ARTÍCULO ORIGINAL

UNA MIRADA RETROSPECTIVA A LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO EN ECUADOR

A RETROSPECTIVE LOOK AT THE SOCIAL DIMENSION OF DEVELOPMENT MANAGEMENT IN ECUADOR

Dr. C. Nelson Arsenio Castro Perdomo, MSc. Guillermo López Carvajal

Universidad Metropolitana. República del Ecuador.

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RESUMEN

Una mirada retrospectiva a la dimensión social de la gestión del desarrollo en Ecuador tiene como objetivo realizar un análisis sobre la dinámica social que ha caracterizado la gestión del desarrollo en Ecuador. Sustentado en la convocatoria hecha acerca de la necesidad de elevar la participación del sector agropecuario en la economía nacional, la búsqueda de una equidad social y la elevación de la participación de las universidades en la gestión del desarrollo, resulta necesario valorar las interioridades que matizan la realidad actual de este proceso. Para dar respuesta al objetivo trazado se utilizó como método fundamental de investigación, el análisis documental, toma además como referentes, los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir en Ecuador, abarca una visión histórica sobre diferentes aspectos de esta problemática en el país, se apoya en la información estadística ofrecidas por los principales sectores agro-productivos de la economía nacional y de la constatación de la información develada desde diferentes espacios. Se arriba a la valoración del papel que está jugando en el desarrollo económico y social del país, la desigualdad en la tenencia de la tierra, las potencialidades de este sector para lograr incrementar el empleo de la mujer y su emancipación social y el papel que debe jugar la articulación de actores en la gestión del desarrollo sostenible del país.

Palabras clave: Dimensión social, economía nacional, equidad social, gestión del desarrollo, perspectiva agropecuaria, producción agropecuaria.

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ABSTRACT

A retrospective look at the social dimension of development management in Ecuador", aims to analyze the social dynamics that has characterized development management in Ecuador. On the foundations of the call made about the need to increase the participation of the agricultural sector in the national economy, the search for social equity and the increase of the universities participation in the development management, it is necessary to assess the interiorities that explain this process current reality. In order to meet the objective, documentary analysis was used as a fundamental research method. It also takes as reference the objectives of the National Plan for Good Living in Ecuador, It covers a historical view on different aspects of this problem in the country, and it supports the statistical information offered by the main agro-productive sectors of the national economy and the verification of information revealed from different areas. It is concluded that the country's economic and social development, inequality in land possession, the potential of this sector to increase the employment of women and their social emancipation play an important role in the social and economic development of the country, as well as the articulation of actors, in the management of sustainable development of the country.

Keywords: Social dimensión, national economy, social equity, development management, agricultural perspective, agricultural production.

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INTRODUCCIÓN

Es necesario considerar que el proceso de desarrollo está sujeto a la presencia activa de factores sociales y culturales y debe tomarse en cuenta, de lo contrario se puede generar una interpretación mecanicista del mismo, sin que se valoren elementos vitales para formular decisiones políticas, lo cual tiene su expresión en los basamentos teóricos de la economía clásica y neoclásica, la que está más inclinada al análisis del mercadeo que a la dimensión social (García, et al., 2006).

Un referente obligado para estos análisis debe ser lo señalado por Delgado (2007), respecto al papel del conocimiento en el proceso de tránsito hacia la posmodernidad y los cambios que genera para las diferentes perspectivas de análisis sobre la sociedad contemporánea, conocida como sociedad del conocimiento, como una declaración de su decisivo peso en la gestión del desarrollo y de las dimensiones ciencia y tecnología y su repercusión en la economía y la reserva potencial que desde ellos se acumula.

La recurrencia a la búsqueda de nuevas tecnologías, nuevos procesos gerenciales, nuevos materiales y hasta nuevos modos de interpretación de las dimensiones del desarrollo, devela la ocurrencia de una transformación en las bases culturales del sistema social en general, cuya valoración no debe escapar de las realidades manifestadas en contextos de dominio neoliberal, que cancela, la condición de bien público del conocimiento para sumergirlo en un tejido legal, institucional, económico y militar, que condiciona la aparición de la llamada sociedad capitalista del conocimiento, expresión esta de dominación e inequidad social (Núñez & Macías, 2008).

Se sobreentiende entonces, que la gestión del desarrollo de un país, implica y se implica en su dinámica social, genera diferentes matices según las características de sus bases económicas y desde luego, de su propia esencia sociocultural y hasta de paisaje, representando la exclusión e inclusión ambiental en dicha dinámica un factor no despreciable en la estabilidad territorial.

La posesión de recursos naturales explotables económicamente, concentra poblaciones y matiza hasta la directrices productivas de dichos territorios, genera fluctuaciones mediante la migración en busca de mejores condiciones de vida, desde lo cual, según Martínez (2012), resulta de utilidad, cuando advierte acerca del papel del territorio desde tres perspectivas: (I) el campo social como un campo de fuerzas, a partir de la disponibilidad de capital social; (II) el proceso de construcción social del mercado; (III) los procesos de gobernanza como una dinámica de construcción social, más que inhibidores del conflicto social.

Desde esta reflexión puede interpretarse la significación que el componente social tiene para el desarrollo de un territorio o un país, pero no es peculiar encontrar en la literatura, reportes que centren su atención en estas particularidades, de modo más general se inclinan a profundizar en el papel de la ciencia o sobre la asunción de determinadas políticas gubernamentales y no en la relación territorio-sociedad-desarrollo. Por otra parte, también resulta útil, reflexionar en la relatividad del término territorio, pues la intencionalidad de una escala no debe sesgar la mirada abarcadora de un fenómeno concreto, más allá de su geografía específica.

Un escenario importante a valorar dentro de las intríngulis de la relación dinámica sociedad-desarrollo, lo son los medios rurales, sobre los que Durán (2009), refiere que en estos se generan procesos de desterritorialización debido a la desconexión entre agricultura y territorio o entre agricultura y alimentación y que dichos procesos son más marcados aún en sitios de alta migración internacional, se presenta además, lo que él a la vez denomina como desertificación social o sea, territorios despoblados o territorios invadidos por el capital externo, predomina aquí la lógica del mercado internacional. A esto último Azam (2009), lo estima como una simple subdivisión del orden global desde lo local. Paradójicamente, es en estos escenarios rurales donde se producen los sustentos necesarios para proveer a la humanidad de alimentos y otros recursos, los que son a su vez, los de menos condiciones sociales favorables y también generalmente los más limitados del recurso conocimiento.

Lo anterior es solo una punta del Aisber, pues se genera la pérdida de prácticas productivas ancestrales, sostenibles en sus fundamentos y en su modo de expresión, para dar paso a otras no compatibles con la preservación de los recursos naturales, que conducen al deterioro acelerado de los ecosistemas, los que en no pocos caso se hacen excluyentes para las poblaciones asentadas en ellos. También como condición más común, estas poblaciones rurales no poseen recursos financieros necesarios para enfrentar las dificultades a que todo ello conduce, se potencia así la migración.

Los sectores productivos agropecuarios, por las razones antes enunciadas, son las más vulnerables, por lo que el ordenamiento económico que se diseñe tomando en cuenta al referido sector, no debe perder de vista estas perspectivas de análisis si se quiere por demás, un proceder inclusivo y justo.

Desde esta perspectiva de inclusión y justicia social, también resulta útil analizar lo señalado por Lugo (2010), sobre la obligatoriedad de incluir el enfoque de género en la construcción de los proyectos (sociales, políticos, económicos y ambientales) y por supuesto, el papel de la mujer y sus necesidades particulares, conscientes de la importancia de sumar esta fuerza productiva al proceso de cambio y transformación que se acometa, la producción agropecuaria no escapa a ello, carente en no pocas regiones de mano de obra y de un potencial intelectual adecuadamente capacitado.

En estos momentos, en que cobra fuerza la necesidad de considerar los escenarios territoriales, como base de expresión de la llamada economía social frente a los pujantes efectos de la globalización, se requiere de estrategias efectivas e inclusivas, sobre todo en la producción agropecuaria, la que en diferentes regiones del planeta constituye la base económica fundamental y potencialmente desencadenadora de un posterior desarrollo industrial.

El analizar detenidamente la correlación crecimiento económico-empleo-fuerza laboral activa, es vital bajo el prisma de que en la mujer aún existe un potencial que no siempre es tenido en cuenta, junto a la necesidad de incrementar la productividad mediante el uso del conocimiento y por tanto, de la ciencia y la tecnología.

Al respecto, es necesario valorar lo señalado por Azam (2008), acerca de la economía social o solidaria como también se le denomina, al considerarla como la expresión de un proceso cuyo objetivo es tejer o reconstruir el vínculo social en los lugares donde se haya deshecho, conscientes de que esta expresión de economía solidaria no es privativa de los países pobres. Sus orígenes, según Guridi & Mendiguren (2014), está asociado aEuropa en el primer tercio del siglo XX, con el modelo de crecimiento del período 1945-1975 de Europa Occidental

Chávez (2008), sitúa sus inicios en Francia, en la década de los 70 y aparece introducida en Latinoamérica, según este propio autor, por el economista chileno Luis Razeto a principios de los años ochenta; baste recordar que la economía chilena ha representado una de las más sólidas del continente sur americano. Esta forma de expresión de la economía, tiene como principales actores el sector privado capitalista tradicional y el sector público.

Una de sus características es que permite la articulación concreta entre lo local y lo global, redefine bases y condiciones de la cooperación y representa una herramienta para la relocalización y la democratización de la economía, la que no está ceñida únicamente al mercado, pues toma en cuenta principios de redistribución y reciprocidad, coexiste con la otra forma de su tendencia, centrada en encontrar una oportunidad para que las empresas y organizaciones puedan subsistir con las empresas de tipo mercantiles y con el sector público de la organización económica actual, también como una expresión inclusiva de sus bases y fundamentos, lo que la hace más sólida y menos controversial.

Desde las valoraciones contextuales antes apuntadas y que parecen tener un hilo conductor común con el contexto latinoamericano, se evidencia la necesidad de analizar las realidades en que se ordena la gestión del desarrollo de las regiones, sustentado además, en la convocatoria que se ha hecho desde la proyección estratégica del desarrollo en Ecuador, sobre la necesidad de elevar la participación del sector agropecuario en la economía nacional. La presente investigación plantea como objetivo realizar un análisis sobre la dinámica social que ha caracterizado la gestión del desarrollo en Ecuador desde la perspectiva agropecuaria, para lo que resulta necesario valorar algunas interioridades que matizan su realidad en el tiempo.

DESARROLLO

Para el desarrollo del objetivo se utilizó como método, el análisis documental, se hizo una revisión histórica de la participación del sector agropecuario en la economía nacional, sus realidades actuales y la proyección que se vislumbra, derivada del cumplimiento del Plan Nacional para el Buen Vivir en Ecuador. Se tomaron como elementos de análisis los reportes estadísticos de diferentes sectores vinculados a la información oficial que exhibe el país, lo que permitió constatar estados de tendencias y limitaciones para la gestión del desarrollo desde la participación de este sector en la economía nacional, regional o territorial y local.

Como se ha expresado anteriormente, la situación actual convoca a la búsqueda de alternativas que permitan ordenar los esquemas productivos y potenciar los sectores económicos. En el caso de Ecuador la decisión está centrada en un fortalecimiento de la producción agrícola y junto a ello, la diversificación de la matriz productiva, refrendado en los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir en Ecuador, que hace énfasis además en la necesaria inclusión y justicia social (República del Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016).

Inexorablemente la producción agropecuaria está asociada al uso de la tierra y sus diferentes formas de propiedad, estas últimas determinan las relaciones productor- Estado, así como las tendencias políticas imperantes respecto a este sector productivo. La desigualdad manifestada en dicha tenencia se ha mantenido como la causa más importante de inquietud social rural a través de todos los tiempos.

Ha representado y representa un impedimento al crecimiento en pos de reducir la pobreza y la explotación productiva de este recurso, está llamada a ocupar un mejor puesto en la contribución a la economía nacional, lastrada por muchos mecanismos, (sobre todo, legales y económicos) que retardan esa necesaria contribución del sector al desarrollo del país.

La realidad ecuatoriana, según Laforge (2011), está matizada con alta desigualdad en el acceso a la tierra con relación al resto de los países latinoamericanos, pero con un denominador común a dichos países del continente en la época de la colonia, y hasta de los gobiernos antecesores a la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, con respecto a la atención a la tierra.

Este particular comienza a aparecer en la agenda política y se tipifica como tal, en el artículo 282 de dicha constitución, su uso está normado por el Estado para garantizar que esta cumpla una función social y ambiental. Es, según Sotomayor (2008), la primera responsabilidad en su gobernanza, es un fondo nacional de tierra establecido por ley, regulador del acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra, conduce al proceso de aportación económica de este recurso, como otro componente económico de aportación desde este sector.

Una forma organizativa de la producción agrícola, respecto a la tenencia de tierras a nivel mundial, son las cooperativas, las que a consideración de la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios (2011), en términos generales, parece representar una mejor alternativa en comparación con las empresas convencionales, sobre todo en los países con un mayor nivel de implantación y experiencia cooperativa. Para Ecuador esta forma organizativa de la producción, relativa al uso de la tierra, se inicia en el siglo XX, con el surgimiento de diferentes cooperativas de consumo y ahorro y crédito, fueron promovidas por el Estado, las organizaciones religiosas, los patronos y la cooperación internacional. (Miñón, 2013).

Según Da Ros (2007), dicho movimiento puede dividirse en tres etapas fundamentales: a) la primera inicia a mediados de 1910 como expresión de grupos oligárquicos agro-exportadores de la costa y terratenientes de la sierra; b) la segunda empieza a partir de los años veinte del siglo pasado cuando, con el apoyo del Estado, se pretende difundir las ideas cooperativistas entre los sectores rurales de escasos recursos económicos (promulgación de la primera Ley de Cooperativas en 1937); c) la tercera etapa comienza en la década de los sesenta, con la expedición de la Ley de Reforma Agraria (1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (1966), como reflejo de los diferentes modelos de desarrollo asumido a lo largo del siglo XX, expresión de las relaciones sociales y políticas dominantes y de la acumulación del capital.

En las valoraciones de Da Ros (2007), también se constatan las características históricas de este movimiento en el país, es la clase terrateniente la que maneja las primeras ideas en esta dirección, con la finalidad de inspirar la creación de organismos corporativos de defensa económica y presión política, se evidencia falta de estabilidad en su crecimiento y desarrollo.

Según esta fuente, obedece a que fue utilizado en diferentes épocas históricas para alcanzar varias finalidades no productivas, mantuvieron patrones de producción típicos del minifundio (tipo de cultivos, tecnología) y los mismos canales tradicionales de comercialización (intermediarios), lo que condujo a que la estructura cooperativa no generara mayores economías de escala.

Al comentar los datos del Censo Nacional de Cooperativas realizado en el 2002, se presenta la distribución porcentual que en ese momento tenían las cooperativas según el tipo de actividad realizada, se evidencia una mayor representación de la actividad de los servicios; las del sector productivo solo alcanzan el 9,1 % del total, cifra que incluye, además, las de producción agrícola.

Las cifras en el país arroja la cantidad de 2 668 cooperativas, ubicadas en todo el territorio nacional, pero más preferentemente en las provincias de Pichincha (24%) y Guayas (16.5%), la cuantía de socios sobrepasa los 781 mil, es nuevamente su distribución mayoritaria en las dos principales áreas de concentración antes señaladas (36.2% en Pichincha y 9.1% en Guayas).

Pensar en la posibilidad de fomentar este ordenamiento productivo, para actividades que potencien empleo a la mujer en sectores agrícolas vulnerables, es una alternativa que además de incentivar la producción, posibilita revertir la realidad declarada por Martínez (2012), de que en Ecuador el 27,4% de los hogares pobres depende de la manutención de una mujer, el 20% de estos hogares son indigentes.

Neutralizar la desvalorización de la mujer, por la división sexual del trabajo y los roles de género que la sociedad aún práctica, representa una alternativa para recuperar la soberanía alimentaria del país y la desarticulación del capital social familiar. Es resultante de la migración interna, emigración internacional o por el efecto erosionador del mercado local, amenazado por el interéseconómico, comercial y financiero del capital transnacional, regido por empresas y tecnología del Norte (Martínez, 2012).

Estos elementos encuentran sinergia en las valoraciones de Rosero (2008), al analizar las causas de empobrecimiento, advierte que estas forman parte de fenómenos más amplios que están relacionados con los modelos y las estrategias de desarrollo y con las opciones de apertura comercial y financiera, así como, con las políticas macro y meso-económicas que se adopten, todo lo cual determina el acceso al uso y control de los recursos, tanto de modo individual como familiar.

Esto anterior encuentra mayor significado si se analiza el Reporte de Economía Laboral de junio 2015 de Ecuador, presentado por Granda & Feijoó (2015). Se señala la relación entre la población en edad laboral y la población activa, según las zonas urbanas o rurales y por sexo a nivel nacional. Se aprecia que en las zonas rurales aún existe una reserva laboral de aproximadamente un millón de personas con edad laborar, no activas y una proporcionalidad superior de mujeres a nivel de país, como se puede apreciar en las Figura 1 y Figura 2, reflejan la población en edad de trabajo (PET) y en edad activa (PEA) a nivel nacional urbano y rural y su distribución por sexo, para el primer semestre del año 2015, respectivamente.

Otra situación a analizar es la relación que existe entre la tasa de empleo adecuado, el inadecuado y el desempleo, sobre todo a nivel rural, expresada en por cientos (Figura 3 y Figura 4). Se aprecia una reducción alrededor del 55 % del empleo inadecuado, entendido como una potencial mejora para la actividad productiva y/o de servicios en el período 2010-2015, pero el comportamiento del desempleo mantiene cifras casi lineales, se evidencia la existencia de fuerza laboral activa no vinculada a la producción y/o los servicios, se necesitan fórmulas que estimulen su incorporación y desde su adecuado desempeño, lograr crecimiento de los niveles de producción, reflejado en la economía nacional, regional y local y en la mejora de la calidad de vida de la población y la familia, como unidad básica de organización comunitaria.

Otra realidad extraída de la información se relaciona con el ingreso laboral medio, este es notablemente superior para los empleados adecuados. En una jornada legal los hombres dedican a su empleo más tiempo que las mujeres, lo que también redunda en la productividad del trabajo, en el aprovechamiento del empleo y todo ello, repercute negativamente, sobre el desarrollo social en general.

El otro fenómeno analizado desde esta perspectiva está en la relación que guarda en el período anterior el empleo no remunerado, ha oscilado por encima del 11 % y hasta un 17 %, muestra en el último año una tendencia a subir, luego de una disminución del año 2012 al 2014 (Figura 5), esta situación se hace más crítica en la mujer (Figura 6). Esto sin dudas repercute negativamente en la productividad del trabajo.

La situación antes valorada, respecto al empleo no remunerado, se manifiesta de manera más marcada en el sector agrícola, según se muestra en la Figura 7. Repercute en la economía individual de la mujer, de modo más general, en los predios familiares y por la discriminación sexual. La mujer está sometida a este inhumano régimen, gravita en su grado de emancipación y refleja un valor de sumisión que tampoco libera a las nuevas generaciones, afecta el emprendimiento y motivación por la incorporación al trabajo, asunto que debe ser objeto de análisis si se quiere revertir la situación del empleo en este sector y con ello, el incremento de los niveles productivos.

La información reportada por FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016), enfatiza que las mujeres tienen una significativa contribución a la economía rural en todos los países en desarrollo, su papel en los diferentes sectores depende de las regiones, estas difieren. Puntualiza, que siempre la mujer tiene menor acceso que los hombres a los recursos y a las oportunidades que necesitan para ser más productiva. Lo anterior, justifica la necesaria valoración de este particular en Ecuador por la voluntad que expresa su política en función del desarrollo.

Una ventaja para el ordenamiento de acciones concretas en el fortalecimiento de la actividad productiva está dada por el levantamiento de problemas, las potencialidades y las oportunidades que hay en el territorio para cada una de las unidades de síntesis territorial, según la información contenida en la Estrategia Territorial Nacional. Aparece en el documento publicado el 5 de diciembre de 2016 sobre el Plan Nacional para el Buen Vivir en Ecuador, desde la conjugación de potencialidades y oportunidades, se pueden ordenar las acciones para dar respuesta a los problemas de cada territorio.

Un factor clave para alcanzar las metas propuestas está en la construcción de alianzas estratégicas bajo el principio de ganar-ganar. La integración de actores juega un importante papel, sobre todo, de aquellos considerados fundamentales para la gestión del desarrollo como las universidades, las que junto a los grupos sociales y al sector empresarial, deben cambiar el proceder hacia un desarrollo sostenible, conscientes de que se debe lograr una mayor participación de estos grupos sociales en la construcción de la política-científica-tecnológica. Esto comúnmente se conoce como el cuadrado de Dagnino, impulsa su agenda en políticas públicas menos controladas por los actores dominantes (República Argentina. Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2009).

Al mismo tiempo se debe estar consciente de que este sector productivo no siempre dispone de los conocimientos necesarios y suficientes para acometer estos procesos de cambio, a lo cual deben contribuir las universidades. Los nexos universidad- empresa en el Ecuador no son fuertes, representa una debilidad para lograr un pujante ascenso en la condición de desarrollo socio-económico.

Sábato (2004), cataloga la ruptura de los nexos del triángulo empresa-academia-Estado como de muchas veces insuperable, condición que obliga a realizar esfuerzos vinculantes y de estrategias que puedan fortalecer primero que todo la capacidad de diálogo entre los componentes, lo que transita por la creación de las capacidades necesarias para que el entender entre las partes sea adecuado y lograr un proceder coherente hacia la sostenibilidad, en función de un emprendimiento dinámico, abierto y sostenible. Ecuador tiene una ventaja y es la voluntad política explícita del Estado, evidenciada en el referido Plan Nacional para el Buen Vivir.

Otro elemento a resaltar es la revolución que se está operando al interior de las universidades ecuatorianas, se potencia cada vez más lo que comúnmente se conoce como vinculación universidad-sociedad, se articulan programas y proyectos dirigidos en lo fundamental a los sectores más vulnerables. En esta dirección aún queda mucho por hacer, pues al emprendedurismo barrial debe sumarse una cultura innovadora en el sector de producción de bienes y servicios, para incrementar, aún más los rubros productivos y la diversificación de la matriz productiva del país. Es impulsado por estas instituciones en el cumplimiento de su tercera misión,al vincularse con el sector empresarial, se enfocan a su contribución al desarrollo económico y social mediante el cumplimiento de sus funciones sustantivas (Vessuri, 2008; y Lundvall, 2015).

Corresponde entonces en la articulación academia-empresa-Estado-sociedad, motivar al desarrollo armónico del uso de la ciencia y la tecnología, pero desde un desarrollo endógeno de sus talentos humanos en los diferentes sectores. Debe prestar una mayor y consciente atención a la preservación del patrimonio natural del país, amenazado por el lastre de enclaves que llegaron antes de las legislaciones ambientales vigentes y por el contrapeso orden económico-orden ecológico.

El conocimiento debe buscar el equilibrio si se quiere llegar a un desarrollo sostenible, inclusivo y socialmente justo. La suma de todos los sectores de pueblo y los grupos etarios potencialmente activos laboralmente y cognitivamente, debe ser la fuerza de choque que transforme la pujante realidad insertada en el cambio planteado desde la política nacional.

Es necesario no perder de vista lo que pudiera parecer un antagonismo, al valorar que la situación más crítica de los recursos naturales está dada por la actividad industrial, la agrícola y los servicios; son esas las que permitirán alcanzar mejores niveles de calidad de vida y de desarrollo, pero si se respetan las relaciones para lograr un adecuado manejo de recursos y si se piensa en el desarrollo socio-económico y no exclusivamente en el económico-productivo, si se respetan los saberes ancestrales que subyacen en las comunidades indígenas asentadas en diferentes regiones del país.

Hay que proteger los recursos hídricos, contaminados por la agricultura y por la actividad minera entre otras; las zonas costeras implicadas en el cultivo del camarón y sus manglares; los cultivares de arroz y las bananeras, con la aplicación de químicos para el combate de plagas y enfermedades. Se está causando un lastre económico para el corto, mediano y largo plazo y su revertimiento es sin duda un campo de acción por explotar para la vinculación universidad-sociedad y la integración de actores ocupa una urgente acción a acometer.

CONCLUSIONES

La desigualdad manifestada en la tenencia de la tierra en el Ecuador se ha mantenido como la causa más importante de inquietud social rural a través de todos los tiempos y representa un impedimento para el crecimiento en pos de reducir la pobreza. Su explotación productiva está llamada a ocupar un mejor puesto en la contribución a la economía nacional, lastrada por muchos mecanismos, legales y económicos, que retardan esa necesaria contribución al desarrollo del país.

Fomentar el ordenamiento productivo en Ecuador, mediante actividades que potencien el empleo a la mujer en sectores agrícolas vulnerables, es una alternativa que incentiva la producción y posibilita revertir la situación de los hogares pobres que dependen de la manutención de la mujer, neutraliza su desvalorización por la división sexual del trabajo y los roles de género que la sociedad practica, representa una alternativa para recuperar la soberanía alimentaria del país y la desarticulación del capital social familiar.

La integración de actores juega un importante papel, sobre todo, de los considerados claves para la gestión del desarrollo como las universidades, estas junto a los grupos sociales y al sector empresarial, deben cambiar el proceder hacia un desarrollo sostenible, deben lograr mayor participación de los grupos sociales en la construcción de la política-ciencia-tecnología, pues no siempre el sector productivo dispone de los conocimientos para acometer los procesos de cambio.

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Recibido: Enero de 2017.

Aprobado: Febrero de 2017.

Dr. C. Nelson Arsenio Castro Perdomo

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MSc. Guillermo López Carvajal

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