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DESARROLLO
Religión y política, trasformación social y libertad
La mayoría de las teorías políticas dicen que el objetivo de la democracia es ver cómo se puede poner de acuerdo a todo el mundo. Que una sociedad realmente democrática se logra al hacer un acuerdo entre todos. Para mí, en cambio, la democracia debe reconocer que siempre habrá disenso. Y que el objetivo de establecer un consenso total no es posible sin que, automáticamente, se repriman otras opciones. Siempre habrá un pluralismo de posiciones, y esto va a suponer un antagonismo irreconciliable. La tarea de la democracia es organizar ese disenso, encontrar la manera de que la gente pueda vivir junta y las diferencias sean reconocidas (Mouffe, 2015).
Organizar el disenso, proyectar y edificar metas comunes en el marco del bienestar general sin sacrificar el pluralismo, la identidad o el valor de la diferencia: reto máximo que al parecer enfrenta Colombia como proyecto de nación; necesidad urgente a la cual deben responder no solo las instituciones sino la ciudanía en particular. Colombia, escenario de singulares formas de materializar el ejercicio político -particularismos mesiánicos, radicalismos y polarización política, imagen compleja de una izquierda/centro-izquierda indecisa de su identidad y de una derecha que se asume como puramente demócrata, entre otros-, epicentro de escándalos de corrupción de todo tipo y magnitud,1 solicita, si es que no demanda, una ciudadanía renovada, activa y comprometida con el bien común; que piense y actúe a la luz de proyectos de cambio y transformación en beneficio de la sociedad en general, sin recaer en el endémico -y al parecer infranqueable- juego del beneficio propio/particular a expensas del sufrimiento o perjuicio de los demás.
Lo anterior implica la articulación de los planos políticos y religiosos, así como considerar que, además de representar la diada que da sentido a este documento, se necesita, en principio, partir de dos elementos: 1. Colombia no es un estado secular/laico (como buena parte de los países en el mundo); 2. Colombia ha venido desarrollando procesos formales para organizar el ejercicio político de las diversas entidades religiosas que, progresivamente, se activan y entran a desempeñar un papel importante en el escenario político-religioso nacional.
La secularización como proceso histórico y concepto cuenta con cuestionamientos varios en el plano teórico y en el desarrollo mismo de sociedades y estados diversos; entendida como la privatización de las creencias religiosas por causa del proceso de modernización (diferenciación/autonomización), que hace que la razón científica empiece paulatinamente en el escenario público-político a argumentar y dar sentido al estado de cosas y a la toma de decisiones, estaría, para el caso colombiano, lejos de concretarse, o al menos de avizorarse, en el futuro cercano. Concepto y proceso socio-histórico de origen occidental que en sociedades como la latinoamericana requiere entenderse en su correcta dimensión. La secularización entonces “no puede considerarse como un proceso universal y unidireccional de declive de la religión a razón del avance de la modernidad (Asad, 2003; Berger; Luckmann, 1997); tampoco implica una pérdida creciente del sentimiento religioso, particularmente en la región latinoamericana (Alemán Salcedo, 2012; Larraín, 2007). Más bien, la secularización es, sobre todo, un proceso progresivo de diferenciación de las esferas sociales en las sociedades en vías de modernización” (citado por Bastidas & Beltrán, 2016, p. 208).
La secularización entendida también como la distinción y separación entre lo sagrado y lo profano, puede, en palabras de Santamaría (2013) representar más un deseo que una realidad. En efecto, lejos de distanciarse estas dos esferas de la acción humana, se evidencia en la contemporaneidad una emergencia y un fortalecimiento de «lo religioso», así como su acercamiento a los fenómenos políticos formales e informales de la sociedad. En el caso de Colombia, la relación y mutua influencia de la iglesia católica y el estamento, partido o líder que ejerce el poder, puede rastrearse sin dificultades, si se quiere, desde el momento mismo en que las carabelas españolas chocaron con el continente americano (Sur América, América Latina, Hispanoamérica, entre otros).2
Una revisión rápida de la historia de Colombia podría ilustrar esta relación, en la que la religión católica funciona no solo como modo de respuesta a los fenómenos naturales que suceden en nuestro medio, sino también como forma de cohesión social y política de un Estado, la cual le otorga la legitimidad para actuar muchas veces de manera despótica con el objetivo de establecer y mantener la unidad nacional (Saavedra, 2013, p. 93).
La «revolución clerical» -como llamó Jorge Tadeo Lozano al proceso independentista-, la Guerra de los Supremos (1839-1842), la «Regeneración» de Núñez, la Constitución de 1886, el Concordato de 1887, los «chulavitas» del altiplano cundiboyacense, el Partido Nacional Cristiano (G 12) y el Movimiento MIRA (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta-Movimiento Imitador de Rectitud del Altísimo) constituyen solo algunos procesos históricos, documentos institucionales, partidos y movimientos políticos, y grupos de personas que, aleatoriamente referidos, ejemplifican de una u otra forma la íntima relación que el escenario político y el religioso han establecido en Colombia hasta la actualidad.
A la luz de lo anterior, no es desproporcionado considerar que la relación entre religión y los diversos escenarios de la vida política pueden dar frutos positivos en pro del bienestar general, no solo al legitimar poderes y formas de dominación varias. Dos ejemplos del ámbito católico podrían ilustrar esta perspectiva: la doctrina social de la Iglesia y la teología de la liberación.
La doctrina social de la iglesia, cuyo texto primigenio suele referir el Rerum novarum de León XIII, fundamenta su actuar en cuatro principios (Letelier, 2017): «la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiaridad y la solidaridad. Junto con ellos, reconoce como principio derivado el destino universal de los bienes, del que se sigue a su vez la opción preferencial por los pobres» (p. 86). En tanto se asume como primer principio la dignidad de la persona humana y lo que de allí deriva, se estaría evidenciando un «carácter decididamente político y social» (Letelier, 2017, p. 87) en tal doctrina.
La teología de la liberación, por su parte, tiene como entorno primario el Concilio Vaticano II -anunciado en enero de 1959-, así como, en el ámbito específicamente latinoamericano, la Conferencia General de Medellín (1968); y a Gustavo Gutiérrez Merino como su padre, ya que se reconocen sus obras -por ejemplo, “Teología de la liberación. Perspectivas” (1971)- como las más influyentes al respecto en el contexto latinoamericano.
La teología de la liberación funge como reacción de una cierta facción de la iglesia católica, que encuentra intolerable la situación de pobreza en que se encontraba el continente hacia la década de los años 50 y 60 del siglo pasado; la teología de la liberación
[…] hizo suya la perspectiva de la teoría de la dependencia. Esta aparecía como la visión más adecuada no solo para explicar la pobreza y la opresión de nuestros pueblos, sino ante todo como la que podía proponer las vías eficaces de su superación, precisamente porque detectaba los mecanismos que en la sociedad generan la opresión y la pobreza. (Silva, 2009, p. 95)
Superación/trasformación de la situación de pobreza que habría de ejecutarse a la luz de una metodología específica, en la que se evidencia el diálogo que estableció esta teología con las ciencias sociales de la época: ver, juzgar y actuar; «un método orientado a la acción, a reforzar y, eventualmente, a orientar la praxis liberadora de los creyentes, como se ve por el hecho de que desemboca en el `Actuar´» (Silva, 2009, p. 99).
En vista del creciente fortalecimiento del fenómeno religioso en el contexto contemporáneo, se puede potenciar su expansión en pro de la trasformación social, tal y como lo muestran los ejemplos anteriores. En la práctica, en el escenario colombiano es muy complejo pensar en una separación real de la Iglesia y el Estado, más cuando otras expresiones de la fe, no católicas, han venido también acercándose a escenarios políticos y de toma de decisiones, así como puede hablarse de una pluralidad en materia religiosa propiamente dicha:
La Iglesia Católica estima que el 75 por ciento de la población es católica, pero señala que el Gobierno nunca ha realizado un censo preciso. Según un estudio realizado en noviembre de 2014 por el Centro de Investigación Pew, el 79 por ciento de la población es católica, el 13 por ciento protestante y el 6 por ciento ateo y agnóstico. Los grupos que en conjunto constituyen menos del 5 por ciento de la población incluyen feligreses sin denominación o miembros de otros grupos religiosos, incluyendo judíos, musulmanes, Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y Menonitas. La Confederación Colombiana de Comunidades Judías estima que hay aproximadamente 4200 judíos en el país. También hay una pequeña población de adeptos al animismo y varios credos sincretistas. (Departamento de Estado de Estados Unidos-Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, 2016, p. 2)
Con todo, la prevalencia del catolicismo resulta la más importante, al revisar este tipo de estimaciones cuantitativas. Se concuerda entonces con Nicolás Panotto (2015): «El rol político de lo religioso en el espacio público es incuestionable» (p. 65); y en tanto así sea, el fenómeno religioso podría operar como un espacio de construcción de ciudadanía (Acosta, 2010), de politización de los sujetos y de las comunidades sin que se pierda en absoluto la concepción de lo público como un espacio plural, respetuoso de la alteridad y la diferencia. Se salvaguarda la identidad/particularidad, al alentar espacios de cohesión social, pero comprendiendo al otro, a los otros, como interlocutores válidos y copartícipes de metas comunes.
Si se asume que «los espacios religiosos y eclesiales son campos de construcción socio-política, en tanto sitios de búsqueda y re-imaginación de sentido social y práctica ciudadana» (Panotto, 2015, p. 79), la diferencia resulta entonces el nutriente principal de un ejercicio propiamente democrático y alentarla podría fortalecer un ejercicio político menos unidimensional.
En este punto, puede pensarse en la lógica de la confrontación agonista de Mouffe, en tanto diferentes formas de entender y vivenciar la religiosidad no buscan dominar una por sobre otras, o asumir en papel predominante; más bien actuarían bajo la siguiente formula: «se combatirán con vigor sus ideas, pero jamás se cuestionará su derecho a defenderlas» (Mouffe, 1999, p. 17). Esta puede ser una alternativa más coherente en escenarios tan diversos como el colombiano, donde las variaciones en la forma de expresar el sentimiento religioso son amplias -sobra decir que aquí se tiene en cuenta a personas ateas, así como a las diversas formas de religiosidad de los varios pueblos originarios-. En efecto, la democracia no puede sobrevivir sin ciertas formas de consenso -que han de apoyarse en la adhesión a los valores ético-políticos que constituyen sus principios de legitimidad en las instituciones en que se inscriben-, pero también debe permitir que el conflicto se exprese, y eso requiere la constitución de identidades colectivas en torno a posiciones bien diferenciadas. Constituye menester que los ciudadanos tengan verdaderamente la posibilidad de escoger entre alternativas reales (Mouffe, 1999, p. 17-18).
El objetivo es entonces potenciar las enormes posibilidades que ofrece el diálogo interreligioso más allá de los temas estrictamente relacionados con lo teológico y el ejercicio de la fe, para convocar allí problemáticas propias de la participación política ciudadana, el bienestar general, el desarrollo, los problemas comunes, entre otros. Esta concepción del diálogo interreligioso «promueve la libertad y dignidad de los pueblos, estimula la colaboración por el bien común, supera la violencia motivada por actitudes religiosas fundamentalistas, educa a la paz y a la convivencia ciudadana» (Consejo Episcopal Latinoamericano, 2007, p. 57).
En el escenario colombiano sería de enorme utilidad un sector religioso con visiones amplias de su actuar. Asumirse como actores y multiplicadores de los ideales democráticos y de la trasformación social, e interlocutores con lo público, con la institucionalidad y los delegados a ejercer las funciones públicas, podría maximizar su impacto en las comunidades con las que vienen trabajando hace ya largo tiempo, así como darle mayor solidez a una institucionalidad en constante entredicho. Sin dudas, se estaría avizorando un escenario de interlocución en el que la universidad podría (debería) sentar también sus aportes y presencia.
El año 2018 fue singularmente interesante en relación con el segundo elemento señalado al principio, pues entró en ejercicio, vía Ministerio del Interior, la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos (en lo adelante PPILRC), mediante el Decreto 437 de 2018. Esta política de carácter nacional se enmarca en las directrices que en materia religiosa se expresan en la Constitución Política de Colombia (1991), Artículo 19: «Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva» (s. p.), la cual ha conferido igual valor jurídico a todas las confesiones religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que estas tengan. Se trata de una igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con el fin de preservar el pluralismo y proteger a las minorías religiosas (Corte Constitucional. Sentencia No. C-350/94).
Tal garantía de profesar de manera libre la religión implica una serie de prohibiciones al Estado colombiano, con miras a mantener la denominada separación Iglesia/Estado, y respetar los principios de igualdad en materia religiosa, de pluralismo religioso y de neutralidad (Corte Constitucional. Sentencia No. C-350/94).
Las siguientes podrían también entenderse como limitaciones que el modelo de Estado liberal no confesional debe de obedecer:
Establecer una religión o iglesia oficial.
Identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión.
Realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia.
Tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión.
Adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real resulte promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley.
La PPILRC tiene como objetivo general «Brindar garantías [negrilla añadida] para el ejercicio del derecho de libertad religiosa y de cultos» (Decreto 437/18, s. p.), lo que generaría espacios reales de posibilidad a la articulación interreligiosa, los cuales, se ha considerado, abren la puerta hacia actuaciones con miras al bienestar general, de tal forma que permita, entre los que se exponen a continuación, 13 objetivos:
k)Promover la participación de las entidades religiosas y sus organizaciones en los escenarios de perdón y reconciliación, para la construcción de la paz […]; m) Implementar mecanismos que permitan el fortalecimiento, la colaboración, la cooperación y la coordinación entre las entidades públicas del nivel nacional y territorial, las entidades religiosas y sus organizaciones y los organismos internacionales de cooperación, en la contribución al desarrollo de la Nación, en el marco del logro de los objetivos del desarrollo sostenible (Decreto 437/18, s. p.).
Se está frente a un enorme espacio de oportunidad, en el cual, además de buscar garantías para el ejercicio de un derecho tan importante como la libertad religiosa y de cultos, se propician y alientan escenarios de participación política y fortalecimiento de la ciudadanía, que aporten o sean copartícipes de la construcción de paz y desarrollo de la sociedad en su conjunto. Elementos que pueden verse como necesarios -si es que no urgentes- en la Colombia contemporánea.
Otros componentes que vale la pena resaltar de la PPILRC serían sus tres enfoques centrales (tabla 1).
Existe entonces una base jurídico/política nacional que abre la puerta tanto al ejercicio de un derecho fundamental -la libertad religiosa y de cultos- como al ejercicio de un deber igualmente importante -la transformación social y el desarrollo.
Ciudadanía y desarrollo (en clave sostenible)
Acorde con los elementos que se han sugerido hasta este punto, se ha propuesto la posibilidad de encontrar en las entidades religiosas actores que permitan, mediante el ejercicio de la participación política en sus múltiples dimensiones,3 aportar a la transformación de escenarios particulares de su influencia y, por qué no, a niveles más amplios que propendan al bienestar general y/o el bien común de la sociedad.
Esto implica, sin lugar a dudas, una lógica ciudadana diferente, o al menos distante, a la que predomina en buena parte de nuestro contexto. Es posible que se alienten formas no pasivas/indiferentes del rol ciudadano, al interior y desde las entidades religiosas, siempre y cuando no se sacrifique la libertad o se pretenda universalizar formas de creer; de ahí que en la PPILRC operen como presupuesto y como objetivo: la tolerancia, el respeto, el pluralismo, la igualdad, la convivencia, entre otros.
La ya clásica distinción entre ciudadanía instrumental y ciudadanía activa propuesta por Norbert Lechner (1996), puede ilustrar mejor las cualidades a potenciar en las entidades religiosas en su rol político-ciudadano. Para Lechner (1996), la ciudadanía instrumental ve en la política algo ajeno, distante; solo le compete en tanto soluciona asuntos concretos de carácter problemático, se abstiene de participar o de tomar decisiones que tengan que ver con el futuro de su entorno, así como suele reclamar acciones eficientes (administración). La ciudadanía activa, por su parte, ve en la convivencia un supuesto, así como una finalidad de su ejercicio; se preocupa y participa activamente de los asuntos de la comunidad, al hacerse responsable del rumbo de su entorno; y cuenta con la disponibilidad de organizarse con otras personas, lo que mitiga la tendencia a retrotraerse exclusivamente al entorno privado en el marco de relaciones recíprocas.
El reto parece ser mayor si se tienen en cuenta lecturas contemporáneas de la ciudadanía, las cuales imprimen un sello -si se quiere, onírico- a la concepción de la ciudadanía activa de Lechner. En la 38 Feria Internacional del Libro de Oaxaca, realizada en octubre de 2018, Gilles Lipovetsky ofreció una charla titulada “Ciudadanía política: pluralismo y democracia en la era de la hipermodernidad”, en la que presentó una sugerente semblanza del ciudadano contemporáneo, el cual contaría con las siguientes particularidades: representar un ser digital que lee cada vez menos; un ser escéptico, desconfiado, que ha perdido la fe en las decisiones políticas; un ser exacerbadamente individualista.
Para explicar esa particular actitud de desconfianza, sugiere Lipovetsky (2018), habrían, al menos, tres razones: el fin de las grandes ideologías, de la fe y de las creencias; la mayor importancia que tiene el mercado con respecto al Estado en las sociedades globalizadas; y la corrupción.
Si se revisa el caso colombiano, la segunda y tercera razones aplican con seguridad en el contexto; no así la primera. Como se ha venido señalando, las diversas religiones, confesiones o espiritualidades tienen una marcada y evidente presencia, cada una de ellas cuenta con complejos y variados componentes ideológicos que, en buena medida, dan respuesta y sentido a muchas de las situaciones y los retos de la vida cotidiana. Así las cosas, podría pensarse que el ámbito concreto de las entidades religiosas, operaría como nicho de revitalización de la ciudadanía, siempre y cuando la libertad, el respeto y el pluralismo se mantengan como fundamento y meta de su actuar. De no ser así, el contrasentido de la iniciativa resultaría más que colosal.
Se pueden aprovechar -en el mejor sentido del término- los escenarios y vínculos que articulan a cada una de las entidades religiosas para, echando mano de ese tipo de sentir compartido, proyectar procesos de transformación en términos de ciudadanía, de responsabilidad política, de compromiso por el bienestar general, de desarrollo, entre otros.
La relación entre religión y desarrollo no es una novedad.4 Se conoce bien que con posterioridad a la segunda guerra mundial varias organizaciones basadas en la fe de influencia transnacional canalizaron importantes sumas de dinero,5 así como articularon muchas iniciativas interinstitucionales y de cooperación internacional, por lo que se convirtieron en un actor estratégico propiamente dicho (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019). Salud, educación y ayuda humanitaria son campos en los que organizaciones como Caritas Internationalis, World Vision o Islamic Relief resuenan con contundencia.
En este punto, las 17 metas que se propone cumplir la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-2030 (en adelante ODS 2030), se hacen pertinentes y ameritan algunas palabras al respecto, en particular lo relativo al objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
Para el caso colombiano, la inmensa mayoría de políticas públicas, planes de Gobierno, planes de desarrollo, ordenamiento territorial, entre otros documentos de esa naturaleza, o bien se han apropiado in extenso del discurso del desarrollo sostenible o, al menos, lo destacan y refieren, tanto en su enfoque como en las metas u objetivos a implementar. Paulatinamente, la perspectiva que propone el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 están cobijando todo lo relativo al actuar gubernamental.
En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación (s. f.) opera como la secretaría técnica de la Comisión Institucional de Alto Nivel, que se estructuró para la implementación de los ODS 2030 conformada por la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento para la Prosperidad Social, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Presidencial de Cooperación y los representantes del sector privado. Así como como se cuenta con el documento CONPES 3918 del 15 de marzo de 2018, intitulado “Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”.
En septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 70/1) lanzó su “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”;6 compuesta por 17 objetivos y 169 metas, que operaban paralelamente como situaciones ideales y como herramientas de planificación/seguimiento. Su objetivo principal era el siguiente:
[…] constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación. […] es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro. (Naciones Unidas-CEPAL, 2018, p. 5).
Se pretende hacer frente a problemas de carácter global: lento crecimiento económico, desigualdad social, degradación ambiental, entre otros, por lo que se necesita «transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión a largo plazo» (Naciones Unidas-CEPAL, 2018, p. 7). Se intentan armonizar las dimensiones económica, social y ambiental, situando en el centro de dicha articulación la igualdad y dignidad de las personas.
Los 17 objetivos que se pretenden implementar en un lapso de 15 años aparecen en la figura 1.
Como se señaló antes, el objetivo 16: “Paz, justicia e instituciones sólidas”, tiene especial interés para los temas aquí abordados. Este pretende: «Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas» (Naciones Unidas-CEPAL, 2018, p. 45).
Es casi evidente que sin un estado de las cosas que goce de unos mínimos de paz resulta muy difícil que un proyecto de desarrollo pueda siquiera iniciarse. La seguridad, la prosperidad, el ejercicio de los Derechos Humanos, el ejercicio efectivo y práctico del Estado Social de Derecho, entre otros, constituyen elementos garantes de la transformación de una sociedad. Así como está claro que este tipo de temas resulta más que relevante en una sociedad como la colombiana, que atraviesa un momento histórico particular al respecto: el postconflicto, el cual pareciere contar con enormes altibajos, limitaciones y retos.
[…] la implementación de los acuerdos de paz carece de cimientos estables en el territorio. En estos dieciocho meses son muchos los obstáculos que aún no se han podido superar. Tal vez la mayoría de estos acontecimientos se pueden enmarcar en cuatro líneas de análisis. Por un lado, algunas zonas dejadas por las FARC comienzan a tener problemas delicados de seguridad; allí los homicidios han aumentado, se presenta un copamiento por parte de organizaciones criminales y varias de estas zonas son teatros de guerra. En segundo lugar, la política de reincorporación afronta problemas complejos, apenas ha sido aprobado un proyecto productivo para ex guerrilleros, muchos aún no están bancarizados y no hay tierra para desarrollar las diferentes iniciativas de desarrollo económico. En tercer lugar, el Estado, aunque tiene recursos económicos no ha sido ágil en ejecutarlos. Por último, hay problemas que no han logrado resolverse como la victimización a líderes sociales, además los programas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y el Programa Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de cultivos Ilícitos-PNIS, no logran dar respuesta a las problemáticas inmediatas de las comunidades. (Fundación Paz y Reconciliación-La Iniciativa. Unión por la Paz, 2018, p. 13)
La CEPAL ha propuesto cuatro prioridades para apoyar la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 en el contexto de América Latina y el Caribe:
Fortalecer la arquitectura institucional regional.
Potenciar el análisis de los medios de implementación de la Agenda 2030 a nivel regional.
Apoyar la integración de los ODS en los planes nacionales de desarrollo y en los presupuestos.
Promover la integración de los procesos de medición necesarios para la producción de los indicadores de los ODS.
La prioridad número 2 implica directamente a las personas, a los ciudadanos, en tanto objetos y artífices de la iniciativa. El proceso de implementación de la agenda pretende no dejar las responsabilidades a los gobernantes de turno o a los actores como el tercer sector, o a la faceta socialmente responsable de la empresa privada; más bien, los convoca a todos, lo que otorga un especial papel a la ciudadanía a través de la gobernanza -global, democrática y multinivel, según refiere-; al acceso a la información y la participación ciudadana; al rol de las instituciones; y a la redefinición de la ecuación entre Estado, sector privado y sociedad civil (Naciones Unidas-CEPAL, 2018).
Se avecina entonces una serie de retos para los ciudadanos y, en este caso particular, para los ciudadanos miembros de las diversas entidades religiosas del ámbito nacional. Movilizar ciudadanos activos comprometidos con la consecución de los objetivos (retos) que propone la Agenda 2030, así como con la observación, el seguimiento y la reorientación de estos, a la par que propendan por materializar una sociedad en paz, justa, respetuosa del medio ambiente, puede entenderse como uno de los mayores desafíos que experimenta la sociedad y la institucionalidad colombiana.
En materia de ejercicio de la ciudadanía propiamente dicho, Colombia se expone como singularmente compleja, así como el tema de la participación ciudadana es otro elemento que amerita especial atención. Para Martínez y Martínez 2015, p. 80), la concepción que tiene la Agenda 2030 en materia de participación ciudadana es “[…] ilusa […] decorativa y legitimadora de acuerdos preestablecidos o por definir”; el grueso de la crítica en materia de participación se sustenta para los autores en la forma misma en que la agenda se construyó como proceso participativo:
[…] conviene no confundir el acceso a dichas consultas o la posibilidad de responder individualmente a una encuesta sobre prioridades preestablecidas por internet con genuinos procesos de participación ciudadana en la definición de estrategias políticas globales. Para aproximarse a una comprensión de la Agenda 2030 en términos de elaboración colectiva, es preciso realizar un análisis cualitativo de la influencia de los diferentes actores, en lugar de limitarse a afirmar que participaron tantos cientos de representantes de organizaciones sociales, empresariales y tantos otros representantes de gobiernos, o tantos millones de encuestas enviadas utilizando internet. (Martínez & Martínez, 2015, p. 79).
Puede que los términos usados suenen demasiado fuertes a la hora de dimensionar el problema de la participación, tanto en la elaboración de la Agenda como en su implementación y seguimiento; sin embargo, permiten un principio más realista desde el cual partir, que desde ningún punto de vista cierra la discusión. Se concuerda con Martínez y Martínez (2015) al ver en la Agenda 2030 más un proceso en construcción inacabado que permite enormes oportunidades de generar cambios reales y estructurales en el futuro de las sociedades.
Será importante para decantar si el punto de partida (o el punto y seguido) de la participación social se sitúa en una lógica de seguimiento e implementación de la agenda (similar a la lógica que la sociedad civil global asumió en el marco de la Agenda del Milenio), o en una lógica de transformación de la propia agenda de manera que aumente su permeabilidad a los debates sobre el desarrollo y las demandas sociales asociadas a estos. (Martínez & Martínez, 2015, p. 90)
Ahora bien, y en el caso de la participación política y el ejercicio de la ciudadanía en el contexto colombiano, la agenda se enfrenta a un escenario como este (Registraduría Nacional del Estado Civil-Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales-Pontificia Universidad Javeriana, 2018, pp. 176-177):
Colombia es un país de regiones, por lo tanto, los valores cívicos y su promoción requieren tener ideas claras sobre la cultura política predominante (regiones más abiertas y liberales, regiones conservadoras, escenarios con discursos abiertos de derecha y de izquierda en sus varios grados y matices, entre otros).
Los colombianos no ven la participación en organizaciones, grupos, asociaciones, entre otros, como un elemento fundamental de la ciudadanía; de allí que el establecimiento de formas de solidaridad y/o cooperación social/comunitaria sean más una meta a alcanzar que un punto del cual partir.
Existen imaginarios asociados a estereotipos sociales (discriminación) que afectan la posibilidad de establecer relaciones basadas en la solidaridad y la cooperación. De allí que sea necesario alentar iniciativas que promuevan la igualdad de derechos a partir de las diferencias.
Resulta primordial tomar acciones frente a la imperante cultura de la ilegalidad en el contexto nacional (poca o mínima importancia a las reglas y normas).
Hay una alta percepción de una baja eficacia política sobre los canales y mecanismos efectivos de participación, en particular, en la toma de decisiones.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante resaltar también que los procesos de formación de la ciudadanía en este tipo de temas, y el desarrollo progresivo de una cultura de la información abierta, polivalente y críticamente asumida, constituyen otros dos componentes necesarios para implementar una iniciativa como la Agenda 2030, a la par que la «promoción de una cultura incluyente y abierta a la diversidad, el incremento constante de la confianza interpersonal y la participación en asuntos comunitarios, así como el respeto de la legalidad, parecen ser claves para repensar los derechos y deberes ciudadanos» (Registraduría Nacional del Estado Civil-Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales-Pontificia Universidad Javeriana, 2018, p. 177).
Como complemento de lo anterior, a continuación se presentan algunas concepciones expuestas por varios de los miembros de entidades religiosas, las cuales posibilitarían hacerse una idea inicial de la forma en que se asume el panorama aquí expuesto. Esto se logró mediante el pilotaje de un instrumento7 (Escala Likert), a través del cual se establecieron dichas percepciones en cuanto a participación política, ciudadanía, paz, y competencias ciudadanas.
Las percepciones que los miembros de entidades religiosas reflejan en materia de participación política se orientan hacia la importancia de los asuntos públicos e intereses comunes: el 72,4 % señaló estar «totalmente de acuerdo» con el ítem «Los asuntos públicos son de mi interés»; asimismo, el 77,5 % indicó lo mismo para el ítem «Existen intereses comunes que nos benefician a todos».
Al indagar acerca de si la participación política se limitaba al ejercicio del voto, se puede sugerir que los mecanismos o las formas de participación política más allá de las votaciones fueron poco contemplados o reconocidos: el 32,72 % de las personas señaló estar «totalmente en desacuerdo» con el ítem «La participación política se limita al ejercicio del voto».
En cuanto a la ciudadanía, se encontró que su ejercicio implicaba a los otros, a la comunidad; y no exclusivamente al individuo y sus intereses; en el ítem «La ciudadanía implica participar activamente en los asuntos de la comunidad», el 54,54 % expresó estar «totalmente de acuerdo», y el 41,81 % manifestó estar «de acuerdo». Paralelamente, en el ítem «Los temas políticos me interesan si me generan algún beneficio», se halló un 45,45 % «totalmente en desacuerdo» y un 20 % «en desacuerdo».
Por otro lado, existió cierta percepción dividida, relacionada con la responsabilidad de la sociedad. En el ítem «Los políticos y los gobernantes son los que determinan el futuro de la sociedad» se encontró lo siguiente: el 11,53 % estuvo «totalmente de acuerdo» con el enunciado, el 25 % «de acuerdo», el 30,76 % «en desacuerdo» y el 32,69 % «totalmente en desacuerdo». El peso de dicha responsabilidad no estaría incluyendo ampliamente a la ciudadanía en tanto copartícipe en la edificación de una imagen de futuro.
En relación con la concreción de escenarios de paz, hubo una amplia concepción de la paz como un proceso a alcanzar y no un acuerdo o situación que se dictamina o decreta. El 80,76 % de las personas tenidas en cuenta estuvo «totalmente de acuerdo» con el enunciado «La paz se construye, no llega por sí misma». El 54,90 % se manifestó «totalmente en desacuerdo» y el 29,42 % «en desacuerdo» con el enunciado «El estado es el único responsable de construir la paz». Esto hace pensar que la construcción de escenarios de paz no sería responsabilidad exclusiva del Estado.
De igual forma, el 69,23 % estaría «totalmente de acuerdo» con el enunciado «La paz es una responsabilidad compartida» y el 75,47 % «totalmente de acuerdo» con «Construir paz es un deber ciudadano».
En virtud de valores propios de la PPILRC, tales como la tolerancia, el pluralismo, el respeto y la convivencia, ciertas dimensiones de las denominadas competencias ciudadanas cobran relevancia: el 71,42 % dijo estar «totalmente de acuerdo» con el ítem «Existen diferentes puntos de vista y diferentes formas de pensar», así como el 56,14 % señaló estar «totalmente de acuerdo» y el 38,59 % «de acuerdo» con el enunciado «Reconocer y aceptar las diferencias de las personas es una característica de la ciudadanía».
Con estos referentes iniciales se puede, al menos, intuir una serie de posibilidades; en tanto el interés por los asuntos públicos, así como el bien común, constituyen senderos no completamente borrados por las lógicas de vida exclusivamente individualistas que se han señalado previamente. Pareciere existir un atisbo de esperanza a la hora de contemplar una esfera pública al interior de la cual pensar la política más allá de un ejercicio del voto. Pensar, asimismo, la necesidad de trabajar por la paz, en tanto meta y escenario de la coexistencia humana que, ineluctablemente, demanda sólidas bases en materia de pluralismo y respeto por la diferencia.
La paz -en sentido amplio- representa un proceso que implica a todos y cada uno de los miembros de una sociedad; es un estado de cosas para el cual deben prepararse y formarse los sujetos y las instituciones; no se da de facto o por decreto e implica todo un ejercicio de formación ciudadana, modificación de valores y pautas de socialización entre muchos otros elementos. El reto tiene, pues, mayor envergadura.
El punto que puede con este sencillo insumo generar mayores dudas es el relacionado con la responsabilidad última de quién o quiénes habrán de abrir paso y generar el terreno fértil para cimentar una sociedad más pacífica, plural y, desde allí, generadora de transformaciones. El Estado no puede verse por la ciudadanía como el único o principal responsable; probablemente esa poca importancia que se presta y confiere a la ciudadanía como agente activo de cambio, resulte uno de los más altos obstáculos a sortear.
CONSIDERACIONES FINALES
Probablemente, al revisar las líneas anteriores, venga a la mente la idea de que no se ha descubierto nada nuevo, que lo que ha estado en deuda por muchas décadas es una ciudadanía fuerte y comprometida con su bienestar, menos cómplice de la corrupción, menos permisiva con las desigualdades y la inequidad, más preocupada por los factores estructurantes de esta compleja realidad y menos obnubilada por formas de patriotismo que se reducen a fenómenos deportivos u ocasiones particulares. De fondo se está cuestionando un problema de identidad y de identificación con los otros, independientemente de su origen socioeconómico, etnia, género o región, entre otros; así como las dificultades experimentadas a la hora de edificar proyectos comunes y positivos para la mayoría.
Las diferencias no minan la democracia, sino la fortalecen; ayudan a que los consensos sean más sólidos y menos instrumentales; así como multiplican las posibilidades de concretar metas comunes desde la singularidad. Razón tiene William Ospina al señalar:
No creo que haya una sola persona en Colombia que no forme parte del problema, y que no tenga, por lo tanto, el deber de ser parte de la solución. La nuestra es una historia de escasos proyectos históricos verdaderamente lúcidos, generosos y visionarios, e infortunadamente esos pocos fueron abandonados o por la presión de las circunstancias o por la falta de persistencia que nos caracteriza. (Ospina, 2018, s. p.).
Desde la multiplicidad en materia de creencias y espiritualidades, se cuenta con un nicho articulado de vínculos y potencialidades que podrían apoyar -cuestionando si fuere necesario- iniciativas como las de la Agenda 2030. Más allá de sus espacios de congregación y encuentro, puede que la interlocución abierta, respetuosa y libre de diversas formas de creencia o de no creencia articulen metas más aterrizadas a las necesidades propias del contexto colombiano a la luz de sueños que sin problema alguno se comparten por la gran mayoría de los ciudadanos: paz, reconciliación, convivencia, libertad, igualdad… O, como lo sugiere Alfonso Torres (2013), construir lo común en lo diferente, un espacio «donde lo individual y lo particular se reconcilia con lo general y lo colectivo» (p. 210).
El aporte de las diversas iglesias y organizaciones basadas en la fe para el bienestar general y el bien común no resulta nuevo en nuestro contexto, así como se caracteriza por tener magnitudes nada despreciables. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, adultos mayores, personas en situación de calle y privados de la libertad, madres cabeza de familia, migrantes, entre otros, son algunas de las poblaciones con las que estas organizaciones e iglesias trabajan; temas de salud, educación, bienestar, ingresos, ocupación y trabajo constituyen diversos sectores del tejido de una sociedad sobre los que desarrollan acciones varias; así como organizaciones, fundaciones, ONG y asociaciones varias resultan formas de organización que muchas de estas iglesias y organizaciones han edificado y puesto en acción, de tal forma que poco a poco se han convertido en actores activos de las mismas políticas públicas y de la cooperación internacional. Las posibilidades de articulación con otros sectores como las Instituciones de Educación Superior, los sectores productivos y gubernamentales, entre otros, serían considerables.
Este ejercicio de articulación entre lo personal y lo social acoge la idea de las «comunidades pluralistas». «Expresiones que se refieren a sociedades o sistemas políticos democráticos que puedan contener y dar viabilidad a diferentes comunidades, sujetos y proyectos sociales y culturales, en torno a unos proyectos comunes y unas reglas de juego respetadas por todos» (Torres, 2013, p. 213); una propuesta política alternativa, viable, que permitiría «potenciar el desenvolvimiento y expresión de diferentes grupos sociales y políticos a través de proyectos, si no divergentes, al menos no coincidentes» (Torres, 2013, p. 213).
Puede que exista la formalización de la norma o la presencia de entidades de influencia global, así como el discurso aprobatorio de los gobernantes y las instituciones; sin embargo, sin el aporte real de las personas que conforman el estado colombiano, se podrá presenciar -de nuevo- la letra muerta.
