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PRESENTACIÓN
El informe está confeccionado a partir de las indicaciones de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación) con motivo de la III Conferencia Mundial. Se sustenta en la trayectoria cubana de educación superior; el consenso latinoamericano y caribeño, reactivado alrededor de los temas claves del Evento; las experiencias y medidas derivadas de la sinergia gobierno-universidades que han permitido el enfrentamiento a la pandemia COVID-19 y la superación gradual de la disrupción del proceso clásico de enseñanza-aprendizaje. En su elaboración participaron directivos y especialistas, apegados a los acuerdos y al espíritu renovador de los foros internacionales, organizados por universidades del país.
Los datos del informe evidencian la prioridad absoluta del Gobierno revolucionario a la educación superior, garantizando que sea un bien público para todos con una elevación sostenida de la calidad. Se destaca lo logrado en el acceso, inclusión, continuidad y las limitaciones que subsisten; la ayuda solidaria de Cuba a miles de jóvenes de todo el mundo, aún con las implicaciones que provoca el criminal bloqueo del gobierno de los Estados Unidos de América. Ocupa un espacio importante el rol actual de las instituciones de educación superior (IES) en el robusto sistema de ciencia, tecnología e innovación; la relación cada vez mayor y protagónica de la universidad en la sociedad y el desarrollo local y se expone el papel de las universidades en el enfrentamiento a la pandemia. Se destaca la importancia para Cuba de su inserción en las tendencias actuales de internacionalización de la educación superior.
Los desafíos se concentran en las acciones dirigidas a mantener el acceso y continuidad para todos, el rol de las universidades en el desarrollo de la virtualización y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en sociedad del conocimiento, y en el desarrollo territorial por su importancia estratégica para Cuba. Las recomendaciones se enmarcan en las lecciones aprendidas y experiencias positivas, implementadas a partir de la pandemia y las estrategias de hoy como anticipo a la universidad del mañana.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Tasas históricas de matrícula y graduación
El acceso de todos los sectores sociales a los estudios superiores es un principio estratégico de la Revolución Cubana. Las series históricas muestran un incremento de la matrícula, cuya cima se alcanzó en el curso 2007-2008, con una tasa de 87.7 que agrupaba a 987 000 estudiantes de la educación terciaria. Las carreras duran de 4 a 6 años y el margen de población a utilizar para calcular la tasa de matrícula es de 18 a 24 años. Posteriormente se produjo un descenso significativo en las matrículas, que se ha ido recuperando en los últimos 5 años. En el difícil curso 2019-2020, la tasa fue de 31.87 (MES, 2020).
En las tasas de graduación hay un crecimiento sostenido. La última fue de 61.2 y la tendencia es de ligeros crecimientos para años venideros, dado por las adecuaciones realizadas en las diversas modalidades de estudio y duración de las carreras.
Cantidad y tipos de instituciones de educación superior
Cuba cuenta actualmente con 50 instituciones de educación superior, todas públicas. En cada una de las 15 provincias existen al menos dos universidades, salvo en La Habana, donde se concentran 17. Del total, 22 de la IES abarcan casi todas las ramas de las ciencias, mientras que el resto de las instituciones son más especializadas. Según la tipología vigente, 41 son universidades, 2 escuelas, 2 academias, 2 facultades, 1 instituto y 1 colegio (MES, 2020).
Marco legal e institucional
La Constitución de la República de Cuba (Asamblea Nacional, 2019) en su Artículo 13, inciso i, establece que uno de los fines esenciales el Estado es «asegurar el desarrollo educacional, científico, técnico y cultural del país» (p. 9); en el artículo 32, referido a la política educativa, científica y cultural, recoge el postulado de que la enseñanza es función del Estado, es laica y se basa en los principios y valores de nuestra sociedad (p. 29). En su capítulo II, artículo 46, destaca el derecho de los ciudadanos a la educación y a su desarrollo integral, incluido la educación (p. 39).
Cuba tiene una tradición universitaria de casi cuatro siglos, con la fundación de la Universidad de La Habana en 1728. Durante su larga existencia ha tenido diferentes regulaciones jurídicas, ajustadas a los momentos históricos y sociales. En julio de 1976 (Ley 1306) se crea el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba (MES) y (Ley 1307) la red nacional de centros de educación superior. Se faculta al MES como órgano rector para ejecutar la política del gobierno relativa a la educación superior. Estas leyes fueron modificadas en función del desarrollo alcanzado en cada momento por la referida red nacional de IES. En el proceso de perfeccionamiento de los órganos de la administración del Estado cubano, el Decreto Ley No. 43 de julio de 2021, publicado en la Gaceta Oficial No. 96 Ordinaria de 24 de agosto de 2021, del Ministerio de Justicia de la República de Cuba establece que:
El Ministerio de Educación Superior es el organismo de la Administración Central del Estado que tiene la misión de proponer al Estado y al Gobierno, y una vez aprobadas, dirigir y controlar las políticas de educación superior referentes a la formación integral de los estudiantes de nivel superior, la educación de posgrado, la preparación y superación de cuadros y reservas; y dirigir y controlar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en las universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación adscriptas, así como la extensión de su quehacer a toda la sociedad. (Ministerio de Justicia, 2021, p. 2890).
En el orden internacional, Cuba asumió el Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, y el de la Convención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas a la Educación Superior auspiciada por la Unesco.
La educación superior como un bien público
En la Constitución de la República (2019) se establece: «La educación es un derecho de todas las personas y responsabilidad del Estado, que garantiza servicios de educación gratuitos, asequibles y de calidad para la formación integral, desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado» (p. 6) Sus bases son el carácter humanista y solidario del proyecto socialista, conjugado con la necesidad social y económica de incrementar el número de profesionales competentes y comprometidos con su país. Se destaca por su carácter público, sin discriminación, sin distinción de grupos sociales, color de la piel, de género, etaria y geográfica. Es gratuita en todos los tipos de cursos, incluyendo el postgrado y se asume su financiamiento totalmente por el presupuesto del Estado. Además, se ofrecen préstamos financieros a estudiantes de pregrado con limitaciones económicas y todos los alumnos reciben una ayuda financiera para gastos menores.
El Estado garantiza empleo inmediato a todos los graduados, lo que es muestra de la prioridad dada a esta esfera. Antes de la Revolución existían tres universidades públicas, con una matrícula de 2 063 estudiantes en el curso 1958-1959. Hoy se cuenta con una matrícula de 257 347 estudiantes en el curso 2019-2020. De los 11,3 millones de habitantes, más de 1,4 millones son graduados universitarios (MES, 2020).
Muchos de los beneficios se han compartido de manera solidaria y gratuita a jóvenes del todo el mundo. Miles de estudiantes de todas las latitudes, sobre todo del mundo subdesarrollado, fueron beneficiados, desde la década de los sesenta con becas otorgadas por el Gobierno revolucionario. De 1962 hasta la fecha se han graduado en Cuba 57 800 estudiantes de 164 países (Villavicencio, 2020a).
Las políticas públicas en la esfera tienen como principal fortaleza la consolidación de la red de instituciones, un competente claustro profesoral, matrícula estable y una educación financiada por el presupuesto del Estado, basada en un sistemático y permanente programa de mejoras de la calidad con estándares internacionales, avalado por más de un 80 % de instituciones acreditadas con nivel superior y categorías certificadas y de excelencia (Alpízar, 2019).
No obstante lo avanzado, aún no ha sido posible eliminar en seis décadas las diferencias sociales arraigadas en cinco siglos de explotación y discriminación social, racial y de género, arrastradas históricamente. No basta con aumentar año tras año el presupuesto destinado a la educación superior, pues siempre se beneficiaría más a los que están en mejores condiciones. Por tanto, es necesario dirigir recursos y acciones hacia los grupos más vulnerables (García, y Sánchez, 2018).
A las causas generales que limitan el acceso y continuidad, a pesar de su gratuidad, se agregó la generalización de los exámenes de ingreso como prerrequisito para acceder a los estudios universitarios en el afán de preservar la calidad, lo que afectó a los sectores más vulnerables. La universalización de la educación superior llevó la universidad a los municipios, extendiendo las posibilidades a los sectores sociales menos favorecidos con las más altas matrículas, que luego se adecuaron a las necesidades perspectivas de la economía y de cada territorio en particular.
En Cuba, como en el resto del mundo, la universalización de la educación superior ha beneficiado más a las mujeres que a los hombres. Desde el curso 1981-1982, ellas han sido mayoría en las aulas universitarias, lo cual se extendió de manera casi lineal hasta el curso 2006-2007; después, hasta el 2014-2015, se produjo una clara tendencia a la disminución y en los cursos siguientes se observó nuevamente un aumento de la proporción de mujeres (Tejuca, 2020). En enero del 2020, de una matrícula de 257 347 estudiantes, 164 608 fueron mujeres, para un 63,96 % (MES, 2020).
Se ha cumplido, precisamente, en la paridad de género, uno de los objetivos más difíciles de alcanzar: las mujeres pasaron de la agobiante y multifacética discriminación en las condiciones del capitalismo, a ser la principal fuerza técnica-profesional del país. El logro es ya irreversible y sirve de base y aliciente para nuevas acciones hacia otras desigualdades que subsisten en el ingreso y continuidad de estudios. Demuestra que, si los sectores sociales más atrasados avanzan a un ritmo más rápido que los más adelantados, se puede alcanzar la paridad con los demás grupos sociales.
La universidad en el enfrentamiento a la COVID-19
La COVID-19 ha impactado de manera significativa la actividad de las IES, provocando disrupción y reajustes continuos en sus procesos. Las disrupciones provocadas por la pandemia, si bien han afectado a todos, no han acentuado las diferencias en el ingreso y continuidad de estudios entre los grupos sociales.
En la primera etapa las actividades docentes presenciales de pre y posgrado en todos los tipos de cursos pasaron a la modalidad no presencial apoyada en la virtualización de la educación superior. Ello implicó la elaboración de materiales docentes: orientaciones metodológicas y guías de estudios para el trabajo independiente de los estudiantes. La jornada laboral se adecuó y, como regla general, se utilizó el teletrabajo y trabajo a distancia, con el fin de evitar la movilidad y concentración de personas. Por su importancia para el acceso con calidad a la educación superior, se mantuvieron los exámenes de ingreso.
Resultó esencial mantener la vitalidad de las redes de comunicaciones universitarias, la conectividad con las redes nacionales e internet, y la intensificación de las labores de comunicación mediante las páginas institucionales y los perfiles oficiales en las redes sociales y académicas. Las universidades dedicaron un gran esfuerzo y tiempo a apoyar el enfrentamiento a la COVID-19, mientras fue necesario adecuar los procesos de formación e investigación a las diferentes modelaciones sobre la continuidad, la culminación de estudios, el ingreso a la educación superior y el inicio de nuevo curso.
La educación superior cubana en el vórtice de la sociedad
La educación superior cubana es determinante en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI). Está implicada en la elevación de su efectividad e impacto económico y social, con énfasis en la integración de los procesos universitarios, el fortalecimiento de la interconexión de actores, la satisfacción de las necesidades de formación, superación y capacitación de profesionales, y el aporte de resultados científicos y de innovación pertinentes, con expresión en indicadores científicos de impacto (León et al., 2021).
Es prioridad la formación sostenida de Doctores en Ciencias, logrando unas 500 defensas anuales. Asimismo, se destaca la participación de expertos universitarios en el perfeccionamiento de políticas, la administración pública, el sistema empresarial como parte del nuevo Sistema de Gestión de Gobierno basado en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y el Consejo Nacional de Innovación. Los vínculos de la educación superior se han fortalecido mediante el esfuerzo que realizan las universidades y Centros Universitarios Municipales (CUM) en el desarrollo territorial. Los aportes de la red de Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo Local, favorecen la articulación entre las instituciones y los restantes actores que en el país protagonizan el impulso al desarrollo territorial.
Se fortalece la red de centros de estudio e investigación en todas las ramas de la ciencia, la pertinencia de los proyectos de Investigación y Desarrollo y de innovación con más de 50 % en los programas del SCTI, y las entidades de interface universidad-sector productivo a modo de empresas, fundaciones y parques científico-tecnológicos. Una mención especial merece la implicación de toda la educación superior en el combate de la COVID-19, desde la participación en el desarrollo de vacunas y medicamentos, el enfrentamiento sicosocial, el monitoreo y modelación matemática de la pandemia, la conversión de 42 instalaciones universitarias en hospitales y centros de aislamiento y la participación de estudiantes y profesores en acciones sociales en comunidades y en la «zona roja». Sin esa importante contribución de las universidades, la situación del país hubiese sido más crítica.
Internacionalización y reconocimiento de títulos
La educación superior cubana en las últimas décadas ha estado marcada por un intenso intercambio con instituciones en el exterior. Este ha sido crucial para elevar la calidad de la formación, la investigación y la innovación universitaria. Las acciones se han desarrollado bajo el amparo de más de 2000 convenios interuniversitarios y ministeriales. Como promedio se han ejecutado anualmente alrededor de 200 proyectos de cooperación internacional, de ellos, 50 aportan financiamiento para el mejoramiento de la infraestructura y la superación de profesores e investigadores y la respuesta a demandas de las IES y de los territorios. Se participa en más de 350 redes académicas y científicas y en asociaciones internacionales, con el objetivo de establecer sinergias, identificar puntos comunes, fortalecer la confianza entre las instituciones, promover acuerdos de reconocimiento de estudios y proyectar acciones conducentes a un mayor desarrollo de las IES (Villavicencio, 2020b).
Ante este escenario, se ha requerido reforzar el entendimiento entre los gobiernos, universidades y otros actores que inciden en el reconocimiento mutuo de estudios de pregrado y posgrado que en América Latina y el Caribe muestran avances muy discretos.
Desafíos actuales de la educación superior cubana
Desafío 1. TIC y sociedad del conocimiento
La educación superior debe contribuir de forma importante a la transformación digital en el país, en términos de informatización de la sociedad, la industria del software, el desarrollo de la industrialización avanzada y la virtualización de la propia educación superior. Los avances tecnológicos provocan cambios profundos en el sistema educativo y para esto es imprescindible utilizar cada vez más tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el machine learning y el blockchain, sin descuidar los conceptos éticos para alcanzar un desarrollo socialmente responsable.
Las TIC en la educación superior deben favorecer gradualmente la creación de nuevos entornos de aprendizaje, el desarrollo de las competencias digitales necesarias en los docenes y estudiantes, así como la generación de habilidades a lo largo de toda la vida. Por su carácter incipiente, es imprescindible establecer políticas públicas que garanticen la digitalización en la educación superior, el acceso de todos a los recursos, contenidos y avances tecnológicos, sin desatender la insustituible educación presencial por su significación en la formación de valores.
Se debe dar una mayor respuesta a las necesidades de formación y superación de profesionales en carreras ya existentes y otras nuevas, el sistema de maestrías, especialidades de posgrado y programas doctorales pertinentes, en matemática, informática, computación, ciencia de datos, automática, telecomunicaciones, robótica y otras. La investigación universitaria debe orientarse al desarrollo y la innovación, integrarse mejor con la formación de doctores, aportar nuevos conocimientos relevantes y contribuir a la creación de nuevos productos, tecnologías y servicios de valor agregado con impacto económico y social, así como a la creación de nuevas empresas interfaces y de alta tecnología.
Desafío 2. Mantener la inclusión y continuidad para todos los grupos sociales
En la actualidad, enriquecidas por las experiencias aplicadas debido a la COVID-19, se instrumentan un conjunto de acciones válidas para todos, que de manera indirecta benefician a los más rezagados. Entre las más notorias se destacan: incremento sustantivo del número de plazas en todas las modalidades, en particular, en el Curso por Encuentros (CPE) y en Educación a Distancia (EaD) y nuevas modalidades como la educación superior de ciclo corto.
Los modelos menos presenciales y de mayor virtualidad podrán constituir la fórmula principal junto al impulso de la educación terciaria de ciclo corto; cambios en la manera en que se exige en CPE y en EaD el requisito de dominar los contenidos de las asignaturas objeto de examen de ingreso: español, matemática e historia, al convertirse en tres asignaturas básicas en el primer año de esas modalidades; desarrollar uno o varios años del preuniversitario en una institución de educación superior y recibir la docencia con claustro universitario, de tal forma que se asegure el entrenamiento de los estudiantes, su formación vocacional intensiva para la carrera seleccionada y el acceso a la universidad; ampliar las carreras que se ofertan en el CPE; reapertura de las matrículas en CPE en 111 CUM e implementación en el curso diurno de más de 50 carreras, cuya duración será de cuatro años y de los cursos de educación superior universitaria de ciclo corto (Díaz-Canel, y Fernández, 2020).
Estas medidas beneficiarán a todos, cualquiera que sea su procedencia social, pero en especial al sector más vulnerable. Sin embargo, esas acciones no son suficientes. Será necesario evaluar e introducir otras específicas para cada uno de los subconjuntos de personas menos favorecidas y para ello será imprescindible tener como referencia las experiencias nacionales e internacionales, surgidas en respuesta a la pandemia de COVID-19, en especial aquellas que han permitido reducir el impacto negativo sobre el acceso y continuidad de estudios; las más exitosas en la implementación de la modalidad de educación a distancia con la menor afectación de la calidad, perfeccionando la inclusión digital y los mejores resultados en lo relativo a los programas híbridos y la virtualización de la educación superior basada en la transformación digital.
Desafío 3. La universidad en el desarrollo territorial
La educación superior es un actor muy bien situado para impulsar el desarrollo territorial, pues concentra buena parte del potencial humano de mayor calificación, está presente en todas las provincias y en la casi totalidad de los municipios a través de los CUM, que en muchos territorios se han convertido en un factor clave a través de la interacción con los gobiernos y los restantes involucrados en la estrategia de desarrollo municipal (CRES/Unesco, 2018). Desde 2012 la educación superior incluyó el desarrollo local como un objetivo prioritario en su planificación estratégica.
Los grandes desafíos que plantea el desarrollo territorial demandan un fuerte proceso de creación de capacidades humanas, de conocimiento, ciencia y tecnología, con importantes retos para la educación superior. Como señala la declaración final de CRES-2018, es imprescindible fomentar el acceso, el uso y la democratización del conocimiento, concebido como «un bien social, colectivo y estratégico, esencial para garantizar los derechos humanos básicos e indispensables para el bienestar de nuestros pueblos, la construcción de la ciudadanía plena, la emancipación social y la integración de la solidaridad regional de América Latina y el Caribe» (CRES/Unesco, 2018) pág. 6. La orientación de la educación superior debe propiciar el flujo de conocimientos y tecnologías disponibles a nivel nacional e internacional a través del trabajo en redes y la cooperación internacional entre otras vías.
HACIA 2030 Y MÁS ALLÁ: RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO
Recomendación 1. Lecciones aprendidas y experiencias positivas implementadas en la pandemia
Las universidades, con el empleo intensivo de las amplias prerrogativas adoptadas en el contexto de la pandemia, realizaron de manera creativa, a partir de un profundo trabajo científico y metodológico, ajustes curriculares y pasaron a la virtualización de la educación superior, promoviendo el uso de actividades semipresenciales y a distancia.
Las barreras tecnológicas existentes, la brecha digital y la diferencia generacional presente en las instituciones no pueden impedir la incorporación en los diseños metodológicos de las nuevas tendencias pedagógicas y el uso de los dispositivos móviles, en favor de un aprendizaje centrado en el estudiante, fomentando el trabajo colaborativo. Es importante asegurar los contenidos esenciales del currículo base de cada carrera, preservando el rigor y la calidad. Habrá que enfrentar las dificultades en la conectividad, comunes en la región, ocasionadas por la insuficiente infraestructura tecnológica y el costo de la conexión, lo que limita las posibilidades de acceso a plataformas virtuales y afecta el desarrollo de algunas modalidades no presenciales. El modelo híbrido debe asegurar a la vez, la virtualización y el insustituible intercambio directo entre docentes y estudiantes.
El modelo cubano de universidad implica un alto nivel de integración a la sociedad, a su sector productivo, territorios, comunidades y comprometida con el desarrollo de un proyecto social avanzado. Se han puesto de manifiesto en este período desafíos importantes, como: continuar avanzando en la virtualización de la educación superior, de tal manera que el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones contribuyan a la autogestión de la formación de los estudiantes universitarios, e incrementar la satisfacción de la demanda nacional de egresados hasta el 2030. El perfeccionamiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, centrado en la mejora de la eficiencia académica, se soporta en un mayor vínculo con la realidad de las entidades de producción y los servicios.
Recomendación 2. Estrategias de hoy para anticiparse a la universidad del mañana
La consolidación de las transformaciones realizadas en la educación superior cubana y de sus estrategias de perfeccionamiento y flexibilización en los diferentes tipos de cursos, planes y programas de estudio, acompañados de la digitalización de los contenidos y la virtualización de la enseñanza, demandan de la comunidad universitaria una cultura superior en las competencias asociadas a las TIC.
La informatización de los procesos, potenciando el acceso a los recursos, servicios y contenidos, la introducción de modelos pedagógicos novedosos e innovadores, las mejoras en la didáctica, así como la asimilación creativa de las nuevas tecnologías y el incentivo al talento, la ciencia, la innovación junto a la introducción de tecnologías disruptivas, marcan el futuro.
La implementación de una estrategia que permita la generación de capacidades del capital humano, competencias transversales y nuevos conocimientos, debe asegurar la formación continua de los profesionales que articule el pregrado, la superación y el postgrado pertinente a cada actividad, formando doctores capaces de multiplicar el conocimiento. El intercambio académico y científico y la participación en redes, la identificación de proyectos de desarrollo de cooperación integrales, como parte de la internacionalización, junto a proyectos académicos, científico-técnicos y profesionales, deben favorecer la integración latinoamericana y caribeña y la colaboración con otras regiones del mundo.
Es fundamental incrementar la visibilidad internacional con el mejoramiento de posiciones en los rankings, las publicaciones en revistas indexadas, la participación en foros, eventos y talleres internacionales. Garantizar el desarrollo paulatino de la infraestructura de las instituciones, acompañado de una red informática nacional como espacio para promover la ciencia y la innovación con contenidos, servicios y recursos con capacidad de llegar a toda la comunidad académica y científica nacional e internacional, es clave para el desarrollo y la elevación de la calidad de las instituciones de educación superior, víctimas también del criminal bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.
