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INTRODUCCIÓN
Se conoce que la explotación de recursos naturales o implementación de tecnologías, históricamente ha sido el inicio para el crecimiento económico y posicionamiento de grandes potencias. Si bien, este auge económico conlleva mejoras en el bienestar de los pobladores, una explotación desconsiderada de los recursos y/o el actuar de forma muy individualista han tenido efectos negativos en algunos habitantes, por lo general no simpatizantes de tal industrialización (García y Salort, 2014). Esta sobreexplotación del recurso y sus implicaciones directas a terceros es un ejemplo de lo que la teoría denomina externalidades negativas (Snyder y Nicholson, 2008).
Aunque se han determinado políticas, sobre todo impositivas, su eficiencia ha sido cuestionable, principalmente a la hora de favorecer a alguna parte y olvidarse de cuestiones de crecimiento y auge de la comunidad (Recalde, Bouille y Girardin, 2015). Además, la imposición no siempre puede ser una solución porque podría retardar el florecimiento de una economía, aprovechamiento adecuado de una innovación o incluso distorsionar el concepto de atributo; como lo menciona Matus (2015) al analizar las políticas impositivas orientadas a las emisiones, que antes de ser una política ambiental de cuidado, los decisores de política están anteponiendo una recaudación monetaria eficiente sobre el problema inicial.
Sin olvidar el progreso tecnológico y el auge en el crecimiento económico, es recomendable un respeto a los recursos humanos, a la conservación del medioambiente y, en su caso, sancionar, multar o poner un impuesto a la producción y al consumo de algunos bienes dañinos como el alcohol y el tabaco. En este último caso, Telediario (2022) reporta que alrededor de 15 millones de personas son fumadoras en México y tal hábito es causa de varias enfermedades, principalmente el cáncer de pulmón; además, cerca de 65 000 personas pierden la vida al año. Así, el objetivo de nuestro análisis radica en mitigar la externalidad que causa la producción de tabaco, por su efecto indirecto o directo sobre la salud de las personas; y, de manera específica, encontrar un mecanismo fiscal socialmente óptimo que disminuya tal externalidad.
No se trata de desaparecer la participación de la industria del tabaco en general, ni tampoco que el gobierno se haga «rico» a través de este tipo de recaudaciones. Más bien, podría utilizar los impuestos aplicados a esta industria para transferencias en los mismas comunidades o lugares aledaños, y que podrían ayudarse mutuamente sin disminuir mano de obra y afectar la economía (Cárdenas, Ventosa-Santaulària y Gómez, 2008). Es decir, si este tipo de reformas fiscales, como el aumento al impuesto especial sobre producción y servicio (IEPS), va a tener un objetivo ambiental también podría tener un fin social. Esta condición la señala Armenta et al. (2020) cuando se restauró la reforma energética durante el mandato de Peña Nieto, donde el objetivo fue disminuir los índices de pobreza y aumentar la inversión en educación, a través de la recaudación de impuestos petroleros.
Nuestro trabajo está relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), número 7: energía asequible y no contaminante, y el 8: trabajo decente y crecimiento económico. El trabajo presenta, además de su introducción, la literatura sobre externalidades, fallas de mercado y posibles soluciones. Posteriormente, se muestra la metodología micro y de externalidades; para seguir con el análisis de la información y la presentación de los resultados obtenidos. Se continúa con una comparación de nuestros resultados con los de la literatura y finalmente, se presentan las conclusiones respectivas.
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Decisiones particulares e individualistas suelen ocasionar desequilibrios o fallas de mercado; estas características se denominan externalidades negativas, teniendo como consecuencias desequilibrios económicos, laborales, políticos y financieros. Y en su conjunto, ocasionan cierre de empresas, inflación, desempleo, recorte salarial, migración, desigualdad, pobreza y problemas ambientales. Respecto a esta última causa, Montoya et al. (2008) analizan las externalidades negativas que provocó las inundaciones y desbordamiento de los ríos de San Cristóbal de las Casas, hacia los pobladores que habitaban las cercanías de estos ríos; desbordamientos causados por las fuertes lluvias en esa región. Los autores resaltan, lastimosamente, los daños que tuvo este desequilibrio ambiental sobre el nivel socioeconómico de las familias.
Desde el punto de vista político, el presente trabajo se referirá a los tratados comerciales. En este enfoque, Oceguera (2007) analiza los impactos económicos que tuvo la liberación comercial en México desde 1970 a 2004, al señalar las externalidades positivas que se tuvo en la región norte del país, comparado con las externalidades negativas -vía aumento costos económicos y sociales- que tuvo la región sur.
En estas externalidades positivas se encuentra el derrame de conocimiento o spillovers, que aplica sobre la educación principalmente. Por ejemplo, Peralta (2016) menciona que las reformas educativas antes de 2000 en México, haciendo obligatoria la secundaria para todos, aunado a un aumento de egresados después del año 2000, tuvieron un impacto significativo en el mercado laboral en la primera década del nuevo milenio. Este autor encuentra una relación significativa entre experiencia, educación individual y promedio sobre los salarios individuales de las personas, confirmando así, la existencia de externalidades significativas del capital humano para México. En complemento, Aghion et al. (2015) sustentan que los «derrames»» de conocimiento tienen implicaciones a mediano plazo sobre la inversión y desarrollo, lo que implica un auge en la innovación y crecimiento económico; incluso, una implicación final sobre la convergencia económica entre y dentro los países.
Regresando a los efectos del tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) sobre el mercado laboral mexicano, Roldán (2015) comenta que su objetivo principal era disminuir los flujos migratorios y contener la movilidad laboral, y de esta forma tener una externalidad positiva sobre el mercado laboral, objetivo que no se cumplió. Incluso, esta liberación comercial hizo que las remesas enviadas por parte de los migrantes, ya inmersos en Estados Unidos, «sustituyeran» los recortes presupuestales y afectar así a productos básicos como el frijol y el maíz. Además de esto, algunos productos agrícolas sí lograron entrar al mercado norteamericano, lo que provocó que el gobierno tuviera una falsa impresión de los objetivos del TLCAN (Léonard, Losch y Mostajo, 2009).
Las externalidades de construcción son otro tipo, aquí las inmobiliarias constituyen el principal agente involucrado en este ramo; un caso raro, pues estas pueden afectar o ser afectadas. El problema al que se enfrentan u ocasionan es el uso del suelo, sobre todo en la conservación de edificios históricos de las grandes urbes. En este enfoque, Fitch, Soto, y Garza (2013) analizan la situación que conlleva permisos y obligaciones de las inmobiliarias en san Nicolás de los Garza en el norte de México, situación que implica un aumento en los precios del uso de suelo que, según estos autores, podría generar una política de suelo, independiente de las ya existentes. Por su parte, Calderón (2010) añade que hay diferentes variables que interfieren en la política de suelo y que el título de propiedad del inmueble para definir precios no es suficiente para el uso libre de suelo.
Cuando existen tales externalidades, los agentes involucrados deben pensar en soluciones que hagan menos grave el problema; ya que las decisiones consideradas por externos pueden ocasionar fragmentación, desacuerdos o incluso una polarización de las partes afectadas. En relación a esto, Ramírez (2012) comenta sobre la fragmentación política-administrativa que ocasionó en los municipios de México por las decisiones federales que se tomaron sin coordinarse ni cooperar con tales municipios. Como consecuencia, estos últimos tuvieron que actuar de manera independiente a través de esfuerzos aleatorios y poco profesionales.
Un concepto relacionado con las externalidades negativas es el relacionado con los derechos de propiedad que tienen aquellos que inciden en estas externalidades. Es decir, si se paga por el hecho de poseer un espacio amplio, el dueño podría tener derecho de hacer lo que sea con el espacio, independientemente si afecta a los demás. Por lo general, los derechos de propiedad están enfocados con cuestiones ambientales; por ejemplo, Bravo (2002) analiza los derechos de propiedad del agua en México, donde se menciona desde la explotación del recurso, los costos que tienen para poseer el recurso y la transacción de estos costos, hasta las legislaciones para su distribución.
Es lógico pensar en una especie de justicia para hacer pagar por el causante de la externalidad, independientemente si este tiene el derecho de hacerlo o no. Estos pagos pueden ser a través de impuestos, sea por un costo sobre la cantidad producida que contamina o por una compensación a la cantidad dañada por la externalidad. La literatura ha aplicado tales impuestos con el objetivo del cuidado del medioambiente y de mitigar dicha externalidad negativa, estos se conocen como impuestos pigovianos. Y pese a que hay otros modos de hacer pagar al que contamina, los tributos ambientales son los más recurrentes (Salassa, 2016). De hecho, la no implementación de tales pagos impositivos haría que los ciudadanos afectados se manifestaran con protestas, demandas y se llegara a conflictos que, a la larga, se convirtieran en un problema social y económico más grave. En este sentido, Becher y Klappenbach (2014) comentan sobre las protestas de pobladores del municipio de White por los derrames petroleros; porque, al no interferir el gobierno, hubo manifestaciones que provocaron una respuesta más drástica y contundente por parte del mismo gobierno, por no actuar a su debido tiempo.
Siguiendo en la misma línea de ética, -contra los acuerdos entre el gobierno y las concesiones que otorga a los particulares- Fuente y Barkin (2013) comentan sobre las concesiones mineras otorgadas por el gobierno mexicano a particulares, específicamente en comunidades zapotecas de la sierra de Oaxaca, donde la creación o no de la industria minera dependió más de una valoración ética que de un futuro prometedor en términos de empleo y desarrollo para sus pobladores.
Existen otras alternativas para evitar sanciones por la producción de un bien que involucre contaminantes, por ejemplo, obras sociales financiadas por la empresa. En este caso, Landa (2017) expone las obras sociales en materia de salud y educación de las empresas extractoras de cobre en Perú, durante la primera década del milenio. Además, menciona que, si bien hubo una mejora en la infraestructura en estos rubros, podría haberse alcanzado más impacto social con una visión más amplia de objetivos por parte del Estado.
Por otra parte, Acemoglu y Robinson (2013) comentan sobre el compromiso e intervención del Estado, no solamente de manera inmediata, sino que también debe analizar el efecto que tendrá sobre los equilibrios futuros, tanto económicos como políticos. En la misma línea, Aledo et al. (2013) analizan la situación derivada del desarrollo turístico-residencial en Brasil, donde la falta de acuerdos implicó la existencia de conflictos entre dos jugadores: las constructoras e inmobiliarias y los lugareños de los municipios. Estas empresas fueron las protagonistas y triunfadoras, mientras crearon una dependencia y vulnerabilidad de los segundos.
Además de la participación gubernamental, la fabricación de bienes debe venir acompañada por un proceso de tecnología que fomente a la inversión y cuidado de la producción, sobre todo en bienes relacionados con el medioambiente. Por ejemplo, Donoso (2018) exhibe los problemas socioeconómicos derivados de la industria del salitre en el Perú independiente; el que, si bien floreció al inicio sin la necesidad de inversión tecnológica, derivado de una sobreoferta que se reflejó en el valor final del producto, con el tiempo la precariedad en la mano de obra repercutió en una baja rentabilidad. A esto hay que s el surgimiento de empresas que aprovecharon mano de obra barata y favores especiales por parte de un gobierno inestable que iniciaba como independiente.
Siendo más estrictos, una falta de tecnología podría tener una externalidad negativa sobre la aceptación del producto. Por ejemplo, Boza, Rozas y Rivers (2018), analizando el mercado de hortalizas y frutas enviadas de América Latina a Estados unidos, ven como las exportaciones latinoamericanas podrían caer si el producto no cumple con ciertos estándares y cumplimientos, todo esto independiente de las medidas arancelarias.
METODOLOGÍA
Se aplicará un modelo de externalidad, donde la empresa del bien 
produce de acuerdo a:
()1
Siendo 
el nivel de empleo para la producción de este bien. Esta producción del bien tiene alteraciones significativas sobre la producción del bien 
, de acuerdo a:
()2
Donde 
es el nivel de trabajadores para producir cualquier bien , 
es el umbral que, si se rebasa, causa una externalidad negativa de intensidad 
.
Para disminuir el nivel de intensidad el gobierno aplica un impuesto llamado pigouviano (
) (Snyder y Nicholson, 2008) que se determina a partir que la productividad marginal de este nuevo trabajador es igual al salario que se le va a pagar:
()3
Donde 
y son el precio y el salario de mercado.
ANÁLISIS Y RESULTADOS
A partir de información que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023), se obtuvo lo siguiente:
: producción de bebidas y de tabaco.
: personal ocupado en la industria de bebidas y tabaco.
Se linealiza la expresión (1) y se obtiene:
Con base en la información citada, la estimación es:
Con tal estimación, que además es significativa, se recupera la expresión original:
()4
Considerando el número de muertes por consumo de tabaquismo (Telediario, 2022), se deduce el umbral , que se reporta en la columna 1 de la Tabla 1. Tal umbral se utiliza para encontrar el número de trabajadores, aplicando (4), que se deben de contratar para no exceder el umbral permitido. Esto es,
()5
La columna 2 de la Tabla 1 muestra el número de trabajadores que se requiere para cumplir la expresión (5). Ya deducido el número de trabajadores y dado que los trabajadores empleados en la industria del tabaco ganan entre alrededor de 6 000 pesos (Gobierno de México, 2022), se puede encontrar el impuesto que se debe cargar a la empresa para no producir más allá del umbral (aplicando la expresión 3). Finalmente, la Tabla 1 muestra el precio y el salario que se «debe» de fijar en la industria del tabaco.
Fijando precios de 60 y 100 pesos de la cajetilla de cigarros en cada una de las filas, es decir, para cada personaje hombre y mujer y un promedio de ellos, se tiene que: si la empresa otorga salarios bajos (6 000 pesos) el gobierno pondrá impuestos altos, pero si la empresa otorga salarios altos (12 000) el gobierno baja impuestos.
De esta forma, si el objetivo es disminuir el consumo de tabaco vía impuestos, se cumple lo siguiente:
Independientemente del precio a la venta, si el aumento al impuesto es un mecanismo para disminuir su consumo, se puede lograr, pero la empresa bajaría el salario considerablemente; lo que afectaría al trabajador (comparar las dos últimas columnas).
Aparte del salario, el gobierno puede aumentar impuestos, solo si el precio de la cajetilla de cigarro aumenta (comparar las filas 1, 2 y 3 con las 4, 5 y 6).
Una tercera opción es aumentar impuestos independientemente de los precios y salarios (comparar entre las filas 1, 2 y 3 y las 4, 5 y 6). Esta opción es conveniente para la empresa, ya que un aumento de solo 3 % de los impuestos (ver filas 1, 2, 3 y 4) haría que la producción se fuera al doble.
Es decir, la opción más factible del gobierno es la segunda porque no afecta el mercado laboral. Además, poner precios más altos a un producto dañino, si bien afecta el bolsillo del consumidor, también repercute en su salud.
DISCUSIÓN
Nuestro trabajo se enfoca en mitigar las externalidades que provoca la producción de tabaco, sobre todo en la salud de los ciudadanos. La forma en que se hizo fue a través de un impuesto pigouviano, mecanismo que genera un costo a las empresas y esto haría que redujera su producción y, a su vez, provocara una disminución del empleo. Nuestra propuesta fue más social: mantener el empleo, elevando precios del producto. Al respecto, Gillingham y Stock (2018) comentan de posibles alternativas a las del impuesto pigouviano y proponen un análisis para reducir las emisiones de gas. En particular mencionan el caso de la industria de carbón, que, en vez de mitigar su producción a través de un impuesto a toda la industria, propone subsidios para generar otro tipo de energías como la solar o eólica; o restricciones dirigidas específicamente a tecnologías sustitutas como la gasolina, combustibles para automóviles, restricciones de electricidad, entre otros.
Si bien nuestro análisis utiliza la metodología impositiva de Pigou, las conclusiones no van acorde a lo que plantean los impuestos pigouvianos. Nuestros resultados sociales de mantener el trabajo, va más enfocado con la crítica que hacen McClure y Watts (2016), que al imponer restricciones de producción tienen efectos severos en la sociedad, como pérdida de empleo, ignorando con ello otro tipo de alternativas, como beneficios inframarginales. Argumentan también que, si los decisores de políticas actúan únicamente por sesgos pigouvianos, esto podría desajustar otros mercados.
Hay diferentes formas de internalizar las externalidades, uno de ellas es financiar inversiones a través de activos financieros, como lo proponen Kempa y Moslener (2017) que analizan los instrumentos financieros como alternativa diferente a la política fiscal, sea esta última por impuesto restrictivo o un gasto mal planeado. Otra solución, podría haber sido a través de transferencias públicas, utilizadas en servicios a los consumidores de tabaco, tratamientos o cubrir algún costo en salud. Pero se ha observado que los bienes públicos en ocasiones no son socialmente óptimos, sobre todo si están distorsionados o mal enfocados. Por esto se recomienda la centralización de los bienes públicos y ayudas, ya que su búsqueda tendría un mejor control y uso de los bienes públicos (Simon, 2020).
En el mismo contexto, Andrade (2021) comenta que los bienes públicos a través de ayudas pueden tener efectos contradictorios como un gasto inequívoco, conclusión que llega después de analizar los apoyos monetarios a las empresas afectadas a inicios de la pandemia en México, en este caso, las asimetrías de información jugaban un rol importante. En concordancia, Hanson et al. (2020) comentan sobre los apoyos financieros en Estados Unidos durante la pandemia, donde el gobierno tuvo que aceptar la pérdida de los créditos otorgados a empresas privadas.
Si bien nuestro análisis, considera hipotéticamente una externalidad negativa a los individuos que consume el tabaco; se podría haber considerado afectaciones a otro tipo de industrias como textil, de lácteos o vinícola, por la cantidad de tóxicos que genera la producción de tabaco. Sin embargo, también habría soluciones para evitar desequilibrios sociales por las imposiciones pigouvianas, como lo sugieren Ebert, Brenner y Brixy (2019), los cuales, a través de una muestra cercana a 600 empresas alemanas, sugieren que las externalidades negativas pueden ser menores si la empresa «contaminadora» es innovadora y las otras «afectadas» no son tecnológicamente competitivas en tal innovación.
Adicional, habría que considerar si realmente existen las condiciones para la internalización de tales externalidades a la salud, ya que se ha observado que los individuos podrían valorar más un golpe a la producción y repercusiones al empleo que no sea el suyo obvio, que una disminución de su poder adquisitivo al aumentar los precios; además, sin considerar los derechos de propiedad que podrían tener las empresas y que ninguna posibilidad de internalizar el problema sea factible (Greenstone y Jack, 2015).
El presente análisis deduce dos mecanismos de solución a la externalidad de la industria de tabaco, siendo una más factible en términos laborales y sobre todo en cuestión de salud. Aunque no son las únicas, una razonable puede ser que el gobierno subsidie los costos de producción de forma directa o de manera indirecta a través de mejoras en investigación y desarrollo. Además, cuando las empresas fracasan y tiene que entrar el gobierno al rescate, es más factible para este adquirir las empresas cuando ya hay un historial de subsidios directos a la producción (Lee, Muminov y Tomaru, 2017).
CONSIDERACIONES FINALES
Se aplicó un análisis de externalidades negativas a la industria del tabaco, debido al fortalecimiento que se ha tenido la fabricación de puros y cigarros. El hecho de saber que hay cerca de 14 millones de personas que fuman y que hay 10 enfermedades graves relacionadas al consumo de tabaquismo (Telediario, 2022), hace que se establezca un límite a la producción de tabaco. Si se rebasa este tope de producción, el análisis mostró la aplicación de un impuesto a la producción de tabaco por parte del gobierno.
Como resultado, se tiene que el impuesto aumenta cuando la empresa paga menos salarios; mostrando con ello un problema de fallas de mercado, en el sentido que, si la empresa aumenta el costo de producción vía impuestos, baja los salarios, afectando al trabajador. De manera inversa, el impuesto disminuye porque el precio a la venta del tabaco aumenta, donde el perjudicado es el consumidor final, pero podría ser la mejor forma de evitar externalidades, tanto al consumidor como a otras empresas. Por esto, el segundo mecanismo es más factible en términos laborales y, sobre todo, en cuestión de salud.
El análisis hace un llamado a las autoridades, al comentar que es mejor aumentar el precio a la cajetilla de cigarros y mantener impuestos altos, que disminuir salarios para evitar el consumo del tabaco, además de evitar enfermedades. La segunda opción podría provocar deserción laboral y desempleo, lo cual no es la salida para disminuir la externalidad negativa. El análisis queda limitado, pues también habría que considerar el daño que provoca la producción de tabaco a otras empresas, por ejemplo, las dedicadas al curtido y artículos de piel, entre otras; por lo que se depone para futuras investigaciones.2
