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Introducción
La educación y el desarrollo humano han representado para las políticas públicas como disciplina emergente, procesos de intervención estratégico y de transformación integral, así como alternativas y retos en función de los cuales los sistemas políticos atender las necesidades sociales e individuales desde una perspectiva inclusiva, capaz de generar calidad de vida para todos. Por ende, la imperativa búsqueda de realización personal y social ha demandado acciones políticas y la unificación de esfuerzos a nivel mundial, con el propósito de crear programas con efectos multidimensionales que impacten en el progreso, garanticen el goce y disfrute de los derechos fundamentales y recuperen la dignidad del ciudadano, además, de sus potencialidades creadoras y de su humanidad.
De este modo, la preocupación por el bienestar humano, su transformación permanente y la solución de los conflictos generalizados que atraviesa la sociedad, se han precisado como preocupaciones de la educación del presente siglo, proceso que además de procurar la satisfacción multifacética de las necesidades humanas relevantes, también han hecho contribuciones importantes como el posibilitar que afloren las virtudes y el cumplimiento de los deseos más elevados sobre los que se cimienta el desarrollo del potencial humano y el alcance de su autorrealización.
En tal sentido, comprender el desarrollo humano como objetivo del siglo exige atender las diversas dimensiones que subyacen a cualquier intento por definirlo, hacerlo operativo y reunir las condiciones que transformen de manera global la complejidad que caracteriza al ser humano. En atención a esta postura, Morín (1999), afirma que “todo desarrollo verdaderamente humano debe comprender el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana” (p. 3). Esta mirada refiere implícitamente al perfeccionamiento de la vida en sociedad, la cual se encuentra cimentada en el aprendizaje de las convenciones, de las experiencias de vida y en la apropiación de los medios para enfrentar los problemas que atentan contra la convivencia.
Asumir estas exigencias refiere a la responsabilidad social que recae sobre el Estado como garante del bienestar humano y de su desarrollo integral sustentable; además, a su capacidad para formular políticas y programas educativos que en la praxis logren minimizar las desigualdades y combatir los problemas coyunturales, considerando la complejidad y diversidad de todo lo inherente al ser humano. En Freire (2002), atender estas dimensiones desde el punto de vista sociopolítico, refiere a la construcción de “una sociedad equitativa, respetuosa, más humana, en la que prime el acceso por igual a las oportunidades de desarrollo integral” (p.1). En atención a lo expuesto, este artículo propone desde los postulados del desarrollo humano y la educación, una mirada integradora a partir de la cual formular políticas públicas que atiendan las diversas dimensiones del ser humano.
Desarrollo
En la actualidad, las miradas sobre el desarrollo humano se han diversificado con el propósito de atender de manera integral este requerimiento global al que apuntan los programas políticos, las intervenciones sociales y las políticas públicas en materia educativa. Flavel (1992), ha dejado ver al desarrollo humano como “un proceso extremadamente rico, complejo y multifacético que procura atender las diversas dimensiones del hombre desde el nacimiento hasta la madurez” (p.1). Esta posición alude al ciclo vital como el proceso en el que el ser humano logra su plenitud, desempeño y funcionalidad mediante el alcance de la plenitud en las dimensiones: psicológica, social, cognoscitiva, moral, física, psicosexual y biológica.
La posición anterior coincide con los postulados de la pedagogía crítica, la cual propone la necesidad de elaborar acciones que convertidas de un proyecto estratégicos de desarrollo humano posibiliten la creación de condiciones que potencien multidimensionalmente al ciudadano, sin ceñirse exclusivamente a la labor de la educación; de allí que asuma: el equilibrio integral, la dignidad humana, la independencia y la autonomía, la apropiación de nuevos saberes y la promoción del quehacer creativo como dimensiones que al ser reforzadas, crean la sensación de plenitud, satisfacción y bienestar integral.
Para Bronfenbrenner (1987), el desarrollo humano es un proceso perdurable de interacción entre la persona y el ambiente ecológico, en el que se dan relaciones y vínculos entre estructuras que no funcionan de modo lineal sino en sistema. Este ambiente ecológico cuenta con actores como familia, que le aportan el aprendizaje de nueva información sobre la vida social y el funcionamiento del resto de las instituciones, prácticas y maneras como se dirigen otros escenarios como la escuela, las cuales exigen la adopción de nuevos roles a través de las denominadas transiciones ecológicas. Esta visión sistémica define al desarrollo como “una concepción cambiante que tiene una persona del ambiente ecológico, y su relación con él, así como también su capacidad creciente para descubrir, mantener o modificar sus propiedades”. (p.29)
Galeano (1988), aunque no conceptualiza con exactitud al desarrollo humano, si deja ver algunos aportes valiosos en función de los cuales acercarnos a su propuesta de bienestar, entre la que se mencionan: despertar la conciencia humana posiciona al hombre como una promesa, una insigne esperanza sustentada en el cambio de su propia realidad; el ser humano es sujeto de su propio crecimiento, en él se encuentra el potencial para labrar su futuro, forjar su identidad cultural y su libertad para “vivir, decir, crecer, crear y convertirse en humano” (p.18). El desarrollo humano es entonces, una ruptura con las desigualdades, las oportunidades asimétricas y la injusticia social, y en su lugar, consiste en dignificar moral y socialmente al hombre, reformulando su pensamiento hacia la sustentabilidad, así como a fines altruistas que promuevan la sensibilidad humana.
Maturana (1990), caracteriza el desarrollo humano desde una postura integradora, que agrupa factores internos y externos en función de los cuales el sujeto logra su carácter funcional y optimiza su desempeño social. Con respecto a los primeros, indica la necesidad de educar las emociones como fundamento de la actuación social, de las que depende el diálogo, la comunicación y el uso del pensamiento como aspectos que posibilitan el desarrollo competitivo de los factores externos, entre los que destaca: el dominio de las acciones, procesos interactivos positivos que legitiman la convivencia y la interdependencia, como requerimientos para la cohesión social. Es así que, su propuesta sobre el desarrollo humano integra la consolidación del equilibrio en las dimensiones “físico, conductual, psíquico, social, emocional y espiritual”. (p.10)
Delors (1996), en su informe sobre los retos globales que enfrenta la educación propone que esta representa y continuará siendo la bandera sobre la que es posible establecer condiciones de crecimiento más justas y apegadas a la atención integral del ser humano, por contar con el instrumental teórico-metodológico capaz de facilitar que afloren todas las virtudes del ser y se potencie su “capacidad para dominar y organizar su entorno en función de sus necesidades; es decir, a la ciencia y a la educación, motores fundamentales del progreso multidimensional” (p.75). Desde su perspectiva el desarrollo humano se refiere a “un proceso conducente a la ampliación de las opciones de que disponen las personas, resaltando fundamentalmente: tener una vida longeva y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso”. (p.87)
En tal sentido, potenciar el desarrollo humano involucra propósitos diversos enfocados en: la búsqueda de equilibrio y autorrealización personal, formación ciudadana para una vida autónoma y responsable, la enseñanza de destrezas sociales y competencias para enfrentar situaciones conflictivas y desafíos del milenio. Entender esta posición refiere implícitamente al compromiso que se ciñe sobre los diversos factores de socialización, quienes por su pertinencia tienen la responsabilidad de orientar la adaptación al cambio y el compromiso de mejorar la calidad de vida para todos.
Aunque esta forma de concebir el desarrollo humano pareciera responder a los cometidos del presente siglo, existen propuestas con mayor incidencia social como la realizada por Camps (2010), quien asume otras dimensiones de igual importancia entre las que destaca: la integración de la dimensión ética como el camino para construir formas de vida justas, equitativas, tolerantes y responsables, que a su vez, garanticen las condiciones de desarrollo integral; esto a su vez refiere a la calidad de vida como aspecto inherente al progreso humano, que implica la igualdad de condiciones, minimizar la exclusión y promover la libertad para escoger opciones de crecimiento dignas e idóneas.
Por su parte Griffin (2001), complementa la mirada sobre el desarrollo humano, al afirmar que los factores sobre los que se cimienta involucran el bienestar integral y el estado de plenitud en lo que a satisfacción de necesidades se refiere. Su definición indica que se trata de “aumentar las capacidades humanas y lograr condiciones de libertad para alcanzar niveles de vida plenos, constituyen cometidos del mileno que buscan potenciar el desarrollo humano” (p. 14). Esta propuesta ubica la satisfacción de las necesidades humanas como prioridad de las políticas gubernamentales, cuyo propósito trasciende de la mera atención a la creación de las condiciones necesarias para que el individuo logre capitalizar su bienestar, aumentar su calidad de vida y consolidar sus proyectos personales.
Al respecto la psicología del desarrollo humano lo asume como el proceso dinámico de integración entre factores externos e internos. Los primeros refieren a la dimensión social y socio-afectiva que orientan los vínculos y competencias sociales de las que dependen las relaciones asertivas con terceros, la escogencia de preferencias vocacionales, la adopción de patrones morales y normas éticas; mientras que el segundo está constituido por la dimensión cognoscitiva, emocional y psicológica, de los cuales depende la resolución de problemas, la comunicación, el aprendizaje y la operatividad del pensamiento como procesos que definen el carácter funcional del ser humano.
Pérez (2005), en su propuesta sobre la educación para la humanización aporta elementos medulares que desde las políticas educativas entienden al ser humano como un agente con el potencial para transformarse y transformar su propia realidad, mediante la participación de una educación capaz de enseñar la recuperación de la dignidad de las personas, modifique su modo de vida deshumanizante y permitan “la construcción de una personalidad capaz de encausar su vocación en el mundo y disponer sus talentos para generar condiciones de vida sustentablemente saludables”. (p.25)
Barrios (2008), plantea que el desarrollo de la humanidad debe cimentar sus objetivos en “desplegar sus potencialidades, cultivar sus capacidades, formar y hacer uso de la moral y del libre albedrío, ejecutar proyectos personales de vida y ampliar sus opciones para transformar, organizarse, participar y construir con otros la calidad de vida en sociedad” (p.8). Esta postura apunta a dos aspectos claramente identificado: por un lado, el compromiso de potenciar habilidades y competencias en el ser humano y, por el otro, integrarlo para que en uso de sus destrezas logre satisfacer las necesidades personales y colectivas.
Esto exige, entre otras cosas, la consolidación de una serie condiciones necesarias para potenciar el desarrollo y en las que el Estado a través de las políticas públicas debe resolver, a decir: integración del bienestar emocional, la educación ciudadana y a lo largo de la vida, y la integración del ser humano en la práctica de estilos de vida saludables, sustentables y conscientes. Otras perspectivas que comparten la posición anterior, indican que el desarrollo humano no es más que la conjugación de satisfacciones, necesidades y bienes de índole económico, que coadyuvan con la creación de condiciones de bienestar desde un enfoque “coherente, sano y pleno, capaz de resolver con alternativas sustentables o ecológicas la satisfacción de necesidades en las dimensiones de lo humano, que modifiquen los patrones de consumo y motiven la adopción de nuevos apegados a la calidad de vida”. (Elizalde, 2012, p.65)
Para la psicología del desarrollo el desarrollo humano involucra otros aspectos de igual importancia, pero con especial énfasis en el estado de equilibrio entre las diversas dimensiones del individuo (social, afectiva, psicológica, biológica, espiritual) a las que se asumen como orientadoras de la vida individual (realización personal) y la interacción en la vida colectiva. Esta postura indica que el bienestar del ser humano se encuentra determinado por la participación de diversos factores que una vez potenciados y resueltos posibilitan la consolidación de estados bienestar.
Otras miradas sobre la sustentabilidad entienden al desarrollo humano sustentable como un proceso progresivo que busca generar condiciones de vida y el bienestar integral que le permita al hombre mayor longevidad en las dimensiones: biológica, física, afectiva, social y emocional. De allí que, el compromiso de las políticas gubernamentales sea procurar el desarrollo equilibrado de estas dimensiones sobre las que recae la configuración estable de la personalidad, así como la potenciación socio-cognoscitiva para elevar sus condiciones de vida. Esta posición sobre el desarrollo humano es igualmente compartida por Sen (2000), al decir que el desarrollo y la vida plena implícitamente procuran el “disfrute de las libertades individuales y colectivas que coadyuvan con la consolidación de bienestar integral, en el que subyacen aspectos como: erradicación de la pobreza, eliminación de la escasez de oportunidades económicas y privaciones sociales sistemáticas”. (p.3)
A partir de estas posiciones, es posible entender al desarrollo humano desde una perspectiva amplia, que agrupa la participación y responsabilidad del Estado en la generación de medios dignos para que el individuo cumpla con su ciclo vital y con la consolidación de sus propósitos individuales como aspectos inherentes a su autorrealización. Para la perspectiva humanista de la psicología esto significa, fomentar la autonomía para que el ser humano construya su proyecto de crecimiento personal que le permitan desempeñarse socialmente. Sen (2000), refiriéndose a esta perspectiva del desarrollo indica que “se trata de un proceso integrado de expansión de las libertades fundamentales que al consolidarse unas repercuten sobre otras permitiendo el crecimiento saludable”. (p.6)
Morín (2011), desde un enfoque político propone que el desarrollo humano se encuentra asociado con la creación de condiciones simples y complejas de vida, a través de las cuales se persiguen fines específicos que le dan sentido a la vida humana y procuran atender su multidimensionalidad como sinónimo de plenitud; de allí, que su idea de desarrollo, entre otras cosas apunta a “la formación de un ser con responsabilidad planetaria, capaz de establecer relaciones mutuas, de ser social y de vincularse en los asuntos públicos, en la toma de decisiones y en la participación social competitiva” (p.4). Cabe destacar, que parte de las condiciones pautadas por el autor para generar desarrollo desde la complejidad humana son: formar al ciudadano para atender los problemas globales desde una postura integral, aprehender el funcionamiento del mundo en su complejidad, desarrollar la conciencia de sí mismo, su identidad y el pensamiento flexible para establecer relaciones y generar modos de vida sustentables a partir de su participación activa en el espacio comunitario (Morín, 1999).
Desde una perspectiva filosófica Savater (1997), deja ver que el desarrollo humano es un proceso progresivo que tiene como horizonte la transformación integral del individuo, entendiendo que no es sino a través de las relaciones con otros y el esfuerzo propio, las condiciones que orientan el logro de un estado dinámico y constante denominado humanidad. Por ende, no es sino la educación como arte encargada del perfeccionamiento humano y “del aprendizaje humanizador en el que las interrelaciones con la vida social, la cultura y las experiencias le aportan la sociabilidad y garantizan su funcionamiento en su convivencia con otros”. (p.17)
Daros (2009), desde un enfoque integral aporta a la construcción de una noción de desarrollo humano, definiéndolo con las siguientes premisas: todo proceso de desarrollo involucra la libertad para el cumplimiento de objetivos personales y comunes (proyecto de vida compartido), que le conducen a la autorrealización y a la adopción de determinados valores éticos que conducen al comportamiento responsable y racionalidad en sus relaciones con terceros; esta motivación intrínseca al logro se refiere a la autonomía para sortear las dificultades y proceder correctamente. En consecuencia, el “pleno desarrollo de lo humano exige, entonces, que el hombre sea social y justo, lleve una vida moral, responsable ante sí y ante los demás, no sin esfuerzo, facilidades y dificultades, en un tiempo histórico y espacio autóctono”. (p.149)
Por su parte, Martínez (2014), refiriéndose a los postulados de la educación para el desarrollo sostenible, propone que solo es posible que el ser humano logre niveles óptimos de plenitud, a través de los principios de la sostenibilidad y el apoyo de la educación de calidad, los cuales se resumen en los siguientes modos de aprendizaje “aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a transformarse uno mismo y a la sociedad” (p.1). Esta mirada sobre el desarrollo humano integra valores éticos enfocados en generar escenarios inclusivos para que el ciudadano del presente logre potenciar no solo virtudes del ser, sino el empoderamiento para alcanzar el equilibrio en todas sus dimensiones y, en consecuencia, insertarlo en el compromiso de crear niveles óptimos de autorrealización.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015), en su informe sobre la educación para la ciudadanía mundial ha planteado al desarrollo humano como objetivo global involucrar medidas y dimensiones enfocadas en potenciar la vida digna, que consoliden en el ser humano mayores posibilidades de realización personal. Entre las medidas propuestas menciona: aprendizaje para y a lo largo de la vida, educación intercultural e inclusiva, ejercicio de la ciudadanía con responsabilidad, formación en sostenibilidad medioambiental, aprendizaje de los derechos humanos y obligaciones asociadas con el bien común, así como reconocimiento de la diversidad con el propósito de garantizar la transformación del ser humano y la creación de condiciones para el bienestar y la vida plena.
Educar en tiempos de complejidad social representa un reto para los sistemas políticos y programas de desarrollo mundial, por constituirse en vértice de la transformación humana y la creación de condiciones de vida justas, equitativas, inclusivas y dignas. En atención a estas exigencias emergen las políticas públicas como la organización estratégica de acciones gubernamentales, capaces de optimizar y dimensionar los beneficios para el colectivo. Ruíz &, Cadénas (2005), reiteran que la vida social requiere de “acciones del gobierno que procuran ofrecer respuestas a las demandas de la sociedad, pero también son actividades institucionales del gobierno, quien actúa a través de agentes, y que van dirigidas a tener influencia directa sobre la vida de los ciudadanos”. (p.5)
De este modo, se deduce que las políticas públicas constituyen un pacto de bienestar entre el Estado y la sociedad, con el que se procura satisfacer intereses generalizados. Para Delors (1996), la vida social durante las últimas décadas ha dado un giro significativo, generando como resultado situaciones conflictivas (violencia, individualismo, agresión, profundización de las desigualdades, discriminación, exclusión social, entre otras) que han obligado al Estado a reformular con pertinencia las políticas de intervención y atención al ciudadano; frente a este panorama, un tanto abrumador, el autor afirma que, el compromiso de la educación emerge como la alternativa idónea para “imaginar, planificar y ejecutar soluciones efectivas a los nuevos problemas que embarga a los individuos y a las sociedades modernas”. (p.86)
Desde la perspectiva de la pedagogía crítica, las políticas públicas en materia educativa deben procurar la transformación de la naturaleza humana, mediante la vuelta a la humanización, es decir, hacia el descubrimiento de sus virtudes y la búsqueda de la sensibilidad que permita asumir el rol activo, autónomo y responsable de convertirse en co-participe de la creación de nuevas fórmulas de desarrollo humano que rompan con la dominación y formen para la vida social libre y en igualdad de condiciones.
Por su parte Boneti (2017), afirma que la participación del Estado a través de las políticas educativas, representa un modo de intervención social estratégica contentivo de acciones específicas que por integrar variables culturales, ideológicas y éticas dan lugar a la creación de condiciones de desarrollo humano, en las que sus destinatarios cuenten con las posibilidades para alcanzar la autorrealización. El autor acota que “el objetivo de toda política pública aunado a la generación de bienestar para todos, procura transformar la realidad en una perspectiva de futuro, no apenas momentáneo”. (p.14)
Desde los enfoques de la intervención en materia social, la formulación de políticas públicas se cimentan sobre la necesidad de educar a la población para que asuma la responsabilidad junto a los órganos del Estado, resolviendo de esta manera problemáticas sociales comunes, que al ser abordadas oportunamente minimicen la exclusión y la desigualdad, y procuren la articulación de esfuerzos y la solidaridad sistemática, como condiciones para “generar diálogos entre diferentes instancias, lógicas y actores sociales e institucionales, quienes en su quehacer deben unificar objetivos e integrar intereses en torno a metas comunes”. (Caraballeda, 2012, p.4)
Barrios (2008), en su propuesta sobre una mejor educación para una mejor sociedad, indica que toda política pública por representar acciones de intervención y transformación social con enfoque transversal, es decir, con el potencial de impactar y atender las diversas dimensiones del ser humano, debe enfocarse en ceñir sus esfuerzos en las siguientes exigencias:
Educación permanente, inclusiva y a lo largo de toda la vida.
Integrar la educación como proceso inherente al desarrollo, al logro de la plenitud humana y a la recuperación de la dignidad como derechos universalmente reconocidos.
Articular acciones que impacten espacios educativos formales e informales, en un intento por potenciar “el sentido humano, el desarrollo integral, ético y sustentable, como prioridades estratégicas que al ser abordadas posibiliten la creación de condiciones de vida justas, equitativas e inclusivas”. (p.11)
Esta posición indica, que las políticas educativas como acciones estratégicas procuran el establecimiento de líneas de atención integral y la fijación del horizonte hacia donde debe ser conducida la sociedad (Barrios, 2008). En otras palabras, las políticas públicas son acciones que materializan el compromiso gubernamental con el desarrollo humano (Elizalde, 2012) con la construcción de condiciones en las que se logre con el crecimiento integral y sustentable que, a su vez, posibilite la integración del ciudadano en la dinámica global, así como en las demandas propias de un mercado laboral competitivo.
El enfoque de Daros (2009), deja ver que la generalidad de las políticas públicas en educación procura “el desarrollo integral de la personalidad, posibilitar que el sujeto llegue a la plenitud humana, capacitarlo profesionalmente, enriquecerlo con conocimientos y hábitos, y elevarlo de lo natural a lo cultural” (p.23). Para el autor la educación en su función política propenden que el ciudadano capitalice sus virtudes y habilidades, y las disponga al servicio del desarrollo de su espacio de convivencia; para ello, las políticas educativas tienen como principios de acción: fortalecer la accesibilidad a la educación y posibilitar el aprendizaje significativo, propiciar que se integre participativamente en los asuntos públicos así como lograr insertarlo en procesos decisorios que eleven la dignidad del ser humano y su calidad de vida.
Por su parte los postulados de la educación para el siglo XXI refiriéndose a las políticas educativas indican que, son acciones planificadas que persiguen identificar y transformar los factores que impiden el desarrollo del capital social, para formular procesos de intervención que motiven la atención sistemática y transversal de las necesidades colectivas. Es necesario destacar que, en ocasiones las políticas públicas en materia educativa buscan darle prosecución de proyectos ideológicos que plantean estructurar los sistemas sociales y definir sus prioridades con el propósito de gestionar y atender necesidades educativas con proyecciones perdurables.
Para los defensores de la sustentabilidad como proceso al servicio de la educación y como eje que transversaliza toda política de transformación social, las acciones de intervención deben dimensionar el desarrollo humano haciendo énfasis en la formación de ciudadanos con sentido de co-responsabilidad individual y colectiva. En otras palabras, las políticas públicas deben trascender de la satisfacción exclusiva de necesidades básicas para promover mayores niveles de conciencia y de responsabilidad que deriven en condiciones de vida óptimas para quienes pertenecen a su sistema social inmediato.
Sen (2000), en su propuesta sobre el desarrollo deja ver que potenciar las diversas dimensiones del ser humano representa objetivos de todo proyecto político, en el que el centro debe ser lograr niveles de equilibrio y funcionamiento social, es decir, garantizar diversas posibilidades para alcanzar bienestar integral a través de la atención focalizada en “la generación de oportunidades económicas, libertades políticas, acceso a la salud, inclusión en la educación básica y el fomento y cultivo de las iniciativas individuales y colectivas” (p.3). Cabe destacar, que esta propuesta de desarrollo integra en un proceso sinérgico las bondades de la libertad política y la calidad de vida, como requerimientos para alcanzar una longevidad significativa en condiciones dignas y saludables.
Camps (2010), precisa que la educación y las políticas públicas son procesos inherentes al desarrollo humano, cuyo enfoque es la reivindicación de los derechos del ciudadano, la adopción de una conciencia moral y la corresponsabilidad de los actores sociales en la transformación de las formas actuales de vida, en acciones significativas que atiendan las dimensiones del ser humano y de su propio contexto; de allí, que la educación y la política unifiquen esfuerzos por “enseñar a vivir, a ser responsable, a desarrollar el sentido de compromiso con lo público, con lo de todos, es decir, formar para atender al otro, especialmente a los desposeídos, a los marginados, esto es formar contracorriente”. (p.82)
Para Morín (2011), las políticas educativas han penetrado las diversas dimensiones de la sociedad, tanto como función institucional inherente al Estado como procesos garantes de bienestar social, al buscar “la organización familiar y atender la multidimensionalidad de los problemas humanos; este carácter multidimensional refiere al direccionamiento del sentido de la vida ciudadana, el desarrollo de las finalidades humanas y a la consolidación del sentimiento de responsabilidad” (p.5). Por ende, la fusión entre la educación y las políticas públicas, se entiende como un proceso sinérgico capaz de aglutinar “intereses diversos y valores e ideologías distintas que transformados en objetivos estratégicos posibilitan la búsqueda de un camino común para el desarrollo material y humano del país”. (Maturana, 1990, p.2)
De este modo, las políticas públicas deben comprenderse asumiendo la postura de Morín (1999), como “acciones estratégicas de conducción razonada, cuyo enfoque es la transformación de situaciones educativas; esta se elabora en atención a principios y finalidades como encarar diversos escenarios posibles de desarrollo, que apuntan a un futuro deseable” (p.12). Es importante acotar, que este proceso de transformación al que alude el autor, implica el establecimiento de la organización necesaria para generar estructuras institucionales nuevas sobre las cuales soportar la formulación de acciones de intervención mediados por los principios dialógicos, de solidaridad, de complementariedad, de elección estratégica, atención jerárquica de necesidades y la integración tríadica de valores sociales como: la fraternidad, la libertad y la igualdad.
La posición de Tedesco (2000), es complementaria y a la vez reveladora al reiterar que las políticas públicas con pertinencia en materia educativa, responden a instrumentos de desarrollo social sustentable capaces de “definir diseños institucionales apropiados y elaborar herramientas técnicas y metodológicas eficaces para lograr los objetivos educativos del milenio: generar cohesión familia-contexto-escuela, construir bases de la personalidad de las nuevas generaciones y lograr reducir las brechas de desigualdad en materia educativa” (p.66). En este sentido, educar para el futuro además de ser una tarea compleja, cargada de incertidumbre y de retos, también se entiende como un compromiso que gira en torno a la necesidad de formular acciones efectivas y pertinentes que involucren el desarrollo de la conciencia crítica y activa, la promoción del diálogo, la tolerancia y la convivencia en atención a la cultura de paz.
Desde un enfoque integrador, se deben entender a las políticas públicas como instrumentos de planificación estratégica, a través de los cuales, en sentido amplio, se abordan desde las acciones de prevención, los problemas sociales como: violencia, adicciones a drogas, depresión, tráfico de sustancias, estrés y situaciones que por sus riesgos deben combatirse; en tal sentido, el propósito de las políticas educativas se encuentra definido por su capacidad para resolver conflictos complejos que potencialmente pudieran obstaculizar el desarrollo humano. Para el autor, la intervención social alude a la sensibilización del ser humano incluso en situaciones conflictivas que atentan contra el bienestar propio y colectivo, como condiciones que justifican insertarlo en procesos educativos que dimensionen sus competencias sociales y emocionales para convivir con otros.
La educación para el desarrollo sostenible ha planteado como dimensiones que las políticas públicas a nivel global deben insertar en su formulación a todo nivel, la integración de “la equidad para compartir el bienestar, la calidad del medio como resultado de acciones sustentables ecológicamente, satisfacción de las necesidades materiales que aseguran la vida y las necesidades sociales y espirituales como la realización, la libertad, el afecto y el reconocimiento” (Martínez, 2014, p.4). Esta mirada sobre las políticas gubernamentales en materia educativa refiere a procesos técnicos de intervención que procuran elevar el potencial humano mediante acciones estratégicas que atiendan todas las dimensiones de la supra-complejidad de las personas.
Al respecto, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015), en su informe sobre la educación para la ciudadanía mundial, reitera que la responsabilidad del Estado en la tarea de formular políticas educativas con enfoque estratégico, en el que se integren acciones pedagógicas en todos los ámbitos (formales, informales y no formales) con el propósito de resolver desafíos globales, integrar la mayor cantidad de individuos en tareas formativas y “asegurar el acceso de todos a una educación de calidad, inclusiva y con calidad”. Por consiguiente, estos cometidos apuntan a la inserción del ciudadano en programas formativos para el aprendizaje teórico-práctico, que le ayuden a participar competitivamente en cualquier mercado de trabajo.
Pérez (2004), propone la necesidad de generar procesos sinérgicos entre la política y la educación en sentido funcional y de codependencia, con el propósito de formar ciudadanos comprometidos con la construcción de condiciones democráticas, en las que “el ejercicio de su ciudadanía motive intercambios sociales, el establecimiento de lazos institucionales y la participación colectiva en pro de resolver problemas comunes así como las tensiones entre grupos en búsqueda de igualdad de oportunidades” (p.73). En atención a estos factores que condicionan la vida social, emergen las políticas públicas como esfuerzos estratégicos de los gobiernos por reducir la brecha educativa, incluir mayor cantidad de individuos en los asuntos públicos y disminuir las desigualdades cognitivas a través de la participación del ciudadano en programas amplios y efectivos.
Sabino (2004), refiriéndose a los fines de las políticas públicas en materia de orientación psicopedagógica, propone que su enfoque debe crear oportunidades para la “formación integral que permitan aumentar el capital humano, y favorezcan la inclusión de la ciudadanía en los procesos productivos y al emprendimiento social, como opciones para atacar las causas del fracaso escolar y procurar calidad de vida personal y profesional” (p.6). Es importante destacar, que estos cometidos coinciden con los principios de la educación para la ciudadanía mundial que procuran entre otras cosas: la formación de un ciudadano activo, capaz de exigir el respeto a sus derechos y el reconocimiento de su autonomía para cumplir con eficacia sus objetivos personales y la erradicación de las trabas institucionales que motivan la ineficiencia social, así como la profundización de las desigualdades.
En otras palabras, las políticas públicas se vinculan con el desarrollo humano al servir como canal de conexión institucional entre las demandas sociales y el instrumental operativo del Estado, sobre el cual recae la responsabilidad de ofrecer soluciones concretas para reducir las diferencias sociales al “poner en el centro de su accionar y de sus pretensiones la consolidación del desarrollo humano integral, el cual debe sustentarse sobre la construcción de ciudadanía y democracia, como requerimientos para avanzar de manera estratégica y articulada en la resolución de intereses comunes” (Pérez, 2004, p.81). Esta posición alude a la acción política como la encargada de hacer viable el desarrollo, al crear las condiciones materiales, motorizar la sociedad en pro de objetivos precisos e integrar a sus miembros para propiciar el crecimiento multidimensional.
La educación en su función social y política continúa siendo el proceso sobre el que cimientan las más sublimes y esperanzadoras oportunidades para construir una sociedad justa, en la que se imponga el bien común y de consoliden las virtudes necesarias para elevar la condición humana. Al respecto Fromm (1956), confirma que el bienestar humano solo es posible sí en el individuo se dimensionan sus capacidades de “modo activo, se movilizan sus energías hacia la realización de sus potencialidades y se desarrolla su personalidad total, de modo que logre alcanzar una orientación productiva”. (p.2)
Maturana (1990), confirma esta confianza en la educación como proceso reflexivo y socializador en el cual “el niño o el adulto convive con otro y al convivir con el otro se transforma espontáneamente, de manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con los valores de su espacio de convivencia” (p.11). Por las razones expuestas, el rol de las políticas públicas debe ser la transformación estructural y la construcción de condiciones de inclusión, calidad y pertinencia, como factores que en tiempos cruciales formen para una vida responsable, en la que se reconozca la diversidad y el respeto a sí mismo, como ejes centrales de la convivencia humana.
De este modo, es preciso indicar que atender la complejidad humana implica de acciones políticas que orienten la integración de diversas variables de las que depende su desarrollo, entre las que toma especial importancia la educación, como el proceso encargado de propiciar que emerjan virtudes y afloren competencias socioeducativas; para el autor, el accionar del Estado debe motivar la transformación social a través de políticas educativas que potencien las siguientes dimensiones: la vida intelectual, cognoscitiva, afectiva, libre, social, operativa y volitiva, desde las cuales facilitar el desarrollo humano.
En tal sentido, la educación como proceso integral a de integrar dos condiciones plenamente diferenciadas e interdependientes, Fromm (1956), refiriéndose al aprendizaje de un arte las explicita “una, el dominio de la teoría; la otra, el dominio de la práctica. Apropiarse del conocimiento teórico, es requisito sine qua non, pero no es sino hasta su puesta en ejecución” (p.4). Sin embargo, el autor agrega que no es sino hasta que el individuo logra identificar el verdadero sentido y su fundamental importancia que aprende con éxito el arte; esta posición es igualmente apoyada por Delors (1999), para quien, educar en tiempos de complejidad demanda el ejercicio de políticas públicas cónsonas con generación de experiencias educativas, en las que se propicie el aprendizaje de un oficio, idea en la que subyace la necesidad de formular adecuaciones curriculares que motiven “la adquisición de las bases de los conocimientos teóricos y prácticos desde los cuales operar habilidosamente sobre su realidad” (p.25).
Lo anterior implica la necesidad de potenciar la dimensión cognitiva, creativa y del pensamiento, como procesos vinculados con la formulación de comportamientos e iniciativas productivas fundamentadas en el desempeño efectivo de competencias innovadoras para minimizar las carencias materiales a través de la generación de recursos de manera autónoma. Esto significa, que el papel del Estado deberá ser empoderar al ciudadano para que asuma su rol como artífice de cambios, de esfuerzos productivos y de la disposición de sus destrezas, competencias y de las habilidades del pensamiento crítico y reflexivo, para resolver sus problemas económicos y su independencia financiera. Al respecto Sabino (2004), indica que, el verdadero desarrollo debe ser aquel que motorice los esfuerzos por capitalizar el bienestar mediante “el apoyo técnico, financiero y formativo que impulse el emprendimiento, incentive formas de superar la dependencia y cree condiciones de vida material”. (p.12)
Lograr la consolidación de estos cometidos, requiere del fortalecimiento de la dimensión vocacional y profesional, como ámbitos que no solo buscan potenciar las habilidades intelectuales y cognoscitivas, sino motivar la auténtica definición del perfil académico y ocupacional que le permita al ciudadano proyectar sus motivaciones laborales, precisar intereses personales y dilucidar sistemáticamente las expectativas que le permitirán insertarse competitivamente en el mercado laboral. Atender esta dimensión exige el desarrollo armónico de las capacidades y destrezas técnicas, a través de procesos educativos que involucren el asesoramiento y la guiatura permanente y a lo largo de la escolarización, con la finalidad de garantizar la progresiva definición de actitudes profesionales, la identificación de sus potencialidades y los posibles escenarios de desempeño.
En tal sentido, las políticas públicas deben involucrar la atención a la diversidad vocacional, acompañándola de la promoción de la dimensión ética y moral, la cual según Camps (2010), exige garantizar que el ser humano viva éticamente, asuma el dominio de sí mismo, fortalezca su disciplina y el comportamiento moral, como condiciones necesarias para gozar de bienestar integral. Para Pérez (2005), la educación ética es el proceso complejo de enseñar a vivir humanamente, es decir, guiar al hombre para que “recupere su dignidad, construya su personalidad y encause su vocación en el mundo, a través del desligue de sus talentos y potencialidades para alcanzar el éxito y la realización personal inherente al desarrollo humano”. (p.25)
De este modo, la educación ética del ciudadano debe potenciar, entre otros aspectos, el desarrollo de actitudes sensibles hacia la protección del medioambiente. Se trata de motivar la calidad de vida en función de acciones sustentables que minimicen el impacto de los agentes contaminantes, las alteraciones en la naturaleza y las modificaciones en los sistemas ecológicos. Lo anterior redunda en función del abordaje de la dimensión ecológica, medioambiental y sustentable, que demanda transformar los estilos de vida e incentivar modos de producción amistosos, racionales y controlados que eviten la deforestación a gran escala, la contaminación de los sistemas hídricos y el deterioro de la capa de ozono; razones que exigen transformaciones curriculares y políticas educativas capaces de generar cambios de actitud y mayores niveles de conciencia ecológica sobre las implicaciones del proceder irracional e insensato sobre el planeta.
Atender dimensión exige la promoción de los valores necesarios para convivir de manera armónica en sociedad. Para Cortina (2000), esta dimensión debe permitirle al hombre reflexionar sobre su propio proceder, desarrollar actitudes morales para actuar en su vida cotidiana sin transgredir los derechos del otro; y, en su lugar, adoptar principios fundados en el respeto por la diversidad cultural y “el reconocimiento de las convicciones morales que, por representar ideas universales, procuran el ejercicio pleno de la libertad, de la igualdad y el bien común” (p.20). En estrecha relación y con igual importancia, se posiciona la dimensión jurídica, la cual demanda educar para la ciudadanía y el reconocimiento de los derechos humanos que le asistente al individuo, así como los deberes y obligaciones a las que debe acogerse para garantizar su desempeño social.
Esta dimensión jurídica plantea la educación para la justicia, la convivencia y el respeto mutuo, como principios inherentes a cualquier marco jurídico que pretende el reconocimiento de la dignidad humana y el desarrollo pleno de la personalidad. Según se deduce de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta educación debe involucrar: protección a las libertades fundamentales, garantizar una convivencia sin discriminación y promover el respeto a los derechos humanos.
A lo anterior, se agrega como parte de los derechos fundamentales, el desarrollo pleno del individuo mediante el ejercicio libre de la actividad económica y de asociación comercial como dimensión que obliga al Estado a formular acciones estratégicas que fortalezcan la producción sustentable, la generación de insumos y la creación de iniciativas económicas lícitas que impulsen el crecimiento integral propio y del contexto en el que hace vida. Por su parte, es obligación del ciudadano integrarse en los planes y programas de producción nacional que le permitan a través de la disposición de sus capacidades, competencias y habilidades, satisfacer las necesidades personales y colectivas; esto implica insertarse activa y libremente en las actividades económicas como estrategia para minimizar los efectos de la pobreza y, en consecuencia, elevar su dignidad humana, así como potenciar el desarrollo humano integral.
Con respecto a la dimensión social, comunitaria y ciudadana, se entienden como aspectos que deben transversalizar toda política pública educativa, por alentar la co-responsabilidad en los asuntos públicos, así como la participación activa en la formulación de planes estratégicos que atiendan las necesidades colectivas. Montero (2004), deja ver que la transformación para el bienestar integral implica la organización y el establecimiento de roles sociales, el desarrollo de la sensibilidad hacia el bien común y la formación de actores comunitarios capaces de ejercer sus funciones ciudadanas. Este cúmulo de exigencias inherentes a la dimensión educativa, requiere la atención integral y multifacética que favorezca la apropiación de valores compartidos (Daros, 2009), la actuación con sentido de pertenencia (Pérez, 2005) y el afloramiento de competencias sociales para adoptar el trabajo cooperativo y sinérgico, como requerimientos para organizar la vida social en función de principios como: la inclusión, el bienestar integral y la cohesión social.
Esta dimensión debe asumirse, como el proceso de transformación integral amerita entenderse en sentido amplio y a lo largo del ciclo vital del ser humano. Por ende, sus objetivos procuran el desarrollo de competencias sociales y cognitivas para integrarse con responsabilidad en la vida social, garantizando de este modo, que el individuo asuma funcionalmente su compromiso con el bienestar propio y el equilibrio social. Para Delors (1996), la educación del ser humano en tiempos de complejidad, cambio e incertidumbre, debe apuntar a la atención enfática de los siguientes pilares: crecimiento del ser, promocionar el convivir y las habilidades sociales, incentivar el saber teórico y práctico y, las habilidades para conocer e interactuar con el saber.
Camps (2000), propone que educar es garantizar que el ser humano viva éticamente, asuma el dominio de sí mismo, fortalezca su disciplina y el comportamiento moral, como condiciones necesarias para gozar de bienestar integral. Pérez (2005), por su parte manifiesta que la educación es el proceso complejo de enseñar a vivir humanamente, es decir, guiar al hombre para que “recupere su dignidad, construya su personalidad y encause su vocación en el mundo, a través del desligue de sus talentos y potencialidades para alcanzar el éxito y la realización personal inherente al desarrollo humano”. (p.25)
Savater (1997), complementa las posiciones anteriores al afirmar que, la educación tiene fines específicos que fungen como garantes de la vida social; de allí que las políticas educativas deben procurar la formación ciudadana, la cual involucra aspectos como: transformar la naturaleza humana hasta volverla más sensible a la vida social y profundizar el sentido de la existencia; mientras que Freire (1999), desde la pedagogía de la liberación afirma que “educar es despertar la conciencia crítica sobre el mundo, es comprenderlo y ser capaz de inteligirlo, es fomentar la autonomía y libertad para deducir relaciones, como resultado de prácticas educativas reflexivas”. (p.14)
En tal sentido, la educación con pertinencia social debe ser capaz de atender la dimensión emocional, preparando al individuo para la adquisición de competencias para manejar situaciones disfuncionales, conflictos de su contexto y prevenir situaciones (consumo de sustancias, violencia, discriminación, agresión, entre otras), que por sus implicaciones destructivas vulneran el desarrollo humano e imposibilitan el bienestar social. En consecuencia, la educación además de elevar la condición humana como derecho fundamental, debe promover el uso de la libertad positiva para tomar decisiones conscientes, responsables y apegados a los principios universales de respeto a la diversidad, reconocimiento al otro y sus particularidades socioculturales.
Para Morín (1999), la educación se asocia con el desarrollo y el bienestar en tanto posibilita formar para la convivencia democrática y libre, además, procura que el ser humano potencie su conciencia ética y descubra su rol en el mundo, hasta el punto de ser capaz de asumir con autonomía y participación activa en los asuntos sociales, la creación de las bases de su propio crecimiento personal. Desde este enfoque, la vida social (comunidad) se entienden con el fin de la educación, sin que ello implique dejar a un lado la formación competitiva y la autorrealización del ser como exigencia para conducir el actuar humano hacia la racionalidad, la solidaridad y la autogestión.
En este sentido, capitalizar el desarrollo humano como cometido del presente siglo refiere entre otras cosas, a la generación mejoras profundas en los sistemas educativos y a la reducción de las brechas de desigualdad en ámbitos específicos como la dimensión tecnológica e informacional; es así, que atender esta dimensión plantea la necesidad acercar el conocimiento, los avances científicos y el saber renovado al ciudadano, sin limitación alguna y en igualdad de condiciones. Al respecto, Tedesco (2000), manifiesta que el aprendizaje efectivo y la construcción de sentido en nuestra era tecnológica, se encuentran determinados por: el acceso equitativo y la distribución del conocimiento, el uso intensivo de información en procesos técnicos de producción y, por la constitución de redes de actualización que definen cómo está funcionando la realidad.
Con relación a la dimensión salud integral, es preciso indicar varios aspectos que deben permear las acciones estratégicas del Estado, entre las que se mencionan: el asesoramiento en materia de calidad de vida, patrones nutricionales, reformulación de patrones de consumo y adopción de rutinas físicas que ejerciten el funcionamiento óptimo del organismo. En consecuencia, la educación para la salud según Pérez (2005), debe integrar el aprendizaje de hábitos alimenticios y de dietas balanceadas que garanticen la prolongación de la vida en equilibrio multidimensional. Esta dimensión apunta también, a la educación para la prevención de enfermedades y a la sensibilización sobre las implicaciones derivadas del consumo de sustancias nocivas que modifican negativamente la salud física y mental; para impactar positivamente en esta dimensión, es perentorio el manejo de la educación emocional, la promoción de la ejercitación física y la integración en actividades deportivas (ocio-recreación) como componentes del desarrollo humano integral.
Finalmente, toda política educativa como acción de transformación multidimensional del ser humano, debe considerar la dimensión cultural y espiritual como la encargada de fortalecer la conciencia y la libertad para alcanzar la plenitud individual. Se trata de motivar la reflexión sobre los problemas humanos y su co-responsabilidad en la búsqueda de soluciones colectivas, capaces de integrar al otro como agente de cambio, de utilizar mecanismos pacíficos para resolver los conflictos y descubrir el verdadero sentido de la convivencia humana, así como de su co-dependencia de los sistemas ecológicos (biológicos), social y cultural, a los que se asumen desde la complejidad como garantes y condicionantes del desarrollo multifacético, global e integral.
Conclusiones
El desarrollo humano y la educación constituyen procesos plenamente diferenciados pero interdependientes, cuya relevancia los hace merecedores de reconocimiento tanto en las convenciones internacionales como en los programas de gobierno de países que históricamente han luchado por el bienestar de sus ciudadanos.
Generar las condiciones para el desarrollo del ser humano requiere procesos de transformación en los que se aborden obstáculos como: la pobreza, la discriminación y la exclusión, mediante la atención prioritaria a las brechas de desigualdad que han dado lugar al recrudecimiento de los estilos de vida y oportunidades para todos; por ende, es necesario construir políticas de intervención social que aporten la mayor suma de bienestar e integren al ciudadano en el compromiso de convertirse en agente autónomo de cambio dimensionando el desarrollo propio y colectivo.
Lo anterior demanda una transformación significativa de los procesos educativos, los cuales deben integrar valores sustentables, principios de la ética ambiental y la formación ciudadana que le permitan al individuo utilizar racionalmente los recursos naturales, cooperar en la protección de los ecosistemas, consolidar actitudes democráticas y establecer diálogos profundos con sus necesidades, a los fines de motivar acciones conscientes que apoyadas en la cooperación se traduzcan en desarrollo humano, bienestar social y calidad de vida para todos.
El desarrollo humano constituye un objetivo de todos los tiempos, al que la educación como proceso de transformación integral del hombre, le ofrece los medios para impulsar las condiciones que posibiliten su desempeño individual y social, con especial énfasis en la trascendencia de las necesidades básicas hacia la construcción autónoma de alternativas que motiven el uso de sus competencias y capacidades para alcanzar niveles dignos de bienestar, desde las políticas públicas significa, disponer del instrumental gubernamental para cohesionar voluntades, propiciar el desenvolvimiento de potencialidades e incentivar acciones estratégicas mediante las cuales sea posible el despliegue de iniciativas de crecimiento y la resolución de situaciones que históricamente han imposibilitado el desarrollo.
