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Introducción
Entre los últimos trabajos de investigación doctoral sobre “Políticas Públicas de Participación e Ideología Política”, destaca la propuesta de Jiménez-Romera (2021), quien refiere que las ideologías políticas del partido de gobierno dominante, establecen los diferentes modelos de participación ciudadana que priman en los distintos estados. Este autor menciona que entre el espacio temporal entre el siglo XX, y el transcurso del siglo XXI, la democracia denominada “representativa”, es el modelo democrático que más gobiernos han adoptado alrededor del mundo. Esto implica que, en este sistema, la conformación del estado, las instituciones y los gobiernos, serán elegidos mediante el sufragio. Actualmente la democracia representativa, es valorada en menor magnitud, pues las distintas sociedades, culturas, y los fenómenos sociales, políticos, de migración, y otros, han devaluado algunas características muy positivas que daban solución a las problemáticas de algunos sistemas políticos.
Montecinos & Contreras (2019) indican que el concepto de participación ciudadana ha sido explotado ampliamente dentro de la política, este autor hace referencia a uno de los criterios más explorados, el de Arnstein, planteado en 1969, quien a manera de resumen sostiene que la participación ciudadana es la reestructuración equitativa del poder, la cual permite que los ciudadanos compartan los beneficios que brinda la sociedad, sin embargo existe una marcada diferencia entre la “participación” y el poder real para ejercer una fuerza de cambio a nivel administrativo gubernamental. Este autor plantea una tipología de ocho niveles de participación, la cual es expresada gráficamente mediante una escalera, donde cada nivel de participación se ubica de forma ascendente en cada uno de los escalones. Es importante mencionar que cada uno de estos escalafones o escalones, refleja el nivel e incidencia real de los ciudadanos en asuntos de la comunidad o públicos.
Desde otra perspectiva conceptual, al menos en “teoría”, el factor que debería ser el “motor” que impulse a las personas a involucrarse activamente en las decisiones gubernamentales, es el hecho de superar las individualidades en beneficio de las conveniencias sociales mayoritarias, y se promueva la consolidación del marco jurídico que regula estas relaciones, al cual se lo denomina Estado (Hernández-García De Velazco & Chumaceiro-Hernández, 2018). Para Suárez-Pacheco (2021) quien conceptualiza a la participación ciudadana como un mecanismo gradual, a través del cual se logra la integración del ciudadano de manera colectiva o individual en la fiscalización, control y emprendimiento de acciones en temas públicos y privados en las esferas ambientales, políticas, sociales y económicas, todo esto orientado al desarrollo social y personal, en bien de la comunidad.
Nuevamente se menciona el aporte de Montecinos & Contreras (2019) quienes, dentro de su investigación, citan a manera resumida el concepto propuesto por Michels y Clad, quienes rescatan componentes vinculados con la inclusión y las cualidades que brinda la participación ciudadana, pues sus aportes son extraordinarios, pues además de consolidar la gestión pública, se desarrollan y fortalecen las capacidades cívicas de todas las personas que se involucran en las actividades participativas. La participación ciudadana tiene la capacidad de otorgar “una voz directa”, la que corresponde a los “ciudadanos y a las minorías que motivan las capacidades y virtudes del civismo, promociona las decisiones fundamentadas en un análisis público.
En lo que respecta a la situación de Suramérica, Aquije-Loayza et al. (2021) concluyen dentro de su exploración documental que la génesis del problema de la participación ciudadana, se encuentra en la falta de capacitación y especialización de los gobiernos locales, para hacer de esta valiosa herramienta participativa, una “arma social”, como por ejemplo que controle los actos de corrupción en beneficio de la sociedad. Aquí sale a la luz, la importancia de que las instituciones públicas deben encontrarse comprometidas con la “participación ciudadana”, pues se encuentra ligada intimidante con la responsabilidad social, gobiernos locales, las personas involucradas en el movimiento participativo, finalmente estos autores recalcan la necesidad de implementar y desarrollar el uso e Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) dentro de los entornos gubernamentales, a esto se lo denomina “gobierno virtual o electrónico”, situación que promueve una mayor eficiencia, y plantea una actualización a las necesidades comunicativas e informativas contemporáneas de los distintos entornos sociales.
La investigación ejecutada por Solórzano-Soto (2021) plantea que entre los países de Suramérica que más evoluciones y cambios positivos que han generado transformaciones, crecimiento económico, disminución de los indicies de pobreza y desequilibrios sociales, es Ecuador. Este autor expresa que esta evolución como estado, fue posible visibilizarlo desde los años 2007, con la llegada de la denominada “Revolución Ciudadana”, que puso un alto a toda la historia anterior a nivel político que Ecuador había atravesado, caracterizada por inestabilidad, derrocamientos de gobiernos, mostrando una clara tendencia a la “ingobernabilidad”. Este investigador destaca que, durante los últimos 25 años, los hitos de la historia ecuatoriana demuestran la sólida y creciente capacidad de convocatoria y movilización por parte de la sociedad, todo esto en búsqueda de la lucha por los derechos culturales, sociales, políticos y económicos.
Con fundamento en este breve marco contextual, el objetivo del presente trabajo se centra en analizar la realidad de la participación y control social, y su impacto en la toma de decisiones públicas en Ecuador.
Materiales y métodos
La actual propuesta investigativa, trata de una exploración documental, para la cual se siguieron las pautas propuestas por Corona-Sobrino (2021), quien, desde su enfoque investigativo, plantea que este tipo de planteamiento explicativo conceptual, contribuye dentro de los procesos de desarrollo del aprendizaje, integración y adquisición de conocimientos, información, y visión perceptiva-cognitiva, para una adecuada asimilación teórica-referencial. Desde otra postura de investigación, Estrada-Villa (2022) propone que las investigaciones con características bibliográficas, son excelentes recursos metodológicos que facilitan y canalizan la promoción de la investigación académica. Específicamente dentro de los parámetros metodológicos, se tomó en consideración las pautas indicadas por Pérez-Bonfante (2020) quien refiere, que, como primer elemento de organización investigativa, se debe estructurar una búsqueda sistémica y muy bien estructurada, para subsecuentemente, ordenar la información seleccionada, en concordancia con las necesidades de la propuesta y requerimientos del investigador.
Al tratarse de una revisión bibliográfica, y en base a las normas editoriales, se recurrió a la exploración de 60 publicaciones, de las cuales se tomaron 20 investigaciones publicadas, siendo 7 de ellas tesis doctorales, 3 de maestría y 10 artículos con tópicos estrechamente vinculados a la participación comunitaria y la toma de decisiones públicas. El rango de búsqueda de información, se manejó en un espacio de publicación entre los años 2018 al 2023.
Las palabras empleadas para la búsqueda de la información fueron: “Ecuador”, “decisiones públicas” y “participación comunitaria”. Por otra parte, las estrategias de búsqueda utilizada, se las definió como: “participación ciudadana y políticas públicas”, “acción ciudadana en decisiones del Estado”, “ciudadanía y control social”, “participación comunitaria en Ecuador”. Todo este procedimiento tomo un tiempo de alrededor dos meses.
Desarrollo
El trabajo de tesis doctoral propuesto por Monje-Vargas (2018) expone que todas las diversas modalidades de vinculación política a nivel ciudadano en ecuador, observadas y experimentadas durante el período de “La Revolución Ciudadana”, etapa que duró entre los años 2007 y 2017, al igual que la base del discurso, comportamientos del gobierno del Presidente Rafael Correa, y toda la idiosincrasia que respaldó las posturas en aquel momento, todas ellas tiene una fundamentación en la historia política de Ecuador, principalmente en los mecanismos de distribución del poder de determinadas elites, y los réditos obtenidos del modelo primario exportador de crecimiento.
Todas las transformaciones que existieron en Ecuador a partir de la llegada del “Corre ismo”, no tienen precedentes en la historia de dicho país, pues hasta esa fecha, la ingobernabilidad era una de las características políticas de ese estado, existiendo ocho presidentes entre los años 1996 y 2007. Entre los hechos más graves que la historia recuerda, se menciona la presencia de tres fugaces mandatarios (Mahuad, Bucaram y Gutiérrez), quienes fueron derrocados mediante movimientos contrarios a la política empleada en aquel momento, que pertenecían a la sociedad civil, y además dichas autoridades, dejaron el poder en paupérrimas condiciones, con investigaciones y denuncias por bochornosos “actos de corrupción” (Monje-Vargas, 2018).
La actual Constitución de la Republica de Ecuador, la misma que entro en vigencia en el año 2008, transformo por completo el concepto de “participación comunitaria o ciudadana”, pues de una u otra manera, se establecieron las pautas para una democracia que se construyó con bases de participación social. En este sentido se destaca que el gobierno establecido por el Econ. Rafael Correa Delgado, propuso una concepción en lo que refiere a la “participación ciudadana”, se buscó ir más allá de las elecciones populares, desde que entró en vigencia dicha Constitución, “se establecieron derechos de participación”, los cuales tienen la capacidad de ser ejercidos de una manera mixta, pues ser ejecutados mediante los mecanismos de democracia representativa, comunitaria y directa, y aquellos que provienen de una franca participación (Gavilanes-Sánchez, 2021).
Desde otra perspectiva, Ramírez-Campos (2019) dentro de su investigación doctoral, asevera que la “Revolución Ciudadana”, en verdad permitió la participación comunitaria dentro Ecuador, sin embargo, es importante analizar las políticas de administración relacionadas con la imagen mediática nacional. Es trascendental para comprender lo ocurrido en el gobierno correíta, desglosar las estrategias de marketing político y comunicacionales, las cuales fueron diseñadas por un experto en el área, quien construyo una imagen solida del Econ. Rafael Correa, esto mediante emotivos y muy bien trabajados spots publicitarios.
Posteriormente a la llegada del Presidente Correa, se diseña una campaña nacional donde se exaltaban los logros de dicho gobierno (donde se derrocharon millonarias cantidades de dinero en las famosas entrevistas de fin de semana, llamadas “sabatinas”). Otro hecho que tuvo un impacto en el país, fue la incautación de 195 empresas vinculadas a los hermanos Isaías, ex propietarios del extinguido Filanbanco que quebró en la crisis bancaria del año 1999. Entre las empresas incautadas se encontraban medios de comunicación, lo cual genero a manera resumida, que el gobierno acapare el área comunicacional, utilizando estos recursos como plataformas para relucir los “progresos políticos”, ejecutándose “sondeos de opinión” y “grupos focales”, lo cual permitió estructurar estrategias muy bien definidas para destrozar a los opositores y generar una sensación en la sociedad, de que se vive una “revolución”, y que en aquel momento, se encontraba amenazada por “conspiradores”, y la unión y participación del pueblo, serian uno de los recursos para defender la democracia (Ramírez-Campos, 2019).
Buele-Nugra (2021) destaca algunos aspectos muy importantes dentro de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, la cual indica que todas las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a: a) Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma” (Art. 16). A esto se suma la “Ley de Participación Ciudadana”, cuyo propósito es generar en la ciudadanía un rol protagónico al momento de realizar una “toma de decisiones”, al garantizar la participación de las comunidades, comunas, distintos colectivos, pueblos, y también de manera cívica, es decir abierta la inclusión de ciudadanos y ciudadanas. Se incluye el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización: el cual promueve la “igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad” (Art. 302). Aquí es posible identificar al Artículo 5, el cual impulsa la participación ciudadana a través de la autonomía política de los diferentes GAD, la cual se comprende como “la capacidad de cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) para generar mecanismos y diversas formas de crecimiento, junto al ejercicio de la participación ciudadana”.
Un aporte muy valioso lo realiza Ordoñez-Valencia & Trelles-Vicuña (2019), quienes refieren que dentro de las diversas formas de participación social se encuentra “el control social”, que en definitiva es una muy poderosa herramienta para evaluar y regular las decisiones tomadas, todo esto desde un plano colaborativo y activo. El control social permite que las funciones realizadas por los diferentes representantes estatales, sean transparentes, eficaces y oportunas. La relación entre control social y participación ciudadana se caracteriza por una dinámica interactiva, que se aplica a todas las instancias de la esfera pública, mixta y privada que reciban fondos del estado, de esta forma, la información pública es un elemento fundamental que debe encontrarse abierta a toda la sociedad. En Ecuador es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el organismo responsable de la transparencia y supervisión social en dicho país, además es el órgano que designa a las autoridades de la Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, y Superintendencias, además de tener fuertes influencias en la designación de autoridades dentro de la función judicial y electoral.
Es importante contextualizar que la Constitución de Ecuador (2008), es la garante de los principios y derechos constitucionales, además menciona que el ciudadano es el primer fiscalizador del poder público. En este sentido, incorpora como quinto poder del estado de Control Social y Transparencia, en base a este antecedente se origina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que desde su creación ha tenido fuertes e innumerables cuestionamientos, principalmente por actos de corrupción. En el año 2021 se realizó una consulta popular en Ecuador, donde se reestructuro la Constitución, dio origen a nuevas pautas para las elecciones de las autoridades, esto en cuanto a requisitos, prohibiciones y permanencia de los miembros. Posteriormente en el año 2019, se propuso la eliminación del CPCCS, sin embargo, luego de inicialmente haber tenido el respaldo y abordada en el órgano legislativo, en el año 2021 no fue aceptada (Jara-Íñiguez, 2022).
Desde la perspectiva de Almeida, (2022) la participación ciudadana, es un derecho desde la Constitución Ecuatoriana de 1998, donde se indica claramente que los ciudadanos de este país, son libres de hacer uso de ella. indica además este autor, que luego de existir denuncias públicas sobre concursos “amarrados”, y varios intentos de reivindicar algunas severas críticas a su función, dicho organismo gubernamental, no cumple su función real. Finalmente, dentro de su investigación, donde aplica una encuesta sobre la situación actual del CPCCS, concluye que dicha entidad, no presenta nivel de satisfacción sobre su ejecución y cumplimiento de objetivos como institución. Entre los derechos que se mencionan, y que no han sido considerados a cabalidad se encuentra la rendición de cuentas, los derechos de los ciudadanos, y los diferentes mecanismos de control que debería implementarse. Acota que ya existió un intento de disolver al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para devolver la autoridad que ahora ostenta, a la Asamblea Nacional (2008), de tal forma que sería esta última estructura, la responsable de velar por el cumplimiento de los derechos ciudadanos.
Otra perspectiva interesante y que tiene una estrecha relación con la participación ciudadana y control social, es el planteamiento de Morales et al. (2020) quienes analizan estos aspectos y lo relacionan con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), destacando que el acceso a la información pública, se constituye en un derecho de los ciudadanos, y permite controlar y regular las acciones de los diferentes estamentos e comunicación. Este aporte por parte de estos autores, es muy valiosa, pues la información que los medios difunden, debe cumplir una serie de características éticas elementales, entre ellas se menciona que debe ser una información humana, transparente, bien orientada y completa, contextualizada y no alterada, debe ser contrastable y contrastada, además tiene que ser comprensible inteligible, y con un profesionalismo periodístico bien marcado. Ahora bien, estos autores mencionan que es necesario preparar adecuadamente y de manera consiente a la sociedad, para que participe y efectivice sus derechos como ciudadanos. En base a la realidad ecuatoriana, los investigadores refieren que faltan campañas informativas que visibilicen la trascendencia de la participación ciudadana, que sus aportes son fundamentales para el funcionamiento ético y moral de quienes representan al pueblo.
Siguiente esta línea de planteamiento, Villarreal-Salazar & Rojas-Rúales (2021) realizaron una investigación en población juvenil en Ecuador, específicamente en la provincia del Carchi en jóvenes entre 15 y 24 años, relacionando su interés, participación y vinculación a las decisiones del gobierno local, evidenciando un total desinterés por las acciones y responsabilidad social. Se identificó, además, que no han existido los mecanismos adecuados para fomentar la atención y adherencia a las actividades sociales, tampoco existe motivación por conformar veedurías o acciones vinculadas al control de funcionamiento de entidades o decisiones ejecutadas por autoridades del estado. Otro de los aspectos que son citados por estos autores, radica en la falta de “cultura política” que existe en la población intervenida, siendo una problemática que va más allá del interés por el involucramiento en las actividades por el bien de la comunidad, reflejando una baja concepción de la realidad actual política local y nacional.
Un análisis planteado por Carrión-Torres et al. (2019) sobre la democracia en Ecuador, resume que, tanto en América Latina, como en dicho país, la democracia participativa, se constituye en un valioso elemento que dispone la ciudadanía para ser un miembro activo dentro del entorno político, donde pueda defender la libertad, exponer su necesidad, realidades, intereses y obtenga un espacio de “catarsis comunitaria”. Se acota que, para estos autores, todo el movimiento de participación ciudadana” se origina a raíz de que los habitantes de Ecuador y otros países de Suramérica, se agotaron de tantos actos de corrupción atravesados.
Dentro del presente investigación se menciona un interesante trabajo y planteamiento ejecutado por Cantos-Cortez & Esparza-Aguirre (2022), quienes resumen que entre el año 2007 y 2017, es decir, el periodo del “Corre ismo”, se impulsó un cambio de estructura del estado que tuvo su origen entre el año 2007 y 2009, para posteriormente dar paso a una institucionalización de la participación ciudadana como recurso para superar todo el descontento político que acarreaba Ecuador. Dentro de los nuevos planteamientos, se destaca el Plan nacional de Desarrollo 2007 - 2010, el cual promulgo la participación de la comunidad, con el fin de que se involucre en las decisiones políticas del país. Otro empuje fue el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, que dentro de su objetivo 10, propone garantizar la participación pública y política, además se incluye el impulsar la participación ciudadana y organización social mediante los diferentes mecanismos del Estado.
Por otra parte, se recalca que el déficit de control social, da como resultado, la disgregación de entidades que tienen relación con la sociedad civil.
El déficit de control social se refleja en la disolución de organizaciones de la sociedad civil, esta medida se materializó a través de la emisión del Decreto 1613, el cual tiene por objeto de establecer instancias, mecanismos, instrumentos, requisitos, y procedimientos adecuados para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales -SUIOS-, como garantía e incentivo del derecho de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, a asociarse con fines pacíficos en toda forma de organización libre, igualitaria y lícita de la sociedad. En este sentido, también se puede citar la emisión del Decreto 739 que tenía por objeto homologar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica de las organizaciones sociales y ciudadanas. Los decretos mencionados fueron creados supuestamente para organizar mejor al sector civil, sin embargo, éste se convirtió en un instrumento del ejecutivo para controlar, acallar y limitar a las organizaciones de la sociedad civil, lo que lleva a la vulneración del derecho fundamental de libre asociación (suscrito en tratados internacionales y en la misma Constitución), en este sentido, se puede interpretar todos estos hechos, como un “maquillaje de la “participación ciudadana”. El fin de la emisión de ambos decretos era disolver algunas organizaciones sociales, para lo cual se establecieron tres causales de disolución: desviarse de los fines para los que fueron constituidas, dedicarse a actividades políticas partidistas, y atentar contra la seguridad del Estado. Entre las organizaciones disueltas llaman la atención la Fundación Pachamama (en 2013) y la Unión Nacional de Educadores (en 2016), esta última disuelta por un tema formal de “no registrar la directiva”.13. Expedido el 4 de junio de 2013.14. Expedido el 3 de agosto de 2015.
Complementado la idea expuesta en el párrafo anterior, la carencia de control social, es reflejada en la eliminación de organizaciones de la sociedad civil, esto evidenciado en el Decreto 1613, el cual pretende establecer las normativas e instancia, proceso, cumplimientos, requisitos para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales SUIOS. Esto como propuesta para que los cuídanos ejerzan los derechos de manera independiente, también en lo referente a las comunas, pueblos, colectivos y otros grupos sociales. Este autor valientemente dentro de su investigación expone que, todos estos organismos que fueron creados, aparentemente para motivar y organizar el sector civil, se transformó en un mecanismo para “manejar”, silenciar, y recortar el derecho a la libre asociación (suscrito en tratados internacionales y en la misma Constitución) (Cantos-Cortez & Esparza- Aguirre, 2022).
Conclusiones
Entre las principales conclusiones dentro del presente trabajo, se concluye que la “participación ciudadana”, es un valioso recurso que permite el involucramiento de la sociedad civil, diversos grupos, agrupaciones y otros conglomerados que en resumen buscan la defensa de una serie de necesidades y derechos de la comunidad. En segundo término, se idéntica que los “movimientos de participación comunitaria” tiene su origen en base de la serie de actos de corrupción que ha experimentado esta zona de continente. En Ecuador en el año de 1998 a través de Constitución, se da un gigantesco paso de evolución al impulsar la participación ciudadana, al llegar el “Correino”, el país experimenta un mayor impulso en este sector, si bien es cierto, inicialmente parecía que el proceso democrático de involucramiento de la comunidad era amplio y abierto, los estudios, y en concordancia con los criterios de las diversas exploraciones bibliográficas investigadas, se puede definir que existió la creación de una serie de entidades que debían promover la “participación ciudadana”, sin embargo, los actos de corrupción, la falta de una continuidad y los constantes cambios dentó del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), no han cumplido con satisfacción sus funciones, por tal razón en el año 2021 se propuso la eliminación de este organismo, para devolver a la amble estas funciones de protección de los derechos civiles y promoción del involucramiento de la ciudadanía dentro de los actos políticos comunitarios, pues esta es una poderosa herramienta que dispone la sociedad.
Por otra parte, se acota que la revolución ciudadana conto con serie de recursos, entre ellos los medios incautados a la familia Isais, además se generó una serie de modificaciones a la constitución y se creó una serie de nuevas normativas, que al final de los diez años de la presidencia del Econ. Rafael Correa, impulsaron el involucramiento social en los actos del estado, pero a la vez se limitó el crecimiento de una serie de organizaciones sociales, se margino en gran magnitud la opinión pública al controlar la mayor parte de medios de comunicación, generando una imagen de participación social “revolucionaria” dentro del país, además se proyectó una imagen de la gobernabilidad, donde se “involucraba continuamente” que el territorio se encontraba en riesgo, esto debido a los opositores del régimen.
En lo que se riere al “control social”, este no tuvo el impacto esperado, se destaca que este se constituye en una “bifurcación de la participación ciudadana”, pues consiste en el involucramiento en actos que se vinculen al control de la administración pública, siendo una fuerte gestión que no ha sido explotada. Finalmente se destaca que en Ecuador falta mucho por desarrollar en cuanto al desarrollo del involucramiento de los actores sociales en los procesos políticos y constitucionales.
