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Introducción
Cuba llegó a la segunda década del siglo XXI con grandes cambios en el orden político, económico y social. El país, encabezado por su gobierno, emprendió en 2011 un proceso de reordenamiento de la economía que tuvo como objetivo adoptar un modelo económico más flexible, redituable y apto para nuevos escenarios de mercado; ajustar a las condiciones de una economía globalizada y, a largo plazo, elevar los niveles de desarrollo de la nación caribeña (Triana y Blanco, 2021) en un contexto transnacional1 cada vez más interconectado y plurilocalizado (Canales, 2019).
Al asumir los cambios socioeconómicos trazados por los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución (Partido Comunista de Cuba [PCC], 2011) el país buscaba la consolidación del socialismo, gestionando nuevas vías que permitieran aumentar las cuotas de justicia social y bienestar para los hombres y mujeres de la nación. El plan económico fue entendido como una manera de “superar las contradicciones que hemos heredado del subdesarrollo” (Vila y Moya, 2018, p. 126). Entre los elementos más llamativos del documento programático se encontraba la mención a otras formas de propiedad y gestión ―además de la estatal―, como una manera de diversificar y gestionar la producción económica. En el Lineamiento #168 se estableció la ampliación del trabajo en el sector no estatal, donde se incluyó al trabajo por cuenta propia (TCP) y su utilización como una alternativa más de empleo, contribuyendo a elevar la oferta de bienes y servicios. La expansión del sector privado abrió una brecha de entrada para la iniciativa y la participación de cuentapropistas cubanos ―incluidos los emigrados― en diversos sectores económicos. La nueva pauta de relación ―en unos casos legales y en otras sumergidas o terciarizadas― acercó a la comunidad cubana al tipo de contactos transnacionales que se observan en otros grupos migrantes de la región, como es el caso de los latinos en Estados Unidos (Canales, 2021), si bien ha de tenerse en cuenta que cada comunidad manifiesta características diferentes en cuanto a composición sociodemográfica, metas afines, entre otros aspectos de diversa índole.
La investigación partió de la hipótesis de que un segmento de la emigración cubana participa en el desarrollo del sector cuentapropista de la economía nacional, fundamentalmente mediante flujos de remesas utilizadas como capital de inversión, que las definiciones típicas de remesa no abarcan en su totalidad. Es por ello que la autora se planteó como objetivos:
Identificar cuáles fueron los modos empleados por un grupo de emigrados para participar en el sector cuentapropista de la economía cubana.
Explicar cuáles fueron los factores políticos y económicos que condicionaron su participación en el desarrollo del sector cuentapropista.
La autora determinó como marco temporal el periodo 2011-19, pues los cambios que tuvieron lugar en el país a partir del reordenamiento ―que comenzó con la aplicación de los Lineamientos, y siguió con la actualización y ampliación de la legislación del TCP (2011),2 la actualización de la Ley Migratoria (2012), y la aprobación de la nueva Constitución de la República (2019)― establecieron un escenario con nuevas condicionantes para estudiar el fenómeno de dicha participación.
Al no tener objetivamente acceso a toda la población ―entendida como el cúmulo de migrantes que tuvo participación económica en Cuba en el periodo 2011-2019―, se procedió al estudio de un subconjunto de dicha población, quedando una muestra de 15 sujetos: 13 radicados en La Habana, 1 en Pinar del Río y 1 en Las Tunas. Se trata de un estudio de casos. Se empleó la técnica de bola de nieve para la selección muestral. Por cuestiones éticas, se mantuvo el anonimato de las fuentes de información. No se revelaron nombres de personas ni negocios. A los efectos de esta investigación cada entrevistado recibió un número y los negocios fueron llamados únicamente por el genérico de su actividad económica.
Migración y remesas en Cuba: del consumo a la inversión
Cuba ha mantenido los rasgos sociodemográficos de un país emisor de migrantes desde la década de los 30 del pasado siglo (Aja, 2009). La salida sostenida de connacionales ha convertido a la migración en un fenómeno sociopolítico y económico de alto impacto ampliamente estudiado dentro y fuera del país. En este sentido, un cambio sustancial de las últimas décadas ha sido la reforma de la Ley Migratoria cubana ―concretamente los cambios expuestos en el Decreto-Ley No. 302 (Consejo de Estado, 2012)― que viabilizó, entre otros aspectos, el proceso de repatriación de los emigrados, así como la posibilidad de estar hasta dos años fuera del país sin perder sus derechos en Cuba. De esta forma, reaparecen fenómenos como la migración de retorno o circular, casi inexistentes en el periodo revolucionario anterior. Según las estimaciones del Anuario Demográfico de Cuba (Albizu-Campos, 2012), el saldo migratorio externo observado en el 2011 era de -39 263, en tanto en 2012 la cifra ascendió a -46 662. En los años 2013 y 2014 tuvo lugar una supuesta recuperación del saldo migratorio, cuando se puso en vigor el Decreto-Ley No. 302 ―modificativo de la Ley de Migración No. 1312 de 1976―, que considera “que un ciudadano cubano ha emigrado, cuando viaja el exterior por asuntos particulares y permanece de forma ininterrumpida por un término superior a los 24 meses sin la autorización correspondiente” (Consejo de Estado, 2012). Pero ya para el año 2015 se retoma un saldo negativo de -24 684 migraciones netas (Albizu-Campos, 2012), aunque inferior a los años que precedieron a la entrada en vigor del citado decreto.
La actualización de la ley migratoria cambió los marcos legales y políticos dentro de los cuales se desarrollaban los procesos migratorios, las relaciones emigración/Cuba, y la actividad económica del sector no estatal, creando nuevas posibilidades y condiciones para la participación de los emigrados en este último. Cobran auge fenómenos como la migración circular y la migración de retorno, que se han mantenido en el tiempo, hasta formar parte de la dinámica actual del país. En la Encuesta Nacional de Migración 2018 (Oficina Nacional de Estadística e Información [ONEI], 2018) ―realizada entre 2016 y 2017― se indagó sobre los viajes al exterior realizados en los últimos cinco años ―o sea, a partir de 2012―, y los resultados arrojaron que el 5% de la población encuestada viajó al menos una vez. De un total de 412 691 personas, el 38% declaró Cumplir una misión oficial de trabajo o estudio, en tanto el 35% dijo Visitar familiares (ONEI, 2018, p. 31).
En dicho contexto, fenómenos asociados a la migración, como es el caso del envío de remesas, continuaron siendo una de las principales estrategias de apoyo de los emigrados hacia sus familiares en la Isla, como ya se había visto en la década de los 90.
Si bien existe consenso en la academia (Fresneda, 2007, 2012; Cruz, 2014) acerca de que las remesas desempeñan el rol de ingresos familiares ―aceptándose socialmente como un mecanismo de acceso a espacios de consumo de bienes duraderos de uso cotidiano―, estudios dan cuenta de nuevos mecanismos de movilidad social familiar e individual que incluyen la acumulación de riqueza en forma de propiedad inmobiliaria o activos bancarios, así como la apertura de negocios privados. Se evidencian inversiones en el área de los servicios ―restaurantes (Rodríguez y Cumbrado, 2018) y casas de hospedaje (Perera, 2019)― y el sector agrícola (Landaburo, 2016), aunque los investigadores mencionados concluyeron que estos no fueron los únicos segmentos atractivos para los inversionistas. Los resultados de dichas investigaciones indicaron, además, la existencia de irregularidades, como el uso de testaferros, una marcada intensión de evasión fiscal ―justificada por los dueños por el poco acceso a determinados insumos para sus negocios―, y la fuga de dinero fuera del país, a partir de la no declaración de las ganancias por parte de inversionistas no declarados que vivían en el exterior y recibieron sus ganancias en forma de remesas, lo que reafirma la visión bidireccional de las mismas. Entre las limitaciones presentadas por las investigaciones analizadas se encontró, en primer lugar, el poco acceso a estadísticas oficiales referidas a los volúmenes de remesas que entraron en Cuba, elemento que incidió en la falta de análisis macrosociales y económicos del fenómeno de la participación de los emigrados en la economía privada, así como los incipientes abordajes teóricos realizados hasta el momento, apoyándose básicamente en estudios de caso con muestras no representativas que no permitieron llegar a generalidades (Delgado, 2015; Landaburo, 2016).
La investigación de campo de Orozco y Hansing (2011)3 ―a partir de una muestra de 300 sujetos receptores de remesas en Cuba― exploró hasta qué punto los cubanos que recibían remesas respondían a las reformas económicas. Entre los hallazgos más significativos encontrados por los autores estuvo que el 68% de la muestra recibió el dinero de parientes en los Estados Unidos, el 13% de Europa ―principalmente España― y el 19% de América Latina y otros países en vías de desarrollo ―de ellos el 8% de total las recibió de trabajadores cubanos en Venezuela―. Dichos resultados pueden encontrar explicación en la relación existente entre el enclave étnico ―que incrementa las posibilidades de inserción de los sujetos migrantes en la economía de destino―, y el envío de remesas que estos hacen al lugar de destino. Orozco y Hansing (2011) confirmaron la existencia de redes informales de envíos de dinero ―y la confianza de los migrantes al emplearlas―, siendo este servicio más empleado desde países de América Latina, que desde Estados Unidos. Con respecto a los receptores de remesas en Cuba, el estudio de casos evidenció que estos poseían pocos activos económicos que podrían servir como recursos en actividades productivas o comerciales. Sin embargo, eran capaces de acumular liquidez en forma de dinero en efectivo.
Sector cuentapropista en Cuba
Con la actualización del modelo económico cubano, que comenzó en 2011, a partir de la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, el sector cuentapropista continuó4 experimentando cambios en el orden legislativo, económico y social, que impactaron en su crecimiento y diversificación (Díaz y Echevarría, 2016; Díaz, 2021).
El sector tuvo un gran reto ante sí: crecer y desenvolverse con eficiencia, para ser sustentable. Las investigaciones científicas desarrolladas en el periodo estudiado dan cuenta de subjetividades sociales cambiantes. Al indagar en el capital humano, estudios de corte psicológico (Dujarríc, Vázquez y Pañellas, 2015) abordaron temáticas relativas a las identidades sociales, proyecciones en el ejercicio de su actividad, proyectos de vida, percepción de bienestar y prosperidad. Los resultados apuntaron a que los trabajadores por cuenta propia se autocategorizaron como “emprendedores”5 (Echevarría et al., 2020). En este sentido, estudios (Pañellas, 2015, 2020; Luya, 2016; Peña, 2017) refirieron cómo el prototipo de emprendedor exitoso desplazó en el imaginario de las personas la realidad de los negocios de supervivencia. Los hombres son representados como jóvenes, blancos y con estudios (Pañellas, 2015); en tanto, las mujeres fueron asociadas a labores de limpieza y cuidado, con requisitos de belleza que determinaron el acceso a mejores puestos de trabajo (Luya, 2016; Peña, 2017); dejando fuera otros segmentos menos representados en el sector, como la población rural (Rojas, 2015; Íñiguez, 2015).
De igual manera, Dujarríc, Vázquez y Pañellas (2015) encontraron evidencia de pobreza motivacional ―término entendido como tendencia de los sujetos a desarrollar estrategias centradas en el yo y/o en la familia como entorno más cercano, orientando sus principales proyectos hacia estas áreas y no hacia las esferas sociopolíticas o de relaciones interpersonales―. Los sujetos analizados declararon una sola meta, y en el caso de la minoría, que refirió poseer más de una, no excedió las tres. La mayor parte se orientó al área personal; en segundo lugar, al área laboral; y finalmente al área familiar. Es destacable que las autoras no detectaron metas relacionadas con el tiempo libre y la esfera sociopolítica.
En el periodo 2010-2019, según varias encuestas aplicadas a trabajadores por cuenta propia (Echevarría et al., 2020, p. 61), el sentimiento de exclusión experimentado por ellos se atenuó, al manifestar que cumplían una función social importante. No obstante, emergieron percepciones negativas referidas a las regulaciones al cuentapropismo. Un estudio realizado en un grupo de dueños de negocios entre octubre de 2019 y marzo de 2020 (Pañellas, 2020) determinó que las normativas generaron resistencias a las autoridades e incertidumbre de cara a la sostenibilidad de sus negocios. Es válido aclarar que en dicha investigación se constató la diversidad existente dentro del grupo de trabajadores por cuenta propia, pues Pañellas (2020) determinó que existieron diferencias entre los entrevistados, según su nivel educacional: los profesionales expresaron inconformidades sobre cuestiones concretas referidas a las regulaciones; en tanto aquellos que no alcanzaron el nivel superior expresaron posiciones de clara molestia sin más sustento que experiencias/creencias, carentes de conocimientos sobre la ley vigente.
En esta misma línea, los impuestos se ubicaron como uno de los temas más polémicos dentro del sector cuentapropista, por la repercusión que puede traer tanto para los negocios ―la evasión fiscal es un delito tipificado en la Ley cubana que puede implicar desde multas, hasta sanciones penales o el cierre del negocio, según sea el caso―, como por el impacto negativo que significa para la sociedad cubana no redistribuir la riqueza generada por dicho sector. En un estudio de caso con cuentapropistas de altos ingresos ―entendido como poseedores de fuentes de empleo altamente remuneradas, elevado consumo de bienes materiales y servicios―, Calabuche (2016) concluyó que, si bien la mayoría consideró necesario pagar impuestos, existían inconformidades que colocaban en el Estado la responsabilidad por los malos funcionamientos y también por la falta de retribución en lo que respecta al pago de impuestos, dado que los entrevistados consideraban que no es suficientemente justo.
Por su parte, Pons y Sarduy (2019) destacaron “la situación tan peculiar de tener instituciones tributarias muy jóvenes, poco desarrolladas, y en particular una cultura tributaria aún deficiente” (p. 20). Las investigadoras apuntaron cómo las inspecciones realizadas por la administración tributaria a los negocios eran contraproducentes, por lo que recomendaban reorientar parte de este presupuesto hacia políticas de comunicación. En el estudio de Pons y Sarduy (2019) resaltó como un elemento negativo que algunos contribuyentes no comprendían cómo eran gastados sus impuestos, lo que sugiere la necesidad de capacitar a los gobiernos locales para lograr una comunicación más efectiva. En este sentido, campañas de bien público en los medios de difusión nacionales podrían incidir positivamente en la cultura tributaria ―tanto de decisores como de contribuyentes.
Participación de emigrados en el sector cuentapropista cubano. Estudio de casos
Desde el punto de vista del análisis sociodemográfico, en la muestra intencional analizada destacaron algunos elementos, que se exponen a continuación. Las edades de los dueños estaban entre los 35 y los 66 años, con una media de 47 años. El grupo de 40-44 años fue el más representado, con 6 sujetos.
En cuanto a sexo, fue posible determinar que existió una sobrerrepresentación de hombres, con el 73,3%, frente al 26,7% de mujeres. En el indicador color de la piel, los dueños tuvieron una sobrerrepresentación de blancos, con un 73,3%, en tanto las personas de piel mestiza y negra representaron el 13,3% cada uno.
Prima en la muestra analizada de dueños un nivel de escolaridad alto: 80% del total de encuestados tiene estudios superiores ―licenciados/ingenieros, másteres y doctores. No obstante, pueden encontrarse algunas peculiaridades en este indicador. Al indagar en las especialidades de sus estudios, fue posible establecer una relación entre estos y su labor actual. Las especialidades que primaron estaban asociadas a la economía y la administración (40,2%) -comercio exterior, economía, contabilidad y finanzas, administración pública, administración de negocios, dirección.
A los efectos de este trabajo, la autora determinó que los emigrados serían aquellos cubanos que tuvieran o hubiesen tenido ubicada su residencia fuera de Cuba durante como mínimo 1 año, siguiendo la definición de migrante empleada por la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Aun cuando no existe una definición jurídicamente convenida, las Naciones Unidas definen el migrante como alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros” (ONU, 2022, s.p.).
Si bien la totalidad de la muestra de dueños cumplió con este requisito, de ellos el 53,3% tiene segunda ciudadanía, además de la cubana. Este subgrupo coincide con los sujetos que más tiempo han residido en el exterior. Las segundas ciudadanías más comunes en la muestra de dueños fueron: estadounidense (20%), italiana (20%), alemana (6,7%) y mexicana (6,7%).
Al indagar entre los dueños que no tienen una segunda ciudadanía (46,7%) -coincidentemente han tenido estancias mucho más cortas fuera de Cuba que los que sí-, la lista de países en los que han residido más de tres meses se ensancha, dando cuenta de una creciente movilidad. Los destinos mencionados fueron: Estados Unidos (20%), Italia (20%), México (13,3%) y España (13,3%).
Características y funcionamiento de los negocios analizados
De la muestra analizada, el 100% de los negocios (15) operaban con licencia. Por cuestiones de acceso a las fuentes, el 89% (13) de ellos se encontraban en La Habana; y el 11% distribuidos en Pinar del Río (1) y Las Tunas (1).
Los negocios localizados eran bar-restaurante (46,7%), casa de renta parcial (13,3%) y completa (13,3%),6 negocio de tecnología que brinda servicios de informática y comunicaciones (6,7%), servicio de fabricación digital (impresión 3D) (6,7%), producción de artículos para cabellos maltratados (6,7%) y panadería (6,7%).
Los negocios más representados en la muestra (73,3%) ―bar-restaurante (Dueño #5, Dueño #9, Dueño #10, Dueño #11, Dueño #12, Dueño #13, Dueño #14) y casa de renta (Dueño #1, Dueño #2, Dueño #4, Dueño #8)― tuvieron correspondencia directa con la licencia de cuentapropismo habilitada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con lo cual no se encontraron discrepancias en las respuestas de los dueños al definir la función de la actividad económica y la licencia con la que operaban. Del resto de los negocios analizados (26,8%), solo la panadería (Dueño #15) contaba con una licencia acorde con su actividad económica; en tanto, los otros tres ―producción de artículos para cabellos maltratados (Dueño #3), servicios de impresión 3D (Dueño #6) y negocio de tecnología (Dueño #7)― operaban con licencias que no se correspondían directamente con su actividad económica. Se encontraron grandes diferencias -e insatisfacciones de los dueños- pues estos negocios tuvieron que recurrir a licencias “sombrillas” que les permitieron ejercer su actividad económica dentro de la ley. El Dueño #7 declaró mantener varios tipos de licencias para justificar todos los servicios que prestaba; en tanto, el Dueño #6 estaba amparado en una licencia que no guardaba correspondencia real con su actividad real ―licencia de fundidor, para impresiones 3D―.7 Ambas situaciones eran problemáticas para los cuentapropistas: el primero alegó que, al tener varias licencias, estaba obligado a erogar más impuestos; en tanto el segundo, mencionó que no tenía justificación legal para los productos que empleaba en su trabajo.
Teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que alegaron los dueños, se pudo concluir que el 26,8% de la muestra eran negocios ―específicamente 4 bares-restaurantes― de más de 20 trabajadores. El más grande tenía 39 empleados (Dueño #11). En tanto, los negocios de 1 a 10 trabajadores, representaron el 53,3% de la muestra, con 8 casos, siendo los negocios de un trabajador los más frecuentes (4 casos). Esto podría encontrar explicación en el hecho de que los dueños se calificaron como tales, siendo una visión errada del concepto de trabajador contratado.
En todos los casos analizados para esta investigación, los encuestados apuntaron a la necesidad de eliminar la lista de actividades permitidas para ejercer el TCP y, en cambio, tener una para las actividades prohibidas, por razones de interés nacional u otros motivos. De esta manera, alegaron, se fomentaba la creatividad y el desarrollo en el sector privado, además de que permitiría reordenar un número no despreciable de negocios que operaban bajo licencias que no se correspondían con su actividad económica real, y otros que no tienen ninguna -con la correspondiente evasión de impuestos-.
Al ser interrogados sobre la tenencia o no de licencias, el 78,6% de los dueños declaró ser el titular de su negocio. Este dato resultó revelador, dado que podría sobreentenderse que el 21,4% restante eran dueños reales de los negocios, que contaban con testaferros o figuras sustitutas.8
Se encontró el caso del Dueño #13 que no tenía licencia de cuentapropista, aun cuando se auto reconocía como codueño del negocio,9 junto a otros dos inversores -uno de los cuales sí figuraba como titular. En este caso, el entrevistado confesó su preocupación por la falta de garantías que tenían como negocio -en caso de litigios internos y de cara a entidades estatales u otros negocios de la competencia con las que pudieran tener discrepancias.
Al indagar en los modos de cobro de estos negocios, fue posible determinar que el 62,5% de ellos cobraban sus servicios en efectivo. Es destacable que, si bien en Cuba ya existía el servicio de telebanca, estos dueños no los tenían contemplados en su esquema de negocios. Servicios como TransferMóvil, del Banco Central de Cuba, estaban implementados para realizar múltiples transacciones entre personas naturales, así como entre estas y entidades estatales. No obstante, el 56,3% de la muestra alegó emplear transacciones bancarias para realizar sus cobros. En este sentido, se encontró una división clara entre los tipos de negocios y sus modos de cobro, asociado directamente a las formas de comercializar sus servicios. En primer lugar, los negocios de tecnología analizados [Dueño #6 y Dueño #7] mantenían relaciones comerciales con entidades estatales a las que les prestaban servicios de reparación y mantenimiento de equipos. Dichos trabajos eran pagados por las empresas estatales únicamente a través de pagos bancarios. El Dueño #7 alegó insatisfacciones con respecto a la burocracia de estos procedimientos bancarios, que muchas veces enlentecían el trabajo y afectaban la estabilidad de los negocios. No obstante, valoró como un logro de su negocio mantener relaciones comerciales con entidades estatales, no solo por el aspecto económico, sino también como un modo de reconocimiento social como entidad empresarial. La alianza pública/privada resaltó como una de las metas de los encuestados, como veremos más adelante.
Por otro lado, se determinó que los negocios de hostelería, en su totalidad, emplearon plataformas de comercialización online como AirBnB y Booking. En estos casos, los encuestados argumentaron como ventajas la rapidez de los cobros y la seguridad de las transacciones. La ausencia de modos de cobro online podría deberse, además de elementos burocráticos, a la reticencia de los cuentapropistas a tener todo su capital en el banco, pues a través de la trazabilidad de los pagos, sería posible hacer una inspección más a fondo de sus finanzas.
Si bien no se encontró ningún negocio de menos de 1 año de existencia, de los 15 analizados, el 93,3% tenían entre 2 y 10 años de operación, tiempo que se correspondía con la implementación de los Lineamientos, y la flexibilización de la legislación tributaria. Solo el 6,7%, correspondiente a 1 negocio (Dueño #11) tenían 23 años de existencia. Según se supo al hacer el levantamiento, este negocio comenzó en la década de los 90 de forma ilegal, cuando aún no existía legislación para restaurantes. Este caso en particular resaltó porque el dueño y fundador vendió el establecimiento a un cubano retornado, quien fuera entrevistado como parte de la investigación. Dicho caso de estudio demostró que los emigrados participaron en el sector cuentapropista no solo con la creación de negocios, sino también con la compra de otros ya creados.
Al indagar sobre el público al que están dirigidos los negocios se encontraron grandes diferencias en las respuestas de dueños/trabajadores. El 53,3% de los dueños indicó que estaban pensados para un segmento de público extranjero. En algunos casos las respuestas fueron mucho más específicas, en dependencia de sus experiencias previas:
Dueño #1 [Negocio: Casa renta]: “Alemanes y estadounidenses, sobre todo. Conozco su cultura y he diseñado la casa en función de sus gustos”.
Dueño #4 [Negocio: Casa renta]: “Alto standing. Considero que el turismo sexual predomina en el mercado cubano y, como he realizado inversiones, deseo que los clientes cuiden los muebles, que tengan un comportamiento diferente.”
Resaltó en este apartado la Dueña #14, quien estaba enfocada en el público extranjero, si bien tenía como meta atraer a clientes a cubanos, aunque lo veía improbable, porque los precios con los que operaba “no se corresponden con el poder adquisitivo del público nacional” (Dueña #14). El 20% (3) estaba enfocado en público nacional y el 26,7% (4) en ambos; en los primeros fue posible encontrar ciertos puntos en común, como el hecho de que sus dueños consideraron que sus precios estaban acordes con el poder adquisitivo de los nacionales, y no tan elevados, como la mayoría de los negocios privados, sobre todo los enfocados en el turismo internacional; y que dos de ellos estaban ubicados fuera de La Habana: en Pinar del Río y Las Tunas,10 en sitios que no tienen una gran afluencia de extranjeros, con lo cual su público meta no podía ser otro que los nacionales. El Dueño #5, cuyo negocio estaba en un municipio periférico de la provincia de Pinar del Río, alegó que había iniciado su actividad comercial recientemente, y en el momento de la entrevista presentaba problemas para estabilizar sus ingresos, con respecto a sus gastos.11
Los dueños y su posición dentro del negocio
Los 15 entrevistados fueron interrogados acerca de la existencia o no de otros inversionistas, resultando que el 93,3% de ellos alegó ser el único dueño/inversionista de su establecimiento. Solo se encontró el caso del Dueño #14 (6,7%), quien tuvo una estancia fuera de Cuba por 15 años, y en el momento de la entrevista residía en la Isla. Al indagar en la relación contractual con el resto de los inversionistas, el entrevistado alegó ser el titular del establecimiento comprado de forma conjunta con su familia ―extranjeros residentes fuera de Cuba―. En el negocio todos tienen voz y voto en las decisiones que se toman y que se reparten las ganancias a partes iguales. Incluso, manifestó el deseo de los inversionistas de ampliar el negocio familiar a otras áreas.
No obstante, al analizar las declaraciones de los entrevistados y la envergadura de sus negocios, fue posible inferir que los entrevistados mencionaron a los trabajadores más visibles en sus negocios -aquellos que tenían relación directa con los clientes-, obviando otros que eran menos visibles, como era el caso de tenedores de libros, traductores, compradores de insumos, administradores de redes sociales, relacionistas públicos, comerciales, equipos de limpieza profunda, jardineros, equipo de mantenimiento del local, y otros, en dependencia de las características de cada negocio.
Al ser interrogados sobre su rol dentro del negocio, el 100% de los encuestados se autodefinió como dueños, en tanto el 50% como inversionistas y jefe a cargo de empleados y/o tareas específicas; solo el 33,3% se autodefinió como empleado. Llamó la atención que este último apartado fue elegido por dueños de negocios de un solo trabajador -el dueño era el único empleado, así que tenía una doble función-, aunque en negocios de más de 3 trabajadores, también los dueños se incluyen en este apartado, lo que hace suponer que tal vez existieran lógicas de trabajo a lo interno de estos negocios donde el dueño se encontraba muy cerca o directamente vinculado al trabajo diario, llegando a auto reconocerse como un empleado.
Esto contrasta con la jerarquía en la toma de decisiones dentro del negocio, ya que el 53,3% de los dueños alegó tomar todas las decisiones dentro de su negocio; en tanto, el 33,3% dijo que solo indicaban las directrices fundamentales por las que debían guiarse los trabajadores, y luego solo chequeaban la tarea cumplida. En solo el 13,3% de los casos (Dueño #1, Dueño #2), estaba concebida la plaza de encargado, persona que hacía todo el trabajo administrativo y rendía cuentas regularmente. No obstante, ambos dueños dijeron tener problemas para encontrar personas idóneas para ese puesto de tanta confianza. El Dueño #1 comentó haber tenido que despedir a su anterior encargado por discrepancias en la administración del negocio ―en el momento de la entrevista, buscaba candidatos para la plaza―. Resumiendo, la participación de los dueños en los negocios analizados no se producía desde una posición horizontal, sino desde la verticalidad en la relación con sus trabajadores.
Estrategias transnacionales y mercado cubano
Resaltó en la investigación que, si bien el 73,3% (11) de los encuestados en la categoría de dueños refirieron ser titulares de sus negocios, el 33,3% (5) ubicó su residencia actual fuera de la Isla.12 Este escenario fue posible pues el Decreto Ley No. 302 permite a los nacionales que salen del país entrar a la Isla en el plazo de 2 años y no perder ningún derecho sobre sus propiedades, siendo posible tener residencia permanente ―no necesariamente efectiva―, y por lo tanto, ejercer derechos entre los que se encuentran la titularidad de propiedades y negocios.13
En sus roles de dueños/inversionistas del negocio la totalidad de los encuestados declaró Invertir en el extranjero en suministros que necesitaban para sus negocios y no era posible comprar en Cuba. Al respecto comentaron sobre la limitación que suponía esto para hacerlos crecer, ya que en la Isla era difícil conseguir muchos suministros para sus establecimientos, sin contar que la calidad de los mismos no estaba dentro de los estándares aceptables para estos cuentapropistas.
Por otro lado, fue posible afirmar que los encuestados conocían cómo funcionaba el mercado cubano -esto iba desde subjetividades como las modas/formas de consumo que seguía el público cubano, hasta cambios en la legislación, distribución o ausencia de determinados productos básicos para desarrollar su actividad económica, modos de gestión y compra dentro del mercado negro- y en función de ello gestionaban el negocio.
A su vez, alegaron estar al tanto de las tendencias internacionales en sus respectivas ramas económicas. En términos de oportunidades de inversión/riesgo económico, el 53,3% de los entrevistados consideró que era Más conveniente invertir en el país al cual emigró que en Cuba, dato que contrastó en esta muestra, pues el 100% de los entrevistados había invertido su dinero en la Isla, y de estos solo el 40% declaró tener la posibilidad de Iniciar un negocio similar en el país receptor con la inversión hecha en Cuba.
Varios entrevistados, incluso, comentaron que invirtieron todos sus ahorros en sus negocios actuales, asumiendo el retorno como definitivo al país. Entre los argumentos esgrimidos por los escépticos de invertir en la Isla ―aunque ya lo habían hecho― estaban las Pocas garantías a las inversiones de emigrados en Cuba (33,3%), el Marco regulatorio y legal desfavorable [20%], y la Crisis económica mundial (6,7%).
Dueña #2 [Negocio: Casa renta]: “Las garantías en Cuba y la legalidad no es clara. Los impuestos son excesivos e ilógicos y no están creadas las condiciones para crecer de manera legal. El gobierno no apoya el trabajo autónomo y el contexto internacional no favorece el desarrollo en Cuba ahora mismo”.
A su vez, el 86,7% opinó que las Políticas económicas cubanas no favorecían la inversión de los cubanos emigrados; en tanto, el 13,3% (Dueño #8 y Dueño #15) declaró tener un negocio fuera de la Isla. Por otra parte, también se encontró evidencia de que, dentro de Cuba, los dueños (Dueño #11 y Dueño #13) diversificaron sus inversiones, teniendo más de un negocio ―incluso de actividades económicas distintas a las estudiadas para esta investigación―.14 Podría inferirse que esto se conecta directamente con la capacidad real de inversión de los dueños de la muestra analizada. En este sentido, Perera López (comunicación personal, 5 julio 2020) apuntó la necesidad de “realizar estudios mucho más macro, que arrojen estadísticas sobre el annual income [ingreso anual] de los cubanos: cuántos tienen negocios propios en los países receptores”.
Sobre las políticas económicas cubanas, los dueños argumentaron que No hay garantías legislativas para emigrados inversores [40%], además de Poco apoyo bancario a emprendedores, Excesiva burocracia de política económica, Poca orientación a emprendedores, Mensajes desestimulantes sobre el gremio emprendedor, No está claro el papel de los emprendedores en el país y Economía nacional inestable ―cada uno con 6,7%―.
Dueño #3 [Negocio: Producción de artículos para cabellos maltratados]: “El apoyo es reservado para grandes inversionistas extranjeros; nosotros, en general, representamos la pequeña o media empresa que, en todo el mundo, es la riqueza de un país. En Italia, por ejemplo, las pequeñas empresas son el benchmark15 de la economía nacional, un indicador de salud económica. Hay muchos impedimentos, la ignorancia acompaña a quien debería orientarnos, a eso se suma la burocracia y miedo a equivocarse porque las multas son ‘saladas’, no existe un trabajo educativo-preventivo, entre otros factores”.
Ahora bien, ¿influyeron, de alguna manera, las experiencias migrantes de los dueños entrevistados en los modelos de negocios que desarrollaron? El 46,7% de ellos alegó que sí, mencionando elementos asociados a la creatividad, el buen gusto y la cultura del servicio.
Dueño #2 [Negocio: Casa renta]: “Nos basamos en esquemas totalmente online de trabajo, gestión de la empresa a distancia, uso de pasarelas de pago, gestión de herramientas de reviews, análisis de métricas de Internet”.
Dueño #3 [Negocio: Producción de artículos para cabellos maltratados]: “Todo mi conocimiento: atención esmerada al cliente, ética profesional, calibrar el trabajo de acuerdo a las necesidades del cliente. Aquí no existe la cultura del servicio, ser servicial no significa ser lame botas y las personas tienden a confundir estos términos. Trato a nuestros clientes como quisiera ser tratada”.
Dueño #4 [Negocio: Casa renta]: “Prácticas empresariales, estética, buen gusto, sentido de la restauración arquitectónica, saber a dónde quiero llegar”.
Dueño #6 [Negocio: Taller 3D]: “Estrategias de marketing, tecnología 3D”.
Solo en un caso el dueño declaró que su desempeño como cuentapropista no se debía a su experiencia como migrante:
Conclusiones
Al definir los modos que emplearon un grupo de emigrados para participar en el sector cuentapropista de la economía cubana, la investigación determinó que el mecanismo fundamental de participación fue el envío de dinero ―bajo el aspecto formal de remesas― en correspondencia con el comportamiento a nivel internacional. Dichas finanzas se utilizaron como inversiones de varios tipos. Una parte de los envíos actuaron en la práctica como préstamos a los titulares de los negocios, que debían ser devueltos mediante la distribución de los rendimientos del negocio. Con esto se impulsó el negocio, y se pudieron sustituir las remesas tradicionales a familiares. Se encontró evidencia de la participación de extranjeros que no residían en Cuba.
Fue determinante el papel activo de las redes familiares para llevar a cabo movimientos migratorios. La mayoría de los dueños mantenía su residencia efectiva en la Isla y viajaba por periodos cortos fuera del país, aunque también se encontraron casos de dueños que ubicaron su residencia en el exterior. Conocían en profundidad el mercado nacional y la legislación vigente. Estaban enfocados en los negocios para público extranjero. Tenían un modo de dirección vertical, donde tomaban todas las decisiones y sus subordinados acataban. Asumían que los trabajadores eran una extensión de su marca.
Otros modos de insertarse en el mercado cuentapropista fue el empleo de testaferros; o figurar como empleado, y no como titulares de sus negocios. También se evidenció la realización de importaciones de carácter personal para los negocios. Esta última fue considerada como un elemento diferenciador que ayudaba a la diferenciación/competitividad de los negocios.
Aunque la totalidad de los negocios analizados eran legales, su operación incluía ilegalidades como la evasión fiscal, el empleo de personal sin contrato de trabajo, la importación de recursos desde el exterior sin los permisos correspondientes, así como la fuga de dinero del país. Esto incidió en la dificultad para conformar una muestra representativa y para la captación de datos más completos por las instancias oficiales.
Entre los factores políticos y económicos que condicionaron la participación de estos emigrados cubanos resaltó la legislación migratoria vigente, que permite a los nacionales que salen del país entrar a la Isla en el plazo de 2 años, siendo posible tener residencia permanente ―no necesariamente efectiva― y ejercer sus derechos, entre los que se encuentran la titularidad de propiedades y negocios. A su vez, la Ley tributaria (de 2012) vigente solo exige que el titular de un negocio sea una persona cubana con residencia permanente ―no necesariamente efectiva― y en edad laboral, con lo cual es posible que un cubano con residencia efectiva fuera de la Isla sea titular de negocios en Cuba de forma legal. En tanto, la reciente Constitución de la República (2019) aprobó en su artículo #22 la coexistencia en la sociedad cubana de distintos tipos de propiedad -incluida la privada-, pautando que todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúan en similares condiciones, siendo el Estado el organismo regulador de la contribución “al desarrollo económico y social”. En síntesis, la normativa cubana que pauta la actividad económica ―incluido el cuentapropismo― determina deberes y derechos de todos los cubanos que desean participar en el sector, sin hacer distinción entre los connacionales.
Todo lo antes expuesto, lejos de establecer verdades absolutas sobre la participación de los emigrados cubanos en el sector cuentapropista, constituye un punto de partida para futuras investigaciones que aborden las múltiples formas que adopta dicha participación en la economía nacional, sus posibilidades de expandirse y sus numerosas consecuencias sociopolíticas y económicas. No puede afirmarse que los emigrados que participan en el sector privado de la economía cubana tenían similares características, objetivos y métodos. Pero sí puede afirmarse que las prácticas y criterios hallados durante la investigación existen y deben ser estudiados en el futuro.
