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Introducción
La región centroamericana está compuesta por seis países, con una población que ronda los cuarenta y cinco millones de habitantes. Cuando se habla de Mesoamérica se incluye a México, donde habitan cerca de 125 millones de personas (Tabla 1).
El corredor migratorio mesoamericano con destino a Estados Unidos constituye el más nutrido hacia ese país y el mayor del mundo. Se calcula que en lo que va de siglo por el mismo han circulado más de 15 millones de personas, la mitad de todos los migrantes mesoamericanos, equivalente al 10% de la población de América Latina y el Caribe (Canales et al, 2019).
En especial, se destaca el flujo que parte del llamado triángulo Norte Centroamericano (NCA), compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras, que será objeto de atención particular en este informe, debido a su peso dentro del conjunto y donde con mayor intensidad se reflejan los conflictos asociados al fenómeno migratorio centroamericano.
Tabla 1: Población de Centroamérica por países
| País | Número de habitantes |
|---|---|
| GUATEMALA | 15.920.077 |
| EL SALVADOR | 6.298.489 |
| HONDURAS | 8.075.034 |
| BELICE | 359.288 |
| NICARAGUA | 6.085.528 |
| COSTA RICA | 4.820.782 |
| PANAMÁ | 3.929.105 |
Fuente:CEPAL-FAO, 2018.
Tal explosión migratoria plantea varias problemáticas que serán analizadas en este informe, dígase las causas de esta migración, su composición e impacto en los países de origen; las implicaciones humanas y políticas que implica el traslado por el corredor mesoamericano, así como las condiciones en que se producen sus intentos de ingresar en el territorio de Estados Unidos; y el tratamiento que reciben en ese país, así como sus consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales para el país receptor.
Desarrollo
La migración internacional centroamericana
La migración internacional centroamericana es un fenómeno multicausal, determinado por las desigualdades económicas y la inestabilidad política imperante en la región, así como por los estímulos a la movilidad humana, resultantes del desarrollo de las comunicaciones y la transportación de las personas. Ha ocurrido bajo el estímulo o, al menos, la desidia de los gobiernos de estos países, toda vez que constituye un medio para exportar los excedentes de mano de obra y aplacar posibles tensiones internas. También, porque gracias a las remesas que envían a sus familiares, la migración es una fuente muy importante de ingresos en divisas para la región.
Ante la ausencia de políticas estatales que garanticen un tratamiento coherente al fenómeno y brinden protección a los migrantes, por lo general estos quedan a merced de las reglas establecidas por los países receptores, especialmente Estados Unidos, siendo muy vulnerables a los maltratos de las autoridades extranjeras o el crimen organizado internacional, que opera a lo largo de este corredor.
La historia centroamericana ha estado acompañada por la existencia de fronteras muy porosas, donde impera el libre movimiento de las personas, lo que siempre facilitó las migraciones dentro de la región. Sin embargo, la migración más allá de las fronteras centroamericanas se disparó durante la década de 1980, cuando la violencia armada y la represión gubernamental determinó que 2,5 millones de personas fuesen desplazados de sus lugares de residencia e impulsados a emigrar bajo cualquier circunstancia.
Costa Rica se convirtió en el principal país de destino intrarregional, sobre todo para los nicaragüenses, pero México acogió a la mayoría de los migrantes que trascendían las fronteras de la región centroamericana. En 1990, ese país ofrecía asilo a más de 400 000 refugiados centroamericanos, el 74% procedente de El Salvador, también acogía a cerca del 50% de la migración nicaragüense y a buena parte de la guatemalteca, que mayormente se asentaba en México en calidad de trabajadores agrícolas (Morales, 2020).
Según reporta la División de Población de Naciones Unidas, en la actualidad más de 4,5 millones de centroamericanos viven fuera de sus países, más del 80% en Estados Unidos, un 15% en Europa, otro 2% en América Latina y el Caribe, con destaque para México, y el 2% en Canadá (O’Connor et al, 2019). la modalidad de la búsqueda de refugio no ha desaparecido como recurso migratorio de los centroamericanos, incluso se incrementó a partir de 2010, en el nuevo siglo va a gestarse una migración de naturaleza más económica, empujada por múltiples causas, como los efectos de las posguerras, la pérdida de empleos y el incremento de la pobreza rural, el aumento de la criminalidad y la violencia doméstica, los efectos del cambio climático en la agricultura, la devastación originada por huracanes y terremotos, entre otros fenómenos. El principal destino ya no será México sino Estados Unidos, una tendencia que crecerá exponencialmente en el transcurso del presente siglo (Morales, 2020) (véase Figura 1).
Fuente: Oficina del Censo de EEUU, 2019.Figura 1 Migrantes centroamericanos en Estados Unidos (1980-2017)
En las primeras décadas de este siglo, la migración internacional centroamericana creció más de un millón de personas, un incremento histórico de 32%. En el caso del triángulo NCA, el incremento se elevó a un astronómico 59% (CEPAL-FAO, 2018).
Diversos factores influyeron en este crecimiento, entre ellos la crisis económica global de 2007-2008, que determinó una baja circunstancial de la emigración hacia Estados Unidos, pero el aumento de la intrarregional; el incremento de la pobreza, especialmente en los países del NCA, donde alcanzó niveles por encima del 50% de la población; las presiones por la reunificación familiar y la consolidación de las redes de apoyo creadas en los países receptores, de manera particular en Estados Unidos, así como el incremento de la violencia e inseguridad, a lo que se suma los efectos de la pandemia de la COVID-19 y su impacto en la economía, donde se calcula la pérdida de 1,5 millones de puestos de trabajo (Morales, 2020).
Los cambios más relevantes de la movilidad migratoria centroamericana a partir del año 2000 van a verse reflejados en el citado incremento histórico de los flujos internacionales y el resurgimiento, muchas veces forzado, de los desplazamientos internos; el predominio de la migración irregular; el crecimiento de las solicitudes de refugio, combinado con una mayor cantidad de deportados; las modificaciones de las políticas migratorias de los países de tránsito y destino, así como la violencia y la criminalidad transnacional. Todo lo cual convierte a Centroamérica en un caso crítico de la movilidad humana en el mundo, tanto por las condiciones en que se produce esta migración, como por su impacto en México y en Estados Unidos, destino final de la mayoría de los migrantes.
La migración centroamericana va a estar caracterizada por el incremento de los migrantes irregulares, en tránsito y los solicitantes de refugio; por una alta presencia de familias enteras, de mujeres y de menores no acompañados, lo que se relaciona con el interés por conservar las familias o reunificarlas; por el acoso que sufren los migrantes por parte del crimen organizado y las propias autoridades, tanto en el tránsito como en su posterior asentamiento, así como por las deportaciones masivas, la criminalización de la migración y la discriminación de los migrantes en los países de destino. Es un proceso que coincide con la politización de las migraciones en el escenario global, el incremento del discurso xenófobo y la ideología antiinmigrante, así como el amurallamiento de las fronteras y las medidas de no admisión por parte de los países receptores en casi todo el mundo desarrollado.
Vale apuntar que el objetivo de Estados Unidos, y de los países desarrollados en general, no es impedir todo tipo de inmigración, sino aquella que no se ajusta a sus necesidades específicas. Lo que ocurre con la migración centroamericana, al igual que otras procedentes del Tercer Mundo, es que la brecha cultural es tan grande que el cálculo costo-beneficio opera en contra de su inserción en las economías más avanzadas, de ahí que la política migratoria de los países receptores se centre en aumentar su capacidad de descarte.
De manera frecuente, una parte importante de los migrantes centroamericanos quedan atrapados en la ruta (“fronteras tapón”), sin poder continuar a su destino ni regresar a sus países de origen, lo que incita el interés de repetir la aventura. Otro elemento caracterizador de esta etapa son los proyectos migratorios colectivos, materializados en las famosas “caravanas de migrantes”, a partir de 2018. Es una manera de buscar protección en la ruta y recibir asistencia de organizaciones humanitarias, pero también es un recurso del crimen organizado para maximizar sus ganancias, a veces con la complicidad de las propias autoridades encargadas de impedir las caravanas.
Guatemala, Honduras y El Salvador, triángulo del NCA, reportan el 80% de la migración internacional centroamericana, mientras Panamá, Nicaragua y Costa Rica el 68% del flujo intrarregional, con un volumen considerable de nicaragüenses asentados en Costa Rica (300 000), debido a los últimos conflictos políticos en ese país (CEPAL-FAO, 2018).
México ha servido como corredor hacia el norte, como país de acogida de los migrantes centroamericanos que no logran o no se proponen llegar a Estados Unidos, así como de muro de contención de los migrantes hacia ese país. Por su parte, sobre todo Panamá, se ve afectado por los flujos de migrantes en tránsito procedentes de otros países de América Latina y el Caribe, incluso del resto del mundo, en camino hacia el norte.
La emigración alteró de manera apreciable las economías locales y convirtió a Centroamérica en una región muy dependiente de las remesas familiares. Según datos del Banco Mundial, las remesas enviadas a Centroamérica por canales formales se incrementaron seis veces desde el año 2000, rebasando los 22 300 millones de dólares anuales, para significar un 8% del PIB regional (O’Connor et al, 2019).
Las remesas provienen del fondo salarial de los migrantes y, a diferencia de otros ingresos en divisas, muestran mayor estabilidad, son recurrentes y menos sensibles a los ciclos económicos, aunque, por estar destinada al consumo de productos mayormente importados, si bien mejoran el nivel de vida de muchas personas, no aportan de manera decisiva al desarrollo de estos países.
Otro fenómeno social asociado a la migración centroamericana es el crecimiento de las “maras” o pandillas delincuenciales urbanas, mayoritariamente integrada por jóvenes, las cuales constituyen un problema mayor en el funcionamiento de estos países. Tienen su origen en causas endógenas relacionadas con las guerras, el narcotráfico y otros hechos delictivos, pero también se nutren de la devolución de pandilleros formados en Estados Unidos. Estudios realizados demuestran una correspondencia entre el auge de las pandillas urbanas en Centroamérica y el nivel de deportaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en cada momento (Arboleya, 2013).
Buena parte de los corredores migratorios mesoamericanos han quedado bajo el control del crimen organizado, tanto como administrador de rutas y proveedor de recursos a los migrantes, como para esquilmarlos y abusar de ellos. Se trata de un mercado en disputa, calculado en medio millón de personas anuales, no solo centroamericanos, sino también del resto de América Latina y el Caribe, en especial cubanos y haitianos, así como asiáticos y africanos, que pagan entre 4 000 y 15 000 dólares por la travesía (Morales, 2020).
Los migrantes del triángulo Norte Centroamericano
Según la CEPAL, en 2019 los países del triángulo NCA reportaban una migración de 3,6 millones de personas, equivalente al 10% de su población. El Salvador reportaba los niveles más altos (1,6 millones), seguido de Guatemala (1,2 millones) y Honduras, más de 800 mil personas (Morales, 2020). Los migrantes hacia otros países del NCA, México y el resto de Centroamérica apenas sumaban 268 315 personas, aproximadamente 9% del total de emigrantes proveniente de la región del NCA. El resto emigró hacia Estados Unidos, donde se registraba un crecimiento de 7,3% anual en los últimos quince años (Canales et al, 2019) (véase Figura 2).
Fuente: Cálculos del autor a partir de datos CEPAL, 2019.Figura 2 Destinos principales de los migrantes originarios del NCA
Esta explosión migratoria ha sido el fruto en parte de los desbalances existentes entre las dinámicas demográficas y económicas de los países emisores y Estados Unidos, país receptor por excelencia. Mientras que los países del NCA presentan un superávit de fuerza de trabajo equivalente al 25% de la población, en Estados Unidos la fuerza de trabajo muestra un déficit de 38%, lo que algunos estudiosos calculan puede ser cubierto en un 80% por los migrantes mesoamericanos (Canales et al, 2019). Pero este cálculo no es exacto, si bien el déficit de fuerza de trabajo en Estados Unidos amplía la demanda de mano de obra en renglones elementales de la economía como los servicios básicos, la calidad cultural de la inmigración importa cuando se trata de trabajos calificados, donde radican las prioridades de la economía norteamericana, para lo que no aplica la mayoría de la inmigración del NCA, ello explica que sean rechazados, a pesar de la demanda existente.
Más allá de la economía, otro factor que impulsa la migración del NCA, y la centroamericana en general, es el atractivo de la reunificación familiar y la existencia de redes de apoyo para la recepción de los nuevos inmigrantes, toda vez que el 80% de los migrantes centroamericanos tienen familiares en Estados Unidos (Arroyo, 2021). Está demostrado que toda migración atrae nuevos migrantes y crea mejores condiciones para acogerlos.
Una cualidad que distingue al flujo migratorio del triángulo NCA es el peso de la llamada “emigración forzada”, generadora de solicitantes de asilo y migrantes irregulares, lo que muchos especialistas definen como una “migración de supervivencia”. A partir de 2010 se mezclaron los corredores laborales con este tipo de migración, determinando cualidades específicas como las antes mencionadas, dígase el predominio de los jóvenes; un alto grado de feminización, relacionado con las oportunidades de empleo para la mujer en el sector de servicio de baja calificación y el cuidado de niños y ancianos; la migración de familias enteras o el incremento de menores no acompañados, vinculado al mismo objetivo de mantener la unión familiar o reunificarla en caso de separación.
La naturaleza eminentemente rural de esta emigración y la participación mayoritaria de jóvenes en su composición, ha transformado la estructura del empleo y el perfil demográfico de los países del NCA, los cuales muestran los niveles económicos más bajos de Centroamérica y ello supone un círculo vicioso, generador de nuevos migrantes.
Mientras que en los países del NCA el PIB per cápita es de cuatro mil dólares anuales, el de Costa Rica y Panamá ronda los diez mil dólares. El nivel de pobreza en Honduras alcanza el 74% y en Guatemala el 67%, lo que supera el promedio latinoamericano. Aunque en El Salvador es inferior (41,6%), también está por encima de este promedio. Solo el 20% del PIB de estos países es generado por sectores de alta productividad, mientras que en América Latina es el 26% y en Estados Unidos es el 40% (Canales et al, 2019).
Entre 1980 y 2017 la población centroamericana creció 10 veces, especialmente en el triángulo Norte, donde la población económicamente activa de Honduras creció un 40%, la de Guatemala un 80% y El Salvador un 62%. Como la base económica del triángulo NCA no tiene suficiente dinamismo para asumir este crecimiento, aumentó el desempleo y la migración implicó la exportación del segmento poblacional más productivo. Esto queda demostrado por el hecho de que las edades comprendidas entre 20 y 39 años conforma el 59,4% de los migrantes guatemaltecos, el 57% de los hondureños y el 53% de los salvadoreños (Canales et al, 2019).
En 2016, el promedio de edad de los migrantes del NCA fue de 29 años, siendo la mitad menor de 27 años. El 30% no había culminado los estudios primarios y solo el 38% había superado este nivel. El 66% apenas tenía un dominio elemental del inglés (Canales et al, 2019) (Figura 3).
Fuente: US Census Bureau, 2017Figura 3 Nivel educativo de los migrantes del NCA con relación a otros migrantes y a la población nativa de EEUU, 2017
A diferencia del promedio centroamericano, y latinoamericano en general, pero similar a lo que ocurre con los mexicanos, la masculinidad dentro de los migrantes del NCA prevalecía dentro del conjunto: Guatemala 139 hombres por cada 100 mujeres y Honduras 104. El Salvador, es el único país con mayoría femenina, 96 hombres por cada 100 mujeres (Canales et al, 2019). La explicación más probable es el menor peso relativo de los migrantes irregulares en el caso de los salvadoreños.
A pesar de sus migrantes ser los más pobres y desventajados, el triángulo del NCA compiló el 88% de las remesas centroamericanas y en esos tres países, dígase El Salvador (17,1%), Honduras (20,2%) y Guatemala (10,4%), los ingresos por esta vía superan a cualquier otra actividad económica (CEPAL-FAO, 2018).
Asentamiento de los migrantes centroamericanos en Estados Unidos
Estados Unidos ha sido el destino del 85% de la migración centroamericana (tabla 2). Visto de conjunto, constituyen el segundo grupo dentro de la minoría latina, solo superado por los mexicanos (Arroyo, 2017).1
Tabla 2 Volumen de migrantes centroamericanos en Estados Unidos según país de origen
| PAÍS | MIGRANTES |
|---|---|
| Salvador | 1,402,000 |
| Guatemala | 959,000 |
| Honduras | 655,000 |
| Panamá | 107,000 |
| Costa Rica | 83,000 |
| Belice | 49,000 |
Fuente: U.S. Census Bureau Office, 2019.
Cerca de la mitad (48%) de los inmigrantes centroamericanos llegó a Estados Unidos antes del 2000 y casi un tercio, 1,2 millones (34%), son ciudadanos estadounidenses, por debajo del resto de los inmigrantes, donde esta condición ciudadana abarcaba al 49% de la población (Arroyo, 2021) (tabla 3).
Tabla 3 Porcentaje de migrantes centroamericanos naturalizados en Estados Unidos según país de origen.
| País de origen | Porcentaje de naturalizados |
|---|---|
| Panamá | 74% |
| Nicaragua | 62% |
| Costa Rica | 55% |
| Salvador | 33% |
| Guatemala | 28% |
| Honduras | 24% |
Fuente: USCB, 2017
Los centroamericanos constituyen el 10% de los latinos inscriptos para votar2, lo que unido a sus difíciles condiciones económicas y culturales, así como su escasa participación en las elecciones (48%), limita considerablemente su peso relativo en las urnas y su influencia política a escala nacional. Prueba de ello es que solo la guatemalteca Norma Torres, demócrata por California, ocupa un escaño en la Cámara de Representantes, en Washington.
No obstante, a nivel de algunos estados y comunidades esta influencia puede potenciarse, como son los casos de California (9%) y la Florida (13%). Alrededor de dos tercios de los centroamericanos se identifican como demócratas, aunque es una tendencia que, aun siendo mayoritaria, se debilita en la segunda y tercera generación de los descendientes (Del Real, 2018).
La edad promedio de los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos es de alrededor de 40 años, lo que también explica el poco interés por los procesos electorales, como ocurre en otros sectores de la sociedad norteamericana. Esta edad promedio está por debajo de la de otros inmigrantes extranjeros (45 años), pero es superior a los nativos (36 años). Los guatemaltecos y hondureños (37 años) tienden a ser los más jóvenes del grupo (Arroyo, 2021) (Figura 4).
Fuente: USCB, 2017Figura 4 Distribución por edad: migrantes el NCA, otros migrantes y población nativa de EEUU
Aunque en los últimos años se aprecia un aumento de su dispersión por el territorio de Estados Unidos, aún el 40% de los centroamericanos se concentra en los estados de California (780 000) y Texas (430 000), así como otro millón, un tercio del total, en cinco estados: Florida, Nueva York, Virginia, Maryland y Nueva Jersey (USCB, 2017).
Casi un millón y medio (50%) vive en seis grandes áreas metropolitanas: Los Ángeles, Houston, Nueva York-Nueva Jersey, Miami y Dallas. Los mayores grupos de salvadoreños (263 700) y guatemaltecos (173 700) viven en la ciudad de Los Ángeles; en Miami-Dade, la mayoría son nicaragüenses (78 700) y costarricenses (50 500); en el condado Prince George, en Maryland, radican 43 500 salvadoreños y 14 400 guatemaltecos, mientras que en el condado Harris, en Texas, la mayoría son salvadoreños (105 000) y otros 51 600 son hondureños (USCB, 2017).
Esto indica que, a pesar del origen rural predominante, la mayor parte no se dedica a actividades de la agricultura, como muchas veces se supone, sino a los servicios (32%), la construcción y el mantenimiento (23%), así como un 18% al transporte. El 38% de los panameños y el 28% de los costarricenses, más que el promedio centroamericano, disfrutan de mejores empleos en áreas de dirección empresarial, negocios, ventas y trabajos de oficina, mientras que entre el 54% y el 60% de los inmigrantes del triángulo del NCA ocupan puestos de baja calificación en sus respectivas actividades (O’Connor et al, 2019).
En cualquier caso, resaltan las altas tasas de empleo de estas personas: Guatemala (73%), El Salvador (70%) y Honduras (70%), lo que se corresponde con que el 83% de los centroamericanos está en edad laboral. En el caso de los mexicanos, la tasa de empleo es 65%, la de otros extranjeros es un 62%, y la de los nativos norteamericanos apenas alcanza el 59% (Figura 5). Ello demuestra que también es falso el mito de que viven de la caridad pública, cuando de hecho ésta es muy escasa, y la mayoría son contribuyentes al fisco (USCB, 2017).
Fuente: USCB, 2017.Figura 5 Tasa de empleo de migrantes centroamericanos, otros migrantes y población nativa de EEUU, 2017
Los salarios, como es de suponer, en muchos casos están por debajo de lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera la “línea de empleo decente”, dígase aquel capaz de satisfacer las necesidades elementales de las personas. Ese era el caso del 31% de los salvadoreños, el 35% de los guatemaltecos y el 37% de los hondureños. En 2017, el salario medio de una familia centroamericana consistía en 46 000 dólares anuales, mientras que otros extranjeros devengaban 56 700 y los nativos 60 800 dólares. Los de menor ingreso eran los guatemaltecos (43 000) y los hondureños (40 000), mientras que panameños (56 700), los nicaragüenses (56 700) y los costarricenses (53 400) eran los mejor ubicados en la escala salarial, dentro del conjunto centroamericano (USCB, 2017).
La discriminación estructural contra los migrantes centroamericanos, y de manera específica contra los del triángulo NCA, se percibe mejor por el escaso acceso de los que poseen un alto nivel de escolaridad (profesionales) a puestos de alta calificación o cuando reciben menor remuneración si logran acceder a estos puestos. El 35% de los migrantes del NCA con alta escolaridad está ubicado en puestos de baja calificación, un indicador superior a los mexicanos (29%) y mucho más que en el caso de otros inmigrantes (14%) o los nativos norteamericanos, que apenas asciende al 12%, como muestra la Tabla 4. Por otra parte, cuando acceden a estos trabajos, reciben un salario promedio de 3 925 dólares mensuales, mientras que el de los mexicanos es de 4 329, el de otros inmigrantes de 7 181 y el de los nativos norteamericanos asciende a 5 900 dólares (USCB, 2018):
Tabla 4 Porcentaje de personas en puestos de baja calificación y monto promedio de los salarios de migrantes del NCA, mexicanos, de otros países y población nativa, 2017.
| País de origen | Porcentaje de personas en puestos de baja calificación. | Salario promedio |
|---|---|---|
| NCA | 35% | $3925 |
| MEXICO | 29% | $4329 |
| OTROS | 14% | $7181 |
| NATIVOS | 12% | $5900 |
Fuente: USCB, 2018
La diferencia de los inmigrantes mesoamericanos con los otros extranjeros, incluso de estos últimos con los nativos, viene dada porque buena parte del resto de los inmigrantes ingresa a Estados Unidos gracias a visas específicas para aprovechar su alto grado de preparación, lo que pudiéramos denominar la “inmigración más deseada” o “robo de cerebros”. También por el ingreso al país de inmigrantes de otras regiones con mayor nivel cultural promedio, como es el caso de los asiáticos y algunos latinoamericanos, especialmente los del cono sur y los cubanos, capaces de insertarse en mejores condiciones al mercado laboral. No obstante, la “inmigración deseada” no solo se define por la preparación de los inmigrantes, importan otros factores, como el lugar y la cultura de origen, la raza y el idioma materno.
Solo el 7% de los migrantes del triángulo NCA devenga salarios mayores a 5 000 dólares mensuales y el 34% vive por debajo del umbral de la pobreza. Para el resto de los inmigrantes y los nativos norteamericanos, la proporción es de 18% y 20% respectivamente (USCB, 2018)3. En 2017, el 39% de los inmigrantes centroamericanos vivía sin cobertura médica, comparado con el 20% de otros extranjeros y solo un 7% de los nativos estadounidenses (O’Connor et al, 2019).
Vale apuntar que no obstante este nivel de precariedad, las condiciones de vida de los migrantes centroamericanos en Estados Unidos, en especial los del triángulo NCA, son mucho mejores que las que muestran los indicadores en sus países de origen, lo que explica el flujo constante de migrantes, no importa los obstáculos que les impongan.
La migración irregular del Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos
La migración irregular está condicionada por el deseo, a veces la desesperación, de las personas por abandonar el lugar donde viven, el atractivo que ofrecen los países receptores, debido a ofrecer superiores estándares de vida y mayores oportunidades, así como por los obstáculos que imponen las políticas migratorias de estos países, para realizar esta aspiración mediante procedimientos legales. La experiencia demuestra que cualquier restricción a los flujos migratorios regulares, termina por incrementar la migración irregular, sin importar las medidas que se implementen para detenerla.
Se calcula que existen unos 12 millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos. La mitad (5,6) son mexicanos y 1,7 millones (15%) procede de los países centroamericanos, en su mayoría del triángulo NCA, dígase El Salvador (750 000), Guatemala (550 000) y Honduras, cuya cifra ascendía a 355 000 personas (Morales, 2020).
A pesar de que la tasa de éxito de la aventura migratoria irregular disminuyó de 30% a principios de siglo a solo un 19% en 2016, anualmente un promedio de 450 000 migrantes irregulares procedentes de NCA atravesaron la frontera norteamericana, en este período. Como resultado, la irregularidad de la migración del NCA creció de dos millones en 2005 a tres millones en 2017, un crecimiento acumulado de más de 50% en apenas una década (Passel, 2017).
Si se compara con México, vamos a encontrar que las detenciones en la frontera norteamericana de inmigrantes irregulares procedentes del triángulo NCA, un indicador para calcular su volumen, aumentaron sostenidamente en las últimas dos décadas (2000-2019), hasta alcanzar un tope de unos 600 000 en 2019, mientras que la de los mexicanos decreció de 1 600 000 en 2000 a apenas 200 000 en ese mismo año (Guo, 2020) (véase Figura 6).
Fuente: Saap, Leslie (2011) yGuo, Mike (2020).Figura 6 Detenciones en la frontera. Migrantes NCA, mexicanos y total.
Algunos especialistas achacan la baja mexicana a la disminución de las oportunidades de trabajo en Estados Unidos y el deterioro de los salarios, como resultado de la crisis económica de 2008 y, con posterioridad, a los efectos de la política antiinmigrante de Donald Trump o al cierre de las fronteras como medida contra la pandemia, pero estas condiciones se cumplían igual para los centroamericanos, cuya ruta es más complicada, costosa y peligrosa que la de los mexicanos. De hecho, después de una caída estrepitosa en 2020, que se achacó al éxito de la política trumpista, pero que pudiera estar más relacionada con la expectativa de las elecciones, los niveles volvieron a dispararse en 2021, lo que nos indica que la migración irregular es un problema endémico para Estados Unidos, y también para los países emisores, que no tiene solución mediante medidas coercitivas.
El grado de masculinidad diferencia a los flujos irregulares de los regulares, mientras a escala de la subregión del NCA la migración regular muestra una proporción de 88 hombres por cada 100 mujeres, en la migración irregular predominan los hombres (138/100), con destaque para Guatemala, donde la proporción es de 178 hombres por cada 100 mujeres (Passel, 2017). Se trata de hombres jóvenes con bajo nivel de escolaridad, más de la mitad empleados en puestos de baja calificación y salarios inferiores al de los migrantes documentados, de por sí bastante deprimidos (Figura 7).
Nada indica que en el futuro predecible este flujo constante de migrantes irregulares pueda ser detenido, aunque la política migratoria de Estados Unidos ha estado orientada a lograr este objetivo.
Política migratoria de Estados Unidos
En la actualidad, 44,8 millones de extranjeros viven en Estados Unidos, cerca del 14% de la población norteamericana. Es el receptor de inmigrantes más grande de la historia y, desde sus orígenes como nación, los inmigrantes han sido un ingrediente indispensable para el desarrollo del país, tanto por su peso demográfico, laboral y científico, como por su importancia para el control de la clase trabajadora y su influencia en la depreciación de los salarios, con el consiguiente aumento de la tasa de ganancia para los empleadores.
Debido a la complejidad de su impacto económico y social, frente al fenómeno migratorio siempre han existido posiciones contradictorias en la sociedad norteamericana. Por un lado, están los sectores que, ya sea por intereses económicos o humanitarios, reclaman mayor apertura hacia los inmigrantes, mientras que otros los conciben como una amenaza a sus intereses y modelo de vida. Las actitudes de rechazo a los inmigrantes, en algunos casos brutales, han evolucionado a partir de esta lógica, reproduciendo un ciclo perverso, pero con bases económicas objetivas, donde con el devenir del proceso de integración a la sociedad norteamericana, los discriminados tienden a convertirse en discriminadores.
La actitud de brindar cierta protección hacia los inmigrantes, incluso de reconocer su condición étnica en tanto parte de la sociedad norteamericana, como fue el caso de incluir la minoría hispana en el censo de 1970, formaba parte de una lógica heredada de los movimientos por los derechos civiles de los años 60, la cual tuvo una expresión concreta en la reforma migratoria de 1965, consideraba muy progresista, porque centraba las prioridades de visas en la reunificación familiar, lo que facilitó el ingreso de inmigrantes procedentes del Tercer Mundo y ello cuadruplicó en poco más de medio siglo la población inmigrante del país.
Sin embargo, esta lógica no aplica igual para los latinoamericanos, toda vez que no estaban comprendidos en el régimen de cuotas por países de la legislación precedente. El incremento de la inmigración de origen latinoamericano en Estados Unidos, tiene causas endógenas en América Latina, que transitó de receptora a emisora de migrantes, al menos en ciertos países, como resultado del deterioro de sus condiciones de vida, la influencia reproductora de los propios flujos migratorios y la influencia de una cultura de la migración, asociada al desarrollo de la globalización.
Hasta 1980, la inmigración de origen latinoamericano, excepto en los casos de México y Cuba, tenía un peso reducido dentro del conjunto de inmigrantes en Estados Unidos. Sin embargo, durante las décadas de 1980 y 1990, los conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, triplicaron la emigración centroamericana hacia ese país lo que, unido a la persistencia de mexicanos, cubanos y puertorriqueños, convirtió a los latinoamericanos en el grupo predominante dentro de los flujos migratorios y la minoría étnica más grande entre todas las existentes.4 Se les acusa de hacer peligrar la propia identidad estadounidense y, en consecuencia, en los últimos años ha sido el blanco fundamental de los ataques contra los migrantes, así como el objeto de las políticas más discriminatorias por parte del gobierno norteamericano.
Ya en el gobierno de Bill Clinton (1993-2001), se aprecia el fortalecimiento de la tendencia a limitar la inmigración, mediante el endurecimiento de los controles migratorios. La Ley para la Reforma Migratoria, la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad Inmigratoria de 1996 (IIRIRA en inglés), fue un cambio relevante de las leyes migratorias existentes, tenía un enfoque punitivo que facilitaba las deportaciones, incluso con retroactividad, abusaba de las detenciones, condicionaba la reunificación familiar a los ingresos económicos de las personas y separó a miles de familias. Fue Clinton, gobernando con la agenda de los conservadores a pesar de ellos, como pudiera afirmarse, el que en 1994 inició la construcción del muro fronterizo, bajo el ilustrativo nombre de Operación Guardian. Además, como plantean algunos investigadores, durante su gobierno, en términos prácticos, la frontera sur de Estados Unidos dejó de estar en México, para instalarse entre Chiapas y Guatemala (González-Páramo, 2021).
La preocupación de afectar lo menos posible a los sectores que requerían de esta fuerza de trabajo, que limitó las política antiinmigrantes en muchos casos, fue perdiendo relevancia, en la medida en que el empleo fundamental de los inmigrantes se desplazó de actividades productivas esenciales, como la agricultura, hacia los servicios de baja calificación, lo que explica la decisión, contenida en la IIRIRA, de sancionar a los empleadores que contrataran a trabajadores indocumentados, un paso bastante radical en su momento.
A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la guerra contra el terrorismo devino la excusa perfecta para actuar contra la inmigración no deseada y cambiaron radicalmente los paradigmas en el tratamiento al problema migratorio. Se impusieron criterios relacionados con la seguridad nacional, como la prioridad de los controles fronterizos y el control de los inmigrantes, se tendió a desestimar las causas estructurales de la migración y los derechos de los migrantes, se criminalizó la migración irregular y se focalizó la discriminación en los migrantes procedentes de determinadas regiones, como los musulmanes, pero también contra los mexicanos y centroamericanos.
Fue la época en que se crearon los Programas de Comunidades Seguras, destinados a perseguir a los inmigrantes irregulares no solo en las fronteras, sino en las zonas de vivienda y trabajo. También se endureció el sistema judicial, mediante la tipificación de nuevos delitos relacionados con la inmigración. La Ley Patriótica de 2001, además de ampliar los mecanismos de control social en muchos sentidos, fue aplicada con poca discreción contra los inmigrantes, en especial los indocumentados. Lo mismo ocurrió con la política de deportaciones, que se incrementaron de 175 000 en 2000, a más de 400 000 en 2010 (Canales et al, 2019).
Como resultado del impacto de la globalización en la estructura laboral norteamericana, con afectaciones notables para sectores de la clase trabajadora blanca, los sentimientos antiinmigrantes encontraron caldo de cultivo a escala social, toda que vez que se les percibirá como la causa de los problemas de empleo y el deterioro del valor de su fuerza de trabajo. Este escenario caracterizó los ocho años de mandato de Barack Obama (2009-2016), con particular relevancia en los momentos electorales.
Durante su primer mandato, Obama impulsó la adopción de una reforma migratoria integral, que sucumbió debido a la falta de consenso en el Congreso. En 2012, en plena campaña por la reelección, anunció la que fue la decisión migratoria más importante de su gobierno, la puesta en marcha del Programa de Acción Diferida (DACA en inglés), mediante la cual se autorizaba la permanencia de aquellos inmigrantes indocumentados que hubiesen arribado al país siendo menores de edad, los llamados “dreamers”. A lo largo del tiempo, el DACA ha permitido la protección de 750 000 jóvenes latinos, aunque no supone un estatus de residencia legal ni es un paso hacia la ciudadanía.
Uno de los efectos no deseados de este programa, fue incentivar el arribo de más inmigrantes indocumentados menores de edad, lo que Obama encaró con la extensión del programa a otros 250 000 dreamers en 2014 y la pretensión de establecer un programa de acción diferida para sus padres (DAPA en inglés), con vista a evitar la separación de las familias. Sin embargo, esta decisión fue desafiada por 26 gobiernos estaduales en los tribunales y finalmente la Corte Suprema decidió que el asunto era competencia de los estados, lo que paralizó la implementación de la idea.
Enfrentado a la crítica de los republicanos, que gozaban de mayoría en ambas cámaras durante su segundo mandato, el escaso apoyo de la sociedad norteamericana a la apertura migratoria y el colapso de los tribunales encargados de procesar a los menores, finalmente la respuesta fundamental de la administración fue militarizar la frontera, reforzar la vigilancia y la infraestructura de protección fronteriza, así como apoyar una reforma regresiva de la ley de 2008, para acelerar la deportación de los niños centroamericanos (González-Páramo, 2021).
Con vistas a palear las causas de la emigración, en 2014, Obama aprobó un programa de ayuda a los países centroamericanos de 2 600 millones de dólares, pero buena parte de estos fondos desaparecieron en las manos de los políticos venales del área, sin efectos concretos sobre el tema migratorio (Arroyo, 2021).
Otras medidas progresistas en el campo migratorio, fueron deshacer el Programa de Ciudades Seguras, ampliar el otorgamiento de visas a personas sujetas a diversas formas de violencia y extorción, establecer permisos de trabajo para cónyuges de personas admitidas y otras flexibilizaciones de las normas migratorias. Pero estas medidas no detuvieron el volumen de las deportaciones y el verdadero legado de su gobierno en este tema, fue alcanzar el record de 2,7 millones de personas expulsadas del país mediante el Programa de Deportación Prioritaria (Morales, 2020).
Pocas veces el discurso oficial estadounidense ha sido tan descarnadamente discriminatorio hacia los inmigrantes, en especial contra centroamericanos y mexicanos, y el tratamiento hacia ellos tan inhumano y vejaminoso como durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021). De hecho, combatir la inmigración y despreciar a los inmigrantes, fue el recurso por excelencia del presidente para movilizar a su favor a las corrientes más xenófobas de la sociedad norteamericana, por lo que el tema migratorio devino el más polarizador y tóxico de sus campañas políticas y en el ejercicio del gobierno.
Trump estableció una política de “tolerancia cero” a la inmigración irregular, aunque el rigor de su rechazo también se extendió a los inmigrantes regulares procedentes de todo el Tercer Mundo. Con la excusa de la guerra contra el terrorismo, el Departamento de Estado decretó una moratoria para todos los migrantes procedentes de países musulmanes, restableció el Programa de Ciudades Seguras, animó la persecución de los inmigrantes por parte de las autoridades locales y grupos paramilitares racistas, así como construir un muro en la frontera con México, devino su emprendimiento simbólico más publicitado.
Disminuyó el rol cautelar de las cortes y aumentó la discrecionalidad de los servicios represivos para actuar contra los inmigrantes, incluso llevó a cabo la separación de niños de sus padres y la concentración de menores en instalaciones federales, donde los niños vivían hacinados en jaulas infames, que despertaron la repulsa de todo el mundo. En 2018, fueron arrestados 38 000 niños no acompañados y colocados en estas condiciones (Arroyo, 2021).
Con el fin de interrumpir el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, Trump estableció el Protocolo de Protección del Migrante (MPP en inglés), que consistía en que los solicitantes de asilo debían esperar su audiencia en corte en territorio mexicano (“Remain in Mexico”). También estableció la condición de “tercer país seguro” para los países mesoamericanos, lo que implicaba que nadie que transitara por alguno de estos países podía solicitar asilo en Estados Unidos. Aunque una decisión de una corte federal impidió que finalmente pudiera hacerlo, también decretó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés), establecido por el Congreso en 1990, para brindar protección temporal a inmigrantes víctimas de desastres naturales, guerras u otros eventos que impidieran el regreso a sus países de origen. Tres de los 10 países designados para recibir esta protección son centroamericanos (Nicaragua, Honduras y El Salvador) y el mayor beneficiado ha sido El Salvador, con 61% de los 318 000 solicitantes registrados (Arroyo, 2021).
Como resultado de estas políticas, en 2019 fueron arrestados 363 000 migrantes procedentes de NCA y otros 250 000 migrantes centroamericanos estaban expuestos a ser deportados, lo que solo la intervención de un juez federal pudo evitarlo. De igual manera, Trump estableció la suspensión del programa DACA, que colocó a estos jóvenes en un limbo legal migratorio, hasta que una apretada decisión de la Corte Suprema (5-4), lo declaró ilegal en junio de 2020.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS en inglés), conjuntamente con el Departamento del Trabajo, establecieron medidas restrictivas en materia migratoria, como el incremento de los registros de naturalización, limitaciones para el otorgamiento de la residencia permanente (Green Card), un mayor escrutinio a los empleadores e incluir la pregunta sobre la nacionalidad en el censo. En correspondencia con su política de limitar la presencia norteamericana en conflictos armados, Trump planteó restringir el reclutamiento de inmigrantes irregulares en las Fuerzas Armadas, la vida cómoda en las bases no estaba diseña para ellos, lo que cerró otra puerta a la legalización de su estatus migratorio. Por último, el presidente menospreció las relaciones con los gobiernos de triángulo NCA y desechó la ayuda externa, la cual redujo un 75%, como un recurso para disminuir la migración de estos países (González-Páramo, 2021).
En resumen, desde el momento en que asumió el cargo, emitió un torrente de órdenes que redujeron la admisión de refugiados, limitaron la elegibilidad para obtener asilo, dificultaron más la aprobación de la residencia permanente o la ciudadanía, intensificaron el escrutinio a los solicitantes de visas, incluso para trabajadores altamente calificados, y buscaron limitar la duración de la estadía de los estudiantes internacionales, lo que demuestra que fue una política guiada más por la xenofobia que por lo intereses económicos del país.
En 2020, Trump redujo de manera drástica la cifra de migrantes que llegaban a la frontera, solo unos 15 000, lo que algunos funcionarios interpretaron como la posibilidad de reducir la llegada de irregulares a los niveles de 1970 (Jordan, 2020). Sin duda influyó que muchos eran frenados en la frontera sur mexicana, detenidos durante su tránsito por ese país o disuadidos a emprender la travesía, ante la brutalidad del trato que recibirían, pero fue un resultado circunstancial, en el que también puede haber incidido la expectativa de las elecciones en Estados Unidos.
El problema migratorio fue uno de los temas centrales de las elecciones de 2020 y Joe Biden prometió cambios radicales en la política norteamericana. En primer lugar, cambió una narrativa basada en la discriminación y la xenofobia, hacia el retorno al discurso del “país de las oportunidades” y los derechos humanos de los inmigrantes. No es casual que la hija de inmigrantes, Kamala Harris, haya sido encargada de la tarea, lo que además repetía la experiencia del gobierno de Obama de nombrar al vicepresidente al frente de este asunto, con vista a acentuar la prioridad que se le concedía al problema.
Biden anunció un ambicioso proyecto de ley, de dudosa aprobación por el Congreso, que propone una hoja de ruta hacia la ciudadanía, para unos 10 millones de inmigrantes irregulares. También prometió mejorar los procesos de recepción y acogida para menores y poblaciones vulnerables, proteger el agrupamiento familiar y los derechos laborales de los migrantes, así como medidas contra las redes de tráfico y el crimen organizado. De inmediato, anunció el fin de la política de tolerancia cero y reactivó los acuerdos de asilo con los países del triángulo del NCA.
Biden ha tomado importantes decisiones en política migratoria, que lo distinguen de Donald Trump, como restablecer el programa DACA y revocar, al menos formalmente, el programa PPM conocido como “Permanecer en México”. También se han anulado las llamadas restricciones de “carga pública”, que permitía rechazar la concesión de tarjetas de residencia en virtud de sospechas en este sentido. Ha derogado la prohibición de entrada de ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Siria, Somalia, Venezuela y Yemen que, con el pretexto de lucha contra el terrorismo, imponía un filtro claramente racista y antimusulmán a la política migratoria. No obstante, aún son muchos los temas pendientes y la política norteamericana se muestra incapaz de concretar muchos de estos proyectos, sobre todo, resolver el perentorio problema del flujo incontrolable de migrantes hacia su frontera.
Debido a conflictos políticos con El Salvador y Honduras, Harris solo pudo visitar Guatemala y México en su primer viaje a la región mesoamericana. Allí prometió, una vez más, con igual dudosa eficacia, un plan de ayuda de 4 000 millones en cuatro años para los países del NCA, que no se ha concretado debido a que, como resultado de la experiencia anterior, Biden condicionó esta ayuda a garantías contra la corrupción en estos países, lo que de hecho anula las posibilidades del plan, de por sí insuficiente para los problemas de la región.
De nuevo, el mensaje fundamental fue que la prioridad para Estados Unidos consistía en el control de las fronteras. Harris lo dejó muy claro, mediante una declaración que recorrió el mundo: “no vengan”, dijo en su primera visita a la frontera (Kanno-Youngs, 2021). En mayo de 2021, alterando radicalmente el patrón del año anterior, 180 000 migrantes había sido detenidos en la frontera y otros 171 000 se hallaban varados en México (Beaunegard, 2021), donde otros 80 900 habían sido detenidos (Bianchi, 2021). En los primeros seis meses del nuevo gobierno demócrata, las detenciones y los rechazos en la frontera sur, superaba el promedio de los últimos 20 años (González-Páramo, 2021).
En relación con igual período del año precedente, en los primeros seis meses de su mandato, el gobierno de Joe Biden mostraba un 70% de incremento en las deportaciones, una cifra de 78 442 personas, de un total de 99 000, que habían sido detenidos por las patrullas fronterizas (Beaunegard, 2021). Según Alejandro Mayorkas, secretario de Interior, estaban excluidos de las deportaciones los menores no acompañados, pero habían sido detenidos 47 729 niños, más que todo el año fiscal de 2020, y estos permanecían en condiciones de reclusión que el propio Biden consideró “totalmente inaceptables” (Beaunegard, 2021).
El caso de los inmigrantes menores no acompañados plantea significativos problemas para el gobierno de Joe Biden. Los menores que intenten ingresar a Estados Unidos por la frontera de Canadá o México, tienen que demostrar que están en riesgo de trata o persecución, para no ser expulsados. El tapón que se produce durante el procedimiento, agrava no sólo las condiciones de alojamiento, sino la protección de sus derechos, ante la incertidumbre que rodea el período provisional de custodia. En marzo de 2021, había más de 4 000 niños hacinados en tiendas de campaña, sin camas suficientes o compartiendo espacio con adultos no relacionados, a la espera de que sean hallados sus familiares o los ubiquen en casas de acogida. Según datos de 2020, los menores no acompañados pasaron una media de 102 días bajo custodia gubernamental. La mayoría eran varones adolecentes de origen centroamericano (68%), buena parte con serios problemas de salud mental, debido al estrés de la experiencia (González-Páramo, 2021).
En cuanto a los menores que ya viven irregularmente en EE UU, hasta ahora están protegidos por el restablecimiento del programa DACA y tienen la esperanza de que sea aprobada la Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021, actualmente en manos del Congreso. De aprobarse, tras 20 años y diez proyectos legislativos fallidos, los dreamers quizás podrían ver realizado el sueño de acceder a la nacionalidad norteamericana, pero esto también es poco probable dada la composición del Congreso.
Cualquier cambio sustancial de la política migratoria por parte del gobierno de Joe Biden, tendrá que enfrentar los enormes prejuicios políticos, ideológicos, incluso culturales, que prevalecen contra los inmigrantes en amplios sectores de la sociedad norteamericana, así como contraponerse a los intereses económicos privados en que se asientan el control migratorio actual. Según el Transnational Institute (TNI), ambos partidos se benefician de las contribuciones de los grandes contratistas fronterizos, incluso los demócratas reciben más dinero que los republicanos. Mientras que contratistas militares y empresas especializadas en seguridad y detención de los inmigrantes suelen favorecer a los republicanos, las tecnológicas y de auditoría benefician abrumadoramente a los demócratas.
Biden ha prometido poner fin a los centros privados de detención de inmigrantes, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es tan dependiente de los contratistas privados, que prescindir de sus servicios supondría su paralización. Sólo a modo de ejemplo, el 80% de las camas disponibles en la red ICE, están gestionadas por manos privadas (González-Páramo, 2021). También el presidente demócrata ha dicho que quiere acabar con la brutalidad en la frontera y rechaza la imagen primitiva del muro trumpista, pero esto no altera la prioridad que se le concede al tema de la seguridad fronteriza, la cual pretende ser establecida mediante sistemas inteligentes de protección.
El actual gobierno norteamericano tiene por delante llegar a acuerdos con México para el tratamiento del problema migratorio, tanto en la esfera bilateral, como el que proviene de otros países y atraviesa la ruta mesoamericana. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido en que la estrategia de atacar el problema de raíz y sus propuestas van encaminadas a aumentar la asistencia económica a los países del triángulo del NCA. No obstante, está por verse si Estados Unidos está dispuesto a erogar la cantidad de dinero que haría falta para tamaña empresa y si los gobiernos de estos países tienen la voluntad y la capacidad de administrarlo adecuadamente.
Cambios en la política migratoria mexicana
Con la llegada de AMLO a la presidencia de México,5 se anunciaba la puesta en marcha de una política de mejor tratamiento y “puertas abiertas” a la inmigración centroamericana. En tal sentido, se establecieron visas humanitarias para el ingreso al país, acceso a puestos de trabajo, así como asistencia básica para las personas en tránsito.
Pero esta política cambió pocos meses después. Bajo la amenaza de Donald Trump de aumentar las tarifas arancelarias si México no colaboraba en la contención de los migrantes, se suspendieron las visas humanitarias y se emitieron nuevos controles mediante tarjetas de identidad, se llevaron a cabo expulsiones masivas de inmigrantes con antecedentes penales, se idearon diversas estrategias para dispersar a las caravanas y penas para los que asistieran a los migrantes, así como se tomaron medidas para evitar que permanecieran largo tiempo en los territorios fronterizos. El resultado inmediato fue una disminución de 56% de las detenciones en la parte norteamericana, que en los tres meses anteriores habían alcanzado unas 144 226 personas (Camhaji, 2019).
A pesar de los insultos hacia los migrantes mexicanos y sus amenazas contra el país, AMLO mantuvo una extraña cordialidad con Donald Trump. En parte, era una necesidad originada por una dependencia económica real, que ningún presidente mexicano puede ignorar, sobre todo cuando se enfrenta a un gobernante impredecible como el entonces presidente norteamericano. Pero la política migratoria de AMLO no solo puede ser entendida como consecuencia de las presiones norteamericanas, sino a partir de sus propios problemas estructurales domésticos y el rechazo de buena parte de las autoridades locales y de la mayoría del conjunto sociedad mexicana, a la presencia masiva de inmigrantes en sus territorios.
Para frenar la inmigración centroamericana, controlarla dentro del país o expulsarla del territorio mexicano, AMLO desplegó 21 000 efectivos de la recién creada Guardia Nacional, 6 000 funcionarios de inmigración fueron destinados a la frontera con Guatemala y otros 15 000 a la frontera con Estados Unidos (Morales, 2020). También México accedió a readmitir migrantes extranjeros que hubiesen ingresado a Estados Unidos para pedir asilo y esperar su audiencia en territorio mexicano, según establecía el MPP estadounidense. En estos casos, los migrantes no reciben asistencia humanitaria, pueden ser detenidos o expulsados si transgreden el área asignada y viven en condiciones precarias de seguridad, debido al asedio de los traficantes de personas y las propias autoridades mexicanas.
Como resultado de los impedimentos impuestos por el gobierno mexicano para acceder a la frontera norteamericana, la cifra de solicitantes de asilo en México se incrementó de 1 296 en 2013 a 59 920 en 2018 y 80 000 en 2019. La mayoría centroamericanos, pero también cubanos y haitianos (Morales, 2020).
La relación de AMLO con Joe Biden comenzó marcada por la desconfianza, incluso la antipatía mutua, debido a la visita que, en plena campaña electoral, hiciera AMLO a Estados Unidos, donde sostuvo una amistosa reunión con Donald Trump, sin que mediara ningún gesto hacia el candidato demócrata. Otra señal fue la demora, por más de 40 días, de AMLO para reconocer la victoria electoral de Biden. En respuesta, los contactos personales de Biden con AMLO han sido muy limitados, prefiriendo que Kamala Harris o el secretario de Estado, Anthony Blinken, le sirvan de intermediarios.
No obstante, las posibles tensiones entre los dos países, se aplacaron como consecuencia de la importancia de México, para frenar la avalancha de inmigrantes que invadió la frontera estadounidense, no más asumió el nuevo gobierno. AMLO sabe que puede manejar esta carta con ventaja, debido a las sensibilidades del gobierno demócrata frente al tema de la inmigración y al menos ha logrado mantener una comunicación estable entre ambos gobiernos, a pesar de los desencuentros posibles.
Gracias al tema migratorio, México ha podido exigir sus condiciones a Estados Unidos para el enfrentamiento al problema, asumir el liderazgo de cara a Centroamérica, lo que refuerza su papel en América Latina y el Caribe, así como desplegar un discurso e imagen soberana, a tono con la filosofía del actual gobierno. Sin embargo, nada de esto es garantía de solución al problema migratorio y sigue siendo una bomba de tiempo para la propia nación mexicana.
Conclusiones
Numerosos factores objetivos explican las razones de la migración centroamericana, la manera en que transcurre este flujo de migrantes y las dramáticas consecuencias que esto entraña tanto para la región y sus habitantes, como para los países de tránsito y destino.
La pobreza, la violencia, la criminalidad y la ingobernabilidad de los países centroamericanos, en especial los del triángulo norte, constituyen las causas de lo que parece un torrente interminable de personas, capaz de enfrentar todo tipo de peligros y dificultades, con tal de abandonar sus lugares de residencia y avanzar hacia Estados Unidos, en busca de una mejor vida.
También explican que sea Estados Unidos el destino natural de esta migración, toda vez que no es otra cosa que resultado de los desbalances generados por el capitalismo a escala continental y en el resto del mundo.
La migración centroamericana está, además, alimentada por una cultura de la dependencia, extendida a través de los poros de los países pobres, destinada a vender el American Way of Life, como única alternativa de vida. Una esperanza en apariencia realizable, con solo decidirse a tomar el camino hacia la frontera norteamericana.
La educación de los niños centroamericanos está orientada en esa dirección, porque transitan hacia un mundo ahora conocido, más bien idealizado, gracias a los medios de comunicación y las redes sociales, lo que explica que esta avalancha sea ahora y no haya sido antes.
La “inmigración indeseada” centroamericana, que ahora Estados Unidos no sabe cómo administrar, es el resultado de los desbordes de la globalización neoliberal, por lo que no tiene solución mientras rija en el mundo ese modelo económico, político y social.
