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La seguridad de la paciente obstétrica es una preocupante para todos los que directa o indirectamente nos vinculamos a su atención desde los servicios de salud. Si partimos del concepto de que la seguridad del paciente es la reducción del riesgo de daño asociado a la asistencia sanitaria,1 pudiéramos limitar la responsabilidad con la seguridad estrictamente a los servicios de salud. No obstante, al considerar la seguridad, es necesario tener en cuenta la calidad, y para ello debemos realizar un enfoque salubrista del tema, incorporando determinantes sociales de la salud, con lo cual pudiéramos explicar algunos problemas que se presentan en el contexto de la asistencia sanitaria -sin dejar al margen los que dependen de modo directo de los servicios de salud.
Los eventos adversos se definen internacionalmente como lesión o complicación que determinan prolongación de estancia hospitalaria, incapacidad y muerte causada por el sistema sanitario más que por la enfermedad del paciente.2 Esto nos lleva a pensar que si hay mayor seguridad, tendremos menor presencia de eventos adversos; también explicaría que la existencia de eventos adversos en el sistema de salud inevitablemente está relacionada con servicios en los que está comprometida de alguna forma la seguridad del paciente.
En la mayoría de los casos, la existencia de un evento adverso genera una reacción de inconformidad en pacientes y familiares, quienes no lo esperan; en otros casos, aunque esperado, se preveía un resultado diferente. En muchas ocasiones, la expresión de inconformidad resulta en queja que puede trascender a cualquiera de los niveles del derecho, ya sea administrativo, laboral, civil o penal, según la magnitud del caso, con independencia de que se demuestre o no si el actuar constituyó responsabilidad médica.
Las consecuencias de este problema, evidentemente, involucran a quienes hoy día se denominan las víctimas,3 siendo la primera de ellas la paciente que sufre directamente el daño, ya sea físico, psicológico, o ambos. También podemos considerar como primera víctima el fruto de la concepción, sin dejar de mencionar que en muchas ocasiones queda afectado el binomio. La segunda víctima es el médico o profesional de la salud, que se encuentra en una posición de desventaja por ser quien directamente asume la atención a la paciente y, además, sobre quien recae la queja, demanda o acusación, y necesita demostrar su inocencia. La tercera víctima es la familia, que se encuentra en duelo, inconforme, y reclama respuestas ya sea al sistema de salud o al sistema judicial de lo que muchas veces considera mala atención médica. La cuarta víctima es la institución de salud y la quinta el sistema de salud, sujetos a descrédito, injurias en redes sociales y cuestionamientos por la población. Desde el punto de vista social se genera una crisis que muchas veces trasciende el marco de las instituciones de salud para alcanzar dimensiones mayores que suelen afectar al país por su gran connotación.
Engarzar la seguridad obstétrica, eventos adversos y participación de las víctimas como un mismo fenómeno desde un enfoque médico y jurídico, permite replantearnos nuevas pautas de actuación para elevar la calidad de atención y el nivel de satisfacción tanto de pacientes y familiares como de profesionales del sector, a partir del respeto a la relación médico-jurídica que surge durante el acto médico, con el reconocimiento de los derechos y deberes de las partes.
Ser proactivos y exigir escenarios seguros de atención, mantener una preparación científica dinámica y actualizada, adherirse a protocolos previamente discutidos y llevados al contexto de manera particularizada, y usar el consentimiento informado como herramienta que estrecha el vínculo en la comunicación médico-paciente, serán algunas de las acciones a desarrollar para aumentar los escenarios seguros de atención a las pacientes obstétricas, y con ello disminuir los eventos adversos, cuyo resultado final será minimizar la presencia de víctimas en el proceso de atención médica.
Entre los aspectos a mejorar están el deslinde de responsabilidades, el análisis de los procesos con enfoque multifactorial, la estabilidad en las comisiones de investigación de los eventos adversos, y respetar los derechos de las partes en el acto médico. Asimismo, reconocer los deberes, ser celosos veladores de la documentación médica -que puede convertirse, según las circunstancias, en documentos médico legales-; respetar los derechos del trabajador y mantener principios éticos en todos los procesos; y ganar en cultura jurídica -pudiendo ser una vía la incorporación de elementos de derecho médico en la enseñanza de pre y posgrado.
