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INTRODUCCIÓN
La Administración Pública ha recorrido una enorme distancia en el devenir histórico de la humanidad para reclamar su lugar como disciplina científica dentro del ámbito de las Ciencias
Sociales ya que como señala Sánchez (2017), «La Ciencia de la Administración Pública comenzó a ser practicada desde 1727, mientras que en 1729 había aparecido el primer libro de texto para la enseñanza administrativa» (p.16). Como objeto de estudio no es ajeno a las mutaciones de la sociedad y el Estado (Uvalle, 1994). El reconocer la Administración Pública como una ciencia ha sido planteado por varios autores los cuales han fundamentado acerca de los objetos de estudio, sus métodos y cómo abordar su investigación (Uvalle, 1994; Guerrero, 2009; González, 2015; Sánchez, 2017, 2022).
La contemporaneidad exige de una Administración Pública cada vez más atemperada a la dinámica del desarrollo humano, su complejo objeto de estudio revela características, valores, principios, alcance y repercusión social propios, en el que se imbrican su carácter público y una amplia gama de asuntos políticos, económicos, sociales, culturales, infocomunicacionales, psicológicos, medioambientales, demográficos y jurídicos. De tal suerte que sólo puede ser comprendido en su evolución en la búsqueda de la conexión histórica y las contradicciones que dialécticamente se generan y que definen cualquier transformación; se trata, también, de normas, reglas, preceptos que rigen de forma implícita o explícita la conducta de los directivos y el funcionamiento de las organizaciones (Iglesias, 1998).
«Toda ciencia se construye acumulando saber, edificando una estructura de conocimiento sistemático sobre su objeto de estudio. Actualmente es mucho lo que se conoce, pero más lo que se ignora sobre la administración pública, para hacerla prosperar. En efecto, ciencia implica consideraciones estáticas y dinámicas» como expresa Guerrero (2009, p.77)
La Administración Pública se presenta como ciencia, y como tal debe ser estudiada; constituye un sistema complejo, heterogéneo, variable, mutable pero organizado, que se basa en principios que regulan su dinámico funcionamiento. En esta coyuntura deberá contextualizarse desde sus diferentes dimensiones según Tamayo y Fernández (2017):
«así la dimensión jurídica deberá contener la sujeción irrestricta al principio de legalidad sobre la base de un sistema normativo , coherente, que no solo incluye el apego a las normas jurídicas que la legitiman sino además a los valores y principios que animan al Derecho; dimensión económica encaminada, esencialmente, al uso racional del presupuesto, al desarrollo de cadenas productivas; al involucramiento de actores productivos y de servicios, al cumplimiento de los contratos económicos, y al manejo efectivo y honrado de los recursos públicos; por su parte la dimensión social , deberá centrar su mirada inclusiva al alcance de los servicios sociales prestados, al nivel de satisfacción de la población y usuarios, a la mejora en los indicadores de calidad de vida alcanzados, y a la incesante búsqueda de equidad en la prestación de dichos servicios; en tanto, la dimensión política incluye la calidad de las políticas públicas sectoriales o territoriales concebidas, así como al aseguramiento de la participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas sectoriales y locales y su cumplimiento; y, por último, no menos importante, la dimensión ambiental dirigida al logro de la certificación ambiental y al fomento de una cultura en este ámbito que se haga acompañar de proyectos viables y tranversalizadores» (p.17).
Tales dimensiones revelan la naturaleza que le es propia a la Administración Pública; ello incluye un contenido multidisciplinar marcado por la presencia de no pocas disciplinas cada una aportando desde su perfil más abarcador; en tanto su visión interdisciplinar ratifica esta versátil composición de disciplinas relacionadas entre sí pero en aspectos específicos.
Asumir a la Administración Pública desde su marcada función social, hace más notorio los problemas, muchas veces fronterizos, entre la Ética, el Derecho, la Economía, la Historia, la Información y la Comunicación Social, la Geografía, la Demografía, la Sociología, la Política y la Psicología, entre otros, los cuales hay que estudiar de manera multi e interdisciplinar. En este último proceso, pudiera entonces comprenderse que la relación entre dos o más disciplinas que tienen como objeto abordar problemas complejos, requieren de interacción, desde la simple comunicación de ideas hasta la integración de teorías involucradas en tal interacción.
Relación de la Administración Pública con otras áreas del conocimiento.
Sentado lo anterior, y en el ánimo de ilustrar de alguna manera tal aseveración, es conveniente deslindar algunas cuestiones: la multidisciplinariedad evidenciada a punta de partida de todas las ciencias con las que entabla sinergias la Administración Pública y la interdisciplinariedad desde la óptica de las aportaciones específicas que les realiza, destacándose dichas relaciones, en un marco más amplio y/o específico según sea su contenido; pueden apreciarse los referidos vínculos a través de algunos ejemplos :
Con las Ciencias Jurídicas:
El estrecho vínculo entre la Administración Pública y el Derecho nace de la noción de que toda situación administrativa tiene sus elementos jurídicos y viceversa, toda situación jurídica tiene sus elementos administrativos. Cada acto administrativo está basado, directa o indirectamente, en una norma jurídica, pero su sentido no se deriva de esa base legal, pues la administración ostenta, entre sus potestades, el poder discrecional. Asimismo, hay que recordar que el Derecho Público, tanto en su rama constitucional como administrativa, no explican de ninguna manera los fenómenos que suceden en la Administración Pública. Tampoco puede perderse de vista que el Derecho permanece ineludiblemente en el campo del "deber ser". Ya en un ámbito puntual podrían visualizarse las contribuciones, entre otras, desde:
el Derecho constitucional, teniendo en cuenta que las normas que fundamentan y las funciones y actividades que la Administración Pública realiza, tienen su origen constitucionalmente;
el Derecho administrativo, al regular la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la Administración pública, legitimando su régimen jurídico;
el Derecho económico, al organizar, disciplinar y controlar las facultades administrativas de la administración pública e impulsar los emprendimientos en la administración privada;
el Derecho tributario, pues la Administración pública involucra todas las funciones administrativas que ejercen los distintos órganos del Estado, sin importar la rama del poder público;
el Derecho civil visualizada como rama del derecho privado que regula las relaciones entre las personas y los derechos patrimoniales de carácter particular;
el Derecho penal, en su ubicación desde el derecho administrativo sancionador y como expresión de la potestad sancionadora de la Administración Pública lo que da relación entre el derecho penal y el derecho administrativo; el Derecho laboral.
Desde cualquiera de sus disciplinas, el derecho se erige en legitimador de la existencia misma de la administración pública y su funcionamiento a tono con los principios de organización y actuación que la sostienen.
Con las Ciencias Económicas:
Se parte de la concepción que la Administración Pública es también una rama de la Economía Política. La prosperidad en la economía ha sido siempre condición imprescindible de la política pública y la actividad del gobierno. Para lograr tales fines debe formarse un personal idóneo y servidores públicos con preparación adecuada entre los que debe existir formación económica. El enfoque económico presenta creciente importancia sobre todo en lo concerniente a la comprensión de los progresos de la Administración Pública con posterioridad a la segunda guerra mundial y de los impactos recientes del proceso de globalización y responde a los avances que ha alcanzado el sistema de relaciones sociales de producción. No pueden desdeñarse las aportaciones relevantes desde la contabilidad y las finanzas las públicas, lo concerniente al presupuesto, entre otros aspectos.
Actualmente en que resulta un imperativo en Cuba, reforzar la autonomía de los municipios, deviene una condicionante del progreso local el desarrollo económico a este nivel garantizando su sostenibilidad, razón por la cual el estudio de los acuciantes problemas económicos, financieros y contables adquieren especial dimensión en el contexto actual de transformaciones.
Con la Historia:
De manera general, no se pudiera conocer el tractus evolutivo de la Administración Pública, si no se acude a la Historia; la memoria histórica, las tradiciones, costumbres, idiosincrasia, cultura, marcan la identidad no solo de las instituciones públicas, sino de la organización política y social. Se presenta en diversos sentidos, a lo que Gladden (1998) denomina aproximaciones de la Historia con la Administración Pública. Tal lógica de pensamiento conduce a la idea de la dirección y administración superior, relacionada con los niveles de administración y el quehacer político; en el sentido de la función y organización, fundamentalmente con elementos históricos de hondo calado.
A partir del enfoque histórico como bien expone Sánchez (2001), se analizan las instituciones representativas de la Administración Pública, el Estado y el Gobierno, se verifican los hechos pasados y se posibilita la previsión de los futuros; se valoran las causas de los fenómenos, su incidencia en los mismos, el impacto en el objeto de estudio y además permite fundamentar científicamente las proposiciones. Se analizan y explican la esencia, el alcance y el significado histórico de los fenómenos, se puede revelar la génesis y modificación de las instituciones, la sociedad, la economía, la evolución científica de la administración, tanto en su historia externa como en sus soluciones internas más significativas; permite analizar la formación de los grandes sistemas administrativos contemporáneos, las causas de las transformaciones sociales, económicas, normativas, de gestión pública, caracterizar, sintetizar y explicar las principales corrientes relacionadas (Centro de Estudios de Administración Pública, 2020). El dominio de las premisas generales de su surgimiento, permite también explicar y generalizar los rasgos esenciales de las principales instituciones de la Administración Pública, así como, someter a crítica las principales corrientes ideológicas en el campo político, económico, de gestión, medioambiental, sociológico y jurídico, definiendo posturas respecto a las distintas líneas filosóficas, así como analizar y sintetizar el desarrollo administrativo en sus diferentes dimensiones nacional y global. En sentido más general, la Historia facilita los elementos para que las reformas administrativas tengan en cuenta las circunstancias históricas (Garcini, 1986).
Con las Ciencias de la Información y la Comunicación Social:
Estas ciencias han estudiado de manera interdisciplinaria los procesos informativos y comunicativos que sustentan la Administración Pública como ejercicio de gobierno que maneja datos, informaciones y conocimientos para el hacer de la administración y la toma de decisiones, así como las formas de objetivar el derecho ciudadano universal al uso de la información y la comunicación como procesos transparentes y participativos, tanto por sus agendas de interés, como por los espacios y medios en los que estas tienen lugar, o sea lo público. Debe ser una línea permanente de atención la existencia de una política de comunicación como un recurso para el desarrollo, estrechamente relacionada con las estrategias de desarrollo local, trasformando la comunicación y estableciendo un espacio de diálogo permanente con los actores locales que garantice la retroalimentación del proceso. A la par, es importante el reconocimiento de canales institucionalizados que contribuyan a un diálogo responsable entre gobernantes y gobernados mediante vías que permitan la difusión, el acceso a la información y la consulta oportuna. En este entramado es vital la definición de los parámetros y responsables por la accesibilidad a la información pública relevante, como medio de control ciudadano y de recuperación de la credibilidad en las instituciones públicas, a través de normas que regulen el principio de transparencia en su gestión.
Con la Geografía:
Esta ciencia aporta a la gestión pública desde el plano territorial y medioambiental. El mapeo de procesos que en el ámbito público tiene lugar resulta definitorio en la toma de decisiones. Según Garcini (1986), la Geografía proporciona bases científicas para la acción de la Administración Pública y ofrece datos precisos para la solución de importantes problemas, por ejemplo, determinar vías de comunicación. Los territorios muy extensos, estructurados como un municipio pueden llegar a ser ingobernables. La proporción entre problemas, soluciones y delegados rebasa las posibilidades. Se genera un volumen mayor de planteamientos, se desbordan las estructuras y puede crecer la insatisfacción popular.
Por otra parte, en correspondencia con el paradigma del Desarrollo Urbano Sostenible y la política ambiental cubana, no se garantiza la integración de la dimensión ambiental en los Planes de Ordenamiento Territorial a diferentes escalas, incluyendo lo local y su implementación en la práctica; principios que se ven limitados por la dispersión de la información y el insuficiente desarrollo del ordenamiento ambiental, entre otros factores coadyuvantes. Hay que reconocer el papel de la gestión ambiental comunitaria como un proceso donde autoridades y pobladores, alcancen un real empoderamiento para ir transformando sus espacios en el mejoramiento de las condiciones ambientales y la elevación de la calidad de vida.
En todo este análisis no debe perderse de vista el principio de heterogeneidad: el Municipio es la síntesis de realidades sociológicas y físicas distintas, el producto del comportamiento desigual de diferentes componentes, la mezcla natural, espontánea y diversa de distintos elementos. Demanda un tratamiento diferenciado de los territorios, a partir de sus potencialidades y necesidades particulares, así como el reconocimiento de las desigualdades geográfico - ambientales presentes en la provincia y en sus municipios.
Con la Demografía.
Al estudiar esta disciplina la población del país le ofrece datos a la Administración para la organización de los servicios de la gestión económica, división territorial, etcétera (Garcini, 1986). Resulta trascendente conocer la distribución de las características socio demográficas de la población a diferentes niveles, así como conocer las condiciones para enfrentar los problemas clásicos de una población envejecida y con tendencia a incrementar ese rasgo en el futuro, como ocurre en Cuba.
Con la Sociología:
Legitimar el ejercicio del poder es un desafío, sobre todo porque el arte de gobernar presupone responder eficazmente al mandato del pueblo. Con tal lógica deviene un imperativo estudiar y definir las características de aquellos grupos sociales que la componen en el empeño de explicar la realidad y la formulación de sus prevenciones. Se colige que en la praxis ningún gobierno puede gobernar si no conoce a sus gobernados y las herramientas en este ámbito los aporta esta disciplina. «La Administración Pública tiene desde su origen como centro de estudio al Estado. […] Lorenzo von Stein en Prusia, Bonnin en Francia, y Carlos Marx en Alemania, así como otros cultivadores de la ciencia de la administración […] hacen énfasis en la noción del Estado como elemento central que aglutina a todas las fuerzas de la sociedad para para potenciarla» (Sánchez, 2001, p.169). Según Garcini (1986), se trata de utilizar la Sociología para que le suministre sus deducciones y enseñanzas sobre la problemática social.
Con la Ciencia Política:
Si de ubicar a la Administración Pública se trata hay que fijarla, esencialmente, en la rama ejecutiva del gobierno; la misma tiene el encargo de ejecutar las decisiones políticas que se generan en el ámbito del sistema social. Su vínculo se identifica al nacer como una rama de la Ciencia Política y ser materia de estudio de esta ciencia siendo la política su insumo principal (Sánchez González, 2001, 2022). La actividad gubernativa se realiza en un entorno político, por lo que separarla resulta inadecuado en virtud del elemento de discrecionalidad en que los servidores públicos realizan sus tareas en un ambiente completamente politizado.
Con la Psicología:
La Psicología ofrece a la Administración Pública principios que se aplican para mejorar las relaciones humanas de grupos y equilibrar la personalidad de sus componentes; al mismo tiempo, la Administración Pública permite a la Psicología el campo experimental para que sus principios se apliquen y prueben en organizaciones humanas y que estos adquieran cuerpo doctrinal. El estudio de la Psicología, en cuanto se refiere a lo social, es, en consecuencia, importante para el estudio administrativo, debido a que puede destacar hallazgos y datos de la psicología social. La teoría organizacional se encuentra emparentada con la Psicología y con sus descubrimientos. Hay que recordar que para Hebert A. Simón la única ciencia posible en la Administración Pública era una ciencia pura basada en la psicología social.
Ahora bien, el balance de las diferentes ciencias abre el espectro del análisis transdisciplinar que presenta la Administración Pública; la misma se caracteriza por estar signada por las experiencias nacionales según las tradiciones y referentes culturales más arraigados en los diferentes países. Cierto es que ninguna interacción puede ser evaluada de manera abstracta, deben incorporarse las mejores experiencias y adecuarlas a la realidad que corresponda y donde el funcionariado público beba de ellas.
La naturaleza transdisciplinar se revela a partir de la base categorial de la Administración Pública la cual influye en el desarrollo de valores tales como justicia, igualdad, equidad, seguridad jurídica, responsabilidad, entre otros. No puede perderse de vista que ella constituye una unidad científica, aun cuando se exprese en ramas y disciplinas particulares, que se formula y explica a través de sus fundamentos y sus principios.
En esta lógica la transdisciplinariedad marcada por la transversalidad con la que recorre a todas las disciplinas con las que interactúa, marca de manera ostensible su presencia, la cual debe observarse en sentido horizontal y vertical. En el primero de los supuestos significa implicar desde la Administración Pública a diferentes áreas del conocimiento y también a disciplinas diferentes, entroncando con el segundo de los casos que supone integrar disímiles niveles de regulación. El prefijo trans, traduce, al decir de García-Pelayo (1997) «al otro lado, o sea, más allá de una disciplina; deslinda sus campos específicos para abordar determinados aspectos de la realidad circundante, no como una parcela aislada sino como un proceso integrador» (p.884).
Definitivamente, hablar de la naturaleza de la Administración Pública obliga a llenarla de un contenido multi, inter y transdisciplinar que sirve de soporte al heterogéneo y complejo espectro que abarca la Administración Pública, esta esencia debe sostenerse sobre pivotes científicamente argumentados que permitan a la Administración Pública, en el dinamismo y mutabilidad que la caracteriza, adaptarse y responder a las necesidades ciudadanas, al bienestar de la sociedad y el propiciar el progreso próspero y sostenible.
Para desarrollar a la Administración Pública sobre la base de estos conceptos se requiere la integración de disímiles materias, todas deben integrarse y ser percibidas holísticamente; este enfoque sistémico y multidimensional, concibe los vínculos existentes entre las normas jurídicas, los valores y la realidad histórico- social, económica, política, de gestión y medioambiental que la caracteriza. Resulta válida la interpretación de Ramón E. Azócar en su advertencia de que:
«se requiere de un necesario aval cultural para poder integrar los saberes, y así acercarnos con más profundidad a la verdad y donde los fundamentos filosóficos, devienen esenciales por su aprehensión cosmovisiva, contribuyendo a la integralidad de la investigación, a la articulación de saberes varios, los cuales son insoslayables para poder penetrar con profundidad en la realidad objeto de investigación» (Azócar, 2013, p.3).
Todo ello supone asumir una concepción amplia de la Administración Pública que la entienda como un sistema que traduce como voluntad política las condiciones esenciales de vida de la sociedad al plasmar sus contradicciones, y en cuya voluntad suelen sintetizarse e imponerse valores elevados como fórmula de consenso social, de sus sectores más influyentes. Desde este enfoque se analizan con cognición crítica, pero con sentido constructivista, en sus múltiples interacciones dialécticas, los fundamentos de la teoría sobre la Administración Pública en relación con su sentido y fin, con las condiciones históricas de su génesis y su desarrollo, con su contenido ético, y en correspondencia con la realidad política y socioeconómica existente, apartando dogmas y promoviendo la creatividad y la innovación.
Desafíos actuales en Cuba; una mirada desde su propia naturaleza.
En prima face, lo primero a reconocer es como, de manera general, el abordaje científico de la Administración Pública ha sido segmentado y mediante soportes multidisciplinarios, Por tanto, avanzar en este orden impone un reto trascendente, desde varias aristas. Deberá enfrentarse, consecuentemente, su estudio como objeto diferenciado e integrado al que tributen múltiples saberes de forma interdisciplinaria. Lamentablemente, la fragmentación regular de su objeto de estudio como ciencia, ha conspirado contra la visión sistémica lo que ha afectado, en no pocas ocasiones, la necesaria proyección que ha de tenerse sobre su campo transdisciplinar.
Se impone integración de saberes y prácticas de varias esferas disciplinares e institucionales, de ahí que deba ser estudiada desde ciencias conexas, característica esta que define su autenticidad y autonomía científica; como ciencia y práctica estudia el diseño de políticas públicas, las relaciones público-administrativas con la sociedad civil; conoce y propone soluciones a diferencias sociales y tiene que ser legítima y ética desde el punto de vista político.
Por otra parte, la visión científica transdisciplinar de la Administración Pública cobra actualmente singular importancia; ésta debe insertarse en la esencia misma de la instrumentación de los preceptos constitucionales y hacer realidad la solidez que requiere la conducción de los procesos sociales en los diferentes niveles territoriales, desde el nivel local hasta el nacional. Un reto importante está en ampliar los espacios de formación, superación y capacitación y que esta naturaleza de la Administración Pública sea asimilada tanto en pregrado como en posgrado por los que reciben estas acciones, de forma tal que los conocimientos, habilidades y competencias que adquieran tributen a un mejor desempeño administrativo. Deviene un imperativo avanzar en materia de formación y superación bajo estos enfoques.
Algunas ideas a tener en cuenta
Desde el pregrado, la docencia y la labor extensionista desempeñan un rol protagónico a tales propósitos. En Cuba, por ejemplo, en que no existe la carrera de Administración Pública se debe recurrir a modalidades que permitan un conocimiento cabal de la administración en los estudiantes. Debe tenerse en cuenta que los mismos, en gran mayoría, cuando egresan de la Universidad pasan a desempeñarse como sujetos personales de la Administración Pública, algunos como funcionarios públicos e incluso como cuadros o reservas. Resulta estratégico en su formación los contenidos multidimensionales debidamente articulados y coherentes. Una alternativa viable son las asignaturas electivas nutridas de estudiantes de disimiles carreras, el desafío está en cautivarlos y conducirlos para investigaciones en este ámbito. Otra alternativa sería diseñar una Disciplina en Administración Pública; la misma integrada por asignaturas que desarrolle la mirada multi, inter y transdiciplinar que la distingue y que de igual manera sea cursada por estudiantes provenientes de diferentes facultades de la Universidad.
Resulta también esencial analizar lo anteriormente descrito también desde el posgrado, donde se precisa que cada una de las modalidades concebidas, dígase, entrenamiento, cursos, maestría y doctorado vayan a la búsqueda de la interdisciplinaridad, y exploten los presupuestos de trans y multidiciplinariedad que permita al estudiantes empoderarse de contenidos diversos, vinculados y bien articulados en función del objeto de estudio específico abordado en sus investigaciones.
Constituye un desafío desarrollar un Doctorado en Administración Publica donde se integren saberes y prácticas de varias esferas disciplinares e institucionales del campo de las Ciencias Sociales, de ahí que deba ser estudiada desde ciencias conexas, característica esta que define su autenticidad y autonomía científica; la propuesta está elaborada y en vías de aprobación por la Comisión Nacional de Grados.
En Cuba, asumir una concepción autóctona, amplia e integrada de la Administración Pública como ciencia social constituye un reto, en correspondencia con la renovada institucionalidad, de una sociedad en movimiento en un mundo plural.
En el país el abordaje científico de la Administración Pública ha sido hasta el momento muy segmentado y mediante soportes multidisciplinario, se ha estudiado desde sus distintas dimensiones de análisis. Escalar peldaños en su mejor desempeño está demandando que científicamente se enfrente como objeto diferenciado e integrado, al que tributen múltiples saberes de forma interdisciplinaria. Lamentablemente, la fragmentación regular de su objeto de estudio como ciencia, ha conspirado contra la visión sistémica (lo que ha afectado en no pocas ocasiones su necesaria proyección) que ha de tenerse sobre su campo transdisciplinar.
Este programa doctoral se propone ante la necesidad de conocimientos actualizados y científicamente fundamentados en la gestión pública que conforman su misión, que conduzcan al perfeccionamiento del actuar administrativo, acorde con las transformaciones que se verifican en el país como fenómeno de la realidad y entramado de categorías científicas que la explican, en función de reforzar y promover conocimientos técnicos especializados y asumirse de forma integrada como objeto central del conocimiento económico-jurídico-político- administrativo.
La contemporaneidad exige replanteos en la observancia de la naturaleza que a la Administración Pública le es inherente. Es oportuno que dejen de coexistir novedosas construcciones paradigmáticas y que más allá de una simple sumatoria de disciplinas, la sociedad asuma un hilo transversal a las mismas. Por tanto, escalando un peldaño cualitativamente superior a la multi e interdisciplinariedad, se precisa ir a la búsqueda de la transversalidad que permita encontrar y utilizar el eje que marque el cambio paradigmático en el orden transdisciplinar.
Se trata que en el discurso cotidiano se perciba el reconocimiento expreso de la visión multi, inter y transdisciplinar de la Administración Pública, dejando de ser formal y que de un slogan se convierta en un presupuesto entendible, asimilado por todos los actores para que de manera auténtica se convierta en una naturaleza plausible.
Visión de la Administración Pública del futuro
En los últimos tiempos se ha comulgado, por estudiosos en el tema, en que la modernización de la Administración pública, más que un estado deseado , constituye una necesidad vital si de reformar al Estado se trata pero, para alcanzar este propósito, se precisa garantizar, en fronteras nacionales, que el Estado actúe sobre estructuras descentralizadoras, desconcentradoras y que su gestión descanse en pivotes trasparentes, abiertos, democratizadores e inclusivos y ello inevitablemente debe sostenerse sobre bases científicamente argumentadas.
En cualquier sociedad, la modernización, deviene de la necesidad de generar mayor eficacia gubernamental y de optimizar los recursos, así como también, entre otras motivaciones para promoverla, alcanzar mayor credibilidad de las instituciones públicas beneficiando no sólo el desempeño institucional, sino también el sistema político y la democracia. Debe constituir una meta construir administraciones públicas cada vez más modernas, más eficientes, más eficaces, administraciones públicas innovadoras como garante del desarrollo sostenible articulando recursos, capacidades y acciones, con resultados, y ello no es una misión fácil pues, entre otras cosas, tal empeño transita por un abanico de presupuestos y con ello desafíos a enfrentar, que se les impone en primer lugar a las agendas políticas y que las administraciones públicas vienen llamadas a concretar
CONCLUSIONES
La Administración Pública, reconocida como ciencia, con una aparato categorial propio, con principios y regulaciones que la sustentan, pone al descubierto su contenido organizacional y funcional variable, mutable y dinámico, que lo hace complejo; dicha complejidad marca la necesidad de revelar su naturaleza la cual se presenta de manera multi, inter y transdisciplinar.
La atinada interpretación, utilización y conjunción de esta naturaleza le facilita a la Administración Pública suplir las necesidades colectivas, de estar al servicio de cubrir cada vez más la creciente expectativa ciudadana.
No basta reconocer la existencia de muchas disciplinas; es vital superar barreras que permitan observar en su total dimensión su vinculación y más allá de compartimentos estancos, verla en una constante relación y con una visión holística, visualizar las sinergia que entre ellas debe producirse.
Con especial énfasis queda claro la necesidad, en Cuba, de formar y capacitar a todos los actores de la sociedad y sobre todo lograr que la Administración Pública transversalice todos los ámbitos del conocimiento para conformar una ciencia cada más integradora y útil en el desarrollo humano y el progreso social.
