INTRODUCCIÓN
La necesidad de conocer todo cuanto pertenece al Estado para efectuar una gestión eficaz, generar nueva riqueza e incrementar el patrimonio público requiere la realización de estudios de valoración financiera.
El aumento del ingreso medio mundial, el incremento del turismo y la globalización provocan una mayor valoración del pasado y una creciente necesidad de proteger las individualidades de cada cultura. En tal sentido, existe mayor demanda relacionada con la preservación del patrimonio cultural1 para su uso y disfrute presente y futuro, derivada de la adquisición de una conciencia progresiva con respecto a la necesidad de desarrollar políticas más eficientes para proteger el patrimonio público.
1. EL PATRIMONIO PÚBLICO: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
El patrimonio de una nación surge como resultado de la interacción del ser humano con su entorno, o sea, de una comunidad con el territorio en que habita, compuesto por elementos heredados y actuales, universales y particulares, tangibles (materiales) e intangibles (inmateriales), visibles e invisibles. Muchas han sido las definiciones de este concepto y, por supuesto, no han estado exentas de críticas. Unas se han centrado más en lo material, mientras que otras lo han hecho en el reconocimiento de aquellas relaciones inmateriales que tienen lugar en un territorio particular. En tal sentido, la UNESCO (1986) definió el patrimonio de una nación como:
El territorio que ocupa un país, su flora, fauna y todas las creaciones y expresiones de las personas que lo han habitado: sus instituciones sociales, legales y religiosas; su lenguaje y su cultura material desde las épocas históricas más antiguas. El patrimonio comprende los bienes tangibles e intangibles heredados de los antepasados; el ambiente donde vive; los campos ciudades y pueblos; las tradiciones y creencias que se comparten; los valores y religiosidad; la forma de ver el mundo y adaptarse a él. El patrimonio natural y cultural constituye la fuente insustituibles de inspiración y de identidad de una nación, pues es la herencia de lo que ella fue, el sustrato de lo que es y el fundamento del mañana que aspira a legar a sus hijos. (p. 32)
Pudiera afirmarse entonces que se trata de un concepto relativamente reciente con raíces muy antiguas, que nacen justamente del reconocimiento de valores estéticos, artísticos, culturales o sociales de los objetos. Sin embargo, como señala González-Varas (2015), «la preocupación por la conservación institucional del pasado es un rasgo característico de nuestro mundo contemporáneo» (p. 26).
Autores como Bouchenaki (2003) y Desantes (2013) han cuestionado la idoneidad de la separación «patrimonio natural» y «patrimonio cultural» y la división de este último en tangible (material) e intangible (inmaterial). En lo referente al patrimonio cultural, se pueden encontrar definiciones como las de Harvey (1985), quien lo identifica como el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o semipúblicos que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia, de la cultura en suma y, por tanto, que sean dignos de ser considerados y conservados para la nación y conocidos por la población a través de generaciones, como rasgos permanentes de su identidad.
Por su parte, Krebs y Schmidt-Hebbel (2002) afirman que el patrimonio cultural es todo aquello que le confiere una identidad determinada a un país, concepto que se acerca más al de patrimonio cultural inmaterial, entendido como «el patrimonio vivo, como un crisol de la diversidad cultural y su conservación, como una garantía de creatividad permanente» (p. 209).
En la actualidad, el patrimonio público representa la riqueza colectiva de importancia crucial para la identidad nacional, particularidad de la que se deriva la exigencia de un compromiso ético y cooperativo a toda la sociedad para garantizar tanto su conservación, como su adecuada explotación. La reflexión sobre el patrimonio se ha enriquecido con una valoración de su papel económico como creador de empleo y de ingresos.
Algunos autores han considerado la necesidad de preocuparse por el patrimonio y su uso social como memoria y factor de progreso, por el hecho de que el patrimonio público genera ingresos propios y, a la vez, por su vinculación con otras redes conceptuales, tales como el turismo, el desarrollo y la mercantilización (Santana, 1997; García Canclini, 1999; Fernández de Paz, 2006; Prats i Canals 2005, 2006; Lagunas, 2007). Al respecto, Andrade (2013) afirma que, si se desea preservar y aprovechar el patrimonio, fundamentalmente el cultural, es preciso realizar planes para invertir en su desarrollo.
Según Sánchez (2005), la sociedad entiende el patrimonio desde la perspectiva de la creación de valores: valor de uso privado, colectivo y de existencia. La diferencia entre ellos es esencial, pues constituye la base de los debates sobre la catalogación y conservación de los bienes considerados dentro del patrimonio público. La preocupación por la conservación ha sido observada a partir de dos dimensiones, atendiendo a la necesidad de reconstrucción o no y al grado de utilización de esa parte del patrimonio. El principal solicitante del valor de existencia es el Estado, pero su presupuesto no siempre le permite situarse a la altura de las necesidades de conservación, de manera que los recursos faltantes deben buscarse mediante la multiplicación de los usos privados (Albi, 2010).
Como expresara Arévalo (2010), el patrimonio cultural se encuentra actualmente en un dilema que se vincula a los valores de uso, la identificación de la memoria colectiva y los valores como producto o resultado final. Además, el autor refiere que, en determinados modelos de desarrollo social, la activación y puesta en valor del patrimonio, desde una perspectiva economicista, encierran ciertos riesgos, pues contraponen los valores económicos del patrimonio con los de la identidad.
Según Prats i Canals (2006), en algunos casos la comercialización del patrimonio y su valoración en el mercado no solo no atentan contra la identidad, sino que contribuyen a mantenerla. En consecuencia, pudiera parecer un error considerar que economía e identidad tengan que excluirse en todas las circunstancias. Una apuesta sostenible y racional por la rentabilidad del patrimonio, como producto susceptible de comercialización, no debiera afectar negativamente a la identidad, pues la recuperación del patrimonio y su valoración favorecen el rescate de la memoria. Se trata de una estrategia de adaptación social y económica, pero se evidencia una respuesta local que se convierte en una forma de «resistencia cultural» a los procesos de homogeneización global (Frigolé Reixach, 2006).
Lo que parece indudable es la coincidencia en el tiempo de la valoración social del patrimonio cultural como recurso y la expansión del fenómeno económico como una forma moderna de ocupar el tiempo libre. De la misma manera que las culturas indígenas y los grupos nativos, las sociedades locales en el medio rural reivindican el derecho a controlar el acceso, el uso y la valoración de sus modos de vida más significativos, porque cuando se activa el patrimonio se recupera la memoria colectiva, se toma conciencia de pertenencia y se incrementa la autoestima de los grupos de referencia (Throsby, 2001).
La consideración del patrimonio cultural como recurso económico y factor de desarrollo se ha potenciado significativamente en las sociedades industriales, en correspondencia con los movimientos de población en busca de ocio. Cabe señalar que su puesta en valor puede generar beneficios, por lo que es necesario contar con algún método que permita estimarlo. Como señala Azqueta (1996), conocerlo resulta sumamente útil para tomar una serie de decisiones: inversión en la conservación y mejora del patrimonio, recuperación para ofrecer servicios, priorización de usos alternativos y excluyentes, entre otras.
Frey (2004) considera que, para estimar ese valor, debe tomarse en cuenta que existen algunos que no se reflejan en el mercado. Las dimensiones públicas de las manifestaciones culturales incluyen al menos las siguientes variables: valor de existencia, valor de prestigio, valor de opción o elección, valor de educación, valor de legado.
Por otra parte, es preciso destacar que la comercialización de la riqueza cultural requiere la negociación y el acuerdo de las comunidades, porque la cultura y el patrimonio son los principios fundamentales en los que se sostiene la memoria social.
2. EL PATRIMONIO CULTURAL COMO RECURSO TURÍSTICO
El interés y los nuevos usos turísticos del patrimonio son innegables. En muchos lugares, a nivel local se están promoviendo determinadas tradiciones, testimonios del pasado y creaciones del presente, para contribuir a la creación de empleo (Prats, 2003).
Como acertadamente refiere la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo en el informe titulado «Nuestra diversidad creativa» (1996), «el patrimonio cultural no debe convertirse en una simple mercancía al servicio del turismo […], sino que debe establecerse una relación de apoyo mutuo» (p. 36).
Un turismo sostenible favorece la conservación del patrimonio, al tiempo que se convierte en vehículo de desarrollo social, aspecto que depende de múltiples y variados factores. Especialmente en los planos locales, puede representar la diversificación de las fuentes de ingresos, lo que contribuye a la cohesión social, la relevancia política y conlleva la idea de crear una imagen colectiva. La oferta turística es una base importante en el crecimiento de cualquier país o región. Por tanto, Muñoz (2011) afirma que el patrimonio cultural es una magnífica herramienta formativa, porque permite conocer la propia historia, las tradiciones, los modos de producción, la naturaleza y apropiarse de numerosos elementos que integran la identidad social.
Ahora bien, para referirse a la necesidad de una interacción armónica entre la cultura y el turismo, es preciso establecer algunas definiciones. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) (2007), la oferta turística es «el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado para su disfrute y consumo» (p. 16).
Para Pozos (2011), la oferta turística se concibe como el conjunto de bienes, productos y servicios, de recursos e infraestructuras tangibles e intangibles, que deben responder a parámetros de planificación y estar ubicados y estructurados de manera que se hallen disponibles en el mercado para su uso o consumo. Por otra parte, Valadez (2011) manifiesta que es fundamental, ya que es lo primero que desean conocer los viajeros cuando eligen un destino. Por lo general, necesitan que sean respondidas las siguientes preguntas:
¿Cómo llegar al lugar?
¿Dónde se puede pasar la noche?
¿Qué precauciones se deben tomar?
¿Qué se puede hacer?
¿Cuáles son las opciones para comer que el lugar ofrece?
Al desarrollar actividades turísticas tomando como base el patrimonio cultural, simultáneamente se deben planificar acciones para el cuidado de los recursos tangibles e intangibles (Troitiño, 2016). De acuerdo con Silveira (2015), el turismo con responsabilidad local debe considerar aspectos como la innovación, el cuidado ambiental, la responsabilidad social y, sobre todo, la integración entre las comunidades y la conservación del patrimonio propio. Según lo analizado, no basta con la creación de un producto turístico. Es necesaria su interacción con todos los procesos de desarrollo local sustentable, para lo cual se requiere una correcta valoración del patrimonio cultural.
Por otro lado, la puesta en valor de los bienes patrimoniales puede generar beneficios, especialmente en los entornos de las culturas locales. En tal sentido, en los últimos años el turismo ha pasado a ser contemplado casi como la única alternativa para el desarrollo en determinadas áreas (Barrado y Ávila, 2010). Este sector ha cobrado protagonismo en la búsqueda de desarrollo para las localidades y regiones, se ha convertido en un importante tema de estudio científico y representa una opción muy válida para aprovechar los recursos territoriales, entre los que se destacan los culturales. Sin embargo, como indica Valenzuela (2003), se precisa la selectividad del patrimonio que puede ser utilizado como recurso turístico, pues no necesariamente todo el patrimonio cultural ni su entorno poseen las condiciones para el aprovechamiento turístico, lo que hace necesario un análisis riguroso que justifique la selección.
Para Almirón, Bertoncello y Troncoso (2006), esa selección y las formas de valoración que se empleen dependen de la demanda turística. Ello posibilita la articulación de iniciativas en función de relacionar los recursos con otras ofertas turísticas en el resto del territorio (local o regional), lo que ayuda a conformar destinos que se fortalecen con la carga simbólica y el prestigio que le otorga el patrimonio a sus atractivos turísticos.
Tal como plantearan Noguera, Ferrandis y Riera (2012), no necesariamente todos los bienes patrimoniales pueden ser recursos, por lo que es fundamental contar con procesos que permitan la identificación de la variedad y calidad, así como la valoración de su relevancia, lo cual resulta muy complejo. Sin embargo, esta actividad permite conocer qué bienes cuentan con mejores condiciones para ser incorporados en proyectos de desarrollo. Estos procesos deben basarse en la objetividad y realizarse a través de herramientas que permitan la valoración.
3. PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO EN EL CANTÓN PORTOVIEJO
Ecuador se ha convertido en un importante destino turístico debido, fundamentalmente, a su riqueza cultural. Portoviejo, capital de la provincia Manabí, es una ciudad con un gran patrimonio cultural por su antigüedad y rica historia, que ha contado con manifestaciones culturales tangibles e intangibles. Se distingue, además, por su actividad comercial y turística, ya que posibilita el turismo cultural, rural y de sol y playa. Como refriere Hidalgo Mendoza (2018), se conoce como «la ciudad de los reales tamarindos porque hubo una época en que se plantaron y crecieron los más frondosos árboles de esta fruta» (p. 14).
Según lo expresado en la «Ordenanza para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural del cantón Portoviejo», emitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD) del propio municipio en el año 2014, se define el patrimonio cultural de un país, región, ciudad o localidad como el conjunto formado por todos aquellos elementos y manifestaciones producidos por él, como resultado de un proceso histórico donde la reproducción de las ideas y del material se constituye como un factor que lo identifica y diferencia. Incluye no solo los monumentos y manifestaciones del pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial e histórica, documentos y obras de arte), sino también el patrimonio inmaterial constituido por las diversas expresiones culturales que guardan saberes, conocimientos, técnicas y prácticas heredadas de diversas generaciones.
En el documento también se establecen las responsabilidades atribuidas al GAD de Portoviejo en cuanto a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural, la construcción de los espacios públicos para estos fines y otros dispuestos en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con la Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento General, así como se recogen las normas que permiten, prohíben y regulan esas acciones.
Así mismo, quedan establecidas las responsabilidades sobre el cumplimiento de la mencionada Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento General y el reporte a las autoridades competentes de violaciones del derecho a la cultura. Todo ello favorece la participación activa de la población en los procesos de construcción, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos y actividades para la gestión del patrimonio cultural, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana y Control Social.
En octubre del 2010 la Asamblea Nacional, atendiendo a las atribuciones que le confiere la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó un proyecto de Ley Orgánica en el que se incluía el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización (COOTAD), cuerpo legal que regula la actividad de los GAD y les incorpora nuevas funciones, entre las que se destacan las relacionadas con los mecanismos de financiamiento y su administración a nivel nacional.
En lo referente a los recursos financieros y en función de lo previsto en la Constitución se establece como norma general que los GAD generarán sus propios recursos financieros y, como parte del Estado, participarán de sus rentas, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial. De esta manera, se descentralizan las funciones estales y se les otorga la autonomía necesaria.
Uno de los modos que tienen los GAD de obtener ingresos es a través de la valoración y explotación de sus recursos patrimoniales, mediante la articulación de sus acciones con las de instituciones nacionales del sector público y privado, otros GAD y organizaciones internacionales. Dichas acciones deben estar dirigidas al cumplimiento de sus competencias y atribuciones y a la gestión de la obtención de recursos económicos para la ejecución de sus actividades a nivel internacional, a partir de la realización de solicitudes a gobiernos de otros países y a las Agencias de Cooperación Internacional.
Según Félix y Doumet (2015), han sido varios los recursos y atractivos culturales identificados en el cantón que, tras una adecuada valoración financiera, pudieran ser desarrollados como productos turísticos. Los valores considerados para la identificación de estos sitios han sido el carácter propio del recurso cultural, ambiental, paisajístico o deportivo, así como otros aspectos entre los que se hallan su dinámica, utilización, accesibilidad y el equipamiento turístico para determinar la factibilidad del desarrollo de la actividad turística y netamente cultural.
Una de las problemáticas que afectan a estos lugares de visita donde se realza la cultura e identidad del cantón es el hecho de que los ingresos que se generan por los acontecimientos programados no responden al criterio de inversión-gasto-ganancia expresado en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Cantón Portoviejo para el periodo 2017-2022. Ello apunta a una inadecuada planificación y evaluación de los bienes patrimoniales ya que no se instituye su rentabilidad real a través de una correcta valoración, lo que reafirma la necesidad de la previa estimación del valor del patrimonio cultural comparado con las alternativas pertinentes.
La forma más conocida de medir el valor de una propiedad o manifestación cultural consiste en examinar los ingresos monetarios que generará, a través de métodos de medición de impacto económico. Hasta el momento, solamente unos pocos estudios han utilizado procedimientos metodológicos de ese tipo para temas de valoración financiera del patrimonio cultural, a pesar de que son continuas las decisiones sobre:
Política cultural.
La conveniencia de la conservación o preservación de un determinado objeto y la rentabilidad derivada de su ubicación.
Los fines para los que se utilizarán los objetos.
En fin, son muchas las cuestiones que requieren el desarrollo de investigaciones referentes a los temas de medición y valoración e impacto económico.
En Portoviejo se valora adecuadamente el patrimonio cultural, por lo que se le atribuye poca importancia al turismo de esta modalidad como estrategia de desarrollo. En tal sentido, no se elaboran productos turísticos enfocados hacia este tipo de alternativa, es decir, no se integran los atractivos culturales, siendo la capital de Manabí uno de los centros históricos más importantes de Ecuador. Aun cuando posee recursos culturales significativos para el desarrollo de rutas o circuitos turísticos que pueden ser incluidos en una nueva oferta, teniendo en cuenta las nuevas modalidades de turismo que se están desarrollando a nivel nacional e internacional, solo se promociona el turismo de sol y playa. Atendiendo a los turistas que buscan nuevas formas de recreación y esparcimiento y desean conocer nuevas culturas, la oferta turístico-cultural pudiera constituir una forma objetiva de generar ingresos para el cantón, de los que se beneficiaría, principalmente, la propia comunidad.
CONCLUSIONES
El patrimonio cultural constituye un importante recurso que, administrado adecuadamente, puede generar ingresos significativos para el desarrollo de cualquier territorio. En el cantón ecuatoriano Portoviejo no se realiza esta labor y se le atribuye poca importancia al turismo cultural como estrategia de desarrollo que pudiera convertirse en una manera objetiva de obtener ganancias que beneficiarían, fundamentalmente, a la propia comunidad.
En futuras investigaciones se profundizará en aspectos relacionados con la valoración del patrimonio cultural y su vínculo con la generación de ingresos propios.