ARTÍCULO ORIGINAL

 

La "Nueva Alianza" de Obama para América Latina: poder blando y poder duro en acción

 

Obama's "New Alliance of the Americas": Soft and Hard Power in Action

 

 

Silvina M. Romano

Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Universidad de Buenos Aires, CONICET.

 

 

 

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RESUMEN

El artículo recupera algunas promesas y discursos que condujeron a pensar que el presidente Barack Obama hubiese podido impulsar el gran cambio de rumbo en la política interna y externa estadounidense. Está centrado particularmente en algunos puntos que articularon la política interna de dicho gobierno con sus lineamientos hacia América Latina: el enriquecimiento de la cúpula de la élite económica, la manipulación a través de la prensa, el recrudecimiento de la persecución y la represión internas (incluyendo las cárceles estadounidenses en territorio nacional y extranjero). Se ofrecen algunos datos y reflexiones sobre las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Obama en América Latina, marcando las continuidades más relevantes con administraciones anteriores. De este modo, se establece un contexto de los cambios más contundentes, entre los cuales encontramos, sin dudas, el discurso de acercamiento hacia Cuba pronunciado por Obama en diciembre de 2014.

PALABRAS CLAVE: gobierno de Obama; política hacia América Latina; política interna estadounidense.

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ABSTRACT

This paper gathers together some of the promises and speeches made by the President Barack Obama, which made one think that he was willing to significantly change domestic and foreign policy of the United States. It focuses mainly on some issues on U. S. domestic policy dealt with by him therein, which had a connection with U. S. government policy on Latin America: namely enrichment of economic elites, media manipulation, intensified internal persecution and repression (including prisons run by the U. S. government at home and abroad). It reflects upon actions taken by Obama's government regarding Latin America, by showing its frequent continuity of previous governments' actions. This puts the most significant changes in U. S. policy, particularly The United States-Cuban Thaw announced by Obama in December 2014, into context.

KEYWORDS: Obama's Government, U. S. Policy on Latin America; U. S. Domestic Policy.

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La profundización de las continuidades al interior de los Estados Unidos

Con un discurso orientado a trabajar por la igualdad de oportunidades, proponiendo programas para las mayorías populares o de clase media baja,(1) prometiendo brindar mayor atención a los problemas internos que a las cuestiones internacionales, Obama logró perfilarse como "la nueva esperanza" para los ciudadanos estadounidenses.(2) Sin embargo, a nivel de políticas y toma de decisión, este presidente no se alejó significativamente de los preceptos del Partido Republicano, dejando una vez más al descubierto que la diferencia entre ambos partidos es más bien cosmética. Ante la tremenda crisis profundizada entre el 2008-2010, el gobierno decidió "rescatar" a buena parte de las firmas privadas que entraron en quiebra, lo que viene a ser una radiografía de quiénes son los que de modo directo o indirecto toman las decisiones.

Si en algún momento se planteaban dudas en cuanto a interpretar la democracia estadounidense apartándose del pluralismo al estilo Dahl (2003), hoy varios analistas de ese país plantean que incluso la teoría de las élites de Wright Mills (1978) es insuficiente en su análisis, para un sistema político y económico en el que el 1 % del 1 % de los ricos, es decir, los más ricos de los ricos, son los que menos impuestos pagan y los que presionan de diversas maneras para mantener su status quo frente a cualquier amenaza de redistribución (Wright Mills, 1978; Evans, 1997; Dahl, 2003). A decir de Winters (2012), el único concepto adecuado es el de la primacía de una oligarquía (que, por supuesto, pone en discusión la existencia de la democracia). Así, luego del peor momento de la crisis, los gerentes de grandes empresas ganan 343 veces de lo que gana un trabajador promedio en Estados Unidos (a fecha de 2010); en 1980, esta diferencia era de 48 veces. Con la administración Obama, los gerentes de los 25 fondos hedge más importantes, pasaron de ganar 750 millones de dólares en 2006, a ganar más de 1 mil millones de dólares en 2009 (Stone y Kuznick, 2012, p. 554).

Esto se explica porque buena parte del establishment de Obama, apenas asumieron funciones, eran millonarios: los principales asesores económicos de su primer gobierno provenían del corazón mismo de Wall Street: Robert Rubin, quien gracias a su trabajo como secretario del tesoro de Bill Clinton y las políticas a favor de los directores ejecutivos, se ganó un lugar en Citigroup, recibiendo 128 millones de dólares en sus años de trabajo para dicha empresa. A su vez, Rubin recomendó a uno de sus discípulos, Laurence Summers, que fue nombrado asesor económico senior de la Casa Blanca. En 2008, Summers facturaba 5,2 millones de dólares trabajando una vez a la semana para el fondo hedge D. E. Shaw; la Goldman Sachs le pagó 135 000 dólares solo por un discurso (Stone y Kuznick, p. 552).(3)

La continuidad y profundización de esta tendencia se percibe claramente en el financiamiento de las elecciones de medio término llevadas a cabo en el 2014. Según periodistas del Centro para la Integridad Pública, al menos 29 donantes donaron $ 1 millón de dólares o más, hasta fines de octubre, para las campañas a nivel estatal, una docena de estos mega-donadores, son particulares [...] Los otros grandes donantes para las elecciones de 2014, son multimillonarios, incluidos los gigantes corporativos, sindicatos y grupos políticos sin fines de lucro; cada uno ha desembolsado 19 veces el valor del ingreso promedio por hogar en los Estados Unidos (Baye, O'brien, y Weider, 2014).

Luego del 11 de septiembre de 2001 (11/S) ha habido una especie de despertar de la conciencia crítica y ya existen importantes estudios, de modo que, tanto la guerra de Irak como la de Afganistán, la demonización de Chávez, la justificación del espionaje a nivel nacional e internacional, las pésimas políticas respecto de Irán, Rusia, etc., han sido legitimadas por la prensa.

No es novedad el hecho de que los medios masivos "crean una realidad", y fue en Estados Unidos, en particular, donde se profundizó el poder de los holdings mediáticos y las diferentes estrategias para ganar "los corazones y las mentes" de los ciudadanos, desde la Primera Guerra Mundial en adelante. Uno de los padres del marketing de la comunicación, Edward Bernays, explicaba en la década de 1920 la relación entre "democracia" y el rol de los medios masivos:

La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas es un elemento fundamental en la sociedad democrática. Los que manipulan este mecanismo no visto de la sociedad, constituyen un gobierno invisible que es el poder gobernante de este país [...] Son las minorías inteligentes las que necesitan utilizar la propaganda continuamente, de modo sistemático. En el proselitismo de estas minorías con cuyos intereses individuales y públicos se coincide, descansa el progreso y el desarrollo de América (McCann, 1976, pp. 45-46).(4)

Es fundamental traer a la memoria el rol de la propaganda financiada desde el gobierno de EE. UU. en los dos conflictos bélicos mundiales, que preparó el terreno para la sistematización de la ofensiva psicológica empleada durante la Guerra Fría como una de las dimensiones fundamentales del "freno" de la expansión soviética.(5) Este enfrentamiento, legalizado y legitimado por el Estado norteamericano, comenzó en el territorio nacional para luego proyectarse al exterior, y desde un principio vulneró los derechos de los ciudadanos estadounidenses, siendo su punto culminante el macartismo (Lafeber, 1989; Robin, 2004).

Mucho se criticó la utilización de los medios por parte del gobierno de Bush, para volcar la opinión pública a favor de la política exterior post 11/S. Sin embargo, el establishment de Obama no solo recurrió a esta estrategia, sino que la profundizó. La prensa oficialista (The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, etc.) estableció los temas más importantes de la agenda de política exterior: el retiro de las tropas de Irak, la demonización de Irán y la guerra en Afganistán. En líneas generales, estos medios pusieron en duda la salida de las tropas de Irak, amenazando con una "probable guerra civil" o una total ingobernabilidad al momento en que las fuerzas militares dejaran territorio iraquí. Con respecto a Irán, alimentaron las opiniones cuestionando la democracia en ese país y propagaron la desinformación y la sobreinformación (sin una sola prueba) sobre la probabilidad de que estuviera construyendo un arsenal nuclear. A su vez, ocultaron deliberadamente los programas del gobierno estadounidense, como "Modernización compleja", orientados a enriquecer uranio para la posterior construcción de bombas nucleares. En síntesis, durante la gestión de Obama, no hubo cambios sustanciales en el modo en que la prensa abordó las cuestiones de política exterior: "los periodistas trabajaron para demonizar a los enemigos oficiales del Estado, a la vez que reivindicaban a los políticos estadounidenses por su retórica altruista" (Dimaggio, 2009, p. 300).

No obstante, lo notable es que la tergiversación de la realidad a favor de ciertos intereses económico-políticos, no se redujo a los aspectos de política exterior. Desde la institucionalización del Estado de Seguridad Nacional (1947) y especialmente luego del atentado a las Torres Gemelas, la política del secreto y la censura es el pilar de la democracia estadounidense a nivel nacional; la Ley Patriota no hizo más que retomar las bases de la Ley de Espionaje de 1917. Obama no solo no anuló esta ley, sino que aprobó la entrada en vigencia de la National Defense Authorization Act (NDAA) (Thompson y Thompson, 1986, pp. 181-216).

En su primer año de gestión, el presidente se mostraba escandalizado por las medidas antiterroristas a nivel nacional e internacional, basadas en la promoción del miedo más que de la justicia: "Creo que demasiado a menudo nuestro gobierno tomó decisiones basadas en el miedo antes que proyectarlo" (La Jornada, 21 de mayo de 2009), e incluso condenaba los métodos de interrogación practicados por la CIA. En el marco de estas afirmaciones insistió en la necesidad de cerrar Guantánamo: "Estamos limpiando algo que sencillamente es un desastre, un experimento equivocado que dejó tras su paso una cantidad de desafíos legales" (La Jornada, 21 de mayo de 2009).

Este discurso de buenas intenciones no impidió que Obama aprobara la NDAA, que permite la detención indefinida y sin juicio, de presuntos miembros terroristas de Al-Qaeda, incluyendo estadounidenses. Para minimizar el impacto de esta acumulación evidente de atribuciones en el Ejecutivo,(6) el presidente firmó una carta prometiendo "no utilizar" estos poderes extraordinarios en contra de ciudadanos estadounidenses. Miembros del Congreso que votaron a favor de la ley, como Carl Levin, afirman que esto no implica anular el Habeas Corpus (Goodman, 2012, p. 15). Pero los hechos hablan por sí mismos. Estas leyes han perjudicado y perjudican, por ejemplo, a buena parte de los detenidos en Guantánamo, donde, para empeorar el panorama, se utilizan métodos ilegales para extraer información. Los prisioneros de guerra son catalogados como "enemigos de combate ilegales" y así son tratados. De esto da cuenta el escandaloso informe publicado por uno de los comités del Senado de Estados Unidos, que brinda detalles horrorosos de los métodos de tortura implementados por la CIA en el marco de programas interrogatorios y de detención (Borón, 2014). Lo interesante es que, como apunta una periodista, esto no es parte del pasado, sino que se continúa realizando en Guantánamo (Cordell, 2014).

Tal como lo muestra la prensa independiente estadounidense (escasa, pero todavía existente), el Congreso no se ha escandalizado por los poderes extraordinarios del Ejecutivo, salvo en el caso de Guantánamo. Como se apuntó más arriba y en otros escritos anteriores (Romano, 2010; Romano y Delgado, 2010), a partir del 11/S se legalizó el encarcelamiento y la tortura, en territorio estadounidense y en el exterior, de sospechosos de terrorismo. Durante la gestión Obama, entró en vigencia el "Uso de la Fuerza Militar", que habilita a que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente en tiempos de guerra, "mantenga prisiones como Guantánamo, interrogue por la fuerza a los detenidos (lo que se denomina tortura en la mayor parte del mundo) y tome otro tipo de medidas para contrarrestar la guerra contra el terrorismo" (Adams, 2014). Entre estas medidas, se encuentran la de decidir unilateralmente el bombardeo de un país soberano como Siria; matar a un ciudadano estadounidense sin juicio previo; profundizar las medidas de vigilancia, el "estado de vigilancia"; intervenir todo tipo de comunicaciones y compartir esa información (Adams, 2014).

Pero esto no es todo. En este escenario se ha intensificado el macartismo en casa (homeland), evidente en el apoyo de Obama a la militarización de la policía. Es por eso que, por ejemplo, luego del atentado con bombas en la Maratón de Boston (15 de abril 2014), el despliegue fue más militar que policial, con la impactante participación de los SWAT. Esto no es un hecho aislado, sino que se enmarca en los crecientes gastos para la militarización policial: "Entre los elementos transferidos a los organismos policiales locales se encuentran rifles de asalto y lanzagranadas, incluso helicópteros Black Hawk y ametralladoras calibre 50; solo en el año 2011 el Pentágono transfirió 500 millones de dólares para la aplicación de la ley a nivel local [la policía], el doble que lo invertido en 2010" (Zlutnick, 2014). Esto adquirió especial visibilidad con el asesinato del afrodescendiente Michael Brown a manos de un oficial de policía, en San Louis, Missouri. Además, evidenció la impunidad que recubre a la institución, en particular, frente a la población negra -el perpetrador del crimen fue exculpado (Chandler y Young, 2014). Asimismo, puso de relieve el proceso de militarización, pues para el momento del juicio (llevado a cabo en Ferguson), el gobernador de Missouri ordenó un despliegue de 2 200 miembros de la Guardia Nacional. Cientos de personas fueron arrestadas a lo largo y a lo ancho del país, en el marco de manifestaciones en contra del fallo (Wolfhorst y McAllister, 2014).

Un dato más, la misma ley que autoriza al encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses y la tortura de prisioneros de guerra vinculados al terrorismo, es la base para la celebración del 50 aniversario de la guerra de Vietnam para el año 2015 (Departament of Defense, 2014b). En principio, el objetivo es reivindicar a los veteranos y sus familias, así como a los prisioneros de guerra. Es probable entonces que poco se diga sobre el hecho de que se trata de un suceso que se institucionalizó apelando a una mentira, -información que hoy conocemos por los documentos desclasificados en los Papeles del Pentágono sobre el incidente en el Golfo de Tonkin-, que se utilizó de excusa para perseguir y exterminar a los movimientos sociales al interior de Estados Unidos. Aquella farsa trasgredió en el campo de batalla todas las convenciones de derecho internacional aplicables a contextos de enfrentamientos bélicos (Churchill y Vander Wall, 1990), dejando innumerables víctimas del napalm, campos minados, destrucción ecológica y desarticulación social total. Noam Chomsky, apenas terminada dicha invasión, advertía sobre el modo en que se revertiría el "síndrome Vietnam". A pesar de haber sido la derrota más vergonzosa de las FFAA estadounidenses, y una de las demostraciones de crueldad e inhumanidad más impresionantes del siglo XX, con el paso del tiempo y la ayuda de mecanismos de guerra psicológica (Hollywood, los medios de comunicación y la academia estadounidense), la imagen establecida fue la de un enfrentamiento iniciado con las mejores intenciones que, por diversos errores de cálculo, malentendidos, desinformación y, además, condujo a un episodio "triste" en la historia del país (Chomsky, 2003, p. 120).

Proyección de la política interna hacia América Latina

Ante el escenario descrito, no debería esperarse que el gobierno de Obama propague la democracia, la libertad y la igualdad fuera de su territorio, más allá de los discursos y la prensa. El incremento de la desigualdad en Estados Unidos se proyecta en América Latina por medio de la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) -que van de la mano con programas de seguridad-, así como a través del apoyo a planes de desarrollo y ayuda que solo alimentan al entramado think tanks-multinacionales-ONG, ejemplos que van desde la firma del TLC con Colombia, hasta la consolidación de la Alianza del Pacífico. Del mismo modo, se percibe la continuidad de la guerra psicológica, en particular en contra de los llamados "gobiernos posneoliberales". Por último, aunque se intente ocultar, se ha incrementado la presencia militar en la región, no solo materializada en el despliegue de bases militares, sino operativa a través de los diversos acuerdos multi y bilaterales de seguridad: Plan Colombia, Iniciativa Mérida, Iniciativa Regional para la Seguridad de Centroamérica, entre otros.

Durante la campaña a la presidencia del 2008, en un discurso pronunciado en mayo, en la sede de la Fundación Cubano-norteamericana de Miami, Obama prometió una "Nueva Alianza para las Américas" (Obama, 2008). En aquella ocasión, el nuevamente aspirante al despacho oval, eligió retomar la tradición liberal-idealista, iniciada por Wilson tras la Primera Guerra Mundial. Es por ello que procuró repetir el Discurso de las Cuatro Libertades de Franklin D. Roosevelt,(7) y retomar los planteos de Kennedy en su discurso del 13 de marzo de 1961 (FRUS), resaltando la historia común del Hemisferio en contra de los poderes Coloniales, citando, incluso, a Martí y las proezas de Bolívar. Como objetivos fundamentales sugería: impulsar la democracia en Cuba y en Venezuela, buscar relaciones comerciales equitativas, en particular, evitar la reproducción de dinámicas como las del Tratado de Libre Comercio Centroamericano; mejorar la seguridad en países como México y Colombia y modificar la ley de migración en Estados Unidos. Para ello, prometía impulsar una diplomacia "agresiva, con principios y sostenida" hacia América Latina, (para un análisis sobre los primeros años de la administración Obama y la Alianza para el Progreso, cf. Romano, 2011).

Ya en el gobierno, y con Hillary Clinton como Secretaria de Estado, el equipo de Obama retomó la propuesta de la Security Sector Reform (Reforma del Sector de Seguridad), que se había comenzado a planificar durante el segundo gobierno de G. W. Bush. Esta reforma implicaba una mayor articulación entre el Departamento de Estado, el de Defensa y la asistencia "para el desarrollo" encarnada en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). De este modo, se lanzó la política de las "Tres D" (Diplomacia, Defensa y Desarrollo), y se reorganizó la burocracia para unificar los objetivos de seguridad y defensa; de modo tal, que la asistencia para el desarrollo quedara articulada en el discurso y en la práctica a las nociones de seguridad emanadas del 11/S. Fue sin dudas el nuevo protagonismo de la USAID lo que marcó el nuevo rumbo, dando cuenta de la creciente importancia de la vinculación entre desarrollo y seguridad. Desde esta perspectiva la asistencia es promotora del mundo deseado, es decir, el mundo del consumo: "Aumentando la asistencia, los Estados Unidos podrán embarcarse en varias nuevas iniciativas que den a los niños de los países más pobres acceso a la educación, asegurando su participación en el mercado global" (Department of State, 2009, p. 88).

Este cambio de rumbo fue legitimado por la doctrina del "poder blando", impulsada desde los think tanks vinculados al gobierno (que son la mayoría), por personajes como Joseph Nye (Nye, 2004) que habían formado parte del staff de Bill Clinton (dinámica muy común en un país que promueve la puerta giratoria entre cargos públicos y privados, como estrategia para preservar la élite en el poder). A través de este discurso, sumado al del "poder inteligente", se trató de convencer a la gente, tanto a los estadounidenses como al resto del mundo, de que Estados Unidos ya no necesitaba de la intervención armada para legitimarse como líder hemisférico.

El ejemplo más claro del poder blando es, precisamente, la "asistencia para el desarrollo". Esta práctica adquirió un rol primordial después de la Segunda Guerra Mundial, en particular con el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, pero también se materializó en políticas como el Punto IV de Truman para los países subdesarrollados.(8) En el caso de América Latina, el programa de asistencia por excelencia fue, sin dudas, la "Alianza para el Progreso". Bajo la administración Kennedy (1961-1963) y luego del triunfo de la Revolución cubana, la Alianza se mostró como la alternativa "pacífica" para un acercamiento entre Estados Unidos y América Latina.

Es bastante conocido el discurso y los objetivos de la Alianza con respecto a la democracia, el desarrollo y el progreso (Dreier, 1962; Pedersen, 1964; Rusk, 1964). Menos sabido es que este programa tenía un brazo contrainsurgente, materializado en la doctrina de seguridad interna, que implicó la asistencia militar y entrenamiento de FFAA y policías latinoamericanas en contra de cualquier "enemigo interno" capaz de propiciar "otra Cuba" (Romano, 2013).

Aún si elegimos quedarnos con la cara "filantrópica" de la alianza, veremos que íconos de la emancipación como Ernesto Guevara, analistas estadounidenses como Richard Barnet o James Petras, periodistas como Gregorio Selser, y políticos como Salvador Allende, llegaron a las siguientes conclusiones con respecto a la asistencia para el desarrollo (en especial, la impulsada por el programa de Kennedy):

• Implica injerencia en la toma de decisiones internas en materia judicial, económica, etc.
• No se trata de donaciones, sino de fondos que luego se cobran con intereses o que presuponen una "atadura" para el país receptor, pues en muchas ocasiones debe utilizarse ese dinero para comprar productos estadounidenses.
• Es una forma de allanar el camino para el capital privado; se tiende a invertir en proyectos que perpetúen el sistema primario-exportador.
• Esta ayuda está siempre articulada a la asistencia militar, que en última instancia es la que defiende los intereses del capital.
  

Dean Rusk (1964), Secretario de Estado de Kennedy y Johnson, además de uno de los máximos exponentes de la política demócrata (y de la Alianza para el Progreso), aclaraba: "Tenemos que insistir constantemente con los países que reciben nuestra asistencia, en que deben mejorar su planificación y utilizar los recursos de modo más eficaz. Nuestra ayuda debe organizarse en cada país a base de programas y proyectos que tengan la máxima eficacia para el desarrollo" (p. 171). Pero la eficacia solo puede lograrse en sociedades estables, donde se opere un cambio ordenado que se enfrente a la "oposición radical de una izquierda extremista y violenta [...] y que evite el avasallamiento del individuo" (pp. 180, 189).

Para eso se crearon organismos -como la USAID en 1961- que han perfeccionado los mecanismos para hacer de su ayuda un arma efectiva. Esto incluye desde asesoramiento en políticas públicas, hasta operativos encubiertos para derrocar gobiernos que no están en la línea de lo que Estados Unidos define como "desarrollo, seguridad y democracia" (Allard y Gollinger, 2009).

El caso paradigmático más reciente es la intervención de la USAID en Cuba a través de la promoción del "arte y la cultura". Si bien esta organización ha participado en la desestabilización de gobiernos democráticos desde su creación hasta la actualidad (incluido el Golpe de Estado a Chávez en 2002 y la intervención en oposición a Evo Morales en 2008), los académicos y periodistas que denuncian a este organismo son acusados de adherirse a la teoría de la conspiración. Lo cierto es que en diciembre de 2014, Associated Press hizo público que la USAID está llevando operativos encubiertos en Cuba, al menos desde hace dos años, en contra del gobierno cubano a través del financiamiento y promoción del hip-hop. Los jóvenes vinculados al programa son considerados como "agentes de movilización social". A esto se suma que en abril de ese mismo año, se descubrió que la USAID operaba de modo encubierto a través de una red de Twiter: ZunZuneo (Resnikoff, 2014). No es casualidad que el 17 de diciembre de 2014 haya renunciado el director de la USAID y que ese mismo día, Obama lanzara con "bombos y platillos" una propuesta de acercamiento a Cuba.

Con respecto a ese acercamiento es fundamental destacar, antes que todo, que se trata de una victoria del pueblo cubano. Sin embargo, vale advertir que los principales puntos de acuerdo planteados por el gobierno estadounidense se refieren a la apertura comercial y financiera para firmas estadounidenses, y se deja para el último lugar la necesidad de anular el embargo a Cuba. Esto conduce a preguntarse a quién está favoreciendo verdaderamente este cambio de relación que, más allá de su maquillaje, trae a la memoria las políticas de puertas abiertas de fines del siglo XIX. Asimismo, fue advertido por la directora del área de Estudios Latinoamericanos del Council on Foreign Affairs, "el giro anunciado no implica que todo cambia [...] los programas de promoción de la democracia, continuarán" (La Jornada, 17 diciembre 2014).

Tras estudiar el panorama general en América Latina, la asistencia humanitaria y para el desarrollo es una de las apuestas del gobierno estadounidense para dar cuenta de que el protagonista de su política exterior es, en efecto, el "poder blando". Los siguientes datos (tabla 1), aislados, parecerían dar cuenta del cumplimiento de esa promesa, considerando las sumas destinadas. Sin embargo, debe analizarse la relación de estas cifras con la asistencia militar, es decir, el "poder duro".

Otro mecanismo típico de poder blando, es la política de puertas abiertas, materializada en los denominados Tratados de Libre Comercio. En su discurso de mayo de 2008, Obama prometió que no alimentaría los TLC. Sin embargo, durante su gestión se dio el caso más escandaloso en este sentido, el de la firma del TLC con Colombia, pues implicó desconocer los llamados de atención realizados por congresistas estadounidenses respecto al abuso de Derechos Humanos en Colombia, particularmente lo referido al asesinato de líderes sindicales. Además de eso, el acuerdo bilateral, al igual que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, reproduce lógicas de dependencia y desigualdad. Así, la única integración que se lleva a cabo es la de la economía colombiana a las necesidades de la economía estadounidense (Romano y Delgado, 2012, pp. 227-241).

Como colofón de este escenario, se firmó la Alianza del Pacífico, un acuerdo comercial de los gobiernos de la región que se oponen a las líneas que, con aciertos y limitaciones, han intentado llevar a cabo otros gobiernos vinculados a un nacionalismo económico y medidas redistributivas. Tal Alianza conformada por Chile, Perú, Colombia, México (en la que Estados Unidos actúa como "observador"), se basa en las necesidades de las élites empresariales; pone en el centro al mercado y las posibilidades que abre el intercambio con China. Parece ser una estrategia para que el país del Norte se perfile como intermediario entre los países de América Latina con costas al Pacífico y los asiáticos. Igualmente, implica una forma de hacer contrapeso a los impulsos de integración política y de seguridad planteados por el ALBA-TCP o la UNASUR.

La Alianza del Pacífico, según apuntan sus más fervientes seguidores, tiene a su favor ser un acuerdo "pragmático y prometedor para profundizar el intercambio con China" (Pozzi, 2014). Plantea una política seria, es decir, basada en el libre mercado y centrada en las capacidades y necesidades de las empresas. Buena parte de la toma de decisión de este acuerdo de integración está en manos del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP).

Si consideramos lo planteado en las diversas cumbres, se propone una integración en profundidad que sería lograda mediante la eliminación de las trabas al comercio, la inversión y al flujo de personas. Se espera, entonces, burocracia cero, pues la presencia estatal se identifica con ineficiencia, comparada con la rapidez con la que se concreta la toma de decisión en el mundo empresarial. Un objetivo es homologar las reglas para préstamos o para levantar capital de riesgo, que se pueda crear una empresa en dos horas, proceso cien por ciento digital (El Financiero, 9 julio 2016). No se especifica qué tipo de empresas debería abrirse, ni para beneficio de qué sectores o en virtud de qué proyecto económico-político a mediano plazo.

En cuanto al flujo de personas, se ha trabajado especialmente para facilitar el viaje de empresarios. A esto se suma la promoción de viajes de estudiantes, intercambios y becas orientados a "promover el espíritu emprendedor entre los jóvenes, con un fondo de becas que financien estudios orientados a mejorar la competitividad de Pequeñas y Medianas Empresas" (Ramírez, 2013). Esto deja fuera a la fuerza de trabajo no calificada, que es la más expuesta a la violencia en las fronteras y el abuso en las condiciones laborales, asunto clave si pensamos en México.

La proyección de este acuerdo ha sido especialmente celebrada desde los think tanks y la prensa estadounidense. El Center for Strategic and International Studies (CSIS) insiste en que Estados Unidos debería incorporarse ya mismo a la Alianza, pues "posee todos los requisitos para integrarse: un compromiso con el libre mercado, gobernanza democrática, estabilidad política, respeto a la ley y, lo más importante, ya ha firmado acuerdos de libre mercado con cada uno de los miembros de la Alianza" (Mecham, 2014). Otra mirada revela que México y Chile, principales representantes de este acuerdo, se situaron, junto con Estados Unidos, en los niveles más bajos de justicia social entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 2010 (Stone y Kuznick, p. 556).

Volviendo a la lectura del CSIS, la incorporación de Estados Unidos a la Alianza del Pacífico, además de constituir un canal para hacer de intermediario en el intercambio con China, permitiría "mandar el mensaje de que apoya a los países de América Latina que se esfuerzan por la liberalización económica" (Mecham, 2014). Sin embargo, un importante obstáculo es el temor a que, como el acuerdo permite el libre tránsito de personas entre los países miembros, "la gente pueda utilizar el acuerdo para migrar fácilmente a los Estados Unidos" (Mecham, 2014). En estas líneas puede verse claramente el tipo de "integración" que propone el país del Norte, siempre temeroso de que el resto saque más de lo que este le procura.

Por su parte, la Heritage Foundation se sincera frente al verdadero problema: el ALBA-TCP. Si Estados Unidos decide unirse a la Alianza del Pacífico, "podrá dar cuenta de las falsas promesas de las élites populistas (ejemplo, en los países del ALBA) que firman tratos desventajosos para sus países, a cambio de beneficios de corto plazo que les permiten mantener a sus grupos de apoyo" (Roberts, 2014).

En cambio, la Alianza del Pacífico es un acuerdo orientado "hacia la transparencia y la eficiencia en los flujos de capital, bienes e ideas, maximizando la confianza de los inversores debido a la aplicación de la ley, el cumplimiento de los contratos y la protección de la propiedad y la propiedad intelectual" (Roberts, 2014).

Mucho podría discutirse al respecto, pero enfocaremos el comentario solo a la referencia sobre el cumplimiento de la ley. Tal como se ha descrito al inicio de este artículo, es cada vez más dudoso que en Estados Unidos se cumpla la Ley, o bien, que se respeten los principios básicos de su Constitución. Poco vale ya la libertad del ciudadano estadounidense bajo las actuales políticas de vigilancia, represión y persecución. Con respecto a la igualdad, sabemos que históricamente no es el trofeo de ese país (considérese como máximo ejemplo las consecuencias de la Ley Patriota y el rebrote de racismo comentado ad supra). Si se coloca la mirada en el cumplimiento de la ley en los países de la Alianza del Pacífico, es preocupante que se consideren como paladines de tal logro a gobiernos como Colombia y México, que han rebasado, por mucho, el abuso a los derechos humanos en el contexto de la "guerra contra el narco-terrorismo", financiada por Estados Unidos. El último y triste ejemplo es la reciente desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Estado de Guerrero (México), a raíz del cual salió a la luz que buena parte del territorio mexicano está sembrado de fosas comunes.(9)
Lo anterior conduce a una reflexión obligada: la Alianza del Pacífico es más que acuerdo comercial que plantea una política de mercado diametralmente opuesta al ALBA, sino que además se trata de un acuerdo entre países que han firmado TLC con Estados Unidos y que siguen a rajatabla sus lineamientos de seguridad / militarización.

El punto de partida son los planes de seguridad desplegados desde la zona andina hasta las fronteras con Estados Unidos: Plan Colombia, Iniciativa Mérida, Iniciativa para la Seguridad de Centroamérica. A partir de la firma de estos acuerdos, los gobiernos de la región incrementaron sus gastos en defensa (equipos de seguridad, entrenamiento, armas, entre otros), gastos que en lugar de reducir los niveles de inseguridad, parecen aumentar la violencia (tal y como lo reclaman varias instituciones vinculadas a derechos humanos, incluso estadounidenses). El hecho es que estas políticas para paliar la inestabilidad, allanan el camino para futuros Estados de excepción, es decir, operan en detrimento de los derechos de los ciudadanos, algo, que en apariencia, es opuesto a las intenciones de organismos como la USAID. Sin embargo, el entramado de intereses articulados a partir de la dinámica estabilización-desestabilización, consiente divisar las ganancias reales implicadas en la posibilidad de intervención en políticas públicas de otros países, en particular en materia de seguridad.

En la tabla 2 se aprecia con claridad que Colombia y México continúan recibiendo la mayor asistencia militar. Pero a la vez, destaca el aumento de la asistencia a los países centroamericanos y a Perú, puede observarse el año 2010 como el de mayor incremento. En el análisis debe tenerse en cuenta el fracaso de la Iniciativa Mérida y la consiguiente apuesta por controlar el "crimen organizado" al sur de la frontera, con la implementación de la Iniciativa para la Seguridad de Centroamérica.

Lo cierto es que Centroamérica (al igual que El Caribe), es el punto neurálgico en la historia de la expansión estadounidense en la región. Un dato fundamental es que el Comando Sur opera desde Honduras, donde Manuel Zelaya fue depuesto en 2008 por un golpe de Estado, aunque ese solo es uno de los hechos más evidentes. Menos presentes en el imaginario están las ventas de armas, el entrenamiento de soldados o la intervención en el diseño de políticas públicas (todo, desde la pobreza, el empleo, la urbanización, hasta el campesinado, y más aún, está vinculado a la seguridad de los Estados Unidos).

No es casual que Centroamérica esté en el "ojo del huracán". Lo dejaba claro John Peurifoy, embajador estadounidense que contribuyó fervientemente a derrocar a Jacobo Arbenz en 1954: "Centroamérica está casi en nuestro límite Sur, a no más de tres horas de vuelo, e incluso más cerca del área más estratégica del mundo, el Canal de Panamá. Si cualquiera de estas áreas cae bajo el poder soviético, vencerá las bases de nuestra defensa" (Congreso de los Estados Unidos, 1954, p. 122). Hoy lo del peligro soviético es intercambiable con: campesinos, sindicalistas, estudiantes subversivos, insurgentes, es decir, todos aquellos grupos que se atrevan a cuestionar el status quo. En una palabra: "terroristas".

La vitalidad de esta región se percibe en la página web del Comando Sur. Los programas más importantes, sobre los que se notifica a diario son "La operación Martillo", que se desarrolla en las costas de Centroamérica en el marco de la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centroamérica; la asistencia y programas en Honduras, y las campañas, en general, para esa subregión. Todo esto se materializa, entre otras dimensiones, en la venta de armas como se aprecia en la tabla 3.

De aquí surgen preguntas básicas pero obligadas: ¿Para quién son las armas? ¿Quiénes las gestionan? ¿Este gasto en armas por parte de países de la región implica directa o indirectamente un recorte en otros presupuestos, por ejemplo de educación y salud? ¿Cuál es el objetivo de la compra de armas? ¿Qué empresas estadounidenses son las que se benefician con estas ventas?

Además, si bien la asistencia militar puede haber mermado (tabla 2) en comparación con la asistencia humanitaria y para el desarrollo (tabla 1), lo que aumentó exponencialmente fue la venta de armas (tabla 3). Sin dudas, la suma más sorprendente es la de Honduras para el año 2011. También llama la atención la inversión que hacen países como Guatemala, El Salvador y Belice en armas, conociendo los numerosos conflictos no resueltos en cuestiones económico-sociales. Este aumento del gasto en armas tiene que ver, sin duda, con los discursos y propaganda sobre la inseguridad, que de un modo u otro presionan para legitimar con la solución militar los problemas nacionales.

Por último, volviendo a los países que conforman la Alianza del Pacífico, vale la pena notar la cantidad de militares provenientes de Colombia, México y Perú, entrenados por Fuerzas Armadas de Estados Unidos (tabla 4). Claro que se trata, dirían los propios militares, de entrenamiento, que no tiene nada que ver con adoctrinamiento político. Pero insistimos en que conviene recordar el saldo del entrenamiento militar en el período de 1960-1980, lo que por sí mismo debería censurar este tipo de relaciones en la actualidad.

A todo lo anterior se suma la diplomacia militar (mezcla perfecta entre "poder blando y duro"), como la visita del Secretario de Defensa estadounidense, Chuk Hagel, a Perú para asistir a la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas realizada el 13 de octubre de 2014 en Arequipa; quien aprovechó su viaje para detenerse también en Colombia y Chile (Departament of Defense, 2014). ¿Será una mera casualidad que estos países son también los únicos integrantes de la Alianza del Pacífico en el Cono Sur? ¿Por qué no viajó a Bolivia o a Venezuela?

El discurso de Hagel en la Conferencia se centró en las amenazas del cambio climático, que ha suplantado al discurso de la amenaza del crimen organizado. Debate, que tras la desarticulación de la Unión Soviética, ha estado presente en la agenda internacional (como siempre, comandada por Estados Unidos y los países europeos).

Uno de los entes que discutió las nuevas amenazas fue la Comisión Trilateral, creada en los primeros años de la década de 1970 en honor al mundo multipolar, y que está integrada por académicos de la Comunidad Europea, Japón y Estados Unidos y por representantes del sector privado. Su finalidad es replantear los problemas (y soluciones) para la seguridad (de esos países) y asesorar a los Estados en la elaboración de políticas. Ya en aquel entonces, la seguridad no se reducía a la amenaza comunista, sino que empezaban a enunciarse otras amenazas como el aumento de la población, la escasez de recursos, las migraciones, la pobreza, etc. En esta línea es que se considera el cambio climático como amenaza global.

De hecho, el exjefe del Comando Sur, el General Fraser, advertía hace algunos años: "Sumado a la amenaza generada por el crimen transnacional organizado, la región también es vulnerable a crisis humanitarias como migraciones masivas y desastres climáticos" (Fraser, 2012). En esa alocución se pone en evidencia que la amenaza no es el medio ambiente, sino las personas; por ejemplo, los migrantes (precisamente, las migraciones fueron catalogadas como una de las principales amenazas a la seguridad en una de las reuniones de la Comisión Trilateral).(10) Lo que está en juego es controlar el territorio y, por consiguiente, a los pueblos que intentan habitarlo.

Tampoco es casualidad que los gobiernos con los que se está trabajando con mayor intensidad para "contrarrestar la amenaza" sean Chile, Colombia, El Salvador y Trinidad y Tobago (Fraser, 2012), es decir, aquellos que están alineados o tienden a alinearse con las premisas de política exterior estadounidense en el continente. Como último dato, hay que tener en cuenta que, durante la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en el 2014 en Lima, Perú, "los Jefes de Estado de Chile, Colombia, México y Perú, reconocieron que el cambio climático constituye uno de los mayores desafíos globales y requiere acciones prontas y concretas por parte de todos los países" (Alianza del Pacífico, 2014).

Reflexiones finales

Hasta ahora han sido expuestas algunas marcas que caracterizan las relaciones entre la política interna y externa estadounidense, algo que suele pasarse por alto, pues se asume que en ese país sí funcionan la democracia y el libre mercado a favor de su pueblo. Los datos mostrados dan cuenta de que esa afirmación es dudosa. Este hecho sale a relucir cuando se desentraña mínimamente la red de poder imperante, es un sistema económico-político organizado legalmente para beneficiar a una parte mínima de la población, mientras las mayorías son las que sostienen el "modo de vida americano" al que ya no pueden aspirar.

La persecución, la represión, la tortura y la vigilancia, forman parte esencial de la forma de mantener el sistema en casa y de imponer esa lógica en el exterior. A pesar de la guerra mediática y los mecanismos y discursos implementados para hacer creer que todo funciona (que el capitalismo funciona), cada vez son más las brechas abiertas que permiten visualizar lo que realmente hay de fondo.
La expansión de una economía estadounidense en crisis se realiza por diferentes medios, sumando políticas de poder blando con estrategias de poder duro. Así, por un lado, se presenta con grandilocuencia el acercamiento a Cuba, mientras se sigue entrenando a la mayor parte de las fuerzas contrainsurgentes de América Latina, que se sumarán a las estrategias de las policías y FFAA locales para actuar contra el "enemigo interno", es decir, contra todos aquellos / aquellas que se opongan al orden imperante.

En este escenario, donde es evidente la articulación entre estrategias comerciales, de inversión y militarización como partes fundamentales de la integración asimétrica propuesta desde Estados Unidos, resulta urgente profundizar las decisiones y acciones por parte de organismos como la UNASUR y la CELAC en apoyo a la soberanía de los pueblos. Asimismo, es imperioso desarrollar a nivel regional estrategias de defensa acordes a esta lucha por la autonomía y en sintonía con modelos de integración basados en la cooperación y la autodeterminación.

 

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RECIBIDO: 31/3/2016
ACEPTADO: 9/5/2016

 

 

 

Silvina M. Romano. Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Universidad de Buenos Aires, CONICET. Correo electrónico: [e-mail]

 

NOTAS ACLARATORIAS

1. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2010, 46,2 millones de estadounidenses se encontraban por debajo de la línea de la pobreza, la cifra más alta desde la creación de este organismo (Stone y Kuznick, 2012, p. 556).

2. Uno de los pocos académicos en advertir el hecho de que Obama era un cambio de discurso más que un cambio de realidad fue Noam Chomsky (Valenzuela, 2008). Seguido por el polítólogo argentino Atilio Borón, el cual advirtió sobre las excesivas esperanzas puestas en un político que llegaba al gobierno, pero no al poder (Borón, 2008).

3. Otro de los Consejeros de la Casa Blanca, Gregory Craig ganaba 1,7 millones de dólares por su participación en la compañía de abogados Williams & Connolly; el jefe de gabinete Rahm Emmanuel declaró un patrimonio de entre 4 y 11 millones para el año 2008. Ver también: ABC New, 2009, p. 4.

4. Vale la pena que el lector repare en que la cita está en el libro de McCann sobre la United Fruit Comapny. Esto se debe a que Bernays fue uno de los ideólogos fundamentales de la guerra psicológica que emprendió esta empresa, en conjunto con la CIA y el Departamento de Estado estadounidense, en contra de del gobierno de Jacobo Arbenz (1951-1954) en Guatemala.

5. Durante la Primera Guerra Mundial el gobierno estadounidense lanzó importantes campañas de propaganda a través del Comité de Información Pública para incrementar el enrolamiento. A partir de esta experiencia se fueron consolidando los campos de las relaciones públicas y la publicidad, vinculados a la propaganda patrocinada desde el Estado. Las estrategias de guerra psicológica utilizadas en la Segunda Guerra Mundial fueron afinadas desde un inicio en la guerra "por los corazones y las mentes" contra la Unión Soviética. La Guerra Fría fue terreno fértil para el desarrollo de diversas estrategias de propaganda orientada a legitimar los postulados occidentales de "democracia y libertad". El objetivo de la propaganda, según era concebida en aquel momento, se resume en la siguiente frase: "[que] hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho del mundo, a ambos lados de la cortina de hierro crean que lo que somos y por lo que hemos luchado en este mundo, coincide con sus propias apreciaciones" (Parry-Giles, 1994, p. 266). Objetivo que parece prevalecer hasta nuestros días.

6. Esta acumulación de poder en el Ejecutivo proviene del New Deal y se profundizó con la Guerra Fría (Wills, 2010). De hecho, Horowitz (1980) lo denominó como presidencia imperial, concepto profundizado por Saxe-Fernández (2006).

7. Se trata del discurso enunciado por Franklin D. Roosevelt frente al Congreso de su país el 6 de enero de 1941, describiendo cuatro libertades esenciales: "La primera es la libertad de expresión, en cualquier lugar del mundo. La segunda es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su manera, en cualquier lugar del mundo. La tercera es la libertad para vivir sin necesidades [...] en cualquier lugar del mundo. La cuarta es la libertad para vivir sin temor [...] en cualquier lugar del mundo" (Roosevelt, en US Embassy, 2013).

8. El punto IV se llamó así porque era el cuarto de cuatro nuevas proposiciones para alcanzar la "paz y la libertad" en el discurso inaugural del presidente Truman del 21 de enero de 1949. Agrupaba las siguientes metas: proporcionar a los países menos desarrollados tecnología y administración, detener el comunismo en el tercer mundo, salvaguardar las inversiones extranjeras de Estados Unidos y aumentar la producción de materiales estratégicos (Pollard, 1990, p. 198).

9. Para datos sobre la violencia y el terrorismo de Estado en México ver: Declaración Tribunal Permanente de los Pueblos, 15 noviembre 2014 (www.tppmexico.org). Para profundizar revisar: Revista Proceso, Revista Contralínea, Comité Cerezo.

10. Aquí, un extracto del tipo de argumentos expuestos en dichas reuniones, que deja claro por qué la migración es una amenaza: "En su frustración y desesperación, los pobres encontrarán el modo para cruzar las barreras y aprovechar nuestra riqueza -o si eso falla- para destruir la base de nuestro bienestar" (Maull, 1992, p. 19).