El reconocimiento de las posibilidades epistémicas de la escritura en el contexto universitario encuentra sólidas bases en los aportes de los movimientos anglosajones Escritura a través del Currículo (Writing Across the Curriculum, WAC) y Escritura en las Disciplinas (Writing in the Disciplines, WID).
El primero surgió en la década de 1970 como respuesta a la democratización de la matrícula universitaria, proceso que supuso la incorporación de estudiantes cuyos desempeños comunicativos presentaban diferencias significativas respecto al estándar tradicionalmente consensuado como óptimo. Por su parte, la Escritura en las Disciplinas, cuyo origen puede situarse en la década de 1980, se centró en el estudio de los repertorios y requerimientos propios de las prácticas letradas de cada área de formación.1) En esta línea de investigación, ya no bastaría con la sola revisión genérica de aspectos retóricos ni teóricos de la escritura, sino, además, explicitaciones respecto a cómo operan las prácticas escriturales de cada comunidad reconocida como válida.
Si bien ambos enfoques coinciden en el tratamiento de la escritura como práctica situada y se distancian de su enseñanza como un fenómeno descontextualizado, no profundizan necesariamente en las consideraciones de los múltiples marcos de exclusión que coexisten en los procesos formativos. De esta manera, algunas prácticas escriturales en la formación universitaria reproducen principios de instrumentalización funcional2 que no problematizan las condiciones de desigualdad epistémica ni sociolingüística del propio proceso escritor.3
A propósito de lo anterior, y en particular pensando en la necesidad de propuestas de escritura crítica en estudiantes del área salud, se presenta en la Tabla 1 un modelo de producción textual pensado desde principios de justicia. Para tales efectos se han considerado algunos resultados de una investigación reciente4 en la que se advierte que en una muestra representativa de estudiantes de primer año de formación en el área de salud, los significados atribuidos a la escritura la posicionan como un proceso superficial y de corto alcance.
Contrariamente a dicha valoración sobre la producción textual, se ha demostrado que la escritura argumentativa, crítica y reflexiva en la formación médica ha favorecido la capacidad de empatía, reflexión y deliberación en estudiantes de tercer año de Pediatría, para quienes la profundidad y el alcance de la escritura resultaron ser relevantes.5
En esa línea, los autores de esta comunicación consideran que la escritura argumentativa, entendida como una posibilidad de reflexión fundamentada, permite el desarrollo de una formación crítica que no solo posibilita posicionar la voz dentro del complejo campo de la salud, sino que, además, faculta el desarrollo de la agencia, la participación autoral y la deliberación como aspectos centrales de la relación entre justicia y escritura.
Para la propuesta se consideraron tres premisas basales:
El reconocimiento del estudiantado como emisor válido en la participación crítica del conocimiento disciplinar
La redistribución de los roles durante el proceso de escritura
La legitimación del estudiantado como revisor y participante de una práctica de comunicación crítico-disciplinar.
Dichas premisas retoman cuatro principios básicos de la justicia educativa:6,7
Deliberación (entendida como la capacidad para tomar decisiones informadas desde la propia agencia).
Participación en comunidades científicas (en referencia al uso legítimo de discursos para la generación de conocimientos).
Reconocimiento de una voz autoral (validación de las posturas argumentativas respecto de la producción de saberes, reflexiones o problematizaciones disciplinares), y 4- redistribución de roles (definida como la subversión de las funciones evaluativos verticales).
El modelo presentado puede ser incluido en cualquier curso de la formación disciplinar del área de la salud, o bien constituirse en un seminario autónomo, incluso transformarse en un taller extracurricular. Lo esencial de la propuesta es la apertura epistemológica al reconocimiento de los autores-estudiantes en la construcción de saberes críticos del área, la redistribución de los roles y la corresponsabilidad participativa en la circulación y promoción de posibilidades escriturales.
La premisa de base respecto a los procesos de escritura es que en ellos coexisten múltiples y complejas tramas de exclusión. Si bien la política educativa corrige las condiciones de acceso y permanencia, no siempre problematiza las sutiles disposiciones didácticas de marginación. Aun cuando la propuesta no soluciona el documentado y vasto estado de desigualdad socioeducativa, mucho menos las distinciones epistemológicas propias de la literacidad, contribuyen a tensionar algunas nociones centrales que favorecen la inclusión de las/os estudiantes como legítimos productores de significados.
El capítulo pendiente, sin duda, invita a diseñar pautas y rúbricas que respondan a los propios contextos; por ello, el modelo propuesto no pretende ser más que una invitación a repensar la complejidad con que cada comunidad genera conocimientos a través de la escritura argumentativa.