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Introducción
La DSI, es el conjunto sistemático de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción que el Magisterio de la Iglesia Católica establece, fundándose en el evangelio y en la recta razón, a partir del análisis de los problemas sociales de cada época, a fin de ayudar a las personas, comunidades y gobernantes a construir una sociedad más conforme a la manifestación del reino de Dios y, por lo tanto, más auténticamente humana. (Mora, 2011).
Enrique Brahm García, en su artículo ¿Doctrina Social de la Iglesia o Liberalismo?, al referirse a la DSI plantea “Únicamente la aplicación integral de la Doctrina Social de la Iglesia, derivada del Evangelio, que, sin absorber en beneficio de la comunidad los derechos del hombre y de la familia, endereza su ejercicio y los limita en pro del bien común, devolverá al mundo un régimen de equidad social, de bienestar económico y de colaboración mutua e internacional” (García, 2018).
La investigación se fundamenta en un análisis hermenéutico de la realidad socio política de Honduras, a la luz del evangelio y la DSI, con el propósito de fortalecer la sabiduría de los hondureños, sobre la política y la dignidad humana, mejorando su participación, especialmente de los laicos, para construir una sociedad justa y un Estado democrático que promueva un desarrollo humano integral, como lo declara el articulo uno de la constitución de la Republica; Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Por supuesto, esta declaración, no representa la realidad que históricamente ha sucedido y sucede en el país, ni lo que ha caracterizado y caracteriza al sistema político hondureño, al contrario, está demostrado, que el bien común, como concepto rector de la política, ha generado resultados desastrosos e indicadores dramáticos en el desarrollo humano integral de los hondureños. Es importante comprender que la Iglesia participa en política para tratar de iluminar las conciencias y dar su juicio moral, quien juzgue parcialmente la intervención de la Iglesia en asuntos políticos, muestra un claro oportunismo y un desconocimiento de la misión de la Iglesia, que atañe al ser humano entero en su vida personal y social. Sus intervenciones, a la par que recuerdan las obligaciones de los ciudadanos para con la autoridad, reclaman de la autoridad política el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana como lo señala el Papa Pablo VI, en el numeral 74 de la Constitución Pastoral Gaudium Et Speces; “Pero cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, éstos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común; les es lícito, sin embargo, defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica”.
La historia política de Honduras se ha caracterizado por hechos y acontecimientos: represión, negación de derechos, dictaduras, manipulación de procesos electorales, confrontaciones ideológicas, caudillismos, inestabilidad política, golpes de Estado, intolerancias, insurrecciones internas, influencias externas, desapariciones, muertes forzadas, perdida de la soberanía, reorganizaciones y reformas, entre otras, que han marcado su rumbo y explican su realidad actual. Y por supuesto, por representantes de las clases económicas y políticas cuyo accionar al dirigir el Estado, ha respondido a intereses particulares e ideológicos, olvidando su responsabilidad ética en la búsqueda del bien común, principal finalidad del Estado. Cabe destacar que el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1906, define el bien común, como el conjunto de condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección, afecta a la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada uno, y más aún por la de aquellos que ejercen la autoridad.
En tal sentido, La Iglesia, hace un llamado a los cristianos a tomar conciencia de la vocación especial en la comunidad política, estableciendo que deben dar ejemplo, desarrollando en sí mismos el sentido de la responsabilidad y la dedicación al bien común. En consecuencia, se espera una presencia más directa y especifica de los laicos en la sociedad, lo cual constituye un reto para la Iglesia, como lo señala Santiago Canals Coma, en su artículo Vía Puichritudinis: Respuesta de la Iglesia a la crisis contemporánea “El primer apostolado que la Iglesia debe hacer, es con sus fieles. Reavivar constantemente su fe” (Coma, 2012).
Para poder mejorar la realidad socio, económica y política de Honduras, la Iglesia, a través de su Doctrina Social, plantea principios cimentados en el Evangelio, la tradición cristiana, la reflexión, la elaboración filosófico-teológica y el magisterio social de la Iglesia. Según Gonzalo Letelier Widow, en su artículo ¿Qué son los principios de la doctrina social de la Iglesia?, los principios de la DSI son principios sociales, lo que significa que la Iglesia los reconoce como propios de toda sociedad, y no solo de una sociedad buena, justa o cristiana. (Widow, 2017).
Según el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI), en el numeral 161, los principios tienen un carácter general y fundamental, ya que se refieren a la realidad social en su conjunto. La Iglesia, los señala como el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales, necesario porque de ellos se pueden deducir los criterios de discernimiento y de guía para la acción social, en todos los ámbitos. A continuación, se describen brevemente estos principios y se analizan en la realidad hondureña. La dignidad de la persona humana: Según el CDSI, numeral 145, solo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y personal de todos.
En el caso particular de Honduras, no puede decirse que se respeta la dignidad humana, si según el Banco Mundial (Mundial, s.f.) Honduras sigue siendo uno de los países más pobres y desiguales del hemisferio occidental. Antes de la pandemia y de los huracanes Eta e Iota en el año 2020, el 25.2% de la población hondureña vivía en la pobreza extrema y casi la mitad (4.4 millones de personas), vivía en la pobreza. El bien común: El CDSI en el numeral 164, define el bien común, como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de la propia perfección. Para los obispos de Honduras (Vatican News, s.f.), la tensión política y social sigue siendo alta en Honduras, que lucha contra la violencia, el tráfico de drogas, la corrupción y la pobreza. En tal sentido exhortan a los fieles y a todos los ciudadanos a no ceder a la resignación y a trabajar juntos por el bien común y la paz, porque el cambio es posible y nadie está exento de contribuir, como lo señala el CDSI, en el numeral 167, el bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad, ninguno está exento de colaborar, según las propias capacidades, en su consecución y desarrollo. Juan de Dios Vial Correa, en las conclusiones de su artículo; La Dignidad de la persona humana, desde la fecundidad hasta la muerte, al referirse a la dignidad humana plantea “Más allá de cualquier cualidad o defecto, los seres humanos tienen, sin excepción, la misma dignidad. Esta dignidad les viene no de aquellos aspectos biológicos, psicológicos o sociales que precisamente diferencian unos seres humanos de otros, sino de aquello que les es común y constitutivo, su filiación con el Sujeto Absoluto”. (Correa y Guerro, 2009)
La subsidiariedad: Este principio custodia la originalidad propia de las personas, las familias y los cuerpos intermedios, permitiendo que esa originalidad pueda ser ofrecida para enriquecer a la sociedad. Respeta la dignidad de la persona, favoreciendo la libertad, la participación y la múltiple articulación de la pluralidad de los sujetos en la sociedad. Según Julio Raudales, Honduras no se escapa al terrible vicio de la dependencia “nada es gratis, cuando el gobierno entrega algo, espera un pago no solamente en forma de impuestos; más bien de sumisión y obediencia continua” (Proceso digital, 2020) La solidaridad: El CDSI en su numeral 193, plantea que la solidaridad debe captarse, ante todo, en su valor de principio social ordenador de las instituciones, según el cual las estructuras de pecado, que dominan las relaciones entre las personas y los pueblos, deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad, mediante la creación o modificación de leyes, reglas de mercado u ordenamientos.
La solidaridad cristiana debe traducirse en formas de ayuda a los necesitados, a quienes están excluidos o en riesgo de exclusión. Guitián, señala que cuando se usa el concepto de solidaridad en el contexto de la DSI, se debe prestar atención a depurarlo de teorías u opciones políticas. Esto es de vital importancia entenderlo correctamente por la sociedad hondureña, en virtud que, por primera vez en la historia política del país, el pasado 27 de noviembre de 2021, mediane el proceso de elecciones generales, asumió el poder político de la nación, un gobierno de ideología socialista. Guitián también plantea “La génesis de la aparición y formulación del principio de solidaridad en la DSI es compleja e interesante. Por una parte, la historia de este principio constituye otro ejemplo de cómo la relación entre la DSI y las ciencias sociales avanza lentamente por caminos de acogimiento de la verdad que aportan las ciencias y de discernimiento de los elementos menos universales o incluso nocivos” (Guitián, 2020).
En relación con el principio del destino universal de los bienes y opción preferencial por los pobres: En el CDSI, numeral 172, todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo.
Según el Instituto Nacional de Estadística de Honduras, el país presenta un valor del coeficiente de GINI superior al 0.55, lo que demuestra el no cumplimiento de este principio en la sociedad hondureña. La propiedad privada, según el CDSI, numeral 176; la propiedad privada es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática y es garantía de un recto orden social. La DSI, postula que la propiedad de los bienes sea accesible a todos por igual, de manera que todos se conviertan, al menos en cierta medida, en propietarios.
Según Rafael Alegría, los diferentes nudos o trabas jurídicas no permiten avanzar en la justa distribución de la tierra en Honduras “desde la promulgación de la Ley de Modernización Agrícola, se han incrementado los problemas de carácter jurídico” (Proceso Digital, s.f.) La Participación en la vida social: Para la DSI, numeral 189 del CDSI, una consecuencia característica de la subsidiaridad es la participación, que se expresa esencialmente, en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. En tal sentido, Ana María Celiz, en su artículo ¿Cuánto aporta la religión a la sociedad civil? Una mirada institucional, al referirse a la sociedad civil señala “A las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se les atribuye las siguientes características: contar con una estructura interna, objetivos claros y un documento de constitución (sin que necesariamente suponga un estatus jurídico); ser privadas, es decir, no formar parte del Estado y no ser un instrumento del gobierno, incluso si interactúan con éste o reciben dinero y apoyo estatal; ser autónomas y voluntarias y no poseer fines de lucro” (Celis et al., 2022)
La DSI, además de los principios que deben presidir la edificación de una sociedad digna del hombre, indica valores fundamentales, en tal sentido, es importante tener presente que todos los valores sociales son inherentes a la dignidad de la persona humana, cuyo auténtico desarrollo favorecen; estos valores son esencialmente: la verdad, la libertad, la justicia, el amor.
En relación con la misión de la Iglesia, en el capítulo 28, versículos 19 y 20 del evangelio según San Mateo, se señala “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Esta misión también es responsabilidad de los laicos, a quienes la Iglesia define como “fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y, hechos participes…por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo”. (Papa Juan Pablo II, 1992). Los Obispos, al referirse a la misión de los laicos, señalan: “Su misión propia y especifica se realiza en el mundo…con su testimonio y su actividad, contribuyen a la transformación de las realidades y la creación de estructuras justas según los criterios del evangelio. El ámbito propio de su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo de la política, de la realidad social y de la economía…tienen el deber de hacer creíble la fe que profesan, mostrando autenticidad y coherencia en su conducta” (Benedicto XVI, 2007). Comprender esta misión, es fundamental; ya que existe una percepción errónea sobre su papel, en la dimensión socio política de una sociedad, razón por la que, vivir como cristiano y practicar la política son tareas compatibles entre sí, porque contribuir al bien común es indisociable de la vida cristiana y del anuncio del evangelio al mundo, como lo estableció el Concilio Ecuménico Vaticano II (CEVII), en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia; Lumen Gentium, No.36: “el carácter secular es propio y peculiar de los laicos”.
En la Exhortación Apostólica Christifidelis Laici (EACL), con el nombre de Laicos, el CEVII, se designa a todos los fieles cristianos a excepción de los miembros del orden sagrado y los del Estado Religioso sancionado por la Iglesia. El Papa Pablo VI, al respecto decía: “A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios” (Papa Pablo VI, 1964) En tal sentido las palabras del Apóstol Pablo en su Carta a los Colosenses, Capitulo tres, versículo 17 “Todo cuanto hagáis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre”.
Para animar cristianamente el orden temporal, la EACFL en el número 42, señala que los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover y organizar institucionalmente el bien común. La sagrada escritura, al referirse a la dignidad del ser humano dice: “Dios creó el hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó” (Genesis 1,27). El CDSI en el numeral 132, al referirse a la dignidad humana, plantea que una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana. También señala en el numeral 133, que en ningún caso la persona humana puede ser instrumentalizada para fines ajenos a su mismo desarrollo, que puede realizar plena y definitivamente solo en Dios y en su proyecto salvífico. De acuerdo con el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948, “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos y, dotados están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) Boaventura de Sousa Santos, en su libro; Si Dios fuera un activista de los Derechos Humanos, señala “Según la lógica de este libro, si Dios fuese un activista de los derechos humanos. Él, o Ella, andarían definitivamente en busca de una concepción contrahegemónica de los derechos humanos y de una práctica coherente con la misma. Al hacerlo, antes o después, este Dios se enfrentaría al Dios invocado por los opresores y no encontraría ninguna afinidad con Este o con Esta. Dicho de otro modo: Él o Ella llegarían a la conclusión de que el Dios de los subalternos no puede dejar de ser un Dios subalterno”. (Santos, 2014).
En tal sentido, el Estado de Honduras, está en la obligación de generar políticas públicas efectivas para mejorar la realidad de los hondureños más empobrecidos y vulnerables. Según el Consejo Latinoamericano de Ciencias Social, Honduras enfrenta una de las crisis más profundas de su historia, los problemas estructurales como la exclusión, desempleo y desigualdad se han articulado con nuevos problemas estructurales como la corrupción, la impunidad, la migración, la violencia, y el crimen organizado. Más del 65% de los hondureños y hondureñas viven en la pobreza y extrema pobreza, redes de corrupción devoran cuantiosos recursos públicos, altos funcionarios públicos tienen vínculos con estructuras del crimen organizado, más del 90% de los diferentes crímenes quedan en la impunidad y miles de ciudadanos sólo encuentran como única salida la migración. (CLACSO, 2019)
Materiales y métodos
La investigación se desarrolló aplicando un enfoque cualitativo, Narcisa Piza, en su artículo Métodos y técnicas en la investigación cualitativa, plantea que los métodos cualitativos de investigación están compuestos por un grupo de técnicas que utilizan una variedad de herramientas para recopilar datos y construir una teoría fundamentada. (Burgos et al., 2019). Señala además que, en la elección de las técnicas a utilizar el investigador tiene un papel esencial que debe valorar las características del escenario en que se desarrolla la investigación, las características de las personas, y las limitaciones de tiempo y recursos que puedan existir. Se utilizo la hermenéutica como arte para interpretar la información objeto de estudio. “la hermenéutica ha experimentado variaciones a través de la historia. En la actualidad, constituye un arte reconocido en los procesos de investigación cualitativa cuyo basamento se encuentra en el paradigma interpretativo. En este caso, se plantea como una postura epistémico-metodológica, donde se destaca su versatilidad, dada la posibilidad de interpretar y comprender la realidad en sus diversas manifestaciones” (Marrero et al., 2009)
Según Morella Arráez, un análisis hermenéutico consiste en el arte de interpretar los textos, especialmente los sagrados, para fijar su verdadero sentido. “Se considera la hermenéutica como una teoría general de interpretación, dedicada a la atenta indagación del autor y su obra textual, por tanto, quien quiere lograr la comprensión de un texto tiene que desplegar una actitud receptiva dispuesta a dejarse decir algo por el argumento.
Pero esta receptividad no supone ni neutralidad frente a las cosas, ni auto anulación, sino que incluye una concertada incorporación de las propias ideas, opiniones y prejuicios previos del lector” (Arráez, 2006).
El análisis hermenéutico, propicio un proceso de consulta, análisis e interpretación de diferentes fuentes secundarias sobre la realidad socio política del país (Constitución de la República, libros, artículos, documentos, comunicados, noticias, entre otros, con el propósito de confrontar la realidad hondureña, con los conceptos sobre política, dignidad humana y laico, establecidos en el evangelio y en Magisterio Social de la Iglesia, específicamente desde un análisis documental profundo al Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, encíclicas sociales y los documentos conclusivos de las Conferencias Episcopales Latinoamericanas, abordando de manera cualitativa, descriptiva y critica. Lo anterior con el propósito de captar el verdadero sentido de las fuentes consultas, es decir, ver, leer o escuchar la verdad de los emisores. El análisis implico, evitar la pérdida de los posibles sentidos en el mensaje, debido a un manejo personalizado del mismo, reduciendo el riesgo de parcializaciones al observar las diversas situaciones del entorno. Este proceso, como lo señala Martha Ruedas Marrero, en su artículo Hermenéutica: La roca que rompe el espejo “hace posible el proceso de adquisición de saberes y de interpretación, por lo que constituye la base de una personalidad crítica y reflexiva; en consecuencia, otorga al individuo la capacidad de percibir literalmente, la realidad para poder implementar los cambios que considere necesarios en pro del bienestar individual y colectivo” (Marrero et al., 2009)
En la investigación también se utilizó, la metodología del Ver-juzgar-actuar, ampliamente utilizada en la DSI. Según Luigi Pellegrino, esta metodología, responde de manera explícita a la exigencia que cada hombre, con su propia historia personal, es sujeto activo y responsable, junto con los demás, en el construir un mundo diferente. (Pellegrino, 2017) Según el Pellegrino, El Ver; propone un hecho de vida con el fin de descubrir actitudes, modos de pensar, valores y comportamientos. El Juzgar; es interpretar la realidad de las personas y de los pueblos, discerniendo qué es y qué hay de humano, justo, fraterno, o lo contrario, a la luz del proyecto de Dios sobre el hombre y el mundo, iluminando con la Palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia y las Ciencias Sociales, la realidad; denunciando el pecado, qué es opresión, deshumanización y dominación; mostrando los caminos y los medios para alcanzar la justicia, la liberación, el desarrollo integral y la auténtica paz. El Actuar; es tomar posición y optar por decisiones coherentes con los valores del Reino de Dios, implica comprometerse con acciones concretas, para trabajar en la eliminación de las desigualdades, el desmantelamiento de las estructuras y los mecanismos de injusticia y pecado personal y estructural.
Resultados y discusión
La DSI presenta varios temas relacionados con la dignidad humana y la política, en los cuales el laico debe asumir sus enseñanzas, desde las implicaciones de la fe. En el numeral 212 del CDSI, se subraya el importante y central papel de la familia en relación con la persona. Igualmente, plantea ricas enseñanzas sobre el trabajo humano, la iniciativa privada y empresa, sobre las instituciones económicas al servicio del hombre y sobre la comunidad política y el papel del Estado. Sobre el trabajo humano el CDSI en el numeral 271 establece que cualquier forma de materialismo y de economicismo que intentase reducir al trabajador a un instrumento de producción, o simple fuerza y trabajo, o a valor exclusivamente material, acabaría por desnaturalizar irremediablemente la esencia del trabajo, privándolo de su finalidad más noble y profundamente humana. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 79.6% de la población nacional está en edad de trabajar (10 años y más) sin embargo, la Población Económicamente Activa (PEA), apenas representa el 48.1%. Este porcentaje evidencia la urgente necesidad que existe en el país de generar políticas públicas encaminadas a mejorar el nivel y calidad de empleos a nivel nacional (Instituto Nacional de Estadistica de Honduras, 2022)
En relación con el trabajo y el capital, el CDSI, en el numeral 276, establece que el trabajo, por su carácter subjetivo o personal, es superior a cualquier otro factor de producción. Sobre la acción del Estado, el CDSI numeral 351, que la acción del Estado y de los demás poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiaridad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica; debe también inspirarse en el principio de solidaridad y establecer los límites a la autonomía de las partes para defender a la más débil.
Señala además en el numeral 352, la tarea fundamental del Estado en ámbito económico es definir un marco jurídico apto para regular las relaciones económicas, con el fin de salvaguardar las condiciones fundamentales de una economía libre, que presupone una cierta igualdad entre las partes. Sobre la comunidad política el CDSI establece en el numeral 384, que la persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política. Destaca que el hombre es responsable de sus propias decisiones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida, en el plano individual y social.
El numeral 541 del CDSI, establece que la connotación esencial de los fieles laicos que trabajan en la viña del señor (Mt 20,1-16), es la índole secular de su seguimiento de Cristo, que se realiza precisamente en el mundo. “A los Laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios”. Esta viña es el mundo, que debe ser transformado según la voluntad de Dios. Rodolfo Sorto comentando esta parábola, dice: “Estos hombres a los cuales Jesús sale a buscar varias veces para que trabajen en su viña, somos cada uno de nosotros a los que Jesús llama por nuestro nombre…La llamada no se dirige solo a pastores, a los presbíteros, a los religiosos y religiosas, sino que se extiende a todos: Los laicos somos llamados personalmente por el señor, del cual recibimos una misión a favor de la Iglesia y del mundo”. San Gregorio Magno, predicando al pueblo, comenta esta parábola diciendo: “Fíjense como viven, queridísimos hermanos y comprueben si ya son obreros del señor. Examine cada uno lo que hace y considere si trabaja en la viña del señor” (Romero, 1997).
La DSI, plantea diversos ámbitos de acción para que el laico, pueda dar testimonio de su fe. En el numeral 551 del CDSI se establece, que la presencia del fiel laico en el campo social se caracteriza por el servicio, signo y expresión de caridad que se manifiesta en la vida familiar, cultural, laboral, económica, política, según perfiles específicos, obedeciendo a las diversas exigencias de su ámbito particular de compromiso, los laicos expresan la verdad de su fe y, al mismo tiempo, la verdad de la DSI, que encuentra su plena realización cuando se vive concretamente para solucionar los problemas sociales. La credibilidad de la DSI reside, en el testimonio de las obras, antes que en su coherencia y lógica interna.
En el numeral 552 del CDSI, se destaca que entre los ámbitos del compromiso social de los fieles laicos emerge, ante todo, el servicio a la persona humana: la promoción de la dignidad de la persona, el bien más precioso que el hombre posee, es una tarea esencial; es más, en cierto sentido es la tarea central y unificante del servicio que la Iglesia, y en ella los fieles laicos, están llamados a prestar a la familia humana. En este numeral también se señala, que el laico debe comprender como una obligación el compromiso de sanar las instituciones, las estructuras y las condiciones de vida contrarias a la dignidad humana. Estableciendo que los fieles laicos deben, por tanto, trabajar a la vez por la conversión de los corazones y por el mejoramiento de las estructuras, teniendo en cuenta la situación histórica y usando medios lícitos, con el fin de obtener instituciones en las que la dignidad de todos los hombres sea verdaderamente respetada y promovida.
Según el CDSI, numeral 553, la promoción de la dignidad humana implica, la afirmación del inviolable derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, el primero entre todos y condición para todos los demás derechos de la persona. En el numeral 565, señala que, para los laicos, el compromiso político es una expresión cualificada y exigente del empeño cristiano al servicio de los demás. La búsqueda del bien común, con espíritu de servicio; el desarrollo de la justicia con atención particular a las situaciones de pobreza y sufrimiento; el respeto de la autonomía de las realidades terrenas; el principio de subsidiaridad; la promoción del diálogo y de la paz en el horizonte de la solidaridad: éstas son las orientaciones que deben inspirar la acción política de los cristianos laicos. Por otra parte, el CDSI en el numeral 567, en lo concerniente al contexto del compromiso político del fiel laico, señala que requiere un cuidado particular, la preparación para el ejercicio del poder, que los creyentes deben asumir, especialmente cuando sus conciudadanos les confían este encargo, según las reglas democráticas.
Los cristianos aprecian el sistema democrático, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica, y rechazan los grupos ocultos de poder que buscan condicionar o subvertir el funcionamiento de las instituciones legítimas. El ejercicio de la autoridad debe asumir el carácter de servicio, se ha de desarrollar siempre en el ámbito de la ley moral para lograr el bien común: quien ejerce la autoridad política debe hacer converger las energías de todos los ciudadanos hacia este objetivo, no de forma autoritaria, sino valiéndose de la fuerza moral alimentada por la libertad. Para la DSI, un ámbito especial de discernimiento para los fieles laicos concierne a la elección de los instrumentos políticos, o la adhesión a un partido y a las demás expresiones de la participación política. El CDSI en su numeral 573, al respecto plantea que es necesario efectuar una opción coherente con los valores, teniendo en cuenta las circunstancias reales. En cualquier caso, toda elección debe enraizarse en la caridad y en la búsqueda del bien común. Las instancias de la fe cristiana, difícilmente se pueden encontrar en una única posición política: pretender que un partido o una formación política correspondan completamente a las exigencias de la fe y de la vida cristiana genera equívocos peligrosos. El cristiano no puede encontrar un partido político que responda plenamente a las exigencias éticas que nacen de la fe y de la pertenencia a la Iglesia: su adhesión no será nunca ideológica, sino siempre crítica, a fin de que el partido y su proyecto político resulten estimulados a realizar formas cada vez más atentas a lograr el bien común, incluido el fin espiritual del hombre.
Al analizar la desesperanzadora realidad socio política del país, es necesario preguntarse ¿Qué pueden hacer los laicos frente a esta realidad? ¿Cuál es el papel que está llamados a asumir como miembros del cuerpo de Cristo? En el CDSI No.554, se encuentra una respuesta a estas interrogantes “La fe en Jesucristo, que se definió a sí mismo, “el camino, la verdad y la vida”, (Jn 14,6), impulsa a los cristianos a cimentarse con empeño siempre renovado en la construcción de una cultura social y política inspirada en el evangelio”. Es decir que, los seguidores de Cristo están llamados a asumir la radicalidad de las enseñanzas del evangelio en procura del Reino de Dios. Se trata de asumir el reto de ser laico, de hacer visible en la realidad, la fe en el Dios de la Vida, de ser sal y luz del mundo. Dicho de otra forma, los laicos no pueden seguir pasivos e indiferentes frente a la realidad hondureña, que a gritos clama justicia y como tales, están en la obligación cristiana de inculturar el evangelio, para hacer visible el reino de Dios. Así lo señalan, los Obispos y delegados de Pastoral de Honduras en el Mensaje de la Asamblea Nacional de Pastoral al pueblo hondureño, realizado en enero de 2009, al ver la situación precaria de la salud, educación, economía, política y la diversa gama de relaciones humanas en Honduras: “Ante las intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo, como Iglesia queremos ser abogada de la justicia y defensora de los pobres en nuestro país”. Por su parte la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), en su comunicado realizado el mes de febrero de 2009: Preocupaciones y esperanzas, establece señala que es doloroso ver como la violencia sigue cobrando tantas víctimas y el temor se hace patente en todos los estratos sociales. Ante tal muestra de incoherencia evangélica no vacilan, su planteamiento es categórico “Todos nos sentimos responsables y urgidos de realizar cambios sustanciales en nuestra sociedad”.
Esta realidad implica que los miembros de la Iglesia están llamados a asumir una coherencia evangélica entre fe y vida. Asumir este reto con la radicalidad que supone el evangelio, implica peligros, sacrificios, renuncias, y persecución, sin embargo, el laico debe asumirlos como algo, incluso necesario. Aquí radica la principal dificultad, de los laicos, y de la mayoría de la jerarquía de la Iglesia, no han asumido, esta radicalidad evangélica, por el contrario, han supeditado su fe a posturas calculadas que responden a intereses y comodidades.
En Latinoamérica el magisterio de la DSI se ha fortalecido con las enseñanzas de las cinco Conferencias Generales Episcopales Latinoamericanas y del Caribe, en relación con las enseñanzas sobre los retos del laico en la vida política, se encuentra una gran riqueza de pensamiento.
En la primera Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe, realizada en Rio de Janeiro, Brasil, en el numeral 79, los obispos plantean que, ante el panorama social del continente, se requiere la activa presencia de la Iglesia, a fin de influir en el mundo económico y social, orientándolo con la luz de su doctrina y animándolo con su espíritu.
En el numeral 83, los obispos señalan “la necesidad de desarrollar una siempre más amplia e intensa actividad social y benéfica a favor de las clases más necesitadas, la Conferencia no quiere cejar en el deber que le incumbe de llamar enérgicamente la atención de todos los católicos, sobre las insidias y peligros de las doctrinas marxistas y de la propaganda del comunismo, y sobre todo la necesidad de precaverse y defenderse contra ellas, principalmente allí donde estén más desarrolladas. (Papa Pio XII, 1955)
En la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín, Colombia, los obispos describen el desarrollo, como el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas, a más humanas, destacando en las primeras, las estructuras opresoras que provienen del abuso del tener y del abuso del poder y en las más humanas; el aumento de la consideración de la dignidad de los demás. Ante la necesidad de un cambio global en las estructuras, en el numeral 16 del documento, los obispos plantean que dicho cambio tiene como requisito, la reforma política. Señalando además la finalidad de la autoridad política “El ejercicio de la autoridad política y sus decisiones tiene como única finalidad el bien común…La autoridad deberá asegurar eficaz y permanentemente a través de normas jurídicas, los derechos y libertades inalienables de los ciudadanos y el libre funcionamiento de las estructuras intermedias. La autoridad pública tiene la misión de propiciar y fortalecer la creación de mecanismos de participación y de legítima representación de la población, o si fuera necesario, la creación de nuevas formas” (Papa Pablo VI, 1968) Para los obispos, la autoridad deberá asegurar eficaz y permanentemente a través de normas jurídicas, los derechos y libertades inalienables de los ciudadanos y el libre funcionamiento de las estructuras intermedias. La autoridad política tiene la misión de propiciar y fortalecer la creación de mecanismos de participación y de legitima representación de la población, o si fuera necesario, la creación de nuevas formas.
En su análisis, los obispos perciben una carencia de conciencia política, ante esta realidad plantean como imprescindible la acción educadora de la Iglesia, con el objeto de que los cristianos consideren su participación en la vida política de la nación como un deber de conciencia y como ejercicio de la caridad, en su sentido más noble y eficaz para la vida de la comunidad. Para los obispos, merecen especial atención los hombres claves, o sea, aquellas personas que se encuentran en los niveles de elaboración y de ejecución de decisiones que repercuten en las estructuras básicas de la vida nacional e internacional. Acuerdan se promueva la organización de cursos para técnicos, políticos, dirigentes obreros, campesinos, empresarios y hombres de cultura en todos los niveles. En las conclusiones pastorales, establecen con claridad, que corresponde a los pastores de la Iglesia denunciar todo aquello que, al ir contra la justicia, destruye la paz y establecen como líneas pastorales; defender, según el mandato evangélico, los derechos de los pobres y oprimidos, urgiendo a los gobiernos y clases dirigentes para que eliminen todo cuanto destruye la paz social. En las recomendaciones pastorales, en el numeral 21, al referirse a los poderes políticos, establecen que debe procurarse que existan entre la Iglesia y el poder constituido, contactos y dialogo a propósito de las exigencias de la moral social, no excluyéndose, donde fuere necesario, la denuncia a la vez enérgica y prudente de las injusticias y de los excesos de poder. Además, establecen que la acción pastoral de la Iglesia estimulará a todas las categorías de ciudadanos a colaborar en los planes constitutivos de los gobiernos y a contribuir, también por medio de la crítica sana dentro de una oposición responsable, al progreso del bien común.
En la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en la sección III, el Papa Juan Pablo II, establece que, si la Iglesia se hace presente en la defensa o en la promoción de la dignidad del hombre, lo hace en la línea de su misión, que aun siendo de carácter religioso y no social o político, no puede menos de considerar al hombre en la integridad de su ser.
El Papa, hace un llamado especial a aquellos sobre los cuales recae la responsabilidad de la vida pública de los Estados y naciones a comprender que la paz interna e internacional, solo estará asegurada, si tiene vigencia un sistema social y económico, basado sobre la justicia. En las conclusiones del documento final, en el numeral 499, los obispos establecen que la Autoridad; es necesaria en toda sociedad “La autoridad, necesaria en toda sociedad, viene de Dios y consiste en la facultad de mandar según la recta razón. Por consiguiente, su fuerza obligatoria procede del orden moral y dentro de este debe desarrollarse para que obligue en conciencia. La autoridad es, sobre todo una fuerza moral” (Papa Juan Pablo II, 1979) La Iglesia proyecta en el numeral 152, la luz de su palabra sobre la política y las ideologías, como un servicio más a sus pueblos, y como guía orientadora para quienes, de un modo u otro, deben asumir responsabilidades sociales. Los obispos señalan en el numeral 514, que la fe cristiana, no desprecia la actividad política; por el contrario, la valoriza y la tiene en alta estima. Por tal razón, en el numeral 515, siente como su deber y derecho estar presente en este campo de la realidad, porque el cristianismo debe evangelizar la totalidad de la existencia humana, incluida la dimensión política. En el numeral 516, señalan la necesidad de la presencia de la Iglesia en lo político, proviene de lo más íntimo de la fe cristiana; del señorío de Cristo, que se extiende a toda la vida. Plantean además los obispos, que la realización concreta de la tarea política se hace normalmente a través de grupos de ciudadanos que se proponen conseguir el poder político para resolver las cuestiones económicas, políticas y sociales, según sus propios criterios o ideologías.
En los numerales 524 y 525, establecen que, la política partidista, es el campo propio de los laicos, corresponde a su condición laical, el constituir y organizar partidos políticos, con ideología y estrategia adecuada para alcanzar sus legítimos fines. Señalan que el laico encuentra en la enseñanza social de la Iglesia, los criterios adecuados a la luz de la visión cristiana del hombre y que es el mundo temporal (numeral 789), donde el laico encuentra su campo específico de acción, y que, por el testimonio de su vida, por su palabra y por su acción, el laico tiene la responsabilidad de ordenar las realidades para ponerlas al servicio de la instauración del Reino de Dios. Destacan, además, en los numerales 790-792 que, en el vasto y complicado mundo de las realidades temporales, no se puede dejar de subrayar con especial énfasis la actividad política, desde la acción de votar, pasando por la militancia y liderazgo en algún partido político, hasta el ejercicio de cargos públicos en distintos niveles. En todos los casos, el laico deberá buscar y promover el bien común en la defensa de la dignidad del hombre y de sus derechos inalienables, en la protección de los más débiles y necesitados, en la construcción de la paz, de la libertad, de la justicia, en la creación de estructuras más justas y fraternas. En tal sentido, en el numeral 793, los obispos señalan que los laicos, no pueden eximirse de un serio compromiso en la promoción de la justicia y el bien común, iluminados siempre por la fe, y guiados por el evangelio y la DSI, pero orientados a la vez por la inteligencia y la aptitud para la acción eficaz.
En la cuarta Conferencia, el Papa Juan Pablo II, plantea que la preocupación por lo social “forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia”. En las Conclusiones, los obispos expresan que, a pesar del gran número de laicos comprometidos en la Iglesia, se comprueba que la mayor parte de los bautizados, no han tomado aún conciencia plena de su pertenencia a la Iglesia. Pocos asumen los valores cristianos como un elemento de su identidad cultural. Como consecuencia, el mundo del trabajo, de la política, de la economía, de la ciencia, del arte, de la literatura y de los medios de comunicación social, no son guiados por criterios evangélicos. Así se explica la incoherencia que se da; entre la fe que dicen profesar, y el compromiso real en la vida. En el numeral 161 del documento, los obispos expresan, que la falta de coherencia entre la fe y la vida es una de las causas que generan pobreza “La falta de coherencia entre la fe que se profesa y la vida cotidiana es una de las varias causas que generan pobreza en nuestros países, porque los cristianos no han sabido encontrar en la fe, la fuerza necesaria para penetrar los criterios y las decisiones de los sectores responsables del liderazgo ideológico y de la organización de la convivencia social, económica y política de nuestros pueblos. En pueblos de arraigada fe cristiana se han impuesto estructuras generadoras de injusticia” ” (Papa Juan Pablo II, 1992)
En sus desafíos pastorales en el numeral 192, los obispos señalan que la convivencia democrática, se ha venido deteriorando entre otros factores; por la corrupción, el distanciamiento de los liderazgos partidistas con relación a los intereses de las bases y las reales necesidades de la comunidad; vacíos programáticos y desatención de lo social y ético cultural de parte de las organizaciones partidistas; gobiernos elegidos por el pueblo, pero no orientados eficazmente al bien común; mucho clientelismo político y populismo, pero poca participación. Ante este desafío, los obispos plantean en el numeral 193, una línea de acción dirigida a iluminar y animar al pueblo hacia un real protagonismo. El llamado es a crear las condiciones para que los laicos se formen según la DSI, en orden a una actuación política dirigida al saneamiento, al perfeccionamiento de la democracia y al servicio efectivo de la comunidad.
En la quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, el Papa Benedicto XVI, plantea que las estructuras justas, son una condición indispensable para una sociedad justa, pero no nacen ni funcionan sin un consenso moral de la sociedad, sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de vivir estos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal. “Las estructuras justas han de buscarse y elaborarse a la luz de los valores fundamentales, con todo el empeño de la razón política, económica y social. Son una cuestión de la recta ratio y no provienen de ideologías ni de sus promesas”. (Papa Benedicto XVI, 2007).
En numeral 74 del documento, los obispos, constatan un cierto progreso democrático que se demuestra en diversos procesos electorales. Sin embargo, ven con preocupación el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática que, en ciertas ocasiones, derivan en regímenes de corte neopopulista. Plantean que es necesaria una democracia participativa y basada en la promoción y respeto de los derechos humanos y la presencia más protagónica de la sociedad civil. Al referirse a los fieles laicos, en el numeral 506, plantean que “El discípulo y misionero de Cristo que se desempeña en los ámbitos de la política, de la economía y en los centros de decisiones sufre el influjo de una cultura frecuentemente dominada por el materialismo, los intereses egoístas y una concepción del hombre contraria a la visión cristiana. Por eso, es imprescindible que el discípulo se cimiente en su seguimiento del Señor, que le dé la fuerza necesaria no sólo para no sucumbir ante las insidias del materialismo y del egoísmo, sino para construir en torno a él un consenso moral sobre los valores fundamentales que hacen posible la construcción de una sociedad justa”. (CELAM, 2007)
La ausencia histórica de bienestar común en Honduras, ha sido construida por un Estado de derecho sumamente débil, una institucionalidad democrática insipiente, un modelo económico excluyente, un sistema político corrupto, partidos políticos deslegitimados, que ha dado como resultado, un deterioro de la calidad de vida de los hondureños, evidenciando que el accionar del Estado, no se ha fundamentado, en la dignidad de la persona humana, fin supremo de la sociedad, como lo establece la Constitución de la Republica de Honduras, en su artículo 59, razón por la cual, se requiere mayores y mejores niveles de participación política de los ciudadanos.
El Estado hondureño, es el primer responsable de promocionar la dignidad humana de los hondureños, respetando sus derechos fundamentales y creando instituciones y leyes que los hagan vigentes, como lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1910 “Corresponde al Estado, defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias”. Por su puesto, esta tarea no es exclusiva del Estado, no sería Justo ni posible. Corresponde también a los hondureños, así como a los grupos intermedios, el deber de prestar su colaboración personal al bien común.
La participación política exige que los hondureños, desarrollen nuevos modos de acción política y nuevas actitudes. Como ciudadanos pueden participar en diversas soluciones concretas que se oferten en torno al bien común, según su propio juicio y discernimiento, realizando su participación política desde la pertinencia a un determinado partido político, siempre que se mantenga la coherencia de la fe, en relación con el compromiso político y que hagan prevalecer como criterios morales fundamentales, la centralidad de la persona humana, en cuanto sujeto, fundamento y fin de la vida social, y la dignidad de la persona.
En relación con las formas de presencia en lo público, la DSI plantea dos vías: la individual y la asociada. Para ello, invita a que los creyentes adquieran la debida formación para realizar el adecuado discernimiento, a la luz de la fe y de la DSI de las opciones que se le presentan, exhortándole a buscar en conciencia, aquella opción que cree, que mejor recoge, las exigencias y enseñanzas sociales de la Iglesia.
Conclusiones
Al analizar el recorrido histórico del sistema político hondureño, caracterizado por; crueldad y exterminio, influencia extranjera, inestabilidad política manifestada en golpes de Estado, supremacía de interés particulares económicos y políticos oligárquicos, violación a la soberanía nacional, fuertes represiones, altos niveles de corrupción y deshonestidad, privatización de empresas estatales, violación de los derechos humanos, entre otros, es evidente que existe un déficit incalculable en relación a la generación de condiciones políticas y procesos de desarrollo integral, que desde una perspectiva incluyente, sostenible, sustentable y humanista, puedan objetivamente contribuir a promocionar la dignidad humana y la calidad de vida de los hondureños.
El sistema político hondureño, se ha caracterizado por un modelo de democracia, que limita la participación de la ciudadanía, favorece el libre arbitrio de la clase política, legitima las inequidades, un modelo dependiente, excluyente e inconcluso, que se encuentra en una profunda crisis de representación, credibilidad y legitimidad, como lo refiere el último Golpe de Estado sucedido el 28 de junio de 2009, y que por lo tanto, requiere un radical y efectivo rediseño de los Partidos Políticos y una mayor y más protagónica participación de sus ciudadanos, que desde su participación política y una coherencia evangélica y ética reflejen el compromiso secular de su fe.
La Iglesia a través de su magisterio social, ofrece un conjunto sistemático de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción basados en el evangelio, en la recta razón y en la búsqueda de la verdad sobre el lugar que ocupa el hombre en el mundo y en la sociedad, frente a diversos temas relacionados con la política y la dignidad humana, a fin de ayudar a las personas, comunidades y gobernantes a construir una sociedad más humana. La DSI tiene como columna vertebral la prioridad de las personas y su vocación a la santidad. “Pero enseña también que cada persona es un ser en relación, nacido para la comunión en la verdad y en la caridad. Necesita, por tanto, de la fortaleza de las familias y de las comunidades de personas donde se aprende qué significa amar y ser amado. Este primer círculo del tejido social se amplía ahora considerablemente, por medio de la comunicación, a la división internacional del trabajo, a la vida política del Estado, a las relaciones internacionales, a la diversidad de culturas y a la necesidad de una convivencia pacífica de los pueblos entre sí y de éstos con la naturaleza” (Parma, 2013)
La Iglesia Católica hondureña, ha realizado un papel a veces evangélico y a veces inclinado a intereses opresores. La realidad hondureña le plantea el reto de contribuir en la construcción de una sociedad basada en principios y valores cristianos. Su tarea será formar integralmente a los laicos, para su acertada participación en el campo político, brindándoles un efectivo acompañamiento con el fin de garantizar su coherencia entre la fe y las actuaciones en las realidades temporales.
