Editorial

El estado y las políticas sociales*

El año 1959 constituye un punto de partida obligado en el análisis de las trasformaciones de la sociedad cubana contemporánea. La revolución social que hace cuarenta años alcanzó el poder político, fue el resultado de profundas contradicciones agudizadas durante la primera mitad del siglo. En ese año, la revolución en el poder inició un nuevo período histórico, cuyo rasgo recurrente ha sido el afán por cumplir importantes compromisos sociales, económicos y políticos: transferir el poder real del Estado a las grandes mayorías; abolir la discriminación de género, raza o nacionalidad, y elevar el nivel de vida de la población.

El estado cubano actual tiene su base en una larga historia de luchas. Estas se remontan al enfrentamiento de los aborígenes a la conquista española, e incluye el dilatado período de cuatro siglos de dominación colonial durante los cuales se va conformando, lentamente, la nacionalidad cubana. La conciencia de nación cristaliza a mediados del siglo XIX y se expresa en las guerras por la independencia nacional que estallan en 1868 y 1895. La inminente victoria de los patriotas cubanos sobre el dominio colonial español y la consecuente instalación de una república independiente son impedidas, en 1898, por la intervención de los Estados Unidos en el conflicto: la pretensión a la Isla por el gran vecino del Norte, expresada públicamente desde los tiempos de John Quince Adams, se materializaría en un protectorado con membrete de república independiente.

Durante la república neocolonial (1902-1958) continuó la formación de la conciencia social de la nación cubana. En esos años, se agudizaría el deterioro económico, los desequilibrios ya notables de la distribución del ingreso, la extensión del latifundio, el desarrollo de una cultura agrícola basada en el monocultivo, el aumento del analfabetismo y el desempleo crónico, la proliferación de la corrupción administrativa, la agudización de la pobreza de la población rural y la marginalidad urbana, entre otros.

Contra estos males se pone en marcha la revolución. Ya en 1953, Fidel Castro había denunciado la necesidad de emprender políticas que dieran solución a los problemas esenciales del desarrollo de Cuba. Las soluciones adelantadas en su denuncia, convertidas en programa de la lucha que él dirigiría para derrocar el régimen, constituirían el primer cuerpo de leyes revolucionarias a partir de 1959.

La estrecha relación entre la base económica y sus repercusiones en la vida social en un país subdesarrollado como Cuba, motivaron en el nuevo Estado revolucionario el tratamiento simultáneo de los problemas económicos y sociales. Este enfoque, que se convertiría en una de las características del modelo de desarrollo, había sido esbozado previamente y se sustentaba en una clara concepción teórica acerca de la naturaleza multidimensional del fenómeno del desarrollo y la certeza de que la simultaneidad permitiría liberar las fuerzas sinérgicas que el proceso mismo desarrollaría.

Así, el desarrollo simultáneo, y no sucesivo, de las esferas económica y social, formaba parte del compromiso original asumido durante la lucha revolucionaria. El fenómeno sería determinante en la medida en que el proceso ahondaba en su carácter social: el grado de su realización económica estaba dado por el nivel de solución que se ofreciera a los problemas sociales.

El Estado cubano, en consecuencia, aplicó políticas económicas y sociales para asegurar el bienestar de sus ciudadanos, garantizar el pleno empleo y la protección social, la distribución equitativa de los resultados económicos, y la cobertura de las necesidades básicas mediante una amplia red de servicios sociales (educación, salud, seguridad social y vivienda). Para materializar estos objetivos, asumió mayores responsabilidades en las esferas económica y social.

La Constitución de la República de Cuba, proclamada el 24 de febrero de 1976, y las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en el XI Período Ordinario de sesiones de la III Legislatura, efectuado del 10 al 12 de julio de 1992, se rigen por los "principios de democracia socialista, la unidad del poder y el centralismo democrático", y es así que adquieren cuerpo legislativo todas las medidas propuestas por el Estado cubano.

Desde el punto de vista económico, la centralización no sólo facilitó el control de los recursos disponibles: la aplicación de una política social única permitió alcanzar sus objetivos en un tiempo relativamente breve y en condiciones mucho más difíciles que las que se observan en países desarrollados.

La política de desarrollo social logró alcanzar la elevación del nivel de vida de la población mediante el incremento del consumo individual, por un lado, y la satisfacción de las necesidades básicas por medio de una red de servicios sociales, por otro. Permitió elevar la calidad de la vida con el empleo de sistemas de movilización social, especialmente efectivos en sectores como la educación, la salud pública, la cultura y el deporte, y promovió la solución a los problemas de los sectores más vulnerables de la población (niños, mujeres, ancianos y habitantes de las zonas rurales).

Los logros en el proceso de eliminación de la pobreza en Cuba hubieran sido imposibles sin una amplia participación popular encauzada a través de las organizaciones sociales y de masas. En el centro de su actividad han estado las campañas en las esferas de la salud y la educación, la promoción del empleo, la distribución de viviendas y bienes de consumo importantes, y la aplicación de programas sociales específicos.

* Tomado de: Investigación sobre desarrollo humano y equidad en Cuba 1999. Edit. Caguayo. La Habana 2000:51-52.