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Introducción
La disputa entre organizaciones criminales por el mando en los centros de privación de libertad en el Ecuador han generado enfrentamientos a lo largo de los años, por citar ejemplos de estos hechos, lo ocurrido en la provincia de Manabí en aquel grupo delictivo liderado por Carlos Jesús Cedeño Vera, alias el Quesero y los Choneros liderado en ese entonces por Jorge Bismark Vélez España, alias Teniente España, quien murió acribillado en dicho enfrentamiento, asumiendo el liderazgo de dicha organización criminal Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiñas o JL.
En la provincia de Esmeraldas se encontraba otro grupo criminal estructurado denominado Los Templarios, liderados por César Vernaza Quiñónez, alias el Empresario, entrando en disputa con la banda liderada por Cristóbal Matamba, alias Fofo.
Finalmente, en la provincia de Pichincha, la organización criminal liderada por Fabricio Colón Pico mantuvo disputas con la banda dirigida por Luz María Endara, alias mamá lucha, enfrentamiento que se daban por el microtráfico en la ciudad de Quito.
Con la construcción del centro de rehabilitación social conocido como La Roca en la ciudad de Guayaquil en el año 2012 y puesta en funcionamiento en el 2013, la disposición gubernamental era que se ponga en dicho centro carcelario a todos los cabecillas de las organizaciones criminales con la finalidad de mantenerlos en un solo lugar, pero más bien lo que se hizo fue permitir que estas personas al mando de estos grupos de poder mantengan alianzas para posteriormente iniciar una guerra sobre el control del micro tráfico en los centros carcelarios, así como fuera de los mismos en ciertos sectores estratégicos donde se quitaba la vida a sus competidores.
Dentro de las organizaciones criminales aquí en el Ecuador una de las más representativas es la denominada Los Lagartos, cuya organización delictiva fue fundada por tres hermanos los cuales respondían a los nombres de: Poveda Salazar Klever Isidro, alias metralla; Poveda Salazar Walter Humberto, alias Caimán; y Poveda Salazar William Humberto, alias el cubano; los mismos que perdieron la vida en enfrentamientos delictivos con otras bandas criminales, los cuales empezaron como expendedores de droga en el sector sur de la ciudad de Guayaquil para posteriormente, a las muertes suscitadas de alias metralla se une a la organización delictiva alias gorra, conocido como Giovanni Francisco Mantilla Cevallos, así como también sus hermanos Ricardo Iván Mantilla alias Ricky, y Carlos Cristian Mantilla Cevallos alias el Cholo.
Esta organización delictiva tiene fuerte injerencia en todo el sector sur de la ciudad de Guayaquil y gran parte del tráfico y microtráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en las provincias del Azuay, El Oro, Los Ríos, Guayas y parte de Santo Domingo de los Tsáchilas.
La simbología que tiene este grupo delictivo denominado Los Lagartos es un reptil que representa a alias Caimán; la bandera de Cuba que representa alias cubano debido al control de la venta de estupefacientes en el barrio Cuba, Suburbio, en la Isla Trinitaria y el sector del Guasmo, todo esto en la ciudad de Guayaquil; y la gorra en la parte superior de una imagen de la tierra, es la representación de alias gorra y el poderío en el narco y microtráfico de sustancias prohibidas.
Los símbolos que se muestran en los diferentes sectores de la ciudad establecen el territorio debidamente marcado por las organizaciones delictivas, donde se dedican al expendio de sustancias estupefacientes, así como también dentro de los centros de rehabilitación social, con la finalidad de determinar quiénes son las personas que mantienen el mando en dicho territorio.
El tráfico de sustancias prohibidas es una actividad delincuencial muy lucrativa, razón por la cual estas organizaciones delictivas se encuentran en total disputa por el control total del territorio de venta de alcaloides, sin importar las sanciones que se impongan a quienes se los encuentre culpable de los “delitos por la producción o tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización” (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014).
La organización delictiva, conocida como Los Choneros, se le atribuye las muertes violentas y enfrentamientos armados ocurridos en el mes de febrero del año 2021 en el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas No. 8, por el control del expendio de droga en el interior de los centros de rehabilitación social, el ingreso de objetos prohibidos a la etapa de máxima seguridad, así como el secuestro de los policías del GIR, UMO, y UCP, CRSR-Z8, con el objetivo de victimar a la persona privada de la libertad (PPL) William Poveda Salazar, alias cubano.
Según información al interior de los centros carcelarios con el ingreso de dos armas de fuego que tenían como finalidad ser utilizadas para victimar a uno de los líderes de un grupo rival, y que dichas armas fueran incautadas por personal policial, fue el detonante para que tanto las organizaciones criminales denominadas, los Lagartos, los Lobos, y los Choneros, el 23 de febrero de 2021 aproximadamente a las 6:00 am, en el pabellón de mediana seguridad se asesina a 8 personas privadas de la libertad alineados con los Choneros, y posteriormente a las 08:00 am el líder de este grupo criminal en represalia a la muerte del personal de su confianza, ordena que se victimicen a 12 personas privadas de la libertad alineados al grupo Los Lobos, los cuales se encontraban en el pabellón de máxima seguridad, los que fueron ejecutados mediante ahorcamiento, es decir fueron suspendidos por el cuello hasta morir.
A las 09h00 del mismo día, en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, una de las bandas rivales, ordenó el asesinato de 8 PPL alineados a los lobos que tendrían relación con la otra banda rival, lo que detonó que el líder de la banda de Los Lobos, ordenara la muerte de 56 personas privadas de la libertad, logrando victimar a 33 PPL, de los cuales 18 fueron decapitados, posteriormente 15 privados de la libertad de los 56 que había sido dispuesta su muerte, fueron trasladados al CPL Regional de Guayaquil.
Como se evidencia en los antecedentes, la principal problemática en los centros carcelarios es la pugna de poder entre los conglomerados de delincuencia organizada, ya que estas alteraciones del orden interno derivan en: riñas, amotinamientos, asesinatos y más actos violentos; por parte de estos grupos de poder autodenominados: Los Choneros, los Lobos, Tiguerones, Chone Killer, entre otros; los que constantemente planifican nuevos enfrentamientos, sumado a la logística de personal externo y de los agentes de seguridad penitenciaria obedientes de esta criminalidad organizada, sea por temor, por error, por coacción, amenaza e intimidación, los cuales dan la logística para el ingreso de armamento al interior del centro, con el objetivo de alcanzar el liderazgo en las cárceles exterminando a sus rivales y causando el temor en la población carcelaria, principalmente en el Distrito Penitenciario de la ciudad de Guayaquil, además de otras cárceles en el Ecuador.
Por lo expuesto, el problema de investigación radicará en establecer cuáles son las principales causas de los actos de violencia en los Centros de Privación de Libertad en el Ecuador, y cuáles serían las acciones que las autoridades carcelarias deberían ejecutar para controlar esta escalada de violencia.
Y con base en esta situación problémica, se plantea el objetivo de determinar desde el campo teórico-jurídico cuáles son las causas que han influido en los actos de violencia en el interior de los Centros de Privación de Libertad del Ecuador, y las acciones que deberían de tomar las autoridades nacionales para controlar esta escalada de violencia.
Materiales y métodos
Es necesario clarificar que la delincuencia organizada como tal, tiene en su estructura varios subgrupos con funciones específicas, por lo que podemos asegurar que existe relación entre los enfrentamientos violentos al interior de las cárceles por la pugna de poder, con las muertes violentas bajo la modalidad del “sicariato” (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014) en los barrios donde se dedican al microtráfico, ya que estos territorios pertenecen a estos grupos de delincuencia organizada, y al ejecutar a los líderes de los micro traficantes y sus expendedores lo que hacen es liberar ese territorio para el grupo que ejecutó el acto lesivo.
El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal describe el delito de delincuencia organizada tipificando que:
La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años. (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014).
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en su artículo 2, literal a) considera como grupo delictivo organizado al
Grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer delitos graves o tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material (Organización de las Naciones Unidas, 2004).
Estos grupos de criminalidad organizada se encuentran estructurados mediante niveles jerárquicos donde la verticalidad de sus mandos se encuentra establecidos a través de los jefes, subjefes, directores, ejecutores, mandos medios que se hallan debidamente establecidos de manera ascendente y descendente, lo que, sumado al organigrama logístico y a sus operaciones financieras debidamente ordenadas, las convierten en verdaderas empresas del crimen con objetivos debidamente establecidos.
El eje fundamental sobre el cual gira el crimen organizado es la maximización de los beneficios económicos, políticos, culturales, étnicos o religiosos según las células de poder que se encuentre creada para ejecutar ciertos actos delictivos, en el cual siempre se va a encontrar el nivel jerárquico superior quien tiene la “autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados” (Roxin, 2014).
Los “elementos descriptivos del tipo objetivo” (Roxin, 2013) que según la definición de la Convención de las Naciones Unidas nos entrega, así como lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal, se pueden puntualizar los siguientes:
La existencia de pluralidad de personas en dicha organización, es decir, el elemento asociativo caracterizado por la actuación conjunta y que de manera coordinada realizan varios sujetos miembros de esta organización, motivados por un fin específico.
La presencia de una estructura jerarquizada que comporta un ensamblaje vertical u horizontal con una serie de normas o códigos de conducta, que permite establecer el mando dentro del grupo estructurado, y que de acuerdo con la disposición contenida en el artículo 369 del COIP, encontramos también la planificación que se traduce en la logística para el funcionamiento de la empresa criminal y el financiamiento para las actividades delictivas.
Reparto de tareas o funciones de manera acordada y coordinada entre los niveles jerárquicos ascendentes y descendentes que se encuentran dentro de la estructura organizada.
Tendencia a la autoconservación de sus miembros como punto importante dentro de la organización.
Objetivo del grupo estructurado que puede ser económico, político, social, étnico, cultural, u otro fin acordado dentro de la empresa criminal.
Cohesión entre los miembros y obediencia incondicional a las órdenes superiores, los cuales juran lealtad al grupo estructurado so pena de ser victimados ellos o sus familias, o definitivamente realizar actos violentos en contra de estos, con la finalidad de garantizar su lealtad.
El deber de confidencialidad y lealtad entre ellos que se traduce en la falta de cooperación con las autoridades investigativas o judiciales.
Actividades ilícitas dentro del territorio donde tienen su sede o de manera transnacional cuando la ejecución de sus actos se realiza fuera de las fronteras, mucho más cuando existe el acuerdo con redes criminales dedicadas de manera transversal a dar soporte logístico a sus actividades delictivas, tales como el lavado de activos o sicariatos.
Empleo de la violencia e intimidación como forma de obediencia incondicional a los miembros de la organización o a quienes se encuentran bajo su mando, o en su defecto a las personas, grupos o conglomerados a los que tienen sometidos.
Empleo de Redes Criminales o Criminal Network, que son empresas comerciales o económicas con fachadas de legalidad, con la finalidad de blanquear el dinero que ha sido obtenido de manera ilegal para así proceder a la colocación; estratificación e integración del dinero lavado en el torrente financiero del país donde se encuentren los bienes.
En esta era digital, la cibercriminalidad con su capacidad tecnológica permite la automatización de las actividades delictivas a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, con la finalidad de sortear aquellas barreras políticas y geográficas que han permitido al ciberdelito, representar en la actualidad como uno de los mayores desafíos para las autoridades comunitarias, razón por la cual se considera al delito informático como un elemento fundamental en el engranaje de la criminalidad organizada.
El concepto de una organización criminal se encuentra generalmente vinculado con el ejercicio de la violencia, la extorsión e intimidación en un determinado territorio, cuando su objetivo es el obtener beneficios ilegales y maximizar su poderío con otros grupos estructurados de poder dedicados actividades delictivas, tales como: el tráfico, microtráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, las apuestas, la protección rentada, el chantaje, tráfico de armas, tráfico de personas, explotación sexual, explotación laboral y cualquier otro fin que se haya objetivado por parte del grupo estructurado donde pueden obtener beneficios ilegales.
La presente investigación fue cualitativa siendo utilizado los siguientes métodos:
El método histórico-lógico que permitió hacer una explicación de como funcionaban los centros de privación de libertad, y cuál fue el detonante en la escalada de violencia en el año 2021.
El método analítico-sintético que permitió explicar las diferentes definiciones y temas relativos a la delincuencia organizada, tráfico de sustancias estupefacientes y la forma de cómo actúan los grupos estructurados de poder delincuencial al interior de las cárceles.
El método de análisis jurídico que permitió el análisis de las disposiciones legales nacionales e internacionales en cuanto al tema investigado.
Como técnica de investigación científica se utilizó el análisis de contenido y documentos que permitió arribar a las conclusiones en base a trabajos de investigación referentes al tema, así como también informes gubernamentales consultados para el efecto.
Resultados y discusión
“La inteligencia estratégica y el crimen organizado revisten importancia por cuanto tienen la capacidad para operar en un escenario en contraposición al Estado” (Ferrato, 2014), ya que sería obligación estatal el “entender cómo funcionan las operaciones o negocios criminales, cómo operan sus miembros, cómo eligen a sus víctimas, cómo disponen de activos para el blanqueamiento del producto de los delitos, y cuáles son las debilidades del sistema” (Ferrato, 2014).
Uno de los puntos fundamentales que encontramos en la criminalidad organizada es el dominio que mantiene sobre el poder económico y político en base al uso de la violencia, y que definitivamente se mantiene a través de actos de corrupción de los más altos estamentos del poder público, así como los mandos medios y bajos de la organización estatal dedicada a la actividad del manejo gubernamental, en este caso en los Centros de Privación de Libertad del Ecuador.
La delincuencia organizada crece de manera exponencial a través de las actividades criminales como son el tráfico de sustancias estupefacientes, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de órganos que son negocios muy lucrativos y que definitivamente a través del poder económico adquirido, permite la compra de conciencias en diversos niveles del poder público.
El alcance del crimen organizado es integral, ha adquirido dimensiones globales desde el campo geográfico; transnacional en lo étnico y cultural; multiformes en su estructura; y concordantes en los sectores políticos y sociales; y finalmente pluri productivos en cuanto a la abundancia de bienes y servicios lícitos e ilícitos que transacciona (Clarin, 2017).
El blanqueamiento de capitales o lavado de activos, es uno de los fines que persigue estos grupos estructurados de poder, debido a que se encuentra justificado que estas organizaciones “controlan ciertos sectores económicos legales” (Fijnaut, 2000, pág. 129) con la finalidad de reinvertir el dinero producto de actividades ilícitas y allí estratificar sus ganancias, introduciéndoles en el torrente financiero dándole la apariencia de bienes lícitos, por lo que es una certeza matemática que “los negocios lícitos, abren vías al blanqueo de los productos del delito” (Storbeck, 2021).
Parte de estas actividades ilícitas provienen del narcotráfico, definido como “el comercio clandestino de todo tipo de drogas prohibidas por las legislaciones, actividades que suelen ser manejadas por los clanes, mafias o cárteles” (Barras, 2014), por lo que esta actividad delictiva que abarca la siembra, cosecha de la materia prima, así como la producción, distribución, comercialización y venta de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, es un negocio multimillonario que se convierte en la principal fuente de ingreso de dinero de las actividades ilícitas, debido al consumo de droga que se realiza a nivel mundial, y que el poderío que representa tanto social como financieramente, es lo que genera enfrentamiento entre cárteles por el control de territorios que permiten el tráfico y micro tráfico de estas sustancias.
Al analizar todas las ramificaciones que tiene una estructura de delincuencia organizada, se la debe ver y analizar como una “empresa criminal que produce una serie de conductas delictivas, ejecutando una multiplicidad de delitos sobre áreas específicas o especializadas” (Orsi, 2007), que denotan la dificultad de llegar hasta los grandes mandos, debido a la complejidad de estas estructuras y de la falta de tipo penal específico para llegar donde ellos, mucho más cuando entre sus miembros existen equipos de abogados, financistas, corredores y administradores, que en su actuar como consultores, aconsejan como proceder y buscar los países que actúen como narco estado, y que “presten las facilidades para sus operaciones ilícitas franqueadas por corporaciones empresariales, que ejecuten actividades lícitas para la cual han sido creadas” (Choclán, 2001), pero que definitivamente son una fachada para la “colocación, estratificación e integración del dinero” (Valderrama, 2015) y bienes producto del lavado de activos.
Desde la óptica político-criminal, se puede localizar a la delincuencia organizada, dado su estructura, formas de ejecución, organización, logística y financiamiento, como aquella “actividad ilícita de cuello blanco derivada entre el crimen, el poder político y los actos de corrupción que suceden en el ámbito del poder público” (Sánchez, 2012), como sucede con las personas que dirigen los centros penitenciarios o laboran en el mismo, tales como los agentes de seguridad penitenciaria que ejecutan actos buscando “algún beneficio ilegitimo para sí, o para un tercero favoreciéndose de su condición de empleado público” (Andrade, 2019).
Es tan alto el índice de inseguridad y falta de mando por parte de las autoridades de los Centros de Privación de Libertad, al punto de ser la criminalidad organizada la que mantiene el mando, razón por la cual, “cuando las actividades delictivas se convierten en una amenaza para el Estado, son responsabilidad de los servicios de inteligencia policial el coordinar la información referente a estos grupos” (Sansó, 2006) para ofrecer el análisis factico y el asesoramiento para que los entes gubernamentales tomen la mejor decisión.
De la entrevista realizada a un alto funcionario de la Unidad Nacional de Inteligencia Penitenciaria, de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, se pudo llegar a establecer que los nudos críticos que se encuentran identificados en los centros carcelarios del país que devienen en los amotinamientos, riñas, ejecuciones y asesinatos son principalmente los siguientes:
Pugna de poderes entre los grupos de delincuencia organizada, determinados por el territorio para la venta de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y el mando en el centro carcelario.
Falta de clasificación de las personas privadas de la libertad, PPL, en atención a los delitos cometidos.
Falta de sanciones reglamentarias a los PPL en virtud de los actos violentos que se realizan en el interior de los centros carcelarios, lo que permitirían mantener un grado de orden más asequible.
Incumplimiento de la política pública de rehabilitación social que se encuentra establecida tanto en el Código Orgánico Integral Penal como en la Constitución de la República del Ecuador, por los diferentes factores, entre ellos la falta de recursos y del personal especializado en materia penitenciaria.
Actos de corrupción por parte de los servidores públicos que se encargan del cuidado y mantenimiento del orden de los centros de privación de libertad.
Permisibilidad de los agentes de seguridad penitenciaria con los privados de libertad, que, al tener mucha confianza, genera un grado de amistad que impide la ejecución de las labores de estos, así como también el acercamiento para la proposición de actividades ilícitas.
Insuficiencia en el número de agentes de seguridad penitenciaria.
Falta de profesionalización del cuerpo de seguridad penitenciaria que implica, la capacitación en conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el desempeño de sus funciones con respeto a los derechos humanos de las PPL, así como seguridad personal en uso de los medios para el cumplimiento de sus fines.
Obsolescencia en los dispositivos electrónicos de vigilancia en los centros carcelarios, que, sumado a la falta de tecnología de punta, impide mantener tanto la seguridad penitenciaria y resguardo de las PPL como las instalaciones reclusorias.
El hacinamiento por la sobrepoblación carcelaria provoca graves problemas de salud para las PPL, además de generar actos de violencia e indisciplina en los internos por la carencia para el desarrollo de los derechos y actividades de los privados de la libertad, esto es trabajo, asistencia social, educación, servicios médicos, la práctica de deportes, visitas conyugales lo que viola claramente la Constitución de la República del Ecuador al tratarse de un grupo de atención prioritaria.
De la información entregada por el funcionario antes mencionado, podemos exponer la siguiente línea de tiempo de los hechos violentos en las cuales ciento setenta y nueve personas privadas de la libertad han sido asesinadas al interior de los centros de privación de libertad en la provincia del Guayas:
18 de febrero de 2021 fue asesinado la PPL Chasín Vélez Erick Israel en la Regional Guayas.
23 de febrero de 2021 entre la Regional y la Penitenciaria existió el amotinamiento y asesinato de 38 PPL.
08 de abril de 2021 se realizó la autopsia de la Agente de Seguridad Penitenciaria Caguana Duchi Cinthya Roxana.
17 de abril de 2021 se consumó el asesinato de la PPL Parrales Saavedra Diego Fabricio en la Penitencieria de Guayaquil.
28 de abril de 2021 se dio el amotinamiento y asesinato de cinco PPL en la Penitenciaria de Guayaquil.
05 de junio de 2021 se dio en centro de privación de libertad (CPL) Regional Guayas incursión y explosión de una aeronave no tripulada (DRON).
12 de junio de 2021 hubo el conflicto en la Penitenciaria entre los grupos de delincuencia organizada Los Lobos-Tiguerones contra Águilas-fatales.
13 de junio de 2021 se dio el conflicto en la Penitenciaria y el CPL Femenino entre Los Lobos-Tiguerones contra Águilas-fatales.
14 de junio de 2021 hubo conflicto en la Penitenciaria entre los grupos de delincuencia organizada Los Lobos-Tiguerones contra Águilas-fatales.
04 de julio de 2021 es asesinada en el CPL femenino la PPL Cindi Lorena Mosquera Rivas.
10 de julio de 2021 conflicto en la Penitenciería entre los grupos de delincuencia organizada Los Lobos-Tiguerones contra Águilas-fatales.
21 de julio de 2021 en la Penitenciaria se victimaron a 8 PPL por el conflicto entre Los Lobos-Tiguerones contra Águilas-fatales.
31 de julio de 2021 en el CDP de Guayaquil es asesinado la PPL Quintero Quiñonez, Marvin Andrey y cuatro personas heridas.
22 de agosto de 2021 en la Penitenciaria en Guayaquil es asesinado la PPL Castro Lino Byron Alexander, habiendo resultado herido un PPL.
13 de septiembre de 2021 en el CPL Regional Guayas, se da una incursión y explosión de una aeronave no tripulada (DRON).
28 de septiembre de 2021 por el conflicto entre todos los grupos de delincuencia organizada en la Penitenciaria se asesinaron a treinta y una personas privadas de la libertad.
29 de septiembre de 2021, por el conflicto entre todas las estructuras de poder en la Penitenciaria, se asesinaron 87 PPL.
13 de octubre de 2021 en la Penitenciaria es asesinada una persona por ahorcamiento, mediante suspensión completa.
14 de octubre de 2021 en la Penitenciaria son asesinados cuatro personas privadas de la libertad por ahorcamiento, mediante suspensión completa.
23 de octubre de 2021 en la Penitenciaria son asesinados por ahorcamiento, mediante suspensión completa, siete PPL, y,
26 de octubre de 2021, un Agente de Seguridad Penitenciaria es herido mediante disparo de arma de fuego, en el CPL Penitenciaria de Guayas.
En el mes de junio del 2019 en la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad URVIO, de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada y la Flacso Sede Ecuador, se publicaron varios artículos científicos entre los cuales, y en atención a la temática planteada en esta investigación, tuvo especial atención la presentada por Aurora Inés Moreno Torres, titulada: El delito como castigo: Las cárceles colombianas, en la que plantea como objetivo: “Analizar hasta que punto la cárcel se convierte en un lugar de nuevos aprendizajes delincuenciales” (Moreno, 2019), y en su desarrollo explica que:
El sistema carcelario se caracteriza por su resocialización con una relación estrecha entre el Estado y los sistemas sociales internos y externos, el centro reclusorio y los reclusos, y al no existir estos canales de comunicación, usan como forma de protesta la desobediencia a los reglamentos internos, que puede llegar a escenarios de amotinamiento, desorden, riñas o muerte, así como violación a los derechos humanos (Huertas et al, 2016).
Del estudio analizado podemos observar que la problemática al interior de los centros de rehabilitación social radicaría en la falta de respeto a los derechos de los internos, pero que en el Ecuador, a partir del 2021 la pugna de poder por los territorios de venta de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en los CPL, denotan un nuevo orden y mando que se puede establecer para quien tiene mayor poder de fuego, así como también personal entre sus filas y que mantenga el control del ingreso de artículos prohibidos a los centros carcelarios mediante actos de corrupción, amenaza e intimidación al personal de seguridad penitenciaria o administrativos.
La Defensoría del Pueblo en agosto de 2020 presentó un “Informe situación centros de privación de libertad que se encuentra a cargo del Sistema Nacional de Rehabilitación Social” (sic), que tiene como fundamento el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el que concluye, en cuanto al tema de investigación:
Los hechos de violencia suscitados en el interior de varios centros de privación de libertad del país no son más que la consecuencia de problemas estructurales de nuestro sistema nacional de rehabilitación social, principalmente por la falta de recursos que respalden acciones que impidan dichos actos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022).
En este informe realizado por la Defensoría del Pueblo no se pronuncia sobre el tráfico de sustancias estupefacientes, que es un problema recurrente al interior de las cárceles, ya que en el mismo el consumo es elevado, pero no abordan la problemática sobre el mismo, ni como ingresan a los CPL dichas drogas y otros artículos prohibidos.
Sin embargo, en un pronunciamiento hecho por la institución del Estado, en virtud de los hechos acaecido en la Penitenciaría de Guayaquil en septiembre de 2021, donde existieron muchos muertos por la pugna de poder en cuanto a los territorios por el control para la venta de estupefacientes e ingreso de artículos prohibidos, tan solo “le recuerda al Estado su obligación constitucional de garantizar el ejercicio de los derechos que le asisten a toda persona independiente de su condición” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022).
Conclusiones
Al término de la presente investigación se ha llegado a concluir lo siguiente:
Que la causa que fue el detonante de los actos violentos que terminaron en los amotinamientos, riñas, y asesinatos en los Centros de Privación de Libertad en la ciudad de Guayaquil y otras cárceles a nivel nacional, es la pugna de poderes entre grupos de delincuencia organizada denominada, Los Choneros, Los Tiguerones, Los Lobos, Las Águilas, Los Fatales.
Que estas riñas, amotinamientos y asesinatos se derivan por el control de los pabellones en los Centros De Privación de Libertad Guayas No. 1 penitenciaría; CPL No. 2 de Mujeres y el CPL Guayas No. 4 Regional, además de otros centros que hay en el país, tales como la Regional en el Azuay, conocida como el Turi, y la Regional de Cotopaxi.
Que la pugna por el control de los pabellones en estos centros penitenciarios se debe al ingreso de artículos prohibidos, entre los que están las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y que por ende tanto el ingreso, traslado y venta de estas, generan ganancias muy elevadas que incide de manera financiera en el sostenimiento de los grupos delincuenciales organizados, y que le permite al adquisición de armas, explosivos, y equipos de comunicación para manejar la logística en el interior de las cárceles.
Que las acciones a tomar por parte del Gobierno Nacional para controlar la escalada de violencia en los centros de privación de libertad, refiere a la solución de los nudos críticos tales como:
Reclasificación de las personas privadas de la libertad por el tipo de delito cometido.
Imposición de sanciones a los PPL por mal comportamiento, lo que implicaría una reforma a la ley.
Implementación de una política pública con más énfasis en el control y resguardo de las cárceles.
Aumento del personal de Agentes de Seguridad Penitenciaria
Capacitación y formación profesional a los Agentes de Seguridad Penitenciaria.
Asignación de recursos para la implementación de dispositivos de vigilancia de última generación.
Construcción de nuevos centros de privación de libertad que mitigue la sobrepoblación carcelaria.
Por lo expuesto, se puede llegar a determinar que el principal punto que debe ser tratado es el tráfico de sustancias estupefacientes al interior de las CPL, como principal detonante de los actos de violencia que han generado más de ciento setenta y nueve muertes violentas en el año 2021, y que este tema como tal, aún no ha sido tratado académicamente en una investigación profunda que devele los hallazgos teórico-jurídico que permitan, desde la academia una explicación más coherente a los sucesos violentos, y que las entidades gubernamentales propongan un programa efectivo que mitigue dichos actos y vuelva el orden y respeto a los derechos humanos en las cárceles en el Ecuador.
