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INTRODUCCIÓN
El campesino existe como clase social desde los albores de la sociedad humana. Ha sobrevivido a todos los modos de producción, incluido el capitalismo; aún en condiciones de monopolización de las relaciones sociales de producción bajo el influjo del capital financiero. Sigue existiendo a pesar de ello, y constituye la mayoría de la población de los países subdesarrollados, donde luchan por la tierra como anhelo ancestral preterido y contra su destrucción como clase. También sobrevivió al proceso de descampesinización premeditada en el espacio soviético y el campo socialista, en general. En la realidad soviética, treinta millones de campesinos lograron sobrevivir y producir más eficientemente, que aquellos que los habían condenado a desaparecer (Wolf, 1971). La idea de descampesinización y de la incompatibilidad del campesino con el socialismo también fue muy influyente en Cuba, una sociedad muy distinta a la europea, nacida del colonialismo y el neocolonialismo.
Por ello, la socialización del campesino ha ocupado un espacio importante en las ciencias sociales en Cuba, con énfasis en los últimos años, en el cooperativismo y sus problemas. La historia de la política de socialización del campesino en el país ha estado marcada por una interpretación sui géneris del problema agrario y campesino, por la apología y el dogma de inspiración estaliniana, inaplicables en ninguna sociedad como la historia demostró, menos aún en un país subdesarrollado, donde primó una economía de plantación, resultado histórico de la expropiación del campesinado. Esa falta de perspectiva crítica desde el subdesarrollo, se analiza en las páginas que discurren en este artículo.
La producción científica sobre las relaciones agrarias en Cuba se centra en la actualidad, fundamentalmente, en los problemas de funcionamiento de la agricultura, la producción de alimentos -en especial, su déficit-, la comercialización (Anaya y García, 2023), (Nova, 2022). Estas investigaciones tan necesarias, realizadas desde la ciencia económica, deben complementarse con estudios que, desde el análisis de la totalidad, ayuden a develar los graves problemas socioeconómicos y las contradicciones históricas resultantes del proceso de Revolución Agraria en Cuba.
Los estudios agrarios y rurales no son ajenos para nosotros, dedicados por años al análisis del pensamiento económico nacional y, en la actualidad, centrados en la dirección y organización de la actividad científica dentro del proyecto «Relaciones agrarias y la dimensión rural del desarrollo en Cuba», asociado al Programa Nacional de Ciencia, Técnica e Innovación sobre Teoría Marxista y Procesos Ideológicos en la Sociedad Cubana Contemporánea (CITMA, 2022).
Los estudios mencionados al inicio desbrozan un camino para la comprensión de una problemática altamente compleja, estigmatizada, dogmatizada en su tratamiento, con apego a criterios que en la actual coyuntura histórica no encuentran un sustento teórico válido para explicar la realidad de un panorama rural que ha cambiado. Por un lado, ha estado beneficiado por el impulso de lo mejor de la obra de la Revolución iniciado con la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria el 17 de mayo de 1959 y, por otro lado, limitado por la política económica, la agraria y la social, a lo que se suma un contexto internacional extremadamente complejo, hostil y cambiante. Un antecedente en el estudio de esta problemática, en el empeño de develar contradicciones, fue publicado anteriormente por Díaz y Díaz (2022) y da continuidad a una línea investigativa sobre economía popular (Plaza y Díaz, 2022) y su articulación con el desarrollo rural.
Desde los años 90, incluso antes, se vienen realizando transformaciones en la estructura de la tenencia de la tierra en Cuba, las cuales han sido consideradas por algunos autores como una «tercera reforma agraria» (Figueroa, 2009) (Valdés, 1997). Sin embargo, estas transformaciones no alcanzan tal dimensión, puesto que no han alterado suficientemente las relaciones de propiedad existentes, a pesar de los cambios realizados sobre la posesión, gestión y uso del suelo. Tanto las cooperativas creadas a partir de los años 90, como los nuevos usufructuarios han quedado entrampados en la inamovilidad de la propiedad del Estado -entendida esta como propiedad socialista de todo el pueblo-, ejerciendo un influjo inadecuado para la socialización de las nuevas formas de gestión y de cooperación creadas, situación que persiste en la Constitución de la República de Cuba del 2019 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019), debido al enfoque patrimonial con que se concibe la propiedad, sin el contenido socioeconómico para su efectiva transformación.
Las relaciones de propiedad son determinantes en cualquier sistema socioeconómico. La denominada propiedad socialista de todo el pueblo y la forma como ha sido gestionada por el Estado -sobre la base de un modelo agrario de inspiración eurosoviético-, han establecido un freno al desarrollo de las fuerzas productivas y al proceso de socialización real y efectiva de la propiedad. Además, han constituido un escollo a los procesos de descolonización y despatriarcalización, y al propósito de poner fin al trabajo enajenado en el anhelo de construir una sociedad de productores libres asociados siguiendo la lógica de Marx, esencia del socialismo.
Las nuevas relaciones socialistas conllevan un nuevo contenido humano que, siguiendo la lógica transicional, nos acerque paso a paso a la tan anhelada justicia social, donde estos productores asociados no solo produzcan para sí, sino también para la sociedad, en un proceso en el que se producen y se reproducen como sujetos socialistas. Además, se precisa de una teoría y una praxis para las nuevas relaciones sociales construidas desde abajo, que sintonicen con las aspiraciones del proyecto de nación resolviendo las contradicciones existentes entre dirigentes y dirigidos en la dialéctica del desarrollo (Lebowitz, 2015).
En 2015, Cuba contaba con 6 610 cooperativas agropecuarias y un total de 486 050 asociados. Para el año 2020 existían un total de 4 828 cooperativas distribuidas de la siguiente manera: 1 496 Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), 869 Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) y 2 463 Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), con 447 235 cooperativistas. En cinco años dejaron de ser cooperativistas 38 815 socios y se disolvieron 1 782 cooperativas en el país (Ministerio de la Agricultura, 2020).
Esta situación indica la urgencia de actuar profundamente en las relaciones agrarias, pues en ellas se determina una parte importante de la soberanía alimentaria, del bienestar general y, en particular, del rural. Esto no se puede resolver únicamente con medidas administrativas, se necesita desentrañar correctamente las principales contradicciones socioeconómicas existentes en el mundo rural, como la totalidad de relaciones sociales que no se constriñen únicamente a cuestiones económicas.
En ese empeño sobresale la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2022); pero a pesar de la naturaleza y alcance de su contenido, al ser nulo el análisis de los tipos socioeconómicos, carece de fundamentos socioeconómicos que expresen en toda su extensión los problemas de la seguridad y soberanía alimentaria como cuestión socioeconómica, desde una perspectiva marxista con centro en los procesos de producción y reproducción de la vida económica en los campos.
Esta Ley carece de un enfoque de desarrollo rural, no esclarece suficientemente el lugar del campesino en ese proceso, se limita a referir que es competencia de los gobiernos municipales la atención a las condiciones de vida de las comunidades agrícolas. Se percibe carencia de la teoría marxista de la renta del suelo, como base teórico metodológica para la interpretación de las relaciones sociales en la producción agropecuaria; en especial cómo se produce y se apropia la riqueza en un escenario marcado por nuevas relaciones capitalistas en germen, sin los contrapesos necesarios. En este sentido, ese análisis cobra pertinencia para la socialización socialista en las nuevas condiciones históricas cuya marca fundamental es la emergencia de una nueva burguesía agraria, y la preeminencia del capital comercial, en el desarrollo de relaciones agrarias para nada solidarias.
La economía política revolucionaria y sus nuevos desarrollos deben ser un elemento de singular importancia, si se quiere tener una agricultura no solo marcada por la prosperidad, sino además por la justicia, interpretada esta desde la ciencia marxista. En este sentido, son importantes las consideraciones de García (2021) quien fundamenta el proceso de distribución de la renta en la actualidad e identifica múltiples contradicciones entre la propiedad, la gestión y apropiación de esta, las cuales deben superarse no solo para explicar la complejidad de las relaciones agrarias en Cuba, piedra angular también para entender el problema de la socialización en general. A tal criterio se añade, el análisis de la historicidad del asunto, las cuestiones antropológicas que definen los contenidos humanos y de las clases, de modo que permitan comprender suficientemente la problemática en cuestión, su transdiciplinaridad, para explicar desde la ciencia del movimiento de la sociedad, el carácter histórico concreto, el lugar del estado actual de cosas, marcado por la enajenación, la cosificación, monopolización de la producción y los reductos de la coloniedad del poder que aún subyace en nuestro modelo de desarrollo.
Entender los aciertos de la política agraria y su influencia en la socialización del campesino deviene en ejercicio necesario para comprender la depauperación del sector agropecuario y rural, en los últimos treinta años y más de crisis económica y social.
EL PROBLEMA DE LA TIERRA Y LA SOCIALIZACIÓN DEL CAMPESINO
El problema de la tierra es aún un problema no enteramente resuelto en nuestra Revolución Agraria; fue uno de los fundamentales identificados por Fidel Castro (1983) en el Programa del Moncada, referente inmediato de la Reforma Agraria cubana de 1959,1 la cual vendría a cumplir el mandato constitucional que proscribía el latifundio. La Constitución de 1940 condensó la aspiración de varios sectores sociales de acceso a la tierra, problema preterido desde la época colonial y agravado en la neocolonia. La cuestión agraria, -en especial el acceso a la tierra- formó parte de todos los programas de lucha por la independencia y la soberanía nacional, tanto el de Céspedes, como el de Martí y también el de Fidel. Ha sido tema neurálgico y recurrente en la historia del pensamiento económico nacional, así como en el pensamiento social cubano.
El dilema agrario aparece, como conflicto de clases, irresoluto desde los albores de nuestra nacionalidad; a partir de ese momento histórico surge la puja entre dos modelos agrarios que se esfuerzan por el dominio o supremacía en el contexto de las relaciones de propiedad, en una disputa económica, ideológica y política, que se muestra como expresión directa de la lucha de clases en cada época histórica. Se concreta en el gigantismo empresarial propio de la economía de plantación versus la pequeña propiedad privada, garante de la existencia de la economía familiar campesina.
El imperativo de la reforma agraria apareció no solo como una necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas, sino como condición primigenia de la emancipación social en el pensamiento económico y social cubano. La maduración de la idea de la reforma agraria, a tono con un contenido científico, se fue perfilando a partir del colosal debate en torno al desarrollo económico de los años 40 y 50 del siglo XX. Las visiones más sobresalientes de este proceso fueron realizadas por el pensamiento marxista y el estructuralista latinoamericano, o la combinación de ambos.
Una idea básica que formó parte de los programas de distintas instituciones políticas, consideró como parte de ese proceso un gran reparto de tierras en Cuba; para el caso del marxismo, sobresale la idea leninista del reparto de estas, en propiedad o en usufructo (Lenin, 1973), adaptada por el programa del Partido Socialista Popular (1944). Este reparto de tierras no se llevó a cabo al inicio de la Revolución, después incluso de su reconocimiento por la Primera Ley de Reforma Agraria, a partir de consideraciones propias del contexto cubano. Resaltaba la idea que sustentaba la inevitabilidad del proceso de descampesinización de la sociedad rural y la incompatibilidad del campesino con el desarrollo del socialismo, sin entender suficientemente ni su lugar histórico en la economía cubana, ni mucho menos en la dialéctica de la transformación clasista del campesinado. La evidencia histórica demuestra que la centralización, la concentración, el gigantismo empresarial y la descampesinización no reproducen socialismo en las relaciones agrarias, como no lo hace tampoco el modelo de liberalización ilimitado de la integración vertical monopólica de la agricultura norteamericana altamente tecnificada influyente en la concepción empresarial agrícola soviética (Shanin, 1989), sino que se precisan de relaciones nuevas construidas desde abajo (Lebowitz, 2015) y desde la economía campesina sin excluir otras formas, especialmente los obreros agrícolas para el caso de Cuba.
El dogma de la inexistencia de «hambre de tierra» en Cuba
La Ley de Reforma Agraria concibió -además de hacer justicia con los que trabajaban la tierra sin ser dueños de ella- un reparto de tierra que incluía el proletariado agrícola, tomando en consideración prioridades por estamentos sociales que la propia ley definía. Sin embargo, en Cuba esta idea no fue aceptada en su plenitud, sino que fue asimilada de acuerdo con las condiciones propias de la lucha de clases en el país, en un legítimo proceso de innovación, aunque supuso también un altísimo grado de romanticismo económico.
La existencia en Cuba un gran proletariado agrícola y una producción azucarera tecnificada -unido al sentimiento cuestionable de clase obrera de ese proletariado-, signada, además, por la existencia de una economía estacional que lo obligaba a labrar la tierra para subsistir en el llamado tiempo muerto, era fuente directa de «hambre de tierra». Habría que añadir la realidad de una sociedad muy marcada por el desempleo, tanto involuntario como estacional, resultado de la inexistencia de una industria nacional capaz de absorber la mano de obra excedente en el campo, fuente directa de «hambre de tierra», sobre todo de una abundante población rural en condiciones de pobreza. El concepto de «pueblo» expuesto por Fidel en La Historia me absolverá (Castro, 1983) así lo demuestra, al igual que los datos expuestos por Rodríguez (1983a). El origen clasista de este proletariado se encuentra en la expropiación ilimitada de que fue objeto el campesinado, convirtiendo en obreros a estos y sus familia, estudiado magistralmente por Alberto Arredondo en su obra Cuba, tierra indefensa (Arredondo, citado por Valdés, 1997). En la concepción del desarrollo imperante, la tecnificación de la agricultura, junto a un proceso industrial más eficiente, liberarían a la industria azucarera de los reclamos válidos en aquellas condiciones contra la tecnificación (Torras, 1984) y creaban la base social para el reparto de tierra, nacido de las transformaciones tecnológicas al liberarse fuerza de trabajo en el campo y en la industria.
A esto habría que añadir las importantes diferencias regionales existentes en el país. Las condiciones de explotación capitalista y la situación social distaban de ser homogéneas para el desarrollo de una política de alcance nacional. Existían diferencias demográficas notables; por ejemplo, entre Pinar del Rio y Matanzas, en el sur de la antigua provincia de Las Villas, algunas partes de la actual provincia de Cienfuegos, con respecto al Camagüey y el Oriente cubano, donde la concentración de la tierra era muy alta y la composición étnica de la sociedad era distinta al resto de las zonas y, por lo tanto, distingue en el proceso histórico la apetencia de tierra. Ello explica el apoyo que parte del campesinado medio, pobre y el «lumpen rural» dio a la contrarrevolución en las primeras zonas mencionadas, influida por la actitud contrarrevolucionaria de los campesinos medios y ricos, opuestos históricamente al socialismo. Enfrentar esto condujo a la proclamación de la Segunda Ley de Reforma Agraria, medida política destinada a contrarrestarla, cuyo resultado fundamental fue el establecimiento de la supremacía estatal en la agricultura.
Esta medida -efectiva desde el punto de vista político- contrasta con los resultados económicos de la estatalización, siendo un elemento fundamental en la destrucción de medios de producción afectando la seguridad alimentaria. Esta situación es esencial para entender los límites históricos de esa política, y su influencia en la estatización desmedida de la economía agrícola, el sesgo rentístico y agroexportador de su modelo resultante, contrario a políticas más soberanas para la alimentación del pueblo, manteniendo las características esenciales del viejo esquema de ventajas absolutas, deformante de nuestra economía.
El Estado cubano contemporáneo tiene la posibilidad y la necesidad de diseñar una política agraria que transforme definitivamente, en el nuevo contexto constitucional, las relaciones de propiedad agrarias, y allegue la tierra al campesino y a la población rural, con los límites de nuestro tiempo y de un socialismo propio de profunda raigambre martiana. Ello debe trascurrir de modo que posibilite el desarrollo de una economía agraria diversificada, soberana y sostenible sobre la base de un campesinado fuerte, clase social que puede reproducir una sociedad rural de contenido socialista en las condiciones actuales de Cuba. Cabría entonces preguntar: ¿es la propiedad estatal, por definición, superior como forma de propiedad socialista a la propiedad cooperativa en la agricultura? ¿No fue esto un gravísimo error estalinista cuando se llevó a cabo la colectivización forzosa?
La historia económica de Cuba -incluida la de los mejores años de desempeño económico- demuestra que en las nuevas relaciones de producción socialista también se sacrificó parte del fondo de consumo de los obreros; situación que ha tenido un impacto enorme sobre la clase trabajadora y, especialmente, sobre resultados económicos positivos. Durante treinta años (1959- 1989) el producto interno bruto se triplicó y creció al 4 % como promedio anual, no así el agrícola que mostraba signos de agotamiento desde la década de 1980 (Nova, 1998). Este crecimiento se obtuvo sobre la base de una elevación de la densidad energética de la producción y una masiva inversión con bajos rendimientos de los medios básicos (Pérez, 2008).
A pesar de ello, Cuba no renunció a ser el primer país de América Latina que incorporara el mejoramiento social a su estrategia de desarrollo de manera explícita como la primera prioridad. No obstante, esto no sucedió suficientemente con el consumo de los trabajadores; aun en condiciones de retorno de parte del producto diferido a partir de los denominados fondos sociales de consumo en forma de gratuidades, las transformaciones en los niveles de vida del proletariado agrícola no fueron ostensibles.
Carlos Rafael Rodríguez tempranamente reconoció los problemas que había enfrentado en el país la «distribución con arreglo al trabajo» (Rodríguez, 1983b). Este proceso identificado por Mészáros (citado por Lebowitz, 2015) como «extracción política del plustrabajo» (p. 102), condujo a la depauperación del trabajador agrícola y tuvo como resultado directo bajos rendimientos agrícolas y de la productividad del trabajo, junto a los problemas inherentes al modelo, al no determinarse adecuadamente las proporciones de la acumulación y el consumo. Este problema se agudizó más en la década de 1980, período de estancamiento económico y primeros indicios de agotamiento del modelo cooperativo y empresarial basado en la descampesinización. Esta enorme inversión en medios básicos, no obstante, logró aumentos ostensibles de las exportaciones, pero solo sustituyeron el 40 % de las importaciones de alimentos -con un alto componente importado-, y dedicó únicamente el 5 % del fundo estatal a la producción de cultivos varios (Valdés, 1997).
Esta situación empezó a transformarse con la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa en los años 90, como parte de las medidas para enfrentar la crisis del denominado Período Especial, lo cual se complejizó aún más con la tarea Álvaro Reinoso. El camino del proceso de emancipación del proletariado agrícola ha sido largo y tortuoso, no solo por el escenario adverso que le ha tocado, sino en buena medida por la hiperregulación estatal, la poca o ninguna autonomía de que ha disfrutado hasta los tiempos más recientes (Pérez y Echeverría, 2006).
Estas formas de «gestión colectiva» han tendido históricamente a compensar las pérdidas de las empresas estatales de las cuales se originaron. Los trabajadores continúan siendo proletarios, sujetos económicos que no tienen propiedad. En la práctica, obreros agrícolas a los que no se les reconoce la propiedad cooperativa, a la vez, fueron expropiados, puesto que han tenido que amortizar el capital físico y hacerse cargo de las deudas de las empresas gestionadas por el Estado que les dio origen (Nova, 1998). Esto sucede por la no identificación de la propiedad cooperativa como propiedad socialista, condición que adquiere en el nuevo contexto. En esencia, no son más que formalmente cooperativistas, no son dueños colectivos del principal medio de producción: la tierra, como sucede con otros tipos de cooperativas más cercanas al socialismo. Una vía de atenuación de esta contradicción se vislumbra en el nuevo Decreto Ley sobre Cooperativas Agropecuarias (Consejo de Estado, 2023).
El análisis del proceso de socialización de los campesinos
A diferencia de otros procesos revolucionarios donde se tuvieron que trazar estrategias para allegar el apoyo de los campesinos pobres y medios a la Revolución, en el caso de Cuba estas tácticas no hicieron falta. De hecho, el campesinado cubano ha sido la fuerza motriz más importante de las luchas por la independencia y la soberanía nacional, incluida la última etapa donde su apoyo fue decisivo. Valdría la pena adentrarnos desde la crítica de la economía política a tal problema, teniendo en cuenta la teoría marxista de la renta del suelo, para explicar algunas consideraciones que entran en disfonía con algunos elementos de la interpretación marxiana y su efectividad para explicar el particular de las relaciones agrarias desde condiciones de subdesarrollo.
La posición del campesino, pequeño productor parcelario, según definición de Marx (1973), es la de la posibilidad siempre creciente de proletarización. En su análisis, Marx los considera propietarios de la tierra y, por tanto, no pagaban renta absoluta por el suelo. Esta distinción no significa que esta no actúe como elemento central de regulación económica, puesto que el suelo y sus rentas determinan económicamente la posibilidad de su existencia o su extinción. Sin embargo, existen otros elementos mucho más poderosos que aseguran, en condiciones de subdesarrollo, la sobrevivencia del productor parcelario, que tienen estrecha relación no solo con la posible expropiación por la clase capitalista, sino que en las nuevas condiciones históricas, limitan el interés del sistema por liquidar esta forma histórica de tenencia de la propiedad territorial.
En condiciones de subdesarrollo, la producción del campesino tiene una importancia extraordinaria desde el punto de vista económico, por el lugar que ocupa en la producción de plusvalía relativa y que es afín a la acumulación capitalista, a diferencia de otras realidades (Diaz y Plaza, 2018). Producir en las condiciones peores no se convierte en un freno para obtener mercancías a bajos precios, en todo caso las condiciones de superexplotación y el desempleo crónico afirman el proceso de apropiación del excedente producido por estos productores, con lo cual el capital está en condiciones de aumentar la productividad social del trabajo, a la vez que se resguarda de las condiciones impuestas por el sistema en el proceso de división internacional capitalista del trabajo, expresadas como intercambio desigual. Ello explica un proceso constante de descampesinización-campesinización a que está sometido el productor parcelario latinoamericano, marcado por una sociedad de bajo desarrollo industrial e informalidad del trabajo.
Mientras estas condiciones propias de la dependencia capitalista se manifiestan, el productor parcelario salva su existencia, hasta que las condiciones de esta productividad permitan reproducir su fuerza de trabajo y su familia aun en condiciones precarias. Cuando estas condiciones no concurren, el pequeño productor parcelario tiende a proletarizarse o semiproletarizarse o se convierte en desempleado. En una sociedad marcada por la insuficiencia del desarrollo industrial, empuja la masa de desempleados o informales a trabajar en las tierras peores, salvaguarda del desempleo (Diaz y Plaza, 2018).
En Cuba, antes de la Revolución, la existencia -como clase del productor parcelario dueño de la tierra- era ínfima, un remanente que, por lo general, trabajaban en las tierras peores, libres de la voracidad del latifundio. Lo predominante en Cuba eran los arrendatarios, los subarrendatarios de la tierra, y precaristas, por la que tenían que pagar una renta que podía ser en especie, para cultivos más rentables o, simplemente, en dinero. Para que el dueño de la tierra la cediese en arriendo, tendría que lograrse, a la vez, la obtención de una renta absoluta, de la que se apropiaba el capitalista o el terrateniente en condición de dueño, y una renta diferencial, remanente para el productor; ello era posible porque la fertilidad natural del suelo lo posibilitaba y el desarrollo técnico también. Los precaristas eran un grupo conformado por aquellos productores que ni siquiera tenían un contrato legal de arriendo, lo que aseguraba relaciones de explotación mucho más crueles.
Estas relaciones sociales en un entorno de superexplotación del trabajo, de desempleo crónico, hacían a este grupo social proclive a participar en programas y proyectos liberadores en busca de la tan ansiada justicia social. En Cuba, los campesinos han sido identificados como uno de los elementos fundamentales de nuestra nacionalidad, y sus aspiraciones sociales no han entrado en contradicción antagónica con otros grupos sociales, entre estos, la clase obrera y los miembros más progresistas de la pequeña y mediana burguesía.
Este elemento es de singular importancia para la dinámica de la Revolución, cuya dirección entendió, en lo general, el lugar que el campesinado ocuparía en ella; de ahí los beneficios obtenidos por la Primera Ley de Reforma Agraria, en especial el acceso gratuito a la tierra de los estamentos antes apuntados, pero que dejó por fuera otros sectores de la población rural muy necesitados de acceso a la tierra también. Esta situación se trató de salvar en los años 80 del pasado siglo con las CPA, que se conformaron conjuntamente por los miembros de las asociaciones agropecuarias y trabajadores agrícolas sin tierras inicialmente. Además de la tierra aportada por sus miembros, las CPA recibieron una dotación de tierra para posibilitar su desarrollo, lo cual constituyó un avance de las relaciones agrarias en Cuba, especialmente en el proceso de socialización del campesino y de una parte ínfima de obreros agrícolas incorporados al inicio del proceso.
La creación de estas nuevas formas de producción fue un proceso muy espinoso debido a errores, excesos y arbitrariedades, en un entorno de polarización social (Rodríguez, 1983b). Muchos de estos problemas han acompañado la política agraria y se mantienen aún con menor gradación hasta tiempos más recientes. En la actualidad las CPA atraviesan una profunda crisis económica y también social, puesto que además del proceso de extinción señalado arriba, muchas hoy poseen tierras ociosas, han sido marcadas profundamente por u entorno regulatorio inapropiado, falta de competencias; estos son problemas en vías de solución en el entorno creado por el nuevo decreto ley sobre cooperativas agropecuarias (Consejo de Estado, 2023).
En primer lugar, con el desarrollo exitoso de una agricultura estatal, no habría necesidad de socialización cooperativa que contrarrestase los bajos rendimientos agrícolas con respecto a una supuesta economía natural campesina, que demuestren las ventajas de una agricultura socializada. A pesar de algunos resultados positivos, esto no ha constituido un motivo para la socialización del campesino trabajador, ni se han obtenido los tan ansiados rendimientos esperados. A lo anterior habría que añadir que el proceso de socialización ocurrido no logró la transformación clasista total del campesinado, aunque pasó de ser el 56 % de la población en 1958, al 25 % hasta los años 90 y su desarrollo contemporáneo ha estado muy influido por la entrega de tierras estatales ociosas en libre usufructo (Nova, 2022). Los usufructuarios, han sido beneficiados directos de un nuevo reparto de tierras, pero con un contenido histórico clasista distinto, marcado por la transformación social, aunque aún acompañado de viejos estigmas. La ineficiencia también alcanzó buena parte de las CPA, quienes transitan por un gradual proceso de extinción, aunque se documenta la existencia de muchas de ellas, donde la productividad del trabajo y las mejoras ostensibles en el nivel de vida de sus socios, dan muestras de estabilidad y desarrollo; pero la excepción no hace la regla.
El proceso de creación de nuevas cooperativas como acto consciente en la transición socialista, también ha tenido límites. La necesidad de trabajo político, de elevación de la conciencia socialista, por parte de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) sobre las posibilidades y ventajas de la cooperación, se caracterizó por una ideologización que no explicó suficientemente el nuevo contenido socialista, liberador y desenajenante, de modo que hiciese frente al siempre presente anticomunismo.
En el proceso de conformación de las CPA se violó el principio leninista de la voluntariedad en la adhesión en muchos casos, aunque se utilizó la persuasión para el logro de este objetivo político trascendental; devino en un proceso de cooptación de la voluntad de una parte de los que se incorporaron a esta nueva forma de producción. Habría que añadir las prácticas de contingentación y exceso de regulación característica de la política agraria. La evidencia histórica nos indica que este fue un elemento determinante, para la incorporación masiva de los campesinos a las CCS.
Las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS): su lugar presente y futuro en la socialización socialista y en el desarrollo rural cubano
El desarrollo de las CCS, como elemento socializador del campesino, discurrió en un escenario donde aproximadamente el 70 % de la tierra estaba en manos de empresas del Estado. La socialización campesina fue necesaria para darle al campesinado un sello completamente «socialista» subordinado al Estado. La marca estatal acompañó las CCS, salvo la posibilidad de la gestión privada del predio, y las decisiones sobre parte del excedente dedicado para el autoconsumo. Esto dio una mayor autonomía relativa al campesino, a pesar de que éste, de acuerdo a la lógica socialista, formó parte hasta hoy de planes y programas de producción y desarrollo.
El apego a esta forma de propiedad y gestión por los usufructuarios y otros trabajadores tiene como incentivos la realización de la propiedad y del trabajo. La baja producción y productividad del trabajo en la empresa estatal son un resultado histórico de no resolver adecuadamente la contradicción trabajador-empresa, de la contradicción existente entre los objetivos del Estado y la reproducción de la fuerza de trabajo, en un proceso de enajenación, que convierte el fondo de consumo del obrero en fondo de acumulación del Estado.
Sobre la CCS gravitan hoy problemas objetivos nuevos, influidos por la creación de las cooperativas no agropecuarias y la actuación de sujetos económicos privados que inciden negativamente sobre ellas. En la actualidad se tiende a un mayor reconocimiento de lo privado -que no incluye al campesino-, este tiene competencias que no poseen otras formas de gestión. Esta situación incide en la disminución de las cooperativas agropecuarias en nuestro entorno y requiere urgencia política, puesto que ocurre en el momento de mayor reconocimiento del campesino y su familia en la producción mercantil agropecuaria. Este elemento positivo empuja una masa importante de nuevos productores usufructuarios a las CCS, a pesar de que veladamente persiste el estigma que confunde la propiedad privada del campesino -acto de justicia redistributiva en nuestro país- con propiedad privada capitalista, aun cuando ese reducto es mínimo dentro del campesinado.
Lenin estableció el principio de la voluntariedad de adhesión de los campesinos a las cooperativas, a partir de considerar las ideas de Chayánov aplicadas en el contexto de la Nueva Política Económica (NEP),2 que partía de considerar que la economía campesina no es típicamente capitalista, en tanto, no se pueden determinar objetivamente los costos de producción por ausencia de la categoría salarios. De esta manera, el retorno que obtiene el campesino luego de finalizado el año económico no puede ser conceptualizado como la ganancia capitalista (Chayánov, 1925), porque guarda una estrecha relación con la sostenibilidad económica del predio, incluidos sus gastos simbólicos culturales (Wolf, 1971).
Ese criterio positivo se afirma, además, porque las CCS y las fincas privadas dentro de las formas de organización de la producción existentes, son reconocidas como las más eficientes, con apenas el 15 % de la tierra agrícola. En estas dos formas se obtiene el 77, 5 % de la producción total de alimentos de origen vegetal del país, 35 % de los cárnicos. Poseen el 68 % del ganado vacuno, 97 % del ganado ovino caprino y producen el 69 % de la leche (el Estado solo produce el 13 %); ostentan el 55 % de las vacas de ordeño y, además, el 55 % del ganado porcino.
Con la entrega de tierras ociosas y la puesta en vigor del nuevo modelo agrícola se consolidó el predominio de los «productores no estatales» en un 70 %. En el caso de la CCS y privados solo se incrementó del 18,5 % al 36,2 %, incluidas las áreas colectivas de la organización. Estos productores suelen ser los mejores y los más cercanos a las prácticas agroecológicas (Nova, 2022).
A los elementos analizados anteriormente habría que incorporar otras consideraciones, de tipo social y de otra naturaleza. Se debe considerar el enorme peso político que tiene el campesinado cubano conducido por la ANAP, pues esta se ha convertido en un espacio de diálogo permanente con el Estado. Habría que añadir, su enorme importancia para la seguridad nacional y defensa de la soberanía en los territorios, que poblados disuaden las apetencias imperiales del capital trasnacional, viabiliza la doctrina militar cubana de «guerra de todo el pueblo»; ocupa un lugar primordial en la reproducción de la ruralidad, en especial de la comunidad rural asentada de forma estable.
Desde el punto de vista social, las CCS son el centro de la comunidad y la fuente más importante de sustento de las localidades. Se destacan ejemplos de buenas prácticas del fondo sociocultural: este ha devenido en la fuente de financiamiento para no solo la actividad recreativa y político-ideológica, sino además, es un instrumento necesario para resolver problemas de la comunidad, entre estos: composición de caminos vecinales; reparación de escuelas y consultorios médicos; ayudas en medios de vida y apoyo a factores importantes para la comunidad, como el médico de la familia, los maestros; promoción de actividades comerciales y apoyo al comercio estatal, a través de la dignificación de la «tienda del pueblo», entre múltiples experiencias.
En este ámbito, todavía se cuenta con reservas que implican trasformaciones en la capitalización productiva, lenta pero sostenida, de producciones artesanales, manufactureras y de servicios, incluido el turismo rural, el agroturismo y el turismo ecológico, como base para una mayor diversidad de la producción. Es una vía para superar la pobreza y resolver los problemas de género, así como lograr un mayor reconocimiento del sujeto político mujer campesina, entre otros aspectos. Ha representado un espacio importante de representación de nuevos usufructuarios que imponen savia nueva al proceso de desarrollo campesino y cooperativo; su representación política por la ANAP ha sido importante para contrarrestar los vaivenes de los cambios, que han gravitando en muchas ocasiones negativamente sobre su desempeño.
Esta nueva figura, que acrecienta el campesinado cubano, por su grado de desarrollo, se puede clasificar a priori, según su relación con la cantidad de tierra que trabaja y la renta que de ella obtiene, en pequeños productores muy ligados al autoconsumo; es una especie de sector intermedio, comparable con la media de los campesinos cubanos de 12 ha y un tercero que ocupa grandes cantidades de tierra, en algunos casos por encima del máximo legal que reconoce la Segunda Ley Reforma Agraria, que funciona como un típico productor capitalista. Este último, no se corresponde con el entramado socioclasista de la CCS, genera distorsiones y contradicciones con la masa campesina sobre la base de sus privilegios.
No solo la cantidad de tierra disponible en usufructo hace a este último un capitalista, ni el volumen de producción y los niveles de productividad que obtiene, sino el control de la fuerza de trabajo disponible, que explota para sí. Esta situación hace muy ruinosa la competencia para el resto de las formas de producción, por su mejor posición en el proceso de acumulación del capital con respecto al campesinado, conformándose como elemento primigenio de una futura burguesía agraria.
Esta forma de producción, necesaria en la actualidad por los problemas de soberanía y seguridad alimentaria que padece el país, debe tender a su desaparición por la propia lógica del desarrollo socialista; y, en todo caso, debe ser reconocida como lo que en realidad es, como una expresión de relaciones capitalistas, para actuar sobre ellas como tal. El Estado precisa tener una acción reguladora sobre ella, por las causas siguientes:
El uso del suelo que explota para sí, amén de la utilidad social que representa.
La capacidad de generar una enorme renta, nacida de las condiciones naturales del suelo y la explotación, como regla de las tierras mejores, por las cuales no paga renta.
La explotación de fuerza de trabajo agrícola que monopoliza.
Esta situación debe ser contrarrestada con una política fiscal activa que capte parte de esa renta en beneficio de la sociedad dueña de la tierra y el desarrollo de formas de organización solidaria de sus trabajadores, que en el futuro puedan ser la base de la socialización socialista de tipo cooperativa u otra.
Ante la emergencia del cambio climático y los requerimientos del desarrollo sostenible, en el debate internacional aparece un cuestionamiento a las economías de gran escala. Esta situación viene modificándose desde los años 80 en Cuba con la creación de las CPA (Nova, 1998), pero no es un problema superado, en condiciones de descenso de la población y de acceso a tecnología moderna. En Cuba se deben fomentar proyectos de economía familiar o cooperativa, que fortalecerían las CCS, como alternativas al agronegocio, base de la cultura agroecológica -expresión de la lucha de clases contemporánea frente a la hegemonía del capital-, lo que las convierte en formas de producción más sostenibles y sustentables. Ello nos induce a proponer una profundización de la Revolución Agraria, allegar la tierra al campesino, frente al minifundismo resultante de la división administrativa de la tierra. Este debe ser un elemento cardinal para el desarrollo de la economía familiar y cooperativa sobre la base de la idea de Marx de una sociedad de productores libres asociados y del apotegma martiano: «la única forma de ser bueno, es ser dichoso; ser culto es la única forma de ser libre; pero en el común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno» (Martí, 1963, p. 289).
La futura política agraria tendría que tomar en consideración los avances científico-técnicos que han permitido obtener una mayor renta diferencial de la tierra y estudiar científicamente el límite legal de tenencia. El límite actual de cinco caballerías fijado en 1963, tomando como referencia la productividad del trabajo y los rendimientos agrícolas de la época, contiene un sustrato capitalista; los avances científicos y la posibilidad de comprar fuerza de trabajo se convierte en la base económica de una burguesía agraria incompatible con el socialismo. La primera Ley de Reforma Agraria estableció un «mínimo vital» de dos caballerías que, con las excepciones de la ganadería y algunos pocos cultivos, podría ser un espacio adecuado para el desarrollo de la economía familiar campesina como base de la cooperativa, aunque se reconozca el límite legal existente para el fomento en casos puntuales de proyectos ganaderos u otros, sin perder la esencia clasista y cultural del campesinado, reconocido como una de las bases de nuestra nacionalidad.
Después de la necesaria digresión sobre la relación usufructuario- cooperativismo y la virtual nueva política agraria, es menester mencionar otras cuestiones necesarias para el desarrollo de esta forma de economía popular, que podría ser la base para el desarrollo de una forma de socialización socialista mediadora entre la pequeña propiedad privada campesina y la propiedad socialista de todo el pueblo: la propiedad comunal o comunitaria. La sociedad solidaria como premisa de la actividad productiva para satisfacer necesidades y propósitos comunitarios no se desarrolla espontáneamente (Lebowitz, 2015), necesita de la acción consciente de sus protagonistas, en el lugar histórico contemporáneo de la lucha de clases. Estas son formas cuyo desarrollo consciente discurre por igual camino que el de la propiedad socialista, todavía en un estadio formal, lo cual amerita continuar investigando con vistas a proponer los fundamentos de un desarrollo rural, social, comunitario, sostenible y socialista, para el futuro de la transformación.
CONSIDERACIONES FINALES
Las relaciones agrarias de Cuba se han caracterizado por su extrema complejidad. Sobre ellas gravitan dogmas y estigmas propios del socialismo histórico (socialismo real), que deben superarse, pues guardan poca o ninguna relación con la vía leninista y martiana, contraria a la contingentación que históricamente la política económica ha practicado con este sector.
La preeminencia actual alcanzada por el campesinado ha estado más influida por la ineficiencia del sector estatal que por un esclarecimiento teórico y práctico de su verdadero lugar en el socialismo en Cuba, lo que se ha evidenciado en la permanencia en una política económica errática en el tiempo y que. solo en los momentos más recientes, comienza a vislumbrarse distinta.
La economía familiar campesina debe constituirse en una de las bases fundamentales para la socialización socialista en la economía agrícola, en tanto la familia -célula básica de la sociedad- puede constituirse, además, en el pedestal para formas de cooperación superiores, de mayor complejidad que se conviertan en el centro de una economía comunal.
