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Introducción
El fortalecimiento de cadenas productivas se ha convertido en un enfoque importante de fomento productivo desde las entidades públicas de los gobiernos de América Latina. Se reconoce que favorece procesos de cooperación en torno a estrategias que apuntan a la competitividad del tejido empresarial. “El análisis de cadenas es solo una herramienta de análisis que permite identificar los principales puntos críticos que frenan la competitividad de un producto, para luego definir e impulsar estrategias concertadas entre los principales actores involucrados”. (Van der Heyden & Camacho, 2004, p.10)
En la última década del siglo pasado, en Colombia se llevaron a cabo estudios que profundizan en la necesidad de alcanzar ventajas competitivas a través del desarrollo regional. En esta línea de pensamiento, Porter (1999), ratifica la importancia de utilizar esquemas productivos de trabajo conjunto en los sectores económicos del país.
Castellanos, et al. (2001), consideran que los esquemas planteados por Porter, sumado a la necesidad de descentralizar la toma de decisiones y permitir que las regiones asumieran sus propias estrategias, dieron lugar a la creación de políticas que incluían en su metodología, prácticas empresariales cimentadas en cadenas productivas, como base crucial para aumentar la productividad industrial.
En los últimos años se ha alcanzado un mayor reconocimiento de la importancia del enfoque de cadenas productivas para la implementación de estrategias de dinamización del desarrollo territorial. Los autores Sampaio, et al. (2020), consideran que están relacionadas con las políticas públicas ambientales y de preservación de la identidad cultural de las comunidades tradicionales. Estas comienzan a orientarse hacia “un desarrollo sostenible con viabilidad económica, ecológica, justicia social y humanística, incremento en la capacidad de auto-conocimiento en las comunidades rurales, donde se integren los procesos naturales con las de producción agrícola, alcanzando mayor productividad de plantas y productos orgánicos”. (Choy, 2015, p. 153)
Cuba no ha estado ajena a la temática, a raíz del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (2011), cobra auge el debate sobre la necesidad de articular cadenas productivas, en un período de profundas transformaciones, agrupadas en lo que se conoce como “Actualización del Modelo Económico y Social Cubano”. Este interés también queda plasmado en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (PCC, 2011), donde se concibe la articulación de cadenas productivas como una contribución a la generación de ingresos para la capitalización del sector agropecuario, tal como se plantea en el Lineamiento 185. De igual modo, los Lineamientos aprobados en el VII Congreso del PCC (14, 24, 160, 162, 193 y 251), abordan las cadenas productivas y su integración desde las múltiples esferas, dígase, políticas macroeconómicas, empresarial, agroindustrial hasta el comercio.
El debate sobre la articulación de la producción se ha vuelto aún más recurrente en los últimos años y ha sido interés gubernamental, evidenciado a través del llamado a fortalecer los encadenamientos productivos entre la agricultura y la industria alimentaria, actualizar las investigaciones que se han hecho en Cuba en materia de alimentos, y lograr un adecuado balance entre lo que se produce por la vía estatal y la no estatal.
El tema de los encadenamientos productivos está implícito además en la nueva Política para impulsar el desarrollo territorial, donde queda claramente definido como uno de los principios, la promoción de la integración entre actores estatales y no estatales sobre la base de encadenamientos productivos. Así mismo, en el más reciente VIII Congreso del PCC, también se evidencia la importancia de las cadenas productivas, tanto en la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, como en los nuevos Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026. Por su parte, Díaz-Canel & Delgado (2021), resaltan su relevancia para la toma de decisiones políticas y las tecnologías innovadoras de las transformaciones sectoriales.
De manera general, los estudios sobre cadenas productivas, en el ámbito internacional se han realizado con el objetivo de evaluar, por un lado, la productividad y competitividad de diferentes sectores económicos con miras a formular recomendaciones a futuro, y por otro lado, para analizar la integración entre actores económicos al momento de emprender una actividad económica en cualquiera de las formas de articulación productiva. En muy pocos casos se reconoce la necesidad de enfocar este término como una contribución al desarrollo sostenible, aspecto que se convierte en el propósito de la sistematización teórica de estos términos. (Gereffi, 2001).
Se utilizan métodos del nivel teórico como el Histórico-lógico en la búsqueda de relaciones esenciales y las interpretaciones acotadas al contexto actual internacional y cubano. El Analítico-Sintético para el análisis de la bibliografía sobre cadenas productivas y desarrollo sostenible, en la síntesis de los aspectos consultados, lo cual es útil para la elaboración del marco teórico conceptual; el Inductivo-deductivo para la inducción de aspectos que permiten ir de lo general a lo particular en la deducción de los elementos encontrados durante el proceso de investigación.
Desarrollo
En el contexto actual de evolución de la economía mundial, el enfoque de cadenas productivas se encuentra vinculado estrechamente a procesos esenciales y caracterizadores del contexto internacional como: la globalización y la innovación. Por lo tanto, frente al proceso de generación de valor, al papel de cada una de las empresas que en él interviene y la comprensión de la articulación entre las mismas, resulta útil la definición de cadenas productivas. Concepto innovador, que posee elementos significativos en la concepción de políticas de apoyo empresarial que favorecen la generación de riquezas, a través de la consolidación de ventajas competitivas.
Para la conceptualización del término cadenas productivas se ha acudido a determinar cuáles son los rasgos que, explícita o implícitamente, suelen señalarse en la literatura para su definición. Para ello se desarrolla un estudio de la bibliografía internacional y nacional, a partir de las definiciones propuestas por diferentes autores en las últimas décadas, para identificar los principales elementos definitorios del término cadenas productivas. En la tabla 1 se resume el criterio de 8 autores, los cuales fueron ordenados cronológicamente según la fecha de su publicación.
La compilación de esta información les permite a las autoras reflexionar en los siguientes elementos:
La existencia de una diferenciación entre las definiciones en estudio, con determinados puntos en común. A pesar de que en su origen el concepto se ha desarrollado teniendo como centro de atención a la producción agropecuaria, el mismo tiene un gran potencial para otros sectores productivos más allá de la agricultura. Su aplicación en otras áreas concibe al concepto universal y posibilita el empleo de sus capacidades y herramientas en una gama amplia de procesos productivos.
Cuando se estudia el término cadenas productivas, los principales elementos definitorios son: su composición, la relación entre los actores que intervienen en ella, los principales eslabones o procesos que la constituyen, así como el objetivo que se persigue con el encadenamiento y el beneficio de adoptar este enfoque.
Los elementos que no pueden dejar de ser analizados cuando de definir a las cadenas productivas se trata, son en primer lugar su composición (el 100% de los autores estudiados precisa por quién debe constituirse una cadena) y en segundo lugar, los principales eslabones o procesos que la constituyen (el 93,33 % de los autores estudiados los consideran en su conceptualización).
Cuando se define la composición de la cadena productiva, la mayoría de los autores coinciden en que está constituida por un conjunto de agentes o actores económicos. En este elemento se destaca el autor Van der Heyden (2006), al definirlo con un enfoque de género, pues enfatiza que puede constituirse por actores de ambos géneros. Otro aspecto importante en este sentido, válido de destacar, es que la cadena no solo está compuesta por los actores directos, sino también por un conjunto de servicios de apoyo, ya sean de transportación, financieros, asistencia técnica, certificación, investigación y comunicación.
El criterio que más se repite por los autores que abordan la relación existente entre los actores que intervienen en la cadena, es que están relacionados entre sí para llevar un producto de un estado a otro, hasta el consumidor final.
Una parte considerable de los autores opinan que las cadenas productivas se subdividen en procesos o eslabones, los cuales comprenden desde la provisión de los insumos, hasta llegar al consumidor final. Algunos consideran la transportación como un eslabón, lo cual es un criterio errado, a juicio de estas autoras, pues éste es un servicio de apoyo transversal a lo largo de la cadena, como se mencionó anteriormente.
Aunque no todos los autores a la hora de conceptualizar una cadena productiva, definen cuál es el objetivo general que ésta persigue, la mayoría de los que lo hacen consideran que el propósito de encadenarse es hacerse más competitivos, salvo Anaya (2015), al considerar que ésta permite lograr la satisfacción de una demanda específica. Esto constituye una insuficiencia en el tratamiento de este elemento, por los autores analizados, dado que pudiera disminuirse el aprovechamiento de las fortalezas que brinda una adecuada articulación de la cadena, orientada al desarrollo local.
En los estudios referidos, no es suficiente el análisis que realizan los autores sobre el beneficio que pudiera generar el enfoque de cadenas productivas. La mayoría visualizan solo las contribuciones que pueden generar a lo interno de cada eslabón, la alianza o integración entre ellos, sin tener en cuenta que puede constituir una fuente de mejora social y contribuir al desarrollo territorial, aspecto que solo es considerado por Anaya (2015).
Varios autores (Van der Heyden, 2006; Ojeda & García, 2018) consideran que el marco regulatorio institucional y organizacional son esenciales para la articulación de la cadena, pues ésta no se desarrolla independiente del entorno político, sociocultural y ambiental en el cual se desempeña, por el contrario, el contexto puede representar una limitante o una ventaja para su avance.
La anterior reflexión permitió la construcción de un nuevo concepto a partir de la combinación de las ideas expuestas por otros autores, asumiendo como cadena productiva: al conjunto de actores económicos y servicios de apoyo interrelacionados entre sí, dependientes del entorno en el cual se desempeñan, subdivididos en eslabones que van desde la provisión de insumos, la producción, transformación, comercialización, hasta llegar al consumidor final, orientada al desarrollo territorial. En la Fig. 1 se puede observar en detalles, una representación gráfica de este concepto.
La concepción de cadenas productivas hasta aquí tratada, está relacionada con el crecimiento agrícola e industrial y el uso de la naturaleza y sus recursos, como objetivo del desarrollo económico productivo, lo cual causa un impacto en los procesos ambientales de la tierra. Es por ello que, además de lograr un crecimiento económico, deben encontrarse los mecanismos que permitan el aprovechamiento de la base de recursos naturales sin agotar el medio ambiente. Como respuesta a esta situación surge la necesidad de analizar la cadena productiva como agente y como tributaria de sostenibilidad.
Se impone en este apartado, primeramente, conceptualizar el desarrollo sostenible y cuáles son las principales dimensiones que lo componen, para poder comprender y analizar la sostenibilidad de las cadenas productivas, vista ésta como la forma en que las mismas pueden contribuir al desarrollo sostenible del territorio en que se enmarcan sus principales eslabones.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente en 1972, se debate por primera vez sobre la problemática medioambiental a nivel global (Conte & D´Elia, 2018). Sin embargo, el concepto desarrollo sostenible fue formalizado en el documento titulado, “Nuestro Futuro Común” de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987, conocido también como Informe Brundtland. A partir de este informe el concepto se popularizó y la definición se reafirmó en la Declaración de Río (1992, como se citó en Cabrera, 2017), donde ha sido definido como aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
Si bien es un concepto difícil de precisar, constituye un punto de partida hacia el debate teórico y la idea de sostenibilidad, desde el cual los países a través de las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, han acordado que el desarrollo debe ser sostenible, donde las naciones sean capaces de lograr el desarrollo económico y social, sin degradar el ambiente a niveles irreversibles, de manera tal que se protejan los derechos y oportunidades de las generaciones venideras.
Otros autores conciben al desarrollo sostenible como un proceso armónico donde la explotación de los recursos, la dirección de inversiones, la orientación del cambio tecnológico y las transformaciones institucionales deben corresponderse con las necesidades de las generaciones presentes y futuras. O sea, este concepto emerge como una visión holística, que propone un modelo de desarrollo más integral (Antúnez & Ferrer, 2016).
Los autores antes mencionados han asumido una visión multidimensional del desarrollo, que valora un enfoque integral contemplando la vida en sus varias facetas, requiriendo de lo multiactoral y revalorizando el territorio. Se ha planteado hasta aquí, incluso por otros autores (Conte & D´Elia, 2017; Mata, et al., 2018) que para lograr un desarrollo sostenible se requiere del cumplimiento simultáneo de las dimensiones social, económica y ambiental. Sin embargo, a juicio de estas autoras y a los efectos de la presente investigación, debe incorporarse una cuarta dimensión presente y relevante en los procesos de desarrollo, la referida a la política e institucionalidad de los mismos, en especial cuando se estudia la gestión de cadenas productivas, dado que éstas se desarrollan en un entorno político e institucional, que debe ser considerado.
En este sentido, para (2018), el desarrollo es algo más que la simple satisfacción de necesidades de las personas, a lo que se deben sumar la preservación de la naturaleza y la calidad de las relaciones, en los ámbitos político, social y cultural. Al establecer los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Organización de Naciones Unidas indica una forma distinta de comprender el desarrollo, en tanto ofrece una significación más amplia que lleva a extender la comprensión de sus dimensiones, con elementos que van más allá de lo ambiental, económico y social, abriendo el campo a nuevos componentes que inciden en la vida de las personas y sus necesidades.
Díaz, et al. (2021), al enfocarlo como un proceso multidimensional, considera que incluye elementos económicos, políticos, sociales que impactan sobre el uso de los recursos e inflige huellas al medio ambiente. Se reconoce además la necesidad de una interpretación integrada de las tres dimensiones y un cambio sustancial en los enfoques existentes en materia de políticas y programas.
Así, esta concepción más integral del término desarrollo sostenible referida a un proceso que involucra 4 dimensiones del territorio (Sepúlveda, 2008; Riestra, 2018), se ilustra en la Fig. 2, donde se representa un sistema territorial, en el que el espacio de interacción entre las dimensiones está representado por la esfera y se define como el “espacio de desarrollo sostenible”, según Sepúlveda (2008).
A continuación se definen los principales elementos que caracterizan las 4 dimensiones del desarrollo sostenible asumidas en esta investigación, resumidos a partir del criterio de los autores antes mencionados:
Dimensión Social: esta debe sentar las bases para establecer procesos que promuevan la creación de puestos de trabajo, primando el desarrollo colectivo, así como lo referido a la calidad de vida, la equidad (de género, etaria y etnia), la integración social y el rescate y conservación de la identidad cultural del territorio, así como la creación de condiciones para la participación efectiva de los ciudadanos en las estructuras del poder.
Dimensión Económica: Esta dimensión se relaciona con la capacidad productiva y tecnológica de los territorios para generar los bienes y riquezas necesarios para el presente y el futuro de sus habitantes, utilizando de manera rentable y eficiente los potenciales endógenos para generar nuevas oportunidades de empleo e ingresos.
Dimensión Ambiental: referida a la utilización racional y conservación de los recursos naturales, donde se comprenda al ambiente como activo del desarrollo, de manera que se adopte el principio de sustentabilidad y se enfatice el principio de gestión integrada de los recursos naturales en el mediano y largo plazo. Esta dimensión se incorpora en todas las decisiones y prioridades de inversión, no sólo como una medida preventiva, sino también en propuestas innovadoras tales como servicios ambientales, la recuperación de áreas degradadas, protección de manantiales, el establecimiento de corredores ecológicos, cobertura vegetal de laderas y áreas de reserva y de preservación, así como incorporar de forma permanente el manejo de residuos sólidos y líquidos de todos los procesos productivos.
Político-institucional: incluye el gobierno local para asegurar la coordinación de los actores locales implicados, las organizaciones administrativas locales y su relación con el sistema nacional (municipios, organismos locales del Estado, agencias locales de empresas nacionales, etc.). En este sentido, incorpora el concepto de gobernabilidad del territorio sustentado en la participación real de los actores, que permita la construcción de políticas territoriales negociadas.
Estas dimensiones constituyen la base para la evaluación de la contribución de las cadenas productivas al desarrollo sostenible. Para poder comprender el aporte de las cadenas en este sentido, es necesario reflexionar en la complejidad del contexto en el cual se desarrollan las iniciativas de cadena y analizar el carácter del proceso de cambio en las cuales se encuentran inmersas.
Varios son los autores que consideran necesario el enfoque de cadenas productivas para favorecer el desarrollo de un territorio y algunos lo particularizan para las zonas rurales. Otros dirigen su estudio analizando la sostenibilidad de las cadenas desde varias aristas, relacionada con la equidad económica, social, participativa, entre otras.
El Consorcio de Consejos Provinciales de Ecuador (2011), considera que las cadenas productivas han hecho un aporte positivo al desarrollo económico territorial en zonas rurales, entendido ese desarrollo como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, sustentadas en cambios hacia modelos de desarrollo más incluyentes, basados en una mayor equidad en el acceso a oportunidades, recursos, medios de producción y poder (información, conocimiento, negociación, participación en decisiones). Este Consorcio pone en relieve lo que considera principales aportes de las cadenas, tales como:
Visibilización del peso de las cadenas y los territorios.
Potenciación de las reservas productivas locales.
Dinamización de la economía y del empleo en el territorio.
Orientación de las infraestructuras y educación hacia la producción.
Inserción del territorio en circuitos económicos nacionales/globales.
Contribución a la reducción sostenible de la pobreza.
Fortalecimiento de la asociatividad y del tejido social local.
Fortalecimiento de la identidad territorial.
Para Choy (2015), se necesita un nuevo enfoque en la cadena productiva agrícola que garantice “un desarrollo sostenible con viabilidad económica, ecológica, justicia social y humanística, con un incremento en la capacidad de auto-conocimiento en las comunidades rurales, donde se integren los procesos naturales con los de producción agrícola”. (p. 153)
Door (2015), menciona que “la estrategia de cadena debe completarse mediante la observación continua de los resultados e impactos” y describe las siguientes tareas involucradas en este proceso:
Observación del entorno de negocios: La principal tarea es la permanente observación del mercado y de las tendencias de precios.
Monitoreo del proceso de desarrollo de la cadena: Significa verificar si los miembros de la cadena hacen buen uso de las intervenciones y servicios suministrados, y obtienen un beneficio del programa de apoyo.
Observación del desempeño de la cadena: La observación del desempeño económico incluye verificar los parámetros esenciales de eficiencia y crecimiento: valor de la producción y del comercio, eficiencia de la cadena, ingresos y empleo.
Observación de las implicaciones para el desarrollo sostenible: Aquí se trata de hacer un seguimiento de la evolución de la cadena a fin de percibir los cambios sociales en curso. Se trata de comprobar si el crecimiento económico está vinculado con una disminución de la pobreza u otros indicadores sociales, y si no causa ningún daño ambiental.
Estas autoras coinciden con Door (2015), al plantear que lo más importante de lo mencionado es que se describe la necesidad de “observar”, aunque sería mejor “medir o evaluar”, los beneficios que alcanzan los miembros de la cadena.
La sostenibilidad de la cadena productiva se refiere a su capacidad para mantenerse en términos financieros, sociales y ambientales. El término sostenibilidad se refiere también a la vinculación de las actividades productivas y de agregación de valor con su contexto ambiental y social, de manera que cree beneficios también en estos ámbitos.
Por su parte, Antúnez & Ferrer (2016), consideran que para analizar la cadena productiva como agente y como tributaria de sostenibilidad, es preciso considerar al sistema de producción agroalimentario por la utilización de recursos naturales, que son limitados y susceptibles de agotarse. Para estas autoras el crecimiento económico debe compatibilizar con la preservación ambiental mediante el aumento de la productividad y la eficiencia, que permite consumir menos recursos, generando menos residuos al ambiente, aprovechando todas las potencialidades existentes.
La sostenibilidad económica de una cadena depende, de que los recursos financieros aportados por la venta del producto al consumidor final sean suficientes para cubrir los gastos y generar beneficios para los actores económicos que actúan en ella. Por lo tanto, resulta muy importante que la cadena alcance los niveles de eficiencia necesarios para conseguir un equilibrio óptimo entre lo que el mercado puede pagar y los actores de la cadena necesitan recibir.
Para estas autoras, el análisis más amplio del término sostenibilidad de la cadena productiva es el realizado por Pérez & Rivera (2018), al abordarla no solo desde una perspectiva económica, sino que amplía la dimensión social, analizando la equidad en varios sentidos como se muestra a continuación:
Equidad económica: todos los actores deberían percibir una ganancia producto de su actividad económica, de tal manera que se facilite y garantice su permanencia como actores.
Equidad social: cada actor debería tener la posibilidad de optar por la alternativa de articulación que satisfaga mejor sus intereses, respetando los compromisos comerciales previamente establecidos.
Equidad de género: las mujeres y hombres deberían tener las mismas oportunidades para participar y tomar decisiones sobre los recursos y los beneficios.
Equidad generacional: las prácticas de uso, manejo y control de los recursos que desarrollan las generaciones actuales deberían garantizar que las futuras generaciones.
Equidad cultural: toda persona o grupo humano debería tener derecho a utilizar su propia cultura, y a identificarse según ella, en los diversos ámbitos de la vida (costumbres, organización, tecnología, tradiciones, etcétera), sin que esto sea motivo de discriminación.
Participación: conseguir información confiable, desarrollar capacidades en los actores para la construcción de una visión integral y consensuada de la cadena, facilitar el paso del análisis a la acción, promover la sinergia entre los actores directos e indirectos de la cadena, mejorar el conocimiento de la realidad de los otros actores, y así contribuir a romper prejuicios establecidos entre los actores de una cadena.
En resumen, a partir del criterio de los autores antes mencionados, se ha definido un conjunto de factores determinantes que servirán de base para evaluar la sostenibilidad de las cadenas productivas. Éstos se han resumido por cada una de las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible, asumidas por las autoras:
Dimensión social:
Inclusión social.
Equidad de género.
Distribución de ingresos de forma equitativa y proporcional a lo largo de la cadena.
Contribución a la reducción de la pobreza.
Capacitación a todos los actores de la cadena.
Mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Generación de fuentes de empleo.
Fortalecimiento de la identidad territorial.
Dimensión económica:
Competitividad.
Incremento de ingresos y ganancias.
Equidad en la distribución de los beneficios en cada eslabón de la cadena.
Generación de valor a lo largo de la cadena.
Enfocarse en todos los eslabones en la satisfacción de la demanda del consumidor final.
Reducción de costos de transacción.
Dimensión ambiental:
Consumo razonable de los recursos no renovables.
Conservación del medio ambiente.
Uso razonable de agroquímicos contaminantes.
Poca generación y emisión de residuos tóxicos al ambiente.
Reducción de pérdida de la biodiversidad.
Uso eficiente de los recursos energéticos en todas las etapas de producción.
Utilización de fuentes renovables de energía.
Dimensión política-institucional:
Gobernabilidad democrática.
Participación ciudadana.
Autonomía administrativa de los gobiernos locales.
Vínculo del sistema institucional público y privado.
Marco jurídico regulatorio con enfoque de cadena, en lugar de políticas específicas para los actores y procesos que lo componen.
Construcción de redes y asociatividad entre actores.
Conclusiones
Los conceptos sobre encadenamientos se relacionan directa e indirectamente con su interpretación, los que resultan condicionados por el contexto socioeconómico o los objetivos que justifican su uso.
Los elementos más importantes definitorios del término cadenas productivas son: su composición, la relación entre los actores que intervienen en ella, los principales eslabones o procesos que la constituyen, así como el objetivo que se persigue con el encadenamiento y el beneficio de adoptar este enfoque.
Cuando se estudia la sostenibilidad de las cadenas productivas debe enfocarse en cuatro dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social, ambiental y la política-institucional, dado que éstas se desarrollan en el entorno de esta última dimensión.
