Introducción
“Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre”.
Fidel Castro Ruz.
Cumbre de La Tierra
Río de Janeiro, 12 de junio de 1992.
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medioambiente y Desarrollo (1992).
El planeta se encuentra en peligro de desaparecer como resultado del desenfrenado desarrollo y del subdesarrollo de la humanidad. Los problemas ambientales trascienden los marcos nacionales y regionales y se presentan, hoy más que nunca, en una dimensión planetaria. Entre ellos destaca el muy debatido tema del cambio climático.
El medioambiente comprende el resultado de las relaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza, producto de la actividad humana en la creación de bienes materiales, para la satisfacción de sus necesidades; se considera como un sistema abierto de formación histórica, flexible en sus límites y con expresión espacial (Martínez, 1996; citado por Ecured, 2011). Su actual grado de deterioro tiene origen en las formas de producción y consumo del mundo contemporáneo. Estos han generado desigualdad y pobreza extrema en un mundo donde la minoría ―los ricos― extrae las riquezas naturales que pertenecen a la mayoría ―los pobres. Las consecuencias de estas acciones de apropiación y concentración de las riquezas son nefastas a escala global, pues cada día se recrudecen los problemas ambientales que afectan a toda la población sin distinción de clases.
Desde hace algunos años (década del 70), esta alarma tocó a las puertas de los Gobiernos, quienes, con mayor conciencia, se han encargado de los temas ambientales y han promulgado políticas orientadas a disminuir los efectos negativos del desarrollo económico sobre el medioambiente. En la mayoría de los países estas políticas públicas resultan insuficientes, pues, aunque en las agendas de los Gobiernos se incluyen prácticas de subsistencia en función de la sostenibilidad y el desarrollo local, que anticipan el diseño económico y social de un territorio, se les resta mucha importancia a los problemas ambientales, fundamentalmente en naciones que tienen una economía de mercado. Esto lleva a que se tomen decisiones erróneas y no acierten con las verdaderas dinámicas de desarrollo sostenible.
Cuba ―archipiélago del mar Caribe y nación en vías de desarrollo―, a diferencia de los países capitalistas, se inserta en las líneas predominantes en la escena internacional y sostiene la relación que existe entre el desarrollo de un territorio y el cuidado del medioambiente.
Desde hace 60 años la nación cubana ha mantenido su soberanía y el cuidado y la protección del medioambiente aparecen reflejados en la Constitución de la República. Los desafíos medioambientales a los que se enfrenta son varios y diversos: la degradación de los suelos, las afectaciones a la cobertura forestal, la contaminación, la crítica disponibilidad y calidad del agua, los efectos del cambio climático, entre otros.
El presente ensayo propone abordar las acciones que se realizan en Cuba para la protección y conservación del medioambiente, a través de políticas públicas de carácter ambiental, debido a su importancia para el desarrollo de los territorios.
Desarrollo
La República de Cuba, dirigida por un Gobierno con voluntad plena de proteger el medio, con una visión de presente y de futuro, concentra toda la atención para lograr un ambiente sostenible y sustentable. Junto a acciones concretas de saneamiento, reciclaje, reforestación, se establecen leyes y regulaciones que cotejan la protección del medioambiente vital y la lucha por preservar los logros y conquistas sociales alcanzadas, así como intentan lograr un trabajo ambiental dinámico y flexible que responda a las situaciones actuales.
Las políticas públicas del Estado cubano respecto a la protección del medioambiente implican la participación de la sociedad en la concepción e implementación de los instrumentos regulatorios. A ello se suman la promoción de diversas acciones de divulgación y la educación ambiental, orientadas a fomentar una conciencia ambientalista que contribuya al desarrollo sostenible. Para los países en desarrollo, el reto de alcanzar la sostenibilidad requiere de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales, lo que para Cuba es un hecho.
La política medioambiental cubana no solo es ordenamiento, sino también la protección y el uso sostenible del medioambiente. Dicha política está determinada por los principales problemas ambientales que confronta el país, los requerimientos que demanda el nivel de desarrollo económico-social alcanzado, los planes y programas de desarrollo y sus posibles impactos sobre el medioambiente, así como por los avances y las tendencias fundamentales en la arena ambiental internacional con la voluntad de lograr sostenibilidad en el progreso (Ecured, 2011).
Desde la legislación
En la historia de la Revolución cubana existen momentos relevantes donde se evidencia la voluntad estatal para proteger y cuidar el medioambiente. Según la Estrategia Ambiental Nacional (1995), en la Constitución de la República de Cuba aprobada en 1976, artículo 27, se le otorga el rango institucional al medioambiente, expresado como sigue:
Artículo 27: El Estado protege al medioambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política. Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y de todo el uso potencial de la naturaleza. (Constitución de la República de Cuba, citada en la Estrategia Ambiental Nacional, 1995, p. 7)
En ese propio año se crea la Comisión Nacional para la Protección del Medioambiente y Conservación de los Recursos Naturales.
En el año 1992 el artículo 27 de la Constitución se modifica y se fortalece la idea de integración del medioambiente con el desarrollo económico y social sostenible. Posteriormente, en 1993, se aprueba el Programa Nacional de Medioambiente y Desarrollo, que constituyó la adecuación cubana de la Agenda 21.
Otro de los momentos importantes que refleja la intencionalidad gubernamental por el cuidado y protección del medioambiente fue la creación, en 1994, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA). En su condición de Organismo de la Administración Central del Estado y rector de la política ambiental, es el encargado de desarrollar la estrategia y concertar las acciones encaminadas a mantener los logros ambientales alcanzados durante el proceso revolucionario. A la vez, debe contribuir a superar las insuficiencias existentes y garantizar que los aspectos ambientales sean tenidos en cuenta en las políticas, programas y planes de desarrollo a todos los niveles (Estrategia Ambiental Nacional, 1995).
La Ley No. 81, “Ley del Medioambiente”, constituye el núcleo del marco legal ambiental en Cuba. Es el instrumento jurídico que tiene por objeto el establecimiento de los principios rectores de la política ambiental y las normas elementales para regular la gestión ambiental del Estado y las actuaciones de los ciudadanos y de toda la sociedad, con la finalidad de proteger el medioambiente y contribuir a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible del país (Gaceta Oficial de la República de Cuba, 1997).
Según lo previsto en su artículo 4, las acciones ambientales para un desarrollo sostenible deberán estar fundadas en determinados principios, considerados los principios del derecho ambiental cubano. Estos son los siguientes:
a) El Estado establece y facilita los medios y garantías necesarias para que sea protegido de manera adecuada y oportuna el derecho a un medioambiente sano.
b) La protección del medioambiente es un deber ciudadano.
c) Los recursos naturales deben aprovecharse de manera racional, previniendo la generación de impactos negativos sobre el medioambiente.
d) La prioridad de la prevención mediante la adopción de medidas sobre una base científica y con los estudios técnicos y socioeconómicos que correspondan. En caso de peligro de daño grave o irreversible al medioambiente, la falta de una certeza científica absoluta no podrá alegarse como razón para dejar de adoptar medidas preventivas.
e) Toda persona debe tener acceso adecuado, conforme a lo legalmente establecido al respecto, a la información disponible sobre medioambiente que posean los órganos y organismos estatales. Las obligaciones del Estado relativas a la protección del medioambiente constituyen una responsabilidad, dentro de la esfera de sus respectivas competencias, de todos los órganos y organismos estatales, tanto nacionales como locales.
g) Los requerimientos de la protección del medioambiente deben ser introducidos en todos los programas, proyectos y planes de desarrollo.
h) La educación ambiental se organiza y desarrolla mediante un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, propiciando en los individuos y grupos sociales el desarrollo de un pensamiento analítico, que permita la formación de una visión sistémica e integral del medioambiente, dirigiendo en particular sus acciones a niños, adolescentes y jóvenes, y a la familia en general.
i) La gestión ambiental es integral y transectorial y, en ella, participan de modo coordinado, los órganos y organismos estatales, otras entidades e instituciones, la sociedad y los ciudadanos en general, de acuerdo con sus respectivas competencias y capacidades.
j) La realización de actividades económicas y sociales por las personas naturales o jurídicas está condicionada por el interés social de que no se ejerza en perjuicio del medioambiente.
k) El conocimiento público de las actuaciones y decisiones ambientales y la consulta de la opinión de la ciudadanía, se asegurará de la mejor manera posible; pero en todo caso con carácter ineludible.
l) Toda persona natural o jurídica, conforme las atribuciones que la ley le franquee, debe contar con los medios adecuados y suficientes que le permitan accionar en la vía administrativa o judicial, según proceda, para demandar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley y en sus disposiciones complementarias.
m) El papel de la comunidad es esencial para el logro de los fines de la presente ley, mediante su participación efectiva en la toma de decisiones y el desarrollo de procesos de autogestión orientados a la protección”. (Gaceta Oficial de la República de Cuba, 1997, p. 5)
En la actual Constitución de la República de Cuba,1 artículo 16, inciso f, se plantea que: “la República de Cuba promueve la protección y conservación del medioambiente y el enfrentamiento al cambio climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre la base del reconocimiento de responsabilidades comunes, pero diferenciadas; el establecimiento de un orden económico internacional justo y equitativo y la erradicación de los patrones irracionales de producción y consumo” (Constitución de la República de Cuba, 2019, p. 2).
De la misma manera, en el artículo 75 se afirma que “todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado. El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras” (Constitución de la República de Cuba, 2019, p. 6).
El Gobierno, además, aprobó, desde el 25 de abril del 2017, la Tarea Vida como Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático. Esta nueva línea está integrada por 5 acciones estratégicas y 11 tareas que tienen como fin prevenir en el presente para salvar el futuro, pues desarrolla una serie de acciones que, a solo dos años de su puesta en marcha, ya se han obtenido resultados sobre los diagnósticos de las zonas más vulnerables, con el objetivo de reducir los impactos negativos del cambio climático.
La política ambiental cubana se ejecuta mediante un trabajo integral de los instrumentos de la gestión ambiental que se listan a continuación:
La Estrategia Ambiental Nacional, el Programa Nacional de Medioambiente y Desarrollo y los demás programas, planes y proyectos de desarrollo económico y social.
La Ley No. 81, su legislación complementaria y demás regulaciones legales destinadas a proteger el medioambiente, incluidas las normas técnicas en materia de protección ambiental.
El ordenamiento ambiental.
La licencia ambiental.
La evaluación de impacto ambiental.
El sistema de información ambiental.
El sistema de inspección ambiental estatal.
La educación ambiental.
La investigación científica y la innovación tecnológica.
La regulación económica.
El Fondo Nacional del Medio Ambiente.
Los regímenes de responsabilidad administrativa, civil y penal.
Algunas problemáticas
Los principales problemas ambientales detectados, según especialistas del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), se han visto influidos por una falta de conciencia y educación ambiental en un porciento considerable de la población y han traído como consecuencia, en muchas ocasiones, su agravamiento. El desarrollo de estos elementos, que inciden directamente en la manera de actuar del ser humano sobre el medioambiente, no ha estado a la altura de otras obras llevadas a cabo por la Revolución; de ahí que constituya un factor esencial de trabajo, a corto y mediano plazos, para lograr resultados positivos en la implementación de la política ambiental y una gestión eficiente.
Entre los principales problemas detectados que quebrantan el desarrollo de la agricultura sostenible, por ejemplo, se encuentra la degradación de los suelos, ya sea por erosión, compactación, salinización, mala calidad del drenaje, acidificación, entre otros. Esto ha atentado contra la seguridad y soberanía alimentaria del país y ha implicado el urgente desarrollo de políticas medioambientales apoyadas por proyectos internacionales, financiados por el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), dirigidas directamente al mejoramiento del uso de los suelos (figura 1).
El deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en asentamientos humanos es otro de los problemas detectados por los expertos del CITMA, como muestra la figura 2. Se manifiesta mediante limitaciones de los servicios técnicos y las redes de acueducto y alcantarillado, la inestable recolección de desechos sólidos, que generan microvertederos y focos de vectores, la baja calidad del aire a escala local provocada por la contaminación atmosférica de industrias o empresas pecuarias, fundamentalmente las dedicadas a la cría de ganado menor, como el porcino. Todo esto se une a las dificultades en el manejo ambiental racional en todo el ciclo de los productos químicos-tóxicos de las industrias que operan con desechos peligrosos.
La contaminación de las aguas interiores y marinas está estrechamente vinculada con los problemas planteados con anterioridad, pues muchos de estos desechos no tratados van a parar a los ríos o al manto freático, los que tienen como destino final el mar (figura 3).
Para citar tan solo un ejemplo de contaminación de las aguas se puede referir el caso de la Bahía de La Habana, fenómeno que ha dado lugar a la pérdida de la biodiversidad en el fondo marino causado por el derrame de petróleo producto de la actividad portuaria y de los desechos provenientes de la población asentada alrededor de ella.
El agua constituye un recurso limitado para Cuba por lo que es un desafío muy importante para el logro de la sostenibilidad ambiental y alimentaria, reto que se agudiza con el cambio climático que provoca la disminución de las precipitaciones, el ascenso del nivel medio del mar y por consiguiente la intrusión salina. Por ello cada efectivo de la población debe impedir su contaminación y despilfarro (otro de los problemas que enfrenta el país).
Otro de los problemas ambientales que afecta a nuestro archipiélago es la deforestación, provocada por el uso irracional de los recursos forestales ya sea por la tala indiscriminada de los bosques, como por la necesidad de generar espacios de expansión para los asentamientos humanos, instituciones, hoteles y uso agrícola. Además por los embates de los eventos meteorológicos extremos como las tormentas y los huracanes tropicales. Aunque en los últimos años se vienen desarrollando diversos programas para enmendar tal problema, aún existen personas inescrupulosas que laceran nuestros bosques (figura 4).
Se debe tener presente que la deforestación, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2018), es la segunda causa más importante del cambio climático después de la quema de combustibles fósiles, al representar más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
No obstante, Cuba posee un Programa Forestal Nacional que integra a toda la población, a los organismos y al Estado. Además el desarrollo científico propicia la satisfacción de la demanda de madera en el país en equilibrio, lo que impide la sobrexplotación de este recurso. Si bien es cierto que para el año 2018 el 31,5% de la superficie total de Cuba estaba cubierta de bosques, se debe enfocar el lente a los 213,1 miles de hectáreas que aún están deforestadas (Oficina Nacional de Estadísticas e Información [ONEI], 2019).
El siguiente problema ambiental identificado es la pérdida de la diversidad biológica, el cual debe ser analizado con un enfoque sistémico. Aunque dentro de la Estrategia Ambiental Nacional es el último problema descrito por los expertos, no significa que sea el menos importante, su orden responde al hecho de ser consecuencia de los citados anteriormente. Este problema viene aparejado al uso inadecuado de los suelos, a la destrucción de los bosques, a la contaminación de las aguas, a la caza furtiva, a la pesca de especies de alto valor económico con fines ilícitos, entre otras cuestiones.
Aun cuando existen las normativas apropiadas para el orden más estricto en la protección del medioambiente, este se ignora en casos específicos de desarrollo de actividades prioritarias para el crecimiento económico del país. Especialmente en el fomento de las zonas especiales de desarrollo turístico en las cuales se sacrifican significativas áreas del ecosistema con gran valor ecológico. En tal sentido se puede hacer referencia, por ejemplo, a la deforestación de manglares en el archipiélago Sabana-Camagüey, ubicado al norte de la región central, donde se han construido infraestructuras hoteleras en áreas donde existía una zonación perfecta, constituida por las cuatro especies de mangles que existen en Cuba (rojo, prieto, patabán y yana).
Estos bosques constituyen una transición entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos, actúan como sistemas naturales de control de la intrusión salina y las inundaciones. A su vez, funcionan como barreras frente al oleaje generado por huracanes y otros eventos meteorológicos extremos, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen al mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación, poseen un alto valor estético, recreativo y de investigación.
A pesar de los esfuerzos encaminados para la salvaguarda de estos ecosistemas (Ley Forestal), de la aplicación de instrumentos de política ambiental como normas oficiales y de los programas de ordenamiento territorial (Proyecto Manglar Vivo),2 se evidencia que tales esfuerzos no reflejan los resultados esperados.
Otro de los problemas para la aplicación de las políticas ambientales en Cuba, fundamentalmente las que requieren como instrumento el ordenamiento territorial, lo constituye:
la implementación del Decreto-Ley Gestión de la Zona Costera No. 212, aprobado el 8 de agosto del año 2000;
el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano en las zonas costeras;
el cumplimiento de lo incluido en la Tarea Vida, donde la primera acción estratégica expresa que hay que “reducir la densidad demográfica en las zonas bajas costeras” (Folleto Tarea Vida, s. a.) la que se complementa con la tarea número 1 que se dirige a la relocalización de asentamientos humanos alejados de estas áreas.
Tal dificultad para la implementación de las acciones incluidas en estas leyes y planes está dada por la baja percepción de riesgo de la población asentada cerca del mar. Estos planes establecen la reubicación de los asentamientos humanos hacia zonas más altas, con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad social provocada por el peligro de las inundaciones costeras que se producen debido a eventos meteorológicos extremos. Por otro lado, estas comunidades están expuestas al peligro perentorio del ascenso del nivel medio del mar.
Los estudios realizados por los especialistas vinculados al Macroproyecto de Peligro y Vulnerabilidades Costeras para los años 2050 y 2100, han estimado que 121 de los 272 asentamientos humanos costeros que existen en Cuba serán afectados. Con ello se perjudicará una población ascendente a 34 454 habitantes, pues se perderá paulatinamente la superficie emergida de la zona costera y se producirá una intrusión salina que afectará en gran medida el manto acuífero, la cobertura vegetal y los suelos.
Para lograr los objetivos planteados en la Estrategia Ambiental Nacional, así como en el Plan del Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático, Tarea Vida”, Cuba se encuentra respaldada por el Sistema de Naciones Unidas,3 quien escolta los esfuerzos del país en aras de cumplir con responsabilidad los compromisos realizados en las convenciones y eventos para la protección y el cuidado del medioambiente.
En tal sentido el Sistema de Naciones Unidas trabaja para potenciar la educación ambiental desde la infancia y la adolescencia, además trata de combatir las causas fundamentales de las amenazas ambientales para la salud. Esta organización no gubernamental se enmarca en seis líneas principales que apoyan y contribuyen al cuidado y proyección del medioambiente, estas se listan a continuación:
Fortalecer las capacidades nacionales y locales de planificación e implementación de estrategias ambientales.
Fomentar el manejo sostenible de las tierras.
Respaldar los esfuerzos nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Promover la preservación de la biodiversidad.
Reforzar el saneamiento ambiental y el manejo sostenible del agua.
Apoyar la eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Como se ha tratado de exponer hasta el momento, Cuba enfrenta los retos y desafíos ambientales mediante políticas y legislaciones gubernamentales y, aunque ya tiene el camino allanado, a juicio autoral todavía falta por andar en aras de proteger, preservar y cuidar el medioambiente, así como mitigar y adaptarse a las consecuencias del inminente cambio climático.
Los promotores ambientales de los territorios, más allá de implementar lo estipulado en los programas y metodologías, deben conocer las subjetividades de la población, sus necesidades, conductas y prácticas para poder capacitarla y sensibilizarla. Su trabajo debe estar dirigido a que cada persona comprenda que el cuidado y la protección del medioambiente es una tarea de todos, que el daño causado a ese espacio provoca riesgos para la salud de la población, riesgos estos que atentan además al desarrollo económico y social de la nación. Si no se hace conciencia en cada punto de la geografía, muchos de los recursos con que se cuenta hoy, en un futuro mediato pueden desaparecer.
Es por ello que los nuevos desafíos que se presentan en el país ante el fortalecimiento de políticas, proyectos con financiamiento internacional que contribuyen al desarrollo sostenible y otras tareas que están íntimamente relacionadas con el cuidado del medioambiente, demandan de la unidad e inclusión de toda la población. Por tanto, se deben crear los espacios de intercambio y comunicación entre todos los miembros de los territorios, para socializar buenas y nuevas prácticas que han tenido éxito en la educación ambiental y el desarrollo sostenible. En tal sentido se le debe dar a los promotores ambientales su carácter de líderes cívicos con legitimidad y reconocimiento social, participantes activos como agentes de cambios en la gestión ambiental del país.
Esta forma representa, a consideración de la autora, la más oportuna e idónea para tratar los temas medioambientales y establecer un nexo entre la población y la acción legislativa, inmerso en las realidades y particularidades de cada territorio.
Consideraciones finales
Después de haber desarrollado este ensayo se hace necesario establecer algunas consideraciones finales:
Cuba se inserta en las líneas predominantes en la escena internacional relacionadas con la atención a la situación medioambiental y sustenta la relación que existe entre el desarrollo de un territorio y el cuidado del medioambiente.
Las políticas públicas del Estado cubano respecto a la protección del medioambiente implican la inclusión social en la concepción e implementación de los instrumentos regulatorios. Además, dedica especial atención a los programas de divulgación y educación ambiental de la población.
La política ambiental cubana está determinada por los principales problemas ambientales que confronta el país, los requerimientos que demanda el nivel de desarrollo económico-social alcanzado, los planes y programas de desarrollo y sus posibles impactos sobre el medioambiente, así como por los avances y las tendencias fundamentales en la arena ambiental internacional en la voluntad de lograr sostenibilidad en el desarrollo. Esta política se ejecuta mediante un trabajo integral de los instrumentos de la gestión ambiental identificados en la Estrategia Ambiental Nacional.
Desde el triunfo revolucionario, el Gobierno cubano ha promovido su interés por el cuidado y protección del medioambiente. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA), desde el año 1994, en su condición de Organismo Central del Estado, es el rector de la política ambiental cubana.
Los principales problemas ambientales detectados por especialistas del CITMA se han visto influidos por una falta de conciencia y educación ambiental, y en muchas ocasiones han traído como consecuencia su agravamiento.
Aun cuando existen las normativas apropiadas para el orden más estricto en la protección del medioambiente este se ignora en casos específicos de desarrollo de actividades prioritarias para el crecimiento económico del país.
Existen dificultades para la implementación de las políticas y estrategias ambientales por la baja percepción de riesgo de gran parte de la población.
Los promotores ambientales deben conocer las subjetividades de la población, sus necesidades, conductas y prácticas para poder capacitarla y sensibilizarla y de esta forma establecer un nexo entre la población y la acción legislativa, dentro de las realidades y particularidades de cada territorio.