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Introducción
La Ciencia o Arte de la Política asume como Objeto de Estudio todo lo concerniente a la gestión y control de las relaciones de poder, la más importante función social regulatoria, al surgimiento y conservación de la hegemonía y la obediencia que se presenta entre clases y grupos sociales, entre los gobernantes y dirigentes sobre gobernados y los dirigidos.
La perspectiva de este artículo es sobre todo Política, pues se propone como Objetivo evaluar la correlación entre el fenómeno conocido por Violencia Social y la estabilidad que ha presentado el funcionamiento del Sistema Político (Fung & Cabrera, 2015) en México a través de sus componentes: Sociedad Política y Sociedad Civil, durante los primeros 20 años del siglo XXI. Para ello aborda también argumentos de otras ramas de las humanidades como la Sociología, la Psicología, la Historia, la Antropología, el Derecho, la Economía, la Geografía.
Para ello comenzó con el imprescindible rastreo bibliográfico que encontró un pluralismo epistemológico, ideológico y cultural respecto a las generalidades de la Violencia, los Sistemas Políticos y las probables relaciones causales que se dan entre ambos, así como a particularidades económicas, culturales, históricas y naturales de ese país como Estado-Nación.
Posteriormente buscó información empírica primaria (Guadarrama, 2012) mediante entrevistas y consultas orales y escritas a especialistas, profesores, Masters en Ciencias y Doctores mexicanos que expusieron sus trabajos en diversos Talleres Internacionales que sobre la Ciencia Política y la Filosofía organizan anualmente la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas (SCIF) y la Universidad de la Habana, sobre Ética que emprende su Facultad de Filosofía e Historia o que defendieron sus tesis respectivas en esta universidad.
Como fuente de información empírica secundaria se procesó a los informes periódicos sobre el tema rendidos por el Gobierno y por Organizaciones No Gubernamentales, las notas, artículos, informaciones, entrevistas a personalidades de la cultura, y la política, empresarios, datos, referencias escritas, orales o visuales en los idiomas español, inglés, ruso, francés, portugués e italiano, aparecidos en la prensa plana, televisiva, radial y digital de diferentes regiones, con énfasis en los diarios nacionales de ese país: “La Jornada” “Excélsior”, “El Sol de México” y “El Universal”, así como el semanario “Proceso” y volúmenes de la “Revista Mexicana de Sociología”.
Para trabajar esas fuentes, se partió del criterio de Habermas (1982), que considera a la totalidad de los medios de comunicación, Internet y las redes sociales como espacios desde los que se puede pensar las contradicciones sociales y políticas de un momento dado o en un lugar lejano. Igualmente, Chavanayarn (2015), sobre las posibilidades heurísticas del rumor, los comentarios y chismes callejeros.
Estas formas de comunicación reflejan la cotidianeidad heterogénea y conflictual de cualquier hecho, el sentido de los viejos y nuevos movimientos, de sujetos o actores sociales y políticos. Su contenido e interpretación es información que transfiere conocimientos y reconocimientos de las realidades, que permite la reapropiación de un tiempo pasado que fue también una modernidad, por tanto, de su destiempo y de la historia. Son huellas o trazas que se pueden tomar como evidencias, por tanto, es perfectamente posible a partir de ellas indagar con métodos científicos para alcanzar una fundamentación reflexiva que permita pensar lo no pensado, deliberar sobre realidades lejanas en tiempo, espacio y contexto, descubrir lo aun no observado, aportar nuevos conocimientos y saberes para elaborar teorías y argumentos eficaces, aunque no se esté como testigo presencial.
La diversidad aparencial y fenoménica encontrada hizo articular las interrelaciones económicas, políticas y culturales que subsisten en la complejidad de esa realidad con los actores, agentes principales y secundarios endógenos o exógenos que intervienen, su significado, los saltos, continuidades y discontinuidades y las etapas evolutivas.
Los elementos teóricos y abstractos como juicios, conceptos, definiciones y reflexiones, se tomaron tanto de pensadores marxistas (Marx, 1963) como de la Politología clásica (Fung, 2005) haciendo énfasis en los mexicanos y representantes de la Ciencia Política con Enfoque Sur desde Cuba en diversas obras (Fung & Pineda, 2004), Latinoamérica y España.
Desarrollo
Existen fuerzas supranacionales que necesitan conservar y recuperar porciones de poder en la política, la economía, el comercio y las finanzas elaboraron y actualizan permanentemente una concepción estratégica planetaria adecuando las tácticas a cada momento y lugar que abarcan desde la guerra abierta y declarada hasta la desestabilización económica y social a un país, pasando por el asesinato de líderes populares que consideren potenciales enemigos.
Para coordinar y conducir su alianza crearon dos mecanismos fundamentales: uno aparentemente informal, oculto, casi desconocido; el Club de Bilderbeng, mientras el otro es público, legal y legitimado, reúne a los gobiernos en el Foro de Davos. Su accionar excluye cualquier interferencia ética o caritativa, no tiene en cuenta las necesidades ni intereses de su materia prima principal: los asalariados, ni tampoco de las minorías, de los migrantes ni de los países o poblaciones del sur político-económico.
Estos poderosos asignan a México, como entidad territorial y humana, un papel especial a desempeñar dentro de sus proyectos, aprovechando su ubicación geográfica, las riquezas naturales, cantidad de habitantes e influencia cultural y mercantil en la región y el mundo hispano, por lo cual trabajaron en todos los órdenes para desviar el rumbo social, económico y político de la Revolución que triunfó en 1910.
Para buscar el origen del fenómeno que este artículo aborda, es necesario considerar el
Durante casi todo el siglo XX, el Estado mexicano reconstruido sobre las ideas de su revolución, se guio en la esfera internacional por principios de neutralidad, soberanía, independencia y autodeterminación de los pueblos para alcanzar la paz y el desarme. Tuvo la gloria de proteger en su seno a miles de refugiados y luchadores por un mundo mejor, de generar doctrinas para resolver con la mayor paridad y justicia conflictos entre países, de ser la sede de la firma del Tratado de Tlatelolco que impide la presencia de armamento nuclear en Latinoamérica, de negociaciones y acuerdos para acabar las guerras civiles de Centroamérica como los de Esquipulas y Contadora entre otros eventos internacionales trascendentes.
En lo interno estructuraron un vínculo funcional entre la política y la economía.
El poder se compartía por cuotas entre el patronato, la clase política y las organizaciones de trabajadores, sobre todo obreras y campesinas, garantizando estabilidad social en un multipartidismo donde siempre tenía que ganar el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al tiempo que alcanzaron una independencia económica de los EEUU tan grande que las crisis cíclicas de producción, propias de todo país capitalista, eran autóctonas, no dependían ni coincidían con las del estado de la economía norteamericana, en particular de las oscilaciones en Wall Street.
Tal autonomía no pudo ser mantenida, la resistencia al accionar inteligente de los grupos de poder internacional fue cediendo y desde hace medio siglo estos pudieron preparar y convencer paulatinamente a parte de la clase política a implantar los postulados del Grupo de Chicago que retoman las concepciones liberales y desplazan a las ideas keynesianas, que preconizaban el papel fundamental del Estado en la conducción social, dominantes tras la II Guerra Mundial.
Influyeron coordinadamente sobre los aspectos objetivos y subjetivos de la Sociedad Civil y entre otras medidas, ofrecieron gran cantidad de becas en universidades de renombre a jóvenes talentos seleccionados bajo programas de ayuda “desinteresada” al desarrollo. Les dieron seguimiento y apoyaron imperceptiblemente en ese momento para que se prepararan como futuros líderes políticos del país y priorizaran la eficiencia productiva sobre cualquier criterio moral, equitativo, tradicionalista, axiológico o de justicia.
Por voluntad de su élite estatal, México, durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988) comenzó la conexión cada vez más radical a los modelos neoliberales, que reordenaban en aquel entonces la economía y la política mundial, liderados por el presidente de EEUU Ronald Reagan y la Primera Ministra de la Gran Bretaña Margaret Teacher.
A lo interno se priorizó el aumento de la productividad del trabajo sin importar costo. Bajo el principio de dirigir la sociedad como a empresas privadas, con la ganancia como principal y muchas veces único objetivo, se sustituyó al Estado de bienestar social y solidaridad, que de forma relativamente mayoritaria se había intentado construir. Se fue desmantelando a este con ajustes organizacionales cada vez más severos y aplicando una disciplina fiscal férrea. Hoy solo queda sin privatizar la Educación Pública, debido a la gran resistencia de los gremios de maestros y una transformada e insuficiente Seguridad Social.
Al exterior, se buscó alcanzar un trato especial con EEUU que le permitiera ser la única nación que garantiza a bajo precio la reserva petrolera estratégica de este. Así se adhirió en 1994 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) lo que provocó que sus productos tradicionales (agropecuarios fundamentalmente: maíz, frijoles, leche, cuero…), perdieran gran capacidad de venta, pues también los producen agricultores norteamericanos que siguieron contando con grandes subsidios gubernamentales a la que sumaron la entrada libre de aranceles e impuestos a México y comercializarlos a precios de hasta 70% más bajos que el tradicional en su propio mercado interno.
Eso condujo a la ruina de la agricultura, la ganadería y la alimentación nativas que por demás cedió el control de estas ramas, estratégicas a unas veinte empresas transnacionales como Cargill, Monsanto, Dupont-Pioner, Dow..., motivos por los cuales en el 2015 se arribó a la suma de 1,8 000 00 campesinos que abandonaran sus tierras en búsqueda espontanea, desorganizada y anárquica de nuevas formas de ganarse la subsistencia para sí y sus familias, pues no se les ofreció compensación ni alternativa alguna. Hicieron crecer incontroladamente las zonas suburbanas donde viven hacinados y sin servicios básicos. Tal proceso se acentuó desde 1992 cuando una Enmienda Constitucional del gobierno saliente de Carlos Salina de Gortari (1988-1992) eliminó el Sistema del Ejido (Cockcroff, 2014).
Como el país siempre ha sido fundamentalmente agrícola, estas transformaciones macroestructurales aportaron los recursos humanos que desembocaron masivamente en la Delincuencia, único medio para sobrevivir que le quedaba a esa masa desorientada y desconcertada, un gran porciento de la cual se especializa en ejecutar la Violencia de forma reiterada y continua, pero cada vez más organizada y dirigida, cruel, refinada y genocida, hasta el punto en que se convirtió en un negocio más, como ser taxista, o arrendatario. ¡Va desapareciendo desde adentro la seguridad ciudadana! ¡Hay que pagar por la propia vida, por la defensa individual y familiar, por la venganza, por la ofensa, por el contraataque! A esos devenidos asesinos se unieron los miles de desempleados que también aparecieron en las ciudades producto de la privatización de las minas, el suelo, las aguas, las industrias y los servicios de todo tipo.
Se alcanzó tal nivel de Violencia que se socializó, se generalizó a todos los rincones e incursionó en actos de puro Terrorismo. El impacto rebasó las fronteras nacionales y ya no puede ser silenciada u ocultada por más tiempo.
Paradójicamente, a pesar de los esfuerzos estatales por elevar la productividad y competitividad del país, hay un estancamiento de la economía que tributa a que el 51,3% de la población viva pobre, 20% en pobreza extrema mientras que un 0,7% dispone del 40% de la riqueza nacional ¡Dieciséis familias tienen 143 mil millones de dólares!
En la misma medida en que se fueron aplicando las recomendaciones de moda, reaparecieron múltiples conflictos de diversa índole a escala de todo el país que ya habían sido reducidos o eliminados y repercutieron directamente en la política. Tal incremento en cantidad profundidad y complejidad de estos ha devenido en auténticas crisis sectoriales internas que amenazan convertirse en una crisis general nacional y regional.
Estadísticamente el número de víctimas supera a la de muchos países oficialmente en guerra y su costo social, familiar y psicológico trascenderá a varias generaciones, pues se propagan interminablemente más odios, rencores y venganzas, lo cual constituye la fórmula más rápida y natural de dividir a cualquier sociedad.
A su vez, se yergue como uno de los negocios que más dinero mueve para beneficio en primer lugar de sus patrocinadores y en segundo de sus gestores y ejecutantes e incluso para los miles que conforman la logística que la sostiene y apoya. Al mismo tiempo provoca grandes gastos económicos y financieros al Estado y a la Sociedad Civil.
La exhibición de los asesinatos cotidianos con crueldad inusitada y a la vez sofisticada en avenidas, plazas y otros centros públicos, la desaparición simultanea de decenas de personas sin rastros, que suman miles al año, impactan y dejan una sensación en cada individuo, grupo, comunidad y en la Sociedad toda de permanente riesgo y amenaza, de indefensión e impotencia, que hace transitar los procesos subjetivos en la conciencia de muchos desde la sorpresa y el temor inicial a una paulatina indiferencia, conformismo y aceptación del contubernio entre la Delincuencia y la Sociedad Política, pero a otros los induce a la rebeldía, a la protesta y la lucha, todo lo cual influye negativamente contra la sensación de confianza y seguridad que necesitan los ciudadanos de cualquier Estado y que las instituciones deben ofrecer. Esta constituye una de las manifestaciones en que la Violencia Social influye en los aspectos subjetivos del subsistema cultural y más específicamente en la Cultura Política, lo cual se trasmite como afectación directa al Sistema Político.
Los grupos que a ella se dedican son por una parte pandillas, bandas, carteles del narcotráfico y otras organizaciones que funcionan como empresas privadas y por la otra el Estado con sus instituciones represivas que la combaten con más Violencia o se permean de sus métodos y prácticas, se corrompen y coadyuvan con los propios criminales a quienes prestan servicios de alquiler de uniformes, armamento, autos, medios de combate e incluso ejecutan crímenes pagados por quienes debían combatir.
Al final del camino, el dinero tributa a los mecanismos blanqueadores en bancos y paraísos fiscales especializados en proteger las finanzas sucias y capitales originados por mafias o políticos corruptos cuyos verdaderos dueños radican en las mayores potencias internacionales, sobre todo EEUU.
Para combatirla públicamente cada Gobierno en sus seis años constitucionales utilizó la táctica que consideró más oportuna.
El presidente Vicente Fox (2000-2006) del Partido Acción Nacional (PAN), primero en más de 70 años que no representó al PRI, autorizó los ataques iniciales contra localidades dominadas por el hampa en algunos sitios de un Estado de la Federación.
Su sucesor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012) del mismo partido, también acatando consejos e indicaciones de poderes supranacionales como la banca mundial y empresas multinacionales, llevó al extremo sus respuestas al militarizar la lucha contra la delincuencia y declarar el estado de guerra abierta para aplastarla totalmente.
Las secuelas de esta decisión hoy todavía amenazan en lo interno con echar abajo instituciones estatales y en lo externo provocaron alarma por la probabilidad de contagio y los costos elevados para limitar e impedir la importación de ese accionar por otros países.
Para el futuro dejó en herencia el precedente de usar la Violencia total al interior del territorio como una Política Pública y de violar preceptos constitucionales habiendo tenido la opción de recurrir a otros métodos policiales, menos extremos y comprobados en la práctica por su efectividad.
Los combates callejeros y rurales de las fuerzas del Estado contra la delincuencia organizada dejaron más de 50 000 muertos entre 2007 y 2011, mientras que la Tasa Nacional de Homicidios ascendió de 8 asesinatos por cada 100 000 habitantes a 18 entre los años 2008 y 2009, aunque las cifras varían ligeramente de acuerdo a las fuentes.
De acuerdo al Derecho Penal Internacional, los 150 000 muertos y 26 000 desaparecidos solamente en la década 2005-2015 debido a la guerra contra el narcotráfico y la Violencia son susceptibles de considerar como Crimen de Lesa Humanidad, pero al indagar sobre la motivación de los cuerpos policiales y militares para reaccionar con tanta o más Violencia que la de los delincuentes, aparecen tres preguntas: ¿se debe a propia iniciativa debido a la corrupción incontrolable o la venganza?, ¿Será el resultado de órdenes recibidas de sus mandos o de autoridades políticas? o ¿Constituyen el producto de ambas? De responder positivamente las dos últimas se habrá constituido entonces en una política de Terrorismo de Estado que es condenada internacionalmente y ameritan otras consideraciones a los gobiernos de ese país.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-218) dio continuidad a una política similar, no recogió totalmente las fuerzas armadas de las operaciones internas, pero si trató de ocultarlas, pasar desapercibido y no dar la connotación abierta y pública que la administración anterior realizó, lo cual lejos de disminuir la intensidad de la Violencia, la aumentó.
Momento culminante, aunque no único durante su administración, ocurrió en la madrugada del 27 de septiembre, de 2014 con la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes en Ayotzinapa, municipio de Iguala, Estado de Guerrero, donde se presume y toda lógica indica la participación del Ejército y la Armada en contubernio con la organización criminal “Guerreros Unidos”. El hecho causó indignación mundial y confirmó la grave crisis que la Violencia Social y el terrorismo están causando en México a pesar de los intentos gubernamentales de disimular, ocultar o minimizar el escándalo para reducir el costo político a su dañada imagen. A pesar de informes, contrainformes, investigaciones y búsquedas, la realidad dura es que cinco años después todavía no se han esclarecido los hechos ni siquiera hallados los cuerpos o restos de los estudiantes desaparecidos.
Análisis de sujetos y actores capaces de enfrentar esta crisis
La Sociedad Política dispone de líderes experimentados en el aparato administrativo y político sin la putrefacción moral que caracteriza a la mayoría de sus colegas. Algunos deben ser capaces de arrastrar a grandes grupos de la población para desarrollar, desde la paz, Políticas Públicas de beneficio social que mejoren las condiciones de vida de la mayoría y concentren a la juventud en el estudio y el trabajo para cortar las principales fuentes de alimentación a esta situación de Violencia descontrolada y gradualmente ir reduciendo su incidencia para el futuro.
También existen en el Ejército, la Aviación, la Gendarmería y la Armada Nacional sectores convencidos intelectualmente de la necesidad de cambios y no están contaminados por la corrupción. Ellos pudieran organizarse en junta coordinadora e intentar rectificar los errores de planificación e improvisación que la fracasada experiencia de Guerra contra la Violencia dejó en años anteriores. Significaría en la práctica un Golpe de Estado que pudiera orientarse por una de estas dos posiciones políticas.
-Fascismo. Se concentran todos los mecanismos del poder en una persona, si apareciera el líder capaz, o en un grupo reducido que limitarían o eliminarían todas o parte de las libertades que debía asegurar la Democracia Constitucional, sin afectar los intereses norteamericanos y de la oligarquía nacional.
-Rebelión. Grupos extenuados de esta situación encabezarían el apoyo popular para un radical cambio social que desmonte los mecanismos actuales de ejercicio del poder e imponga otros nuevos.
Esta iniciativa es la menos probable de las dos por la falta de unidad y confianza que se aprecia en la Sociedad Civil respecto a las fuerzas armadas y la permanente vigilancia que ejercen los órganos de inteligencia nacionales y norteamericanos sobre los jefes, oficiales y líderes que puedan surgir dentro de esa casta para eliminar desde la cuna cualquier intento de rompimiento o desviación de la línea política e ideológica que se le dicte.
Al explorar variantes posibles que puedan darse en las respuestas políticas, se tiene en cuenta la gran desnivelación entre el poder militar conjunto mexicano y estadounidense respecto a la capacidad de organización, cohesión y unidad en algunos grupos, por tanto no se aprecian condiciones para el surgimiento de una o varias rebeliones armadas, ya sean espontaneas o preparadas, aunque, de cerrarse todos los caminos legales y de revueltas masivas, pudieran darse condiciones para que reaparezcan a corto y mediano plazo guerrillas urbanas y rurales encabezadas por oficiales, clases y soldados provenientes de los sectores más bajos y reforzados con ideas nacionalistas y populares para asumir un liderazgo amplio y profundo, tal como se ha dado en otros momentos de la historia del país o en otros países del continente en la contemporaneidad.
Respuestas desde la Sociedad Civil
En las dos décadas transcurridas del siglo XXI, la Sociedad Política no pudo controlar ni reducir ni eliminar la Violencia Social, más bien la incentivó, por tanto, es factible considerar que el Sujeto con la mayor capacidad de lograrlo está ubicado dentro de la Sociedad Civil, donde nacen, se desarrollan e interactúan diversos movimientos sociales informales cuyos miembros y agrupaciones, con diversidad de origen, enfoques, estructura y reivindicaciones tienen afinidad en la motivación y el objetivo de reducir y acabar con esta. Son organizaciones extendidas en todo el territorio nacional, que pueden ser de integración homogenea o diversidad socioclasista, pero representando a la mayoría de los segmentos de la estructura social.
En su accionar, desde la razón común, crean conciencia social y con su espontaneidad organizativa y las relaciones abiertas, pueden recorrer el camino desde la microacción hasta la macroproducción de cambios que la corporación política no concretó.
Sus miembros son testigos, a veces actores, pero sobre todo víctimas del rencor y odio que impera en las calles y campos, ya que lo reciben y sufren directamente, sin intermediarios. Conforman la mayoría numérica de la población, están en total estado de indefensión, al mismo tiempo que pueden ejercer la movilidad necesaria para cualquier proyecto, lo cual contrasta con la tendencia al quietismo de las instituciones estatales.
Mientras la evolución y desarrollo de su resistencia y oposición no atente directamente contra el poder del Estado, su accionar puede obtener respuestas a sus demandas, muchas pequeñas victorias que conduzcan a la consecución de su fin común.
Por su comportamiento, estas organizaciones se pueden clasificar en dos grupos principales:
-Los que buscan una comprensión multifactorial de la realidad para coordinar un accionar enfilado a un profundo programa de transformaciones sociales.
-Los que solo aspiran mediante reformas parciales a que se reduzca la Delincuencia y retornar a los tiempos más pacíficos del pasado.
El primer gran grupo engloba entre otros a los que propugnan directamente la revolución social como necesidad y solución única, que puede ser por medio de dos alternativas: lucha armada en forma de guerrillas urbanas y campesinas o rebeliones a partir de movilizaciones, huelga general, marchas masivas, protestas callejeras, manifestaciones, tomas de plazas y otros medios de movilización para un levantamiento general en todas las capas sociales a las que es necesario previamente organizar y preparar para encontrar nuevas formas de actuación. Es algo más que modificar el actuar de la Sociedad Política o hallar alternativas de presión para ejercer Políticas Públicas adecuadas.
El Estado en su lógica de seguridad, combate a estos elementos u organizaciones con más intensidad que a la propia Delincuencia Organizada. Para neutralizarlos y contrarrestar a toda costa sus propósitos, los vigila, controla, manipula, intimida, intenta desunirlos e impedirles la coordinación y confianza entre ellos, obligándolos a un esfuerzo doble y actuar con gran cautela y discreción.
Otro sector de la Sociedad Civil trabaja también desde la base social, pero se concentra en una dirección diferente; asumen la defensa propia y de sus comunidades sin recurrir al Estado como se aprecia en los grupos de autodefensa contra el narcotráfico (Repper Jaramillo, 2010) y la Violencia.
Existen también los que gestionan la vía pacífica y tratan de coordinar el trabajo de actores sociales tan disímiles como las iglesias, las universidades, grupos juveniles, medioambientalistas y cuanta ONG quiera incorporarse en la construcción de nuevos paradigmas que obvien la criminología, la seguridad pública, la seguridad nacional y se basen en los análisis de conflictos, la teoría de la complejidad y la victimología que otorga una visión primordial a la víctima y no al victimario. Buscan controlar el conflicto y no su extinción por la fuerza o la superioridad de una de las partes, implementando un nuevo concepto de PAZ que insista en la formación de valores, actitudes y comportamientos que rechacen salidas violentas en cualquier disputa y formular derechos alternativos, que son necesarios por la oportunidad de cambio que representan.
El segundo grupo acoge a los que mantienen la confianza en el Sistema Político, el Estado de Derecho y la Democracia Representativa con Sistema Electoral Pluripartidista. Consideran esta vía como ideal para solucionar todos los problemas, solo que es necesario elegir bien a los líderes políticos por su honestidad, confiabilidad y patriotismo y ellos rectificarían el rumbo político seguido hasta hoy. Ignoran o no quieren considerar una visión del problema como sistema, donde actúan poderes internacionales y nacionales económicos, financieros, militares, de inteligencia y hasta judiciales como los verdaderos hacedores de las políticas en cada momento.
Entre ellos existen criterios que proponen la legalización de las drogas que algunos la ven o quieren ver como la solución final a todos los problemas que la Violencia deja en el país, otorgándole a esta prohibición el motivo fundamental que la origina y sostiene. El propio presidente Calderón con su doble discurso, propuso a la Asamblea General de la ONU, la valoración de la pertinencia de la legalización de algunas drogas (Díaz Román, 2015).
La Iglesia Católica por su parte, en permanente búsqueda de recuperar espacios de influencia perdidos se incluye en este grupo reformista y llama constantemente a recoger al ejército a sus cuarteles. Así protege su imagen de fuerza de paz, pero en el fondo comprende y avizora que existe un peligro real de estallido social que podría escapar a su control civil tradicional, un bastión espiritual para mantener la estabilidad y gobernabilidad.
A partir de la aplicación de los Métodos de Investigación citados arriba en el proceso de observación de la realidad concreta, la consulta bibliográfica y las reflexiones que de ambas se derivaron se concluyó que
Quienes gestionan la Violencia Social en México no la usan como un instrumento radical para lograr un cambio social ni para contraatacar a la Violencia estructural que indirectamente impone todo Estado, sino que buscan beneficios económicos y políticos para si, para sus grupos y su clase social.
Existe una relación de proporcionalidad directa entre la impunidad y corrupción respecto a la Violencia Social, pues existe menor riesgo de que se aplique la Justicia, pero al mismo tiempo aumentan las probabilidades de ser también víctimas mortales de su reproducción continua.
La Violencia Social clasifica como el más enmarañado y preocupante de todos los problemas que vive el país, superior al narcotráfico, la corrupción y la impunidad, por la cantidad de vidas humanas que se roba, ¡el recurso más importante! De ellas la mayoría jóvenes que son matados, torturados, desaparecidos, coaccionados, amenazados sin que las autoridades lo impidan y cuyas secuelas subjetivas van a trascender varias generaciones y sus efectos cualitativos no son calculables ni medibles.
Esta situación influye en la estabilidad del Sistema Político pues desde la base desgasta los subsistemas principales que integran a este: estructural, funcional, comunicativo, regulativo e ideal y por tanto de la Sociedad mexicana en su conjunto
El estudio realizado permite asegurar que el estado actual de la correlación entre Violencia Social y la estabilidad del Sistema Político en México durante los primeros 20 años del siglo XXI asumen una correspondencia de proporcionalidad inversa, pues a mayor crecimiento de la primera menor capacidad tienen la Sociedad Civil, la Sociedad Política y los subsistemas que integran al Sistema Político de ejecutar sus contenidos para cumplir sus tareas, objetivos y destino social, la Gobernabilidad que es un mediador en la estabilidad del Sistema Político.
Por otra parte, la Sociedad Civil se ve estremecida, pierde la confianza en la capacidad de sus representantes de responder a sus intereses elementales.
Este fenómeno es capaz de alterar hasta tal grado el ritmo normal de la cotidianeidad, exacerbar las contradicciones en cada subsistema, que el conflicto puede derivar en una crisis política y social cuyos derroteros no solo perturben o estremezcan a los mismos, sino que los rompan en pedazos y comiencen procesos de cambios radicales donde se establezcan transformaciones organizacionales cuyo sentido dependerá de la correlación de fuerzas cualitativas, es decir de la cohesión, entendimiento de la realidad y acertada planificación estratégica de un bando, no de las cuantitativas, pues una inmensa mayoría con tendencias individualistas no podrá contra un aparato sistemáticamente coordinado de la minoría.
Por eso tales cambios pueden enfilarse a la maduración, crecimiento y estabilidad de un nuevo sistema más armónico entre las clases y grupos sociales o hacia uno todavía más represivo, donde se pierdan las formalidades de la legalidad y se legitimen programas fascistas, lo cual obligaría una vez más a las fuerzas populares a recuperarse psicológicamente y reacomodarse para reiniciar una nueva era de luchas transformacionales inspiradas en ideas más socializadoras, movilizadoras y participativas que las actuales, eludiendo a su vez el oportunismo y la corrupción para alcanzar el comprometimiento decisivo que se espera de una conciencia de clase en sí y para sí.
La influencia de los manifestantes contra la Violencia hasta ahora no ha sido suficiente para constituirse en una fuerza continental o internacional permanente de opinión diversa y plural que permita la autogestión y garantice la legitimidad necesaria para alcanzar una autoridad equivalente o superior a la del Gobierno. La presión sobre la Sociedad Política no ha surtido los efectos esperados, no ha disminuido el peligro para cualquier ciudadano de ser víctima de la Violencia.
Las élites internacionales están unidas por la ideología neoliberal y la práctica del fundamentalismo del mercado para mantener su poder económico y hegemonía política. Sus organizaciones están entrenadas, preparadas y siempre prestas a reaccionar.
El resto, que no estamos en esa élite, necesita unirse, ayudarse mutuamente, lograr la cohesión y coordinación imprescindible, sin considerar clases, países, naciones, géneros, razas, religiones ni ningún otro motivo de división, Alianzas anticapitalistas internacionales con métodos nuevos y cambiantes, pero objetivos estratégicos definidos y permanentes constituyen la única forma de enfrentar a la sólida unidad capitalista internacional. Eso implica también cambiar el peso fundamental de la Cultura Política, llevarlo desde el individualismo egoísta hacia valores más realistas con el momento actual, eficientes y colectivos, basados en nuevos paradigmas que movilicen a esos grandes grupos sociales víctimas de las violencias circunstanciales y absolutas que impone el actual Sistema Político.
Conclusiones
El abandono de muchos principios y reglas de la ética, de la política y del derecho, condujeron en muchos lugares del país a un caos social donde ninguno de los tres grandes partidos políticos tradicionales ni sus aliados se pone de acuerdo para enfrentar esta situación como el problema más grave que los afecta.
Confabulados para mantener el actual Sistema Político intacto, no cuentan con voluntad de cambio. Cada uno se concentra en la lucha por cuotas de poder federal o territorial en forma de alcaldías, gubernaturas y cargos parlamentarios o ejecutivos, tanto entre sí como contra las mafias que ya son capaces también de imponer a sus representantes por cualquier vía, pero teniendo siempre a la Violencia latente y de fondo para asegurar compromisos ocultos y no tan ocultos de colaboración pacífica en primera instancia, con lo cual se facilita la producción y reproducción de un sistema ilegal pero funcional. La clase política, salvo excepciones se preocupa en primer lugar de su enriquecimiento individual y ni el cargo de Presidente de la República está exento de esa realidad.
Las interrelaciones objetivas como las subjetivas que organizan sistémicamente a la producción y reproducción del poder societario sufren fuertes sacudidas internas y están rompiendo el equilibrio alcanzado durante el siglo pasado de ejercicio de distribución de ese poder en la Sociedad Política y en la Sociedad Civil.
El abuso de un poder metaconstitucional continuado, que se alimenta de corrupción e impunidad en funcionarios, policías, soldados y gobernantes que traicionan buscando ofertas de grandes salarios y contratos ventajosos que les ofrece el enemigo que debían combatir, acelera este proceso e impidió gestionar correctamente los riesgos de la llamada Guerra contra el narcotráfico y la Violencia, que en vez de debilitar económicamente a los grupos que la aplican, los fortaleció aún más, al acelerar la circulación de mercancías, bienes, servicios y el propio dinero, incrementando la interconexión y confusión entre lo legal y lo ilegal.
El Estado no ha podido restablecer la coexistencia pacífica ni el control sobre los grupos que negocian con la Violencia, perdiendo paulatinamente la dirección de los mecanismos institucionales, sus bases de apoyo y la capacidad de gobernar en la forma tradicional, provocando el incremento de la inconformidad y resistencia dentro de la Sociedad Civil.
Las circunstancias y condiciones actuales son diferentes y únicas si se comparan con los demás conflictos violentos que han terminado en cambios importantes para los Sistemas Políticos en varios países del continente, desde 1959 hasta hoy. Esta es una situación inédita, son muy pocos los elementos similares a otros procesos precedentes, como la criminalidad en la Colombia de los años ´90 del siglo XX, la presente desde hace décadas en Centroamérica o la que ha existido en la propia historia de México.
Para restablecer la estabilidad hay que buscar al interior de la Nación en el grupo social de donde saldrán las fuerzas que se opongan y reviertan esta tendencia, pues no lo logran ninguna de las instituciones de la Sociedad Política ya sean militares o no: ni el Parlamento, ni en el Poder Judicial ni el Ejecutivo, ni el Ejército.
