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Introducción
En la Conferencia Mundial sobre Educación Superior desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2009), en Paris en el año 2009, se menciona que nunca en la historia el bienestar de las naciones ha estado vinculado a la calidad y el alcance de sus sistemas de educación superior, lo que evidencia la importancia que se le asigna a la calidad en el desarrollo de la educación superior a nivel global.
La acreditación de carreras en América Latina ha registrado en los últimos años un gran desarrollo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, a lo que ha contribuido la aprobación de estándares nacionales en la mayoría de los países de la región, como es el caso del SEA-CU de Cuba (Alemañy, et al, 2009, citados por Oramas, et al, 2016). El análisis del proceso de evaluación y acreditación institucional y de programas, particularmente de carreras, en las diferentes regiones, se expone a continuación.
Europa se ha caracterizado por tener un papel predominantemente público en la educación superior, la mayoría de las instituciones son estatales, sus instituciones poseen capacidad para la entrega de titulaciones del estado. Este sistema de educación superior se ha caracterizado por la autonomía universitaria y la identidad nacional (Tiana, 2016).
La calidad ha sido una preocupación constante de las universidades y sistemas de educación superior europeos, la relación entre la universidad y el gobierno ha estado caracterizada por una gran confianza en la capacidad de las instituciones para cumplir con pertinencia y excelencia su misión. La calidad toma auge en Europa a finales de los años ochenta del siglo XX, con la crisis del gasto público la eficiencia comienza a imponerse y se dan importantes fenómenos de deserción y abandono. Aquí adquiere un papel importante el estado evaluador como primera alternativa de evaluación de la calidad en Europa.
El desarrollo alcanzado por el sistema europeo de evaluación y acreditación de la calidad conllevó a la creación de la Red Europea de Garantía de la Calidad en la Educación Superior (ENQA), que juntamente con las agencias nacionales de evaluación de la calidad contribuyen a la acreditación de los programas, carreras e instituciones que conforman el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Estados Unidos cuenta en la actualidad con más de 5700 instituciones de educación superior (pública y privada), lo cual lo ubica en segundo lugar después de la India. La evaluación y acreditación de la calidad se realiza de manera descentralizada con una participación de los estados y agencias de acreditación. En el ranking mundial de universidades Estados Unidos cuenta con más de 30 de las 50 mejores instituciones a nivel mundial. Además, posee 6 de las 10 mejores universidades del mundo.
Las primeras prácticas de acreditación de la calidad de la educación superior en Estados Unidos se desarrollaron en el año 1906, cuando varias universidades de Boston decidieron realizar procesos de evaluación y acreditación de la calidad. Este sistema se fundamentaba en la evaluación por pares, los cuales pertenecían a las mismas universidades y de esa manera se evaluaron las primeras universidades regionales de Estados Unidos.
Posteriormente en el año 1960, se crea el Consejo de Acreditación Superior con la finalidad de coordinar las políticas y acciones de evaluación y acreditación. Al no estar centralizada la actividad de evaluación y acreditación en Estados Unidos, el Departamento de Educación se encarga de la operación y control de las agencias de acreditación. Paralelamente existe una organización no gubernamental que representa a todas las agencias acreditadoras del país. Esta institución es el Consejo de Acreditación de la Educación Superior (CHEA) que trabaja juntamente con el Departamento de Educación de los Estados Unidos.
Por su parte, en Canadá la estructura de la educación superior es muy parecida a la de Estados Unidos, aunque posee fuertes influencias del sistema educativo inglés. Cada provincia es responsable de todo el sistema educativo, incluyendo la educación superior, por lo que son responsables de diseñar normas y estándares que garanticen la calidad de la educación.
En Canadá existe la Asociación de Universidades y Escuelas Universitarias (AUCC), quien fomenta buenas prácticas de garantía de calidad. Esta es una organización no gubernamental conformada por 93 universidades y escuelas universitarias, que lidera a nivel nacional los mecanismos internos de evaluación de la calidad que utilizan las instituciones de educación superior en el país.
En primer lugar, el gobierno, o el estado, de cada país, tiene una función limitada en este campo, ya que se otorga una responsabilidad formal a diversas organizaciones no gubernamentales que se encargan de aspectos importantes de la acreditación y de la garantía de la calidad. En segundo lugar, la imagen tradicional de las universidades como actores autónomos todavía sigue bastante vigente en estos países, la autonomía de las universidades constituye un valor importante. Se expresa de varias formas, incluyendo la importante función autorreguladora que se concede a agencias de acreditación independientes formadas por instituciones académicas.
El autor de esta investigación considera que, el prestigio de las Universidades de Estados Unidos y Canadá está muy relacionado con el ser pioneros en el mundo en la implementación de la evaluación y acreditación de la calidad, particularmente en la carrera (en EE. UU desde 1906). Pero, además, han logrado mantener un rigor en el proceso y que tienen concebido, como primer paso en la evaluación, la formación de los directivos universitarios en todos los aspectos del proceso, incluyendo las normativas o legislación académica. Esa formación se limita al conocimiento de la legislación a través de la autosuperación, conferencias especializadas y cursos, lo mismo institucional que para carreras.
Desarrollo
A finales de los años ochenta y principios de los noventa del pasado siglo Latinoamérica reflexiona sobre la calidad y acreditación de la educación superior. Esta época fue propicia para establecer mecanismos que demostraran la transparencia del sistema de instituciones de educación superior y la rendición de cuentas a la sociedad. Este tema se convirtió en denominador común en las políticas y agendas de desarrollo de la educación superior latinoamericana.
Dentro de las reformas de la educación superior en este período, el concepto de acreditación de la calidad se ha convertido en política de todos los sistemas de educación superior, además, en un requisito obligatorio para todas las instituciones. En este escenario el referente internacional es un importante patrón para el reconocimiento y certificación de las universidades (Barreira, et al., 2017).
Uno de los aspectos más relevantes de la educación superior en los últimos 20 años ha sido el desarrollo de políticas y organismos vinculados a la acreditación a nivel nacional y regional. Esta estrategia ha estado ligada a la expansión de las universidades latinoamericanas a partir de finales del pasado siglo. Este fenómeno se agrava con el incremento del proceso de privatización de la educación superior en la región, lo que hizo necesario la creación de mecanismos para asegurar la calidad de esta (Rivera & Mediano, 2015).
En este contexto la acreditación de la calidad es un compromiso de rendición de cuentas de las instituciones de educación superior ante la sociedad. Es así como en los países latinoamericanos se crearon organismos encargados del proceso de evaluación y acreditación, algunos de los cuales se muestran en el anexo 2.
Estas experiencias se iniciaron con programas de evaluación universitaria en algunos países como México (1989), Colombia (1992) y Argentina (1995), enfocados al diagnóstico de los principales problemas que afectaban la calidad en las instituciones de educación superior de estos países. Estas iniciativas contribuyeron a crear una cultura de evaluación a nivel institucional en la región y a divulgar la práctica de la acreditación en el ámbito universitario. Más adelante surgieron iniciativas de evaluación interna y externa de mayor rigor, orientadas a la acreditación de programas de pregrado y postgrado, y en ocasiones de las instituciones.
Varios autores coinciden que para lograr el éxito de los procesos de evaluación se requiere cumplimentar condiciones entre las que señalan: formación, compromiso y disponibilidad, liderazgo, comunicación, infraestructura y equipamiento, asesoría y acompañamiento, planificación de tareas, seguimiento de planes de mejora, gestión de la calidad a partir de criterios y estándares (Unzué, 2017; Villavicencio & Luna, 2017; Martí, et al., 2018; Castillo, et al., 2019).
Mayta, et al. (2016), analizan la legislación peruana y su posición con respecto al crecimiento desmedido de las escuelas de medicina en el país, ellos consideran que a inicios del año 1998 en Perú existían 24 escuelas de medicina, pero ya se preveía que en los próximos años se incrementaría ostensiblemente esa cantidad y tendría una incidencia directa en la calidad de la formación de profesionales de las ciencias médicas. Ante esta tendencia se dicta una Ley para la Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina, de manera que la calidad fue el elemento que controló el desarrollo desmedido de facultades o escuelas de medicina.
Rodríguez (2017), realiza una investigación sobre la legislación universitaria española y el reconocimiento de las titulaciones en el Espacio Europeo de Educación Superior, en ella expone que el reconocimiento de créditos genera problemas al presentarlos en la hoja académica de los alumnos ya que cada universidad lo realiza de manera diferente, sin evidenciar transparencia de los estudios que han cursado y aprobado los alumnos. Ante estas limitaciones se propone un modelo de expediente académico que posea información veraz y que facilite el reconocimiento de los créditos aprobados.
Considera el autor de la tesis que situaciones como estas y otras, que van mostrando la importancia del proceso de evaluación y acreditación institucional y de programas junto a los demás procesos sustantivos universitarios, por las siguientes razones:
Además de servir como elemento de control de cada proceso universitario, tiene incidencia transversal en toda la gestión de cada proceso uno de ellos.
Coadyuva a la integración de los demás procesos universitarios. El proceso de evaluación en una carrera no es efectivo si solo se considera el proceso docente.
Se desarrolla alineado junto a la estrategia organizacional, de otra forma se afecta la calidad de los procesos universitarios.
El proceso de evaluación y acreditación, particularmente de carreras, se gestiona por todos los directivos universitarios en dependencia del cargo y la influencia de este en la gestión de la carrera
Estas aseveraciones corroboran la necesidad de prestar atención a la formación de los directivos universitarios, al estudio teórico de la formación, que salve la brecha e insuficiencias que en este orden existen en todos los componentes, desde el objetivo, los contenidos, los métodos, medios, formas organizativas y evaluación.
Estos elementos nos llevan a definir un grupo de criterios a seguir:
La evaluación y acreditación de carreras universitarias tiene un desarrollo heterogéneo, en Norteamérica y Europa es una tradición, sobre todo en Estados Unidos tiene algo más de 100 años, y en América Latina es mucho más reciente, lo cual es un factor para considerar en la efectividad de su aplicación.
Esas diferencias en tradición tienen una expresión en la cultura de evaluación y acreditación, donde en los países latinoamericanos, a pesar de que se observa un gran interés por ese proceso, hay que trabajar mucho más por una adecuada y correcta gestión, por la participación de todos los entes involucrados, y con gran fuerza los directivos universitarios de todos los sectores y niveles de la estructura universitaria, que tienen incidencia en el buen desarrollo de la carrera.
Prácticamente en todas las obras científicas se aborda la importancia de la evaluación y acreditación para contribuir a la calidad del proceso de formación en las carreras. Mediante una descripción de cómo se realiza se muestra esa relación, sin embargo, no se analiza cómo organizar ese proceso, qué incidencia tiene cada sujeto involucrado en la evaluación y acreditación, particularmente los directivos universitarios.
Hay consenso del vínculo necesario entre el proceso de evaluación y acreditación y el dominio de la legislación académica. No se expone acerca de cómo contribuir a que los directivos universitarios, quienes conducen los procesos, se formen en ese sentido.
El análisis que realiza el autor, en armonía con lo expresado por Barreyro, et al. (2016); Mayta, et al. (2016); y Rodríguez (2017), conduce a alegar que en el éxito de este proceso de evaluación y acreditación de carrera tiene significación el rol que juegan los directivos universitarios, que para implementar ese proceso tienen que formarse en legislación académica, con el precepto que no sea solo conocer la legislación, sino, además, hay que analizarla, interpretarla, interrelacionar las pautas que establece, aplicarlas sistemáticamente, teniendo en cuenta el contexto. Es importante, entonces, la búsqueda de soluciones al respecto.
La acreditación de la calidad de la educación superior en Ecuador es mucho más joven que en varios países latinoamericanos, en el pasado siglo la calidad no estaba entre los principales objetivos de las universidades y gobiernos de Ecuador, solo importaba entregar títulos y formar profesionales sin garantía de ninguna de calidad.
La Constitución Política de la República de Ecuador de 1998 incluye elementos relacionados con la acreditación de la calidad de la educación superior.
En el año 2000 se aprueba la Ley Orgánica de Educación Superior, que posee un capítulo (XII) dedicado al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, a cargo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), con facultades de su dirección, planificación y coordinación. Esta entidad, con autonomía e independencia, debía trabajar en coordinación con el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).
Sin embargo, aunque se elevó a norma Constitucional el sistema de evaluación y acreditación, el CONEA de ese entonces no logró constituirse de forma oportuna ni obtener su financiamiento para funcionar, lo que le llevó a realizar una evaluación apresurada, superficial y politizada favoreciendo a las universidades tradicionales.
En el año 2008, mientras se debatía en la Asamblea Constituyente la expedición de una nueva Constitución de la República del Ecuador, se dictó el Mandato Constituyente N°14, que tenía como finalidad cerrar una universidad con graves cuestionamientos de calidad, y fue ahí en donde los Constituyentes se preguntan ¿cómo están las demás universidades?, e incluyen una disposición transitoria en la que disponen al CONESUP de ese entonces, que obligatoriamente, en el plazo de un año, debía determinar la situación académica y jurídica de todas las entidades educativas bajo su control.
Además, el CONEA debía entregar un informe sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento. El autor concluye que dicha evaluación, nuevamente por el limitado tiempo, no tuvo la profundidad ni la objetividad esperada, por lo que sus resultados lo único que consiguió fue categorizar a las universidades, asignándoles una letra por rango de calidad desde la A, las que mejor puntuación tenían, hasta llegar a la D, las de menor puntuación.
Una vez expedida la nueva Constitución de la República del Ecuador (2008), se incluyeron disposiciones que a criterio del autor resaltan la importancia y necesidad social de contar con un proceso de evaluación y acreditación de carreras e instituciones de educación superior, que genere confianza en la sociedad, situación que obligatoriamente modificó todo el marco normativo en legislación académica.
La Constitución creó dos nuevos organismos en reemplazo de los existentes CONESUP y CONEA. El de planificación, regulación y coordinación se constituyó como Consejo de Educación Superior (CES) y un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y otros programas, denominado Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).
En la Carta Magna nuevamente se otorga un plazo de 5 años, a partir de la entrada en vigor de esta Constitución, para que todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, postgrados sean evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarían fuera del sistema de educación superior. Producto de dicha evaluación fueron cerradas 15 universidades, a decir de los informes del CEAACES y del CES, por falta de calidad académica.
En el año 2010 se aprueba la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, en la cual se incorporan artículos relacionados con la evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior, como una validación, de vigencia quinquenal, para certificar la calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o programa de postgrado, sobre la base de una evaluación previa.
En el 2011, el CEAACES elabora el “Modelo para la Evaluación de Carreras con fines de Acreditación”. El documento expresa: “La evaluación de carreras de grado o tercer nivel, de acuerdo con lo que establece el Art. 118 literal b) de la LOES, constituye un eje fundamental para alcanzar la excelencia académica en el Ecuador y lograr su reconocimiento a nivel internacional”.
Es criterio del autor que el modelo en sí muestra el rol significativo que juega la evaluación y acreditación de carreras en el logro de la excelencia de las Instituciones de Educación Superior, se destaca por su flexibilidad y está acorde a los principios de calidad y pertinencia establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior. La aplicación de este modelo representa, entonces, un reto para los directivos universitarios.
Este modelo, la propuesta para la evaluación de carreras y programas del CEAACES en el 2013 y el Reglamento sobre el particular del CEAACES en el 2014, han sido analizados y criticados por académicos especialistas ecuatorianos. Terán (2015), en su artículo “El desafío del proceso de evaluación y acreditación de carreras en Ecuador”, hace notar algunos riesgos de la evaluación de carreras en la forma en que actualmente se encuentra concebida, sus implicaciones y el papel que debe jugar la universidad ecuatoriana en este proceso.
Acosta & Acosta (2016), elaboran un modelo de evaluación para la acreditación de carreras a partir del análisis de modelos de evaluación de carreras de otros países latinoamericanos para determinar su composición, base conceptual y estándares para la acreditación. Estos autores analizan los requerimientos del proceso de evaluación y acreditación institucional en el Ecuador, sin valorar el rol que juegan los directivos universitarios, lo cual también debe ser tenido en cuenta en la evaluación y acreditación de carreras.
Es criterio del autor que, independientemente de que hay conciencia de la necesidad de seguir trabajando en el perfeccionamiento del modelo de evaluación y acreditación de carreras, es insuficiente el análisis de la formación que deben tener los directivos universitarios para implementar cualquier propuesta de este tipo, lo que exige, entre otras cuestiones, el dominio de las normativas que ese proceso exige.
La legislación académica ha sido tratada desde el punto de vista de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, entre otros aspectos académicos. Sin embargo, en los estudios realizados es insuficiente el tratamiento a las normativas del proceso de evaluación y acreditación de carrera, como una vía fundamental para el aseguramiento de la calidad de ese proceso.
Es criterio del autor, que lo expresado por las altas autoridades académicas en ese entonces no tienen total vigencia en la actualidad. Hoy, el proceso de evaluación y acreditación de carrera es protagónico en toda la gestión universitaria y en cada uno de sus procesos. Sin embargo, no abordan la importancia de la legislación académica para el proceso de evaluación y acreditación de carreras.
En la actualidad se desarrolla una nueva tendencia en la evaluación y acreditación de carreras en la educación superior. Estos procesos son más globalizadores, transnacionales, estandarizados, cuantitativos y objetivos, y que buscan las probabilidades de convalidación externa y homologación internacional. Para lograr esto es necesario que primeramente se logre la homologación de los estándares y certificados de calidad.
Para la acreditación de las carreras, es necesario que los directivos universitarios posean una formación tal que les permita desarrollar el proceso de manera efectiva. Los aspectos legales relacionados con el proceso de evaluación y acreditación de la institución y las carreras son de los contenidos a considerar.
Esto depende en alto grado, del dominio de los contenidos de legislación académica, o sea del conocimiento y la habilidad necesaria del directivo universitario en la aplicación de las normativas internas y externas relacionadas con el proceso de evaluación y acreditación de carreras.
Los procesos de evaluación y acreditación de carreras en América Latina y El Caribe han evolucionado en sus concepciones, objetivos, modelos y metodologías de implementación. En la actualidad se incluyen nuevos indicadores institucionales, de rendimiento, dinámicas de aprendizaje y políticas de vinculación con la sociedad, lo cual impone nuevos retos en la formación de los directivos universitarios encargados de llevar a cabo el proceso de evaluación y acreditación. Una de las sugerencias a los ministerios y organismos reguladores de la educación superior a nivel mundial es promover la formación de estas personas involucrados en los procesos de acreditación (Barreyro, et al., 2016).
Un aspecto no abordado con la importancia que tiene a la hora de concebir y desarrollar la formación a los directivos es la experiencia de estos en la dirección universitaria, particularmente en el cargo que ocupan e incluso en la formación necesaria a los docentes que se proyectan para ocupar cargos directivos en la institución.
Es importante mencionar que los directivos universitarios, previo a su designación como tal, ingresaron a la institución en calidad de docentes, y en la mayoría de los casos no han tenido un proceso de inducción en legislación académica, para enfrentar un proceso de evaluación y acreditación de carrera. Los que asumen funciones directivas por primera vez y los que adquieren vasta experiencia en esos cargos, tienen también necesidades de formación, que se diferencian por los niveles de experiencia y por las funciones de la responsabilidad que ocupa respecto a las carreras en la institución.
En el caso de la legislación académica para el proceso de evaluación y acreditación, esto tiene influencia directa en los objetivos, contenidos, formas organizativas, métodos, medios y evaluación de la formación. Los contenidos, donde se aborda la legislación académica, teniendo en cuenta el nivel de experiencia directiva y la forma organizativa del entrenamiento (talleres en Ecuador), son los que se contempla con prevalencia en interrelación con los demás componentes.
Conclusiones
La formación de los directivos universitarios es importante en el desarrollo efectivo de todos los procesos de la institución. Ello conduce a la necesidad de un perfeccionamiento continuo de la formación de los directivos. No es solo para los directivos de carrera (directores y coordinadores), pues todos los directivos universitarios tienen incidencia, en dependencia del cargo que ocupan, en el proceso de evaluación de carreras.
La bibliografía consultada muestra que los estudios sobre la formación de directivos se concentran en destacar su importancia, exponer propuestas de contenidos muy generales y no profundizan en las formas organizativas, ni en características que debe tener la formación de los directivos universitarios. La incidencia diversa de todos los directivos universitarios, según el nivel de dirección donde ocupan el cargo, en el proceso de evaluación y acreditación de carreras, condiciona el contenido en legislación académica que debe dominar, lo flexibiliza y contextualiza.
