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INTRODUCCIÓN
Las formas más efectivas de gestionar el desarrollo y enfrentar las crisis han sido objeto de debate teórico y político en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Las perspectivas analíticas que han emergido de estos debates expresan la diversidad de modos de entender el desarrollo, así como los caminos o fórmulas para lograrlo. En tal sentido, en los años 70 del siglo xx el proyecto neoliberal se postuló como respuesta ante la crisis económica y política que afectó a buena parte del mundo, sin embargo, su efectividad solo ha sido probada en el beneficio adquirido por diversos sectores de la clase capitalista, en especial, por la que opera a escala global con costos cada vez más altos para la clase trabajadora y la sociedad en general.
En el siglo xxi diversos análisis sobre la distribución de la riqueza y los ingresos han apuntado que la riqueza se concentra de una manera escandalosa y las desigualdades sociales crecen sin ningún freno a nivel global. La tendencia a la polarización socioeconómica es revelada en análisis que determinan el extremadamente alto nivel de desigualdad con la disminución creciente de la clase media a lo largo del tiempo, tanto en países de ingresos bajos como de ingresos altos. El hambre en el mundo está al alza. Las dificultades económicas para atender la salud aumentan y una pandemia está poniendo en entredicho, una vez más, la capacidad del modelo neoliberal, desde sus posturas de libre mercado, desideologización y pospolítica, para garantizar el progreso económico, y en muchos casos, la posibilidad del hombre para sobrevivir (Ortiz y Cummins, 2012; Pew Research Center, 2012; Stiglitz, 2012; Piketty, 2014).
En este contexto, transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo, ha resultado un reclamo reiterado desde foros académicos, políticos e institucionales. Sin embargo, importantes obstáculos se interponen para hacer posible tal meta, en especial, la aparición y consolidación de formas de operación política excluyentes que inciden directamente en el acceso de la sociedad a recursos de poder como participación política, cargos políticos, entre otros. Esto favorece la acción de sectores de poder económico y político para hacer valer, por casi medio siglo ya, el paradigma de desarrollo neoliberal (Suárez-Cao, 2013; Braig, Costa y Göbel, 2015; Navarrete, 2016).
Entre los medios para lograrlo, a pesar de la recurrente demostración de los impactos negativos de este modelo en los procesos de desarrollo social en varios momentos de su aplicación, la capacidad de construir consensos a su alrededor, así como la creación de condiciones políticas para imponerlo cuando fuese necesario destacan en la práctica del ejercicio del poder a cuyos resultados se enfrenta hoy la humanidad.
Dos procesos resultan esenciales en el análisis de este fenómeno: la intervención gubernamental y social que por vía ideológica ha promovido la clase capitalista como base de la consolidación de su hegemonía. Al análisis de estos procesos se dedica el presente trabajo que, además, articula la lógica de su exposición y asume la ideología como el sistema de ideas, creencias, valores y símbolos de carácter moral, político, económico y social. Estos últimos proporcionan identidad a las colectividades, sentido y orientación a su acción política y permiten la elaboración de propuestas de construcción, conservación o transformación del orden social (Orjuela, 2007).
1. AJUSTES POLÍTICOS, INTERVENCIÓN SOCIAL Y RACIONALIDAD ECONÓMICA EN LA CONCENTRACIÓN DEL PODER DEL CAPITAL
Los ajustes políticos como condición del desarrollo han constituido un escenario propicio para el despliegue de la capacidad de intervención de la clase capitalista en el ejercicio de la política gubernamental. Esta última se ha desplegado a través de varias vías como: los financiamientos de campaña, la construcción o el despliegue de mecanismos de incidencia en estructuras de la rama legislativa de los Estados, así como el acercamiento entre el sector empresarial y grupos de intelectuales organizados en universidades y tanques de pensamiento con funciones de consultoría y asesoría política (Borón, 1984; Maira, 1984b; Foucault, 2007; Harvey, 2007; Pazmiño, 2020).
Desde estos vínculos, la «modernización de políticas públicas» se ha propuesto disminuir el gasto público en programas asistenciales y reorientarlo a favor del ahorro y la inversión del capital en Estados Unidos, Europa y América latina. El ajuste de leyes para favorecer la libre acción del mercado y la competencia como fundamentos del progreso, a través de procesos de desregulación, así como el despliegue de un marco legal en función de ello a escala nacional e internacional han aportado al ajuste del Estado de Derecho, el cual -desde los postulados de la teoría neoliberal- implica minimizar las decisiones del gobierno en la gestión de la economía y exponenciar las de corporaciones empresariales para promover el mercado como entorno de realización de la democracia, intervenida solo por el gobierno si se presentan obstáculos al desarrollo de la lógica de la competencia desde la protesta social (Foucault, 2007; Hinkelammert, 2007; Orjuela, 2007).
Estos procesos, aplicados en el marco del Consenso de Washington en América Latina y en todos los países del orbe supuestamente asistidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) frente a las crisis, han constituido premisas que, lejos de favorecer el progreso de las naciones y sus pueblos, han apuntado a la pérdida de soberanía de sociedades y Estados nacionales frente al capital. Como parte de estos procesos, reformas laborales han debilitado la capacidad de los sindicatos para respaldar los derechos de la clase trabajadora y han favorecido la libertad-impunidad de la acción empresarial corporativa. Por su parte, lo definido como pluralismo constitucional, como «tendencia posnacional» o constitucionalismo multinivel ha impactado sobre el principio democrático consagrado por las Constituciones de los Estados, condicionando la implementación de reglas del derecho internacional que limitan las formas del poder político y la defensa de los intereses nacionales (Vázquez, 2019).
Los impactos de la formación de un orden jurídico global -ajustado a las necesidades de expansión del capital- se han reflejado en debates desde Estados Unidos, Europa y América Latina. Entre estos, la desnacionalización del derecho nacional se relaciona con una diversidad de condicionantes entre las que se sitúan: la americanización impulsada por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Banco Mundial (BM); una estrategia capitalista que busca reducir las instituciones del Estado de bienestar para incrementar las ganancias y conquistar mercados y el debilitamiento de las instituciones del Estado, frente a grupos, individuos y organizaciones transnacionales que son capaces de emanciparse de la supremacía política de las instituciones estatales (Serna de la Garza, 2010).
En este fenómeno, cuyas particularidades se han analizado como parte de los estudios sobre la captura del Estado y la corporativización de la política, se ha destacado el rol de los Estados Unidos en la promoción de condiciones para el despliegue del sistema de intervención que, desde la clase capitalista, se erige sobre el Estado a escala regional y global. En tal sentido, se destaca el aporte que se realiza desde el gobierno de Ronald Reagan, de una parte, a través de la constitución del régimen financiero basado en Wall Street-Reserva Federal-Fondo Monetario Internacional y, de otra, la promoción de un sistema de instituciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, a través de las cuales los modelos de democracia y progreso fundados en la racionalidad neoliberal - especialmente la de base estadounidense- se han expandido aportando a la hegemonía del capital (Harvey, 2005, 2007; Robinson, 2015; Minella, 2017).
En general, el análisis de los impactos de este fenómeno ha incluido el aumento de las ganancias y la concentración de la riqueza en manos del capital, en especial del sector financiero transnacional, junto a la disminución de los ingresos de las clases trabajadoras. Este es un proceso de alcance global que se acompaña del retroceso en indicadores macros en los ámbitos científico, educativo, de salud y amenaza los del económico, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos cuyo nivel de desarrollo ha sido considerado emblemático por mucho tiempo (Stiglitz, 2012; Piketty, 2014; Grobart, 2017; Martins, 2017).
Esta realidad ha puesto en serio cuestionamiento importantes tesis de la racionalidad económica neoliberal que han constituido importantes soportes del andamiaje para su aplicación. Entre ellas cabe destacar las que aluden a la necesidad del cambio en la lógica de la acción gubernamental desde el Estado, en función del correcto y efectivo funcionamiento de la economía para el bien social, así como las propias premisas que lo garantizarían, asociadas a las posibilidades que ofrecería la competencia capitalista sin obstáculos para proveer de un crecimiento económico que aseguraría el incremento del ahorro, la inversión y el empleo, e ingresos suficientes a cada individuo para acceder al consumo de los bienes y servicios necesarios para vivir con calidad.
A la par, los desafíos epistemológicos impuestos por la multidimensionalidad de las condicionantes e impactos del fenómeno que revelan han exigido la combinación de diferentes disciplinas para explicar un proceso que atraviesa modelos económicos, sistemas políticos y herencias culturales (Navarrete, 2016). Este fenómeno muestra la capacidad de la clase capitalista para promover la reconstitución del sistema socioeconómico que comanda ante las crisis que lo afectan y, como parte de ello, las potencialidades que han adquirido para subordinar ideológicamente a las clases y sectores más afectados por ellas. Cabe destacar aquellos elementos que se han identificado como esenciales por su rol en el fenómeno objeto de estudio, aquellos que aportan luces para comprender cómo la racionalidad que sustenta las políticas neoliberales se ha constituido en importante componente de los imaginarios sociales, a pesar del impacto económico negativo que ha tenido su aplicación para las mayorías. En este sentido, no debe ser soslayado el lugar central que ha ocupado el creciente rol de consentimientos, desde el liderazgo cultural e intelectual en la construcción de hegemonía como parte de proyectos de dominación de clase y de gobierno (Robinson, 2015).
La construcción y ajuste permanentes del sistema de cooptación, que ha operado como parte de este sistema de dominación, fueron analizados por Lenin desde inicios del siglo xx y se han enriquecido a través de la intervención creciente de la clase capitalista en el ejercicio de la política desde la sociedad civil. Su éxito puede relacionarse con varios factores (Borón, 1984; Maira, 1984a; Harvey, 2007; Vommaro, 2014; Grassetti y Prego, 2017):
El estrecho vínculo que despliegan con importantes universidades, instituciones internacionales y una red de tanques de pensamiento que se extiende progresivamente a escala global con funciones de asesoría y consultoría técnico-política y desde los que se construyen, socializan e instrumentalizan los fundamentos de racionalidad, a través de los cuales se legitima su acción.
La diversificación y articulación de los medios para su difusión mediante publicaciones académicas y medios de comunicación masivos, potenciados por el despliegue de las telecomunicaciones y la incidencia de la Internet en la homogenización de los discursos.
La utilización de partidos políticos y movimientos sociales como instrumentos para operativizar la incidencia de la racionalidad en función de los intereses y disputas por el poder político de los diferentes sectores del capital.
Los impactos de estas vías de intervención se han revelado desde finales del siglo xx en fenómenos que se han definido como crisis política y del sistema de partidos en Europa y Estados Unidos, indistintamente, así como en el cambio de la correlación de fuerzas políticas que se produce desde el año 2009 en América Latina, frente a lo que se denominó a inicios de la presente centuria Ciclo Progresista de la izquierda (Castro, 2015; Vázquez y González, 2019).
Estos impactos pueden relacionarse con el estrechamiento del espectro ideológico que sustenta las apuestas sociales. Estas debían hacer posible, desde el sistema de partidos, el cambio a favor del bien social, pero se han concentrado en el marco del modelo económico neoliberal para responder a las exigencias planteadas por los intereses en conflicto de los diferentes sectores del capital. En este tema, el ejemplo de los Estados Unidos es paradigmático; país donde la disputa entre los partidos Demócrata y Republicano no apunta a situarse en un plano de diferencias esenciales, partiendo de las incidencias que ha tenido -en el orden ideológico- la reformulación de los viejos preceptos del liberalismo y el conservadurismo, producido en el contexto de la crisis económica y política de los años 70 del siglo xx (Borón, 1984; Foucault, 2007; Merino, 2018).
Esta reformulación situó un potencial marco de articulación entre el neoliberalismo y el neoconservadurismo, que ha hecho posible reforzar en el imaginario social el arraigo de las concepciones que avalan la necesidad de la autoridad empresarial corporativa en la gestión de la economía, así como la del Estado para promover todas las condiciones necesarias en función de ello. También se incluyen la intervención social, la responsabilidad individual en la gestión del progreso, el aumento de las garantías para una inserción «adecuada» de cada ciudadano en esta lógica, a partir de la reafirmación de la familia y la religión como fuentes reguladoras de autoridad moral. Estos puntos de confluencia han incidido en la variación de la agenda política hacia qué hacer en cada momento para preservar el progreso del capital -como supuesta fuente esencial del desarrollo social- y el lugar de los Estados Unidos en el mundo, para mantener el entorno histórico que desde la segunda mitad del siglo xx le ha sido favorable. El caso de Bernie Sanders en los dos últimos procesos de elección presidencial, incluyendo las del año 2020, es un ejemplo de lo que pasa cuando un candidato apuesta por volver al gasto público de orientación social y da un paso en otra dirección.
La articulación que se produce entre la intervención de la clase capitalista genera tales impactos y los movimientos políticos vinculados a lo definido como la nueva derecha ha potenciado la capacidad de expansión a escala global de la racionalidad y los valores que sustentan esta ideología, teniendo en cuenta los vínculos orgánicos establecidos entre ellos desde la década del 80 del siglo xx. Algunos de estos son:
La Unión de Partidos de Latinoamérica que incluye las articulaciones con actores estadounidenses, en especial con el Partido Republicano de los Estados Unidos.
El Instituto Republicano Internacional y los centros de pensamiento asociados a él.
La Unión Demócrata Internacional.
La Organización Demócrata Cristiana para América Latina (ODCA).
Los enlaces entre partidos de derecha de Estados Unidos, Europa y América Latina han sido funcionales para construir estrategias de dominación y subversión político-ideológicas en función de ajustar las condiciones políticas y sociales en cada país, en pro de garantizar las reformas en interés de los diversos sectores de la clase capitalista. Por ello, se identifican en lugares diversos formas de hacer que solo se ajustan según los contextos histórico-concretos, pero que presentan muchos elementos de base en común. La inducción de la denominada metamorfosis en los partidos socialdemócratas y de izquierda ha sido parte del contexto de acumulación de intervenciones que se han gestado desde el entono de la Guerra Fría. Su expresión mayor se ha dado en las masivas protestas como las ocurridas recientemente en América Latina, que pudieran no llegar a crear las condiciones suficientes para la elaboración de un discurso articulado y limitar la capacidad de la amplia movilización de masas para expresarse en un programa político viable.
CONSIDERACIONES FINALES
El desplazamiento de la concentración de la riqueza a la concentración del poder político constituye uno de los resultados más importantes de la aplicación del modelo de desarrollo neoliberal; ese que ha dejado vulnerables a sociedades y Estados en todo el mundo para hacer frente a grandes males como esta pandemia que afecta hoy a la humanidad.
Los impactos de los ajustes políticos, supuestamente en función del progreso, que datan del siglo xx y continúan en el siglo xxi dan cuenta de que, tal y como señaló Lenin desde 1902 en su obra ¿Qué hacer?, la capacidad de la ideología burguesa para subordinar a las clases explotadas se sustenta y se nutre de una historia de construcción y poderosos medios de socialización Lenin (1985). Esa realidad no ha cambiado, sigue en desarrollo y se sustenta, además, de la experiencia del sistema de dominación capitalista para enriquecerse a partir de los desafíos que le presentan las crisis, de las posibilidades que le ofrecen los procesos de concentración creciente de la riqueza, así como de la acumulación de los mecanismos construidos para lograr y preservar el ejercicio del poder (Lenin, 1917).
Los ajustes de los soportes del ejercicio del poder en interés del mercado que se han realizado en ese marco han tenido un fuerte impacto negativo en la capacidad de gobiernos y sociedades para el ejercicio de la soberanía. Los numerosos estudios que han mostrado, de una parte, la transformación de los imaginarios, de los paradigmas o ideales sociales a favor del proyecto neoliberal y sus propuestas, así como el empoderamiento progresivo de la clase capitalista en todas las áreas de acción social y en especial en las de organización, regulación legal y funcionamiento político de territorios, naciones, regiones y el mundo en general, revelan como tendencia de este fenómeno el empoderamiento político de las grandes corporaciones transnacionales como sectores de avanzada del capital (Harvey, 2007; Robinson, 2007, 2015; Fortich, 2006; Serna de la Garza, 2010; Ortiz, 2014; Zegada, 2014; Stolowicz, 2017; Merino, 2018; Vázquez y González, 2019).
Como ha manifestado Amin (2017), en el capitalismo lo económico se emancipa de la sumisión a lo político y se transforma en la instancia directamente dominante que comanda la reproducción y la evolución de la sociedad. La lógica de la mundialización capitalista es, ante todo, la del despliegue de esta dimensión económica a escala mundial y la sumisión de las instancias políticas e ideológicas a sus exigencias
Los alcances logrados en este empeño y los desafíos que plantean los procesos para hacerle frente reeditan hoy, una vez más, el debate de Lenin frente al liberalismo y las premisas que establece como necesarias para enfrentarlo. En particular, se encuentra la importancia de la articulación de la lucha teórica a la económica y la política para fundamentar la ideología y el ideal social que pueden hacer efectivos los procesos de cambio político, en especial, cuando se trata de enfrentar tesis como la nocividad y falta de utilidad de la ideología y los intereses políticos para gestionar el progreso de la sociedad; aquellas que han guiado de forma mañosa ajustes en los modelos económicos, los sistemas económicos y políticos de muchas sociedades, que terminan aportando al progreso y empoderamiento del capital frente a la pauperización, miseria y exclusión política de la sociedad en general.
La creación de las condiciones para la constitución de la sociedad global en el gran mercado global y el impacto del modelo de gestión neoliberal revelan que los intereses de las clases sociales como Lenin las definió en su obra Una gran iniciativa (Lenin, 1973) continúan siendo la base de contradicciones irreconciliables, en especial, cuando de orientar la gestión del desarrollo se trata, pues la concentración de la riqueza de unos supone la miseria, la exclusión política y la muerte de muchos otros, a pesar de la efectividad que, supuestamente, tiene la conexión global de la sociedad pretendidamente desideologizada en sus mecanismos de funcionamiento y en el supuesto tiempo de la pospolítica.
En este entorno, repensar la idea del desarrollo y las prácticas consustanciales a este ha derivado en análisis teóricos que han revelado que el uso y control del territorio debe ser elevado a un plano de formulación de estrategias de desarrollo socioespacial en sentido amplio, no meramente económico, que contribuyan a una mayor justicia social y no se limiten a clamar por crecimiento económico y modernización tecnológica. Como una de sus variables esenciales se ha ubicado la necesidad de generar contextos o medios que faciliten la potenciación del ser humano, la autoconfianza colectiva en la capacidad para inventar recursos, movilizar los ya existentes y actuar en forma cooperativa y solidaria desde el propio territorio, generando una proalimentación de compensación. Estos procesos que podrían darse a diferentes escalas espaciales solo si implican la inclusión política, social, económica y cultural de las mayorías desde la transformación de las relaciones de poder, en especial, desde la adquisición de capacidad e independencia para intervenir y controlar la gestión de los principales recursos que se utilicen por los actores y organizaciones representativas de los sectores sociales mayoritarios (Lopes de Souza, 1995; (Boisier, 2001; Manzanal et al, 2009).
Las alternativas que se construyan no deberían pasar por alto la necesidad de continuar trabajando los modelos para gestionar el desarrollo desde una lógica transdisciplinar que permita ajustar, desde el análisis de la experiencia acumulada (negativa y positiva), un proceso que beneficie a la humanidad y no solo a una pequeñísima parte de ella, teniendo en cuenta para la formulación ajustada a las necesidades y posibilidades que cada entorno ofrece la imprescindible premisa de Lenin (1985): «sin teoría revolucionaria, no puede haber tampoco movimiento revolucionario» ( p. 6).
