 defunciones por cada 10 000 nacimientos.
En el caso de la migración externa, el país históricamente se ha caracterizado por ser emisor de población. Los datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE, 2018) ubican una pérdida absoluta de población entre 1970 y 2015 de 931 465 trabajadores efectivos entre los 15 y los 64 años de edad. Durante el tiempo en que el bono demográfico estuvo presente las salidas netas de productores alcanzaron las -693 297 personas, 76,7 % del total de salidas entre 1973 y 2012. Solo durante la fase de contracción inicial del bono de 1977 hasta el momento de su virtual extinción en 1995 las salidas netas de esta subpoblación alcanzaron en total -265 695 personas, mientras que durante la fase aguda del Período Especial, de 1990 a 1995, fueron -76 355, incluidos aquellos que salieron del país durante el evento conocido como Crisis de los Balseros en 1994 (Aja Díaz y Milán, 1996). De todos ellos, el 15 % son universitarios contra un 8 % de la población total (Díaz y Torres, 2012, p. 30). Estos valores podrían ser mayores a la luz de las oscilaciones que se producen justamente por las variaciones que la resolución migratoria de 2013 introdujo en sus regulaciones.
1.1. Envejecimiento y recursos laborales
Los sostenidos bajos niveles de fecundidad han condicionado un creciente envejecimiento demográfico, es decir, de la estructura por edades de la población. Si se toman las estadísticas oficiales para el año 2017 (CEPDE, 2018), la población de 60 años y más representaba el 20,1 %, lo que da cuenta de una estructura de edades en plena vejez demográfica. Ello resulta un factor relevante para el trazado de políticas y ha sido uno de los temas más tratados desde los medios de comunicación y desde las propuestas de acciones. Pero en relación directa con ello no debe ser despreciado el hecho de que el peso de la población de 15 a 34 años (joven) para el mismo 2017 era de un 26,3 % y la de 15 a 39 años era del 32 %. De ahí que, de tomarse como referencia estos porcentajes, a pesar de tener una estructura en la que es creciente cada año el peso de la llamada población adulta mayor, existe un importante porcentaje de población joven que no debe ser ignorada del panorama demográfico y la política económica.
En ese sentido y según la misma fuente de información, en la población cubana solo se encuentran 51 personas fuera de las edades económicamente activas por cada 100 en las edades activas (15-64 años). Visto en términos de la relación de sustento de la población, ello da cuenta de la existencia de casi 200 personas potencialmente activas, en edad laboral, por cada 100 fuera de esas edades en la actualidad, por lo que se puede afirmar que hay aún una disponibilidad de recursos laborales en el país.
Ahora bien, este proceso de vejez o envejecimiento demográfico es irreversible y con toda justicia podría esperarse que entre 2030 y 2048 se supere la barrera del 30 % de población de 60 años y más y llegue a ser de más de un tercio dos años más tarde. Sin embargo, en esos años las personas en edad laboral (15-59 años) aún serían de más del 50 % de la población total, lo que hace evidente el hecho de que por cada 100 personas de 60 años y más todavía habrían más de 150 en las edades económicamente activas (15-64 años) (Tabla 1).
Fuente: elaboración propia a partir de CEPDE-ONE (2001, 2006, 2011, 2018a, 2018b); Hernández (2009); Albizu-Campos (2015).
Así, la aceleración del crecimiento anual de la población de 60 años y más en 2030 (3,31 %) se explica precisamente por la llegada a esas edades de aquellas generaciones, cuando lo que fue aquel baby-boom se transforma definitivamente en el boom de las jubilaciones. Si bien el envejecimiento demográfico es irreversible, su aceleración no es infinita. Nótese que ya en el período 2030-2048 y 2048-2050, la tasa media anual de 60 años y más cae abruptamente a solo 0,62 % y 0,28 %, respectivamente, con lo que alcanza esa subpoblación una condición de cuasi-estabilidad, para confirmar así el cumplimiento de los postulados de la teoría de las poblaciones estables, en las que la estructura de edades alcanza un momento en el que comienza a ser constante en el tiempo.
La Figura 1 muestra la elevada proporción de población que en 1970 se encontraba por debajo de 15 años, como resultado del elevado número de nacimientos ocurridos durante el baby-boom en su intervalo de expansión entre 1957-1960 y que llevara a 85 el número de dependientes por cada 100 productores. Ya a partir de 1981 comenzó una caída sistemática de ese indicador hasta una sima de 54-55 dependientes en el interregno de los censos de 2002 y 2012. Ello da cuenta de la apertura de un período de más de cuatro décadas de oportunidad demográfica para la economía, en términos de disponibilidad de recursos laborales, de 1966 a 2009, con la incorporación de grandes contingentes de personas a las edades económicamente activas y en el que la razón de soporte demográfico pasó de 136 a casi 230 personas en edad laboral (15-64 años) por cada 100 fuera de ellas, incluso en un período en los que el descenso de la fecundidad registró sus mínimos históricos (1996 y 2006).
Desde 2009 comenzó a cerrarse esa ventana de oportunidad demográfica. En su conjunto puede cuantificarse, de 1966 a 2009, un incremento del 67 % del número de personas de 15 a 64 años de edad (llamados productores) por cada 100 personas fuera de esas edades, es decir, dependientes. Aunque aún permanecen grandes contingentes de personas en esas edades, en 2017 el número de dependientes por cada 100 productores alcanzaba casi 60 y llegará a situarse en más de 80 cuando entre en su apogeo el boom de los retiros hacia 2030, entonces sí la razón de sustento de los retirados descenderá a solo 2 trabajadores por cada persona de 60 años y más, cuando en 1970 había sido de 6, e incluso de más de 8 en 1953. (Figura 2)
1.2. Bono demográfico
Hacia 1973 se abrió un inusitado período de oportunidad para la economía, en el que la ventana demográfica dio lugar a la aparición del bono demográfico (áreas azules) (Figura 3).
Cuando se habla de bono o dividendo demográfico se hace referencia a un período de tiempo en el que las ventajas de la oportunidad demográfica que la población le ofrece al modelo económico se traducen en ventajas económicas, en tanto el número de trabajadores netos (efectivos) crece más rápidamente que el número de consumidores netos (efectivos) y la relación de sustento, diríase económica, en la población, comienza a aumentar de forma progresiva hasta alcanzar una cúspide a partir de la que crece cada vez más lentamente y comienza disminuir; se extingue el bono y se inicia el período de factura demográfica.
Documentado por diversos autores (Mason, 2001, 2005; Bloom et al., 2002), es el resultado final de la transición demográfica, es decir, de la transición de la fecundidad desde niveles elevados a niveles bajos, que conduce a transformaciones de mayor significación en la estructura de edades. Esto aumenta la importancia proporcional de la población en edades laborales y asociado a un aumento sostenido del empleo productivo, la productividad del trabajo, los salarios e ingresos personales y el reforzamiento de la capacidad de ahorro de la población da lugar durante un período de tiempo al incremento subsiguiente de la razón de sustento económico antes comentada, que se extingue, en primer lugar, en la medida en que la ventana de oportunidad demográfica se cierra o las condiciones económicas y las políticas públicas no permitan su aprovechamiento, acentuándose su carácter temporal y adelantándose su extinción.
Pareciera que existe la oportunidad de un segundo bono demográfico, pero ello depende de cómo fueron invertidos los recursos generados en el primer bono y sobre todo de su aprovechamiento, es decir, cuál fue su aporte al crecimiento macroeconómico de los países (Lee y Mason, 2010), cuánto capital humano fue formado en relación con una inserción económica productiva y la elevación de la productividad del trabajo, y cuán disponible este se encuentra en un momento dado. Sin embargo, puede ocurrir que, a pesar de estar presente, no se manifieste como crecimiento del bienestar material esperado por el cambio en la estructura por edades de la población (aumento en la razón de sustento) bajo condiciones constantes del ciclo económico vital, en términos de productividad y ahorro (Department of Economic and Social Affairs, 2013) y entonces se convertiría en factura demográfica (áreas rojas, Figura 3), pérdida del bienestar por no aprovechamiento.
Pero en el caso cubano puede percibirse cómo desde 1950 a 1957 había aparecido ya de manera incipiente debido a los cambios en la estructura de edades producidos por el descenso secular de la fecundidad en el país entre 1911 y 1956 y se había extinguido entre 1957 y 1972 como consecuencia del boom de los nacimientos ocurrido en esos años, que provocó un aumento expansivo del número de personas dependientes entre niños y adolescentes (como se registrara en el censo de 1970), combinado con un saldo migratorio negativo acumulado de 460 000 personas de 15-64 años entre 1960 y 1972. Luego, y como consecuencia de la entrada en edades laborales de esos baby-boomers, hacia mediados del período 1980-1985 ya era una realidad el incremento de la razón de sustento cuyo crecimiento se cifraba por encima de 1,6 % en 1977-1982. Lo más notable es que desde 1983 comienza a registrarse una sostenida y evidente contracción del bono, que lo llevó a su virtual extinción en el quinquenio 1992-1997, aún en presencia de una creciente ventana de oportunidad demográfica.
Esa contracción, que indudablemente tiene un claro correlato en el tiempo con la crisis económica de esos años, parece comenzar antes, hacia finales de la primera mitad de los años ochenta (INSIE-CEE, 1986), que da cuenta de un fuerte paralelismo con la reducción anterior de la fecundidad, que llevó a una abrupta caída desde su cúspide en 1963, en pleno baby-boom, hasta situarse por debajo del nivel del reemplazo en 1978 en solo 15 años, cuando comienza la disminución sostenida del PIB en el país, incluso años antes del comienzo del llamado «período especial» (Pérez, 1998).
Luego, de 1997 a 2002 tiene lugar una ligera recuperación de la razón de sustento y el bono vuelve a ser perceptible en la medida en que la economía del país experimenta una reanimación en el contexto de la aplicación de medidas de ajuste (Álvarez y Mattar, 2004). Sin embargo, la recuperación económica, al menos en términos de lo que se refiere a la generación de empleo, la elevación de la productividad de trabajo y el aumento sostenido de los salarios, no parece haber sido lo suficientemente robusta como para alcanzar los niveles de relación de sustento económico de los años previos a la fase aguda de la crisis, entre 1990 y 1995. El bono demográfico en el país recomienza de forma sostenida su cierre y se extingue definitivamente hacia 2012, después de que la razón de sustento acumulara un 26 % de incremento entre 1973 y la fecha de su conclusión.
1.2.1. Determinantes de la extinción
Algunos elementos combinaron su efecto negativo sobre el bono demográfico. El primero de ellos es que, aún en plena ventana de oportunidad demográfica y del subsecuente bono que la acompañó, la caída del nivel de actividad de la población, particularmente de los jóvenes, parece haber sido un elemento fundamental en el desaprovechamiento del capital humano disponible en el país. Las reducciones más importantes del nivel de actividad económica de la población ocurren en las edades jóvenes, de 20 a 45 años, aunque el deterioro de la participación en la actividad económica fue generalizado y a pesar de que la Figura 4 muestra un proceso que cubre un lapso de tiempo de más de una década, este abarca aún más tiempo y se remonta, al menos, a la primera mitad de la década del ochenta, cuando el bono reaccionara con una abrupta declinación del 13 % con relación a 1978. Aun cuando no se posee información suficiente sobre los años 1990-1995, la fuerte contracción de la ocupación -una tasa de desempleo de 7,9 % hacia 1995-, la del empleo industrial, así como la expansión de la informalidad de la época (Pérez, 2009), hacen suponer que el nivel de actividad fue aún menor en esos años.
Con este factor se combinó el hecho de que el nivel del salario, más allá de las garantías sociales, no parece haber experimentado un incremento decisivo, aun cuando entre 2006-2017 el salario medio nominal mensual tuvo una virtual duplicación hasta llegar a 767 CUP mensuales, casi el doble de lo que fuera el salario máximo durante la década del ochenta, es decir, 400 CUP. Sin embargo, una vez traducido a su valor en CUC, cambiado a 25 CUP/CUC y según la paridad CUC/USD oficialmente establecida para las finanzas internacionales con que opera el país, resulta en un valor de poco menos de 31 USD al mes, con deflactores iguales a 1 en correspondencia con la paridad de poder adquisitivo (PPA), para cubrir solo un tercio de las necesidades básicas (3,1 USD/día). Incluso hoy, después del aumento salarial en el sector presupuestado, el nuevo salario medio debía ascender a 1 067 CUP, que sometido al mismo ejercicio antes descrito, equivaldría a 43 US/mes, o sea, 45,5 % de las necesidades básicas (Figura 5).
Otros autores señalan que ese salario medio nominal mensual de 767 CUP solo beneficia al 38 % de los trabajadores, en contraste con un 60 % que son remunerados con un salario inferior y únicamente el 1 % alcanza salarios de 2 000 CUP o superiores (Echevarría León y Espina Prieto, 2018), mientras que el poder adquisitivo real de ese salario nominal no alcanza el nivel del salario mínimo de 1989 (Albizu-Campos, 2009; Chappi Docurro, 2018), lo que entre otras cosas ha contribuido a explicar unas cuatro quintas partes del descenso de la fecundidad observado en el país entre 1990 y 2014 (Albizu-Campos, 2016).
El tercer elemento, que se combina con los anteriores, es el de la emigración de la población en edad laboral. La migración tuvo un importante saldo externo neto negativo que, entre 1996 y 2012, pasó de -20 552 a -46 662 salidas netas hacia el exterior, según lo publicado por el «Anuario demográfico de Cuba» en ese período a partir de las fuentes estándares existentes en el país. Sin embargo, para 2013 y 2014, la entrada en vigor de la resolución migratoria de 2013 condicionó la publicación de saldos migratorios externos positivos que daban la medida de un cambio en el signo de las migraciones en Cuba (algo más de -24 684 en 2015, -17 251 en 2016 y -26 194 en 2017), en franca contraposición con lo históricamente observado hasta 2012 publicado en los anuarios demográficos del país e incluso con lo que se ha estimado de dicho comportamiento según las fuentes de datos de países receptores (Figura 6).
Si se consideran las estructuras por edades y sexos del saldo migratorio externo neto propuestas por CEPDE en su ejercicio de proyección de la población cubana para 2010-2030 (ONE, 2010), podría decirse que entre el 75 % y 78 % son personas en edades laborales y en ese sentido podría afirmarse la emigración neta de trabajadores efectivos en Cuba.
La dinámica de la migración cubana parece apuntar al reforzamiento de la emigración, sobre todo en el contexto actual de dificultades económicas por las que atraviesa el país y que, al igual que ocurrió en 1981 y 1994, pudiera volver a entrar en un modelo de movilidad basado en el principio de «herding associated with panic», que han descrito otros autores como «ruptura de la simetría en hormigas que escapan» (Altshuler et al., 2005), y que ya se ha venido observando en el crecimiento inusitado del número y la dirección de los nuevos corredores migratorios que utiliza la población (Figura 7).
A este flujo de fuga de capital humano hacia el exterior habría que adicionar aquel que ha tenido lugar desde el punto de vista interno y que tiene que ver con la salida de trabajadores estatales hacia otras esferas como la del trabajo por cuenta propia. En primer lugar, adiciónese el hecho de que en los censos de fecha reciente aparece un número creciente de personas que, aun estando en las edades laborales y calificados no solo no declaran estar empleados, sino que tampoco declaran buscar trabajo, unas 500 000 personas entre 15 y 59 años de edad.1 Añádase a ello que durante el proceso de redimensionamiento de la actividad azucarera en el país, unos 100 000 trabajadores vinculados a ella quedaron sin empleo (Nova, 2004), mientras que el programa estatal de restructuración del empleo se orientó a racionalizar alrededor de 1,3 millones de trabajadores estatales en el período 2012-2015 (Castro, 2008; Vidal y Pérez, 2010, 2012; Mesa-Lago, 2010), lo que contribuyó a erosionar la ya afectada razón de sustento económico en la sociedad cubana.
La corta duración del bono demográfico en Cuba está claramente asociada al efecto negativo combinado de los elementos antes descritos, que lo llevó a convertirse rápidamente en factura demográfica (período 2012-2030). Cuando se consolide el boom de las jubilaciones, en un contexto de incertidumbre con relación a las pensiones (Lee y Tuljapurkar, 1998; Lee,Mason y Miller, 2001) donde se combinan baja productividad, bajos salarios, bajo consumo y baja capacidad de ahorro de la población, se pensaría igualmente en una baja capacidad de reinversión de recursos por parte de la población, así como en la improbable aparición de un segundo bono demográfico a partir de estos elementos.
Hallazgos recientes realizados en el contexto de otros estudios apuntan al hecho de que todos los factores contribuyentes a la extinción del bono muestran un elevado grado de correlato con la extinción del nivel de reemplazo de la población económicamente activa en el país (Figura 8).
Es notable la similitud morfológica de la curva que nos muestra el gráfico con aquella de la dinámica del bono demográfico. Nunca antes de la salida de la crisis económica conocida como «crack del 1929-1933», la población económicamente activa en Cuba había mostrado capacidad de reemplazarse, es decir, a ella entraban menos de 100 personas por cada 100 que de ella se retiraban. La cúspide de ese reemplazo solo se alcanzó hacia 1955, cuando se superaran las 125 entradas por cada 100 salidas. Después del agotamiento del reemplazo experimentado hasta 1970 una nueva recuperación se advierte y hacia 1980 este se situaba otra vez en la franja de las 120 entradas. El descenso de esa capacidad es sostenido en el tiempo y hacia 1990-1995, y en claro correlato con la crisis del llamado «período especial», esta se pierde definitivamente. Las estimaciones realizadas señalan que la población económicamente activa masculina aún en 2019 conserva un reemplazo de tipo simple (100 entradas por 100 salidas), pero a partir de 2020 también se perderá definitivamente.
En la extinción del reemplazo de la población económicamente activa han concomitado dos factores fundamentales: el descenso gradual sostenido en el tiempo del nivel de la actividad de la población masculina y los bajos niveles históricos de la actividad económica femenina en el país. El incremento de este último, observado a partir de 1960, no pudo compensar la reducción de la actividad de los hombres, quienes representan alrededor de dos tercios de todo el conjunto del número de productores en el país.
1.3. El bono de género
Por otro lado, si bien puede afirmarse que el bono demográfico se ha extinguido, aún está presente el llamado bono de género en el país (Rodríguez, Albizu-Campos y Alfonso, 2017), considerado este como el incremento de la producción económica per cápita, resultado del aumento de la paridad laboral de hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Al estar aún vigente existe un amplio margen para su aprovechamiento.
El aumento del número neto de trabajadoras efectivas en la población, razón de sustento económico femenina, entre 2002 y 2012 asciende a un incremento medio anual de 3,23 %, incluso muy superior al aumento máximo del bono demográfico de la población que en el bienio 1977-1978 fuera de 1,61 %. Esto da la medida de las posibilidades que aún ofrece. Sin embargo, ello depende, en gran parte, de una distribución más equitativa de los roles productivo y reproductivo dentro de los hogares, así como de los temas asociados a la discriminación de género en el mercado laboral (Saad, 2014).
Al identificar la división sexual del trabajo y el uso diferencial del tiempo como el fundamento de la subordinación económica, social y política de las mujeres, una consideración especial merece el tema de la baja participación económica femenina (Martínez, Miller y Saad, 2013) y el de cuidado. Hasta ahora la organización social del cuidado ha tendido a recargar el peso en las mujeres, sea como cuidadoras de hijos, familiares enfermos o personas mayores, llevándolas incluso al abandono precoz de la actividad económica, amén de los bajos salarios, la ausencia de una oferta adecuada de empleo y la emigración de la que es protagonista. Así, el índice de relación de género en el mercado laboral cubano ha descendido a 61 mujeres por cada 100 hombres, mientras que en Noruega alcanza 89 (Martínez, 2012).
El promedio de vida activa de las mujeres cubanas disminuye rápidamente a medida que avanza la edad (a partir de los 30 años) y ello tiene que ver con su salida prematura del mercado de trabajo para dedicarse al cuidado de otras personas (Rodríguez, Albizu-Campos y Alfonso, 2017), mientras se debe suplir el abandono institucional en esa actividad. Por otro lado, los censos revelan que entre 2002 y 2012 el número de mujeres ocupadas en quehaceres del hogar disminuyó en casi 10 % hasta llegar a 1 698 325. Las amas de casa con instrucción media superior y superior pasaron de 408 314 a 648 783. Del 22 % al 38 % del total de mujeres en esa actividad se encuentran capacitadas pero fuera del mercado de trabajo pues, al parecer, no existe una oferta ajustada a su calificación o sencillamente no encuentran empleo.
Súmese a ello el hecho de que dentro de la emigración cubana se ha producido un proceso de feminización que se cifra en alrededor de 117 mujeres por cada 100 hombres (Albizu-Campos, 2015). Podría afirmarse entonces que el bono de género también corre el riesgo de su extinción. Para evitarlo deben tomarse acciones firmes de política económica, laboral y social que conduzcan de forma sólida a un aumento sostenido del empleo productivo, principalmente el femenino y de la inversión en capital humano, tanto general, como particularmente orientado a las mujeres, de forma tal que pueda garantizarse un incremento incesante de su incorporación laboral, de la productividad del trabajo, del crecimiento ininterrumpido de sus salarios y su capacidad de ahorro, así como del aumento de la satisfacción de las necesidades para el mejoramiento de su capacidad de consumo (Rodríguez, Albizu-Campos y Alfonso, 2017).
2. HACIA UN NUEVO ENFOQUE
Si bien hoy la política ya incorpora elementos de la población y la dinámica demográfica (PCC, 2017a, 2017b y 2017c), debe llamarse la atención sobre algunos elementos que pueden identificarse como debilidades en este sentido. Se trata de la imperiosa necesidad de transitar hacia la adopción de un modelo de desarrollo en el que las estrategias se centren en la población, el desarrollo humano y en la biodiversidad ambiental como los codeterminantes fundamentales de la producción social, así como en su función como garantes de la distribución de la riqueza (Albizu-Campos, 1997), que más que un tecnicismo económico es de importancia vital para la sociedad cubana actual.
En esencia, debe avanzarse hacia una política integral de población sustentada en un vínculo armónico entre la población y el desarrollo económico y social, en la que la intención no sea la movilidad de los indicadores demográficos, sino el alcance de crecientes niveles de satisfacción de las necesidades de la población (Aja Díaz et al., 2012). Este cambio de enfoque debe tener como ejes articuladores:
Inclusión de la composición y dinámica de la población en las estrategias de desarrollo a nivel nacional, con énfasis en las diferencias territoriales y atención a la independencia local, pues la dinámica demográfica no es una y las heterogeneidades son cada vez mayores.
Ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, la pareja y la familia, que incluye acompañamiento pleno del Estado en la satisfacción de las necesidades, los ideales de fecundidad y la inclusión social sin diferencias.
Incremento del aprovechamiento de la fuerza laboral con énfasis en la mujer y en el papel protagónico de los jóvenes: hacer atractivo y valorizado el empleo formal, el incremento sostenido de los salarios, la permanencia en el país/territorios en contexto de emigración, así como la necesidad de inversión en desarrollo tecnológico.
Intersectorialidad en el estudio de cualquier tema.
Monitoreo sistemático.
En ese sentido, lo que se entiende por un cambio del enfoque es el abandono de esa visión poblacionista que, enfocada erróneamente en un incremento de los nacimientos, no resuelve cómo ese incremento del número de nacimientos puede convertirse en desarrollo económico o mínimamente en crecimiento del PIB, cómo puede ese «aumento de la natalidad», junto a eso que se ha dado en llamar «mejora de la pirámide demográfica», ser una contribución decisiva en el incremento del salario y de su poder adquisitivo, de la capacidad de consumo y de ahorro de la población, en el aumento sostenido de la productividad del trabajo, en frenar la emigración galopante de población y capital humano hacia el exterior y desde la esfera estatal a la informalidad y a formas precarias de empleo que hoy se enmascaran en el trabajo por cuenta propia.
Ello supone el progreso incesante del desarrollo humano en sus tres dimensiones:
Una vida larga y saludable, que no solo implica el aumento continuo de la extensión de la capacidad de la supervivencia en términos de la esperanza de vida al nacer, sino el progreso en la esperanza de vida en todas las edades y de la calidad de la supervivencia en general.
El aumento sostenido tanto del número esperado como del número medio de escolaridad de la población, como garantía de un acceso universal al conocimiento.
El mejoramiento permanente de las condiciones de remuneración de la fuerza de trabajo, garantía de un acceso creciente a la satisfacción de las necesidades personales y familiares, basamento de un nivel ascendente de calidad de vida.
La propuesta puede resumirse en la Tabla 2.
Véase en la Tabla 2 en qué año se alcanzan los mayores valores en los índices de las diferentes dimensiones. En la dimensión de salud se tuvo el máximo en el índice de esperanza de vida hacia 2017 (0,922) y lo que se propone como objetivo hacia 2030 es prácticamente un valor semejante, 0,923, lo que implicaría que se alcanzaran los 80 años de esperanza de vida al nacer. Ello supondría un incremento sostenido de la esperanza de vida tanto femenina como masculina, de forma tal que en las mujeres se consolidara un nivel superior a 81,70 años, mientras que en los hombres alcanzara los 77,4 años, como se proyectara para el diseño de los escenarios demográficos de Cuba hacia 2030 (Albizu-Campos, 2015).
En la educación ello significa el mejoramiento de los componentes de la dimensión, de tal forma que el número de años esperados de escolarización pasaría de 14 a 17 años, luego de que fuera 16,4 años en 2006, mientras que el número medio de años de estudio llegaría a 14,4 años, un avance de alrededor de 4 años con relación a lo encontrado en el último censo (2012). Así, el índice de educación alcanzaría el nivel máximo histórico (0,952) registrado en 2007.
Por su parte, en materia de ingresos, el ingreso nacional bruto per cápita (2 011 PPP$) deberá incrementarse de los 7 524 US$ anuales alcanzados en 2017 hasta 9 200 US$ en 2030, lo que significaría un incremento medio anual del ingreso per cápita de 1,7 % en el período 2018-2030, incluso inferior al aumento alcanzado en ese sentido entre 1990 y 2017, de 1,97 %, según lo mostrado en el reporte de Cuba en el Informe de Desarrollo Humano de 2018 (PNUD, 2018). Con ello se igualaría el valor del índice de ingreso máximo histórico, 0,683, obtenido en 2007. Podría incluso proponerse que un primer paso fuera llevar el salario mínimo a la línea que hoy se designa como de pobreza (3,1 US$/día) (PNUD, 2018) que, si se considera en paridad con el CUC, representaría un salario mínimo de 94,36 CUC al mes por trabajador, es decir, 2 360 CUP, y que de combinarse con una política de ajuste de los precios hacia niveles inferiores, fortalecería el poder adquisitivo de los salarios y la capacidad de ahorro de la población.
CONCLUSIONES
Lo hasta aquí expuesto muestra que no existe escasez alguna de fuerza de trabajo en el país y que la solución no sería en ningún caso el facilismo de la visión simplista del pronatalismo. Es decisivo que se abandone la percepción de que el desarrollo humano es solo el mejoramiento de la extensión de la esperanza de vida al nacer y de las condiciones educacionales de la población. Es inexorable la adopción de una visión en la que el mejoramiento de las condiciones de vida y de la calidad de la supervivencia ocupen un lugar central, en el que el mejoramiento de los salarios, en particular, y de los ingresos, en general, de la población, ocupen ese lugar central que necesitan entre los objetivos de la política.
En todo caso, y como se muestra en la Tabla 2, el país lograría un puntaje en el índice global de 0,844, algo superior a la cota máxima, 0,823, alcanzada en 2007 cuando se ocupó el puesto 57. Cuba se situaría entonces en el lugar 44 del ranking de países que conforman la franja de muy alto desarrollo humano, junto a Chile, que ocupa hoy ese puesto, Argentina (47), Uruguay (56) y Barbados (58) que son, en la región, los que lo han logrado y se han consolidado en esa franja. Nótese además que lo que se propone es retornar a valores de los índices en las distintas dimensiones de desarrollo humano que fueran conseguidos por nuestro país en el pasado reciente y ahora serían las metas que, en un lapso de 12 años, hacia 2030, se proponen como objetivos de política bajo este enfoque; y para ello el crecimiento económico es imperioso. No más una posibilidad ni un lujo intelectual. Sin los recursos que aporta el crecimiento sostenido de la economía, es poco probable evitar que se siga retrocediendo en materia de desarrollo humano.
Cuando eso suceda, ya se verá que aquello que percibimos hoy como necesidades de la población de Cuba habrá desaparecido en buena medida y habrá sido sustituido a su vez por otras demandas. Pero, eso sí, el envejecimiento demográfico, el decrecimiento del número de habitantes, la fractura ideológica que representa la desvalorización del trabajo (manifestada a través del casi millón y medio de personas con edades entre 15 y 59 años aptas y calificadas que ni siquiera se plantean la búsqueda de un empleo formal y sí la búsqueda de un canal migratorio de salida), el casi un cuarto de la población urbana que tiene ingresos por debajo del valor de la canasta básica (en un contexto en el que el salario medio representa apenas un tercio de la línea de pobreza), así como muchos otros rasgos que hoy causan tanto desasosiego dejarán de ser percibidos como «problemas de población» -que en realidad no son tales- y quién sabe, quizás hasta pueda Cuba convertirse en un espacio de atracción y se detengan los éxodos. Ese es el verdadero reto desde la perspectiva del desarrollo humano. He ahí una verdadera política de población.