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INTRODUCCIÓN
La violencia de género siempre ha estado presente en la sociedad, es una práctica que viene desde los primeros años de la humanidad y que cada día tiene mayor visibilidad. Para Benavides (2018, p. 46) «la violencia de género es un fenómeno social, que ha pasado del ámbito privado al público, es considerada como una violación a los derechos humanos fundamentales».
Al ser una problemática que repercute en el desarrollo de las comunidades y la sociedad, la violencia de género se relaciona con acciones colectivas de apoyo social que brindan las distintas organizaciones -tanto gubernamentales como no gubernamentales-. Por tal motivo, se considera que realizar tales acciones favorece a las mujeres, ellas se sienten apoyadas y adquieren herramientas necesarias para afrontar sus situaciones particulares. Por el contrario, de no existir ese apoyo los casos de violencia de género incrementarían.
Esta situación de violencia parece haberse agravado durante la pandemia por covid-19, contexto en que los organismos que brindan ayuda han tenido que adaptar sus estrategias dado que las limitantes estructurales presentes antes de la pandemia se potenciaron aún más durante la emergencia sanitaria.
La situación de violencia de género en Ecuador en los últimos años se ha incrementado en el país, el número de agresiones a la integridad de la mujer por razones de género ha crecido. En Ecuador, la violencia de género es un tema que para muchos se ha vuelto alarma de Estado, y es un problema que afecta negativamente la calidad de vida de las mujeres que lo sufren. Si bien, la nación suramericana ha creado políticas públicas y leyes en pro de la erradicación de este flagelo, sigue existiendo una alarmante preocupación debido a su alto índice (Chávez y Juárez, 2016, p. 28).
Durante la pandemia de covid-19 la cuarentena se volvió una estrategia necesaria para tratar de reducir los contagios en el país. No obstante, si bien esto resultó beneficioso para la salud física, provocó que muchas mujeres víctimas de violencia de género tuvieron que convivir con su agresor durante los meses en los que cumplieron con la cuarentena. De modo que el desarrollo de acciones colectivas de apoyo social se hizo crítico para proteger la población de mujeres vulnerables.
El presente estudio pretende caracterizar las acciones colectivas de apoyo social que utilizaron las organizaciones en mujeres víctimas de violencia de género durante la pandemia por covid-19 en Guayaquil.
METODOLOGÍA
La metodología es de enfoque cualitativo, diseño no experimental, alcance descriptivo, de tal forma que permite la descripción de las acciones colectivas que realizaron diferentes instituciones para el bienestar de las mujeres que han sufrido violencia de género en la ciudad de Guayaquil.
Como parte de la población y muestra, se tuvo en cuenta el número de organizaciones dentro de la ciudad de Guayaquil que han realizado acciones colectivas de apoyo social para mujeres víctimas de violencia durante la pandemia de covid-19, mediante el uso de la aplicación Zoom.
Se realizó una revisión de diferentes artículos e investigaciones sobre temas de violencia de género y acciones colectivas, con especial énfasis en las que se llevaron a cabo dentro del ámbito local. Se diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada a profundidad con preguntas que respondan a los tres objetivos y a los constructos teóricos, la cual se aplicó tras la firma del consentimiento informado.
Las fases del proceso de investigación se desglosaron como sigue:
Fase conceptual: en la fase conceptual se realizó una primera revisión del estado del arte sobre los temas principales de la investigación, tales como violencia de género, acciones colectivas y servicios dentro de la ciudad en tiempos de pandemia de covid-19. Se llevó a cabo una recopilación de información en plataformas como SciELO, Redalyc, Google Académico, y SCOPUS, de tal forma que permitiera la construcción de un marco teórico completo que explicara las relaciones entre estos temas de interés, además de realizar una comparación con la realidad de la ciudad de Guayaquil en temas de protección de derechos humanos respecto a las mujeres víctimas de violencia de género.
Fase de diseño de investigación: tomando como base la información recopilada de la bibliografía se eligió el tipo de investigación no experimental con enfoque cualitativo, y de alcance descriptivo, con el fin de poder establecer cuáles son las acciones colectivas que se desarrollaron en la ciudad de Guayaquil durante el tiempo en pandemia en función del bienestar de las mujeres que sufren de violencia de género, de tal forma que se pueda analizar la calidad de gestiones que se realizaron y cómo mejorarlas.
Fase de ejecución de la herramienta: en esta parte de la investigación se aplicaron las herramientas mencionadas en el apartado anterior para el análisis del contenido aportado por los participantes del estudio, de tal forma que se pueda alcanzar una visión completa de la situación de la ciudad de Guayaquil durante el tiempo de pandemia acerca de los servicios que se gestionaron para el bienestar de las mujeres que han sufrido de violencia de género. Se utilizó el software Atlas.ti para observar las tres variables que interactúan en el estudio.
Fase de análisis de los resultados: esta última etapa podría considerarse la más compleja del estudio. Después de la recolección de datos y su tratamiento en Atlas.ti se hizo el contraste de los resultados con la bibliografía del marco teórico para obtener la imagen completa de la situación de Guayaquil en términos de protección de las mujeres que sufren de violencia de género.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Limitantes estructurales propias del contexto
En las narrativas de las y los entrevistados se encontraron distintas expresiones para reconocer las limitantes estructurales que estuvieron presentes durante la pandemia y que, de alguna forma, limitaron las acciones de las organizaciones para proporcionar apoyo a las mujeres en situación de violencia de género. Se pueden resaltar elementos como son el acceso a medios tecnológicos, la respuesta del Estado, la inequidad en la distribución de recursos, aspectos psicológicos, pérdida de empleo, movilidad, y cultura, situaciones todas que influyen en que no todas las personas puedan tener ayuda oportuna y pertinente ante casos de violencia. Todos estos factores contribuyeron a que las acciones establecidas por las organizaciones no se pudieran ejecutar de la misma forma como se hacía antes de la pandemia.
Cabe destacar que una de las mayores limitantes es la escasa respuesta del Estado, que centró su ayuda en la parte de la salud «biológica» y dejó a un lado el tema de violencia de género, problemática que se agudizó aún más durante la pandemia. Es necesario mencionar que en el discurso de los entrevistados se pudo evidenciar los inadecuados niveles de comunicación e información, además de que no todos contaban con dispositivos electrónicos. Los entrevistados hacen referencia que hubiese sido pertinente tener los recursos necesarios y a tiempo para hacer frente a esta situación.
Acciones colectivas
Al analizar lo arrojado por las entrevistas sobre las acciones colectivas realizadas durante el tiempo de pandemia, se pueden destacar las organizaciones privadas que actuaron como los organismos principales proveedores de servicios para las mujeres víctimas de violencia de género.
Dadas las limitaciones para la movilización debido al confinamiento, muchas de estas acciones se realizaron de manera digital, y consistieron en capacitaciones, teleasistencia, o campañas que visibilizaran los casos de violencia de género que se generaron durante esos meses, siendo así que también se desarrollaron nuevas habilidades para el uso de la tecnología.
Dentro de las acciones colectivas de tipo presencial se pueden destacar los emprendimientos, así como las donaciones que se realizaron con el fin de asegurar el bienestar económico y de las necesidades básicas que se deben de cubrir en los sectores periurbanos o marginales dentro de Guayaquil. Las comunidades recibieron ayuda de diversas formas, tanto presenciales como virtuales, lo que permitió cubrir necesidades que se presentaron. Las alianzas entre las instituciones crearon una red de apoyo donde, cada vez que una detectaba un caso de violencia de género, fue posible hacer las derivaciones pertinentes con el fin de ayudar a las víctimas. Cabe recalcar que estas iniciativas surgieron de motivaciones colectivas, ya que mediante un grupo se puede tener más incidencia que trabajando de forma individual.
Defensa de los derechos humanos
Según las leyes decretadas por el Estado ecuatoriano, las instituciones, y en especial el propio Estado, debe velar porque los derechos de las mujeres se cumplan, siendo el poder judicial quien las ampare cuando exista un acto de violencia contra ellas. Respecto a las políticas públicas se manifiesta disconformidad sobre los protocolos que, puesto que no siempre se llevan a cabo en su totalidad ni cubren todas las necesidades que se generan a partir de un acto de violencia de cualquier índole. Entre los procesos que generan dudas están las de alcance judicial, puesto que se expone a la Fiscalía como un ente regulador que, de forma escrita, tiene lo necesario para proveer la ayuda a las mujeres, pero en la práctica existe una inadecuada gestión que permite la vulneración los derechos de las mujeres. Estos cambios en las políticas públicas deberían ir de la mano con los planes de gobierno.
Estos casos se han expuesto debido al aumento que se ha evidenciado durante los meses de confinamiento, dado que la víctima y su agresor debieron permanecer más tiempo juntos que lo usual, y ello ha provocado más tensión en el hogar. Se han identificado dos tipos de violencia como los más comunes en la crisis sanitaria: la violencia física y la psicológica, exacerbadas, como ya se ha dicho, por la convivencia permanente. Esto coincide con lo mencionado por Lorente (2020), quien indica que las circunstancias del confinamiento potencian los factores de riesgo de violencia de género a nivel individual y social, al aumentar el plazo del confinamiento y las barreras que dificultan el pedir de ayuda y la denuncia ante un delito.
Tomando como referencia lo que mencionan Bedoya, Bedoya y Baquero (2020, p. 248), «múltiples consecuencias originadas por esta crisis sanitaria han debilitado la economía y estabilidad laboral de muchas familias, poniendo en riesgo a aquellos núcleos familiares, donde la violencia representa un hecho común». Esto se relaciona directamente con lo obtenido en la presente investigación, donde se ha conocido, gracias al discurso de los participantes, que durante la crisis sanitaria distintas limitantes estructurales, tales como la pérdida de empleo, la inequidad material y el confinamiento, fueron factores que potenciaron un ambiente de peligro para las mujeres que viven situaciones de violencia. Con respecto a las estrategias de acciones colectivas, un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil menciona que las organizaciones realizaron actividades en pro de las mujeres en situación de violencia, algunas de ellas consistentes en «entrega de kits con artículos de primera necesidad, como kits de alimentos y de salud sexual» (Cevallos y Jara, 2020, p. 122). Por todo esto se puede establecer que el apoyo social recibido es de tipo formal, dado que estas entidades proporcionaron apoyo instrumental como donaciones de alimentos y de ayuda monetaria, y un apoyo informativo como capacitación para reconocer sus situaciones de violencia.
Otro punto a destacar es la inadecuada gestión por parte de la administración de las políticas públicas del Estado, dada la falta de presupuesto para generar dichas políticas públicas y sus acciones correspondientes. Evidentemente, esto limita la ayuda que podría dar el Gobierno que, de acuerdo con el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (2020), debe actuar con diligencia para prevenir estas situaciones, debe investigar, sancionar y erradicar todo acto que atente contra la dignidad de las mujeres, y debe evitar casos de impunidad. Asimismo, debe garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos a través de políticas públicas integrales mediante el uso de recursos técnicos y financieros oportunos y pertinentes.
Por otra parte, en la revisión bibliográfica no se encontraron estudios sobre acciones colectivas de apoyo social a mujeres víctimas de violencia de género referidos específicamente a la situación de pandemia; los estudios encontrados hablan sobre los diferentes constructos que se han utilizado en el presente proyecto de investigación.
Otro aspecto a destacar es que las acciones de apoyo social realizadas por las organizaciones, bien fueran sean de tipo material o informativo, son una fuente de ayuda para que las mujeres que están en situación de violencia sientan que existen instituciones que velan por sus derechos. Tomando como referencia la propuesta de Cante (2007), se puede establecer que las organizaciones hicieron uso de estrategias adaptadas a «la nueva normalidad» para fomentar el bienestar de un conjunto de personas que se encuentra vulnerada por una situación de cualquier índole, y para trabajar como una unidad con el fin de erradicar o controlar el problema identificado.
Como punto final, debemos mencionar las limitaciones de la presente investigación. En un principio se pretendía entrevistar no solo a las organizaciones, sino también a las mujeres que durante la pandemia pasaron por situación de violencia en la ciudad de Guayaquil, pero la falta de recursos y el tiempo jugaron en contra para poder acceder a esta población. Asimismo, debido a las medidas de aislamiento, las entrevistas se realizaron de manera online y, por esta razón, se manifestó una limitación en cuanto a la aplicación de este instrumento, sobre todo al y no poder observar en todos los casos el lenguaje no verbal de los participantes.
CONCLUSIONES
Si se analizan los resultados obtenidos con respecto a limitantes estructurales, se concluye que las variables confinamiento, pérdida de empleo, y restricciones adquiridas a raíz de la crisis sanitaria, se posicionaron como causantes de que las acciones colectivas de apoyo social no pudieran desarrollarse efectivamente como se hacía previo a la pandemia. Sin embargo, la inadecuada respuesta del Estado fue el mayor causante de preocupación en la población vulnerada debido a que no se conocía si los servicios ofrecidos seguían en funcionamiento, además de volcar los procesos a medios electrónicos que no siempre son accesibles para toda la comunidad.
Del trabajo realizado por las diferentes organizaciones cabe destacar las capacitaciones mantenidas entre marzo y agosto, con temáticas como el reconocimiento de la valía de una mujer o cómo reconocer las situaciones de violencia cotidiana que pueden presentarse dentro del hogar. Otra acción frecuente dentro de los planes de las organizaciones fueron las donaciones de kits de asistencia humanitaria para las poblaciones vulnerables y la creación de microbancos de crédito y ahorro para fomentar emprendimientos; esto permitió que se ganara independencia en aspectos personales de la mujer y que pudiera desarrollarse en sus esferas.
Considerando la forma como las acciones colectivas permitieron garantizar la defensa de los derechos humanos en mujeres víctimas de violencia de género, se resalta la ineficacia de las medidas de protección del Estado, que no cubrieron todas las necesidades de la población vulnerada, además de existir también desinformación sobre los procesos que se llevaban a cabo. Esto debería ser una bandera roja para que en el futuro se tome un papel más activo.
