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Introducción
Desde una perspectiva general, el femicidio es la muerte violenta de mujeres donde la mayoría de veces es producida por odio o desprecio, lo que es el resultado de la creencia socio-cultural de la condición de inferioridad atribuida al sexo femenino, quien inicialmente era carente de derechos. Con frecuencia, las mujeres son sujetas a diferentes tipos de maltratos, entre ellos, físicos, verbales, psicológicos y sexuales, una gran parte de ellos terminan con la vida de las víctimas. Ahora bien, el primer uso de la palabra femicidio se asocia a feministas radicales que lo definieron ante el Primer Tribunal Internacional de Delitos Contra Las Mujeres, de ahí en adelante, fue cuestión de tiempo para la mayoría de países que se sensibilizaran frente a los actos de discriminación y negación, además se comprometieran en implementar acciones para hacer justicia en casos de femicidio (Albarrán, 2015).
El femicidio surge desde el marco de la violencia extrema en contra de las mujeres, logrando visibilizarse como un concepto con fundamentación en diversas corrientes feministas, e incluso se lo ha enfocado desde la política en tanto que se han establecido sanciones y protección a través de normas jurídicas nacionales e internacionales. Algunos países latinoamericanos han desarrollado legislaciones internas en el campo penal para evitar estas conductas, minimizando sus cifras, debido a que este es un problema que responde a un proceso continuo y reiterado de violencia que culmina en el asesinato. El Gobierno en Ecuador, establece dentro de su plan de creación de oportunidades 2021-2025, como meta: “Disminuir la tasa de femicidio por cada 100.000 mujeres de 0.87 a 0.80” (Secretaría Nacional de Planificación (SNP), 2021, p.67)
Un acontecimiento histórico que ha permitido a la ciudadanía evidenciar la magnitud de esta situación es la definición del término femicidio, donde contribuyeron diferentes movimientos feministas mediante la difusión de los reiterados asesinatos de mujeres. Nuñovero (2017) expone que el femicidio, son aquellos supuestos relacionados con la violencia íntima o de pareja, donde se incluye humillación, desprecio, maltrato físico, abuso sexual, incesto y abandono, por lo que las niñas y mujeres mueren como resultado de actitudes discriminatorias o de prácticas sociales violatorias a su integridad.
En los ordenamientos jurídicos a nivel mundial se presentan derechos inherentes de las mujeres en los cuales no existe ningún tipo de exclusión, por lo tanto, el Estado debe garantizar la igualdad, proteger y respetar el pleno disfrute de acuerdo a las prerrogativas, mediante la adopción de las medidas políticas, legislativas, judiciales, administrativas, de control o de cualquier otra índole que sean necesarias, oportunas y adecuadas. En América Latina, las tasas más altas por cada 100.000 mujeres de femicidios en 2020 corresponden a Honduras 4.7 por cada 100.000 mujeres, República Dominicana 2.4 y El Salvador 2.1 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020). Si bien en los países de América Latina se han incrementado en la última década las estadísticas sobre femicidio, en su mayoría quedaron niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad. Ecuador, no se aleja de esta realidad, puesto que es uno de los países con mayores niveles de normalización de la violencia en contra de la mujer, un reflejo de ello es el aumento acelerado que ha tenido el femicidio a partir del 2019.
Según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, ALDEA, (2022) en once de las 24 provincias ha ocurrido por lo menos un femicidio en lo que va del 2022, la provincia de Guayas mantiene su condición en presentar la cifra más alta con 7 casos, Manabí está en segundo lugar con 5 casos, Los Ríos con 4 casos y Esmeraldas con 3. En consecuencia, la gestión política de numerosos sectores de la sociedad en alianza con las instituciones del Estado ha expuesto por diversos canales de comunicación, la necesidad de comprender el círculo de violencia que están expuestas las mujeres en varias facetas de su vida, previo a ser víctimas de femicidio, siendo esta una de las respuestas que han obtenido quienes luchan día a día para erradicar este problema.
La preocupación por el incremento de femicidios en el Ecuador cada día es más persistente por parte de los ciudadanos, porque en muchos de estos casos las víctimas tienen hijos, quienes quedan en la orfandad. En este marco, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, (2019) informa que, desde enero a octubre del año 2017, ocurrieron 91 femicidios, de los cuales: el 28,3% ocurrió en el domicilio familiar; el 26,2% en el domicilio de la víctima; el 5,7% en el domicilio del victimario; el 4,5% en otro domicilio; y el 34,8% en otros; el 34% de las víctimas tenía una relación de convivencia con el victimario, de los cuales el 76,2% fueron procesados. De acuerdo a los índices expuestos anteriormente, este delito ha tenido mayor incidencia en razas negra, indígena, montubia y mestiza, reflejando un porcentaje del 60% de cada 100%, oscilando una edad entre los 19 a los 40 años (Abarca, 2021). Se debe hacer énfasis que, la mayor parte de las víctimas de femicidio en Ecuador son jóvenes, madres solteras y con instrucción básica, es decir, han alcanzado el décimo grado en el nivel educativo. Por otra parte, este es un problema que incide significativamente en la región costa y las etnias más afectadas son mestizas, montubias e indígenas. De este modo, el machismo y los celos parecen ser los principales detonantes de estos crímenes donde también ha existido abuso verbal y sexual como precedente.
Diversas organizaciones y sectores de mujeres que tienen como finalidad defender sus derechos, han realizado movilizaciones por la indiferencia de la institucionalidad del Estado en casos de impunidad a estos crímenes, mismos que están directamente asociados a factores de género y de clase. Benálcazar (2019) hace referencia al estándar de la debida diligencia como aquella obligación del Estado de prevenir el cometimiento de hechos de violencia de género y femicidio, así como de la actuación inmediata y eficaz si se cometen estos actos contrarios a la ley, especialmente para brindar protección a las víctimas directas e indirectas, sancionar a los responsables y velar por la reparación integral.
Esto quiere decir que, los organismos han tomado conciencia de que los femicidios han llegado a niveles muy altos y preocupantes, por ello, se dota de un marco legal que reconoce y garantiza la protección a las víctimas e incluso en algunos casos de conocimiento público a los culpables se les ha establecido la máxima pena. Desde esta visión, corresponderá al Estado ecuatoriano el diseño y puesta en marcha no solo de protocolos de investigación específicos para los casos de femicidios (en cuyos procedimientos actúan técnicos de criminalística, inspección ocular, investigadores de delitos contra la vida, peritos, forenses de diferentes disciplinas, etc.), sino también la formación de profesionales con perspectivas de género (Reyes, 2019).
Está claro que organizaciones internacionales han hecho sugerencias acerca de la gestión de datos sobre el femicidio en Ecuador, pero, hasta el momento no se ven resultados alentadores. Aunque, en los últimos años el sistema jurídico ecuatoriano está infundido en medidas destinadas a ganar la simpatía de la población a través del endurecimiento de penas, el trabajo de los operadores de justicia, miembros de servicios de primera acogida y quienes integran medios de comunicación no se visualiza porque los hijos y familiares que son víctimas directas de quienes perdieron la vida siguen quedando en situación de vulnerabilidad.
Las razones por las cuales se ha decidido formalizar la investigación son la obtención de conocimientos actuales en cuanto al femicidio, el establecimiento de contacto con la realidad actual y los problemas que existen en el Estado ecuatoriano frente al aumento de los índices de femicidio. En efecto, el objetivo principal del trabajo es determinar el papel del Estado ecuatoriano frente a este tipo de delitos, de la misma forma, se establece como objetivo coadyuvante medir el nivel de concordancia entre los profesionales hacia los criterios de la entrevista.
Materiales y métodos
La investigación se ejecuta desde un punto de vista descriptivo, con diseño no experimental de corte transversal. Se aplica un paradigma cualitativo mediante la revisión bibliográfica y cuantitativo a través del Coeficiente de Concordancia de Kendall para medir los niveles de acuerdo de los profesionales. La variable de estudio es el femicidio debido al aumento de casos de y situaciones de desigualdad, discriminación e incluso subordinación que viven las mujeres en Ecuador. El proceso metodológico es un punto clave porque a partir del análisis de la cuestión social, se logra transformar la realidad. Se debe aclarar que, muchas problemáticas no se pueden erradicar porque su solución depende del comportamiento de la sociedad y sus principios éticos, sin embargo, mediante la investigación científica se enriquece el conocimiento y sobre todo se puede llegar a la concientización de gran porcentaje de personas.
Este fenómeno se aborda de una forma crítica y controlada por lo que se asegura la construcción de una objetividad, en consecuencia, dentro de este marco de ideas se realiza una combinación metodológica que permite fomentar al gobierno ecuatoriano a la creación de políticas públicas, reformar leyes y sobre todo ejecutar acciones que beneficien al empoderamiento de las mujeres.
El procesamiento de datos se delimita de la siguiente manera:
Se elabora un análisis de la literatura existente en bases de datos como Scopus, Dialnet, Google Académico, Scielo y Latindex, además informes relativos en fuentes primarias como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Secretaría Nacional de Planificación y la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. La sistematización se ejecutó mediante la búsqueda de palabras y cadenas, entre ellas, “femicidio”, “derechos de las mujeres”, “limitaciones y riesgos en las mujeres”, “tipos de violencia hacia la mujer” “iniciativas del Estado”, mismas que facilitan la producción de nuevos conocimientos y proporcionan métricas e informaciones sobre la producción científica.
Se utiliza un criterio de tipo no probabilístico a conveniencia, de manera intencionada, dada la accesibilidad en la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad Técnica de Manabí, en este sentido, la muestra estuvo constituida por 12 docentes, cuyo criterio de inclusión se delimita a profesionales titulados en Derecho y Trabajo Social. Se establece la aplicación de entrevistas semiestructuradas el 3 de enero de 2023 con el propósito de obtener información sobre el papel del Estado ecuatoriano frente a la problemática del femicidio. Para la elaboración de las 9 preguntas, se analizó exhaustivamente leyes, normas, investigaciones realizadas por otros autores y además informes de organizaciones internacionales.
Se utiliza el SPSS versión para el cáluclo del Coeficiente de Concordancia de Kendall el cual mide el grado de relación entre los juicios expuestos por los profesionales, donde el valor de W varía entre 0 y 1. Pozo, Peñafiel & Cruz (2021) expresan que, “el coeficiente de Concordancia de Kendall (W) ofrece el valor que posibilita decidir el nivel de concordancia entre los expertos” (pp.8). El valor 1 representa concordancia total entre los profesionales y el 0 una discrepancia.
Con una significancia asintótica de 0,001 adminisible para el presente estudio, se plantean las siguientes hipótesis
Resultados
Los entrevistados manifestaron que, si se han planteado políticas públicas que aporten a la disminución de la violencia y por ende a las cifras del femicidio, el primer paso fue incorporar esta problemática como delito en la normativa del Código Orgánico Integral Penal (2014) donde se reconoce la muerte violencia de mujeres por el hecho de serlo y por su condición de género; además a través de acciones se ha mostrado como un problema social y público, relacionado con patrones culturales (Tabla 1).
Tabla 1 - Políticas públicas implementadas por el Estado ecuatoriano
| Pregunta 1. | |
| ¿Considera que el Estado ecuatoriano ha implementado políticas públicas para la reducción de los femicidios? | Entre las principales políticas públicas establecidas por el Estado están la inclusión del femicidio como un delito en el Código Orgánico Integral Penal (2014), las casas de acogidas, el proceso judicial expedito que permite actuar inmediante a traves de boletas de auxilio y desalojo para el agresor de la vivienda, además la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres aprobada en el año 2018 que está respaldada por 16 instituciones publicas nacionales y locales protegiendo así la vida de las mujeres y la de sus hijos. |
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la creación y reforma de políticas públicas los profesionales destacaron la ejecución de acciones a través de proyectos, programas o planes que permitan concientizar a la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres, porque el Estado ecuatoriano ya ha establecido políticas públicas y es evidente que los femicidios siguen aumentando, entonces lo ideal es que se fomente la creación de sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y en consecuencia las mujeres puedan desarrollarse de forma sostenible (Tabla 2).
Tabla 2 - Creación/Reforma de políticas públicas
| Pregunta 2. | |
| ¿Considera Ud. necesario la creación/reforma de políticas públicas o una normativa secundaria que garantice los derechos de las mujeres y la reducción de femicidios? | No es necesaria la reforma o creación de políticas públicas, sino más bien se deberían generar acciones y estrategias de educación que promuevan los derechos de las mujeres, logrando un cambio en la sociedad. |
Fuente: Elaboración propia
Respecto a los deberes éticos para garantizar una sociedad libre de violencia, los códigos y guías éticos deberían ser una prioridad en la sociedad actual porque recopilan los valores, principios y pautas de conducta que cada uno de los ciudadanos deben de seguir, con el fin de lograr un entorno más justo y el bien común. Dar respuestas a las problemáticas sociales y culturales implica plantear nuevas formas de convivencia, apelar al entendimiento y favorecer el empoderamiento en este caso de niñas y mujeres, logrando que tomen decisiones ante esta sociedad tan dinámica, cambiante y diversa (Tabla 3).
Tabla 3 - Deberes éticos para garantizar una sociedad libre de violencia
| Pregunta 3. | |
| ¿Cree Ud. que la creación de guías y códigos éticos garantizarían una sociedad libre de violencia? | Sí, porque fomentarían una buena convivencia entre hombres y mujeres, además es una herramienta fundamental para comprender los principios morales en el ejercicio de las actividades cotidianas. |
Fuente: Elaboración propia
En relación al deber ético de los funcionarios judiciales fluctúa dado los niveles de corrupción. Es fundamental implementar acciones que se enfoquen en promover los deberes éticos a los funcionarios judiciales que en ocasiones se dejan llevar por intrusiones políticas o por los altos mandos, perjudicando a las víctimas o familiares directos, en este caso, los padres y los hijos. Está claro que, en el ejercicio de sus funciones deben actuar con honestidad, responsabilidad social y rectitud, satisfaciendo el interés general de la justicia y dejando a un lado beneficios personales de acuerdo a lo que exige la ley (Tabla 4).
Tabla 4 - Deber ético de los funcionarios judiciales
| Pregunta 4. | |
| ¿Considera Ud. que los funcionarios judiciales han asumido su deber ético de prevenir y erradicar cualquier forma de amenaza y afectación a los derechos humanos de las mujeres? | La administración de justicia actualmente vive una crisis y en consecuencia los funcionarios judiciales no han demostrado una actuación oportuna y diligente y es que las jerarquías y las injerencias políticas lamentablemente juegan un papel muy importante, por lo tanto, se debe trabajar en la especialización para que se empoderen sobre el tema. |
Fuente: Elaboración propia
Referente a los patrones socioculturales son comportamientos o creencias que influyen significativamente en la violencia y por su puesto en los femicidios, debido a que estos modelos normados donde predomina el machismo o el patriarcado son establecidos por la sociedad en beneficio a los hombres, y, las mujeres tienen un status social o político inferior, incluido los derechos humanos básicos. A través de las costumbres y más aún en las zonas rurales se sigue creyendo que el deber de la mujer es ser ama de casa y estar al cuidado de sus hijos y desde muy temprano en la crianza se dispone que el hombre debe ser un ser privilegiado (Tabla 5).
Tabla 5 - Patrones socioculturales y el femicidio
| Pregunta 5. | |
| ¿Cree Ud. que las altas tasas de femicidio en Ecuador se deben a los patrones socio-culturales? | Sí, porque en Ecuador aún predomina el machismo donde el hombre es quién tiene superioridad en el hogar y la mujer debe ser ama de casa, incluso teniendo estudios superiores. |
Fuente: Elaboración propia
Respecto a las estrategias para disminuir las cifras de femicidio y violencia deben estar encaminadas a la creación de una cultura de igualdad, donde se incremente la potenciación y la defensa de los colectivos que a través de los años han experimentado formas tradicionales de marginación y exclusión. Además, deberán estar vinculadas a la diversidad cultural y los derechos humanos, favoreciendo la inclusión y participación de las mujeres en distintos ámbitos (Tabla 6).
Tabla 6 - Estrategias para prevenir y combatir femicidios en Ecuador
| Pregunta 6. | |
| ¿Las estrategias destinadas a prevenir y combatir femicidios en Ecuador deben tener como norte la implementación de una cultura de igualdad de género? | Sí, porque la mujer es víctima de femicidio cada 28 horas por razones de género, por lo tanto, este es un tema que debería ser abordado en instituciones educativas con la finalidad de comprender los derechos. |
Fuente: Elaboración propia
Acerca de la dimensión económica tiene una relación directa con las altas tasas de femicidio, porque cuando en un entorno prevalece la violencia, muchas víctimas permanecen en estos lugares por su dependencia económica (Tabla 7).
Tabla 7 - Economía de las mujeres y la violencia
| Pregunta 7. | |
| ¿La dependencia económica deja a las mujeres más vulnerables y con menos posibilidades de salir de los círculos de violencia? | Sí, porque una mujer sin recursos y dependiente de su pareja hace más díficil la liberación de estos círculos de violencia, aumentando así el ejercicio de poder en los victimarios. |
Fuente: Elaboración propia
En lo que corresponde a la implementación de programas con acciones de igualdad de género en las instituciones educativas es necesario porque es un tema que tiene que ver con la formación y si los derechos de las mujeres no se conocen en el hogar o en el entorno donde se desarrollan los niños, niñas y adolescentes, debería ser socializado en las instituciones educativas (Tabla 8).
Tabla 8 - La educación y la igualdad de género
| Pregunta 8. | |
| ¿Cree usted que la implementación de programas con acciones de igualdad de género en las instituciones educativas ha tenido un aporte significativo en la disminución de violencia y femicidios? | Sí es necesario, no solamente en la educación básica y de bachillerato, sino también en el nivel superior se debería coordinar con organizaciones que trabajan en el tema de violencia de género contra las mujeres para educar y concientizar a los estudiantes, además pueden contribuir comunicandoles a los integrantes del hogar y sus comunidades sobre los derechos y las sanciones de esta problemática. |
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la desigualdad e impunidad de los femicidios se le atribuye específicamente a los sistemas jurídicos porque la mayoría de casos que no son expuestos a través de los medios de comunicación o reconocidos por los ciudadanos, generalmente influye el soborno, la politica o son sesgados por estereotipos de género (Tabla 9).
Tabla 9 - Desigualdad e impunidad de los femicidios
| Pregunta 9. | |
| ¿Considera Ud. que el femicidio en Ecuador se asienta en la desigualdad e injusticia? | Sí, la desigualdad incluso empieza desde la violencia física, verbal, psicológica o sexual lo que muchas veces queda en la impunidad por parte de administradores de justicia al aplicar la ley. |
Fuente: Elaboración propia
Según el coeficiente W de Kendall, existe una concordancia predominante a valor de 0.833, en las preguntas estructuradas en la entrevista. De la misma forma, con significancia de 0,000 se acepta H1 (Tabla 11).
Discusión
En Ecuador la impunidad se encuentra implícita en los casos de femicidio, debido a que en el 2016 sólo el 12% tuvieron sentencia de primera, segunda o tercera, porcentaje a que, a pesar de ser muy bajo fue superior al 5% de casos resueltos en el 2015, evidenciando la limitada celeridad procesal de los órganos que administran justifica en el país (Carrillo, 2018). En este sentido Plaza (2021) determina que, en el caso de algunos jueces, peritos, fiscales y abogados se evidencian conductas o acciones fuertementes condicionadas por los estereotipos y perjuicios misóginos en el momento de investigar y juzgar. A través de la aceptación de la hipótesis alternativa se logró determinar que existen problemas significativos entre el papel del Estado ecuatoriano y el aumento de cifras de femicidio arraigado principalemente a casos de soborno en los sistemas judiciales, la mayoría de funcionarios no han asumido su deber ético de prevenir y erradicar cualquier forma de amenaza y afectación a los derechos humanos de las mujeres, porque se permiten injerencias políticas o de jerarquías en los procesos, en consecuencia, se deben fortalecer las capacidades investigativas para la teoría del caso y el levantamiento de las pruebas, logrando así garantizar los derechos de las víctimas directas y colaterales durante toda la fase pre procesal y procesal penal. A través de los niveles de concordancia W de Kendall que existió entre los expertos, se pudo determinar mediante el cuestionamiento 5 de la entrevista, que si no existe una aplicación estricta de las leyes, los casos de femicidio se siguen replicando.
Está claro que, las altas tasas de femicidio se deben a los patrones socio-culturales porque generalmente es un esquema de comportamiento que se produce de generación en generación o por el ambiente en el que se desarrolla el hombre, estableciendo la superioridad y convirtiéndola en una costumbre, en este sentido, la educación y la crianza positiva en los hogares juega un rol importante porque desde ahí se está contribuyendo a garantizar la vida de las mujeres. En ese marco, Solórzano (2016) indica que, los patrones socioculturales determinan una relación de poder, en la cual la mujer está en una posición de subordinación frente al hombre.
El femicidio es un fenómeno persistente en Ecuador a pesar de que hay políticas públicas implementadas por parte del Estado para la disminución de las cifras, es decir, que esta problemática tiene que ver más con la iniciativa de la sociedad por hacer cumplir a través de acciones los aspectos políticos, legislativos e institucionales, además con los patrones socioculturales que aún predominan a beneficio de los hombres. Este criterio es corroborado en el estudio de Mendieta (2022) al indicar que, la arista principal para erradicar el femicidio se relaciona más con la conciencia de las personas, la educación y principios que rigen la sociedad, además está vinculada con la parte espiritual, ética y preceptos morales que se han mantenido por milenios a través de sociedades dominadas por sexo masculino, supuestamente superior.
Otro hallazgo importante es que se deben promover los derechos de las mujeres para lograr un cambio radical en la sociedad a través de la difusión, educación, concientización con respecto a la vida, el pensamiento diverso y al ejercicio de los derechos humanos en general. Además se deberían implementar Fiscalías de Violencia de Género con personal especializado y a nivel policial mejorar el servicio del Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif).
Estudios previos han señalado que, la búsqueda de la igualdad de género en las últimas décadas, ha pasado de los lineamientos generales a la formulación de políticas públicas, en parte, porque se estima que ésta contribuye a disminuir la violencia; sin embargo, a pesar de la multitud de estas medidas o estrategias para promover los derechos de las mujeres, persisten significativas desigualdades y las estimaciones sugieren que éstas continuarán (Perrons, 2017). Es por ello que se considera la educación un elemento clave para reducir las distinciones; en particular, entre el hombre y la mujer, transformando así los comportamientos sociales, culturales y políticos que provocan violencia. Las estrategias de prevención y erradicación de los femicidios deben estar completamente vinculadas con una cultura de igualdad de género porque así se moldean las actitudes, comportamientos y decisiones de las personas. Es fundamental destacar que estos procesos no se deben trabajar ni orientar exclusivamente a las mujeres sino que, también se debe involucrar a los hombres quienes a través de procesos de capacitación y sensibilización pueden adoptar actitudes más igualitarias, deconstruyendo el patrón sociocultural masculino o también llamado Modelo Hegemónico de Masculinidad (Solórzano, 2016).
De la misma manera Torres et al., (2020) afirma que, en los últimos años se han vuelto a producir algunos avances, pues las mujeres han logrado ocupar puestos jurídicos y de gobierno, en proporción casi similar a la de los hombres, hoy el 40% de los cargos en la esfera jurídica los desempeñan mujeres. En general la independencia económica contribuye a disminuir las cifras de femicidio en el país, aunque es necesario dejar constancia que no es el factor determinante para la eliminación de este fenómeno que cada día se incrementa más. En este sentido, un enfoque efectivo para abordar y minimizar esta problemática es el empoderamiento y con ello el fortalecimiento de habilidades para tomar medidas que contribuyan a mejorar su autoestima y la capacidad para la toma de decisiones.
En lo que se refiere a la dependencia económica, una mujer sin recursos y dependiente de los ingresos de su pareja provoca desigualdad y hace más compleja la liberación de los círculos de violencia, porque no encuentran formas para cambiar esta realidad o mantenerse a salvo en otros espacios, además en ocasiones por temas mandatorios de religión no desean separar a sus hijos del hogar e incluso también es un determinante la influencia social que condiciona la decisión, los costes y beneficios percibidos en función de las posibles alternativas que se le presentan. En esta línea Valle (2017) sostiene que, la decisión de vivir con el cónyuge, se relaciona con la dependencia económica del agresor; considerando que estas mujeres solas, tendrían dificultades de mantener económicamente a sus hijos, y necesitan de sus agresores para que les ayude a sacar adelante a la familia, por lo que desde su punto de vista la permanencia se hace inevitable; más aún considerando que la mayoría de ellas se dedican solo al trabajo doméstico donde no perciben ingresos económicos y si en algún caso trabajan, sus ingresos son insuficientes para la subsistencia de la familia.
Conclusiones
El Estado ecuatoriano ha mostrado preocupación por erradicar o disminuir las cifras de femicidio implementando políticas públicas mediante leyes, reglamentos y planes bien concebidos a nivel nacional, en los que participan diversas organizaciones e instituciones con o sin fines de lucro, sin embargo, estas iniciativas no han tenido un impacto significativo. Se logró identificar que, los funcionarios públicos en su mayoría no están asumiendo sus deberes éticos en casos de femicidio por falta de compromiso, injerencias políticas, perjuicios misóginos y distanciamiento con los valores, por lo tanto, es fundamental fortalecer principios morales para garantizar los derechos de las víctimas directas y colaterales. Los patrones socio-culturales y la dependencia económica son factores que desencadenan la violencia hacia la mujer, que en la mayoría de casos termina en femicidios, en efecto, es importante también una formación en los hogares que incluya el respeto y el empoderamiento financiero a las mujeres.
En este marco, es necesario que el Estado considere necesaria la intervención de los Trabajadores Sociales porque su profesión está enfocada en promover el cambio y el desarrollo social, además el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las personas. Por otra parte, la labor de estos profesionales se proyecta en el empoderamiento de aquellos colectivos que han experimentado la marginalidad y exclusión en alguna etapa de sus vidas, en efecto, se orienta hacia la participación social y el bienestar de los individuos.
