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INTRODUCCIÓN
La política exterior de Bolivia ha cambiado radicalmente desde el ascenso al gobierno del presidente Evo Morales Ayma, en enero de 2006, no solamente tomando en cuenta la dinámica interna con grandes transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, sino también por los virajes que se han dado en el contexto regional con los nuevos procesos paralelos de integración y emancipación, por las iniciativas bolivianas respecto a temas de la agenda internacional y por la adopción de renovadas decisiones de vinculación con los países vecinos, tomando en cuenta la relaciones económicas, comerciales y políticas en una nueva perspectiva de estrategias diplomáticas y geopolíticas.
A pesar de su limitado peso económico y político, sobre todo si tomamos en cuenta a Brasil, Venezuela, Argentina o Chile en la región, Bolivia ha sido protagonista en muchos aspectos de la definición y orientación de las decisiones regionales e internacionales, incluso en los últimos años, a pesar de los retrocesos producidos en varios países de América Latina y el Caribe, donde tendencias conservadoras y neoliberales recuperaron la iniciativa.
En este siglo se han producido grandes transformaciones en las bases geopolíticas y geoeconómicas del mundo, como también en la dinámica de los procesos de integración de los países de América Latina y el Caribe, los cuales progresaron con principios contrapuestos a las políticas norteamericanas e, incluso, excluyendo a Estados Unidos. Actualmente existe una situación extrema, con fuertes tensiones políticas y divergentes criterios sobre el trabajo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para América (ALBA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina (CAN) o Alianza del Pacífico, donde, en su mayoría, Bolivia participa (Paz Rada, 2017).
Desde 2014, el movimiento pendular de los procesos políticos en varios países de la región ha radicalizado las posiciones encontradas entre las tendencias nacionalistas, antimperialistas y bolivarianas con fuerte vocación de unidad e integración y aquellas de tinte conservador, neoliberal y proclives a priorizar las relaciones con Estados Unidos.
Los golpes de Estado de Brasil a Dilma Rousseff, de Paraguay a Fernando Lugo y de Honduras a Manuel Zelaya, así como las elecciones de Argentina con Mauricio Macri (ahora derrotado y en debacle total), Colombia con Iván Duque y Chile con Sebastián Piñera o traiciones como las de Ecuador, caracterizan las tendencias regresivas, en tanto que las democracias de autodeterminación, como las de Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y México, mantienen en pie los postulados de la soberanía y defensa de la Patria Grande.
En ese contexto, durante los últimos quince años del gobierno encabezado por el indígena Evo Morales Ayma, Bolivia se ha destacado por un conjunto de iniciativas internacionales y regionales, que se han convertido en parte de la agenda de organismos internacionales, movimientos sociales, foros mundiales de las organizaciones alternativas de la sociedad, reuniones bilaterales y procesos de integración regional bajo los principios de la cooperación Sur-Sur.
En la misma tendencia pendular, los modelos de desarrollo que desafían la dependencia y dominación, formulados en términos como socialismo del siglo xxi, socialismo comunitario, suma qamaña o sumak kawsay en Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador son puestos en discusión y se encuentran en los límites de su formulación teórica y realización práctica (Farah y Vasapollo, 2011).
Se conoce que las transformaciones sociales y económicas, con la recuperación de excedentes que controlaban las transnacionales, las nacionalizaciones de recursos estratégicos y, sobre todo, las políticas de redistribución social y regional de la riqueza, han producido un nuevo mapa social, político y cultural en varios países de la región. Al respecto, Bolivia es un caso paradigmático; no solamente por la crisis en Venezuela provocada por las agresiones y el bloqueo imperialista, sino también por el ascenso de gobiernos de clara posición conservadora y liberal en Brasil y Argentina -países que inclinan la agenda regional. La pugna en torno a la integración y a las fórmulas de cooperación horizontal, en un contexto mundial que tiende al multilateralismo, se ha acelerado al punto de congelar y desmantelar la UNASUR, cambiar el rumbo del MERCOSUR y aislar el proyecto ALBA. Además, el curso histórico de la región se arrebata aún más con el ascenso y decisiones de Donald Trump al frente del poder en Washington, desde una posición proteccionista, xenófoba, provocadora y de fuerte nacionalismo imperialista, que también han generado reacciones similares en distintos países de Europa.
La unidad e integración de América Latina y el Caribe, como alternativa para asumir un papel protagónico en el concierto geoeconómico y geopolítico mundial, se presenta como un desafío fundamental de Estados, pueblos, organizaciones y movimientos populares en la lucha histórica y política por cambiar el orden nacional, regional e internacional. En esta realidad, el gobierno boliviano ha tenido, en el período 2006-2019, un rol muy activo en las relaciones internacionales y en la integración regional con iniciativas innovadoras, entre ellas la Diplomacia de los Pueblos y la participación directa del presidente Evo Morales.
1. BOLIVIA EN UN DINÁMICO CONTEXTO INTERNACIONAL
La menguada soberanía y autodeterminación de Bolivia desde su creación, en un proceso histórico de ciento cincuenta años, debido a la dominación colonialista-imperialista y a la hegemonía de las oligarquías dueñas de los recursos naturales del país (plata, guano, caucho, estaño y petróleo), fue transformada en dignidad y liberación con el gobierno de Evo Morales, al desarrollar una política exterior autónoma, independiente y soberana. Esta política exterior estuvo manejada por las élites de poder, las «aristocracias» locales y grupos familiares, bajo las condiciones de Estados Unidos, quien estableció la estrategia del «patio trasero» y control total en la región y sobre Bolivia en particular.
Desde la década de los sesenta, en la llamada Guerra Fría, se implementó la Alianza para el Progreso, diseñada en el gobierno de John Kennedy, tanto con el plan triangular para reformar la industria minera nacionalizada y con la expansión terrateniente hacia el oriente boliviano, como por la Doctrina de Seguridad Nacional, destinada al control estratégico de carácter territorial y militar. En los años ochenta y noventa la estrategia de la democracia tutelada o controlada desde Washington va a establecer un proceso neoliberal, orientado al despojo de los recursos naturales, la desnacionalización y la exportación de capitales desde Bolivia.
La continuidad de esta línea de acción tuvo cortos momentos de ruptura, como en los años 1969-1971 con los gobiernos de los generales Alfredo Ovando Candia y Juan José Torres González, y un corte radical de ruptura a partir de 2006 con el ascenso político de los movimientos populares, el Movimiento al Socialismo (MAS) y el liderazgo de Morales. Así, el país ha fluctuado en el contexto de la situación regional y mundial entre la dependencia y la emancipación hasta el inicio del actual proceso de liberación nacional.
Así, los ciclos históricos relacionados con el impulso de los proyectos y las potencialidades de la integración de los países de América Latina y el Caribe han enfrentado y asimilado, de manera recurrente, las tendencias del reordenamiento internacional, en el cual los centros hegemónicos metropolitanos en disputa han influido en las tendencias y desenlaces de las gestiones unificadoras. Asimismo, las contradicciones y luchas políticas internas en cada uno de los países van a inclinarse, con mayor o menor énfasis, hacia la integración regional y emancipación o hacia la subordinación y dependencia, en tanto las potencias regionales, principalmente Brasil, México, Venezuela y Argentina tienen una influencia y un peso mayor en las decisiones y el curso de los procesos.
La articulación de movimientos de conjunción y agregación de las estrategias y políticas gubernamentales de los Estados no siempre ha sido sincronizada y simultánea entre los países, lo cual ha impedido que se generen resultados efectivos de largo plazo y que alcancen a influir sostenidamente en las decisiones, acomodos y reacomodos de las fuerzas que disputan espacios de influencia en el sistema internacional. La derrota de la estrategia de dominación expresada en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue fundamental en la Cumbre de Mar del Plata de 2005.
La participación de Bolivia en esta disputa y las tensiones en los procesos de integración en América Latina durante los últimos años, desde un análisis histórico, estructural y dialéctico, permite abordar el tema de manera diacrónica y sincrónica para esbozar algunas tendencias al respecto. En el caso boliviano se ha producido un cambio radical en la agenda de la política internacional a partir del protagonismo del presidente Evo Morales, de la emergencia de movimientos sociales e indígenas en la política interna y externa, la presencia de nuevas dirigencias populares y nacionales en los niveles de decisión ejecutiva, diplomática y legislativa, así como la aprobación, en 2009, de una nueva Constitución Política del Estado de carácter plurinacional y de la ejecución de la Diplomacia de los Pueblos.
El protagonismo boliviano fue precedido por la fuerza del movimiento revolucionario que, en octubre de 2003, expulsó al presidente-empresario transnacional y pro imperialista, Gonzalo Sánchez de Lozada, y a los partidos neoliberales, por las medidas antimperialistas y las reformas estructurales adoptadas desde 2006, y por la importantísima recepción política externa de varios gobiernos bolivarianos, antimperialistas, progresistas y nacionalistas de la región, como los de Hugo Chávez de Venezuela, Fidel Castro de Cuba, Lula da Silva de Brasil o Néstor Kirchner de Argentina.
Las acciones políticas internacionales de Bolivia se manifestaron en:
Los proyectos de integración regional bajo la perspectiva antimperialista, anticolonial y nacionalista, en conjunción con otros gobiernos que impulsaron la formación de ALBA, UNASUR y CELAC, la reformulación de MERCOSUR y en determinadas relaciones bilaterales.
Las Asambleas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con planteamientos relacionados a los derechos de la madre tierra, indígenas, sobre los servicios básicos, a la legalización de la coca, y demás.
Las reuniones de organismos de las relaciones Sur-Sur como el G-77 más China (formado por 133 países) y el Movimiento de países No Alineados (MNOAL).
Las relaciones bilaterales prioritarias con los gobiernos de países de la región con orientaciones emancipadoras, latinoamericanistas y antimperialistas y con países de otras regiones del mundo (incluido la privilegiada relación con el papa Francisco del Vaticano), que respetan la autodeterminación de los pueblos y los postulados de no intervención.
Las cumbres alternativas y foros mundiales con el acompañamiento de organizaciones sociales, sindicales y populares de indígenas, campesinos, mujeres campesinas y originarias, colonizadores o interculturales, trabajadores, entre otras.
Este proceso se desarrolló en términos de la coherencia existente entre discursos, documentos, políticas y prácticas desarrolladas desde el gobierno boliviano como principal responsable de las relaciones políticas internacionales y desde las organizaciones sociales y sindicales y del MAS. El hilo conductor se presenta en los modos y características en que Bolivia se inserta en el ámbito de las relaciones internacionales, particularmente las regionales, con la Diplomacia de los Pueblos y con su participación en los proyectos de integración regional establecidos en los últimos quince años.
Estos años han sido muy intensos en la dialéctica del clivaje entre la integración autónoma y la dominación imperialista en la región, con la confrontación de dos iniciativas:
La institucionalización de la Cumbre de las Américas desde 1994 hasta su última reunión presidencial en Lima 2018, bajo el impulso de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Estados Unidos para implementar los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el Área de Libre Comercio de las Américas con los presupuestos teóricos y políticos de la unipolaridad, el libre mercado y la democracia. Al respecto, la OEA se ha convertido, en los últimos años, en arma fundamental de la diplomacia norteamericana para golpear los procesos antimperialistas, los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua son ejemplares.
La formación de proyectos de integración de los países de América Latina y el Caribe sin la participación de Estados Unidos, desde los años 2004 y 2005, con la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), formada en 2004; la UNASUR, constituida en 2008 y la CELAC, creada en 2010, con una perspectiva de acción más autónoma y conjunta en el ámbito mundial de multipolaridad y reacomodos geopolíticos y geoeconómicos.
Estos proyectos han tenido choques y disputas frontales porque obedecen a distintas perspectivas e interpretaciones históricas acerca de las relaciones de dominación/subordinación existentes, desde el siglo xix, principalmente entre Estados Unidos y los países excolonias de España y Portugal y sobre las trayectorias futuras relacionadas con las formas de conseguir espacios de influencia en las pugnas y equilibrios internacionales en el siglo xxi.
Desde 2014, la reducción de poder e influencia de la UNASUR y la CELAC va aparejada del protagonismo que adquiere la OEA y la Cumbre de las Américas, tomando en cuenta los avatares de los procesos políticos en los distintos países de la región y particularmente de los que tienen un mayor peso estructural.
Si bien durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría y la bipolaridad (primera fase de procesos de integración en la región) y de la unipolaridad y neoliberalismo (segunda fase) se desarrollaron esfuerzos integracionistas regionales y subregionales como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), luego Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); el Sistema Económico Latinoamericano (SELA); el Pacto Andino, luego Comunidad Andina de Naciones; la Comunidad Caribeña (CARICOM); el Mercado Común del Sur o el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), estos no alcanzaron el nivel de tensión política e internacional de los procesos independientes del ALBA, UNASUR y CELAC, surgidos en el siglo XXI (tercera fase) (Paz Rada, 2018).
Al contexto internacional de los últimos años se añaden otras características vinculadas a:
La crisis económica y financiera del capitalismo central, acelerada desde 2008.
El surgimiento de varias potencias en distintas regiones (Rusia, China, Irán, India, Turquía, Unión Europea, Israel o Arabia Saudita) y establecimiento de un sistema de multipolaridad.
Las intervenciones militares y guerras en Oriente Medio.
Los masivos movimientos migratorios y las reacciones xenófobas en Europa y los Estados Unidos.
La renovación de la cooperación Sur-Sur.
El globalismo en una gran diversidad de aspectos de la cultura y la vida social.
Las transformaciones científico-tecnológicas y comunicacionales. Han generado un nuevo orden/desorden mundial.
Es así que la dinámica de la política internacional y regional en los últimos años se ha acelerado vertiginosamente y ha abierto perspectivas inesperadas e incertidumbre para los distintos actores nacionales, organismos internacionales, los proyectos de integración regional en América Latina y el Caribe, las iniciativas de comercio en el Atlántico y el Pacífico, las potencias tradicionales y emergentes, las organizaciones sociales, no gubernamentales y privadas que han desarrollado acciones intensas destinadas a influir en las agendas mundiales y el reacomodo estratégico, sobre todo en las regiones consideradas sensibles a la disputa por recursos naturales, energía, agua, petróleo, minerales, control del comercio y posicionamiento geopolítico y geoeconómico (Paz Rada, 2017).
Las características culturales, geográficas, políticas, geopolíticas y la existencia de reservas de recursos mineros y petrolíferos, agua, energía y biodiversidad en Bolivia (Bruckmann, 2016) han puesto al país en una situación proclive a generar posiciones como las del llamado eje energético de América del Sur con la provisión de gas y energía eléctrica a Brasil, Argentina, Paraguay y Perú, y las de avanzar en el desarrollo industrial estratégico del litio o del hierro, u otras como las de desarrollar iniciativas y acciones vinculadas a las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Las tensiones internas e internacionales con EE. UU. llevaron a la expulsión del embajador Philip Golbergen en 2008 por intervención directa en asuntos internos; se produjo un impasse conflictivo con Brasil en 2006, después de la nacionalización de los hidrocarburos; y con Chile, primero con negociaciones presidenciales a pesar de no tener relaciones diplomáticas, y luego, durante 2013, se produjeron choques diplomáticos y políticos muy fuertes por la demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para que el gobierno de Santiago atendiera el derecho boliviano a una salida marítima.
El triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos de 2016 marcó un inusual movimiento del sismógrafo mundial, con repercusiones internas en su país, pero sobre todo con profundas ondas expansivas en todo el orbe. Sus discursos, manifestaciones y posiciones proteccionistas, ultranacionalistas imperiales y anti poderes establecidos de las élites en su país, y la definición de enemigos internos y externos han provocado zozobra, preocupación y un movimiento desordenado en el tablero internacional con implicaciones todavía impredecibles.
Corresponde realizar el análisis en relación con las tendencias predominantes a nivel general, regional y nacional, que en el caso particular de Bolivia ha posicionado algunos temas, como los derechos de la Madre Tierra o de los Pueblos Indígenas en la agenda internacional, tanto por el liderazgo del presidente indígena Evo Morales Ayma y por su discurso radical, como por la incorporación de la Diplomacia de los Pueblos como categoría que busca explicar el protagonismo de las organizaciones sociales en la dinámica de las relaciones internacionales (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014).
En un marco internacional alterado constantemente es necesario señalar las perspectivas geopolíticas de inserción de Bolivia en los procesos de integración regional que se han desarrollado en los últimos años y el modo cómo se están produciendo las pugnas y contradicciones internas, tomando en cuenta los cambios de orientación en algunos nuevos gobiernos que se han instalado en países con una alta importancia económica y política y, al mismo tiempo, las características de las tendencias internas de cada uno de los países, en relación con su participación en las iniciativas de coordinación internacional.
Inicialmente, en algunos de ellos se plantearon, incluso, propuestas alternativas a los modelos de desarrollo clásicos y, más aún, orientaciones superadoras de la modernidad, sus principios y guías de ordenamiento social, nacional e internacional.
La renovada tesis del socialismo del siglo xxi planteada por la revolución bolivariana de Venezuela, a través de Hugo Chávez, como alternativa al neoliberalismo capitalista, fue ampliamente difundida y significó un acercamiento muy sólido con la Revolución Cubana y Fidel Castro; abrió un debate en torno a los rasgos de este proyecto societal que propugna la democracia participativa y la formación de centros comunales productivos apoyados por un Estado fuerte. Sin embargo, la crisis de los precios del petróleo y las presiones internas y externas, particularmente el bloqueo norteamericano, han puesto en entredicho este proyecto.
Situación parecida, aunque a partir de otros presupuestos, fue planteada por el suma qamaña y el sumak kawsay en Bolivia y Ecuador, como proyectos alternativos al desarrollo moderno occidental y capitalista, tomando en cuenta las ancestrales formas de organización comunitaria de los pueblos indígenas quechuas, aymaras y otros mayoritarios en las regiones andinas y amazónicas de ambos países, orientados hacia el Vivir Bien o Buen Vivir.
Los principios de participación plena y directa en las decisiones, cooperación, redistribución de los recursos y bienes, reciprocidad, solidaridad y ayuda mutua en el trabajo y las obras, la relación armoniosa con la naturaleza y con los semejantes son postulados por estas propuestas alternativas, las mismas que han planteado el socialismo comunitario.
Las reformas constitucionales realizadas en Ecuador, Venezuela y Bolivia han incorporado estos principios, intentado implementarlos en sus políticas económicas y públicas, y proyectarlos hacia el ámbito internacional en los organismos multilaterales, como el caso de los derechos de la madre tierra o los derechos humanos en relación al agua y los recursos naturales.
En los últimos años, sin embargo, en el contexto de las crisis de los precios de las materias primas, especialmente de los minerales e hidrocarburos y la crisis política regional con cambios de orientación de los gobiernos, la implementación integral de los postulados de un desarrollo endógeno pleno ha quedado en suspenso, aunque la mayor conciencia popular y las reivindicaciones de la democracia participativa están presentes ante la posibilidad de retomar los procesos de liberación y la recuperación de los proyectos integracionistas emancipadores.
2. PERSPECTIVA HISTÓRICA: BOLIVIA, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Los intentos de unidad e integración en la región tienen antecedentes históricos que, con distintas y variadas experiencias, permiten advertir que se trata de un dilema existencial de América Latina y el Caribe desde el período de la independencia del dominio colonial español hasta el presente. El destino de Bolivia estuvo vinculado a las tendencias principales de la región. Ahí está el momento fundacional como la última región bajo dominio español, el Alto Perú, que permitió la confluencia de los Ejércitos Libertadores de Bolívar y Sucre con los Guerrilleros de la Independencia, que formaron las republiquetas como zonas libres del régimen colonial. Si se comparan los procesos emancipadores de las colonias inglesas en Norteamérica con los de las iberoamericanas (Portugal y España), se hallan fuertes diferencias que van a marcar las tendencias históricas y los posicionamientos internacionales de los dos últimos siglos.
Las trece coloniales del norte lograron su independencia (1776) sobre la base de su unidad; respondieron radicalmente a las imposiciones políticas, comerciales y jurídicas procedentes de la metrópoli; ampliaron constantemente su dominio territorial y aprovecharon la coyuntura de las fricciones de Inglaterra con Francia. En tanto, las colonias hispanoamericanas tuvieron un largo período de quince años (1809-1825) de luchas y guerras y otro más extenso por constituir un orden político y jurídico integral que abarcara varias de las jurisdicciones administrativas del orden colonial impuesto por el imperio, en un contexto en el cual la injerencia de las potencias de la época -Inglaterra, Estados Unidos y Francia- buscaban tener un control e influencia directa en los resultados del proceso independentista (Gullo, 2010).
El esfuerzo por constituir una nación latinoamericana y caribeña o una confederación articulada de las subregiones fue impulsado, desde el momento mismo del inicio de la Guerra de la Independencia, por Francisco de Miranda y los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín en el sur del continente; por Francisco Morazán en la región central; y en el norte por José María Morelos; en un contexto donde no existía sino la consigna de formación de la unidad de la América española, conformada por «los americanos» de manera genérica, sin la diversidad de gentilicios de nacionalidad que posterior y paulatinamente fueron creados.
En múltiples documentos, discursos y llamados de la época, recopilados por Ferrero (2015), en varias ciudades del continente se destaca que en su lenguaje se hace referencia a los «americanos», a los «patriotas de la América española», a los «hispanoamericanos» y no en particular a determinada región o administración política.
Después de realizar una descripción sociogeográfica de las variadas regiones de la América Hispana, Simón Bolívar en La Carta de Jamaica (1815) establecía: «es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo, una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo Gobierno, que confederase los diferentes estados que hayan de formarse» (Bolívar, 2015, p. 28). Posteriormente, añadía «seguramente, la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Sin embargo, nuestra división no es extraña, porque tal es el distintivo de las guerras civiles, formadas generalmente entre dos partidos: conservadores y reformadores» (Bolívar, 2015, p. 30).
Incluso se produjeron acciones de cooperación independentista con militares brasileños, como es el caso del general José Ignacio Abreu e Lima, que participó en los ejércitos del libertador Bolívar.
Sin embargo, las ideas de los libertadores y visionarios de una gran nación latinoamericana chocaban tanto con las fracciones internas con poder económico y político -herederas de las oligarquías coloniales en cada una de las regiones, ciudades o puertos importantes- como con las acciones estratégicas de las potencias coloniales, Inglaterra, España, Estados Unidos y Francia, que se coludieron para evitar la formación de una potencia continental como potencialidad propia que impidiera sus aventuras de control geográfico, comercial y político.
Ya en 1823 desde el gobierno de Washington se había determinado la doctrina Monroe, identificada con el nombre del presidente James Monroe, que establecía el predominio de Estados Unidos sobre todo el continente americano con fines de mantener su hegemonía, incluso frente a los poderes europeos que gestionaban su posicionamiento geográfico.
Aún así las experiencias de invasión inglesa a las Islas Malvinas, la guerra de Cuba y Puerto Rico entre Estados Unidos y España, la invasión a México por Estados Unidos y Francia, la creación de Panamá y otras acciones intervencionistas estuvieron presentes a lo largo de todo el siglo XIX. Desde Texas a California, Estados Unidos había logrado mutilar de manera dramática el territorio mexicano más rico de la región latinoamericana y así pudo ampliar su radio de acción e influencia sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Más aún frente a los intentos de retorno colonial, vía España, Inglaterra u otras potencias europeas, no dejó de estar presente pues estas consideraban a la región como un botín susceptible de ser tomado y controlado bajo su pleno control, para lo cual provocaron intervenciones directas como las del Caribe; la formación de más Estados, como Uruguay; amén de las agresiones militares entre los países latinoamericanos como la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, con el objetivo de mantener influencia, control geopolítico y geoeconómico sobre importantes recursos naturales que paulatinamente fueron controlados por sus corporaciones económicas.
En el caso de la formación de Uruguay, a contramano del pensamiento y lucha de José Gervasio Artigas, se inventó una República. Ferrero (2015) cita parte del informe del embajador estadounidense en Buenos Aires (1826), John Murray Forbes: «lo que yo había predicho se cumple: se trata nada menos que de la erección de un gobierno independiente y neutral en la Banda Oriental bajo la garantía de Gran Bretaña […] es decir: se trata de crear una colonia británica disfrazada» (p. 52).
La Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), impulsada por Andrés de Santa Cruz y Calahumana para unificar políticamente ambos países que contaban con población mayoritariamente indígena y potenciar una economía interna y complementaria, incluyendo rasgos reivindicativos de lo que fue el Imperio incaico, fue atacada y debilitada desde Chile y Argentina para evitar su consolidación.
El proyecto integracionista de los libertadores se fue diluyendo paulatinamente y las elites oligárquicas locales consiguieron la formación de un archipiélago de países, los cuales, con la presión y el alto interés de las metrópolis, fueron fortaleciendo el comercio con los centros industriales más poderosos basado en el desigual intercambio comercial, al mismo tiempo que cerraban las relaciones económicas entre países vecinos, haciendo de los grandes puertos las vías de consolidación de la dependencia. Quedó, sin embargo, la identidad de pertenencia común a través de la divulgación del término Latinoamérica en 1856 por parte del colombiano José María Torres Caicedo y del chileno Francisco Bilbao.
La pugna entre librecambistas y proteccionistas, que implicaba la lucha entre dos proyectos de desarrollo muy dispares, también favoreció a los primeros y garantizó la exportación de materias primas y la importación de manufacturas y productos industriales, precisamente bajo el pacto semicolonial favorable a los imperialismos inglés y estadounidense (Ramos, 1968).
«A sangre y fuego» se impuso en Bolivia la corriente librecambista que gestó la intervención de los capitales y financieros anglo-chilenos en la minería y explotación de recursos naturales con su corolario en la Guerra del Pacífico, que significó para el país la pérdida de su acceso soberano al océano Pacífico; mientras que la Guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) contra Paraguay, apadrinada por Estados Unidos e Inglaterra, es el símbolo más dramático de esto.
La geopolítica imperialista de fines del siglo xix se va manifestar nuevamente en Bolivia, marcada por las necesidades del capitalismo internacional en Europa y Estados Unidos de contar con el recurso del caucho destinado a la industria del automóvil. Esto condujo a la Guerra del Acre (1899-1903), por la cual Brasil y las corporaciones internacionales invadieron el territorio boliviano rico en la goma de los siringales naturales y se apropiaron de un territorio de 190 000 km2.
En 1903 se va a firmar la capitulación boliviana frente a Brasil con el Tratado de Petrópolis y en 1904 el Tratado de Paz y Amistad con Chile, donde cedió la soberanía de las costas sobre el Pacífico a cambio de recursos económicos y la construcción del ferrocarril entre Arica y La Paz.
En el mismo contexto de la disyuntiva unidad latinoamericana frente a fragmentación en varios países, se presentaba la que establecía la valoración de las poblaciones originarias entre «barbarie o civilización» que, desde la perspectiva de la ideología dominante, significaba la sobrevaloración de la «civilización» y culturas europea y de la América Sajona frente a la inferioridad «bárbara» de la cultura y sociedad de indios, mestizos y negros. La oligarquía de la plata en Bolivia impuso su poder e intereses y despojó de tierras a los indios y dejó a la mayoría del país en la exclusión total.
Los intentos más importantes de integración en América Latina, el Caribe y Centro América en el siglo xix fracasaron al haberse impuesto la alternativa de las oligarquías locales que, en muchos casos, en conjunción con las potencias metropolitanas de Europa y Norteamérica, consolidaron una diversidad de Estados débiles, de semicolonias sometidas a relaciones de dependencia y dominación política y económica. Quedaron, sin embargo, principios, ideas, reivindicaciones históricas y experiencias vitales que fueron profundizadas por la Generación del novecientos, la que elaboró una concepción fundada en la unidad de América Latina y la lucha contra el imperialismo.
La Generación del novecientos estuvo formada por periodistas, escritores, poetas, novelistas y pensadores de los países de la región con una impresionante producción intelectual, coincidente en la reivindicación de la identidad propia compartida que consiguió desarrollar las bases de una conciencia latinoamericana e identidad propia, en una tarea ideológica importante, frente a la incesante influencia política y económica de Estados Unidos.
A finales del siglo xix el patriota cubano José Martí había marcado ya la frontera histórico-cultural entre la América Sajona y la América Latina y sus proyecciones antagónicas (Martí, 2005). Desde posiciones con influencia liberal, socialista, positivista, nacionalista o anarquista (por tanto de distinta orientación reflexiva) manifestaron su posición personalidades como: José Enrique Rodó en Uruguay, Manuel Gonzales Prada en Perú, Rubén Darío en Nicaragua, José Vasconcelos en México, Rufino Blanco Fombona en Venezuela, José María Vargas Vila en Colombia y José Ingenieros en Argentina.
Un punto común estaba en las denuncias de las prácticas anexionistas basadas en el empleo de la fuerza militar, en unos casos, así como las de supeditación diplomática, política y económica, en otros, que fueron implementadas por Washington sobre la región (Ramos, 1968). El panamericanismo fue el proyecto estratégico de subordinación de los países del sur frente a la potencia del norte. La primera Conferencia Panamericana se realizó en Estados Unidos en 1889, buscando la complementación comercial, la unión aduanera, el mejoramiento de los puertos, en un momento en que las corporaciones norteamericanas acentuaban sus inversiones en sectores mineros, agrícolas, ferroviarios y portuarios e impulsaban el control de la navegación del Caribe al Pacífico con la construcción del canal interoceánico y la separación de Panamá de la integridad territorial de Colombia.
La Generación del 900 impulsó campañas nacionalistas latinoamericanas sobre la base de la coincidencia en las denuncias de las intervenciones imperialistas en los países de la región, estableció el antimperialismo como elemento aglutinador junto al de la unidad de la Patria Grande y reivindicó la integración latinoamericana sobre la base del pensamiento bolivariano. En las tareas de divulgación de las mismas se destacó el argentino Manuel Ugarte, quien realizó sendas giras por las capitales desde México hasta Montevideo difundiendo estas ideas (Galasso, 1985). En Bolivia generó gran expectativa y tuvo una presentación latinoamericanista y de reivindicación de la Patria Grande con su componente indígena y popular, haciendo referencia a la población mayoritaria y discriminada del país, en el entonces foro más importante de la ciudad de La Paz: el Teatro Municipal.
El término Indoamérica aparece en los años veinte del siglo xx, con los aportes de los peruanos Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, quienes recogen la experiencia de la Generación del 900 y van a proponer la organización de un movimiento político e ideológico de alcance latinoamericano y caribeño a través de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), con la formación de secciones nacionales que impulsen los principios de la unidad regional y del antimperialismo. De manera paralela, otro efecto de las ideas de la Generación del 900 va a dar sus frutos a través de la Reforma Universitaria iniciada en Córdoba, Argentina, en 1918, y posteriormente difundida hacia gran parte de los países con las mismas consignas latinoamericanistas.
La injerencia imperialista nunca cedió. La Guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a Bolivia y Paraguay por el control y explotación de importantes reservas petroleras, tuvo como base el enfrentamiento entre dos de las más poderosas empresas petroleras mundiales: la Standard Oil de Estados Unidos y la Royal Dutch Shell de Inglaterra y Holanda, que buscaban hacerse de los recursos estratégicos de los hidrocarburos. Bolivia perdió un territorio de 320 000 km2.
Los procesos nacionalistas y nacional-populares tuvieron también su ingrediente de cooperación entre los países, como la influencia que tuvo la Revolución Mexicana y el gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas y, en el contexto de las dos guerras mundiales, la coordinación entre los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile para contrarrestar la influencia norteamericana en esos países y el conjunto de la región con la firma del Pacto de No Agresión, Consulta y Arbitraje de 1915; y luego, en los inicios de la década de los cincuenta con el acercamiento de los gobiernos de Getulio Vargas de Brasil, Juan Perón de Argentina y Carlos Ibáñez de Chile.
Con el reordenamiento mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial se va a constituir la Organización de los Estados Americanos, organismo político creado en el contexto de la Organización de Naciones Unidas, con la finalidad de impulsar la coordinación entre los países, la cooperación, el fomento de la paz y el desarrollo en la región, complementando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) destinado a las tareas específicas de defensa militar entre los países del ámbito continental, todo esto bajo la tutela de Washington. Por su parte, la Revolución cubana (1959) va a ser la manifestación victoriosa de la lucha del pueblo por su liberación enfrentando la hegemonía estadounidense.
Desde fines de los años cincuenta se van a desarrollar varios intentos de integración regional y subregional. Al primer nivel están las experiencias de ALALC, luego ALADI y SELA; y a nivel subregional el Pacto Andino, luego CAN, CARICOM, MERCOSUR, SICA, entre otros, con experiencias y resultados distintos que, por la ola neoliberal, perdieron protagonismo e intensidad a finales del siglo xx. Sin embargo en los últimos años del siglo pasado fue importante el posicionamiento de la Cumbre de las Américas, impulsada por la OEA, para reunir a los jefes de Estado de todo el continente y coordinar sobre aspectos diplomáticos y comerciales; bajo su cobertura se desarrolló la iniciativa del ALCA y TLC.
Es en el siglo xxi que van a retomarse las iniciativas integracionistas autónomas con los proyectos del ALBA, UNASUR, CELAC y el reposicionamiento de MERCOSUR. Todos ellos van a pasar por distintos momentos vinculados a procesos políticos de los países de la región y que en los últimos años están en disputa respecto a sus formas y alcances. Va a reaparecer el discurso bolivariano de la unidad e integración de América Latina al margen de la influencia de Estados Unidos y, en algunos casos, las posiciones antimperialistas van a destacarse en las definiciones de gobiernos y presidentes. El gobierno de Bolivia va a ser un actor importante en este proceso.
3. EN TORNO A LA DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS
Es imprescindible comprender los alcances implícitos de una posición geopolítica propia y de los proyectos de integración regional -MERCOSUR, CAN, ALBA, UNASUR, CELAC, Alianza del Pacífico- desde la política exterior boliviana, tomando en cuenta las gestiones oficiales, el protagonismo de los movimientos sociales, de las organizaciones no gubernamentales y otros actores, en base a las políticas, prácticas y discursos desarrollados.
Algunos trabajos abordan el estudio de las nuevas formas y actores de las relaciones internacionales. Díaz (2011) pone atención en la Diplomacia de los Pueblos (término utilizado por el presidente Evo Morales Ayma), como alternativa de relaciones exteriores desde el sur y camino de reinterpretación de la política exterior tradicionalmente manejada por las élites. A su vez, de manera más puntual, Querejazu (2015) aborda el tema de la indigeneidad en la política exterior boliviana y Quitral (2014) pone énfasis en la singularidad del discurso y las gestiones de las relaciones internacionales de Morales Ayma y del Ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.
Díaz (2011) abre la perspectiva de las nuevas formas de la diplomacia internacional, especialmente en el contexto de los procesos de integración en América Latina y el Caribe, destaca que «se comienza a ver las relaciones internacionales no solo desde la perspectiva del Estado como actor principal, sino con una pluralidad de actores ya existentes en la realidad» (p. 102), y, citando a Esteban Ticona, expresa que «la Diplomacia de los Pueblos intenta ir más allá de las relaciones entre los Estados, busca que las relaciones internacionales estén entrelazadas mediante sus representantes sociales y civiles, como las organizaciones sociales, los movimientos sociales progresistas, bajo otros principios de relación internacional, de integración, más horizontales entre los pueblos del mundo» (p. 105).
Según la autora, América Latina «ha estado en el centro del proceso de desarrollo de la modernidad, paradójicamente ha sufrido sus impactos por hallarse en la periferia o semiperiferia, es decir, que no ha tenido acceso a las herramientas principales de poder que operaron en este proceso de desarrollo de la modernidad» (p. 105).
Con estos presupuestos, anota que:
La Diplomacia de los Pueblos, entonces, la podemos definir como el relacionamiento y la conciliación de intereses entre sujetos diversos, donde la conducción de las relaciones no es exclusiva de centro de poder alguno, ni del Estado, sino que, por el contrario, le da preeminencia al intercambio social, cultural, político, económico y de múltiples ámbitos entre pueblos, comunidades, movimientos sociales y cualquier otra forma de organización o sujeto colectivo, donde prevalecen los intereses populares, en cuanto al intercambio, al relacionamiento, a la comunicación y a la unión de los involucrados. (p. 106)
Para el caso de los pueblos indígenas, se trata de la continuidad de relaciones ancestrales con otros pueblos y comunidades, muchas de las cuales han quedado separadas por fronteras coloniales o republicanas impuestas, y han recibido nacionalidades de parte de las formas políticas y administrativas que han adoptado los Estados de la región. En lo concreto, esto se materializa, primero, en términos de pensar el desarrollo, por estar la Diplomacia de los Pueblos estrechamente relacionada con el paradigma del Buen Vivir o sumak kawsay, que propone una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza como entorno del que forma parte. En segundo lugar, se expresa en la potenciación de un nuevo tipo de integración participativa, plural y de complementariedad, en el nivel de la región latinoamericana y en el de la integración Sur-Sur.
Estas reflexiones abren sugestivas perspectivas en un doble sentido: por un lado, el reconocimiento de la existencia de diferencias y desigualdades entre países del sur que, sin embargo, avanzan en la cooperación mutua; y por otra parte, la existencia de coincidencias entre los pueblos del sur-sur con los pueblos de los países del norte que desarrollan agendas comunes y coordinadas en una diplomacia alternativa. Díaz (2011) sostiene que un ejemplo de esto es la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, realizada en Cochabamba, Bolivia, en 2010, «como espacio de intercambio y discusión propiciado por Bolivia y su presidente Evo Morales para la elaboración de propuestas a nivel internacional por parte de actores sociales» (p. 108).
Esta diplomacia paralela es considerada como «audaz en la medida en que tocamos allí un dominio privativo del Estado de donde los actores privados son tradicionalmente apartados […] La diplomacia no gubernamental no es ni debe ser comprendida como diplomacia paralela, sino como un componente de una diplomacia participativa» (Díaz, 2011, p. 111).
Al tiempo de valorar las experiencias integracionistas de UNASUR, CELAC y ALBA, Díaz (2011) destaca que su cualidad más significativa es que agrupa a todos los países de América Latina y el Caribe sin la presencia de Estados Unidos y Canadá, y al mismo tiempo ha marcado la decadencia de la vieja institucionalidad regional encabezada por la OEA y liderada por el peso hegemónico de Estados Unidos y sus políticas hacia la región.
De todas formas, tanto UNASUR como CELAC se enfrentan desde su origen a la contradicción de integrar en su seno una diversidad de proyectos nacionales disímiles que, a su vez, son proyectos de integración con objetivos contrapuestos, algunos orientados hacia el mismo patrón de regionalismo abierto, libre comercio y alianzas con potencias, mientras otros apuntan hacia un tipo de integración basada en la complementariedad y la cooperación horizontal.
En cambio, el ALBA presenta aspectos diferentes: es resultado del proceso bolivariano y proyecta hacia América Latina los avances de las relaciones cubano-venezolanas, esboza un intercambio comercial cooperativo, plantea la posibilidad de introducir una desconexión entre el precio de los bienes transados y su cotización mercantil; se trata de un proyecto estratégico de unificación latinoamericana y caribeña. Bolivia se incorpora plenamente al proyecto ALBA y acoge el TCP; también lo hicieron Ecuador, Nicaragua y otros países del Caribe, y se profundizaron las relaciones entre Evo Morales, Hugo Chávez y Fidel Castro.
Son dos las características definitorias que distinguen al ALBA de otros proyectos de integración:
Se trata de una alianza político-estratégica y no de tipo meramente comercial y aduanera.
Al surgir como alternativa al ALCA, se reviste de un carácter antimperialista, abre debates en torno a los vínculos entre lo social y lo político, entre el sistema representativo y el participativo, entre la integración regional y la cooperación Sur-Sur y entre el potenciamiento o la subsidiaridad del Estado.
Desde una perspectiva más crítica, Querejazu (2015) asegura que, si bien se ha incluido la indigeneidad en la política exterior de Bolivia desde una actitud revisionista, usándola como un factor constitutivo de identidad, no solo en el plano internacional, sino también interno, la política exterior del gobierno lleva una tensión entre el revisionismo y el pragmatismo.
Incluir la indigeneidad en una política exterior es, sin duda, algo novedoso e interesante, se presenta como un interés nacional que busca reivindicaciones históricas, utilizado por el gobierno para legitimarse como líder en temas relacionados al medio ambiente para llegar a otros pueblos indígenas y grupos ambientalistas, y constituir una identidad con el objeto de construir nación. Según Querejazu (2015), «a partir de eso, un pilar fundamental de la política exterior está orientado a proponer alternativas al modo de vida occidental y al modelo económico neoliberal, usando un sistema ético de valores de los pueblos y sus cosmovisiones en lo que se conoce como suma qamaña, vivir bien o buen vivir» (p. 162).
Esta política ha despertado el interés de muchos grupos sociales, académicos y activistas, que ven en esta propuesta una oportunidad para que por fin sea un Estado el que lleve esa agenda a nivel internacional, lo que abre la posibilidad de cuestionar el orden internacional más allá de lo político ideológico y de la economía internacional e imaginar la geopolítica internacional de otra manera.
La llamada indigeneidad es llamativa, novedosa y al mismo tiempo compleja en el marco internacional, sin embargo, su utilización interna, política e ideológicamente es un factor de cohesión de la sociedad, aunque ha generado algunos conflictos más allá de las tradicionales divisiones sociales y culturales de las élites conservadoras, lo que provoca mayor identidad y compromiso de los sectores subalternos que apoyan el proyecto de Morales Ayma.
Luego de hacer referencia a la creación de instancias ministeriales para recuperar los saberes ancestrales, desarrollar la educación descolonizadora, defender la coca y el desarrollo integral como maneras de vincular el desarrollo económico con el rescate cultural, Querejazu (2015) señala que «todo esto muestra el carácter revisionista del gobierno de Evo Morales, con el ánimo de recuperar la memoria histórica del país y la estima de los pueblos indígenas. En el ámbito internacional, esta actitud revisionista ha consistido en replantear los compromisos y la posición del país, asumidos por gobiernos anteriores» (p. 166).
El desarrollo del discurso indígena se acompaña, por tanto, de un proceso interno y externo para fortalecer los criterios y la conciencia de la población acerca de la nación y la identidad, aunque bajo los perfiles de los grupos mayoritarios aymaras y quechuas, tomando en cuenta las interpretaciones que el gobierno tiene de lo indígena. Al mismo tiempo, la identidad indígena ha significado un campo de promoción y posicionamiento que ha favorecido a grupos que han promocionado conocimientos, idiomas y leyendas de lo indígena.
Evo Morales estableció cambios en la política exterior como la ruptura del patrón de las relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, la expulsión del embajador norteamericano en 2008, la política antidrogas, el rechazo a establecer bases militares y en una posición antineoliberal y antimperialista frente a los Estados Unidos que incluyen la expulsión de la Drug Enforcement Agency (DEA), el cierre de las dependencias de la USAID y la suspensión de preferencias arancelarias.
Todo lo anterior se une necesariamente a la política interior de recuperación de soberanía y dignidad internacional, nacionalización de los hidrocarburos y los recursos naturales, recuperación de las empresas estratégicas, industrialización y potenciamiento del mercado interno, reforma educativa, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas e integración territorial y regional, equilibrada a través de medios de comunicación, carreteras y programas de fronteras y macrorregiones.
Puede decirse entonces que la política exterior de Morales va en contra de los intereses de la élite política que había gobernado por décadas y había construido el tipo de relaciones que hoy se cuestionan; y se ha apostado a formar parte de la agenda de desarrollo del ALBA-TCP con importantes costos y desventajas para el incipiente sector productivo del país. El objetivo ha sido romper con el pasado y moverse sin una hoja de ruta clara atendiendo los asuntos domésticos y con una política exterior que es más pragmática que ideologizada. (Querejazu, 2015, p. 170)
Citando a David Choquehuanca (actual Secretario Ejecutivo de ALBA), Querejazu (2015) indica que, bajo la propuesta llamada suma qamaña o Vivir Bien, el gobierno se apropia de estas formas alternativas de pensar e inserta en su política exterior valores ancestrales indígenas alternativos al neoliberalismo, capitalismo e imperialismo; plantea otros principios de convivencia como llegar a acuerdos de consenso, respetar las diferencias, vivir en complementariedad, estar en equilibrio con la naturaleza, defender la identidad, respetar los derechos cósmicos, saber comer, beber, danzar, saber trabajar, comunicarse, respetar a la mujer y vivir bien y no mejor, entre otros.
Concluye que la política exterior de Bolivia es revisionista con un giro ideológico hacia la izquierda, basada en la ruptura con alianzas y relaciones que anteriores gobiernos habían privilegiado, alterando compromisos que significan colonialidad o atentan contra la soberanía. La política exterior es subversiva porque innova al utilizar la indigeneidad como interés nacional y cuestiona la cultura, civilización y modelo económico occidental, proponiendo la sabiduría ancestral de los pueblos para hacer frente a la crisis en la que la humanidad se encuentra.
Por otra parte, Quitral (2014) destaca que «desde el ascenso al poder del presidente Evo Morales -2006-, la política exterior boliviana sufrió un giro en su tradicional fórmula de internacionalización; si antes existía una suerte de sumisión, desde Evo la posición fue más bien de autodeterminación» (p. 2). Esto suscitó una gran atención internacional y situó al presidente en la esfera mundial y en una condición muy distinta que la de sus predecesores, con un reposicionamiento internacional para ubicar al líder del MAS como un referente en el concierto internacional, e instaló la idea de una Diplomacia de los Pueblos y dotó a su administración de una visibilidad global mayor que cualquier otro presidente de Bolivia. Destaca, además, que
desde sus inicios el MAS combinó elementos nacionalistas con el indigenismo. […] El nuevo Estado naciente enfatiza en cuestiones como la soberanía o el mercado interno, así como también la inclusión y la cohesión social. […] Se produce una tensión entre el Estado y los inversionistas extranjeros, como las grandes transnacionales brasileñas. (Quitral, 2014, p. 3)
Además, identifica que son dos los hechos que en la gestión de Evo Morales provocaron fricciones que tensionaron sus relaciones internacionales. Por un lado, la reivindicación del acceso al mar y, por otro, la nacionalización de los hidrocarburos (1.ro de mayo de 2006), la cual afectó a varias transnacionales petroleras como Total de Francia, Repsol de España, British Petroleum de Inglaterra, Pacific de Estados Unidos y Petrobras de Brasil. Asimismo, indica que «esta decisión causó extrañeza al presidente gobierno de Lula de Brasil y generó más resquemores por el lado de Petrobras, al punto de que José Sergio Gabrielli, entonces presidente de la transnacional, sostuvo que dicha empresa no tendría más inversiones en Bolivia» (Quitral, 2014, p. 5), en tanto que sectores de la prensa, la política y la empresa del Brasil se manifestaban por desarrollar acciones más enérgicas contra Bolivia.
Entretanto, Evo Morales y su Ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, mantuvieron una firme defensa de la medida para la recuperación de los recursos y excedentes económicos de la industria gasífera del país, lo que llevó a la realización de una cumbre en Iguazú de los presidentes Lula y Morales con presencia de Chávez y Kirchner para ratificar el Decreto de la Nacionalización «Héroes del Chaco».
En relación al tema de las relaciones con Chile se toma en cuenta que se desarrollaron contactos bilaterales a nivel presidencial: «Morales buscó un acercamiento hacia Chile a partir de la invitación al entonces presidente chileno, Ricardo Lagos, como señal de amistad para su par chileno… situación que posteriormente fue replicada con la invitación extendida al presidente Morales para el ascenso de la presidenta Bachelet» (Quitral, 2014, p. 6). Luego se elaboró una Agenda de trece puntos que incluía el diálogo sobre el derecho marítimo boliviano, sin embargo, este punto quedó estancado. Esta situación llevó a que el gobierno de Bolivia recurriera al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
A pesar de que esta estrategia puede ser considerada como una mala posición en el juego mundial y regional, lo cierto es que algunos analistas y políticos del país del norte han encontrado que Evo Morales ha vuelto a instalar en el concierto mundial a Bolivia. Así, el diario electrónico Xinhua de China sostiene que la política internacional del mandatario Evo Morales logró posicionar intensamente a Bolivia en el contexto mundial bajo la premisa de relaciones de respeto mutuo, en proporción a anteriores gobiernos que optaron por el sometimiento a potencias extranjeras a cambio de cooperación. (Quitral, 2014, p. 7)
Bolivia desarrolló relaciones muy amplias y fructíferas con China, Rusia, Irán, Turquía y otros importantes países de Europa; incluso, las relaciones personales entre Evo Morales y el Papa Francisco I fueron muy significativas.
La Diplomacia de los Pueblos como nueva propuesta fue planteada internacionalmente por Evo Morales, en el año 2005, durante la cumbre de Mar del Plata, antes de jurar como presidente de Bolivia. […] La idea se enmarcaba dentro de la necesidad de gestionar una revolución democrática que trataría de cambiar el Estado y la sociedad en todas las áreas en las que existiera un choque frontal entre los intereses de las mayorías y los intereses de las élites históricamente en el poder. (Vargas, 2013, p. 1)
Además, «así surgieron los debates académicos y políticos sobre los nuevos conceptos, como el “vivir bien” o el “buen vivir”, la lógica del Tratado de Comercio de los Pueblos o la “diplomacia de los pueblos”, que serían parte de los nuevos parámetros de la nueva administración pública, radicalmente diferente a la lógica que precedió a los citados gobiernos» (Vargas, 2013, p. 1).
En el contexto de realizar un análisis crítico y revisionista de los términos desarrollados por el campo de la diplomacia, Vargas (2013) señala:
El caso de la Diplomacia de los Pueblos fue trabajado en el ámbito gubernamental por algunos países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, aunque en Bolivia se mostró con más fuerza, como paradigma alternativo a la diplomacia clásica, y como una nueva forma de representar al gobierno y al estado, ante el resto del mundo […] junto a los movimientos sociales, movimientos de izquierda, movimientos progresistas, pueblos indígenas y otros grupos históricamente excluidos de las esferas de gobierno en la región. (p. 2)
Establece la importancia y la potencial utilidad de una «nueva categoría de análisis» dentro de la diplomacia, avanzando en la «construcción y conceptualización» de la diplomacia como práctica social en el «contexto» de los procesos de cambio en varios países de la región y sus correspondientes proyectos de integración, en particular de la situación boliviana pre y post Evo Morales.
Se entiende la diplomacia en el tiempo actual con mayor número de actores que el Estado y bajo otra dinámica, lo que implica repensarla como práctica social ampliada con un alcance mayor a la que realiza el Estado y su política exterior. Para eso, Vargas (2013) realiza un recuento histórico de las prácticas diplomáticas desde el siglo XV con la intensificación de las relaciones entre ciudades-estado en Europa, su evolución en los siguientes siglos, para determinar que «la primera diplomacia institucionalizada se basaba en el secreto, las negociaciones cerradas, con poca participación de otras reparticiones públicas y casi ninguna participación de la población» y como «tras la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones inició algunos cambios, abogando por una diplomacia más abierta de cara al público bajo una especie de “control democrático”» (p. 5).
Hoy la diplomacia ha trascendido todos los límites posibles, en los temas que aborda y los actores que legítimamente la desempeñan, con una agenda en la que todavía asuntos como territorio, seguridad y defensa siguen siendo centrales, aunque temas como el comercio, la sanidad, la cooperación, el medioambiente y otros son igual de relevantes.
En Bolivia, generalmente, se imponían las decisiones económicas, políticas y sociales de gobiernos extranjeros y órganos financieros mundiales, cuyas políticas eran muy bien acompañadas por específicas élites bolivianas.
La llegada de Evo Morales al poder representó una verdadera transformación para la sociedad boliviana. Estos cambios, implicaron, internamente, entre otras cosas, la transformación o creación de nuevas instituciones públicas, el ingreso de un mayor número de indígenas y otros actores desplazados en las instituciones públicas y cargos de decisión. Además, como era de esperar, también se modificó la política exterior boliviana y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por otra parte, Vargas (2013) considera que «no solo cambió un número importante del funcionariado diplomático o el organigrama institucional, también se potenció una nueva política exterior, cuyos pilares son: trabajar para obtener un acceso soberano al océano Pacífico, trabajar por los derechos de los pueblos indígenas, promover los derechos de la madre tierra y despenalizar el uso tradicional de la hoja de coca» (p. 11). En la misión de la política exterior, El Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad rectora de las relaciones internacionales del Estado Plurinacional, que desarrolla la gestión de la política exterior para la defensa de la soberanía e intereses, mediante la aplicación de la Diplomacia de los Pueblos por la vida, en beneficio de las y los bolivianos.
La Constitución Política del Estado Plurinacional (Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009) establece, en el Artículo 255, que las relaciones internacionales y los tratados responden a fines del Estado sobre la base de la soberanía y los intereses del pueblo boliviano, reconoce la independencia e igualdad entre Estados, el rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e imperialismo, así como la cooperación entre los Estados y los pueblos. En el Artículo 265 se determina que el Estado promoverá, sobre el principio de relaciones justas, equitativas y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás Estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana; además, señala que el Estado fortalecerá la integración de sus naciones y pueblos indígena originario campesinos con los pueblos indígenas del mundo. En el Artículo 267 se establece que la reivindicación marítima es un derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo, buscando la solución por medios pacíficos y reconociendo la soberanía sobre dicho territorio.
4. ESTRATEGIA GEOPOLÍTICA SOBERANA
Desde el horizonte boliviano se asumió una perspectiva crítica acerca del protagonismo internacional del país, el gobierno, de las instituciones y las organizaciones sociales en el marco de cambios internos y de relaciones externas del gobierno de Evo Morales, quien, desde el 2006, recibió el mandato y la representación de los movimientos sociales, en particular el movimiento indígena, campesino, sindical y vecinal, y dio un vuelco en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la diplomacia, la agenda exterior y las relaciones internacionales, con un contexto regional y mundial muy dinámico en las últimas décadas.
En ese sentido, Bolivia ha desarrollado iniciativas renovadas tanto en los foros, como las Naciones Unidas, las Cumbres Internacionales, el MNOAL, el G-77 más China como en los nuevos organismos de integración regional, para posicionar nuevos temas como los derechos indígenas, la madre naturaleza, universales a los servicios básicos y la ciudadanía universal, incorporando así la diplomacia de los pueblos con la participación de organizaciones sociales de diversa composición.
Bajo esa perspectiva, con la multiplicación de relaciones cada vez más complejas, se han abierto alternativas a las tradicionales norte-sur, con desarrollo subordinado u otras marcadas por la división internacional del trabajo, a través de las de cooperación entre países o regiones del sur o los procesos de integración regional. Los estudios y análisis al respecto permiten destacar los esfuerzos de cooperación Sur-Sur, así como también los intentos de reflexionar y proponer políticas vinculadas a otros proyectos de desarrollo frente al capitalismo occidental (Soares de Lima, Milani, Echart, 2016).
Avanzar en la profundización de esta perspectiva desde Bolivia implicó profundizar el estudio de las experiencias en América Latina y el Caribe sobre la implementación de políticas exteriores, cooperación Sur-Sur, proyectos de desarrollo, bloques regionales de integración, relaciones internacionales, y posiciones geopolíticas y estratégicas desde una perspectiva común a los países vecinos, tomando en cuenta las particularidades de las políticas externas de cada uno de los ellos.
Ante la dinámica internacional en los años que corren del siglo XXI, como se señaló anteriormente, se han tenido múltiples manifestaciones y contradicciones, y los países y las regiones del mundo han dado respuestas diversas. En el caso boliviano, de manera similar a otros países, desde el campo estatal y desde la sociedad se han desarrollado iniciativas, en unos casos, respuestas en otros, acerca de las perspectivas de integración regional, modelos de desarrollo, cooperación entre países del sur y orden mundial, en particular con políticas, discursos y acciones que marcan importantes decisiones y, muchas veces, posicionamientos discordantes a los hegemónicos.
Al tiempo de fortalecer institucionalmente la política exterior soberana, se han implementado acciones orientadas a desarrollar internamente la defensa e integración cívico-militar mediante la estrategia de implementar unas Fuerzas Armadas vinculadas a las tareas del desarrollo nacional sobre las políticas de defensa, la vocación pacífica de Bolivia, establecida en la Constitución Política del Estado, la legítima defensa, la prohibición de la instalación de bases militares extranjeras y la definición de siete áreas geoestratégicas.
Complementariamente, se ha desarrollado un trabajo estatal de llegada, atención e integración a las regiones geográficas más desatendidas en las periferias del territorio nacional, mediante la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) que ha desarrollado acciones de atención en salud, educación, servicios, seguridad e identidad inexistentes en el pasado.
La Revolución Democrática y Cultural se ha definido en torno a la hegemonía y dirección del movimiento popular de los trabajadores, campesinos, interculturales, indígenas y mujeres campesinas a través del MAS, bajo los principios de la lucha anticolonial y antimperialista. Para esto se ha creado la Escuela de Comando Antimperialista (ECA) en la formación de los oficiales y jefes de las Fuerzas Armadas, un proyecto singular en el país y en América Latina.
Estos principios han sido desarrollados con el fortalecimiento del Estado Nacional y su soberanía, la recuperación de los recursos naturales estratégicos, la industrialización y la constitución de un mercado interno, la integración territorial de todas las regiones del país, dotación de los servicios básicos a la población, redistribución de la riqueza y la participación movilizada de las organizaciones sociales y populares; todo esto complementado con la política exterior de conformación y desarrollo de la integración y unidad de los países y pueblos de América Latina y el Caribe, y rechazando la injerencia de Estados Unidos.
Para Bolivia y los otros países de América Latina y el Caribe, las relaciones internacionales en el marco del desarrollo del capitalismo han estado signadas por la relación colonial originaria, la división internacional del trabajo y modernidad eurocéntrica (Lander, 1993), que han marcado los rasgos internos de las sociedades y los Estados, así como las relaciones internacionales desiguales, dependientes y marcadas por el deterioro continuo de los términos de intercambio comercial, financiero y económico (Rodríguez, 1993), así como también de los términos de intercambio político, social y cultural, dejando como resultado la reafirmación de las relaciones de subordinación entre los centros metropolitanos, las semiperiferias y las periferias. Estas últimas han conseguido mayores grados de libertad y acción durante los últimos años en el contexto de la crisis en las potencias capitalistas tradicionales.
En ese marco, se incorpora en la agenda internacional el debate entre proteccionismo y librecambio como opciones contrapuestas para los países de las periferias, tomando en cuenta el fracaso de las políticas neoliberales que generaron situaciones límites en las condiciones de la población, poniendo en cuestión, incluso, la validez de la universalidad de la modernidad occidental, abriendo así perspectiva a visiones de los pueblos originarios que plantean conocimientos capaces de armonizar sociedad humana, naturaleza y universo frente a las crisis ambientales, climáticas y geográficas.
La historia marca tendencias generales, con momentos o procesos de respuestas alternativas o diferentes a los ciclos generales. Las relaciones Norte-Sur, signadas por la denominada cooperación internacional para el desarrollo, han sido las formas dominantes y hegemónicas, más aún desde el final de la Segunda Guerra Mundial bajo las instituciones de la ONU que, más allá de sus principios, se ha convertido en el soporte de los intereses de las grandes potencias mundiales bipolares (EE. UU. y URSS), unipolares (EE. UU.) o multipolares (EE. UU., Rusia, Inglaterra, Francia, China, India, Alemania y Japón).
Las relaciones Norte-Sur han sido y son parte de las formas de reproducción de la dependencia económica y financiera, la dominación política y las distintas formas de la colonialidad cultural, mental, educativa e ideológica; más allá de las manifestaciones de ayuda y responsabilidad compartidas entre los países con distinto nivel de desarrollo. La formación y permanencia de las relaciones centro-periferia (Rodríguez, 1993), de las relaciones estructurales e históricas de la dependencia (Dos Santos, 2003), de la estructura del atraso de América Latina (García, 2006) y de su desintegración, fragmentación e ignorancia mutua entre países, inducidas desde las metrópolis, han sido parte de este proceso histórico altamente consolidado.
Las primeras manifestaciones de reflexiones alternativas a las dominantes y de acercamiento entre países de la región, en el período post Segunda Guerra Mundial, se manifestaron con la CEPAL, creada en 1948; los intentos de coordinación en la Argentina de Juan Domingo Perón, en Brasil de Getulio Vargas y en Chile de Carlos Ibáñez del Campo, a inicios de los años 50, o la formación de la ALALC en 1960. Posteriormente, se desarrollaron otros esfuerzos de integración comercial, económica o política, con resultados limitados.
La tendencia de signo distinto a las hegemónicas relaciones y cooperación Sur-Sur se ha manifestado sostenidamente en los últimos años con el impulso y constitución de proyectos integracionistas, y las relaciones bilaterales entre países de la región y con países de otras regiones del Tercer Mundo.
En el caso boliviano se ha presentado un alto protagonismo en la formación del ALBA, la UNASUR y la CELAC, por una parte, y en las relaciones bilaterales con Chile, Cuba, Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, y demás, por otra, con un componente especial: además de la fuerte presencia gubernamental, la participación activa de organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales y de entidades privadas.
Por otra parte, siguiendo las reflexiones de los teóricos del desarrollo de la CEPAL y de la dependencia, se han incorporado nuevas investigaciones y aportes teóricos como los de los Círculos del Poder Mundial o de la Desconexión (Amin, 1988; Amin, 1989) o los de centro, semiperiferia y periferia (Wallerstein, 2006), desarrollando críticas al orden mundial dominado por el capitalismo eurocéntrico, fundado en las desiguales relaciones políticas y económicas internacionales.
Los aportes desde América Latina y Bolivia plantean abrir una perspectiva propia, endógena, para leer e interpretar los procesos y tendencias que está viviendo la humanidad y, a partir de eso, desarrollar nuevas concepciones más equilibradas social y ambientalmente. Corresponde incorporar la variable de la dinámica política en los procesos nacionales y regionales, tan dinámica en los tiempos actuales, para establecer hasta dónde han avanzado los esfuerzos prácticos internacionales de desarrollar una estrategia de cooperación Sur-Sur e integración autónoma en los años recientes, y si se han alterado las dominantes relaciones de cooperación Norte-Sur, particularmente desde la perspectiva regional. En ese sentido también se deben considerar las conexiones entre procesos externos e internos de cada uno de los países de América Latina y el Caribe, así como los vínculos de presión e influencia de Estados Unidos.
Tomando en cuenta lo señalado es importante establecer la importancia que han tenido las estrategias elaboradas en relación con las agendas de política exterior, el posicionamiento internacional, la geopolítica y las correlaciones de fuerza internacionales, las tendencias del comercio mundial y regional, así como cuáles son los actores y protagonistas sociales, oficiales y políticos con los que se establece Bolivia.
Ahí se inscriben también las modificaciones, cambios y variantes en los discursos, políticas y prácticas de los gobiernos en el contexto de la llamada Diplomacia de los Pueblos, del Foro de Sao Paulo de partidos políticos, el Foro Social Mundial, las Cumbres Alternativas y otras manifestaciones que, en la actual coyuntura de la política mundial, han tenido alteraciones importantes tomando en cuenta las nuevas correlaciones de fuerzas internas e internacionales, el reacomodo de las potencias y, en algunos casos, de los bloques regionales o subregionales. En este período Bolivia ha sido anfitrión de varias Cumbres Mundiales Alternativas con resultados muy positivos.
Las evoluciones recientes permiten advertir que se han modificado los discursos, las políticas y las prácticas de las relaciones exteriores abriendo, ampliando, cambiando o alterando las perspectivas de cooperación Sur-Sur, a través de los organismos de integración (MERCOSUR, CAN, ALBA, UNASUR, CELAC, Alianza del Pacífico) o de las relaciones bilaterales de Bolivia. Los procesos de integración latinoamericana y caribeña del siglo XXI, a pesar de su retroceso en estos últimos años, abren posibilidades de asumir un rol más activo y determinante en el concierto internacional, el cual ha generado un abanico de perspectivas con la participación de un número cada vez mayor de actores en los poderes del sistema internacional.
Es así que el gobierno boliviano desarrolló una política internacional integral entre las transformaciones internas y las vinculadas a los diferentes escenarios externos y, en estos últimos, en los escenarios bilaterales, regionales, multilaterales y mundiales. De acuerdo al esquema de las potencialidades de presencia e influencia exterior de un país es posible establecer algunas características del esfuerzo boliviano durante los últimos años.
El factor geográfico ubica a Bolivia en el centro de América del Sur, como parte de los sistemas andino, amazónico y platense, con potencialidades de ser articulador de relaciones económicas y comerciales de amplio alcance (transporte con el corredor bioceánico, energía con la producción y distribución hidroeléctrica y de hidrocarburos, litio como recursos estratégico de alta importancia mundial o migraciones y asentamientos humanos), con fronteras y regiones geográficas compartidas con Argentina, Brasil, Perú, Paraguay y Chile.
Los recursos naturales y las materias primas requeridos por la economía internacional han caracterizado al territorio boliviano. No solamente por la explotación de la plata en el período colonial, o el estaño, caucho, guano y el salitre o el gas, posteriormente, sino por las importantes reservas de biodiversidad, gas y petróleo, minerales y tierras raras existentes y por tierras aptas para la agricultura y la ganadería susceptibles de conseguir la autosuficiencia en alimentos. Las reservas de biodiversidad, agua dulce, forestales y otros recursos en las distintas regiones del país tienen una alta importancia como parte de las posibilidades de una complementación regional latinoamericana.
Las mejoras conseguidas en los ámbitos sociales de la salud, educación, vivienda o los servicios básicos, la reducción de la pobreza y la extrema pobreza, y la inclusión política, cultural y económica de poblaciones marginadas, dominadas y excluidas, se convierte en un aporte de potencialidad para emprendimientos de transformaciones económicas sostenidas, particularmente en los procesos de industrialización, fortaleciendo el mercado interno. La integración interna, sobre todo la relacionada a la infraestructura de caminos y carreteras hacia las poblaciones y lugares más extremos del país junto a la revolución de las telecomunicaciones, son aspectos clave de la cohesión nacional.
La recuperación de la autoestima, el orgullo y la identidad de las poblaciones mayoritarias de indígenas, campesinos y de sectores urbanos de las periferias, junto a su activa participación en las decisiones, movilizaciones, acciones políticas y culturales representa una fuerza social de mucha importancia que alcanzó momentos fundacionales con la rebelión de octubre de 2003, la nacionalización de los hidrocarburos, la reivindicación marítima y la lucha contra la federalización y el separatismo, creando al mismo tiempo un espíritu latinoamericanista de solidaridad y apoyo a otros procesos similares al boliviano.
La diplomacia de los pueblos y las iniciativas de la política internacional, integral y diversa al mismo tiempo han tenido en el liderazgo y conducción de Evo Morales un aspecto medular puesto que la articulación de fuerzas sociales, la unidad nacional y de los sectores sociales y culturales y de las regiones han sido óptimos.
CONSIDERACIONES FINALES
En los últimos catorce años, Bolivia ha conseguido posicionarse con perspectiva propia e iniciativas que repercuten internacionalmente, al asumir una defensa intransigente de su soberanía y tener una política internacional antimperialista de enfrentamiento discursivo para impulsar y participar activamente en los procesos de unidad e integración de los países de América Latina y el Caribe. La nueva Constitución Política del Estado, aprobada en 2009, establece esta perspectiva de manera explícita y radical.
En el contexto de un sistema internacional dinámico y de transformaciones rápidas con la implementación de la multipolaridad y diversidad de actores internacionales, como las potencias, las regiones en procesos de integración y las nuevas potencias emergentes, junto a nuevas iniciativas estratégicas y geopolíticas, la Diplomacia de los Pueblos ha sido una iniciativa novedosa que, sin embargo, aún no ha conseguido establecer una institucionalidad plena.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha sido, junto a los foros mundiales como el G-77 + China y el Movimiento de los Países No Alineados, un espacio propicio para asegurar que los discursos relacionados a los derechos de la madre tierra y los pueblos indígenas tengan repercusión y se conviertan en políticas mundiales a partir de su aprobación como resoluciones y documentos oficiales de la ONU.
Asimismo, la Diplomacia de los Pueblos, como complemento de la diplomacia de Estados ha tenido un impacto importante tomando en cuenta la presencia de actores sociales, como sindicatos, organizaciones campesinas, de mujeres, jóvenes, movimientos sociales u otros que de manera autónoma o en la realización de cumbres paralelas a las de los Presidentes y Jefes de Estado o de ministros, han abierto nuevas tribunas y manifestaciones para debatir, influir o marcar la agenda de la política internacional y las decisiones oficiales de los organismos internacionales. Esta iniciativa ha generado una mayor democratización de las actividades diplomáticas que otrora estaban reservadas para las instancias exclusivas de las elites de las relaciones internacionales.
El aspecto más novedoso e importante de América Latina y el Caribe en el ámbito del sistema internacional -con Bolivia en la primera línea-, marcado por las transformaciones del (des)orden mundial, el movimiento de intereses geopolíticos, geoeconómicos y el reordenamiento de las relaciones entre países y regiones, ha sido el de la formación de proyectos de integración con una activa participación política, como han sido los casos de ALBA, UNASUR y CELAC. Estos proyectos han estado signados por la exclusión de Estados Unidos y Canadá, buscando una relación más horizontal entre los países y bajo los principios de las relaciones Sur-Sur.
El discurso del ALBA ha sido más radical, bolivariano y antimperialista con el influjo de los presidentes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Bolivia, al inicio del gobierno de Evo Morales, ha recibido el respaldo de los otros miembros del ALBA, particularmente en los temas de educación, salud, atención de desastres naturales, nacionalización de los hidrocarburos y otros.
Respecto a UNASUR, la alternativa integracionista ha resultado muy importante, tomando en cuenta los antecedentes subregionales existentes con la CAN y MERCOSUR y porque en ella participan dos de los países con mayor influencia y peso económico y político como son Brasil y Argentina, junto a Colombia, Venezuela y Chile. Se han desarrollado importantes iniciativas financieras, económicas, militares, migratorias, entre otras, para impulsar la integración; sin embargo, en los últimos años, con los cambios políticos especialmente en Argentina (2015) y Brasil (2016), las iniciativas y la energía de la UNASUR se han destruido.
La CELAC, a su vez, se ha caracterizado por ser una instancia de coordinación especialmente política, atendiendo a la diversidad de países que forman parte de ella, bajo los principios de la aceptación voluntaria de las determinaciones que se adopten, marcando una alta flexibilidad en su funcionamiento y priorizando los temas de las relaciones desiguales y asimétricas con Estados Unidos, potencia con una influencia determinante sobre la región.
A nivel más global se advierte que las tendencias históricas se caracterizan por una fuerte inestabilidad y movilidad internacional, con la emergencia de nuevas potencias y regiones que buscan tener un mayor protagonismo e influencia en el panorama general, más aún con la pérdida de la hegemonía plena por parte de Estados Unidos, así como con las crisis que se mantienen en los países de la Unión Europea. En este marco, las políticas de Washington se orientan, en el caso de América Latina y el Caribe, a una mayor presencia política y militar en la región, frente a la poderosa presencia comercial y económica de China y Rusia.
Las posiciones relativamente concertadas de los países de la región en los pasados años, con UNASUR y CELAC, han comenzado a diferenciarse precisamente por las nuevas iniciativas de Estados Unidos, a pesar de los vaivenes y agresiones discursivas de su flamante presidente. Esto se ve complementado por las divergencias políticas y económicas que han surgido en torno a la posibilidad de una actuación común de los países de la región, como se advirtió en la OEA.
En relación a Bolivia, sus iniciativas internacionales mantienen las orientaciones de la Constitución Política del Estado, con la participación de organizaciones sociales, en distintos eventos internacionales y el posicionamiento integracionista, nacionalista y antimperialista en las tribunas de organismos internacionales.
