INTRODUCCIÓN
Como se refleja en el informe especial de la CEPAL, “El desafío social en tiempos del COVID-19”, de mayo de 2020, la pandemia del COVID-19 tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. Esto ha afectado, de manera particular, a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento, alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social y manifestaciones de descontento popular (CEPAL, 2020).
Las medidas de cuarentena y distanciamiento físico, necesarias para frenar la propagación acelerada del coronavirus y salvar vidas, generan pérdidas de empleo (en 2020 hubo 11,6 millones de desocupados más que en 2019), y reducen los ingresos laborales de las personas y de los hogares. En la región, los mercados laborales suelen ser precarios: existe una alta proporción de empleos informales (un 53,1 % en 2016-. En 2018 solo el 47,4 % de los ocupados aportaba al sistema de pensiones y más del 20 % de los ocupados vivía en la pobreza. Las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes y los migrantes estaban sobrerrepresentados entre los trabajadores informales (CEPAL, 2020).
Tras la pandemia, en el mundo habrá un mayor nivel de desempleo, desigualdad, pobreza, deuda y frustración política; por tanto, «para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (CEPAL, 2020).
En este escenario de pandemia y pospandemia, y en el repensar del modelo económico actual, las empresas cooperativas deben tener un mayor protagonismo; en particular las cooperativas de trabajo, que tanto internacionalmente como en Cuba han demostrado su resiliencia ante las crisis, y su mayor capacidad y flexibilidad para proteger el empleo de sus socios y generar empleo digno para los grupos más vulnerables de la sociedad.
DESARROLLO
Las cooperativas de trabajo: definiciones
De acuerdo con la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI y la recomendación sobre la promoción de las cooperativas de la OIT, una cooperativa es: «una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática» (Bruno, Eum & Terrasi, 2014, p. 16). Se regula de acuerdo con siete principios operacionales, a saber: «adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática por parte de los socios; participación económica de los socios; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas, e interés por la comunidad». Además, se basa en los valores cooperativos de «autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y el interés por los demás» (Bruno, Eum & Terrasi, 2014).
Existen diferentes clasificaciones de las cooperativas, en dependencia de los criterios que se tomen en consideración. Las dos más comunes se refieren a la actividad económica en que operan (agrícola, construcción, servicios manufactureros, etcétera) y a la relación que tiene el socio con su cooperativa (trabajador, consumidor/usuario, productor, entre otros). Este trabajo se centra en esta última clasificación, que el informe Mundial Cooperativas y Empleo (Bruno, Eum & Terrasi, 2014) divide en los tres tipos principales siguientes:
Las cooperativas de usuarios. Los socios son los usuarios; por ejemplo, consumidores (cooperativas de consumidores), titulares de cuentas (cooperativas bancarias y cooperativas de crédito), usuarios de servicios de distribución de electricidad o agua (cooperativas de servicios públicos).
Las cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas sociales. Están compuestas predominantemente por socios-trabajadores, que constituyen al mismo tiempo propietarios y miembros del personal, a excepción de las cooperativas sociales multi-societarias, en las cuales los socios-trabajadores pueden ser solo una minoría. Las cooperativas de trabajo asociado tienen como misión principal crear y mantener empleo sostenible. Una parte de las cooperativas sociales se especializa en la provisión de servicios a la comunidad (salud, educación, servicios sociales, etcétera), mientras otra se dedica a proporcionar integración laboral a personas discapacitadas o desfavorecidas.
Las cooperativas de producción, a través de las cuales los productores individuales de bienes o servicios (como agricultores, pescadores, taxistas, artesanos, etcétera) se organizan conjuntamente bajo forma de empresa en términos de insumos, procesamiento y comercialización (Bruno, Eum & Terrasi, 2014).
En síntesis,
son sociedades cooperativas de trabajo las que agrupan, con la cualidad de socios y socias, a personas físicas que, mediante su trabajo común, realizan cualquier actividad económica de producción de bienes o servicios para terceros, siendo su relación con la cooperativa de carácter societario. (FAECTA, 2019)
Por tanto, las Cooperativas agropecuarias cubanas declaradas en el Decreto-Ley 365/2018 del Consejo de Estado (2018), denominadas Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) y las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) clasifican como cooperativas de trabajo asociado al igual que las Cooperativas No Agropecuarias (CNA) declaradas en el Decreto-Ley 305/2012 (Consejo de Estado, 2012); mientras, las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) clasifican como cooperativas de productores. A continuación se exponen sus definiciones:
Unidad Básica de Producción Cooperativa. Se constituye por personas naturales incorporadas a ella voluntariamente, que aportan su trabajo o los bienes que poseen, reciben la tierra en usufructo, y su patrimonio lo integran los bienes adquiridos por compraventa o cualquier otro título, así como los obtenidos por el resultado de los procesos productivos que desarrollen (Consejo de Estado, 2018).
Cooperativa de Producción Agropecuaria. Se compone por agricultores pequeños que voluntariamente deciden aportar la tierra u otros bienes de su propiedad al patrimonio de la cooperativa que, una vez creada, puede recibir tierras en usufructo. Se integra, además, por otras personas naturales que concluyan satisfactoriamente el período de prueba y sean admitidos por la Asamblea General de la cooperativa (Consejo de Estado, 2018).
Cooperativa de Créditos y Servicios. Se funda a partir de la incorporación voluntaria de agricultores pequeños que mantienen la propiedad o el usufructo de sus respectivas tierras y demás bienes, así como de la producción que obtienen. Se compone, además, por los familiares de los referidos agricultores que estén vinculados a la tierra, los apicultores sin tierra y los trabajadores contratados que sean aceptados como miembros por la Asamblea General de la cooperativa (Consejo de Estado, 2018).
Las Cooperativas No Agropecuarias. Se definen como una organización con fines económicos y sociales, que se constituye voluntariamente sobre la base del aporte de bienes y derechos, y se sustenta en el trabajo de sus socios, cuyo objetivo general es la producción de bienes y la prestación de servicios mediante la gestión colectiva, para la satisfacción del interés social y el de los socios (Consejo de Estado, 2012).
Como se planteó previamente, las Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA), las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y las Cooperativas No Agropecuarias (CNA) clasifican como Cooperativas de Trabajo Asociado, pues la integran y dirigen los socios trabajadores; mientras las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) se catalogan como cooperativas de producción, pues las integran y dirigen los productores.
Se ha de destacar que, en el caso de las Cooperativas de Producción Agropecuaria, una vez creadas, el aporte fundamental de los socios es el trabajo para hacer producir el patrimonio común, mientras que el objetivo fundamental de las Cooperativas de Créditos y Servicios consiste en recibir servicios y no aportar trabajo. Por tanto, los nombres que las identifican responden a una clasificación en función de la principal actividad económica que realizan o al sector donde la ejecutan.
La situación del empleo en Cuba
Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2018 estaban ocupados en la economía nacional 4 482 700 personas (Tabla 1); de ellas, 1 658 600 eran mujeres (37 % del total). En cuanto a la fuente de empleo, el 64, 6 % correspondía al empleo estatal y el 34, 4 % al empleo no estatal.
Las cooperativas emplearon 469 900 personas (el 10,5 % del empleo de la nación), entre las que se encontraban 61 400 mujeres (13 %). En el caso de las cooperativas de trabajo que incluían CPA, UBPC y CNA, se estimó que dieron trabajo a 225 000 personas (47,9 % del total de los trabajadores cooperativos); de ellos, 38 000 eran mujeres (17 %), porcentaje muy inferior al 45 % que alcanzaron en el empleo estatal.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI, 2019a).
Los ocupados en la economía nacional en 2018 fueron un 10 % inferior a los ocupados en 2010 (Figura 1). Esta disminución se mostró más acentuada en el empleo estatal. Los 3 067 000 ocupados en este sector representaban solo el 75,8 % de los empleados en el año de referencia. En este período solo creció el sector no estatal, soportado fundamentalmente por el sector privado, que incrementó el empleo en 468 900 personas. Este valor incluye a los campesinos y usufructuarios asociados a las CCS, en consecuencia con la metodología aplicada por la ONEI hasta 2014.
Al examinar el comportamiento de la población económicamente activa (Figura 2) se evidenció una tendencia negativa en los últimos tres años, al incrementarse la brecha entre la población en edad laboral y la económicamente activa. La tasa de actividad solo alcanzó el 63, 8 %, cifra muy inferior al 74,9 % alcanzado en 2010.
Un análisis conservador supone que los estudiantes matriculados en las universidades y la educación técnica y profesional (Figura 3) tienen una edad superior a 17 años (432 200 estudiantes matriculados al inicio del curso 2018-2019) y asume que un 30 % de la población en edad laboral puede estar limitado para ocupar un empleo, por diferentes causas (cumplen con el Servicio Militar Activo, están discapacitado o, aunque residen en Cuba, viven en el exterior, entre otras(. Se estima que no menos de 1 379 000 personas en edad laboral están sin un empleo formal; de ellas, no menos de 919 000 son mujeres y al menos 512 000 resultan jóvenes entre 17 y 34 años (hombres y mujeres), que representan el 37 % de la población en edad laboral y que tienen un mayor peso en la economía informal.
El empleo y el mercado informal en Cuba
Según el informe de la OIT “La crisis de COVID-19 y la economía informal”, se estima que las medidas de confinamiento que se han tomado en el mundo para romper la cadena de transmisión del virus y proteger a grandes segmentos de la población ha tenido un impacto considerable en los 1600 millones de trabajadores del sector informal, y especialmente en las mujeres, que son mayoritarias en los sectores más afectados (OIT, 2020a).
Muchas mujeres y hombres de la economía informal necesitan obtener ingresos para alimentarse a sí mismos y a sus familias, ya que la mayoría de ellos no pueden depender de las rentas de sustitución ni de los ahorros. El hecho de no trabajar y quedarse en casa significa perder sus empleos y sus medios de vida; «morir de hambre o por el virus» es el dilema al que se enfrentan muchos trabajadores de la economía informal (OIT, 2020b).
En Cuba, aunque las condiciones son muy diferentes y los empleados en el sector informal no enfrentan este dilema por la prioridad que da el Estado al empleo y a la salud de toda su población, han sido, sin embargo, los jóvenes y las mujeres los grupos más afectados durante la crisis de la COVID-19, pues representan mayoría en el empleo por cuenta propia e informal del país. Al perder el empleo debido al cierre de los negocios en que estaban ocupados, se quedaron sin ningún respaldo salarial y, en la mayoría de los casos, sin ahorros para enfrentar la crisis.
Pero ha de destacarse que el mercado informal en Cuba se diferencia del resto de América Latina en que su situación no resulta precaria ni una alternativa a una escasez de oferta de empleo en el mercado formal, o la incapacidad por su formación para ocuparlo; su informalidad responde más al escaso atractivo de las ofertas de empleo en el mercado estatal, fundamentalmente por el posible salario a devengar y por el interés de evadir los impuestos que deben asumir si se contratan en el sector privado, por lo que el mayor porcentaje de este mercado está formado por trabajadores del sector privado en actividades de servicio, gastronomía y agrícolas, que no están respaldados por un contrato laboral y otros que aprovechando la escases de oferta de algunos productos en el mercado se dedican a acaparar y revender.
El salario medio en Cuba en 2018 en las entidades estatales fue de 777 CUP; en la actividad del comercio, de 689 CUP, en la de restaurantes y hoteles, de 516 CUP; y en la agricultura, de 921 CUP. Sin embargo, el salario mínimo mensual (24 días laborales) en actividades de servicios en el mercado informal resultó superior a 1200 CUP, al estimar un salario mínimo diario de 50 CUP en labores como dependiente; y en la agricultura se consideró un salario mínimo mensual de 1920 CUP, al calcular un ingreso mínimo diario de 80 CUP, en trabajos como obrero agrícola. Salarios mínimos muy superiores a la media de los ocupados en actividades similares del sector estatal.
Esta situación justifica por sí sola la tendencia a la disminución del trabajo en el sector estatal en favor del sector privado e informal, aunque hay otros factores que la favorecen como la cobertura total y gratuita de los servicios de salud y educación, que elimina la presión que pueden tener trabajadores de otros países del sector informal; y la garantía de una canasta básica muy elemental a precios bajos, que también protege a toda la población cubana; así como los servicios de agua y electricidad, subsidiados por el Estado. Otro factor que distingue el mercado informal cubano es la garantía casi total de empleo en el mercado estatal (formal) si así lo decidieran las personas, lo que sostiene la baja tasa de desocupados del país, que en 2018 fue de 1,7 %, pues solo 76 400 personas procuraron un empleo estatal y no lo lograron, según fuentes de la ONEI (2019a).
Las cooperativas de trabajo y el empleo en Cuba
El estudio del sector no estatal en el que se incluyen las cooperativas de trabajo evidencia que el trabajo por cuenta propia ha generado más empleo, al ocupar 352 700 personas más que en 2010. Las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) han contratado menos personas en el período analizado; de hecho, los ocupados en 2001 superaban en 111 600 a los de 2015 y el aporte adicional de las Cooperativas No Agropecuarias (CNA) al empleo resultó solo de 12 600 en cinco años.
El empleo cooperativo hasta 2013, cuando se crearon las primeras CNA, se limitaba al sector agropecuario, donde resultó predominante desde 1993, año en que se aprobó la creación de las UBPC. Por ello, aunque los ocupados en el sector cooperativo en 2018 solo representaban el 10,5 % de los ocupados en la economía nacional, en las actividades vinculadas a la agricultura, silvicultura y pesca superaban el 90 % (Figura 4).
En la estructura del empleo en estas actividades el mayor peso lo tienen las CCS (cooperativas de productores) con el 74,6 %, mientras las cooperativas de trabajo (CPA y UBPC) han perdido peso. Si en 2001 representaban el 42,4 % y empleaban 318 500 personas, en 2014 solo representaban el 25,4 % y empleaban 226 000 personas, con 92 500 ocupados menos (Figura 5).
Según opinión de expertos y cooperativistas, hay varios factores que inciden en esta tendencia negativa. En el caso de las CPA destaca un factor generacional, al señalar que la mayoría de los cooperativistas fundadores son adultos mayores que no trabajan la tierra y que los nuevos cooperativistas en su mayoría eran obreros agrícolas que se convirtieron en socios; también se señala que no resulta significativa la incorporación de los jóvenes y las mujeres a estas cooperativas.
Otra cuestión que afecta a ambas cooperativas y al cual le asignan gran importancia los entrevistados es la política de precios vigente para la mayoría de los productos de la agricultura, para los cuales el Estado cubano, con el objetivo de proteger la población, fija precios bajos a la producción contratada, lo que afecta los ingresos de los cooperativistas y desmotiva la permanencia y la incorporación de nuevos socios, por lo que hay consenso entre los economistas cubanos en que se deben subsidiar personas y no subsidiar productos.
También se coincide con que entre los factores de mayor incidencia en esta tendencia negativa está la limitada autonomía de gestión y la eficacia de la gestión cooperativa, factores muy correlacionados y que afectan la esencia del cooperativismo.
Las cooperativas de trabajo en Cuba: más que una alternativa de empleo para jóvenes y mujeres
Las cooperativas de trabajo a nivel internacional han sido una alternativa eficaz al empleo informal. Hay evidencias de que han constituido una solución viable ante empresas quebradas y de que, en muchas actividades, como las labores de servicios, domésticos, cuidados de adultos mayores, reciclaje de productos, han representado una garantía de trabajo digno y seguro para sus socios, y han demostrado su capacidad de resiliencia ante las crisis.
En Cuba estas cooperativas también han probado su resiliencia ante las crisis y han garantizado empleo digno y seguro a sus socios. Sin embargo, para atraer y motivar a las mujeres y los jóvenes, y comenzar una senda de recuperación y crecimiento deberían ser más que un paliativo ante las crisis y una opción a la informalidad del empleo; tendrían que convertirse en una cooperativa eficaz y eficiente respetuosa de sus principios y valores.
Para ello, como se recomienda en el primer informe de CICOPA sobre las cooperativas y el empleo, debe promoverse lo siguiente:
Mediante políticas específicas, medidas de apoyo y programas en colaboración con las organizaciones cooperativas, deben fomentarse el empleo cooperativo juvenil y la creación de empresas. Esto no solo ayudará a proporcionar el empleo de los jóvenes, sino también a garantizar el reemplazo generacional de las cooperativas en los sectores existentes y emergentes. Además, el emprendimiento juvenil pudiera fomentar la innovación cooperativa y la adaptación al cambio (Bruno, Eum & Terrasi, 2014).
Las organizaciones cooperativas deberían fortalecer su colaboración y alianzas con universidades y escuelas empresariales con el fin de superar cualquier falta de conocimiento entre los jóvenes acerca de las cooperativas (Bruno, Eum & Terrasi, 2014).
Los poderes públicos deberían promover la creación y el fortalecimiento de organizaciones cooperativas que cubran todos los sectores de la economía. Tales organizaciones pudieran negociar políticas públicas y regulaciones apropiadas, para desarrollar, al mismo tiempo, un importante papel de apoyo empresarial, lo que proporcionaría servicios de formación y asesoramiento a las cooperativas de base sobre cuestiones jurídicas, información de mercado, planificación empresarial, cuestiones de empleo cooperativo, creación de empresas, innovación, internacionalización, etcétera (Canadian Worker Co-operative Federation, 2020).
A través de políticas específicas, medidas de apoyo y programas en colaboración con las organizaciones cooperativas, se deberían fomentar el empleo cooperativo y el emprendimiento entre las mujeres, de acuerdo con la R/193 de la OIT que establece: «Debería prestarse especial atención al incremento de la participación de las mujeres en el movimiento cooperativo en todos los niveles, en particular en los de gestión y dirección» (Art. 7) (Bruno, Eum & Terrasi, 2014, p. 110). Además, las medidas y las políticas relacionadas con el empleo a tiempo parcial, las prácticas de conciliación de la vida laboral y la no discriminación deberían aplicarse con especial énfasis en la igualdad de género y el enfoque activo de las mujeres en toda cooperativa (Bruno, Eum & Terrasi, 2014).
El desafío que ha impuesto la situación de crisis acentuada por la COVID-19 y la necesidad de dar respuestas que impacten en el desarrollo económico y social del país están creando un entorno favorable para el crecimiento y el desarrollo de las cooperativas. En la síntesis de la estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19: “Cuba y su desafío económico y social” se publican algunas medidas que lo evidencian. A continuación, se enuncian algunas (Ministerio de Economía y Planificación, 2020):
Potenciar todas las formas de propiedad y gestión en la producción de alimentos.
Trabajar intencionadamente la capacidad de gestión y autonomía de las CPA, CCS y UBPC, con el objetivo de dotarlas de mayor autonomía.
Avanzar, como parte del desarrollo de las cooperativas, en las informáticas u otras formas de gestión no estatal, para posibilitar mayor producción de aplicaciones y servicios informáticos, con oportunidades de obtener ingresos externos.
Incorporar, para la elaboración y evaluación de los estudios de factibilidad, a las formas no estatales de gestión, como las cooperativas no agropecuarias.
Organizar la implementación de incentivos para la innovación, recuperación y fabricación de piezas de repuesto en los talleres. Evaluar en cuáles talleres sería conveniente transformar su sistema de gestión, incluyendo las modalidades de cooperativas no agropecuarias u otras.
Trasformar las unidades de servicios (institutos de salud y belleza, talleres del programa de ahorro energético y unidades de servicios) a la modalidad de gestión no estatal, u otras formas; incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas para elevar la eficacia de estas unidades de servicios.
Estructuración de créditos a mediano y largo plazos para la agricultura.
Estructuración de financiamientos a las empresas en sus diferentes estadios de evolución, lo cual permitirá atender las demandas de las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas que sean creadas, así como acompañar su desarrollo.
Administración de fondos presupuestarios, lo que permitirá utilizar de forma más eficiente los recursos de los Gobiernos locales u otras actividades que se puedan potenciar, con fondos presupuestarios que contribuyan al desarrollo del país.
Canalización de remesas de particulares.
Ampliar los productos crediticios para las formas de gestión no estatal.
Diseñar el manejo de los recursos derivados de la Contribución Territorial, mediante fondos en cuentas bancarias en fideicomisos, para financiar proyectos de desarrollo local, que se administren por los Consejos de la Administración Municipal.
Establecer de manera gradual una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal como al no estatal.
Potenciar la formación de precios por correlación, de manera gradual y en la medida en que las condiciones de la economía lo permitan, en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía.
Avanzar en subsidiar a las personas que lo requieran; no a los productos.
La síntesis de la estrategia manifiesta la intención de generalizar la experiencia cooperativa a todos los sectores, que se inicia por la constitución de nuevas cooperativas en sectores priorizados como la informática. Esto pudiera conllevar a un mayor empleo de mujeres y jóvenes, en particular en este sector, donde ellos son mayoritarios y Cuba tiene mucho potencial humano.
Sin embargo, la intención de generalizar esta experiencia pudiera resultar insuficiente en cuanto al objetivo de incrementar el empleo entre las mujeres y los jóvenes sin una estrategia clara para promoverla en estos grupos. Recuérdese que más de 500 000 jóvenes pudieran estar en el mercado informal o sin empleo, y con escasos recursos para emprender sus propios negocios.
La mayoría de las cooperativas no agropecuarias que han operado en el período 2013-2018 fueron cooperativas inducidas a partir de entidades estatales o transformaciones de negocios privados y, aunque están reconocidas como cooperativas, muchas de ellas no funcionan como tal, con un déficit común, cultura y conciencia cooperativa. Además, apenas el 16,6 % de los empleados en estas cooperativas son mujeres, las cuales, en su mayoría, operan en actividades de servicio y gastronomía.
Una gran oportunidad para promover estas cooperativas con una alta representación de mujeres y jóvenes la tienen las Asambleas Municipales del Poder Popular y sus Consejos de la Administración Municipal, al promover y financiar pequeñas y medianas empresas cooperativas que respondan a las necesidades y los intereses de la comunidad, mediante todas las alternativas de financiamiento que se enuncian en la estrategia y el aprovechamiento del financiamiento internacional que pueda gestionarse para estos efectos.
También debe concebirse la concurrencia integral de todos los actores en el modelo económico, pero con una mayor representación de las cooperativas. El modelo de pequeña empresa cooperativa pueda dar una respuesta más eficaz a los problemas y oportunidades de los municipios, en comparación con un pequeño productor privado, en términos de calidad, precio y compromiso con la comunidad. Aunque se ha de procurar que existan reglas generales para todos, en igualdad de condiciones.
También se ha de cuidar en todo el proceso de formación y consolidación de las cooperativas el respeto a los principios y valores cooperativos. La experiencia internacional y cubana ha demostrado que violarlo limita y puede llevar al fracaso a las cooperativas.
El modelo económico cooperativo ha sido un pilar en prósperas regiones de Europa como Emilia Romagna, en Italia; Mondragón, en Valencia; Almería y Barcelona, en España; Paraná, en Brasil. Algunas de las Cooperativas de Producción Agropecuaria cubanas aún son pilares de la economía municipal donde residen.
CONCLUSIONES
En Cuba las cooperativas de trabajo también han demostrado su resiliencia ante las crisis, y han garantizado empleo digno y seguro a sus socios. En el caso de las CPA y UBPC, junto con las CCS, constituyen los pilares de la seguridad alimentaria de nuestro país. Sin embargo, la presencia de mujeres y jóvenes entre sus miembros resulta baja.
En Cuba las cooperativas de trabajo pueden y deben ser una alternativa de trabajo digno para mujeres y jóvenes que actualmente están desocupados o formen parte del mercado informal. Pero se necesita una estrategia clara y precisa de promoción y fomento, donde se prioricen dentro de estos grupos a aquellos que disponen de escasos recursos para emprender sus propios negocios.
Las cooperativas de trabajo deben tener una mayor representación dentro de los actores productivos y de servicios del modelo económico cubano, y deben operar bajo reglas generales para todos y en igualdad de condiciones. Se debe proteger, en particular, la autonomía cooperativa, que ha sido un factor fundamental de la desmotivación y el decrecimiento de los miembros de estas cooperativas.
Las condiciones económicas y sociales actuales de la mayoría de los municipios cubanos permiten convertir a las cooperativas de trabajo en pilares de su desarrollo con una alta representatividad de mujeres y jóvenes como garantía de continuidad e innovación.