Servicios personalizados
Español (pdf)
Articulo en XML
Referencias del artículo
Enviar articulo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
Introducción
América Latina y el Caribe está muy distante de ser considerada como una región de alto desarrollo, de hecho, es señalada como la región más desigual del planeta (OXFAM, 2016, p. 6).
La actuación histórica del panamericanismo y sus políticas derivadas hacia la región; el retorno después de varios años a la asunción del modelo neoliberal de desarrollo en la mayoría de los países del subcontinente; la falta de cooperación entre las naciones de la región en función del desarrollo, apostando de nuevo hacia vínculos con elementos externos; han continuado impulsando la tendencia de la desigualdad, así como los procesos de fragmentación social al interior de las sociedades latinoamericanas y caribeñas y en el ámbito continental.
Por tanto, el proyecto emancipador y unificador histórico, planteado desde la etapa independentista y aún irrealizado, tiene mucho que aportar en relación con el fomento de los valores que tributan al desarrollo de América Latina y el Caribe (Colomer, 2007).
La COVID-19 ofreció la oportunidad de valorar la coordinación existente entre los miembros de las diferentes plataformas integracionistas latinoamericanas, pero estas no se mostraron cohesionadas y coordinadas tal y como podría esperarse de organizaciones con vocación de unir y apoyar solidariamente a sus vecinos. La disparidad en políticas y acciones emprendidas por cada uno de los gobiernos es alarmante y peligrosa ante un evento único en la historia de la humanidad, por tanto, explorar y analizar las causas del accionar descoordinado de las diferentes plataformas integracionistas de América latina y el Caribe y plantear algunas reflexiones metodológicas sobre el futuro posible de la integración regional pospandemia son los objetivos del presente trabajo.
Importancia y necesidad de la integración regional
En la contemporaneidad, el proceso de globalización de la economía mundial como etapa del desarrollo del capitalismo se caracteriza por el aumento de los lazos de interconexión e interdependencia con la ocurrencia, además, de una revolución científico-técnica, identificada por el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el transporte, así como de las biotecnologías y bioingenierías.
El proceso de globalización está muy relacionado con el proceso de regionalización de la economía, o formación de bloques regionales que responden a la lucha por la hegemonía en el comercio internacional o al menos la obtención de un espacio vital en el mercado internacional, que permita el intercambio sistemático de los productos y servicios. El fenómeno de regionalización contrasta con el proceso de globalización, pero los dos son expresión contemporánea del desarrollo del sistema de la economía internacional, son dos tendencias de un mismo proceso que desembocan en la economía mundial integrada globalmente.
Muy vinculada a estos procesos, la integración económica ha ido adquiriendo mayor complejidad e importancia en la economía mundial. En el contexto regional, procesos de integración entre países desarrollados como la Unión Europea, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte manifiestan ser productos del desarrollo de las fuerzas productivas, dado que la necesidad de un espacio económico ampliado para incrementar la valorización del capital acumulado da lugar a la promoción de esquemas de integración basados en el libre comercio para las naciones de la periferia del sistema, mientras que aquellos asumen una forma sumamente proteccionista hacia el interior de las economías desarrolladas que los conforman. Dichos modelos de integración son resultado de las necesidades de acumulación capitalista a escala internacional.
Las formas y mecanismos de integración regional responden a diversas necesidades y dinámicas económicas (Ramírez, 2014), pero además responden a necesidades geopolíticas.
En el caso de América Latina, además de las bondades que puede ofrecer la cooperación regional, la necesidad de integración regional estuvo y está acicateada por la defensa de las soberanías nacionales de los países del conglomerado latinoamericano y caribeño ante la voracidad imperial de los Estados Unidos de América respecto a la porción de territorio que se extiende al sur del Río Bravo. Es por ello que José Martí en el siglo XIX llamó insistentemente a la unidad continental en aras de alcanzar la segunda independencia (Martí, 1992).
Lógicamente, en el ámbito económico la integración latinoamericana y caribeña además entrañaba desarrollo, ya que la naturaleza cooperativa de las interacciones económicas en el marco de la integración regional debe propiciar desarrollo (Ramírez, 2014).
Pero la cualificación de la interacción o la interdependencia que generan los procesos integracionistas como cooperación es importante, porque el simple hecho de pertenecer a uno u otro bloque regional no es en absoluto una premisa segura de desarrollo.
Si bien la premisa de la que parten los procesos de integración como generadores de desarrollo es la liberalización del comercio y la eliminación de barreras de los factores de producción, realmente ello tributa a la creación de mercados ampliados en países de la periferia que beneficia la valorización del capital acumulado en los Estados del centro del sistema capitalista mundial, acentuando la posición de desventaja de los menos avanzados, por tanto el asunto no es simplemente integrarse, sino tener claridad de: ¿Con quién me integro?; ¿para qué me integro? y ¿cómo me integro?
La dimensión axiológica de la integración regional latinoamericana y caribeña
Los procesos de integración regional no pueden definirse como una simple agrupación de países en función del comercio. Incluso en el ámbito puramente económico esta apreciación es muy simplista, porque si la integración no ofrece otra cosa que intercambios de bienes y servicios y no propone un salto de avance en busca del desarrollo de los menos favorecidos, dicha integración no tiene sentido para estos.
Acá no se abundará sobre las razones económico-comerciales para la integración regional latinoamericana, pues ellas han sido abundantemente explicadas por varias instituciones económicas regionales e internacionales (Banco de Desarrollo de América Latina/Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos [CAF/CEPAL/OCDE], 2013).
Se insistirá en la idea de integración supranacional, lo que implica en buena medida cooperación y solidaridad, en función de la construcción de una plataforma compartida, que propicie de mejor manera el desarrollo de manera integral.
Lo latinoamericano y caribeño no es la simple sumatoria de países de una región geográfica, o el enunciado de características comunes de un grupo de países que supondrían afinidad, sino una construcción de “lo compartido” (Romero, 2007) deseable y necesaria ante los embates de la globalización neoliberal, la cual acrecienta relaciones de subordinación internacionales ya existentes, por ello se precisa de una orientación específica para dicha construcción consciente (Guadarrama y Romero, 2007; Romero, 1997; Romero et al., 2005).
La integración se asume como valor complementario al proceso de desarrollo y ello ocurre más allá de una visión economicista (Ramírez, 2014). Aunque una de las principales motivaciones para la integración entre países ha sido la economía, también tienen un significativo nivel de importancia los aspectos e intereses políticos entre las partes integradas, al igual que las afinidades culturales e identitarias “(…) estas afinidades se encuentran a menudo en una comunidad de orígenes históricos, étnicos y culturales” (De Lombaerde, 2007, p. 271).
A escala global los procesos integracionistas han estado orientados por determinados propósitos o valores que los hacen atrayentes. Esos valores o propósitos de cada plataforma integracionista son atrayentes cuando son coherentes con las necesidades reales de los miembros efectivos de cada asociación específica.
En el caso que nos ocupa: la salud pública, el punto de partida del análisis está directamente relacionado con la inversión social en salud, por lo que brevemente expondremos esta situación en América Latina, a partir de indicadores como el gasto destinado a la salud (tabla 1) y el número de camas en hospitales por habitante (tabla 2).
Tabla 1 Inversión en salud en América Latina
| País | Gasto per cápita (US$ PPP) | Gasto público (% PIB) | Gasto privado (% PIB) |
| 1. Cuba | US$ 2.486 | 10,6% | 0,5% |
| 2. Chile | US$ 2.229 | 4,9% | 3,2% |
| 3. Uruguay | US$ 2.102 | 6,4% | 2,8% |
| 4. Argentina | US$ 1.917 | 4,9% | 1,9% |
| 5. Panamá | US$ 1.795 | 4,3% | 2,6% |
| 6. Brasil | US$ 1.472 | 3,8% | 5,0% |
| 7. Costa Rica | US$ 1.237 | 6,2% | 2,0% |
| 8. Colombia | US$ 1.039 | 4,1% | 1,8% |
| 9. México | US$ 1.036 | 3,1% | 2,8% |
| 10. Rep. Dominicana | US$ 986 | 2,5% | 3,3% |
| 11. Ecuador | US$ 959 | 4,2% | 4,3% |
| 12. Paraguay | US$ 867 | 4,2% | 3,6% |
| 13. Perú | US$ 681 | 3,2% | 2,0% |
| 14. El Salvador | US$ 583 | 4,4% | 2,5% |
| 15. Nicaragua | US$ 506 | 4,4% | 3,0% |
| 16. Guatemala | US$ 475 | 1,8% | 3,8% |
| 17. Bolivia | US$ 462 | 4,4% | 1,9% |
| 18. Honduras | US$ 395 | 2,9% | 4,1% |
| 19. Haití | US$ 146 | 0,7% | 2,8% |
| 20. Venezuela | US$ 141 | 1,5% | 1,7% |
Tabla 2 Número de camas en hospitales por habitante
| País | Camas en Hospitales / 10.000 habitantes |
| 1. Cuba | 52 |
| 2. Argentina | 50 |
| 3. Uruguay | 28 |
| 4. Panamá | 23 |
| 5. Brasil | 22 |
| 6. Chile | 22 |
| 7. Perú | 16 |
| 8. Rep. Dominicana | 16 |
| 9. México | 15,2 |
| 10. Colombia | 15 |
| 11. Ecuador | 15 |
| 12. El Salvador | 13 |
| 13. Paraguay | 13 |
| 14. Costa Rica | 11,6 |
| 15. Bolivia | 11 |
| 16. Nicaragua | 9 |
| 17. Venezuela | 8 |
| 18. Haití | 7 |
| 19. Honduras | 7 |
| 20. Guatemala | 6 |
Fuente: BBC News Mundo. Marzo, 2020.
Como se aprecia, la intencionalidad de cada Estado-nación de la región ha sido diferente, países más ricos económicamente no invierten lo suficiente en el principal recurso de la existencia y preservación del género humano: la vida humana.
Vistas estas desigualdades entre países, las plataformas integracionistas de la región deberían trazarse como meta la cooperación en función de haber minimizado sus debilidades estructurales, pero no fue así, los mecanismos de integración regional no funcionaron con los niveles de cooperación y compenetración necesarios, o no se solidificaron nunca, pues fueron saboteados desde fuera y desde dentro, con lo cual las plataformas de integración regionales poco han podido hacer en función de la solución de los problemas asociados a la pandemia de la COVID-19.
La actuación desigual, descoordinada e incoherente ante la COVID-19
El funcionamiento de México en la presidencia pro témpore de la Comisión de Estudios para Latinoamérica y el Caribe (CELAC) en medio de la crisis de la COVID-19 indica cuánto puede y podría hacerse desde un organismo de integración regional para América Latina y el Caribe ante una crisis de cualquier tipo.
“En octubre de 2019, México comenzó a elaborar el plan de trabajo que buscaría ejecutar en el marco de su presidencia en la CELAC, e incluyó como proyecto prioritario el análisis y monitoreo de virus y bacterias en la región, así como la resistencia que están generando hacia los medicamentos” (Guadarrama y González, 2020, s.p.), para el 8 de enero el plan fue aprobado por consenso en la reunión ministerial de CELAC y se desarrollaron, como destacan Guadarrama y González (2020), varias acciones:
Encuentro de especialistas CELAC para el monitoreo del coronavirus, con virólogos de la región latinoamericana y caribeña.
Establecimiento de una red de especialistas regionales a fin de atender y desarrollar investigaciones que permitan prevenir riesgos de contagios y combatir las enfermedades ya existentes dentro de la región.
Campaña de comunicación y compartir las experiencias de la prevención y tratamiento de los brotes emergentes.
Creación en el mediano plazo de la Red de Expertos en Agentes Infecciosos y Enfermedades Emergentes y Re-emergentes de la CELAC, un mecanismo de identificación, vigilancia y control de virus y bacterias, así como ser un frente común ante emergencias virales regionales o universales.
En el largo plazo, se planteó impulsar la creación de un centro de investigación regional para desarrollo de vacunas y el estudio de los virus presentes en la región.
A pesar del aparente consenso expuesto por los cancilleres y delegados de los diversos países en las reuniones organizadas por México al frente de CELAC, el comportamiento de los Estados-nación latinoamericanos no ha sido coherente y homogéneo ante la pandemia de la COVID-19.
CELAC no se ha podido consagrar materializando estas propuestas ante la crisis por falta de unidad en los enfoques para solucionar la crisis. Ello está asociado a que en la región han estado ocurriendo fenómenos de desintegración impulsados tanto desde elementos latinoamericanos como elementos externos como EE.UU., que requieren de la desunión regional para utilizar a Latinoamérica y el Caribe como reservorio de materias primas y mano de obra barata.
Comencemos por los costos de los test para detectar el virus en los diferentes países.
Según publica el sitio Kaos en la Red (ÚN, 2020) los costos para la detección del virus en la región son muy desiguales:
México
Los hospitales públicos mexicanos realizan los test de coronavirus en forma gratuita. En los laboratorios de clínicas privadas el test se consigue por precios que oscilan entre 6 000 (en torno a 252 dólares) y 10 000 pesos mexicanos (alrededor de 420 dólares).
Los tests tienen un costo de producción de alrededor de 2 300 pesos mexicanos (unos 96 dólares). En rueda de prensa, el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, explicó que los hospitales privados están habilitados a obtener ganancias con los tests de COVID-19, pero instó a las empresas a “no abusar” con los precios.
Chile
El ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, anunció el 27 de febrero de 2020, cuando el ingreso del coronavirus a ese país sudamericano era inminente, que el Fondo Nacional de Salud cubriría parte de los costos de los test para identificar COVID-19. La medida obedeció a que el Gobierno de Sebastián Piñera detectó que algunos laboratorios privados llegaban a cobrar 120 000 pesos chilenos (unos 140 dólares) por los test.
El Gobierno chileno debió implementar una segunda medida de control el 24 de marzo, fijando un tope de 25 000 pesos (29,36 dólares) para los exámenes para detectar coronavirus. Los precios de las clínicas privadas chilenas alcanzaban entre 50 000 pesos (58,71 dólares) y 60 000 (70,46 dólares).
Ecuador
El 18 de marzo, el Gobierno ecuatoriano dispuso un tope máximo de 80 dólares para los test ordenados por un médico de Salud Pública y de 120 dólares si son ordenados por un médico privado.
Paraguay
Los exámenes realizados por la autoridad sanitaria para detectar COVID-19 se realizan en el Laboratorio Central de Salud Pública. De todos modos, el Gobierno decidió a mediados de marzo habilitar algunos laboratorios privados para que también pudieran realizar estudios a particulares, siempre que sientan síntomas relacionados con el coronavirus. Los laboratorios privados cobran cerca de 770 000 guaraníes (unos 116 dólares). Por el momento, no se establecieron topes a las ganancias de los laboratorios privados.
Perú
El Gobierno anunció que los costos tanto de los test para diagnosticar la enfermedad como los tratamientos posteriores serían cubiertos totalmente por el Seguro Integral de Salud (SIS). Para el Estado peruano significa un costo de 16 soles (4 dólares) por cada prueba rápida y 200 soles (58 dólares) para cada prueba molecular.
Brasil
Los tests para detectar el coronavirus están cubiertos por el Sistema Único de Salud para los pacientes indicados. Los costos de las pruebas en laboratorios privados pueden llegar a los 360 reales (cerca de 70 dólares).
Colombia
Su capacidad de testeo está centralizada en el Instituto Nacional de Salud (INS), que paga 330 000 pesos colombianos por cada prueba (unos 80 dólares).
Argentina
Hasta mediados de marzo, Argentina centralizó todos sus tests para diagnosticar COVID-19 en el laboratorio central de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán, organismo estatal dedicado a la coordinación de los laboratorios públicos del país.
Ante la multiplicación de casos, la capacidad de testeo se extendió a laboratorios de universidades públicas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Tierra del Fuego. Si bien algunos laboratorios privados han colaborado, lostest siguen siendo gratuitosy realizados por instituciones públicas, siempre que se trate de “casos sospechosos”.
Uruguay
El Ministerio de Salud Pública uruguayo presentó un mecanismo por el que los pacientes a los que un médico ordene realizar un test obtienen fecha y hora para realizarlo de forma segura y sin salir de su vehículo, algo similar a lo implementado en Corea del Sur. En esos casos, el test será gratuito. Los laboratorios privados también lo ofrecen y pueden llegar a cobrar unos 6 000 pesos uruguayos (137 dólares), según consignó el diario El País.
Venezuela
Los exámenes para detectar COVID-19 songratuitos. Los usuarios que tengan síntomas pueden realizarse el test en cualquier centro de salud para que luego sean procesados por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel.
Análisis de la actuación gubernamental y su impacto en las respectivas poblaciones
Por su parte la Redacción de BBC News-Mundo (2020, 4 de abril) en un reportaje del 4 de abril ilustra la disparidad en el abordaje de la pandemia por parte de varios gobiernos latinoamericanos, destacando acciones positivas de gobiernos como el chileno y el peruano por un lado; mientras destacaba el drama que vive Ecuador ante la pandemia, en donde en la ciudad de Guayaquil (la más populosa de ese país) los muertos estaban en las calles sin recibir sepultura y la crisis se abalanzaba hacia lo sectores poblacionales más vulnerables. Mientras, las autoridades gubernamentales se culpan unas a otras y la falta de coordinación entre los entes gubernamentales se hace cada vez más visible.
Hay que recordar que el presidente de ese país dio por terminada la colaboración médica con Cuba y despidió a más de 600 profesionales de la salud que, en el marco de acuerdos del ALBA-TCP, prestaban sus servicios en dicho país, y siguiendo los dictados de Washington se salió de la plataforma de integración ALBA y también abandonó UNASUR. Asimismo, eliminó la sede central de dicha plataforma integracionista y para rematar pagó 325 millones de dólares a los acreedores de la deuda, aun cuando no tenían suficiente ni para comprar mascarillas en medio de la pandemia (Pintado, 2020).
El propio reportaje de BBC-Mundo enfatiza en la arriesgada apuesta de Jair Bolsonaro, al negar la gravedad de la pandemia. Al respecto los redactores británicos, citan a Brian Winter, editor en jefe de Americas Quarterly, una publicación de análisis sobre América Latina: “Jair Bolsonaro se encuentra solo en este momento. Ningún otro importante líder niega la severidad de esto hasta donde lo hace él y, dependiendo de cómo salgan las cosas, esa estrategia podría costar muchas vidas en Brasil” (Redacción BBC News-Mundo, 2020, 4 de abril).
Respecto a Brasil también vale recordar que luego del juicio político a Dilma Rouseff, las élites de poder brasileñas y el recién electo presidente Bolsonaro inmediatamente se sumaron a la campaña de desprestigio en contra de las brigadas médicas cubanas y su labor humanitaria a nivel internacional y eliminaron el contrato que a través de la OPS tenían con la mayor de Las Antillas sacando del servicio a miles de médicos cubanos y dejando desprotegidos muchos de los barrios populares en donde hoy se ceba la COVID-19, convirtiendo a Brasil en el centro de la pandemia en América Latina. Además, Brasil, al igual que Ecuador, abandonó UNASUR, en donde estaría instalado el centro de salud de esta plataforma integracionista, con lo cual obviamente no pueden contar para enfrentar esta crisis sanitaria.
Otro caso que muestra incoherencia respecto a la COVID-19 es el de Bolivia. El Gobierno de facto de Jeanine Áñez se apuró en sacar del país a los médicos cubanos, que través del ALBA TCP, participaban en el fortalecimiento del sistema sanitario de dicho país, y además no ha querido de manera alguna que vuelvan brigadas médicas al país, a pesar de tener el número de pruebas más bajo de Latinoamérica y cuando el actual gobierno no logra ni siquiera coordinar las acciones de política sanitaria entre el gobierno central y las gobernaciones autonómicas (Gómez y Pérez, 2020).
Añez está siendo cuestionada por un sinnúmero de organizaciones sociales populares que plantean a la altura del 10 de mayo que:
“Escasean los tests, y los pocos que hay parecen ser solo para privilegiados como familiares de ministros. Alquilan lujosos hoteles en vez de acondicionar los hospitales que estaban por entregarse y los ya existentes. (…) El único plan del Gobierno frente a la pandemia es la represión, y sabemos que las balas y las botas no podrán nunca vencer a un virus. Mucho menos sucederá eso cuando no han sido capaces de equipar ni capacitar a médicos ni enfermeras, como tampoco a las Policía ni a las Fuerzas Armadas (…)”. (Resumen Latinoamericano, 2020a, s.p., punto 1)
Agregan:
“Con el pretexto de supuesta sedición o apelando falsamente a la “salud”, el régimen ha restringido el derecho a la libertad de expresión, cerrando medio centenar de radios comunitarias, encarcelando y enjuiciado a ciudadanos tan solo por publicar sus opiniones. Han judicializado la política e inventan todo tipo de recursos para procesar a sus adversarios. Han violado el derecho de miles de compatriotas de ingresar a su propio país, y, como si el Estado fuese su rancho familiar, han violado también su propia cuarentena al usar bienes públicos en provecho de amigos de Jeanine Añez y sus colaboradores. Y, mientras hacían esto, decenas de bolivianos han muerto por enfermedad, por hambre o aún por desesperación quitándose la vida”. (Resumen Latinoamericano, 2020a, s.p., punto 4)
Otros gobiernos latinoamericanos tampoco han actuado convincentemente ante la pandemia, la descoordinación y la incoherencia, tanto en el ámbito internacional y regional como en el escenario de cada país, ha sido un común denominador para casi todos.
Así encontramos un gobierno colombiano de la ciudad capital que está desalojando familias en medio de la pandemia (Resumen Latinoamericano, 2020c); en El Salvador a pesar de las promesas del gobierno al inicio de la crisis sanitaria respecto a que no habría despidos, la empresa privada ha comenzado con una ola de despidos en plena cuarentena especial obligatoria. Son despidos disfrazados de suspensiones laborales (Resumen Latinoamericano, 2020d); en el Perú el gobierno (es decir, el MINSA y el Vice-ministerio de Interculturalidad del MINCUL) pretenden hacer creer que hacen algo. Publican el Decreto Legislativo 1489 de “medidas extraordinarias y urgentes” para enfrentar la COVID-19 entre los pueblos indígenas. Pero la norma no dice nada nuevo (Huaco, 2020) y la situación de las comunidades indígenas sigue sin estrategia coherente ante la COVID-19; mientras que en Chile el gobierno de Piñera no cumple su rol respecto a la población y trabaja solamente en beneficio de los poderosos, y en vista de ello:
“(…) ha fomentado el despido laboral, generado medidas de desprotección, incrementando las rebajas salariales y la precarización laboral, afectando con ello a millones de personas que quedan sin trabajo, sin resguardo legal y sin ayuda material. Junto con ello, no ha tenido ninguna actitud efectiva para limitar los cobros de los servicios básicos o simplemente asumir como Estado los costos de éstos (agua, luz, gas, salud, transporte público, telefonía, internet), ni menos aun de asumir el otorgamiento de un sueldo básico de emergencia y de una canasta básica de artículos de consumo de primera necesidad”. (Resumen latinoamericano, 2020b, s.p., cuarto párrafo)
Por otra parte, pero continuando con la esencia de este accionar, como argumentan Malamud y Núñez (2020), los ejecutivos de los diferentes países han tomado una serie de medidas que muchas veces no tienen en cuenta las realidades económicas de los pueblos, ya que gran cantidad de la población está ocupada en el sector informal de la economía y no puede quedarse tranquilamente en casa sin ir a trabajar por no contar con un auxilio gubernamental. Por ello es interesante destacar como un grupo de países ha tomado medidas severas ante la crisis, otros gobiernos han implementado medidas intermedias y unos terceros medidas parciales o flexibles. Entre los países que han tomado medidas drásticas se encuentran (Malamud y Núñez, 2020):
Perú. Cuarentena general y obligatoria hasta el 30/III/2020 con prórroga y ampliación del toque de queda de 6 p. m. a 5 a. m.
Ecuador. Estado de excepción. Toque de queda de 9 p. m. a 5 a. m. El 24de marzo de 2020 se amplió el toque de queda.
Venezuela. Cuarentena general y obligatoria.
Honduras. Cuarentena parcial con toque de queda.
Argentina. Cuarentena general y obligatoria hasta el 31 de marzo de 2020.
El Salvador. Cuarentena general y obligatoria hasta el 21 de abril de 2020.
Bolivia. Cuarentena general y obligatoria hasta el 4 de abril de 2020.
Colombia. Cuarentena general y obligatoria e indefinida hasta el 19 de abril de 2020.
Panamá. Cuarentena general, obligatoria e indefinida.
En el grupo de países con medidas intermedias se encuentran Chile, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Guatemala. En estos se excluyen las cuarentenas obligatorias. Las particularidades acá son las siguientes:
Paraguay. Suspensión de clases y prohibición de eventos y actividades con aglomeración de personas durante 15 días; emergencia sanitaria que restringe por ocho horas el movimiento de personas y vehículos; extensión del período de aislamiento total hasta el 12 de abril de 2020.
Uruguay. Suspensión de clases y eventos multitudinarios hasta el 13 de abril de 2020. Cierre de fronteras a los extranjeros y prohibición de salir del país por turismo.
Chile. Decreto de “estado de catástrofe” por 90 días y toque de queda nocturno.
República Dominicana. Toque de queda desde las 8 p. m. hasta las 6 a. m.
Guatemala. Toque de queda hasta el 31 de marzo de 2020.
Mientras que en el grupo que ha implementado medidas flexibles están México, Brasil, Nicaragua y Cuba. Estos países actúan sin cuarentena obligatoria y con ciertas restricciones de movimientos, pero no en su totalidad. Sus peculiaridades son:
México. Sin cuarentena, pero suspensión de actividades no esenciales del sector social, público y privado.
Brasil. “Estado de calamidad pública” con cierre de fronteras terrestres, prohibición de cruceros turísticos.
Nicaragua. Ausencia de medidas de distanciamiento social. 250 000 brigadistas inician visitas casa por casa compartiendo y explicando las medidas de prevención, higiene y seguridad.
Cuba. Cierre de sus fronteras, pero no a residentes ni al comercio. Los viajes de cubanos entre provincias fueron restringidos, así como las salidas del país. Se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles de enseñanza.
Según Malamud y Núñez (2020):
“América Latina se muestra nuevamente heterogénea al afrontar la crisis, esta vez desde el punto de vista presidencial. Los presidentes de las dos potencias regionales (Brasil y México) han desplegado un catálogo de actitudes que han ido desde la irresponsabilidad a la falta de congruencia y coherencia entre sus decisiones, actos y palabras. En ambos casos, Bolsonaro y López Obrador han desistido de ejercer ningún liderazgo regional. Por una parte, la CELAC (México ejerce la presidencia pro témpore), poco ha hecho. Si bien en su plan de 14 puntos, discutido en enero, había uno relativo a la creación de una red de vigilancia epidemiológica regional, poco se ha hecho en coordinación política. En Prosur, Sebastián Piñera ostenta su presidencia pro témpore y convocó la conferencia virtual que abordó el problema de una mayor cooperación regional en esta lucha. En esta ocasión Bolsonaro ha decidido tener un papel secundario y sin ningún protagonismo”. (Malamud y Núñez, 2020, p. 6)
En fin, ambos investigadores insisten en la falta de coordinación y coherencia en la región ante la pandemia y auguran un empeoramiento de la situación, pues según ellos:
“las sociedades latinoamericanas llegan a estas crisis muy sensibilizadas y con un alto grado de desafección hacia unas clases dirigentes que han defraudado reiteradamente las expectativas y unos aparatos del Estado ineficaces, ineficientes y penetrados por la corrupción. Los pequeños intereses políticos, la falta de coherencia y el tacticismo de algunos presidentes pueden tener grandes consecuencias en una situación de crisis como la actual y, sin duda, tendrá un elevado coste político cuando regrese la normalidad y se acabe la tregua virtual que partidos políticos y movimientos sociales mantienen en estos momentos”. (Malamud y Núñez, 2020, p. 11).
Uno de los bloques integracionistas que se destruyó en vísperas de la pandemia fue UNASUR. Como ya hemos ido planteando, varios países lo fueron abandonando por razones políticas. Hacia 2018, la mitad de los miembros de la organización: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, anunciaron su retiro de ella, declararon que se encontraba inoperante al no tomar medidas respecto a la situación en la que se encontraba Venezuela y caracterizaron al organismo como ineficaz (González, 2019).
Pero el caso de UNASUR es muy ilustrativo acerca de la dificultad que entrañan los esfuerzos de integración en la región latinoamericana y caribeña, pues el sesgo político que refleja la contradicción entre emancipación e independencia en la que se mueve la región de nuevo cobró otra víctima a los procesos de integración regional.
Es importante destacar que UNASUR poseía una propuesta regional para gestionar la salud del bloque de países que lo integraban y que de haber estado funcionando como se estipulaba hubiese podido paliar la propagación de la actual pandemia y mitigar sus efectos. Pero incluso si nos centramos solamente en el proceso de UNASUR-Salud veremos como cualquier intento de cooperación en la región está atenazado por la contradicción antes expresada.
Como plantea Gonzalo Basile (2019) el proyecto UNASUR-Salud, iniciado en 2008, fue absorbido por la corriente panamericanista de gestión de salud que predomina en el continente americano.
El estudio realizado por Basile (2019) permite asegurar que el panamericanismo continuó siendo hegemónico en la agenda, las cooperaciones, las formaciones de las diplomacias sanitarias y la definición de políticas regionales, y el regionalismo posneoliberal fue incapaz de construir una agenda sanitaria propia en el sentido emancipatorio de la soberanía sanitaria. Sobre este segundo punto, Basile en un trabajo anterior sobre el mismo tema destaca lo siguiente:
“Las diplomacias sanitarias liberales, formadas bajo los presupuestos del panamericanismo sanitario y la expansión del complejo político liberal, quizás sea una de las explicaciones de los magros logros. Aunque hubo intentos de lecturas híbridas de dichas tecnocracias, en gran medida, muchas de las iniciativas del regionalismo político sanitario quedaron en manos de diplomacias de salud que fueron formadas y preparadas para reproducir una y otra vez la agenda global”. (Basile, 2019, p. 17)
Las propias tecnoburocracias estatales de los países vinculados a UNASUR-Salud hicieron inviables las políticas emancipatorias de salud de la región que representaban y no fue posible estructurar un proceso de política sanitaria Sur-Sur independiente de la agenda global de los organismos internacionales como el Bando Mundial; la OPS-OMS; el complejo médico, industrial, farmacológico, financiero; y otros actores globales y regionales de salud. En ello, si bien influyeron factores externos, también hubo elementos internos que estaban bien arraigados en los llamados gobiernos progresistas que impidieron la realización de una política pública de salud integracionista, emancipatoria y autónoma. Como dice Basile (2019):
“El andamiaje estructurado en los ´80 y ´90 por el complejo político liberal y el reformismo neo-liberal (en la sociedad, en el gobierno del Estado y en las relaciones internacionales y regionales), con las radicales reformas al Estado, el regionalismo abierto y la consolidación de sociedades de mercado polarizadamente desiguales, injustas (…) dejaron cimientos y huellas perdurables que quizás fueron subestimados por las experiencias recientes de integracionismo político regional y ciclo de gobiernos de cambio”. (Basile, 2019, p. 26)
En Centroamérica, entretanto, la plataforma integracionista SICA (Sistema de Integración Centroamericano) tampoco pudo propiciar el funcionamiento de un esquema de salud homogéneo ante la COVID-19. Los países integrantes del SICA tienen una infraestructura de salud fragmentada, pues excepto Nicaragua todos asumen políticas económicas neoliberales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), en 2018 ninguno de los países de la subregión contaba con un número elevado de camas de hospital por cada 1 000 personas, asunto que impactó directamente sobre la atención a la población en medio de la pandemia.
Por otro lado, y producto de la crisis aumentada por la presencia de la COVID-19, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA, 2020) estimó como pronóstico para Centroamérica una tasa de crecimiento en 2020 negativa entre -2,9 y -6,9%, luego de un crecimiento real en 2019 de 2,0%, lo que impactará directamente en la economía doméstica de las poblaciones de dichos países.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020), la COVID-19 impactará en el sector de servicios y dentro de ellos específicamente el turismo, con una estimación de su descenso por los niveles en que compromete al PIB, donde en orden descendente calculan para Panamá un 6,8%, Costa Rica un 6,3%, Guatemala un 6% y Nicaragua un 3,1%.
Según Rogoff (2020) la pandemia implicará un fuerte choque de oferta y demanda. Los países centroamericanos son dependientes de suministros que ofrecen las cadenas globales de valor, y se verán reducidos los insumos, los cuales proceden en su mayoría del país más afectado por la pandemia: Estados Unidos.
Además, la contracción en el consumo de los hogares por la pérdida de poder adquisitivo tendrá efectos en el corto plazo. En este escenario, la CEPAL (2020) calculó para América Latina y el Caribe una disminución de un 5% en los ingresos de la población económicamente activa y vaticinó un aumento de 23 639 000 personas que vivirían en la pobreza con respecto a 2019.
Otro bloque integracionista que no escapa a los conflictos internos en medio de la pandemia es Mercosur. La Argentina ha planteado inconformidades con la forma en que el bloque establece relaciones comerciales con actores externos, “pues eran perjudiciales para el país, porque se trataba de acuerdos de libre comercio con países que producen bienes que compiten directamente con la industria local. La conclusión fue que, en este escenario más complejo todavía debido a la pandemia, podría resultar letal para la producción nacional” (Koé, 2020a, s.p., párrafo 3).
La inconformidad con el funcionamiento del bloque no es solo por el asunto crucial de la pandemia de la COVID-19.
El presidente Alberto Fernández ha dicho: “Me preocupa que el gobierno de (Mauricio) Macri permitió que se distorsione el Mercosur. ¿Si cada uno puede negociar lo que quiera para qué existe el Mercosur? Quiero un Mercosur más grande, explicó el presidente en diálogo con El Destape Radio. Y destacó que con Macri y Bolsonaro permitieron que cada uno haga su tratado de libre comercio. Así no tiene sentido el Mercosur. Si ellos quieren tirar por la borda al Mercosur, que lo digan” (citado en Koé, 2020b, s.p., párrafo 2).
Lógicamente este y otros bloques integracionistas regionales como el ALBA-TCP están tocados de muerte ante el giro a la derecha de los gobiernos de la región y la aparición de nuevas iniciativas regionales como Prosur, que se suma a la larga lista de asociaciones de integración, que más que integrar fraccionan. Incluso desde el punto de vista técnico la fragmentación o desunión de los procesos integracionistas latinoamericanos y caribeños se manifiesta en primer lugar por un contrasentido: a más intentos integracionistas, menos integración y es que, como sostienen algunos autores, el exceso de plataformas integracionistas ha perjudicado una real integración en el subcontinente (Birle, 2008; Bouzas et al. 2008).
La Serie Investigaciones Latinoamericanas sobre Población (ILAPO) en su primera edición (Binstock et al., 2021) mostró una serie de impactos que generó la COVID-19 en las poblaciones latinoamericanas, a partir de las incongruencias del manejo gubernamental ante la crisis y la falta de coordinación dentro de las plataformas integracionistas de la región. Entre dichos impactos se destacan:
A mitad de 2021, más de 35,5 millones de personas habían sido infectadas y 1,2 millones habían sucumbido ante la enfermedad (Binstock et al., 2021, p. 11).
La pandemia ha provocado la interrupción y/o aplazamiento de los operativos estadísticos, como en el caso de los censos de población y vivienda en el marco de la ronda censal 2020 (p. 11).
La pandemia aumentó la violencia intrafamiliar en la región (p.119).
Las condiciones más precarias de vivienda, prestaciones sociales menos importantes, una mayor informalidad laboral y otras situaciones desfavorables de carácter estructural coadyuvaron a mayor incidencia de la COVID -19 en las poblaciones más desfavorecidas (Binstock et al., 2021, pp. 86-90; CEPAL, 2021).
Los datos disponibles sobre pandemia, raza y etnicidad retratan a los grupos poblacionales de afrodescendientes, indígenas y gitanos en una situación de desventaja (p. 146).
La pandemia profundizó las desigualdades preexistentes de acceso a los ser-vicios de anticoncepción y aborto, impactando en mayor medida en subgrupos de población tradicionalmente afectados por barreras de acceso (p. 101).
El fracaso de la integración regional frente al COVID-19, una cuestión de valores
El funcionamiento de los bloques de integración regionales, para considerarse exitoso, tiene que aportar al desarrollo de todos sus miembros y no perseverar en las desigualdades o el enriquecimiento de los más ricos a costa de los más pobres (Martínez, 2011) no tiene sentido definir el objetivo de la integración regional como inserción en la economía mundial, pues eso a través del proceso de globalización que vive el mundo ocurre de suyo, solo que ocurre para el beneficio de unos en detrimento de otros.
América Latina enfrenta otro problema que ya es tradicional en todas sus construcciones asociacionistas, pues “el concepto predominante de soberanía, (…) genera una fuerte aversión a cualquier tipo de construcción supranacional. En América Latina, ceder soberanía nacional a una institución supranacional se considera una pérdida, y no se acepta la idea de que dotar de autonomía a organismos superiores a los Estados puede contribuir a mejorar la posición e incrementar el poder de los países en el sistema internacional” (Birle, 2008, p. 147).
La región de Latinoamérica y el Caribe posee necesidades y potencialidades para la integración como bloque de poder socioeconómico, cultural y político desde el propio proceso independentista de la región en el siglo XIX (González, 2016), pero, por una parte la injerencia en la región a partir de la necesidad de reafirmación hegemónica de los Estados Unidos de América (Salinas, 2017) y, por otra, la desunión y la orientación inadecuada en busca del desarrollo de las élites de poder latinoamericano y caribeño (Martínez, 2011), han hecho imposible los varios intentos de integración regional.
Ambas causas están signadas por su dimensión axiológica.
En el caso de la postura de los EE.UU. hacia la región, no ha prevalecido en ningún momento la intención de establecer un pacto regional mutuamente beneficioso, sino más bien hacer prevalecer la política de subordinación que América Latina y el Caribe han asumido históricamente respecto al Gobierno de la Casa Blanca.
Las propuestas desarrolladas en el presente siglo hacia América Latina, comenzando por el otorgamiento que hiciera el presidente G.W. Bush de la Secretaría de las Cumbres de las Américas a la OEA, han sido presentadas en función de la “seguridad hemisférica”, posibilitando el control del mercado latino caribeño y de cualquier tema regional, que la OEA interpretara como riesgo para la “seguridad hemisférica” (González, 2016, pp. 188-189).
El fracaso de la propuesta del ALCA como modelo regional único para la región en 2005 y las contrapropuestas de integración regional como el ALBA-TCP, UNASUR y CELAC, entre otras, mostraron una intención emancipatoria respecto a esa subordinación histórica, pero los tradicionales valores de la integración basados en el ideal bolivariano han mostrado ser necesarios, mas no suficientes para consolidar un modelo de integración que responda a las necesidades objetivas de los grandes conglomerados humanos que habitan la región latinoamericana y caribeña (Romero et al., 2006).
La propuesta emancipatoria regional a través de mecanismos integracionistas tiene que explorar caminos diferentes al modelo de integración regional latinoamericano orientado por el metarrelato del desarrollo, o de lo contrario tiene que reconstruir el metarrelato del desarrollo.
Para ello debe partirse del hecho de que el desarrollo también está orientado por valores y que de acuerdo a dicha orientación responderá a los intereses de todos o solo a los de unos cuantos (Romero, 2017).
Esto implica lidiar no solo con un proceso de reconstrucción teórica, sino además enfrentar los prejuicios políticos de las élites de poder, pero no solo los de los representantes de la derecha tradicional; sino además los de las viejas y las nuevas izquierdas que recientemente estuvieron en el Gobierno (Regalado, 2012).
La visión post-COVID-19: una aproximación metodológica al futuro posible de la integración regional latinoamericana y caribeña
Ante la crisis de los modelos integracionistas tradicionales inducida por factores geopolíticos externos a la región, que ha sido agudizada por el desacoplamiento producido entre el Estado y la nación, entre el Estado y el entramado de la sociedad civil y entre los Estados-nación regionales, se convierte en exigencia reflexionar sobre una organización sociopolítica pertinente al proceso integracionista latinoamericano y caribeño. ¿Cómo enfrentar metodológicamente el estudio de este proceso?
Urge interrogarse acerca de la posibilidad de establecer vínculos más amplios que, sin entrar en conflicto con la noción de Estado, alcancen un nuevo nivel macro. Evidentemente por razones de espacio y de tema no nos referiremos aquí a la polémica internacional acerca del papel y el lugar del Estado moderno, pero sí debemos dejar claro que de ninguna manera lo entendemos impedimento para el desarrollo de la integración auténtica latinoamericana, sin dejar de comprender que no es entidad jurídica suficiente para ello.
Tanto el siglo pasado como el presente han sido testigos de numerosos procesos de integración regional en América, por ejemplo, el NAFTA, el Mercado Común Centroamericano, CARICOM, la Asociación de Estados del Caribe, el Pacto Andino, el ALADI, el MERCOSUR y luego UNASUR, ALBA-TCP, CELAC, PROSUR. Sin embargo, en algunos sectores de Latinoamérica existe un convencimiento sobre la necesidad de una nueva dimensión continente: una comunidad de naciones con fundamento en el proyecto bolivariano de una América unida, que no se desarrolla a partir de intereses estrictamente económicos y comerciales, sino que establece una relación y unión ampliada, forjada por lazos histórico-culturales comunes y compartidos.
¿Por qué diferenciamos entre lo común y lo compartido? ¿Será que son términos idénticos o podemos encontrar algún matiz de diferencia en su contenido? Compartir es intencional, lo común es objetivo. Lo compartido agrega un matiz subjetivo a lo objetivo común.
Esa comunidad coordinaría las funciones de las distintas regiones económicas que no han podido dar respuesta a las exigencias planteadas y se han mostrado ineficaces ante problemas como el narcotráfico, el medioambiente, la pobreza, el desempleo, la mortalidad infantil, la desnutrición, la exclusión, el analfabetismo, las crisis financieras, el acceso de nuestra región a las tecnologías de punta, o el tratamiento adecuado de la propiedad intelectual de nuestra biodiversidad, el desarrollo sustentable, etcétera.
La importancia de estos bienes y carencias comunes y nuestra sensibilización hacia ellos nos enfrentan con un patrimonio que no soporta las fronteras y se emancipa del control territorial de los Estados, convocando a las personas a un destino común compartido.
El enfrentamiento y superación de los problemas mencionados requiere un tratamiento más amplio, es decir, comunitario, por lo cual esa comunidad como entidad supraestatal no entra en contradicción con los procesos de regionalización interestatales.
La noción de comunidad es una herramienta conceptual que permite aprehender esta nueva modalidad de relación macro. La comunidad constituye una solución, una estrategia razonable y equitativa para enfrentar problemas comunes. Se trata de pasar de la retórica de la intención a la eficacia de la acción. Hagamos entonces una postulación de los presupuestos del proceso de integración latinoamericana y caribeña.
Primeramente, Latinoamérica y el Caribe tienen determinación filosófica, histórica, cultural, política, administrativa, geográfica y económica propia por lo que consideramos que puede constituirse en un ámbito de interrelación no solo de los Estados, sino también de sociedades promoviendo la concertación política, la construcción y consolidación de flujos de intercambio sobre educación, cultura, ciencia y tecnología, e investigación y otros elementos que tiendan a potenciar una conciencia latinoamericana y caribeña.
Es trascendental la identificación de lo propio que permite apoyar el motor en valores fundacionales que señalan la dirección, el hacia dónde del proyecto de integración comunitario. Por tal razón consideramos de vital importancia retomar los valores del proyecto fundacional americano conformado por Bolívar, Martí y otros tantos próceres y pensadores latinoamericanistas, reformularlo sobre la base de otros valores necesarios y manifestados en esta época que permitan colocar la brújula apuntando al camino correcto (Romero et al., 2005, p. 173). Tales valores provenientes de las necesidades de los diferentes sujetos que integran los pueblos latinoamericanos y caribeños actuales podemos (haciendo un enorme y no totalmente acabado esfuerzo de sistematización) definirlos como: dignidad a partir del respeto por una identidad latinoamericana y caribeña de orden multicultural; justicia y honestidad a partir de la aceptación de nuestra historia común y su respectiva enseñanza desde la visión de los pueblos y no de las elites dominantes; humanismo real a partir de la superación de las diferencias regionales, étnicas, de género, etcétera; promoción del acceso libre a todos los niveles de educación como vía insoslayable del desarrollo humano; acceso real a la ciencia y la tecnología por parte de todos los ciudadanos; participación implicante de los ciudadanos en los procesos decisorios de la vida social en general; libre movimiento de personal en general y personal calificado en particular para potenciar las diferentes regiones del subcontinente, por supuesto sobre la base de la solidaridad esencialmente. Estos valores deben conformarse a través de las políticas públicas de educación, cultura, salud, ciencia y tecnología, y se corresponderían con lo que llamamos valores de tercera generación del proyecto integracionista latinoamericano y caribeño, potenciando desde el punto de vista de las subjetividades individuales a los valores fundacionales del proyecto, tales como unidad, justicia, independencia, etcétera.
Pero, como ya se ha explicado en otras contribuciones al Convenio Andrés Bello (Romero et al., 2006), existe un tercer tipo de manifestación sistémica de los valores que debe estar convenientemente articulado con los dos explicados anteriormente, para que lo objetivo (lo común para integrarnos) y lo subjetivo individual (lo intencional) se conjuguen convenientemente. Nos referimos a lo institucionalizado como espacio que propicia, a través de las colectividades que detentan el poder a diferentes niveles y ámbitos, la correlación de los tres tipos de sistemas de valores que articulan el proyecto integracionista latinoamericano y caribeño.
Así, para que la comunidad latinoamericana de naciones pueda alcanzar un desarrollo maduro, homogéneo y constante se requiere explicitar una axiología anclada en una escala de valores que legitime la organización supranacional, que repercuta sensiblemente en el enriquecimiento material y espiritual de Nuestra América. Además, será necesario que la comunidad respete y haga valer estos principios protegiendo a los Estados más débiles y a los habitantes de todas las naciones en conjunto.
El primer principio axiológico o valor al que se debe subordinar la comunidad de naciones es al de igualdad, pero además están la reciprocidad, solidaridad, subsidiariedad, progresividad, sustentabilidad, cooperación para el desarrollo. Ahora, es innegable que el elemento principal que posee una comunidad para fomentar el desarrollo es una transformación educativa que apueste al futuro, a través de la formación especializada de las generaciones venideras.
A manera de síntesis, pudiera decirse que para llegar a conformar una comunidad latinoamericana de naciones será necesario alcanzar una progresiva compenetración política, económica y moral que estimule toda renovación que conduzca al ejercicio efectivo de la soberanía popular. Es necesario uniformar los principios fundamentales de nuestro derecho público y privado, promover la creación de entidades jurídicas, económicas e intelectuales de carácter continental.
Vinculado a lo jurídico, no es posible olvidar que en la comunidad latinoamericana habrá que realizar una gran obra educativa y cultural que requiere de implementación práctica, revisando la historia para la exaltación de los ideales y de los héroes comunes, respetando y explicando las diferencias e incluso llegando a la normatividad particular en las diferentes localidades, para poder preservar el patrimonio común de Latinoamérica y el Caribe y acrecentar el compartido.
En los últimos años entidades supranacionales de ese tipo-supuesto vieron la luz. Algunas, como ALBA-TCP, CARICOM y PETROCARIBE (aunque no en su mejor momento) mantienen el propósito de establecer nexos de complementariedad y cooperación en la esfera económica (ALBA-TCP, 2014). Pero aún queda por vincular estos esfuerzos con las actuaciones políticas en los marcos de estas propias instituciones, para lo cual es indispensable que las políticas públicas integracionistas respondan a los valores fundacionales de la integración latinoamericana y caribeña tomándolos como referente contrastador, pero asumiendo que en el transcurso del tiempo se ha demostrado que hay otros valores que también deben ser defendidos y potenciados a través de las políticas públicas integracionistas.
Hay que salir de las consignas y narrativas totalizantes, lo mismo las de carácter mercadocéntrico que las de carácter estadocéntrico; y cimentar un nuevo saber en el análisis del proceso de integración reciente, lo cual es sustancial para reconstruir bases epistémicas emancipatorias que puedan fortalecer una geopolítica regional decolonial. Hay que trabajar con ahínco en la construcción de un andamiaje de estructuración de la política pública integracionista, que otorgue protagonismo a las más amplias capas populares, para pasar de un modelo democrático representativo a un modelo democrático participativo.
Así, al margen de las diferencias entre los enfoques teóricos sobre política pública (Romero, 2020), esta constituye un ente institucionalizado (manifestación sistémica de valores oficiales o instituidos), que debe articular la manifestación sistémica de valores universales de un proceso determinado (integración latinoamericana y caribeña) y las manifestaciones sistémicas de valores subjetivos de sus destinatarios y protagonistas (ciudadanos latinoamericanos y caribeños). Por ello, si la política pública diseñada y/o promovida a tal efecto no responde a la articulación-concertación de lo universal y lo singular a través de lo particular, ella no contribuye al desarrollo de lo uno ni lo otro, o sea, ni al desarrollo del proceso de integración, ni al desarrollo de los beneficiarios del mismo.
“Desde un punto de vista metodológico, hay que generar nuevas estrategias y planteamientos respecto a las políticas públicas, en especial, tratando de compatibilizar diseño y participación; metodológicamente, también hay que innovar en varias cosas: el tipo de información que se utiliza, definir nuevas responsabilidades para las regiones, las localidades y las comunidades, plantear nuevas formas de control. En este aspecto el tema central pareciera ser ¿cómo la sociedad civil se incorpora en el proceso de toma de decisión?” (Laguzzi, 1989, p. 146)
En este escenario se incorpora a plenitud la investigación sobre valores, como hemos planteado en otros trabajos:
“Es imprescindible que al elaborar las políticas públicas en estas áreas se tenga en cuenta la dimensión axiológica de lo cotidiano y lo contextual en su vínculo con el sistema de valores que originalmente sustenta el proyecto latinoamericanista, de lo contrario ofreceremos a nuestros pueblos bellos discursos vacíos o documentos repletos de tecnicismos estériles, que nunca propiciarán el real despegue y afianzamiento del proceso integracionista latinoamericano”. (Guadarrama y Romero, 2007, pp. 67-68)
El ideal de la unidad y la emancipación latinoamericana constituyen el referente universal, a través del cual cobran sentido los procesos circunstanciales de luchas sociales y emancipatorias en América Latina a partir de los inicios del siglo XIX, y, al mismo tiempo, ese proyecto unitario (hoy decimos de integración) es el resultado de la práctica anterior (fallida o no) de tales luchas. O sea, es la construcción colectiva (aunque personificada a través de sus expositores) de un modelo de la posibilidad real del desarrollo de lo latinoamericano, por ello es imprescindible la construcción y reconstrucción constante de dicho ideal y su perfeccionamiento como modelo de la posibilidad real del desarrollo de lo latinoamericano, a partir de la indagación y sistematización de su sistema axiológico.
La indagación del sistema axiológico de un proyecto, sea este local o de alcance continental se atiene a los mismos pasos metodológicos generales:
El estudio de los tipos de manifestaciones sistémicas de valor que conforman el proyecto desde su génesis hasta la actualidad.
La comparación y contrastación de los tipos de manifestaciones sistémicas, para detectar sus contradicciones y posibles acercamientos.
El análisis y desdoblamiento de los valores más generales del sistema, en generaciones de valor que se acerquen cada vez más a la cotidianidad de los sujetos-objetos de transformación del proyecto.
La comparación y contrastación de las políticas públicas, que supuestamente sustentan los valores del proyecto, con los valores que más se acercan a la cotidianeidad de los sujetos-objetos de transformación del proyecto.
La propuesta de reformulación e implementación de políticas públicas que estén en correspondencia con los valores auténticos del proyecto. O sea, se necesita no solo operacionalizar teóricamente los conceptos de los diferentes valores definidos como fundacionales para la integración latinoamericana, sino hacerlo además contextualmente, vinculados a las realidades concretas de los beneficiarios de dichas políticas, que no son otros que los pueblos latinoamericanos distribuidos en sus respectivos países, regiones y comunidades.
El fracaso visible de las plataformas de integración regional ante la pandemia de la COVID-19 es un claro llamado de alerta en función de la necesidad de aguzar el pensamiento crítico en el análisis de las barreras, errores, limitaciones e impedimentos acerca de ¿por qué los enunciados declamativos de la integración política latinoamericana y una nueva matriz de inserción internacional no lograron materializarse en una nueva geopolítica alternativa, autónoma y emancipatoria para la región latinoamericana y caribeña?
