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Introducción
Esta investigación parte del diagnóstico que la Universidad peruana fue por siglo elitista. En (Aranzamendi, 2008) se resume esta etapa que se es hoy heredero de la educación colonial, caracterizada por ser elemental y marginal. Por ello el estudio ubica a la Reforma Universitaria, impulsada por el movimiento universitario desde la Tercera década del siglo XX como el inicio del cambio en la Universidad.
Las luchas que permitieron incorporar la ciencia, las libertades, y la Autonomía universitaria en el autogobierno, administración de su presupuesto y regulación de su actividad académica Luego se presentan las acciones contra reformistas promovidas por los gobiernos para contrarrestar los avances en la reforma universitaria, incluyendo organismos corporativos que creó para este fin. Se presenta el incremento de las acciones oficialista para imponer la ley 30220, norma que consolida el proceso de la Contra Reforma Universitaria iniciada décadas atrás. A partir de esta constatación y considerando que la metra central de esta ley es el licenciamiento, el presente trabajo tiene como objetivo detallar este proceso, analizar y determinar si esta direccionando a alcanzar la calidad como se presenta en el espíritu de la Ley, cuyos resultados demuestran que el objetivo era el sometimiento de la universidad (Flores et al, 2016).
En esa dirección se centra en el análisis del proceso de Licenciamiento, el comportamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria del Perú (SUNEDU) el procedimiento seguido y el por qué aparecen licenciadas unas universidades y otras no. Al respecto se presenta información de la parcialidad e intereses, lejanos a la calidad que supuestamente busca la ley. Igualmente se evalúa la expedición de Reglamentos y normas punitivas en el marco de este proceso, creando un ambiente de incertidumbre e intervención en el gobierno universitario, en abierta contradicción con el mandato constitucional. Asimismo, se presenta y analiza la composición de la SUNEDU, la procedencia de sus integrantes y cómo son convocados para responder a los objetivos políticos del Ejecutivo.
El estudio concluye que el Licenciamiento de la Universidad peruana no estuvo dirigido a buscar la calidad universitaria, sino a imponer un control político, para lo cual se direcciona e impone el proceso, arrinconando a la comunidad universitaria, impidieron libertades, permitiendo que la SUNEDU imponga normas y procesos al manejo de la constitución y las leyes.
Para la siguiente investigación de carácter cualitativo se empleó el método histórico comparativo que permitió ubicar a la universidad peruana en el tiempo las políticas educativas del estado peruano, los roles y escenarios, así como el tipo de desarrollo de los procesos sociales y políticos antes y después de la reforma universitaria. Igualmente, la observación participante, para llegar al escenario de los hechos recoger la información de sus actores, así como la documentación correspondiente de las diferentes universidades y espacios que son el escenario de los procesos de licenciamiento observando y analizando el comportamiento de sus protagonistas.
Desarrollo
La universidad peruana. Reforma y Contrarreforma universitaria
La Universidad peruana nace en el período colonial. Desde su fundación y durante toda esta etapa, dependió y respondió a la ideología de la administración virreinal. Fue clerical, muy ajena a la ciencia y la tecnología, a pesar de que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue creada por Real Cédula, en cuya Acta de Fundación se determinaba que su funcionamiento y desarrollo respondiera a los niveles de la Universidad de Salamanca, que destacaba por su posicionamiento en el mundo científico de la época. Sus comienzos fueron elitistas y la fundación de la universidad San Cristóbal de Huamanga y San Antonio de Abad del Cuzco, no cambió esta dinámica.
La instauración de la República no cambió el nivel de la universidad, continuando al margen del desarrollo de la sociedad peruana, de ahí que después de la Colonia, permaneció inerte, perdiendo la oportunidad de su transformación (Velásquez, 2016). Es una verdad incuestionable que la autonomía universitaria, el autogobierno, las libertades, entre otros logros no solo cambiaron su rumbo de la universidad, sino que influyo en los cambios de la época, cuando los movimientos sociales y políticos cambiaban los roles en el estado peruano.
El nuevo escenario político social de la III década del siglo XX, aceleran las condiciones para la consolidación de las luchas estudiantiles, y la implementación de la Reforma Universitaria en el Perú. Los sucesivos gobiernos nunca aceptaron las libertades y la autonomía en la universidad peruana. Para ello recurren al recorte presupuestal, la expedición de leyes y Estatutos para reprimir la protesta. Se aprobó un nuevo Estatuto Universitario, según el cual el ministerio del ramo controlaría totalmente la institución universitaria, y fueron sus normas completamente autoritarias” (Apaza, 2016). El resultado es el desconocimiento de sus dirigencias, generando un permanente enfrentamiento entre el Gobierno y la Universidad, cuyos líderes se respaldan en las organizaciones sociales, los pueblos originarios, los partidos políticos, con quienes enarbolan Plataformas Unitarias para el país, en la cual la desatención de la Universidad está presente. El gobierno Militar de 1968, arremete contra la Federación de Estudiantes del Perú e impuso el CONUP, un organismo intervencionista que arremete contra la propia federación. Esta se desactiva, pero en 1972, se celebra en Trujillo un Congreso de Reconstrucción, retomando su Pliego para profundizar la Reforma Universitaria.
La Constitución de 1979, fue un triunfo histórico para la Universidad. En su art.31 establece que cada universidad es autónoma en lo académico, normativo y administrativo dentro de la ley. El Estado garantiza la libertad de catedra y rechaza la intolerancia (Perú. Congreso Constituyente Democratico, 1993) formalizando las libertades, la apertura académica, la investigación, proyección social, el derecho de tacha y la participación política en la vida nacional. Los siguientes gobiernos desarrollan campañas de desprestigio a la universidad, porque nunca dejaron su política anti reformista, encontrando siempre a un movimiento estudiantil firme, dispuesto a defender las conquistas democráticas de la universidad.
El Oncenio de la Dictadura de Alberto Fujimori, liquida la organización estudiantil, acusándola de proterrorista, asestándole un duro golpe del cual no pudo recuperarse. Al respecto (Martínez, 2009) señala a este periodo de tortura, secuestro, asesinato de dirigentes como el crimen contra los estudiantes de la Universidad La Cantuta el 18 de julio de 1992. Desde ese periodo represivo, el movimiento universitario nunca se recuperó. En esas condiciones de debilidad, el Gobierno Nacionalista de Ollanta Humala impuso la Ley Contra reformista 30220.
Imposición e implementación de la Ley 30220
La ley universitaria 30220, fue parte de la plataforma política del Partido Nacionalista. Previo a su promulgación se promovió una sostenida y costosa campaña para desacreditar a la universidad peruana. Se le cuestiona de no aparecer en los rankings mundiales de investigación, pese a que el Estado nunca le asignó presupuesto. Se difama a los Rectores, se acusa de subversiva a la débil oposición estudiantil, se tilda de apristas a sus dirigentes. Grandes avisos y titulares en los medios de comunicación mellaban la imagen de las Casas de Estudios. En el año 2013 el Acuerdo Nacional determinó que se incremente el Presupuesto para Educación. El Congreso lo aprobó, pero el Ministerio de Educación (Ministerio de Educación, 2014) derrochó cientos de millones en publicidad para promover la ley Universitaria, proyecto de Ley que nunca quiso discutirse con los actores universitarios. La maquinaria contra reformista fue demoledora.
La primera legislatura del 2014 concluía y el gobierno pese a que tenía relativa mayoría en el Congreso no obtenía los votos para su aprobación, intento que se le escapó en oportunidades anteriores. Esta vez no estaba dispuesto. Terminó la legislatura y pese a que se alargó hasta media noche, no fue aprobada por falta de quorum. Al día siguiente, los medios daban cuenta de la no aprobación de la ley universitaria. De pronto, inexplicablemente el Congreso aprueba la ley en la mañana siguiente, con mayoría simple, a pesar que la legislatura ya había cerrado el día anterior. Las fuerzas contra reformistas no durmieron cocinando su aprobación. El 10 de julio del 2014, el Presidente Humala promulgó la ley 30220, muy celebrada por sus autores. Para la comunidad nacional se difundió el mensaje que se iniciaba la calidad en la universidad peruana.
Lo que siguió fue la desactivación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que por ley estaba integrada por los Rectores de las universidades públicas del país, organismo al cual se le responsabilizo de la creación de universidades de mala calidad, ocultando que fue el CONAFU el organismo con esas funciones. Señala que el CONAFU se crea el 20 de enero de 1925, por ley 26439, autorizado para crear universidades, dándoles licencia provisional y después de 5 años avaluarlas para otorgarles la Licencia Definitiva (Velásquez, 2016).
Por ello, se considera que se ha convalidado una mentira histórica, emanada de la propia ley 30220 que determina que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria reemplazó, según a la ANR, lo que es contradictorio, porque la SUNEDU, es un organismo del Estado, que depende directa y orgánicamente del Ministerio de Educación, que nombra al Superintendente, y que por las funciones que le otorga la ley reemplaza a la CONAFU y no a la ANR, que era un organismo que representaba legalmente a todos los Rectores elegidos democráticamente por cada universidad. El objetivo fue liquidar la legítima representatividad del estamento universitario y allanar el camino para los planes de la SUNEDU.
En el segundo semestre del mismo año, se constituye la SUNEDU, el Ministerio de Educación nombra al Superintendente y se monta un concurso público para sus integrantes, con un Jurado designado por el mismo Sector Educación. La SUNEDU montó una normatividad intimidatoria en directivas y reglamentos, que recortan el mandato de las autoridades universitarias, sanciones, cierre e escuelas hasta el colmo de la arbitrariedad del 2019 con la intervencionista Resolución del Consejo Directivo No. 158-2019 , que impone exigencias y sanciones para la elección de las autoridades universitarias, contraviniendo la propia ley 30220, que establece que las funciones del Comité Electoral como el encargado de organizar, conducir y controlar los procesos electorales según versa su artículo 72.
El año 2015, será recordado como el año de inicio de la barbarie, del vejamen, la humillación y la vergüenza en la historia de la universidad peruana. La SUNEDU al exigir que todas las autoridades universitarias hayan renunciado y renovadas con nuevas autoridades, aun sin que hayan cumplido su mandato, cometió violaciones flagrantes al estado de Derecho El oficialismo armo y posiciono a los opositores de las autoridades, aquéllos que fueron derrotados en las últimas elecciones, los alientan para la toma de locales, asalto a sus oficinas, financian comunicados contra ellas. Convalidan interrupción de mandatos, imponen autoridades de facto, manipulan a las Asambleas universitarias para destituir a Rectores, como ocurrió en Cuzco, Tacna, Tarapoto, Huaraz, El Santa, Tumbes, entre otros, con la complicidad de algunas autoridades judiciales. El caso más sonado fue el del Rector de la Universidad Nacional Mayor de san Marcos. El Congreso pretendió dar una ley para que se respete el mandato de los Rectores, a la cual le pusieron el nombre de Ley Cotillo, para desmerecerla, más aún si Cotillo era el presidente de la Asociación de Universidades del Perú.
A partir del año 2016, el camino para implementar la ley 30220 estaba desbrozado. Se empezó con nuevas autoridades. Las anteriores habían concluido su mandato y otras, quizá la mayoría, cesadas, obligadas a renunciar o expulsadas mediante lamentables procesos que empañan la historia de la universidad peruana. Para el oficialismo, todo se empezaba de cero. Se inicia del presupuesto que la universidad era un caos, negando su propia historia. De un plumazo borraron sus logros y la riqueza de su creatividad. No se reconoce el avance en investigación, en proyección, los convenios con pares de la comunidad nacional, con los diferentes niveles de gobierno, organismos y universidades del extranjero. Se corta el hilo de la historia y el posicionamiento de la universidad en la formación de valores, líderes, científicos. El texto de la ley en cuanto a investigación, responsabilidad social, calidad, plantea rutas y procesos a seguir de manera impositiva, sin considerar la naturaleza, la autorregulación, la libertad de sus actores y los procesos naturales que ocurren en su interior, de ahí la colisión en su implementación (Romero et al, 2021; Álvarez et al, 2020).
El Proceso de Licenciamiento universitario
El proceso de licenciamiento empezó con un gran despliegue publicitario, puesto en titulares como si se tratara de un juicio oral a puertas de dictar sentencia de cadena perpetua o pena de muerte a las universidades. El gran Jurado, el Tribunal Supremo, era la SUNEDU organismo político nombrado y digitado por el Ministerio de Educación. Nadie supo los verdaderos alcances de sus Directivas, Reglamentos, Cartillas. Eran tan des contextuadas de la realidad de cada universidad, que pocos comprendían sus objetivos. Además, todo se direccionaba desde las oficinas de la Superintendencia. Para (Angulo et al, 2016) no se consideró que "la universidad tiene su propia normatividad, su propia política de aseguramiento de la calidad y sus propios comportamientos que la hacen diferente a las demás organizaciones” (Angulo et al, 2016).
Durante los seis años que duró el proceso de licenciamiento de la Universidad peruana, se cometieron graves delitos de lesa cultura. Se desconoció a sus legítimas autoridades, se validó a otras sin el respaldo de la comunidad universitaria, se sancionó con multas a las Casas de Estudio, se prohibió la creación de Escuelas, Facultades, se exigió la destitución de algunos Rectores, que no respondían a sus consignas o que tenían opiniones críticas al modelo como ocurrió con la Universidad Garcilaso de la Vega, Alas Peruanas, San Martín de Porras, Científica del Perú, etc. SUNEDU condicionó el cierre de Sedes y filiales universitarias al momento de la evaluación.
Lo hizo con las Universidades Nacionales de Piura, Trujillo, entre otras y a gran número de privadas como la César Vallejo, Alas Peruanas, católica de Chimbote, Norbert Wiener, etc. Incluso actuó con abierta parcialización con otras universidades cuyas filiales, ni siquiera estaban construidas sus infraestructuras como la UTP. En otros casos. sin que se haya iniciado el licenciamiento, cerro algunas Facultades.
Durante el período que comprende el proceso del Licenciamiento, SUNEDU, como ente administrativo expide una serie de Reglamentos y Directivas para direccionar el gobierno, la administración y la vida académica de la universidad. Reglamentos de Sanciones a autoridades y docentes, modalidades de enseñanza; prohibición de la enseñanza virtual, absurda y anticuada disposición que al estallar la Pandemia el Ministerio de Educación se vio obligado a retroceder. El Reglamento de Grados y Títulos. Reglamentos sobre Modalidades de enseñanza y las líneas de Estudios, Investigación, aprobación de escuelas de Post Grado, dejan a la universidad a merced de la frondosa burocracia de esa entidad, cuyos funcionarios, bachilleres o jóvenes egresados, carecen de la competencia para esa función. En tanto se solicitan frondosos informes, visita tras visita a las universidades, el miedo y la sumisión eran el temperamento en la universidad.
El Reglamento más intervencionista e ilegal, está referido a las disposiciones para los procesos electorales, que es una verdadera norma abusiva, absurda y avasalladora de la autonomía de las Universidades al determinar cómo se realicen las elecciones, imponer frenos y atribuciones a los Comités Electorales Autónomos. El reciente caso ocurrido en enero del 2020 en la Universidad Nacional de Piura, cuando SUNEDU no reconoció a las autoridades elegidas legítimamente, pese a que el proceso fue acompañado y avalado, se prohibió su juramentación, con la amenaza de reconsiderar la licencia otorgada a la Universidad, lo que demuestra el manejo político del proceso de licenciamiento.
Durante todo el proceso de licenciamiento la administración universitaria estuvo a la orden de los licenciadores. En lo demás semiparalizada. Solo valía la orden de la burocracia, aniquilando toda iniciativa de los actores universitarios. No solamente se violentó la autonomía universitaria, sino principios elementales de administración y autorregulación. Para (Flores et al, 2016) el nivel más alto e importante de toda institución respecto a su calidad es el mejoramiento mutuo propio. Este nivel suele ser posible solo en aquellos sistemas más desarrollados. Esta característica impositiva y abrupta de implementación del proceso de licenciamiento desnuda su esencia, que no necesariamente busca la calidad, sino otros intereses ajenos a la dignidad de la universidad peruana.
El proceso de licenciamiento casi ha concluido. Algunas Universidades no licenciadas han pedido reconsideración y a todas se les negó, otras han lanzado comunicados de protesta y algunas movilizaciones de los estudiantes perjudicados son parte de las reacciones. El Congreso de la República nombra una Comisión Investigadora, cuando las denuncias de manejo político se hicieron presentes. El Ministro de Educación que fue Jefe de la SUNEDU es interpelado por los escándalos de licenciamiento de algunas universidades. Al término del proceso, fueron licenciadas 46 Universidades Públicas y 46 Universidades privadas. No fueron licenciadas 45 Universidades Privadas y 02 Públicas. 01 Universidad Pública quedó pendiente de licenciamiento. En los siguientes párrafos se analiza información que apuntala el objetivo de la investigación.
El siguiente cuadro muestra las 18 Universidades Públicas, creadas con criterio político en la última década. Actualmente tienen una Comisión de Gobierno nombrada por el Ejecutivo. Apenas tres o cuatro de ellas funcionan con escasa plana de docente y estudiantil. Las demás recién han contratado docentes, no tienen infraestructura y han convocado sus primeras admisiones estudiantiles. No hacen investigación, la calidad es ajena y la acreditación igual, sin embargo, fueron licenciadas. (Tabla 1).
Tabla 1 - Universidades públicas creadas con criterio político en la última década
| N° | Universidades |
|---|---|
| 1 | Universidad Nacional Agraria de La Selva |
| 2 | Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas |
| 3 | Universidad Nacional Intercultural de La Amazonia |
| 4 | Universidad Nacional de Juliaca |
| 5 | Universidad Nacional de Barranca |
| 6 | Universidad Nacional Intercultural de La Selva Central Juan Santos Atahualpa |
| 7 | Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
| 8 | Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma |
| 9 | Universidad Nacional Autónoma de Huanta |
| 10 | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja “Daniel Hernández Morillo” |
| 11 | Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua |
| 12 | Universidad Nacional de Jaén |
| 13 | Universidad Nacional de Cañete |
| 14 | Universidad Nacional Autónoma de Chota |
| 15 | Universidad Nacional de Moquegua |
| 16 | Universidad Nacional de Frontera |
| 17 | Universidad Nacional José María Arguedas |
| 18 | Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba |
Diferentes destinos tuvieron dos Universidades Pública posicionadas, competitivas y con enorme influencia en sus Regiones, que, por otras razones, no necesariamente relacionadas con la calidad, no fueron licenciadas.
La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de lca, con gran valor histórico, carreras altamente reconocidas en su Región y el país, con líneas de investigación e influencia en la región Ica, siendo una de las más desarrolladas y emblemáticas del país. Su condena: la hipótesis para explicar este problema tiene que ver con que es una Universidad con presencia del Partido Comunista Peruano, con mucha presencia en la política de esa región y que tiene enfrentada a dos facciones, a una de las cuales pertenece el Rector.
La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la Región Lambayeque, con una vasta historia, hermosa y amplia Ciudad Universitaria, con investigación y alianzas en su medio siglo de existencia, con una larga proyección en su comunidad y con connotados lideres entre sus egresados, igualmente no fue licenciada. Igualmente, la hipótesis que se maneja es que esta es una de las universidades que resistieron al cese forzado de sus autoridades, así como la disputa entre dos grupos izquierdistas que impedían la imposición de los requerimientos y dictados de la SUNEDU.
En cuanto a la Universidad Nacional Ciro Alegría en la Libertad, ha quedado pendiente su licenciamiento, y no se le ha negado, pese a que no tiene ningún alumno, tampoco infraestructura. Este sesgo y parcialización es igualmente grave, pues por lo menos debía dárseles este mismo tratamiento a esas dos universidades históricas y en cambio priorizaron el ingrediente político. Esto es más claro, cuando se compara a estas dos universidades públicas con las 18 universidades nacionales que apenas funcionan, no tienen investigadores, infraestructura y pocas tienen egresados, Las Universidades San Luis Gonzaga de lea y Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, largamente cumplen las condiciones básicas de calidad, siendo un contrasentido este trato injusto y discriminatorio que pone en cuestionamiento el proceso de licenciamiento en general.
En el caso del licenciamiento de las Universidades privadas, el problema se apartó largamente del criterio técnico. De los datos que se percibieron a través de los medios, comunicados y la información de campo recibida, se considera que el proceso se descalificó. En este caso, a diferencia de las Universidades públicas, donde existe vida gremial y política, impidió que se agredan a otras como la Universidades de Piura, Cajamarca, a quienes se pretendió negar la licencia, porque sus Rectores eran opositores y críticos de los sistemas, pero su liderazgo y claridad en sus postulados lo impidió. Esto no sucedió con las Privadas. A varias de ellas se habría pedido que cambien sus autoridades, como a la universidad científica del Perú, la Privada de Chiclayo, entre otras. En la tabla 2 se recoge una información que, aunque no esta verificada con documentos, representa una versión que debería comprobarse, estos datos si bien aparecen como versiones orales, tienen mucha relación con las circunstancias de la negación de la licencia a dichas universidades.
Tabla 2 - Lista de universidades privadas no licenciadas
| N° | Universidades privadas | Motivo |
|---|---|---|
| 1 | Universidad Inca Garcilaso De La Vega | Su rector fue considerado un reconocido cuadro aprista. |
| 2 | Universidad Privada Leonardo Da Vince | Su propietario promotor tiene una trayectoria izquierdista y fue un parlamentario opositor. |
| 3 | Universidad De Lambayeque | Su dueño y promotor fue parlamentario opositor y hoy postula a la presidencia de la república. |
| 4 | Universidad Privada De Trujillo | Sus dueños fueron empresarios, que tenían relación directa con personalidades importantes del gobierno. |
| 5 | Universidad Privada Telesup | Su dueño y promotor es fundador del partido posemos, con una clara línea de oposición. |
| 6 | Universidad Jose Carlos Mariategui De Moquegua | Algunos de sus miembros e impulsores son conocidos líderes de esta región. |
| 7 | Universidad Peruana De Las Américas | Su propietaria e independiente y su rector es una personalidad con voz propia, ajeno al oficialismo. |
| 8 | Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo | Su rector fue un político del opositor partido fuerza popular, y fue alcalde de Cajamarca por este grupo. |
| 9 | Universidad Peruana Alas Peruanas | Su promotor y rector fue patrocinador de fuerza popular. |
| 10 | Universidad Científica Del Perú | Su rector fue diputado del APRA y ganó un juicio por el nombre a un conocido empresario cercano al poder de turno. |
| 11 | Universidad Peruana De San Pedro | Su rector graduado en Rusia, fue un fuerte opositor al SUNEDU, tuvo sonados procesos judiciales y fuerte oposición. |
| 12 | Universidad Privada De Chiclayo | Su rector fue de fuerza popular. Postuló a la región Lambayeque por ese partido y reconocido por su discurso anti SUNEDU |
| 13 | Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez | Su ex rector fue presidente de la región puno, de las filas de alianza para el progreso |
| Otras que también tuvieron algún conflicto con la SUNEDU, no aparecen porque no se tuvo información o por razones cercanas a sus promotores, que aún guardan esperanza en algunos cambios en el tratamiento de su problema. | ||
La SUNEDU y el direccionamiento Político del licenciamiento
La ley 30220 crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, como un organismo dependiente del Ministerio de Educación. La ley le da atribuciones específicas para supervisar el funcionamiento de las universidades en el marco de su autonomía constitucional, al igual que los organismos similares creados por ley. El desempeñó y su rol en sus seis años de funcionamiento, han demostrado que ha ido más allá de sus atribuciones, funciones, al haber trasgredido y hasta suplantado las atribuciones de la universidad peruana, claramente definidos en el artículo 18 de la Constitución Política del Perú. En el punto anterior se ha demostrado que ha intervenido y violentado las funciones constitucionales de la universidad peruana al interferir abiertamente en el Gobierno, la Administración y su Régimen Académico.
Para cumplir tal fin, el Ejecutivo ha asegurado el nombramiento de sus miembros, procurando captar profesionales afines a sus lineamientos políticos. El mecanismo para designarlos asegura su compromiso político. Primero el ministro nombra a dedo al Superintendente, quien preside la SUNEDU. Luego se integra como segundo miembro al Presidente del Concytec que también es nombrado por el Ministro de Educación y que este caso, fue presidido por la esposa de unos de los voceros más cercanos a Palacio de Gobierno. El tercer miembro representa a SINEACE, también designado por el Ministerio de Educación. Para incorporar a los otros miembros, se realiza un Concurso público con Jurado nombrado por el ministro de esta Cartera. Por si fuera poco, los que resultaban “ganadores”, deben ser ratificados por el Consejo Nacional de Educación, también designados a dedo por el Ministerio de Educación. La Resolución Ministerial 234-2019 (Ministerio de Educación, 2019)publicada el 20 de mayo del 2019, en su artículo 1 expone la conformación de la comisión de selección para un miembro del consejo directivo de SUNEDU, integrado por:
El primero de los nombrados es el Vocero Político del Partido Morado, bancada del Ejecutivo. La segunda vinculada estrechamente al Ejecutivo y el tercero, el Vicerrector de la UNI, cuyo Rector es el Asesor Presidencial y padre de la Ministra de Economía de aquel entonces. Este procedimiento se repite y de manera silenciosa aparecen las convocatorias, llegando al extremo, que Francisco Sagastegui, integro tres veces más este jurado, según las resoluciones ministeriales correspondientes.
Este procedimiento, es una constante, lo que alimenta la hipótesis del direccionamiento político. Los actores universitarios apostaron por un proceso que debió ser técnico, sus miembros profesionales intachables y con las más altas calificaciones, aparte de su probada solvencia e independencia, pro no fue así. Un hecho singular que abona a la hipótesis ocurrió en el 2017, cuando el Ministro de Educación fue el reconocido Educador IDEL VEXLER. que no era del Partido de Gobierno. Este nombró presidenta de la SUNEDU a una reconocida docente universitaria, la Dra. Flor Luna Victoria Mori. Ella, ante las irregularidades que encontró, ordenó auditorías e investigaciones, que generaron el aplauso de la comunidad universitaria, pero hicieron estallar al núcleo oculto del Poder. Movieron los hilos, las piezas y a las dos semanas le inventaron una falta y la cesaron. El Ministerio de Educación dejo sin efecto el nombramiento de Flor Luna Victoria Mori, en el cargo de Superintendente de SUNEDU. En la resolución Suprema se indica que asumirá el cargo Carlos Benavides que hoy afronta investigaciones penales e incluso una interpelación, en el Congreso, para investigar las denuncias en el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad Privada Peruano Alemana. Seguido ante SUNEDU en el periodo en el que el actual Ministro de Educación, Carlos Benavides Abanto ostentaba el cargo de Superintendente de dicha entidad.
La Contrarreforma y la perdida de las libertades en la Universidad
A más de seis años de promulgación de la ley 30220, la Universidad peruana sufrió un retroceso. Durante los tres primeros años, las acciones y movimiento para alcanzar el licenciamiento prácticamente paralizaron a la universidad. El caos, el temor, la incertidumbre y la ingobernabilidad crearon un clima de zozobra. Toda acción estaba dirigida a preparar la documentación para este fin. (Velásquez et al, 2022) respecto al licenciamiento, este se ha convertido en un proceso de intervencionismo a las universidades y su exceso de información ya no tiene relación directa con la calidad que debiera ser el valor cautelado por la ley 30220, distorsionada por las acciones burocráticas de los funcionarios de la SUNEDU. Pareciera que estaba prohibida otra actividad que no sea este requerimiento. El silencio, la desconfianza, la inseguridad dieron un panorama sombrío, como si algo no muy bueno pudiera ocurrir.
Las libertades y la autonomía languidecían Los tres siguientes años, cuando los licenciadores recorrían las universidades, decididos a levantar o bajar el dedo a las universidades, la situación empeoró y el clima de incertidumbre y enfrentamiento entre Casas de Estudios, fue vergonzoso. Si una universidad era licenciada primero, se lanzaba a promocionar su licenciamiento y a arrebatar alumnos de la universidad aún no licenciada, dejándola sin alumnos para su examen de admisión. Las universidades promocionaban el proceso, anunciaban en avisos y todo medio publicitario acerca de su proeza, del “triunfo”, promoviendo su llamativa propaganda "Universidad licenciada por SUNEDU”.
Cerca de medio millón de alumnos, la mayoría de escasos recursos se quedaron en la calle y pese a la promesa del Gobierno que darían becas e incentivos a los estudiantes, nunca se cumplió, creando un grave problema social. El caso puede ser más grave si se tiene en cuenta que la SUNEDU, prácticamente ha otorgado una licencia Temporal, ya que sólo ha sido por algunos años, cumplido dicho período volverá las universidades a someterse a otro proceso de licenciamiento, lo cual es incongruente. Para (Gallegos, 2017) como en ninguna parte del mundo, en el Perú el licenciamiento es universal, periódico y demanda millones de Presupuesto para su implementación. Es universal porque todas las universidades, estatales o privadas, las que tenían autorización provisional, como las legalmente constituidas, tienen que solicitar nueva licencia. Además, sin ningún criterio técnico se ha dado licencia de seis, ocho o diez años, en forma discriminatoria, de acuerdo a sus preferencias. Esto significa que a una Universidad que hace tres años como a la Universidad San Martín de Porras le dieron Licencia por Seis Años, el próximo año empezará un nuevo calvario para atender este proceso, con el atenuante que esta Universidad recibió sanciones posteriores, con las graves consecuencias para su desarrollo como institución Superior.
Lo contradictorio de este tedioso y abusivo proceso, es la postergación de la ACREDITACION, procedimiento obligatorio para acreditar las competencias y la calidad de la Universidad y que antes de la ley 30220 era muy fluido y con gran aceptación en las universidades. Después de la ley. se volvió lento o cundió el desinterés, lo que es muy perjudicial, porque la competencia y la calidad de las universidades en el mundo se miden por la acreditación. En el caso peruano, el estado ha dejado de interesarse o casi la ha abandonado, lo que pone a las universidades en una gran desventaja en el mundo académico y que las deslegitimiza para acceder a convenios y apoyo externo, nacional e internacional (Estupiñan, 2022; Roig, 2022).
La universidad ha entrado en un letargo, más aún si cuando se pretende cuestionar o evaluar el licenciamiento o el accionar de la SUNEDU, la Prensa o los actores del oficialismo salen con todo a condenar el sacrilegio de cuestionar la llamada “reforma universitaria”. Recién con el último cambio de gobierno producto de las elecciones generales del 2021, algunas bancadas dan pasos para revisar el tema universitario y poco a poco la comunidad universitaria nacional reacciona y tibiamente parece retomar sus banderas históricas (Estupiñán et al, 2021; Leyva et al, 2021).
El licenciamiento como parte de la ley universitaria es la consolidación de una política contra reformista para impedir el avance de las libertades y la autonomía universitaria que habían permitido un posicionamiento de las Casas de Estudios en el ámbito nacional, a pesar de las carencias y la restricción presupuestal, para impedir que la Universidad cumpla su misión histórica en el liderazgo de la ciencia y la tecnología, formación líderes y profesionales comprometidos, meta que colisiona con los Planes del Poder (Mayta-Tristán et al, 2019; Viteri et al, 2021).
Conclusiones
La Reforma Universitaria, promovida por el movimiento universitario, cambio la historia de la Universidad. De una universidad clerical y elitista, paso a convertirse una universidad democrática, critica, formadora de líderes, incorporando la ciencia y la tecnología. El gobierno y los grupos de poder conservadores nunca aceptaron la autonomía universitaria, por lo que históricamente buscaron IMPEDIR el avance de las libertades, promoviendo La Contrarreforma universitaria, que después de décadas se plasma con la ley 30220.
El licenciamiento de la Universidad peruana no estuvo dirigido a buscar la calidad de la educación universitaria como aparece en la ley 30220, meta engañosa que también se posiciona como el mensaje central en la opinión nacional, por parte de los Sectores Oficiales del Estado, lo que demuestra que este proceso fue impositivo y direccionado con un objetivo político. Durante el proceso de licenciamiento se imponen reglamentos punitivos para cerrar universidades, anular escuelas académicas o programas de pre y posgrado y sancionar a las autoridades universitarias en el marco de un ambiente de amedrentamiento, creando un clima interno de confusión y de parálisis. En la universidad pública se esfuman la creatividad y las libertades, y los colectivos académicos y gremiales tienden a perder su histórica capacidad crítica. En tanto, la universidad privada prácticamente es condenada al silencio para evitar las sanciones y la negativa de la Licencia.
El proceso de licenciamiento fue parcializado y muy sesgado, al negarle la Licencia a muchas universidades que la merecían y estaban en mejores condiciones básicas de calidad qué otras que no reunían los requisitos mínimos que exigían las propias normas de la SUNEDU y que sin embargo fueron licenciadas, incluso por más años que otras con mayores méritos. Los actores universitarios, tienen el reto histórico de revertir esta tendencia; respondiendo a la dignidad de la Universidad peruana, toda vez que la recuperación de las libertades y la Autonomía Universitaria es la condición para retomar la senda de la calidad por la que siempre aposto y seguirá apostando las universidades; e igualmente la investigación y la formación de profesionales críticos que requiere el país en su perspectiva de alcanzar el desarrollo y la modernidad. El actual Congreso de la República, aparece dispuesto a coadyuvar las recientes propuestas de los nuevos actores universitaria, para recuperar la autonomía universitaria.
