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Moverse y convertirse en extranjero es para muchas personas el comienzo de su salvación. También puede ser la puerta de su infierno. (Jiménez, 2009, p. 163)
INTRODUCCIÓN
El mundo está en crisis. Una crisis de índole económica que luego pasó a ser social y político e incluso, ambiental. La verdad es que el mundo está en su peor crisis de todos los tiempos, porque lo que está en riesgo es la humanidad. El fenómeno de la migración es la evidencia más clara de esta crisis cuya raíz es el poder y el control económico y político a escala mundial que se replica por capas hasta llegar al nivel más bajo de las sociedades. La migración pone en riesgo a la humanidad porque afecta mayormente a los pobres que son los excluidos de la protección de los gobiernos quienes son los responsables de garantizar sus derechos ciudadanos para una vida plena. En este momento en que las migraciones son de proporciones alarmantes en varias regiones del mundo, no queda claro a quién responsabilizar, cómo prevenirlas o cómo resolverlas de manera humana. La migración hoy se califica como un problema ajeno a las políticas internas e internacionales, por lo que exige reflexiones diversas y profundas para difundir ideas sobre ella con la esperanza de concientizar e incidir en las políticas globales y locales para enfrentar el fenómeno con dignidad a favor de los migrantes.
Este escrito presenta una investigación documental de la situación de la migración en Centroamérica durante la última década relacionándola con el nivel de desarrollo experimentado en la región. A la vez se reflexiona sobre la situación de las políticas públicas y la gobernanza en general, las consecuencias sobre el desarrollo y las decisiones de emigrar. Se pone especial énfasis en el papel que ha jugado la intervención de Estados Unidos en la región y sus consecuencias en el impulso a la migración. Al final se hace un balance sobre la relación que guarda la gobernanza en Centroamérica con la emigración para aportar algunos resultados con la esperanza de iniciar un debate sobre el tema.
EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN
La sociedad hoy sufre una crisis que ya no es solamente económica, político o social, sino que es de humanidad. Los gobiernos ya no responden por la ciudadanía, los ciudadanos luchan por sobrevivir y además hay que sumarle la inseguridad por el tráfico de drogas y personas, y la violencia que esto ha generado. Estos factores son hoy impulsores de la emigración y no sólo de las clases altas y medias, sino también de los desesperados, de los que sufren pobreza y otras amenazas en sus países.
La migración en Centroamérica, como en el resto de Latinoamérica, ha pasado por varias etapas: en primer lugar se dio como un proceso global, regional e interno; luego pasó de receptor a ser expulsor. El proceso de migración en Latinoamérica atravesó por un periodo donde llegaron de Europa, incluso del oeste incluyendo Líbano. De 1850 a 1950 la migración estaba marcada por la relación colonial, desde y hacia la madre patria. Entre 1950 a 1970 cae la inmigración en Latinoamérica y la migración regional gradualmente se convirtió en uno de frontera. En Centro América esto se expresa en los movimientos de nicaragüenses a Costa Rica o los guatemaltecos a El Salvador, en distintos periodos y en la actualidad. Este tipo de migración incluye a los de tránsito. Este que es una forma de migración regional fronteriza, se manifiesta de manera muy evidente en México. El periodo de receptor fue durante los años 40 y 50 del siglo XX y su etapa de emisor en los 80 a la fecha, salvo más recientemente donde los de retorno aumentan las cifras de inmigración.
Otro tipo de migración en Centroamérica es la migración interna que va del campo a la ciudad, dejando secuelas en todo el territorio. Históricamente hay una relación directa entre pobreza y migraciones, dado que “las migraciones constituyen una vía de escape habitual para los pobres del mundo rural, proceso que tenía como consecuencia un incremento de la pobreza en las grandes concentraciones urbanas” (Myrdal, 1968; 1970, citado por Romero González & Pérez Esparcia, 1992, p. 155). En los años 70 se ve, de manera más marcada, el crecimiento de las ciudades por la descampesinización. Según Castells (2014, p. 54) “estos efectos se deben al hecho de la inserción diferencial de estos países en una estructura que desborda las fronteras institucionales y que está organizada en torno a un eje principal de relaciones de dominio y dependencia respecto al desarrollo”. Este autor incluso señala que el crecimiento de las ciudades en estos países dependientes, a causa de las migraciones, es resultado de un “push” rural más que de un “pull” urbano. Es decir que la descampesinización se debe a la descomposición del desarrollo en el campo más que por las condiciones que ofrece la urbe. Esto ha llevado al fenómeno de la urbanización que han sufrido los países latinoamericanos desde los 70 y que se ha agudizado a partir de los 90. Es evidente el crecimiento acelerado por este proceso de la ciudad de México, Buenos Aires y Lima (Jiménez, 2009, p. 176). Consecuentemente, la urbanización es un proceso que está sucediendo a nivel mundial como signo de la globalización que, a través de las actividades económicas que impulsa, privilegia el crecimiento en las urbes a través de la terciarización de las economías y la pérdida de la productividad en el sector primario que se da en las áreas rurales por la apertura de los mercados de los productos agrícolas básicos y el consecuente abandono de la política de precios de garantía para los mercados internos.
LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA EN LATINOAMÉRICA
La migración es un resultado de la situación económica, política y social en el mundo, particularmente en la región centroamericana donde ha existido un permanente enfrentamiento de la sociedad con los gobernantes como resultado de la pobreza que cada vez se extiende. La migración no es una circunstancia pasajera ni un hecho menor de las historias de los pueblos, es un fenómeno estructural que marca la vida económica, política, social y cultural de los países. Según Romero González y Pérez Esparcia
las migraciones internacionales hacia los países desarrollados, en gran parte clandestinas, son una muestra de las dificultades que tienen los países menos desarrollados y de la insuficiencia manifiesta de las políticas y medidas puestas en marcha durante las décadas de los 70 y 80. (1992, p. 156)
Desde la colonización de este hemisferio, por los países del occidente y la consecuente división internacional del trabajo, el crecimiento económico de Latinoamérica no ha estado acompañado por el desarrollo. Si bien la colonización creó una mínima infraestructura e inició la relación económica comercial entre estas dos regiones, la estructura económica productiva que se forjó fue de dependencia económica, comercial, financiera y tecnológica. Las políticas públicas en Latinoamérica se han basado en un modelo de crecimiento exógeno que dejó mínimo beneficio interno y por consiguiente, una débil estructura económica productiva y sociotécnica. No fue hasta en la década de los 60 y 70 que se intentó lograr el desarrollo con un modelo de naturaleza endógena porque fue propuesta por latinoamericanos para el desarrollo de América Latina. Este modelo se constituye como la única epistemología económica latinoamericana, hasta el momento. Este modelo propuso la industrialización por sustitución de importaciones para abatir el deterioro creciente de los términos de intercambio que sufrían las economías capitalistas dependientes de América Latina y buscaba la solución de las desigualdades a través de políticas económicas y estrategias que emanaran y se enfocaran hacia dentro y se desarrollaran desde dentro de las economías latinoamericanas (Sunkel & Paz, 1990).
El modelo de sustitución de importaciones tiene aportaciones importantes para el fenómeno de la migración puesto que intentó cambiar la estructura económica productiva para aumentar la producción, crear empleo y mejorar los ingresos. Estas estrategias fueron en aquel entonces, y son hoy, fundamentales para frenar la migración interna e internacional. De haber cumplido su cometido, el campo y las zonas urbanas habrían crecido de manera más articulada y equilibrada evitando la pérdida de oportunidades de empleo y de ingresos territorialmente. De haberse continuado lo planeado, el desarrollo en las zonas rurales, a la par del urbano, hubiera reducido la migración campo-ciudad. Entre otras causas, el modelo de sustitución de importaciones enfrentó muchos obstáculos provocando que los países de Latinoamérica enfrentaran problemas financieros, por la escasez de la dotación inicial de este recurso, necesario para promover la industrialización. De tal suerte que en la década de 1980, sus economías se estancaron y tuvieron que enfrentar altas deudas casi impagables, adquiridas de las instituciones financieras de los países desarrollados e industrializados. Esta década se conoció como la década perdida de América Latina.
En los 90 se agravaron los problemas de desarrollo en Latinoamérica debido a la implementación de políticas exógenas de libre mercado en una errónea relación directa entre mayor apertura, mayor crecimiento para los países dependientes (Salama, 2008). Esta política neoliberal coincidió con el fin de la guerra fría y con la implementación de políticas económicas del Consenso de Washington. Con la apertura económica aumentó la emigración; se agudizó la crisis del campo y trajo como resultado la importación de alimentos. En este periodo se manifiesta una emigración masiva a las ciudades y de éstas al extranjero, sobre todo a Estados Unidos, el país que vende su modelo de desarrollo en lo que se dominó el “sueño americano”.
Lo que se ha observado en América Latina es que este nuevo modelo global de acumulación atenta contra los procesos redistributivos y deja marcas en la estructura social. En El Salvador, algunas de sus regiones se han configurado como sociedades transnacionales antes de constituirse plenamente como comunidades nacionales. Quizá en ese marco toma sentido la intuición según el cual Estados Unidos es la nueva madre patria de los salvadoreños (Huezo, 2009 citado por Jiménez, 2009, p. 23). Como señala Durand Ponte (2010, p. 68) “lo que ocurre en la realidad de los países periféricos es nuevamente la dependencia en las empresas multinacionales, que controlan los procesos, y de los centros financieros que posibilitan financiar su presencia”. Este autor añade que la idea de la interdependencia en esta era de la globalización es pura ilusión, pues la dependencia es mucho más profunda y más difícil de superar.
Mucho se ha hablado de la integración centroamericana para lograr el desarrollo. Sin embargo, los modelos económicos y sus consecuentes políticas públicas no están generando crecimiento con desarrollo. Las políticas públicas están secuestradas por las políticas globales que benefician a las grandes compañías cuyos dueños son habitantes de los países desarrollados. Esta situación política y económica tiene sus repercusiones en la frágil economía Latinoamérica debido a la escasez de empleos y a los bajos salarios, aunado a la repatriación de las ganancias. (ver tabla 1)
Tabla 1. El Producto Interno Bruto (PIB) de algunos países de Centroamérica, 2015
Fuente: SICREMI, 2017
El Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 para estos cuatros países principales de Centroamérica, tuvo su más bajo desempeño en El Salvador, tanto en el porcentaje de crecimiento para 2015 como en el promedio de crecimiento anual de 2012 a 2015. Sin embargo, Honduras es el que registra el PIB per cápita más bajo en 2015 con $4,311. En cuanto a la tasa de crecimiento promedio anual del PIB y del PIB per cápita, Costa Rica es la ganadora, igualmente con el PIB per cápita para el 2015 con $14,914, cifra mucho mayor que de sus países vecinos. El mejor desempeño, después de Costa Rica, es el de Guatemala, en cuanto a la tasa de crecimiento anual y el promedio en términos reales. Sin embargo, el PIB per cápita de Guatemala se aleja del de Costa Rica y se asemeja más al resto de los países de Centro América aquí presentados. Es importante mencionar que de estos cuatro países, Costa Rica es el que menos emigrantes reporta en cantidades absolutas para 2015 (ver tabla 3). La emigración es un escape de la situación económica y política que padecen los habitantes de los países centroamericanos.
El desempeño de los países en cuanto al PIB estimado y proyectado se muestra en la tabla 2, donde se manifiesta que a partir del 2017 Honduras tiene y tendrá el mejor desempeño de la región pero en tendencia decreciente. Sin embargo, hay que recordar que precisamente es Honduras el que exhibe el PIB per cápita más bajo de la región.
La situación de pobreza y de inseguridad, que se le ha venido añadiendo como factor de expulsión, es un resultado de la ausencia de gobernanza en estos países. Los modelos de desarrollo implementados en Latinoamérica no han resultado en la reducción de la pobreza, más bien como anota Salama
los progresos observados están muy por debajo de lo que sería necesario, ciertamente debido a la falta de medios financieros suficientes, pero también debido a que los regímenes de crecimiento que la apertura exacerbada de las economías ha puesto en marcha produce fuertes inestabilidades y un importante grado de exclusión. (2008, p. 56)
La gobernanza no es fácil de alcanzar en una situación como en la que hoy se vive en Centroamérica, si bien el desarrollo y la gobernanza son procesos integrales, sería bueno comenzar con la participación ciudadana en la planeación, acceso a la información pública y la contraloría social, la honestidad de los funcionarios públicos con el afán de servir a su pueblo. Así se evitaría la emigración y no se discriminaría a los inmigrantes. Los gobernantes han perdido credibilidad porque han excluido del desarrollo y de la gestión pública a la gran mayoría de la sociedad ya que las políticas públicas están diseñadas para privilegiar a las grandes empresas en detrimento de la seguridad laboral, salarial y de otros beneficios. Como menciona Jiménez
la posibilidad de emigrar no parece una alternativa viable para la población con mayores niveles de exclusión y rezago social. En todo caso, la población emigrante sufre doblemente la exclusión, pues la padece en sus propias patrias y en sus lugares de destino. (2009, p. 39)
LA GLOBALIZACIÓN Y SU IMPACTO EN LA MIGRACIÓN
Es importante detenernos a reflexionar sobre la globalización como causante de migración. Se sabe que esta afirmación provoca debate, sin embargo, es claro que la globalización ha promovido las actividades económicas a nivel mundial causando que las inversiones de empresas poderosas incursionen en los diversos países con el aval de los gobiernos, quienes promueven reformas legislativas pertinentes y políticas públicas acordes. Por eso la globalización no solamente es un proyecto económico, sino también político y social. Las inversiones se han esparcido por el mundo, inversiones redituables en todos los ámbitos pero que generalmente han dependido de los servicios especializados y de la infraestructura adecuada que usualmente se encuentran en las urbes. La globalización también ha promovido el uso de tecnologías avanzadas y con eso las actividades que responden a esa modernización, dejando en atraso a las sociedades que han sido más lentas en adoptarlas. El caso de las áreas rurales, agrícolas e indígenas se han visto atrasadas por no adaptarse rápidamente a estas transformaciones. Los gobiernos han promovido enérgicamente las actividades vinculadas a la globalización y han olvidado, en sus políticas públicas, a las otras actividades que solo existen y persisten para mercados pequeños o para la sobrevivencia local. Por eso se puede decir, que ante la falta de alternativas en las áreas rurales y la seducción del crecimiento en las urbes, que ofrecen más oportunidades de empleo y de ingreso, es que ha habido un abandono del campo y una marcha hacia las urbes. De hecho, mucha emigración internacional primero inicia con la migración interna.
La gobernanza como impulsor de la migración
La migración hoy es el resultado de una complejidad de razones, principalmente por la falta de ingresos y empleo, de acceso a servicios básicos, la escasez de tierras, el cambio climático, la inseguridad, entre otros. Pero el trasfondo de esas causas es la falta de gobernanza en la mayoría de los países, al albergar gobiernos insensibles al desarrollo equitativo e incluyente que resulten en niveles de vida dignas para la gente. La gobernanza es practicar la democracia, que significa garantizar el acceso a bienes públicos y privados a todos los habitantes por igual, es evitar la desigualdad a través de políticas públicas pertinentes a las necesidades de crecimiento y desarrollo de todas las regiones de los países, sea zona rural o urbana, sea la actividad del sector primario, secundario o terciario. La gobernanza significa asegurar que las políticas públicas no causen mayor pobreza de regiones y habitantes, es ser selectivo con las propuestas de políticas económicas promovidas internacionalmente. Gobernanza implica un ejercicio de discernir entre lo conveniente y no conveniente para la población en general. La gobernanza es tratar con dignidad a toda la población, evitar su sufrimiento, su incertidumbre y por ende su emigración. Desde esta perspectiva es que la gobernanza se relaciona directa e íntimamente con la decisión de dejar la patria, toda vez que la migración es el traslado de seres humanos que deben ser tratados con dignidad y a los cuales se les debe garantizar el acceso a los bienes básicos para su crecimiento y desarrollo en donde quiera que estén. La gobernanza también incluye el trato igualitario y digno de los emigrantes y de los inmigrantes en los marcos jurídicos y por instituciones públicas.
La migración es un fenómeno que requiere de políticas públicas con perspectiva integral y global, toda vez que las personas tienen el derecho de traslado. La migración debería ser una decisión de movilidad por razones no ligadas a la desesperanza. Sin embargo, la realidad actual de la migración es denigrante pues se ha convertido, como menciona Jiménez (2009, p. 153), “especialmente en las sociedades receptoras, en una figura vulnerable a las prácticas y normas del derecho penal del enemigo”. Es decir, que la migración se ha criminalizado, es visto como un acto delictivo por los gobiernos de los países receptores. La inmigración de centroamericanos hacia Estados Unidos es una situación calificado como acto que merece ser penalizado, por lo cual han surgido políticas migratorias de Estados Unidos bajo el gobierno de Obama que se han extendido a México, para frenar la migración sin la contemplación de este fenómeno como el resultado de procesos regionales y globales que han impactado en las situaciones económicas, sociales y políticas a nivel regional y global.
Con la entrada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha aumentado significativamente el presupuesto para abatir la inmigración proveniente de la frontera con México para cubrir el costo de detención y para la construcción del muro fronterizo. Como resultado de esta política, la población de detenidos aumentó 500% de 1995 a 2019, que representó un aumento de 7,475 a 45,671 personas. Posterior al ataque del 9/11, la población de detenidos creció rápidamente paralelo al endurecimiento de la aplicación interior de las políticas como consecuencia del creciente malestar público hacia los inmigrantes. Además, bajo Trump, se ha triplicado el número de detenciones “no criminales” de 15,353 detenidos en 2016 a 53,441 en 2018 (Chishti et al, 2019). En cuanto al presupuesto para el muro fronterizo, los $1.375 miles de millones aprobado por la legislación representa $1.6 miles de millones menos que lo solicitado por el Presidente para ejercer en 2019, y es mucho menos de su exigencia de $5.7 miles de millones, situación que llevó a la paralización parcial del gobierno. Aún no satisfecho, el Presidente declaró la emergencia nacional y anunció la necesidad de contar con $6.1 miles de millones, haciendo un total de $8 miles de millones para el muro.
Ante la situación económica no muy alentadora en la región centroamericana, la escalada de violencia e inseguridad en los países con el consecuente deterioro de la vida social, la migración continúa siendo una alternativa para sobrevivir. Esta situación se agrava cuando la esperanza de cambios en las políticas públicas y los planes de desarrollo no vislumbran una mejor gobernanza que garantice el desarrollo de estas naciones centroamericanas.
Un breve recuento de la migración en Centroamérica
Históricamente, la migración internacional en Latinoamérica se caracteriza por tres periodos. Un primer periodo que se extendió hasta 1950 cuando la región fue destino de la emigración transoceánica, especialmente europea, ligada a la agroexportación, modernización e incipiente formación de los mercados laborales. Un segundo momento comenzó desde 1960 con una permanente y creciente emigración de Latinoamérica y del Caribe hacia países desarrollados, principalmente hacia Estados Unidos, Canadá y España, y que comprende los desplazamientos forzosos durante los conflictos armados en Centroamérica.
Hacia finales de la década de 1970, estos conflictos se agudizaron, la violencia social se incrementó y los desplazamientos fueron de carácter masivo. En este periodo las personas centroamericanas, refugiadas y desplazadas, se movilizaron hacia destinos específicos, como Costa Rica y Estados Unidos. Esto inició el establecimiento de redes trasnacionales, familiares y amistosas, que han resultado fundamentales para las migraciones de los años más recientes.
Un tercer y actual momento de la migración en Centroamérica tiene que ver con las transnacionalización laboral y la globalización. Esta migración comenzó a mediados de la década de 1980, y es contemporáneo de las últimas etapas de los conflictos armados y los procesos de negociación de la paz en la región. Esta se caracterizó por desplazamientos poblacionales tanto internos como internacionales producto de tensiones políticas que desencadenaron guerras civiles (SICREMI, 2017, p. 124). Es un momento migratorio relacionado con fenómenos como el aumento de empleo en el sector terciario, el estancamiento y deterioro del sector público, la crisis del sector de subsistencia agrícola con expresiones de descampesinización y migraciones internas y externas, la caída del nivel promedio de salarios reales, la mayor participación de mujeres en el mercado laboral y la disminución del empleo público (Jiménez, 2009). Al concluir los años 80, los países centroamericanos ya contaban con diásporas importantes especialmente en Estados Unidos.
Los países en Centroamérica, pasaron por diversos cambios en la estructura económica después de la crisis de los 80, proceso que se aceleró en la siguiente década. En ese período la región experimentó un cambio estructural, que por una parte llevó a la extinción definitiva del modelo agroexportador tradicional y por otra, propició el desarrollo de un modelo que priorizó los sectores secundario y terciario (SICREMI, 2017, p.124). También en las últimas décadas del siglo pasado, se experimentó un moderado pero estable aumento de la migración interregional dirigido hacia Argentina, Costa Rica, Venezuela, y recientemente, Chile (SICREMI, 2015).
La globalización, impulsado principalmente por Estados Unidos en la región latinoamericana en los últimos 40 años, ha significado el libre movimiento del capital financiero y mercancías, sobre todo en la región centroamericana, pero paradójicamente ha frenado la movilidad de los seres humanos. Estado Unidos ha ejercido fuertemente la negación de la realidad y ha sido negligente al operar políticas y cambiando las leyes migratorias para que no impliquen responsabilidad a ningún gobierno. El endurecimiento de la política migratoria en México en las dos primeras décadas que va de este siglo se debió a la presión que los Estados Unidos ejerció en este país fronterizo para restringir la entrada de migrantes centroamericanos.
Según SICREMI (2015) en 2013, 5 de cada 6 migrantes latinoamericanos vivían en los Estados Unidos, y este destino continúa siendo un imán potencial de emigrantes centroamericanos (SICREMI, 2017). En 2015, un promedio de 32% de los inmigrantes en Centroamérica provienen de la misma región, siendo Costa Rica el destino de la mayoría de los nicaragüenses, y un alto número de inmigrantes llega a México proveniente de Estados Unidos. Sin embargo muchos de estos últimos son hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos (SICREMI, 2015).
La tabla muestra que en cantidades absolutas de emigrantes, El Salvador, Guatemala y Honduras son similares y constituyen la cantidad más elevada, comparada con Costa Rica que apenas alcanza 7,702 emigrantes para 2015. No es sorpresa que Estados Unidos es el país donde confluyó entre el 56 y 73% de los emigrantes en 2015. Sin embargo, la tasa de crecimiento de ese flujo entre 2012 y 2015, para los cuatro países presentados, es positivo, lo cual significa que las cantidades han ido aumentando año tras año, entre un 6 y 34%, (ver tabla 4). México, como país de paso hacia Estados Unidos, aparece con el segundo o tercer porcentaje más importante de flujo migratorio y con el porcentaje de cambio más elevado entre 2012 a 2015 de tres de los cuatro países centroamericanos, entre estos, en primer lugar se encuentra Honduras, seguido por Guatemala y finalmente, Costa Rica. También vemos que para el periodo presentado, España y Canadá están adquiriendo importancia, seguido por Perú y Alemania como países de destino.
Tabla 4. Componentes del crecimiento poblacional en Centroamérica, de 2010 a 2015 por cada 1,000 habitantes
Fuente: SICREMI, 2017
El flujo migratorio impacta en el crecimiento de la población. Para el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, de 2010 a 2015, se experimentó un flujo migratorio en donde la emigración fue mayor que la inmigración, dando como resultado una migración neta negativo. Por el contrario, Costa Rica reporta una cifra positiva en este indicador. Lo anterior revela la vulnerabilidad de las condiciones de vida en Centroamérica que impulsa a sus habitantes a emigrar.
La población emigrante sale de los cantones con menor desarrollo pero no necesariamente se trata de la población más pobre de esos lugares. No es la carencia total la que moviliza a las personas a emigrar, sino más bien el deseo de mejorar las condiciones de vida. (Chacón & Salazar, 2007 citado por Jiménez, 2009, p. 38)
Sin embargo, existen matices pues también se registra que la mayoría de emigrantes se desplazan porque carecen de trabajo o éste les genera muy pocos ingresos. A estas causas anteriores, se suma la emigración por violencia e inseguridad que cada vez más escala en los países centroamericanos, y la inestabilidad política que recientemente se manifestó en Honduras y Nicaragua. Queda como evidencia de lo anterior, la caravana de aproximadamente 7,000 personas que salió de San Pedro Sula, Honduras, el 12 de octubre de 2018 y que al ser entrevistadas en Tijuana, México, estaba conformado por 82% hondureños, 9.6% guatemaltecos, 7.3% salvadoreños y menos de 2% de otras latitudes, compuesta mayormente de jóvenes entre 18 y 29 años, de los cuales el 65% de hombres y mujeres sólo tenía seis años o menos de escolaridad. Esta situación sucedió en el periodo de transición de gobierno en México, por lo que la situación de los migrantes fue incierto. El paso de la caravana evidenció la necesidad de hacer de la protección de los derechos de los migrantes una prioridad, y de apostar por una visión regional que involucre a gobiernos y sociedad civil del corredor de intensa migración que constituyen Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos (Fernández de Castro, 2018).
En este sentido, el nuevo gobierno de México que inició el 1 de diciembre de 2018 se propone darle un giro a la política migratoria, al papel que desempeña el Instituto Nacional de Migración (INM), dejar en el pasado el Plan Frontera Sur y el uso recurrente de policías federales y soldados para detener a cientos de migrantes en redadas masivas. Su plan es impulsar políticas de desarrollo en la frontera sur mexicana y en el Triángulo Norte de Centroamérica (Animal Político, 2018). Parte de este nuevo programa incluye un acuerdo entre Estados Unidos y México para invertir, a partir de 2019, más de 35 mil 600 millones de dólares para detonar el crecimiento económico de los países del triángulo norte de Centroamérica que abone hacia inhibir la emigración. La inversión que destinará el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los próximos 5 años para el sur del país será unos 25 mil millones de dólares, mientras que el gobierno de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, se compromete a destinar más de 5 mil 800 millones de dólares para mejorar el funcionamiento de las autoridades de El Salvador, Guatemala y Honduras (Hernández, 2018). Además, el nuevo gobierno de México propone enfatizar el concepto de derechos humanos en el INM eliminando de esta manera la intervención de la Policía Federal y del Ejército en los procesos migratorios. En este sentido el Presidente afirmó que México mantendrá una política migratoria apegada a la defensa y protección a los derechos humanos y a garantizar el derecho al asilo, es decir, a proporcionar un trato justo a todos los migrantes (La Razón Online, 2018).
Los migrantes centroamericanos y las leyes migratorias en los Estados Unidos
Los migrantes de hoy recogen los frutos que, por efecto de la aplicación de los modelos migratorios, sembraron las migraciones precedentes. Por eso, los hondureños aparecen como los más afectados por las deportaciones y con menor acceso de la residencia en los Estados Unidos. A diferencia de los nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños, los hondureños no fueron incluidos en el Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act de 1997, mejor conocido como la ley NACARA, ni en el ABC (American Baptist Churches v. Thornburgh). En 1990 las iglesias bautistas ganaron contra el fiscal general de los Estados Unidos y el director del Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service, INS), demandados por violar las leyes domésticas e internacionales al negarles asilo a los salvadoreños y guatemaltecos que llegaron a los Estados Unidos huyendo de la represión política de los años 80 (Rocha Gómez, 2009).
En cualquier caso, la historia del repunte de la migración centroamericana en Estados Unidos muestra que las condiciones en los países de origen son un elemento más condicionante de las migraciones. La violencia en El Salvador y en Honduras hoy son causantes importantes de emigración. Estos inmigrantes son refugiados cuyo problema de fondo es la necesidad de emigrar ante la escalada violencia aunado a la falta de desarrollo en sus países de origen. No obstante la continua crisis en Centroamérica, durante el gobierno de Obama se recrudece la política migratoria causando la deportación de numerosos centroamericanos. Para dar un ejemplo, entre 2012 y 2013, 64,886 salvadoreños fueron repatriados vía aérea y terrestre, principalmente de Estados Unidos y México debido a las políticas más restrictivas (SICREMI, 2015).
Otro giro significativo de la migración centroamericana es la de niños que se presentó en su más alta cifras entre 2014 y 2016, algo inusitado del proceso que causó la puesta en marcha de políticas diferentes. Estos niños fueron detenidos, pendiente su deportación, hasta que fueron evaluados para eliminar sospechas de ser parte de redes de trata, haciendo el proceso más complicado dado que las autoridades no estaban preparados para esa tarea. Esta situación dio raíz a la declaración del Presidente Obama de la crisis de la frontera sur en 2014. La crisis fue vista como el resultado de la política migratoria confusa que daba trato privilegiado a menores, lo cual motivaba mayor emigración de la región centroamericana. Esta política que implementó Obama estuvo relacionada con las acciones de los “dreamers” que lograron frenar las deportaciones de los menores y de sus padres.
Sin embargo, la escalada cifra de inmigrantes a Estados Unidos dio como resultado un plan que constituía tres respuestas e involucraba a Centroamérica, Estados Unidos y México. La primera respuesta implicó que Estados Unidos pidiera un presupuesto considerable al Congreso de su nación para resolver los factores que impulsaban la emigración. En segundo lugar, el Congreso de Estados Unidos, una vez aprobado el monto, incluyó temas relacionados al control migratorio, es decir, políticas para el control de la migración propuestos a los gobiernos de Centroamérica que incluía un Plan de freno en sus fronteras y en particular de Guatemala con México ayudado por el Comando Sur. En tercer lugar, se integró en el paquete las drogas, el crimen organizado y la migración.
Este plan se dio a conocer como Alianza para la Prosperidad que incluía un plan de inversión en aspectos críticos como infraestructura, financiamiento para impulsar oportunidades locales en Centroamérica, y para el combate de trata y de trato de migrantes. Sin embargo, el matiz que se le dio a este plan fue la militarización de la frontera sur de Estados Unidos para contener a los inmigrantes. Los ejércitos de Centroamérica y de México fueron utilizados para reforzar el control fronterizo que coincidió con el debilitamiento de las asociaciones civiles para la protección humanitaria de los migrantes.
Actualmente, bajo el gobierno de Trump la política migratoria se ha enfocado en la construcción del muro en la frontera de este país con México y de detenciones dado que el refuerzo de la inmigración cada vez más se visualiza como un asunto de seguridad nacional justificando el aumento del presupuesto aprobado por el Congreso para frenar la inmigración. Como resultado del giro de la política de Trump, los casos de detenciones no criminales se triplicaron e incluso llevó a la detención de los patrocinadores de los niños migrantes no acompañados, llegando a arrestar a 170 patrocinadores potenciales en diciembre de 2018, situación que desalentó a patrocinadores causando que aumentara el número de niños no acompañados varados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos llegando a alcanzar la cifra de 15,000 niños en diciembre de 2018 (Chishti et al, 2019).
La participación de las remesas en el proceso migratorio
A pesar de lo difícil que se ha convertido el emigrar, existe un estímulo bastante atractivo para los que se van y para los que se quedan. La esperanza, que tanto al migrante como a la familia le queda, es el de poder recibir un apoyo financiero del migrante. Incluso los gobiernos de Latinoamérica y del Caribe ven favorablemente el ingreso de estas remesas a sus economías. Esto es así porque representa un flujo financiero que amortigua la pobreza. Las remesas son 10 veces más importantes que la inversión directa extranjera y que la asistencia para el desarrollo que ingresa en Centroamérica, (ver tabla 5) (SICREMI, 2015).
Tabla 5. Indicadores de remesas en Centroamérica, 2015
Fuente: Elaboración propia con datos de SICREMI, 2017
Las remesas constituyen un importante flujo de capitales a los países de Centroamérica. En el cuadro se observa que para Honduras representa casi el 18% de su PIB, la cifra más alta de los tres países, seguido de cerca por El Salvador. También para Guatemala las remesas son significativas al alcanzar el 10% de su PIB y constituirse en el país que más las recibe en cantidades absolutas. En cuanto al crecimiento de este concepto, del 2012 al 2015, Guatemala experimentó la tasa más elevada con el 31.4%, seguido por Honduras con el 26.1% y a una distancia, El Salvador con el 9.2%. Mientras que Costa Rica en este rubro reporta una cifra negativa denotando un decrecimiento que coincide con las bajas cifras que reporta en indicadores de migración. Según el SICREMI (2015) antes de la crisis financiera internacional, las remesas hacía Latinoamérica habían alcanzado un promedio anual del 17%. No obstante, la crisis económica de 2008-2009 provocó un cambio significativo en esta tendencia.
En 2016, se marcó un nuevo récord en el monto de remesas que recibieron en esta subregión, alcanzando un ingreso total anual de 17 871 millones de dólares, un crecimiento anual del 8.5% respecto a 2015, la mayor observada en los últimos seis años. Esta tasa fue el resultado del mayor crecimiento de las remesas recibidas en Guatemala (13.9%), El Salvador (7.2%) y Nicaragua (5.9%), atenuados, al igual que en 2015, por la disminución de las remesas que recibieron Panamá (−9.9%) y en menor medida, Costa Rica (−0.5%). (SICREMI, 2017, p. 58)
Fuente: SICREMI, 2017, p. 58Gráfico 1. Remesas en Latinoamérica y el Caribe, 2008 a 2016, por país o región receptora
En el cuadro anterior, el país que recibe las remesas más altas es México, seguido por la región de Sudamérica. Vemos que todas las tendencias sufrieron una caída provocado por la crisis financiera mundial de 2008-2009. Después de México y Sudamérica, la región de Centroamérica recibe remesas importantes que en los últimos años va en aumento, incluso rebasando la cantidad reportada por Sudamérica. Según SICREMI (2015) en el ámbito macroeconómico estos flujos de dinero representan una importante fuente de ingresos para millones de familias, incluyendo para aquellas con niveles altos de PIB. Las remesas han permitido a las familias alcanzar un mayor nivel de vida a través de la financiación del costo de los bienes de consumo, educación, salud, vivienda, y en algunos casos, la inversión en pequeños negocios familiares. Según este reporte, el progreso que impulsa las remesas se observa en un estudio realizado en la frontera Nicaragua-Costa Rica donde la ausencia de este flujo financiero regular llevaría a muchas familias caer debajo de la línea de pobreza.
Sin embargo, la cantidad de las remesas se ve afectada por el tipo de cambio y la inflación en los países receptores, repercutiendo en el poder de compra de las familias beneficiarias de estos flujos puesto que la mayor parte de estas transferencias se utilizan para gastos corrientes (SICREMI, 2017). Los usos de las remesas evidencian que sirven para complementar las necesidades básicas de las familias; más del 50% se utilizan para la manutención del hogar, como la compra de alimento, vestido y calzado, y para el equipamiento del hogar, medicinas y educación. Un 19% se utiliza para el pago de servicios como agua, electricidad, teléfono y deudas (Jiménez, 2009, p. 42). Así apreciamos que las remesas constituyen un ingreso importante para combatir la pobreza.
LA MIGRACIÓN Y LA GOBERNANZA EN CENTROAMÉRICA
Mientras las políticas migratorias se recrudecen, la situación laboral en general se precariza causando más pobreza y desesperación. El modelo capitalista neoliberal parece ser la causa principal del deterioro económico social y político en los países dependientes. Sin embargo, los gobiernos de estos países subdesarrollados no optan por cambiarlos. Este panorama solo resulta en mayor búsqueda de mejores lugares para trabajar, así aumentando la emigración y la inmigración. De acuerdo a esto, Durand Ponte (2010, p. 72) señala que “el nuevo capitalismo está incrementando la desigualdad social en la gran mayoría de las sociedades y al mismo tiempo debilita al Estado complicando su tarea de reducir la desigualdad social, aumentando así la inequidad y la injusticia”. En México, ante la pregunta del ¿por qué existe un desplazamiento tan alto de población rural a los Estados Unidos o a concentraciones urbanas como la ciudad de México?, este autor responde que la complejidad de este asunto puede encontrarse en los efectos del neoliberalismo impulsado mayormente en el sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Añade que durante este periodo se llevaron a cabo reformas del artículo 27 de la Constitución Mexicana que afectaron las condiciones del campo y que otros factores políticos también hicieron que disminuyera el crédito rural por la reorganización del sistema financiero.
Sin embargo, según Fonseca y Quintero (2011, p. 165), “el golpe más duro al campo mexicano fue la liberación comercial en material de permisos de importaciones y aranceles sobre productos agrícolas que trajo consigo el tratado de libre comercio”. Esta situación del campo se ha replicado en todos los países dependientes por la estructura económica actualmente adoptada, donde los capitales extranjeros y el libre comercio marginan la producción local. El problema del campo como los otros que han sido producto de las políticas públicas inadecuadas en los países subdesarrollados se ha solucionado con subsidios directos. Sin embargo, estos han sido insuficientes para resolver la creciente pobreza y no ha frenado el fenómeno de la migración.
Fonseca y Quintero nos aclaran que
Tales efectos se traducen en la concentración de la pobreza, la caída del empleo agrícola, el rezago de la infraestructura social y la posibilidad de utilización de los espacios rurales para actividades no lícitas como el narcotráfico y el tráfico de personas. (2001, p. 166)
Este resultado adverso de las políticas públicas en materia económica no es exclusivo para México sino que se extiende en todo Centroamérica.
Es así como podemos trazar la historia de Centroamérica como una imposición de políticas públicas desde las metrópolis o capitales del mundo que han impulsado a la emigración, situación que aún no se resuelve. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se van?, ¿por qué, si es triste dejar la patria? La respuesta es porque nuestros gobiernos no se han hecho responsables de la pobreza. Existe mucha negligencia del gobierno hacía los grandes sectores de la sociedad. Existe ceguera y negación de las políticas públicas fallidas que hoy son manifestaciones de la ausencia de una gobernanza autónoma.
Los resultados en materia económica, social y política en Centroamérica nos indican la falta de gobernanza dado que los gobiernos no les entregan a sus habitantes lo necesario para sentirse seguros, ellos y sus familias, provocando su emigración porque permiten la venta de sueños y esperanzas en las políticas liberales que imponen los países desarrollados y que han fracasado en los nuestros. Los fallidos resultados de estas políticas llevan a los individuos a tomar la decisión de irse a buscar su bienestar por fuera, aunque con tristeza pues se deja a la patria. Se corren muchos riesgos y penurias por lograr el sueño americano para lograr mandar remesas a sus familias. Esto bien lo relata Loza Portillo (2016) sobre los casos de los emigrantes salvadoreños que huyen de la pobreza y de la inseguridad, dos situaciones que los gobiernos han sido indolentes en reparar.
Para Segura Mena
La criminalización de la migración laboral y económica es también un castigo severo a la pobreza, ya que en general, las legislaciones y políticas restrictivas centroamericanas criminalizan a los migrantes pobres en el ejercicio de sus facultades de movimiento y trabajo. (2016, p. 112)
Evidentemente, la falta de gobernanza ha llevado a la escalada de la inseguridad que sufren y padecen los habitantes en los países centroamericanos. La violencia y la inseguridad, aseveran algunos autores, inició en Estados Unidos y se ha extendido en Centroamérica a través de la deportación. “Las organizaciones criminales, que buscan cierta legitimidad con el fin de volver perennes sus negocios, ocupan funciones que por derecho corresponden al Estado y “hacen justicia” por medio del ejercicio de la violencia, a expensas de la democracia” (Salama, 2008, p. 142). El involucramiento de los inmigrantes con la delincuencia organizada ha sido desafortunado y ha permitido que la migración pase a estar incluido entre los actos criminales y delincuenciales. Para Segura Mena (2016), además, el presentar la trata y el tráfico de personas como el principal problema, no solo pone al mismo nivel el tema migratorio, el crimen organizado y el narcotráfico, sino que también justifica un enfoque militarizado y represivo para atender el fenómeno. Durand Ponte también señala que
La inseguridad lleva a que los grupos se enfrenten, los ricos exigen que se controle a los pobres, que se les reprima, que no se acerquen, que se les criminalice, que se les desaloje; en tanto los pobres reclaman empleo, que se les permita vender en la vía pública, que sus transportes ilegales sean tolerados, que puedan apropiarse de la vía pública para poder ganarse la vida. (2010, p. 69)
De esta manera, la falta de gobernanza promueve la corrupción de la sociedad, en donde todos viven fuera del estado de derecho. Así, el tráfico ilícito y la trata de personas, responde a una visión donde Centroamérica es presentada como “un espacio sin Gobierno, de movimientos no autorizados e incontrolados, lo cual reafirma la “necesidad” de intervención” (Kron, 2011 citado por Segura Mena, 2016, p. 108). Por lo anterior, este autor declara que los gobiernos de Centroamérica están al servicio de los intereses de quienes desean controlar y mermar las migraciones hacia el Norte y presentarlas como flujos ilegales a los que no tienen derecho los trabajadores del Sur. Desplazan la atención del hecho de que la multiplicación de restricciones a los movimientos de población en los países de tránsito y destino hace de la migración una opción gradualmente más riesgosa y hasta letal, y buscan presentar los abusos que los traficantes cometen hacia los migrantes como el principal problema.
En resumen, la emigración, si se habla de ella, es presentada como un hecho desvinculado de las dinámicas políticas y sociales del país, de un país imaginado como “un eterno lugar de oportunidades” para todas las personas. “Ello lleva a interpretar de manera prejuiciosa las razones que tiene esta población para desplazarse” (Jiménez, 2009, p. 47). La política integral de la migración exige un enfoque integral y una eficiente capacidad institucional, que de paso también, se encuentran debilitadas. Las escasas políticas relacionadas a la migración, hoy en día, atienden los efectos y no sus causas.
Estudios realizados por Orozco y Yansura (2015) revelan que el gobierno en Centroamérica generalmente perciben una relación entre migración y desarrollo, siendo las remesas la manifestación más clara de ésta. Añaden que este enfoque de la migración y desarrollo están tan confusos como la percepción entre los círculos de investigadores. Ambos casos se guían por la reacción inmediata a las señales más visibles de la migración: el dinero y la movilidad indocumentada. Otro estudio realizado por Orozco y Yansura (2013, p. 4) revela que los gobiernos de Centroamérica, particularmente de El Salvador, Guatemala y Honduras, han invertido importantes recursos para implementar políticas de migración y desarrollo centradas en los siguientes temas: 1. Prevención para desanimar la emigración; 2. Apoyo y comunicación para los migrantes y sus comunidades; 3. Compromiso operacional que promueve las asociaciones de desarrollo de los migrantes; y 4. Reinserción que facilita la reintegración del migrante de retorno. Sin embargo, estos autores aseguran que existe una clara separación entre las políticas y la realidad ya que presentan limitaciones en sus alcances y profundidad en estos países centroamericanos dado que no abarcan los distintos niveles de compromisos con las comunidades que viven en el extranjero, y los grados de esfuerzos financieros y humanos son también limitados (Orozco & Yansura, 2015). Así constatamos que la migración de centroamericanos no es un tema prioritario de las agendas de gobierno ni de las políticas públicas de estos países, ni es tema importante abordado en la gobernanza.
CONCLUSIONES
La emigración es un producto de la falta de gobernanza de los gobiernos centroamericanos, toda vez que éstos permiten y avalan la imposición de políticas económicas con efectos adversos en sus sociedades. Como país hegemónico, Estados Unidos ha intervenido en la región centroamericana bajo pretensiones de promover desarrollo, cuando su interés geoeconómico y geopolítico ha sido para beneficiar a sus connacionales con la implantación del libre mercado en la región y la penetración de las inversiones norteamericanas. Estas políticas económicas han sido favorables para el país hegemónico, a la vez que ha causado pobreza y desigualdad en Centroamérica. Durante la Guerra Fría, que amenazó al sistema capitalista en el mundo, el interés geopolítico de Estados Unidos incluyó la intervención económica para favorecer la contrarrevolución militarizada y así minimizar la difusión ideológica de izquierda. Esta acción llevó a abonar a la pobreza ya manifiesta que los gobiernos nacionales en Centroamérica son incapaces de revertir por su íntima vinculación con el gobierno de los Estados Unidos. En consecuencia, bajo la desesperación al que se enfrentan los pobres, éstos emigran para buscar modos de sobrevivir en otros horizontes. Primero se da la migración campo-ciudad y luego al extranjero, principalmente hacia los Estados Unidos para hacer realidad el sueño americano.
La migración entonces es un resultado de las políticas públicas, principalmente impuestas por los Estados Unidos en Centroamérica que, a la vez, les ha restado autonomía a los gobiernos nacionales para actuar con el interés de mejorar las condiciones de crecimiento y desarrollo de sus habitantes. Esto lleva a que se presente en esta región una falta de gobernanza por lo alejado o desvinculado que se encuentran las políticas públicas del desarrollo, cuyo resultado se manifiesta con la masiva emigración.
Ante la creciente inmigración a Estados Unidos, este país ha recrudecido sus políticas migratorias, extendiendo la frontera de contención a la frontera Sur de México bajo el gobierno de Obama en un programa llamado Plan Frontera Sur. Entre otras cosas, esta política llevó a la militarización de la migración en las fronteras como medida de frenar el ingreso de centroamericanos a Estados Unidos. A la vez que las políticas y los procesos se hacían más severos, se redujeron los casos de otorgamiento de asilo. Esto coincidió con el escalamiento del crimen organizado en México que también alcanzó a los migrantes, haciendo de la travesía un asunto de mucho más riesgoso. Con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, el freno migratorio en su frontera sur se ha enfocado en brindar la frontera y en aumentar la deportación de aspirantes de asilo, de patrocinadores de migrantes menores y de detenidos no criminales. Estas medidas no han desalentado a los migrantes, parte debido a que la situación económica y política en Centroamérica ha empeorado. La muestra más sobresaliente de los últimos meses ha sido la caravana formada de miles de personas desde Honduras que se movilizaron hacia los Estados Unidos en un momento coyuntural de cambio de gobierno en México. La caravana se internó a México y se desplazó a la frontera con Estados Unidos en una condición sin violencia y recibiendo apoyo en albergues. Esto marcó el nuevo enfoque de la política migratoria en México que promete buscar el apego a los derechos de los migrantes y de una política conjunta con Centroamérica, sobre todo del triángulo del norte, para mejorar las condiciones económicas en la región. Se vislumbra la continuidad de retos en las políticas y procesos migratorios en México y Centroamérica toda vez que se espera que la política migratoria de Estados Unidos continúe siendo proteccionista de su territorio y de su derecho a seleccionar a quienes permiten ingresar por sus fronteras. Mientras que el poder hegemónico de Estados Unidos sigue imponiendo modelos económicos y políticos en el mundo y en la región centroamericana, nuestros gobiernos tendrán que levantarse con dignidad a responder por el bienestar de sus poblaciones para garantizar una gobernanza autónoma, incluyente y equitativa para ofrecer esperanza en la patria, como debe ser.
