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Introducción
La Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) como institución de educación superior ecuatoriana se dota de su más alto sentido emprendedor y transformadora, cultura que paulatinamente trasciende en el comportamiento de su comunidad comunitaria, siendo fiel ejemplo el programa de maestría profesional propuesto en Derechos constitucionales, humanos y ambientales, la cual valida su misión aprobada en el Modelo Educativo y Pedagógico (Ecuador. Universidad Metropolitana, 2014), donde se expresa que “debe transformarse progresivamente en una institución de excelencia en sus procesos sustantivos de formación de profesionales, educación continua, postgrado, investigación, innovación, virtualización y proyección social, enfocada en la pertinencia, en las políticas nacionales, el desarrollo socioeconómico, la inclusión y la consecución del Buen Vivir”. (p.9)
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017), es un instrumento mediante el cual se direccionan las estrategias de desarrollo del actual gobierno. En un exhaustivo análisis del mismo, se considera que el programa fundamentado de la tiene relación directa con la consecución de su finalidad de garantizar los derechos durante Toda una Vida, en tanto la presencia del Derecho se constata en cualquier sociedad, no solo por la propia existencia y cumplimiento de disposiciones normativas reguladoras de relaciones jurídicas, sino porque consolida también el diseño, la institucionalización y la actividad del Estado, del Gobierno, de la Administración Pública, de la sociedad civil y de la ciudadanía en general.
El Derecho realiza una importante función reguladora; pretende dar respuestas, soluciones y alternativas a todas las situaciones sociales que sean merecedoras de respaldo jurídico en pos de la armonía, la justicia y la ansiada seguridad jurídica dentro de la sociedad, en correspondencia con las condiciones y características concretas del momento histórico en que se desarrolla. Sin embargo, la decisión de normar unos y no todos los conflictos presentes en las relaciones sociales y humanas, desemboca en el análisis obligado de definir cuáles son aquellas relaciones merecedoras de tutela jurídica.
La Secretaría Nacional de Planificacion y Desarrollo (2017), declara en su preámbulo la finalidad del estado de lograr un Ecuador de equidad y justicia social, con igualdad de oportunidades, teniendo como perspectiva de desarrollo al ser humano. Este plan propone un estado garante de derechos, al servicio del bien común cercano a la gente, con servicios de calidad y calidez, eficiente y transparente, con participación ciudadana desde la alternativa del diálogo y la implementación de mecanismos para llegar a consensos colectivos.
En tal sentido, el plan toda una Vida recoge los principales elementos constitucionales sobre garantía de derechos, para orientar la definición de políticas nacionales considerando que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
El programa de posgrado que se propone, responde a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 (Toda una vida) (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017), donde aportaría de manera directa al cumplimiento en parte de sus tres ejes principales, siete de sus objetivos nacionales de desarrollo y sus políticas, basados en la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial (Fig.1).
Aparejado a lo anterior, es importante destacar que el programa de posgrado, se une al trabajo desarrollado por la UMET y específicamente en su sede de Machala en función de la protección del Medio Ambiente y en consecuencia con la Agenda 2030 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016), donde se trabaja el proyecto de investigación científica Fundamentos jurídico-metodológicos para la conformación de un sistema de pagos por servicios ecosistémicos (SPSE) en bosques ecuatorianos (Medina, Domínguez & Medina, 2017), formando parte del grupo de investigación: Biodiversidad, gestión de ecosistemas, medio ambiente y desarrollo sostenible, dentro de la línea investigativa: Utilización, cuidado, conservación y protección del entorno natural y patrimonial.
El objetivo general radica entonces en fundamentar a través de este programa la profundización analítica, sistémica e indisoluble relación existente entre los derechos constitucionales, humanos y ambientales a la luz del constitucionalismo contemporáneo y los debates actuales sobre su implementación y legitimidad, para desde esta perspectiva se logren ante los organismos nacionales e internacionales de protección y se brinden soluciones prácticas de prevención en casos de eventual o efectiva vulneración. Los métodos empleados del nivel teórico fueron el histórico lógico y el analítico sintético, y desde la empírea el análisis de documentos, observación participante y la encuesta para poder realizar la recogida e interpretación de los datos.
Desarrollo
La República del Ecuador experimenta un proceso de hondas transformaciones en su institucionalidad jurídico política a partir del proceso constituyente que hizo posible la entrada en vigencia de la Carta Constitucional de 2008 (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), y con ella, un nuevo modelo de Estado, el Estado constitucional de derechos y justicia, y un nuevo tipo de Derecho, el Derecho constitucionalizado de los valores, los principios, los derechos, las reglas, la ponderación, el pluralismo jurídico y la definición de los derechos de la naturaleza como derecho humano.
En el programa se integrarán tres módulos los conocimientos referentes a las disciplinas de Derecho Procesal, Humanos y Ambiental. La interrelación de estos tres derechos responderá a paradigmas actuales de las Ciencias Jurídicas y aportará a la novedad de este tipo de estudio, basándose en la amplitud conceptual de justicia como virtud, es decir, la virtud no sé adquiere mientras no se llega a esa constancia en obrar la justicia (Urdanoz & Victoria, 1960).
Partiendo de los elementos expuestos, se pretende desde las materias, abordar lo más actual que la doctrina y la praxis jurídica en estos tres campos recogen, permitiendo abrir el diapasón de conocimiento del maestrante para formar una correcta y actual interpretación jurídica, partiendo y coincidiendo con los investigadores Briceño (2002), quien expresara como antecedentes que los ordenamientos jurídicos, en todos los órdenes (internacionales y nacionales) han sido fieles una tradición jurídica en cuanto a la positivación de los derechos humanos fundamentales y Portela (2016), que precisa las tres líneas de deberes y derechos para con otros: los particulares al todo; el orden de los individuos entre sí y el orden la comunidad a las personas privadas, lo cual conlleva a los tres tipos de justicias correctamente dictaminadas por Pieper (1990): la general o legal; la conmutativa y la distributiva.
El propio desarrollo de estos derechos y su integración final con el Derecho Ambiental son reconocidos de diversas maneras en su forma conceptual amplia, en las generaciones de los derechos humanos desde la primera hasta la tercera generación, aunque se consolida cada día más el reconocimiento de la cuarta etapa generacional, relacionada con el desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información, la comunicación y el ciberespacio. En esta lógica, resulta imprescindible para justificar este propio desarrollo de los derechos y su fin social, citar a Bobbio (1991), cuando declara que “los derechos de la tercera generación, como el de vivir en un ambiente no contaminado, no habrían podido ser ni imaginados cuando fueron propuestos los de la segunda generación, así como éstos, por ejemplo, el derecho a la enseñanza obligatoria o el de la asistencia, no eran siquiera concebibles cuando aparecieron las primeras declaraciones del siglo XVIII. Ciertas exigencias nacen sólo cuando nacen ciertas necesidades. Nuevas necesidades nacen en relación al cambio delas condiciones sociales, y cuando el desarrollo técnico permite satisfacerlas”. (p. 19)
Al adéntranos en los paradigmas actuales del Derecho ambiental, lo haremos desde una concepción pluridisciplinar, partiendo de elementos abordados por Briceño (2002), donde al citar a Kelsen (1945), este fundamentaría desde sus estudios sociológicos y antropológicos específicamente el titulado Society and Nature: “comparaba la situación del hombre primitivo frente al hombre civilizado y su interacción con la naturaleza (entiéndase como sinónimo de ambiente), planteado argumentos sociológicos que pueden ser útiles a la hora de establecer el contenido del ambiente de manera integral, esto es, atendiendo a los influjos que se desprenden de las relaciones entre el entorno social y humano y el entorno natural como esferas interdependientes”. (p.4)
La Declaración de Estocolmo de 1972 (Casas, 2002) impulsó un movimiento normativo ambiental nacional e internacional, por ello la Cumbre de Río de 1992, conjunto de principios sin fuerza jurídica vinculante, la reafirma y desarrolla. Plantea el principal objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible a partir del reconocimiento humano. Así, el ecocentrismo es insuficiente ante el conciso examen del enfoque sistémico que permite, aunque persista la incertidumbre, fijar límites científicos del control ambiental, propicios de alguna forma a las teorías de la responsabilidad ambiental, como la teoría del riesgo creado y el principio quien contamina paga.
Por ello, la interrelación de estos tres derechos y toda su legislación moderna interna, deberá definir la política ambiental para ciertamente proteger los ecosistemas y que sea catalogada como un instrumento institucional acorde con los principios del Derecho Ambiental Internacional que han sido constitucionalizados y especificar sus funciones de precaución, prevención, protección y conservación en correspondencia con las características de dichos ecosistemas.
En consonancia con lo anteriormente expuesto, es necesario mencionar como referencia que consolida nuestro programa al artículo 27 de la Constitución ecuatoriana (Ecuador. Asamblea Nacional, 2008), el cual preceptúa:
Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (p.23)
Al interpretar en enunciado anterior, claramente podemos observar que los conocimientos a impartir en el programa evaluado, responden al cumplimiento legal de este artículo, específicamente en garantizar un desarrollo holístico del ser humano, lo cual aportará la debida correspondencia y cientificidad de las asignaturas organizadas a la luz de los últimos aportes de la doctrina y la praxis de los derechos constitucionales, humanos y ambientales.
Sin embargo, los contenidos que integran el programa pueden abordarse desde un marcado enfoque inter y transdisciplinario, como es característico de los conocimientos que tienen que ver con el acceso a la justicia que deben ser abiertos, solidarios, equitativos, humanistas, participativos e interculturales.
Con el programa se pretende lograr una relación armónica entre las prácticas académicas y científicas, que propicien un aprendizaje contextualizado a la realidad a la cual tiene que responder, propiciando herramientas metodológicas útiles en el contexto de los derechos constitucionales, humanos y ambientales como garantía de los derechos debidamente establecidos constitucionalmente, bajo la premisa de que el derecho surgido a partir de la Constitución de 2008 entraña un enorme potencial emancipatorio y es capaz, bajo determinadas condiciones históricas, sociales y políticas, de promover transformaciones fundamentales en la sociedad.
El Derecho es un fiel reflejo de la realidad a la cual responde y ordena, específicamente los derechos constitucionales, humanos y ambientales, constituyendo vías fundamentales para garantizar el acceso a una justicia efectiva. Los objetos de estudios de estas disciplinas se mueven por todas las áreas en las cuales se genera el conocimiento y los saberes en las Ciencias Jurídicas, como: el ambiente, la economía, el habitad, la educación, la salud, la familia, la producción, la democracia, la soberanía, los alimentos, el poder, los mercados, las relaciones humanas en sentido general, las tecnologías, entre otras, resultando marco propicio para la organización de los dominios científicos, tecnológicos y humanistas.
Correspondencia entre los conocimientos adquiridos por los maestrantes y su respuesta a las expectativas y necesidades de la sociedad y la planificación nacional ecuatoriana
Los conocimientos aprendidos por los maestrantes, permitirán continuar el aporte de las IES a la satisfacción directa de las expectativas y necesidades sociales en el Ecuador, logrando que verdaderamente nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) constituya la hoja de ruta del país y un instrumento capital para hacer realidad los mandatos de la Constitución, incidiendo nuestro programa en los pasos del mencionado plan (Tabla 1).
Tabla 1 - Pasos del Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 donde aportaría la maestría.
| Desarrollar una planificación pertinente y diferenciada, acorde a las características sociales, cultura- les y territoriales de la población; es decir, una planificación no “homogeneizadora”, sino conforme a una afirmación de cultura y diversidad que corresponda a las características poblacionales y del territorio. |
| Reconocer la necesidad de especialización (tanto en los sistemas de protección y atención integral, como en los servicios sociales), tomando en cuenta el aspecto integral del ciclo de vida. Es esencial para la ciudadanía que exista un criterio de especialidad y especificidad. En consecuencia, deben ser consideradas cada una de las etapas del ciclo de vida, los momentos de transición entre etapas, y las características propias de la población |
| En cuanto a la inversión y el gasto público, la ciudadanía plantea que debe estar dirigida a asegurar como prioridades los derechos, la generación de capacidades, la dinamización productiva, la generación de empleo, la cohesión social, la equidad territorial y poblacional, y la disminución de la pobreza. |
| Es importante para la población que la política social y los servicios sean sostenibles; más aún en escenarios económicos adversos cuando la inversión en el campo social pueda verse afectada. |
| Finalmente, las diversas mesas de diálogo destacan el alto valor de la participación en la construcción de las políticas públicas. La participación afirma el vínculo con los ciclos de la política y el seguimiento de su implementación y evaluación. Se trata del compromiso de un ejercicio permanente de diálogo e incidencia en la toma de decisiones, bajo criterios de corresponsabilidad. |
Estas cinco propuestas realizadas por nuestra ciudadanía se ven representada desde diversas aristas en los contenidos que abarcan las materias de nuestro programa valorado, generando una mejor interpretación tanto conceptual como práctica por los maestrantes, constituyendo el reto en su materialización práctica una vez graduados.
Por tanto, al formar magister en Derecho, Mención en Derechos Constitucionales, Humanos y Ambientales, aportaría indisolublemente a mantener y posteriormente potenciar los logros alcanzados hacia la garantía de derechos en una sociedad con mejor capacidades, donde se deberá entender al desarrollo como la armonía consecuencia de la realización individual y colectiva de la especie humana con respeto a la naturaleza, así como a la garantía de los derechos de protección proclamados en la Constitución Ecuatoriana, y el fortalecimiento a la formación de los operadores jurídicos profesionales, de forma tal que puedan dar una respuesta efectiva a los problemas presentes en la sociedad y que se contemplan como metas futuristas del país de cara al año 2030 (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) (Tabla 2).
Tabla 2 - Metas en la visión futurista del país para el 2030 donde aportaría la maestría.
| Ecuador promoverá la solidaridad y el respeto a la diversidad. La sociedad ecuatoriana protegerá, promoverá y aprovechará en una manera sustentable su patrimonio natural y cultural. |
| Los niveles de violencia social se reducirán. Se asegurará el acceso equitativo a adecuados sistemas de justicia y a los procesos de rehabilitación social, con base firme en el desarrollo humano integral. El Estado contará con la capacidad de prevención, previsión y respuesta para la oposición al crimen organizado, con énfasis en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Además, la aplicación de políticas públicas de prevención y control del delito internacional permitirá un combate efectivo al tráfico ilícito de drogas, lo cual reducirá su comercialización y consumo. |
| Con respecto al ambiente, Ecuador asumirá plenamente su protección y la garantía de los derechos de la naturaleza. Esto incluye: el manejo responsable de los recursos naturales para beneficio colectivo de la sociedad, la protección de la diversidad biológica, la prevención de la degradación del suelo y la implementación de una respuesta adecuada al cambio climático, que promueva la resiliencia de las comunidades. |
Partiendo de los elementos abordados relacionados con las políticas públicas del Estado y su proyección futurista, consideramos necesario ofrecer algunos indicadores de la incidencia delictiva y otros elementos de juicios relacionados con nuestra provincia de El Oro, donde el programa analizado y los conocimientos adquiridos nuestros maestrantes ayudarán a dar solución en parte a las expectativas y necesidades existentes, desde la base doctrinaria de la Dimensión Sociológica o fáctica del Derecho, encargada de observar al Derecho como un acontecer que se presenta de manera cotidiana en la vida de las personas, parte de que el Derecho no es solamente normas sino hechos sociales, es campo de las disciplinas jurídicas fácticas, como Ciencias sobre el Derecho, el de la Sociología del Derecho, Derechos Humanos, entre otras disciplinas sobre el particular.
Influye de manera directamente proporcional en el comportamiento delictivo de la provincia, un conjunto de causas y condiciones objetivas existentes, de donde se deberá partir de las tres zonas que conforman su territorialidad: insular, costera y montañosa, complejizando su situación operativa y judicial, unido a su límite natural con la frontera del Perú, propiciando el afloramiento de delitos comúnmente reconocidos en estas zonas desde el punto de vista constitucionales y humanos, relacionados con la propia emigración legal e ilegal; tratas de personas; entre otros.
Los delitos ambientales no escaparían a estas propias características de la provincia antes enunciadas, incidiendo en ello la existencia del Área Protegida del Bosque Petrificado de Puyango de (2659 has), que se constituye en una riqueza faunística, florística y paleontológica, que refugia a más de 130 especies de aves, y más de 1150 especies de flora y fauna, caracterizadas por su nivel de endemismo, unido a cuatro zonas declaradas como Bosques Protectores, lo cual propicia que el área protegida total de la provincia supone 81.491,2 Has, es decir un 14% de la superficie provincial total.
El abordaje de la temática de los derechos ambientales y sus distintas vulneraciones, las trataremos de dos formas específicas: la primera, relacionada con los procesos judiciales iniciados por la Fiscalía tanto consumados como en tentativas y la restante, procesos administrativos ejecutados, todos los cuáles de una manera u otra afectaron el Medio Ambiente y las acciones legales permitieron sancionar a sus responsables directos.
Al adentrarnos en el análisis delictivo de manera particular, podemos definir que la actividad ilícita de recursos mineros resultó ser el delito de mayor incidencia, al reportarse (41) en el 2017, contra (31) en el 2018 y ya en lo que va de año de trabajan (3) procesos de esta tipología, unido a que se incrementa en los dos años concluidos la invasión a las áreas de importancia ecológica, palpándose (3) contra (12) en el 2018.
Los procesos administrativos sancionatorios en la temática ambiental (Anexos 5), igualmente reportan una tendencia alcista, demostrada en la ejecución real de las mismas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia el Oro. Cabe resaltar que las causales de estos procesos resultaron ser: descargas directas al suelo sin tratamiento alguno; no tenencia de Licencia y Registros ambientales, entre otras. Entre las actividades sancionadas se encuentran específicamente: Cría de cerdos; Aserríos; Talleres industriales; Automotrices; Lavadoras de autos y Lubricadoras.
Conclusiones
En el análisis se demuestra la no existencia de programas de maestría en el área de conocimiento del derecho en nuestra provincia, evidencia la necesidad y demanda de formación del talento humano.
Se identificaron brechas sociales a cuya erradicación pueden contribuir los egresados del programa de maestría, a través de la investigación y vinculación con la sociedad, desde la cual pueden contribuir en mayor medida al logro de una justicia social verdadera y basada en fundamentos doctrinales novedosos y actuales aprendidos.
Existen varias generaciones de graduados de la carrera de derecho de la UMET, que precisan una formación de cuarto nivel, siendo el programa una opción de perfeccionamiento profesional posible para ellos que puede permitirle el mejoramiento de su desempeño profesional.
