Las primeras instituciones de democracia directa, que se regularon con la Constitución de 1940, tuvieron poco desarrollo en las leyes y escasísima realización. La Constitución de 1976 reconoció el referendo, la revocatoria de mandato y la iniciativa legislativa popular, pero al establecerse el alcance y el procedimiento en las leyes, no siempre se fue consecuente con la participación directa y la finalidad de estas instituciones. La reforma constitucional del 2019 amplía el espectro de la participación ciudadana, de ahí que el presente trabajo tenga como objetivo examinar la regulación de estas instituciones en la Constitución y en las leyes de desarrollo hasta el momento aprobadas, al efecto de identificar tanto los avances, como las limitaciones y los retos que todavía persisten.

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