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INTRODUCCIÓN
Los problemas que afectan al desarrollo han constituido permanente tema de análisis a través de la historia de la humanidad. El debate alrededor de ellos ha formado parte de las transformaciones ocurridas en sus diferentes estadios y expresado las perspectivas teórico metodológicas desde las que se ha apreciado el fenómeno, así como los desafíos que se han presentado en cada momento para mantener, consolidar o transformar las condiciones necesarias para la realización de los intereses de las distintas clases y grupos sociales que detentan el poder.
En tal sentido, la crisis de acumulación de capital que se registró en la década de 1970 se reveló como una clara amenaza política a las élites económicas y a las clases dominantes, tanto en los países de capitalismo avanzado como en los subdesarrollados. En Estados Unidos, el proyecto neoliberal que se definió para enfrentar esta crisis mostró la capacidad de acción articulada del gran empresariado en pro de incidir en los procesos de organización y funcionamiento de la sociedad civil y el Estado, así como en la construcción permanente de consensos para legitimar las propuestas dirigidas a promover los ajustes o cambios necesarios para garantizar la «libertad económica» y la desregulación de los mercados como paradigma del entendimiento del progreso social o desarrollo. En otras palabras, para eliminar cualquier obstáculo presente o potencial a la realización de los intereses del capital, especialmente de las corporaciones transnacionales en su proceso de expansión global. Sin embargo, los resultados de estas políticas no han beneficiado a todos por igual. Mientras el capital y la riqueza se concentran cada vez en un por ciento menor de la sociedad estadounidense, se produce el vaciamiento de la clase media, la depauperación del trabajo, aumenta la pobreza extrema, la pobreza infantil, y se apunta al declive de lo que otrora se conociera como la Sociedad de Bienestar (Vázquez, 2021 y 2022).
En la mediación de tal proceso se ha destacado que, en un país como Estados Unidos, la persistencia de la pobreza extrema y el resto de los males referidos que afectan a la sociedad responden a una elección política hecha por los que están en el poder y que con voluntad política se podría eliminar fácilmente, por lo que es necesario que el gobierno actúe en tal sentido. Sin embargo, en la evaluación de la posibilidad de que esto último ocurra se ha enfatizado que el sistema económico1 no funciona para la mayoría de los ciudadanos en el marco de una relación viciada entre economía y política, a tenor de que el sistema político2 ha caído en manos de intereses económicos y se produce un rápido deslizamiento de la concentración del capital y la riqueza hacia la concentración del poder político (Vázquez, 2021 y 2022).
En tal contexto se ha planteado como desafío epistemológico para una cabal comprensión del fenómeno la necesidad de trascender la economía como disciplina de análisis y desplegar una proyección multi o transdiciplinar. En especial, se destaca la necesidad de abordar los elementos concernientes a la evolución y funcionamiento del sistema político estadounidense y su relación con la gestión de la economía y el desarrollo social. Para contribuir a ello el presente artículo aborda la incidencia creciente de la clase capitalista, a través de las corporaciones privadas que concretan su gestión, en el funcionamiento del sistema político de Estados Unidos, esencialmente mediante el financiamiento político. La lógica, a través de la cual se estructura el análisis expone, primero, el marco teórico metodológico de abordaje, y luego, dos de los casos que evidencian cómo ha operado este mecanismo desde los sectores financiero y de salud en ese país, con sus respectivas incidencias en elementos de funcionamiento del sistema político, económico y en los procesos inherentes al desarrollo humano y social.
MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
El financiamiento político se define como el mecanismo mediante el cual la clase capitalista, a través de sus corporaciones, incide en los procesos de toma de decisión que expresan el ejercicio del poder político desde las estructuras del Estado, el gobierno, y las formas de organización de la sociedad civil, mediante contribuciones financieras a campañas y lobbies, entre otras acciones. Dos bases de datos revelan los montos de dinero que se manejan en este entorno, los diversos sectores del capital que constituyen sus fuentes, así como sus destinos, entre otros elementos, una gubernamental, la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés) y otra no gubernamental, OpenSecrets.
Según la Comisión de Elecciones Federales (2023), el financiamiento se realiza a través de comités, entidades que gastan y recaudan dinero en una elección, que incluyen los comités y organizaciones como:comités de campaña autorizados por candidatos particulares para recaudar y gastar fondos en sus campañas; comités no partidistas, algunos de los cuales pueden estar patrocinados por corporaciones, sindicatos, grupos comerciales o de membresía, y demás; comités de partidos políticos a nivel nacional, estatal y local; grupos e individuos que solo realizan gastos independientes como corporaciones, sindicatos y otras organizaciones que realizan comunicaciones internas de personas naturales y a través de los Comités de Acción Política.
Para OpenSecrets el financiamiento político cualifica una interacción diferente de los sectores que representan el interés de la clase capitalista en el mecanismo de la democracia representativa en tanto: «el voto de un individuo conlleva la expectativa de que el candidato velará por los intereses de los electores si es elegido, una contribución de campaña puede conllevar la expectativa de que el dinero se reembolsará en forma de legislación favorable, regulaciones menos estrictas, nombramientos políticos, contratos gubernamentales o créditos fiscales, por nombrar algunas formas de reembolso» (OpenSecrets, 2023 a). 3
Los mapas presidenciales de la Comisión de Elecciones Federales (2023) -que resumen la información financiera divulgada por cada candidato presidencial que ha informado al menos $100 000 en contribuciones de personas distintas al candidato- revelan la tendencia creciente del financiamiento de origen corporativo en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. En tal sentido, en general, ha existido una tendencia asociativa de diversos sectores del capital y los partidos Demócrata y Republicano, indistintamente; sin embargo, en los últimos años también se han manifestado cambios en tales alianzas, o el financiamiento de algunos sectores del capital para candidatos de ambos partidos. La importancia del apoyo corporativo en la formulación y aprobación de leyes y políticas públicas también se ha mostrado de forma creciente como una tendencia que impacta el ejercicio del poder legislativo y ejecutivo, incluso desde la presencia directa de los Oficiales Ejecutivos en Jefe (CEOS, por sus siglas en ingles) en las estructuras del Estado y el Gobierno.
Entre los sectores cuyas contribuciones más se destacan durante el siglo XXI, y en especial desde el año 2015, se encuentran, primero el financiero, segundo los denominados como «otros», el ideológico, y alternando entre tercer y cuarto lugar, el de salud y el de electrónica y comunicaciones. Este cuadro coincide con el de la concentración de riquezas en estos sectores en el contexto de aplicación de las políticas neoliberales, así como con la aprobación de proyectos de ley que aportan al desarrollo de condiciones para continuar la misma en el ámbito doméstico e internacional, a la par que se deterioran de forma creciente las condiciones de empleo, salario, atención a la salud, entre otras variables, de la mayoría de la sociedad.
El fenómeno referido se constató a través de análisis de contenido cualitativo, triangulando los resultados de investigaciones académicas y de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que han abordado la evolución socioeconómica en Estados Unidos y del sistema político de esa nación, así como de la acción directa del sector corporativo privado en las estructuras del Estado y del Gobierno en el periodo histórico del que se trata, las evidencias estadísticas sobre el financiamiento político que arrojan bases de datos, privadas y gubernamentales (FEC y OpenSecrets), y el contenido de las órdenes ejecutivas presidenciales, de los informes económicos del presidente ante el Congreso, de las leyes aprobadas por el Congreso y de las acciones de política interna y exterior.
El marco teórico de contrastación incluyó, además, estudios sobre el concepto de desarrollo desde las posiciones teóricas más relevantes en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. En ellas se ha concluido que ha existido un marcado énfasis economicista alrededor de la idea de crecimiento económico y la redistribución de la riqueza como expresión de desarrollo, así como la necesidad de concebirlo como un proceso altamente complejo, que exige la integración de diversos factores que contribuyan a enriquecer el concepto e impacten las políticas y los actores involucrados en el mismo, incluyendo las inherentes a las diferentes dimensiones de lo que se ha definido como desarrollo humano (Mujica y Rincón 2010; Tabares y Mederos, 2022).
EL SECTOR FINANCIERO
Las estadísticas de OpenSecrets muestran que el sector financiero ha sido la mayor fuente de contribuciones de campaña para los candidatos y partidos federales desde la década del 90 del siglo XX hasta hoy. Como parte de este, se destaca que las contribuciones de las compañías de seguros, las firmas de valores e inversión, los intereses inmobiliarios y los bancos comerciales proporcionan la mayor parte de ese dinero. La confluencia de sus intereses se revela en la oposición a los impuestos y a la regulación de los fondos de cobertura o instrumentos financieros, como los derivados (OpenSecret, 2023b y 2023c; Glorioso, 2016).
La tendencia creciente de las contribuciones de este sector, desde el mencionado decenio hasta el año 2022, ha sido con apoyo mayoritario al Partido Republicano, así como con variaciones hacia el demócrata en 2008, 2020 y 2022, en los entornos de las crisis económicas con este partido en la presidencia o en transición hacia la misma. Entre los beneficios que le ha reportado el financiamiento político pueden mencionarse la aprobación en noviembre de 1999 de la Ley Gramm-Leach-Bliley, derogando la Glass-Steagall (1933) que enmarcó la regulación de gran parte de su acción al demarcar la separación de la banca comercial y de inversión en el país; en 2008 la aprobación de la Ley de Estabilización Económica de Emergencia (que buscó asegurar los activos en problemas y proporcionar estabilidad económica) aprobada por el Congreso en medio de temores de un colapso económico global; en 2017 las Órdenes Ejecutivas de Donald Trump para revisar la Ley Dodd-Frank, implementada para proteger a los consumidores de prácticas crediticias abusivas y decisiones financieras riesgosas del sector, y en 2018 Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección del Consumidor que suaviza las medidas de control al mismo, impulsadas por el exmandatario Barack Obama tras la crisis de 2008 con la ley conocida como Dodd-Frank, aprobada en 2010 para reforzar las exigencias de capital de respaldo a los bancos y prohibiendo a las instituciones financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes.
El gobierno de Donald Trump se destacó en el apoyo a este sector, ubicó como secretario del Tesoro a Steven Mnuchin, multimillonario exbanquero de Goldman Sachs, que prometió la mayor bajada de impuestos desde la administración de Ronald Reagan. En los informes sobre la economía ante el Congreso de 2018, 2019, 2020 y 2021, la Agenda Política a favor del crecimiento de Trump ubicó como componentes principales los recortes de impuestos, la reforma tributaria y la desregulación inteligente, junto a la innovación tecnológica y la renegociación de los tratados comerciales en función del fomento del crecimiento económico, la creación de empleo y el aumento de los salarios (Trump, 2018, 2019, 2020 y 2021). Sin embargo, el gran recorte de impuestos de 2017 añadió 2 billones de dólares al déficit, fue una enorme ganancia inesperada para las corporaciones estadounidenses que no se revirtió en los objetivos mencionados. En el año 2020, 55 de las mayores corporaciones del país no pagaron impuestos federales y obtuvieron más de 40 000 millones de dólares de ganancias. En el mismo periodo, 20 millones de estadounidenses perdieron su empleo -agravada la situación en el contexto de la pandemia- mientras que aproximadamente 650 multimillonarios en Estados Unidos vieron aumentar su patrimonio neto en más de 1 billón de dólares (Biden, 2021).
Los logros del sector financiero han enmarcado el despliegue de la financiarización de la economía; un fenómeno entre cuyos rasgos se han identificado la expansión y transformación de los espacios, en los cuales el capital financiero se valoriza (los mercados financieros), así como la configuración de una nueva lógica, que se ha denominado financiarizada, con la primacía de las finanzas en la dinámica de funcionamiento macroeconómico y en las prioridades de empresas, hogares y administraciones públicas. En este entorno, los bancos cambiaron sus actividades hacia la intermediación en mercados financieros abiertos y transacciones con los hogares, implicando cada vez más a estos últimos en operaciones financieras. Lo anterior ha potenciado la importancia de los intereses, los mercados y los agentes e instituciones financieras en el funcionamiento de las economías nacionales e internacional; el creciente protagonismo económico y político de los agentes que lo representan y, por tanto, el incremento de su capacidad para imponer sus intereses, como se mostró con los apoyos al sector financiero ante las crisis, cuando al amparo de la Ley de Estabilización Económica de Emergencia se canalizarían 700 000 millones de dólares al mercado financiero, beneficiando a los bancos Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, State Street, Bank of New York Mellon Corp, muchos de los cuales se situaron entre los mayores contribuyentes en el financiamiento político en el periodo (Epstein, 2005; Álvarez, 2008; Medialdea y Sanabria, 2013; Silva, 2019; OpenSecrets, 2023 d).
En ese contexto se señala que el Sistema de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), Banco Central de Estados Unidos, maneja la tasa de interés en función de las necesidades de los corporativos financieros y pasó de aplicar una política monetaria para promover el desarrollo económico, a una política para controlar la inflación, acorde con el régimen financiero prevaleciente (Girón y Chapoy, 2004) En tal sentido, los diversos análisis que se han realizado sobre el impacto socioeconómico de la financiarización han destacado que el aumento creciente de las tasas de rentabilidad de las empresas privadas financieras de 1979 a 2010 ha sido directamente proporcional al aumento de la concentración del ingreso y la desigualdad de 1970 a 2013.
En igual dirección, el retroceso de los salarios en el reparto de la renta nacional en un contexto en el que el consumo, a fin de mantener el nivel de vida, ha derivado en el desarrollo de un fenómeno que se ha definido como la «financiarización del ingreso salarial» cuya espiral quiebra cuando estallan las burbujas financieras que sostenían la facilidad para endeudarse, tal como se evidencia desde la crisis que estalla en 2007 en Estados Unidos (Álvarez, 2008; Medialdea y Sanabria, 2013; Evans, 2014; Silva, 2019).
Los antecedentes de la financiarización del ingreso salarial se ubican en el contexto del retiro del sector público en la provisión de servicios como salud, educación, vivienda, pensiones y transporte desde la década del 70 del siglo XX en Estados Unidos. En este entorno se produce un aumento de la intermediación del sector financiero con los hogares para la comercialización de activos financieros relacionados con hipotecas, pensiones, seguros y fondos del mercado de dinero, al tiempo que abandonan sus actividades de financiamiento a la inversión real (Lapavitsas, 2011 y 2013). El impacto de este fenómeno se revela aún con mayor profundidad, cuando se considera, como señala Stiglitz (2012), que la creciente desigualdad que afecta a la sociedad estadounidense se correlaciona con inequidades en los ámbitos de salud, acceso a la educación, exposición a riesgos ambientales, y está estrechamente ligada a la reducción significativa de los impuestos sobre la riqueza, que se concentra de forma creciente, a la vez que se tiene menos dinero para gastar en inversiones destinadas al bien público.
En este escenario, a la par que el sector financiero se revela como parte de lo que se ha definido como clase capitalista global,4 Estados Unidos, que alguna vez fue líder en atención médica y educación -importantes dimensiones del índice de desarrollo humano-ahora es el único país desarrollado sin cobertura universal sanitaria, con una estimación de 45 millones de personas sin ningún tipo de protección sanitaria y se profundiza la crisis del aprendizaje que amplía la desigualdad perjudicando gravemente a los niños y jóvenes desfavorecidos, que son los que más necesitan el impulso que una buena educación puede proporcionar, en especial a los inmigrantes (Cabo, 2010; Banco Mundial, 2018; López, 2021; Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, 2021). Estas situaciones empeoraron en el entorno de la Pandemia de la COVID-19 cuando el comportamiento del sector corporativo de la salud se destacó, además, en el empobrecimiento de muchas familias estadounidenses.
EL SECTOR SALUD
Entre los sectores que han ocupado el tercer lugar en los montos de financiamiento político en los últimos cinco años se destaca la industria farmacéutica y de productos para la salud, que incluye a los fabricantes de medicamentos, a los distribuidores de productos médicos, suplementos nutricionales y dietéticos. Sus contribuciones aumentaron en cada ciclo de elecciones presidenciales desde 2012, alcanzando $89 091 362 en 2020, durante la pandemia de COVID-19, un aumento del 170 % con respecto a la década anterior. En ese escenario, la industria farmacéutica, que tradicionalmente ha favorecido a los candidatos republicanos, apoyó en mayor cuantía a los demócratas, que recibieron el 61 % de todas las contribuciones de productos farmacéuticos y para la salud, la proporción más alta recibida al menos en los últimos 30 años (OpenSecrets, 2023e).
El ascenso del financiamiento político referido es una muestra de la importancia creciente que ha venido alcanzado el sector privado en los servicios de salud en el contexto de la aplicación de las políticas neoliberales en Estados Unidos desde los años 80 del siglo XX. Entre los beneficios obtenidos puede mencionarse, durante el gobierno de George W. Bush, en 2003, la aprobación de la legislación que creó la «Parte D» de Medicare, impidiendo que el gobierno negocie precios con las compañías farmacéuticas (Lazar, 2015). Además, en el gobierno de Biden entre los resultados obtenidos con las vacunas y tratamientos para la COVID-19 pueden mencionarse: Pfizer/BioNtech obtuvo ganancias equivalentes a 21 500 millones de dólares; Moderna, 19 600; Johnson & Johnson, 19 600 y la Fundación Bill y Melinda Gates, ingresos millonarios por ser de los principales accionistas de las empresas farmacéuticas (Triana, 2022).
En el último contexto referido los fabricantes de medicamentos, los distribuidores de productos médicos y los que se ocupan de los suplementos gastaron enormes cantidades de dinero para presionar al gobierno federal en función de financiamiento para producción de productos, como las vacunas y nuevos tratamientos, así como de la utilización y negociación -a escala nacional e internacional- de estas producciones, indistintamente. Los principales contribuyentes durante el ciclo de 2020 fueron DE Shaw Research (casi $6 millones, principalmente para grupos externos liberales), Pulse Biosciences (más de $4,6 millones, en su mayoría para grupos externos conservadores) y Pfizer Inc. (más de $3,6 millones). Los objetivos de la política de la industria incluyeron liderar el esfuerzo de vacunación contra la COVID-19, oponerse a H.R.3 (un proyecto de ley que le daría al gobierno la capacidad de negociar y limitar los precios de los medicamentos en función de un índice internacional), y resistirse a la atención médica administrada por el gobierno. La idea que se defiende es que la atención médica impulsada por el sector privado garantizaría un proceso de aprobación más rápido para los medicamentos y productos que ingresan al mercado y fortalecería las protecciones de propiedad intelectual. En el esfuerzo antes descrito se destacaron en términos de cabildeo, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, que gastó 25,9 millones de dólares; Pfizer Inc ($ 13,2 millones); la Organización de la Industria de Biotecnología ($ 12,6 millones); Amgen Ic (casi $ 11,6 millones) y Roche Holdings ($ 10,9 millones) (Krumholz y Holzberg, 2021).
En este mismo escenario, sin embargo, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (2022), la subregión de América del Norte notificó el mayor número de casos por 100 000 habitantes (25 951,50 casos por 100 000 habitantes) y muertes (con un total de 1 079 383 muertes acumuladas comunicadas al 31 de agosto del 2022), a lo largo de la pandemia. De estos números el mayor por ciento correspondió a Estados Unidos, ubicado, además, entre los países más afectados a escala internacional (Canales y Castillo, 2020; Bulut, 2020; Human Rights Watch, 2021; Coronavirus Resources Center (2023).
El costo creciente de la atención médica ha sido presentado como una preocupación compartida por muchos estadounidenses desde la administración de Barack Obama. Donald Trump incluyó este tema en su agenda procrecimiento (Trump, 2018 y 2019) y Biden en su Ley contra la inflación, sin embargo, los precios de este sector se mantienen entre los más altos del mercado interno estadounidense como parte de los servicios médicos (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2023). Alrededor de este tema Biden (2023) ha declarado:
Pagamos más por los medicamentos recetados que cualquier otro país principal del planeta. La fabricación de la insulina sólo cuesta alrededor de 10 dólares por ampolla a las empresas farmacéuticas. Con el paquete y lo demás, quizá llegue a 13 dólares. Pero, las grandes empresas farmacéuticas han estado cobrando injustamente a la gente cientos de dólares, de 400 a 500 dólares al mes, y obteniendo beneficios récord. Millones de estadounidenses que no tienen Medicare, entre ellos 200 000 jóvenes con diabetes de tipo I que necesitan insulina para salvar sus vidas, que necesitan esta insulina para estar vivos.
Una encuesta realizada por Gallup en diciembre de 2019 reveló que en el año 2018 el 25 % de los estadounidenses dijo que ellos, o al menos un miembro de su familia, pospusieron el tratamiento de una afección médica grave debido a su costo, mientras que el 8 % expresó que ellos o un miembro de la familia pospusieron el tratamiento por una afección menos grave, lo que eleva el porcentaje total de hogares que retrasan la atención al 33 %, como parte de una tendencia del aumento del 50 % de los que tenían ese problema en el año 2001 (Saad, 2019). Estos elementos son confirmados en análisis que desde la academia concluyen que los gastos directos elevados en atención médica son una cuestión cada vez más crítica para los pacientes en Estados Unidos. Además, un estudio llevado a cabo por la Sociedad del Cáncer de Estados mostró que el 56 % de los adultos del país afirman tener algún tipo de dificultad para pagar las facturas médicas (Yabroff et al. 2019).
Este comportamiento afecta, sobre todo, a la parte más vulnerable de la población estadounidense, por ejemplo, a los ancianos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2023), sin embargo, desde el Gobierno no se ha podido incidir de forma efectiva sobre tal situación. El incremento sostenido de financiamiento político que desde las farmacéuticas se destina a influir en campañas presidenciales, en elecciones del Congreso y en acciones hacia organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), pudiera estar entre los elementos que hacen posible su relativa autonomía y capacidad de imponerse a las regulaciones de los gobiernos que tratan de favorecer la satisfacción de necesidades imperiosas de la sociedad.
EL fenómeno referido también tiene entre sus condicionantes la presencia en la sede central del Banco Mundial (BM) en Washington de un representante de la industria farmacéutica, así como la reforma de la OMS. Sobre la primera se afirma que desde inicios del siglo XXI la asociación que representa a las grandes compañías farmacéuticas innovadoras envía tres currículos para que el BM escoja uno. El representante seleccionado tiene un despacho en el Banco, acceso a todos los documentos y participa como si fuera un miembro de su staff en los debates sobre políticas farmacéuticas. En el 2002, el representante pertenecía a Pfizer y le siguió un profesional de Novartis (Ugalde y Homedes, 2007; Triana, 2022; Vázquez, 2023). Lo referido revela que, tal y como han señalado Saguier y Ghiotto (2017),
La construcción de un orden neoliberal durante la década de los noventa estuvo asociada no solo a la liberalización y desregulación económica para integrar las economías nacionales a los flujos globales de inversión, comercio y tecnología, sino también a un papel preponderante que adquieren las ETN como actores «políticos» en la gestión y regulación de procesos socioeconómicos a escala nacional y transnacional. En este marco, aparecen como actores legítimos y constitutivos de nuevas institucionalidades, tales como los regímenes de cooperación público-privada, privada-privada en el que las empresas generan sus propios estándares y códigos de conducta sin la participación directa de gobiernos, pero también en la construcción de un orden jurídico internacional caracterizado por la asimetría normativa entre los derechos de las ETN y los derechos humanos. (p. 169)
Esto último constituye uno de los más grandes obstáculos al desarrollo humano y social, en Estados Unidos y en el mundo en general. Sus evidencias aparecen de forma recurrente en informes de instituciones internacionales, análisis académicos, discursos políticos y reclamos sociales; sin embargo, las formas efectivas para eliminarlo, más allá de las formulaciones para ello, aún queda, en el marco de los desafíos a la ciencia para promover con carácter multi y transdisciplinario, la recomposición de la gestión del progreso social. En tal sentido, en el Informe de Naciones Unidas (2018) se señala:
El lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la degradación ambiental que son característicos de nuestra realidad actual presentan desafíos sin precedentes para la comunidad internacional. En efecto, estamos frente a un cambio de época: la opción de continuar con los mismos patrones de producción, energía y consumo ya no es viable, lo que hace necesario transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo.
Y en este contexto, las dificultades económicas para atender la salud aumentan y una pandemia puso en entredicho, una vez más, la capacidad del modelo liberal, ahora en su vertiente neoliberal, aquel que sostiene sus posturas de libre mercado y desideologización, para garantizar el progreso económico, el desarrollo humano, y más allá, la capacidad del hombre para sobrevivir.
CONSIDERACIONES FINALES
La incidencia del interés económico corporativo en la evolución del sistema político de Estados Unidos es un proceso histórico que data de la segunda mitad del siglo XX cuando diversos factores confluyeron promoviendo una tendencia al corrimiento de la concentración de la riqueza a la del poder político en el contexto de la Revolución Científico Técnica de las Telecomunicaciones y la internacionalización del capital. Como parte de estos factores o condicionantes pueden mencionarse -como exigencias de la gestión de la crisis económica y política que afectó a la economía y la política estadounidense desde el año 1973- la organización de la clase capitalista a través de los gremios empresariales, su articulación con universidades y centros de pensamientos, la cooptación racional del ejercicio de la política por el Estado y la sociedad civil, y la aplicación de las políticas neoliberales.
Una serie de mecanismos se desplegaron desde esa etapa en el contexto de lo que se definió como corporativización del conocimiento y de la política. Entre ellos pueden mencionarse los financiamientos de campañas electorales, presidenciales y legislativas; la construcción y el desarrollo de mecanismos de influencia en estructuras de la rama legislativa a través del cabildeo, el acercamiento entre el sector empresarial y grupos de intelectuales organizados en universidades y tanques de pensamiento con funciones de consultoría y asesoría política para la formulación de políticas públicas, el «perfeccionamiento institucional y de formas de gobierno». El financiamiento político se ha destacado como una de las bases más importantes del funcionamiento de los mecanismos antes referidos, junto al despliegue de gobiernos corporativos y la captura corporativa de instituciones internacionales por la clase capitalista global que revela, según concluye Amin (2017): «en el capitalismo lo económico se emancipa de la sumisión a lo político y se transforma en la instancia directamente dominante que comanda la reproducción y la evolución de la sociedad. La lógica de la mundialización capitalista es, ante todo, la del despliegue de esta dimensión económica a escala mundial y la sumisión de las instancias políticas e ideológicas a sus exigencias» (p. 27).
La capacidad de incidencia de la clase capitalista en las funciones de gobierno y el ejercicio de la política desde la sociedad civil se ha mostrado en las limitaciones del Estado para gestionar las crisis que vive la sociedad estadounidense, incluyendo la sanitaria, y detener el aumento de la pobreza, el vaciamiento de la clase media y el declive de lo que se conoció como Sociedad de Bienestar. El presidente Biden ha destacado que «durante los últimos 40 años se nos ha dicho que si otorgamos exenciones fiscales a los que están en la cima, los beneficios llegarían a todos los demás. Pero esa teoría del goteo condujo a un crecimiento económico más débil, salarios más bajos, mayores déficits y la brecha más amplia entre los que están en la cima y todos los demás en casi un siglo» (Biden, 2022). La profundidad del problema que se enfrenta y las posibilidades de alcanzar el desarrollo para amplios sectores de la población estadounidense, aún en el contexto de un país clasificado como de altos ingresos por el Banco Mundial, avalan las conclusiones que diversos autores han expresado asentadas en que la idea de desarrollo ha sido condenada- por las más diversas escuelas de pensamiento- a consolidar la civilización occidental, capitalista, en cuanto paradigma universal.
En este contexto se hace urgente repensar la idea del desarrollo, así como las prácticas consustanciales a la misma. En función de ello, se ha señalado que la repartición real de poder debe ser elevada a un plano de formulación de estrategias de desarrollo socio-espacial en sentido amplio, no meramente económico capitalista; es decir, que contribuyan a una mayor justicia social y no se limiten a clamar por crecimiento económico y modernización tecnológica. Y como respuesta a ello, se han considerado como elementos para promover una visión alternativa del desarrollo el logro de un contexto o medio que facilite la autoconfianza colectiva en la capacidad para inventar recursos, movilizar los ya existentes y actuar en forma cooperativa y solidaria desde el propio territorio, generando una proalimentación de compensación. Un proceso que podría darse a diferentes escalas espaciales solo si implica la inclusión política, social, económica y cultural de las mayorías postergadas, lo que hace necesario el trabajo con las relaciones de poder, existentes en cada uno de los ámbitos desde los que este se gestione y, en especial, que los actores y organizaciones representativas de los sectores sociales mayoritarios y tradicionalmente postergados adquieran capacidad e independencia para intervenir y controlar la gestión de los principales recursos que se utilicen en función de ello.
