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INTRODUCCIÓN
Bolivia se encuentra en un escenario geopolítico en plena transformación. En los últimos años, el ascenso de China y Rusia disputa la hegemonía a los Estados Unidos y la Unión Europea; esto debilita o arroja incertidumbre sobre el orden mundial construido a partir de la implosión de la Unión Soviética (mal) bautizado como el «fin de la historia». Esta disputa también está presente en América Latina y el Caribe, territorio considerado como parte de la esfera de influencia estadounidense y aliado «natural» de las «potencias occidentales». Las tensiones entre los Estados Unidos y China, materializadas en la guerra económica, parecen conducir cada vez más a acuerdos y tratados bilaterales, por encima o en reemplazo de soluciones multilaterales (Frenkel y Comini, 2017). A su vez, la llegada de gobiernos de derecha a países vecinos -en otro momento aliados política e ideológicamente al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS)-, junto con la guerra librada contra Venezuela, condujeron al debilitamiento de los proyectos de integración regional. Se asiste así a una suerte de atomización de las relaciones internacionales. El realismo político reaparece triunfante en los relatos, frente a un caótico concierto internacional donde se tensionan y entremezclan intereses de Estados, gobiernos y empresas transnacionales ávidas de garantizar su acceso a recursos estratégicos, materias primas y mercados.
Esta metamorfosis del escenario geopolítico obliga a los Estados Unidos a modificar su política interna y externa y llega al punto de revisar la definición de guerra -algo similar a lo sucedido después del 9/11-. Así, desde los principales think tanks se propone ahora recuperar la noción de guerra política como eje ordenador de las relaciones exteriores estadounidenses (de Occidente). Este concepto, acuñado hacia fines de los años 40 y en pleno auge de la Guerra Fría, define a un tipo de guerra que requiere del uso de una o varias herramientas de poder (diplomático-político, comunicacional/cibernético, militar/de inteligencia y económico) para influenciar o afectar de alguna manera la toma de decisión de un Estado (Rand Corporation, 2019).
En este contexto, Bolivia es un territorio estratégico: cuenta con 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural y 240,9 millones de barriles de petróleo y líquidos condensados, volúmenes que fueron cuantificados y certificados por la empresa canadiense Sproule International Limited (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos [YPFB], 2017), y garantiza que el país podrá mantener los actuales volúmenes de producción y exportación de gas durante los próximos catorce años, al ritmo de explotación actual. Las reservas probadas, probables y posibles de gas sumarían aproximadamente 14,7 TCF. El gobierno del MAS mantuvo la autodeterminación y soberanía sobre estos recursos, como pilar para lograr un crecimiento con desarrollo (lo que implica apostar por procesos de industrialización capaces de agregar valor y desafiar en alguna medida el patrón primario exportador). Para ello, intenta diversificar sus relaciones exteriores, negociar con diferentes países para diversos rubros de la economía y la seguridad (lo relativo a hidrocarburos y minerales es clave).
Sin embargo, en el ámbito de la nueva guerra política, con un fuerte componente de guerra psicológica librada a través de los medios y redes sociales, la geopolítica boliviana y el rumbo de sus relaciones exteriores no solo se medirán por los alcances y limitaciones reales, sino que los balances son y serán condicionados por un consenso sobre lo que ocurre en Bolivia, manufacturado y distribuido por voces expertas, notas y opiniones en medios de comunicación hegemónicos y en redes sociales.
En este plano, la geopolítica no es solo disputa de poder territorial y de recursos, que implica guerras y tensiones diplomáticas, entre otros, como acertadamente indica la tradición geopolítica clásica (centrada en la territorialidad, las fronteras, el determinismo geográfico, y demás) y que podríamos asociar a una geopolítica dura planteada desde la perspectiva militar (los aportes de McKinder, Spykman y Mahan, entre otros). La geopolítica es hoy, más que nunca, también una disputa por la definición de lo real (Zizek, 1997), en espacios y escenarios que pueden ser redefinidos, cuestionados o modificados por «noticias falsas», opiniones viralizadas en medios de comunicación y redes sociales, en un auge de la denominada posverdad (Harsin, 2015; Laketa, 2019). Lo real no se condice necesariamente con hechos concretos, sino que es parte de una disputa por definir agenda e influenciar en la opinión pública local e internacional sobre los discursos y las percepciones que se construyen en torno a determinados actores y procesos: una guerra por los corazones y las mentes que podríamos asociar a una geopolítica blanda.
Esta geopolítica se materializa en discursos ordenadores, leyes, percepciones, construcción del enemigo y las amenazas, en decisiones que justifican y tienden a reproducir las ideas y prácticas de geografía, espacio y orden mundial dominante. Forma parte de una cultura de política exterior imperialista, en ocasiones más visibles que en otras, pero siempre presente. (O’Tuathail y Agnew, 1992; Said, 2004; Appleman, 2007; Dalby, 2008). La persistencia del imperialismo y la existencia de diferentes tipos de guerra de modo permanente son posibles en virtud de una cultura que justifica la expansión de un orden económico, político y social entendido como bueno (o menos malo), deseable, legal, y demás (Said, 1996; Chomsky y Herman, 2000; Mattelart, 2002). Este orden imperialista, violento y desigual encuentra razón de ser, justificación y empuje en la reproducción de la ideología hegemónica, entendida no necesaria o únicamente como posicionamiento político explícito, sino como visión del mundo concebida como sentido común y que se adquiere en el proceso de socialización (Zizek, 2003).
La definición de las agendas y el seguimiento de determinados temas -y el olvido de otros-, los posicionamientos y opiniones instaladas como verdaderas/reales, pero que son infundadas o se basan en datos erróneos -la llamada posverdad- son parte esencial de la geopolítica actual, pero más aún, son tributarias con pocas excepciones, de un pensamiento y un hacer geopolítico propio de la Guerra Fría (plagado de operativos encubiertos y operaciones psicológicas que entre otras estrategias, recurrían asiduamente a las noticias falsas). Por ello, no sorprende la recomendación de la Corporación Rand, de recuperar el concepto de guerra política acuñado en ese contexto (Chomsky y Herman, 1979; Chomsky y Herman, 2000; Romano, 2016).
En el caso de la gestión del MAS en Bolivia, el aparato mediático y de opiniones expertas, como actores privilegiados de la cultura hegemónica, en virtud del enemigo construido -el antimperialismo, el nacionalismo, el comunismo, entre otros- tienden a ocultar la geopolítica dura (los intereses en juego y las guerras, la violencia, en torno al acceso a los recursos) tras relatos que prefieren situarse en aspectos de la geopolítica blanda. Los análisis y opiniones suelen centrarse en indicadores y mediciones que evalúan la presencia o respeto a los valores liberales (que ellos, los expertos y los medios hegemónicos estarían resguardando) (Chomsky y Herman, 2000). En esta aproximación dejan deliberadamente al margen, o como mero dato, los avances realizados por la gestión de Evo Morales en términos económicos y de inclusión social y política que resultaron de la intervención del Estado en la economía -única práctica que amenaza con seriedad el avance del neoliberalismo- (Zizek, 2011).
En un primer apartado, el artículo aborda una aproximación crítica a la guerra política, su origen e incidencia en América Latina, y toma especialmente el caso de Bolivia. A continuación, se refiere brevemente a la historia de Bolivia desde la posguerra, atravesada por la presencia económica y militar de los intereses público-privados estadounidenses, hasta la década de los años 90, momento en el que el legado neoliberal adquiere su máxima expresión. Luego, a modo de contraste, se presentan datos cuantitativos oficiales y de fuentes secundarias, sobre recursos hidrocarburíferos y minerales que dan cuenta de los avances a partir de la nacionalización del sector con la llegada del MAS al gobierno.
En el apartado siguiente se muestra cómo opera la guerra política -especialmente su dimensión psicológica- en el plano geopolítico a partir de un análisis documental. Partiendo de la importancia estratégica de los hidrocarburos y materiales como el litio, se expone una serie de fragmentos de informes de think tanks estadounidenses y de documentos filtrados por WikiLeaks. Estos documentos tienden a ilustrar la geopolítica dura, implicada en la disputa por los recursos: desde una postura político ideológica explícita, asumen la importancia de tales recursos y la necesidad de garantizar el acceso a los mismos.
Se articularán estos extractos con fragmentos de notas de prensa y opiniones «expertas» reproducidas en los medios de comunicación. Se dará cuenta, por un lado, del modo en que los relatos intentan ocultar o edulcorar el componente violento y de guerra, implicado en la disputa por los recursos; en cambio, prefieren desplazar la discusión al campo de los valores liberales en juego (que son vulnerados, cuando un Estado Nación no se ajusta a las normas del neoliberalismo). Se retoman ejemplos de la denominada geopolítica blanda. Por otro lado, estos compendios muestran cómo opera la articulación entre geopolítica, política e ideología hegemónica, en un enfoque más profundo, de reproducción de un sentido común, una visión de mundo que se presenta como natural y que obtura o evita cualquier otro tipo de horizonte comunitario viable y alternativo (García, 2015).
1. LA GUERRA POLÍTICA Y BOLIVIA
Según uno los principales think tanks estadounidenses, la guerra política consiste en la utilización, a nivel internacional de una o varias herramientas de poder (diplomático-político, comunicacional/cibernético, militar/de inteligencia y económico) para influenciar o afectar de alguna manera la toma de decisión de un Estado. La diferencia entre la nueva guerra política y la guerra política de la Guerra Fría radica especialmente en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo como nunca antes la guerra cibernética para la persuasión (guerra psicológica) (Rand Corporation, 2019).
A esto se agrega que, en la coyuntura actual, no se trata solo de la amenaza terrorista y los diferentes actores implicados, sino que el peligro vuelve a colocarse en otros Estados, como China y Rusia. Sin embargo, frente a una realidad en la que un enfrentamiento directo entre potencias implicaría costos altísimos, incluida la destrucción mutua (Gompert, Cevallos y Garafola, 2016), la guerra política aparece como la alternativa más viable. Se advierte entonces que los Estados Unidos deben prepararse para diferentes variantes de guerra no convencional contra Estados como Rusia, China, Irán y Corea del Norte; para ello, el Center for Strategic and International Studies (CSIS) recomienda implementar operaciones cibernéticas más agresivas, ataques electrónicos y mejorar la capacidad de las unidades de guerra psicológica (Jones, 2018).
Uno de los organismos que realiza informes para el Congreso estadounidense recoge estas sugerencias sobre reactivar la guerra política. Se advierte que Estados como Rusia o China están atacando los valores liberales, amenazando el corazón del orden de posguerra organizado y promovido por los Estados Unidos. Por eso, recomiendan que la política exterior de los Estados Unidos se centre en aspectos no militares, incluidas herramientas económicas y el desarrollo exponencial de tecnologías de la información (Congressional Research Service, 2019).
El concepto de guerra política se difunde a inicios de la Guerra Fría, cuando el Policy Planning Staff, dirigido por George Kennan la definía como
la aplicación lógica de la doctrina de Clausewitz en tiempos de paz. En su definición más amplia, la guerra política es el uso de todos los medios a disposición, menos la guerra, para alcanzar los objetivos nacionales. Incluye acciones abiertas y encubiertas. Desde acciones abiertas como alianzas políticas, medidas económicas, y propaganda, hasta acciones encubiertas y apoyo clandestino a socios o amigos en otros países, guerra psicológica e incluso el apoyo e incentivo de resistencia de base en países enemigos. (Office of the Historian, 1948)
En efecto, la guerra política, al propiciar la «guerra por otros medios», conectaba directamente con la guerra psicológica. Ambas formas de guerra incluían operativos encubiertos y consideraban necesario, aunque no indispensable el apoyo de fuerza armada en alguna de las etapas del operativo (tal como lo repiten los manuales de Guerra Psicológica del siglo xxi) (US Department of the Army, 1990; Romano, 2017).
Lo fundamental de la guerra política y la guerra psicológica, en aquel momento, es que por definición promueven la utilización de herramientas de poder blando, con una visión geopolítica centrada en una articulación entre la contención por la vía armada y la conquista de los corazones y las mentes. La ganancia de los Estados Unidos es expandir sus valores, su cultura, frente al modo de vida comunista, como decir cualquier modo de vida o proyecto diferente al hegemónico. Esa lucha por la hegemonía implica la utilización directa o indirecta de mecanismos políticos, diplomáticos, culturales y militares orientados de modo deliberado o no, a reproducir el «modo occidental» de percibir, pensar y hablar sobre el mundo (O’Tuathail y Agnew, 1992; Said, 1996; Chomsky y Herman, 2000; Mattelart, 2002; Romano, 2016).
En efecto, desde la perspectiva hegemónica se afirma que la geopolítica en sí misma implica poder duro en la lucha por el control del espacio geográfico, centrada principalmente en aspectos políticos y económicos, elementos clave de la perspectiva realista. Sin embargo, se advierte que el poder es también poder de persuadir, poder para lograr los mejores aliados y la capacidad de incorporar un componente idealista (como una serie de valores liberales), ingrediente fundamental en la era de los medios de comunicación y redes sociales, porque eso es lo que le dará credibilidad en el espacio público (Kaplan, 2013). Sin dudas esto es lo que, en otras palabras, Nye (2004) habría bautizado como soft power, solo que el contexto de producción de ese concepto (la era de la hegemonía estadounidense post Guerra Fría) es ahora diferente, con un escenario cada vez más multipolar. Lo que otorga credibilidad a las opiniones y decisiones políticas -incluida la política exterior- en el espacio público, es todo aquello vinculado a la ideología hegemónica neoliberal.
El caso de Bolivia es interesante porque sus avances en materia económica son incontrastables (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2017), pero aun así, al ser un gobierno que confronta con las políticas neoliberales, debe ser catalogado como negativo, en materia política y geopolítica. En el plano político, se recurre a caracterizaciones de la democracia boliviana como autoritaria e incluso se define al gobierno del MAS como dictadura, populismo de izquierda, régimen autoritario competitivo, y demás (Way y Levitsky, 2002; Looney, 2013; Weyland, 2013; Vargas Llosa, 2016;).
En un plano también político, pero que tiene como trasfondo aspectos estrictamente geopolíticos, persiste una crítica al patrón económico que estaría detrás del éxito de los últimos años: el neoextractivismo como contradicción entre el desarrollo -entendido por la gestión del MAS y los sectores que apoyan esta gestión incluidas las comunidades- y el modo de vida de comunidades indígenas, no afines al proyecto del MAS, que se verían afectadas por la extracción de hidrocarburos, minerales, entre otros (Gudynas, 2009; Svampa, 2009).
En general, ambos relatos -la no democracia en Bolivia y el neoextractivismo- tienden a centrarse, en un plano superficial, en las limitaciones y lo no logrado (¡en solo 13 años!). En un plano más profundo, las críticas a las falencias o debilidades de la democracia boliviana, se hacen desde el liberalismo, por no cumplir con las normas de calidad de las democracias, tal cual son definidas por los países centrales o los Organismos Internacionales. Desde la izquierda, las críticas con mayor protagonismo provienen del enfoque neoextractivista (y del ámbito académico), que tejen su discurso retomando parte de la tradición crítica latinoamericana. Sin embargo, se trata de una crítica que olvida las asimetrías centro-periferia a la vez que evade el planteo de alternativas realmente posibles para detener el avance del capital transnacional y contribuyendo a percepciones y prácticas antipolíticas (Borón, 2012; Romano y Díaz Parra, 2018; Romano, 2018a). Deliberadamente o no, alimentan una ideología hegemónica, que recicla y se apropia de perspectivas que aparentemente son antisistémicas, pero que, al no presentar alternativas ni amenazas contundentes al sistema, sirven para obturar las posibilidades de cambio real, sosteniendo así el orden vigente (Borón, 2001; Borón, 2008; Zizek, 2011; Romano y Díaz Parra, 2018).
De cualquier modo, el enfoque con mayor calado en la opinión pública sigue siendo el enfoque liberal (pues la crítica al neoextractivismo suele quedarse en el ámbito académico), que cuenta con una red de poder local y transnacional que retoma y transforma a su medida las nociones de democracia, economía sana, gobernabilidad, entre otras; red conformada por instituciones locales, regionales y transnacionales, sobre las cuales descansa el sistema neoliberal (Hamm, 2014; Romano, 2018b).
2. LOS RECURSOS: BOLIVIA Y LOS ESTADOS UNIDOS (O LOS ESTADOS UNIDOS EN BOLIVIA)
El caso de Bolivia es clave, pues desafió tempranamente la definición de democracia y libertad planteada por el establishment estadounidense de posguerra, contrastando con las nociones de soberanía y autodeterminación económica y política. Estas tensiones persisten hasta la actualidad y solo fueron resueltas o amenizadas cuando ocuparon el gobierno sectores que decidieron no enfrentarse (o subsumirse deliberadamente) a los lineamientos políticos y económicos postulados desde Washington, a partir de la cooptación de la Revolución de 1952 en adelante (Tellería y González, 2015; Field, 2016).
A partir de los años 80, en el marco del ajuste estructural a nivel regional y el avance del neoliberalismo a nivel mundial, los intereses del gobierno y el sector privado estadounidense tuvieron un rol protagónico en la modernización del Estado en Bolivia. Se naturalizó la presencia directa e indirecta de organismos públicos y privados de los Estados Unidos en la reorganización, cierre, apertura de instituciones estatales y privadas para hacer operativa y legitimar la reconversión económica y política de la sociedad hacia una matriz de mercado (Tellería y González, 2015). Este proceso se caracterizó por procesos de privatización y la descapitalización del Estado, al igual que en otros países de América Latina (Borón, 2008; Saxe Fernández et al., 2001).
«El disparador de la Guerra del Gas» fue, en 2002, el anuncio de un proyecto de exportación de gas a los Estados Unidos en condiciones totalmente desfavorables para Bolivia. A cargo del consorcio Pacific LNG, conformado por British Gas (BG), Repsol YPFB Bolivia y Pan American Energy, contemplaba la exportación diaria de 36 millones de metros cúbicos de gas a los Estados Unidos durante veinte años (un total de 6, 26 trillones de pies cúbicos), con una inversión prevista de 5 a 7 mil millones de dólares durante un quinquenio. El consorcio tendría el control total del proceso: el transporte se daría de los campos de Tarija hasta el puerto chileno de Patillos, donde se instalaría una planta para licuar el gas. El gas sería transportado hasta un puerto estadounidense para luego ser transportado por la distribuidora Sempra/Enron hasta California. Con epicentro en la ciudad de El Alto, las movilizaciones populares provocaron la interrupción del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y dieron como resultado la «agenda de octubre» que, entre sus demandas incluía la nacionalización de los hidrocarburos y el llamado a una agenda nacional constituyente (Zelaya et al., 2013).
3. EL CAMBIO DE ÉPOCA: RECURSOS DE Y PARA BOLIVIA
La reacción popular contra las reformas liberalizadoras -en particular contra la entrega del agua a empresas trasnacionales, el saqueo de los hidrocarburos y minerales-, sumada a la represión al movimiento cocalero y la militarización en el Trópico de Cochabamba en el marco de la guerra contra las drogas, culminó con la elección del MAS y Evo Morales para la Presidencia de Bolivia en 2005. Este gobierno se comprometió con una agenda orientada a la soberanía nacional, especialmente con lo relativo a los recursos naturales, y siguió lo pautado por la Asamblea Constituyente que dio lugar a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) en 2009 (Asamblea Constituyente del Estado, 2009).
En lo relativo a los recursos naturales, la CPE determina «la propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano (depositando en el Estado) su administración en función del interés colectivo» (art. 349, inc. I). Asimismo, da potestad al Estado Nacional sobre todas las reservas fiscales (art. 350) y el «control y la dirección sobre la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos» (art. 351, inc. I) (Asamblea Constituyente del Estado, 2009).
3.1. Programas de nacionalización
Las políticas de nacionalización, al reformular el vínculo Estado-inversión extranjera, le permitieron a Bolivia retener en origen una fracción de la renta extractiva (sobre todo petrolera y gasífera) y destinarla a la inversión social y la pública o al ahorro financiero. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) (2019), en estudio reciente de simulación contrafáctica, concluye que el ingreso nacional bruto es casi un 30 % mayor al que sería sin los programas de nacionalización.
Con la promulgación del Decreto Supremo 28 701, Héroes del Chaco, el 1 de mayo de 2006, que venía a dar cumplimiento al mandato popular expresado en abril de 2004,2 se establece que el 82 % de la producción petrolera pasará a manos del Estado para todos aquellos campos que hayan alcanzado una producción superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios de gas durante 2005. El decreto establece que YPFB pasa controlar al menos el 51 % de las empresas Chaco S.A., Petrobras Bolivia, Refinación S. A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S. A.3 Para el momento de la nacionalización, las empresas con mayor participación en la industria energética de Bolivia eran la española-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras, British Petroleum (BP), de Gran Bretaña y Total, de Francia.
Hasta 2006 se excluyó a YPFB de la participación en actividades de exploración y producción en Bolivia. Todos los campos gasíferos eran propiedad de empresas extranjeras. Pero a partir de la nacionalización, la Estatal petrolera no solo recuperó sus activos privatizados, sino que adquirió una importante participación como propietaria y operadora en los yacimientos de gas natural (Campodónico, 2016). En el período de la nacionalización (2006-2018), Bolivia recibió ingresos por la comercialización de hidrocarburos de más de 55 000 millones de dólares, de los cuales 37 479 millones corresponden a la renta petrolera. En este período, el Estado se apropió del 82,5 % de las ganancias, y para las demás empresas quedó el 17,5 (Ministerio de Hidrocarburos, 2019a).
Actualmente, Bolivia es el tercer país más importante de Sudamérica en volumen de producción de hidrocarburos. Las exportaciones de gas natural enviadas casi exclusivamente hacia Argentina y Brasil alcanzaron un valor de 3 140 millones de dólares en 2018. Los contratos con ambos países suponen un nivel suficiente de rentabilidad para Bolivia, en especial si se le compara con el negociado marco de las exportaciones hacia los Estados Unidos, bajo el Gobierno de Sánchez de Lozada en 2002 y 2003. En los Estados Unidos el precio de referencia es el de Henry Hub -oleoducto que fija los precios de gas natural en la Bolsa Mercantil de New York- , que en los últimos años ha tenido un desempeño negativo, muy por debajo del precio de exportación a la Argentina y al Brasil (Campodónico, 2016).
El proceso de industrialización de los hidrocarburos se inició en 2013 con la puesta en marcha de la Planta Separadora de Líquidos del Río Grande y, en 2015, el Gran Chaco. También se destacan avances en la industria de la petroquímica a partir de la inauguración de la planta de Amoniaco y Urea en 2017.
Asimismo, la reciente suscripción de varios memorandos de entendimiento entre el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB con entidades estatales como el caso del Ministerio de Obras Públicas de Paraguay, así como con empresas privadas de Perú, Brasil y Argentina, para la comercialización de gas natural, construcción de gasoductos, proyectos petroquímicos y de generación termoeléctrica en estos países, representan para Bolivia un escenario de consolidación de nuevos mercados para los hidrocarburos (Ministerio de Hidrocarburos, 2019b).
3.2. Recursos minerales
En mayo de 2007, se declara el territorio nacional en su conjunto como reserva fiscal minera, a través del Decreto Supremo 29 117 que restituye a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) la facultad y potestad de su explotación y administración que le había sido sustraída durante el período neoliberal (Estado Plurinacional de Bolivia, 2007). Del sector minero destaca la reestatización de la mina de Huanuni, la mayor mina de estaño del país, en octubre de 2006, la nacionalización de la empresa de fundición Vinto, en febrero de 2007 y de la empresa fundidora de antimonio Metalúrgica Vinto-Antimonio, filial de la empresa suiza Glencore, en mayo de 2010 (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, 2019). Actualmente Vinto es la sexta fundidora de estaño más grande del mundo.
El volumen de producción total promedio se incrementó en 204 % en el período 2006-2017, y en 2018, se logró un record histórico que alcanzó los 179 millones de dólares por concepto de regalías mineras, que son la compensación por la explotación de recursos no renovables y permiten un mayor desarrollo local (Ministerio de Minería y Metalurgia, 2018).
Hasta 2016, alrededor del 75 % de la producción de minerales concentrados salía de Bolivia para ser procesados en fundidoras estadounidenses, españolas o asiáticas, para ser comercializados posteriormente. Esta histórica dependencia pretende ser progresivamente anulada por el gobierno boliviano, por ejemplo, a través de la instalación de plantas de fundición y refinación de zinc, del que se extrae un mineral altamente estratégico como el indio, con una inversión de 77 millones de dólares. Asimismo, en 2018 se consolidó el Proyecto Planta Siderúrgica del Mutún, con una inversión de 396 134 000 dólares del Eximbank, de China, y 150 025 364 dólares de inversión del Estado Plurinacional, lo que representa un hito que ya por primera vez en la historia del país se avanza en el desarrollo de la cadena productiva de la acería, garantizando los recursos para su industrialización.
3.3. El litio y la guerra política
Del sector minero hay que destacar la centralidad geopolítica del litio, mineral fundamental para la economía y tecnología en las próximas décadas y del cual los Estados Unidos poseen alta vulnerabilidad (Bruckmann, 2012). El Departamento de Energía estadounidense (que entiende que América Latina es parte de su esfera de influencia, cuando no, de su territorio nacional) declaraba en 2011 que «El litio de Bolivia no se considera una reserva (económica), sino un recurso subeconómico identificado que tiene potencial para convertirse en económico en el futuro» (US Department of Energy, 2011).
La producción mundial de litio no ha parado de crecer en los últimos años. En 2018, aumentó un 23 %, a más de 85 000 toneladas de litio (equivalentes a unas 446 000 toneladas de carbonato de litio), según el Mineral Commodity Summaries, del Servicio Geológico de Estados Unidos. Australia, con 51 000 toneladas, lidera la producción de litio, seguida de Chile (16 000), China (8 000) y Argentina (6 200). Es importante observar que las importaciones de litio a los Estados Unidos se hacen desde Argentina, Chile y China (US Geological Survey, 2019). No obstante, Bolivia es el país con las principales reservas.
Luego de las fallidas negociaciones políticas y conflictos sociales que impidieron la explotación del Salar de Uyuni en Bolivia en 1992, la estadounidense FMC Lithium y su subsidiaria argentina Minera del Altiplano S.A. activaron, en 1997, el proyecto de extracción de litio en Salar del Hombre Muerto. En Chile, la compañía estadounidense Albemarle (ex Rockwood Lithium), que opera en el país hace más de 30 años, renovó un contrato para extraer 262 mil toneladas hasta 2044. Por su parte, la estadounidense Ensorcia Metals tiene una inversión proyectada de 400 millones de dólares para la construcción y operación de dos plantas industriales de litio, una en Argentina y otra en Chile. El panorama geopolítico se complejiza aún más con el reciente descubrimiento de grandes reservas de litio en el Perú.
En el triángulo de litio (Argentina, Chile y Bolivia) se encuentran cerca del 80 % de las reservas mundiales, la mayor parte concentrada del lado boliviano. A inicios de 2019 la consultora estadounidense SRK certificó 21 millones de toneladas métricas en el Salar de Uyuni, lo que representa más del doble de lo que se había calculado anteriormente con una empresa francesa (Agencia EFE, 2019).
A diferencia de los proyectos de países vecinos centrados en la explotación primaria, Bolivia propone una estrategia orientada a la producción de baterías de ion litio. Así, con una inversión de 900 millones de dólares, se construyeron inicialmente plantas piloto de cloruro de potasio y carbonato de litio, inauguradas en 2011 y 2012, respectivamente, desarrolladas por científicos e ingenieros bolivianos. En abril de 2017, fue creada Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) y, a partir de ahí, se ha avanzado en la negociación con empresas extranjeras para su participación en la producción de baterías de ion litio.
A través de una asociación mixta con la empresa alemana ACI Systems (51 % YBL-49 % ACI), se instalará hasta 2022 una planta de producción de baterías de litio y una planta de material catódico litiado para abastecer a la planta de baterías (Aranda y Nacif, 2018). El 6 febrero de 2019 fue anunciado que la empresa china Xinjiang Tbea Group LTD operará en alianza con América Baocheng Desarrollo y Tecnología del Salar S.R.L. (empresa constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia como parte de la cooperación técnica del Instituto Qinghai de Salt Lakes de la Academia China de las Ciencias y el Grupo Tus-membrane) en el proceso de industrialización de los salares de Coipasa en Oruro y Pastos Grandes en Potosí (Obaya, 2019).
4. LOS RECURSOS Y LA GEOPOLÍTICA DURA (EN LA GUERRA POLÍTICA)
Como se ha expuesto, la importancia estratégica de los recursos minerales e hidrocarburos bolivianos es indudable y la disputa por el acceso y apropiación está vigente. Los fragmentos de informes realizados por think tanks estadounidenses (Crowther, 2018; Rebolledo, 2017) y la documentación filtrada por WikiLeaks (Cable Wikileaks, 2009; Cable Wikileaks, 2011) ponen de relieve la discusión más cruda sobre la disputa por los recursos.
No hay reparo en hacer explícita la importancia de determinados recursos y la necesidad de eliminar los obstáculos para garantizar el acceso a ellos. Dejan percibir un clima de clara «guerra por los recursos». En estos casos, es evidente una lectura geopolítica atravesada por la ideología hegemónica, que puede identificarse de inmediato en el posicionamiento político de los analistas, funcionarios, expertos y demás (crítica directa a las nacionalizaciones, a los condicionamientos al capital extranjero; crítica a cualquier tipo de medida que implique un mayor control del mercado). Este material fue pensado y elaborado por y para especialistas, con el objetivo de asesorar/influenciar en la toma de decisión, y suele ser diferente al que se comparte en redes sociales o se envía a la prensa.
Bolivia […] tiene un alto potencial para ser crucial en el desarrollo de litio. […] El mayor inhibidor de la inversión extranjera es la reputación de Bolivia que tiene un clima de inversión inseguro. Después de asumir el cargo en 2006, Morales nacionalizó la industria de hidrocarburos de Bolivia, despojando la propiedad de compañías extranjeras. Además de los reparos sobre la ideología de Morales, existe su control sobre el poder: Morales ha lanzado un referéndum público para permitirle enmendar el límite constitucional del mandato, declarando su candidatura para las elecciones del próximo año a pesar de alcanzar el límite de mandato decretado constitucionalmente. […] El litio puede convertirse en un problema geopolítico. China ya tiene una producción nacional significativa y ha comprado una gran parte de la compañía de litio más grande de Chile, consolidando cierto control sobre el suministro de litio. (Crowther, 2018)
Desafortunadamente, desde ese período inicial hasta el presente, el gobierno no ha tenido éxito en atraer inversiones significativas en los sectores de hidrocarburos o industrias extractivas en general, principalmente debido al riesgo país excesivo y la agitación política. Además, Bolivia ha renunciado a la mayoría de los tratados bilaterales de inversión, lo que hace que la mayoría de los inversores sean cautelosos. […] Morales está claramente interesado en convertir a Bolivia en el centro energético del Cono Sur, con especial interés en Brasil y Argentina. […] Esta mayor capacidad requiere experiencia e inversión extranjera., así como expansión en exploración, que falta en YPFB. (Rebolledo, 2017)
El 80 % de las reservas accesibles [de litio] del mundo se encuentran en el llamado “Triángulo de Litio” de los Andes de Chile, Argentina y Bolivia. […] Si el mundo cambiara el petróleo por propulsión de baterías a base de iones de litio, […] Sudamérica se convertiría en el nuevo Medio Oriente. Bolivia se convertiría en un foco de atención mundial mucho más grande que Arabia Saudita. […] Afortunadamente para GM y Toyota, los depósitos de litio de Chile y Argentina están abiertos para los negocios. Pero el más grande se encuentra al otro lado de la frontera, en Bolivia, que contiene entre 9 millones (la estimación oficial de los EEUU) hasta 100 millones de toneladas de litio. Sin embargo, el presidente de Bolivia, Evo Morales (izquierda), no es amigo de los Estados Unidos; él juega con el venezolano Hugo Chávez y el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Una vez expulsó al embajador de los Estados Unidos y le gusta terminar los discursos con el grito de guerra: ¡Muerte a los yanquis! […] Después de Bolivia y Chile, la nación con las mayores reservas es China, que sabe cómo jugar duro con los minerales: sea testigo de las recientes peleas por los precios de los metales de tierras raras cuando China restringió sus exportaciones […] a EE. UU. Una vez más se encuentran apostando su forma de vida en una sustancia con una geopolítica muy complicada. (Cable WikiLeaks, 2011)
Un último ejemplo sobre la articulación entre geopolítica e ideología hegemónica es uno de los informes sobre Bolivia de la empresa de StratFor, implicada en investigaciones de inteligencia para el gobierno estadounidense. Aquí se advierte sobre lo que podría ocurrir en las elecciones presidenciales (2019), planteando un escenario posible que parecería más bien, un escenario deseado, o peor aún, un escenario buscado -hipótesis plausible en el marco de la definición y estrategias de la guerra política-.
Las elecciones de 2019 serán el momento clave para la inestabilidad política en Bolivia. El gobierno poco podrá hacer para permanecer en el poder si sufre una pérdida decisiva. Pero si la popularidad de Morales continúa rondando el 50 por ciento, podría producirse una carrera electoral cerrada. Una elección muy disputada, en donde proliferen las acusaciones de fraude electoral, podría prender la llama en una escena política interna ya tensa. Las manifestaciones se extenderían, particularmente en provincias orientales como Santa Cruz, centro de la oposición política boliviana. […] Esa situación podría provocar un breve período de confrontación política posiblemente violenta en todo el país. (StratFor, 2018a)
5. LOS RECURSOS Y LA GEOPOLÍTICA BLANDA (EN LA GUERRA GEOPOLÍTICA)
La dimensión geopolítica dura, reflejada en los anteriores extractos, encuentra una conexión con una geopolítica blanda, que se distancia de relatos que abordan directamente un clima de dura guerra por los recursos. Precisamente, retomando la definición de guerra política, esta dimensión de la geopolítica apunta al convencimiento, la persuasión, sobre las ideas correctas o deseables, siempre asociadas a valores liberales: la calidad de la democracia, incluido el tema de las elecciones, la corrupción, el rumbo o la salud del mercado, las inversiones, entre otros, que tienen cabida en la opinión pública internacional. Para este convencimiento se recurre, en general, a voces expertas «legítimas» que prescinden de un discurso geopolítico duro y modulan sus afirmaciones para un público en general. En el caso de Bolivia, esas voces son las de exfuncionarios, políticos y académicos que por diversos motivos no apoyan al proceso de cambio (o se oponen directamente a él) y que en algunos casos comparten una trayectoria relevante en la red de derechas a nivel transnacional (Romano, 2018b).
El gobierno de Evo Morales ha experimentado una década de estabilidad económica y alivio de la situación de pobreza. Pero esta estabilidad económica incluyó medidas características del autoritarismo de izquierda: colocar amigos en los tribunales, ignorar medidas de fiscalización y permitir la corrupción más descarada, etc. […] Para Jorge Quiroga, expresidente boliviano de centro derecha que está liderando la oposición, la pregunta es si la Corte Inter Americana actuará como “una especie de hospital en el que solo se hacen autopsias a democracias ya muestras, o como un hospital que interviene lo suficientemente a tiempo como para salvar al paciente”. (Washington Post, 2019)
Bolivia, junto con Nicaragua, es la única democracia que permite reelección ilimitada en América Latina. […] “Esto es un golpe contra la Constitución y una burla frente a los resultados del referéndum [de febrero de 2016]”, advierte el Senador conservador Óscar Ortiz a The Guardian. (The Guardian, 2017)
Otras expresiones extraídas de blog y redes sociales:
Otro activista árabe analizó la reacción frente a los levantamientos contra las tiranías árabes en 2011, y encontró tres motivaciones en estas respuestas. Luego de leerlo no pude más que notar las similitudes entre estos tiranos y el gobierno de Bolivia. […] El gobierno de Morales tal vez no sea una dictadura con todas las letras, pero sí coincide con la definición de Levitsky y Way sobre “autoritarismo competitivo: un sistema que permite la existencia de la oposición pero que limita en los hechos su participación controlando todas las instituciones gubernamentales y los medios”. (Vaca-Daza, 2019)
Estos temas, a su vez, contribuyen de modo indirecto, e incluso inconsciente, a formar opinión sobre cuestiones geopolíticas como el manejo de los recursos, la inversión extranjera, la seguridad y la defensa, que suelen presentarse al menos de dos maneras. Una de ellas es presentar a los recursos como una maldición o dicho de otro modo, la maldición de la abundancia (Acosta, 2009). «Esta riqueza en recursos no renovables es la principal causa del subdesarrollo en Bolivia, pues la mera existencia de estos ha convertido a Bolivia en un país de cultura extractivista, que siempre ha soñado con la suerte de encontrar una nueva fuente de extracción, dejando en el olvido la opción de crear riquezas» (PanAm Post, 2014).
Otra lectura frecuente es la de criticar cualquier tipo de política de gestión de los recursos que condicione al libre mercado. Se trata de instalar la idea de que la intervención del Estado termina siendo siempre ineficiente y que la corrupción es inherente a lo público, lo que prolifera especialmente en países periféricos (a diferencia de las buenas prácticas en los países centrales). Esto incidiría también en la política externa, donde el reclamo de autodeterminación, soberanía, entre otros, llevaría a malos resultados y a un creciente aislamiento, que nunca ha ocurrido durante el gobierno del MAS. Se trabaja así sobre un relato de profecía -algo que todavía no sucedió- sobre el fracaso de la gestión desde el Estado (que encuentra como contracara la siguiente afirmación: desde el comienzo debería haber sido entregado al ámbito privado, para ser exitoso), la ineficiencia del Estado y la «premonición» de una la política exterior fallida.
Las cifras son elocuentes sobre el despilfarro que tuvo lugar en Tarija a lo largo de estos años de auge económico hidrocarburífero. […] La violencia desmedida, corrupción flagrante y degradación ambiental en Nigeria sigue la misma senda. Igualmente cabe destacar la cleptocracia rusa o la cuasiteocracia saudita, sin dejar de recordar países como Irán, de evidente apartheid contra las mujeres, y/o Angola o Congo, santuarios de la homofobia más rampante. (Página Siete, 2019)
El único gobierno populista exitoso de América del Sur, lo es gracias a las exportaciones de gas natural a sus vecinos. Pero eso puede que pronto cambie […] los contratos con sus clientes más importantes, Brasil y Argentina, serán renegociados en un contexto en el que ambos países pretenden lograr autosuficiencia en producción de hidrocarburos. […] “El gobierno está perdiendo popularidad porque la lealtad de muchos de los líderes locales es más económica que política”, dice el Decano de la Universidad Mayor de San Andrés, y miembro del Consejo Nacional en Defensa de la Democracia. (Millán Lombrana, Gilbert y Valle, 2019)
Este tipo de afirmaciones, oculta unos datos y exagera otros. Por ejemplo, el pretendido aislamiento de Bolivia, se contradice con los múltiples acuerdos firmados en los últimos años con Argentina y Brasil -aunque no sean aliados ideológicos-, con Turquía e India, y el acercamiento cada vez más acelerado con China y Rusia (Martín Carrillo, Lajtman y Romano, 2019).
CONSIDERACIONES FINALES
El caso de los recursos estratégicos en Bolivia permite visualizar la disputa geopolítica en curso no solo en América del Sur, sino también a nivel global, en el marco de una renovada guerra política. En el artículo se han presentado datos que dan cuenta de la importancia geoestratégica y geoeconómica de Bolivia y los intereses que desde hace décadas disputan su acceso al territorio. También se explicaron razones de los cambios sustanciales generados a partir del gobierno del MAS y la política de nacionalización que es la base material del Estado Plurinacional, pues fue la retención de la renta extractiva en origen, lo que permitió alcanzar la situación de crecimiento, estabilidad económica y políticas distributivas. Y este mismo proceso es el que otorga un sostén geoestratégico en un escenario regional como el actual, poco favorable a la integración energética y con dificultades (innegables) para avanzar en los procesos de industrialización de los recursos estratégicos. Recurriendo a nuevos socios y diversificando sus relaciones exteriores, el gobierno del MAS se mantiene sobre el pilar de la soberanía y la autodeterminación. Eso es percibido como peligroso para los intereses en pugna por los recursos estratégicos: «la amenaza de la nacionalización y la fuerte intervención estatal permanecerán siempre presentes si Morales logra la reelección, una perspectiva que podría desalentar a los inversores extranjeros interesados en las reservas de litio del país» (StratFor, 2018b). La nacionalización es una de las amenazas más explícitas al orden neoliberal.
Esta postura responde a los intereses de empresas transnacionales y de los Estados centrales, instituciones financieras internacionales, organismos internacionales y no gubernamentales, que respaldan a esas empresas o que son financiados por ellas. Estas instituciones y organismos presionan de modo directo o indirecto para generar una opinión pública nacional e internacional negativa con respecto al rumbo político del gobierno. Al ser prácticamente imposible negar los avances económicos logrados por el gobierno del MAS en esta última década y al ser complejo instalar el tema de recursos para todo público (temas de geopolítica dura, difíciles de calar en la opinión pública) se proyecta manipular datos e información y dar visibilidad y eco a opiniones sobre valores liberales «generales», como la democracia, el desarrollo, y demás. En este esquema, es fundamental la articulación de voces expertas, en su mayoría provenientes de think tanks y los relatos y percepciones que difunde la prensa hegemónica y las redes sociales.
La geopolítica además de mapas, territorialidad, determinismo geográfico es política, es relato sobre la política que se reproduce a diario, tanto en espacios académicos y de opinión experta, como en la opinión pública (prensa, redes sociales) para consolidar y justificar el orden neoliberal. Esta reproducción y justificación, entramadas en la ideología dominante, puede presentarse incluso mediante discursos que se postulen como antisistema, pero que en la práctica no representan ninguna amenaza real al orden instituido.
La desestabilización y posterior golpe de Estado contra el gobierno del MAS en octubre de 2019 fueron posibles en buena medida debido a la articulación eficiente entre el relato anti-gobierno del MAS, difundido a nivel local e internacional por think tanks y medios de comunicación: las críticas a la democracia del MAS, el supuesto autoritarismo y la perpetuidad en el poder (geopolítica blanda) se impusieron como relatos hegemónicos, ocultando o dejando de lado algunos objetivos e intereses urgentes en la disputa entre potencias, como el acceso al litio (geopolítica dura), acceso que, en el caso de Estados Unidos, está atado a ciertas condiciones políticas y de mercado vinculadas al orden neoliberal obstaculizado y desafiado por el gobierno del MAS.
