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INTRODUCCIÓN
En Cuba la equidad ha sido un fundamento básico del modelo de desarrollo, ratificado en los documentos programáticos más recientes1 y consolidado en el eje estratégico “Desarrollo humano, equidad y justicia social”, entre cuyos objetivos se encuentra la reducción progresiva de la desigualdad económica y social. No obstante las políticas sociales universalistas implementadas durante más de seis décadas, tanto la investigación social como las informaciones oficiales constatan la ampliación y persistencia de desigualdades e inequidades en el país.
A nivel internacional el tema de las desigualdades sociales ratifica su importancia y actualidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que proponen el logro de mayor igualdad socioeconómica. Esta problemática ha sido reconocida por las ciencias sociales2 como uno de los principales desafíos de la humanidad y, asimismo, como factor que reduce las posibilidades de participación política para los grupos más desfavorecidos, con la consiguiente afectación en la cohesión social, la gobernabilidad y la confianza de la población en sus instituciones (PNUD/CIEM, 2019).
Este trabajo pretende contribuir con algunos insumos a los procesos de diálogo sobre este tema. Para ello presenta, en primer lugar, algunos de los principales enfoques y conceptualizaciones sobre desigualdades sociales; a continuación, una síntesis de las brechas de equidad existentes en la sociedad cubana actual; con posterioridad, los supuestos teóricos que sustentan las estrategias de intervención en las desigualdades y sus repercusiones en la praxis del modelo de desarrollo cubano; y concluye con una propuesta de interrogantes para el diálogo, con implicaciones prácticas para acciones de sensibilización, formación, investigación, información y políticas públicas que involucran al Gobierno, la academia y la sociedad en su conjunto.
DESARROLLO
Enfoques teóricos sobre desigualdades
La desigualdad social refiere las diferencias entre grupos e individuos en cuanto al disfrute y ejercicio de derechos, la distribución de riquezas y recursos, el ejercicio del poder, la participación y el acceso a las oportunidades humanas, vinculadas a las posiciones que ellos ocupan en la estructura social. Dado su carácter complejo, multidimensional y relacional, en las ciencias sociales se han desarrollado diferentes enfoques para su explicación.
Espina, Núñez, Martín, Togores y Rodríguez (2010) identifican cuatro enfoques teóricos de explicación de las desigualdades. El marxismo destaca elementos objetivos: relaciones de explotación y clases sociales en el marco de relaciones de producción y propiedad, sin abordar el rol de los factores subjetivos en su (re)producción. Max Weber asocia la desigualdad social a las múltiples dimensiones del poder (económica, social, político y jurídico). La Teoría de las Élites de Wilfredo Pareto señala la división entre élites y masas, determinada esencialmente por la subjetividad individual. El estructural funcionalismo destaca las diferencias de prestigio social, según posición en estratos sociales y dimensiones socio-subjetivas.
Bourdieu (1988) explica las desigualdades a partir de la relación entre lo objetivo y lo subjetivo, que define como «campos» (capitales económico, cultural y social) y habitus (internalización en la subjetividad social de divisiones objetivas), con énfasis en la dimensión relacional de las desigualdades y su configuración durante procesos interactivos de carácter asimétrico.
Desde el pensamiento antihegemónico se identifican como causa de las desigualdades los sistemas de dominación múltiple, que se expresan en diversas y articuladas opresiones: económica, político-ideológica, sociocultural, ecológica, simbólico-mediática y de los saberes, reforzados desde el patriarcado, el racismo, el urbano-centrismo y otras ideologías y culturas; su enfrentamiento demanda la construcción de paradigmas emancipatorios.
En el pensamiento marxista latinoamericano, Pérez-Sáinz (2014) coloca el énfasis en las desigualdades estructurales -especialmente las de clase, que se materializan en mercados, trabajo, y generación y apropiación de excedente-, acopladas con otras desigualdades socioculturales, sociopolíticas o socioterritoriales. Este enfoque (radical/crítico) observa las desigualdades en la distribución (apropiación de excedente) y entre clases, individuos y pares categóricos, a diferencia del enfoque neoliberal, centrado en la redistribución y en las desigualdades entre individuos y hogares.
Otra visión más reciente sobre el origen de las desigualdades la elabora Piketty (2014). Según este autor, la fuente de la desigualdad y su reproducción no es el trabajo y los ingresos generados en el proceso productivo, ni una construcción meritocrática de la estructura social, sino los patrimonios y activos heredados, que solidifican una barrera económica que limita la verdadera movilidad social.
El análisis de las desigualdades dentro de las organizaciones se sustenta en el concepto de «desigualdad categorial. Los mecanismos de su generación y reproducción son: explotación (Marx) y acaparamiento de oportunidades (Weber), como resultado de procesos de ejercicio de poder de un grupo sobre otro(s). Estos mecanismos se reproducen por acoplamiento entre categorías internas y externas (Tilly, 2000) y enfatizan la dimensión relacional de las desigualdades.
Las desigualdades -del lado de las posiciones desventajosas- se vinculan con los fenómenos de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad. La pobreza es un fenómeno caracterizado por una situación carencial o de precariedad sostenida en múltiples dimensiones -económica, sociocultural, política, derechos y oportunidades-, que impide el desarrollo de las capacidades humanas necesarias para un adecuado funcionamiento social. Los procesos de producción y reproducción de la pobreza resultan diversos e involucran factores individual-familiares, comunitarios, macrosociales y globales (Zabala, 2020). La exclusión social constituye un proceso que impide el acceso a un nivel de calidad de vida decente y a la participación en los procesos de desarrollo, a partir de la interacción de dimensiones económicas, político/institucionales y socioculturales (Gacitúa, Sojo & Shelton, 2000). La vulnerabilidad es resultado de la asincronía entre la disponibilidad y capacidad de movilización de activos, y los requerimientos de acceso a la estructura de oportunidades, lo cual genera una predisposición a una movilidad descendente o dificultades para sostener posiciones sociales conquistadas anteriormente (Kaztman, 2000). Aunque se trata de fenómenos que comparten elementos comunes, se necesita distinguir sus especificidades; en particular, las diferencias entre las situaciones de vulnerabilidad o riesgo y las de pobreza o exclusión, en las que ya existe una afectación negativa para las personas u hogares en tales condiciones.
Las causas de las desigualdades también se conectan con: los desiguales puntos de partida de las personas, que condicionan diferentes niveles de acceso y resultados en cuanto a oportunidades sociales, y los procesos de trasmisión y reproducción intergeneracional de desventajas.
Otra línea que enriquece la comprensión de las desigualdades es su multidimensionalidad, interacción y complejidad.
El enfoque multidimensional sobre las desigualdades destaca sus múltiples dimensiones: atributos individuales -capacidades y recursos-, interacciones sociales, instituciones, estructuras sociales que intervienen en su generación y reproducción, y el contexto social; con ello aporta una perspectiva compleja e integradora al análisis de estos procesos (Reygadas, 2004). Esa comprensión permite articular las desigualdades socioeconómicas con las desigualdades de género, etarias, generacionales, espacial-territoriales, étnico-raciales, de acceso a servicios sociales, por discapacidad, orientación o preferencias individuales, entre otras, que se manifiestan en ámbitos diversos y a lo largo del ciclo de vida de las personas.
Desde la realidad de la región latinoamericana, CEPAL sostiene que la producción y reproducción de desigualdades está condicionada por la configuración de una compleja matriz de la desigualdad social, cuyo eje básico son las desigualdades socioeconómicas -vinculadas a la clase social- y articulada con una cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, la discriminación, y las jerarquías y asimetrías sociales (CEPAL/UNFPA, 2020).
Esta idea se conecta con el enfoque interseccional, que permite analizar diferentes tipos de discriminaciones y desventajas que resultan del entrecruzamiento de variadas categorías de diferencia e identidades, construidas social y culturalmente, lo que contribuye a la desigualdad social, el entrelazamiento de opresiones y la conformación de una matriz de dominación (Crenshaw, 1989; Collins, 2000; Brah & Phoenix, 2004).
Desde el enfoque de equidad, los análisis sobre igualdad/desigualdad se conectan con la justicia social: derechos básicos, oportunidades reales de acceso, imparcialidad en el trato a las personas (D’Elia & Maignon, 2004). En adición, este enfoque permite un análisis multidimensional de las desigualdades que involucra: recursos/activos, derechos, oportunidades de acceso, y realizaciones o resultados; a partir de ello identifica brechas de equidad asociadas a grupos específicos (clases, género, edad, generación, étnico-racial, territorial) y a áreas particulares: económica (trabajo/ingresos/consumo), participación ciudadana, vivienda/hábitat, acceso a servicios sociales, amparos y consumo cultural.
Varios organismos internacionales también han realizado contribuciones al estudio y la medición de las desigualdades. El PNUD realiza mediciones de desarrollo humano - sustentadas en el enfoque de capacidades de Amartya Sen, que enfatiza en los derechos, las libertades y las oportunidades de los individuos para el desarrollo de capacidades humanas con vistas al logro de objetivos sociales-, en las cuales se incluyen dimensiones como: vida larga y saludable, conocimientos, nivel de vida, participación social, y más recientemente, las desventajas acumuladas a lo largo de la vida (PNUD/CIEM, 2019).3 El Banco Mundial tiene importantes estudios sobre clase media y pobreza, en ambos predomina un enfoque basado en la formalización y la calidad del empleo como ejes determinantes de la desigualdad, así como apuestan por la política fiscal como instrumento por excelencia para la redistribución de la riqueza.
Entre las organizaciones, OXFAM (2006 y 2014) ha resaltado el peso de las desigualdades económicas extremas y el acaparamiento de oportunidades de las élites como vía de generar exclusión; además, cuestiona la política fiscal en su capacidad de generar redistribución en estos contextos.
Entre las redes académicas, la Red Desigualdad, Estratificación y Movilidad Social en América Latina (DEMOSAL)4 estudia diversas facetas de la desigualdad y movilidad social, vinculadas a la distribución de ingresos, el medio ambiente, el género y las desigualdades étnicas, con predominio de estudios cuantitativos sobre bases de datos nacionales y públicos, como las Encuestas de Hogares, las Encuestas Nacionales de Ocupación, entre otras, para la realización de análisis descriptivos a partir de la distribución de ingresos desde una perspectiva analítica multidimensional, basados en índices de concentración de ingresos como Gini, Palma y Theil.
Entre las instituciones académicas se destaca el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), con sus estudios sobre desigualdades -en particular las de género- y de producción de pobreza, conectados con procesos políticos, políticas sociales, propuestas alternativas y actores sociales en la región. Asimismo, el Instituto International de Estudios sobre Inequidades (International Inequalities Institute) del London School of Economic (LSE), que trabaja fundamentalmente en temas como riqueza, élites y justicia fiscal; ciudades, empleo y cambio económico; así como economías globales del cuidado y políticas de atención a la desigualdad.
Otros aportes consisten en la ampliación de las dimensiones de la desigualdad, no solo las de ingresos, sino incluyendo capacidades, consumo, patrimonio, subjetividad y cultura. La consideración de los acumulados, o sea, las desigualdades patrimoniales -inmobiliaria, financiera y mobiliaria- (Calixtre, 2017). Con respecto a la inclusión de los temas del sujeto y su subjetividad, desde el primero se reivindica al sujeto real, corpóreo y concreto en sus necesidades, condiciones y capacidad de transformación y autotransformación (Hinkelammert, 1998); desde el segundo se destacan dimensiones subjetivas, como percepciones y autopercepciones de pobreza, desigualdad y marginación, expectativas de movilidad, identidades sociales, estilos de vida, entre otros.
Con independencia de la diversidad de aproximaciones existentes, se considera que algunos elementos resultan cardinales para la comprensión de las desigualdades:
Carácter multidimensional: económicas, políticas (poder y participación), acceso y resultados en oportunidades sociales, subjetivas, culturales, consumo, patrimonio, capacidades, recursos/activos individuales.
Carácter relacional: interacciones sociales, institucionales y estructurales que intervienen en su generación y reproducción.
Causas diversas: a nivel global, opresiones inherentes a los sistemas de dominación múltiples; en lo contextual, relaciones de explotación, desigualdades estructurales -especialmente las socioclasistas-, acopladas con otras desigualdades socioculturales, sociopolíticas o socioterritoriales; en las organizaciones, los mecanismos de explotación y el acaparamiento de oportunidades; procesos de exclusión, inferiorización y discriminación.
Relación con procesos de enriquecimiento y de desventajas -pobreza, exclusión social y vulnerabilidad, puntos de partida inferiores-, que se reproducen intergeneracionalmente.
Configuración compleja e interseccional, su estudio demanda aproximaciones inter- y transdisciplinares.
Vínculo con la equidad, la justicia social y los derechos.
Su transformación requiere del actuar político.
Brechas de equidad existentes en la sociedad cubana actual
Los resultados que a continuación se presentan forman parte de un resultado de investigación del área Desigualdades Sociales y Políticas de Equidad (FLACSO-Cuba) con la colaboración del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC). Resume algunos hallazgos de la sistematización5 de informaciones oficiales y de 385 resultados de investigación producidos en Cuba en el período 2008-2018, que analizan las desigualdades sociales desde una perspectiva interseccional en los siguientes ejes: género, color de la piel, edad, territorio, ruralidad, discapacidad, clase, así como desigualdades económicas, pobreza, vivienda/hábitat, participación, consumo cultural y políticas sociales. También estos se nutren de informaciones obtenidas en el trabajo de la Secretaría Técnica del Macroprograma Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social, así como del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano local en Cuba (PNUD/CIEM, 2019).
Se parte de una concepción multidimensional de las desigualdades sociales, que asume el enfoque interseccional para comprender los procesos que se imbrican y refuerzan la exclusión de personas y grupos sociales en cuanto al acceso y control de recursos y los resultados en términos sociales que esto produce. Al mismo tiempo, utiliza un análisis multi-escala de la realidad que tiene como correlato el análisis de las desigualdades a nivel nacional y otros recortes territoriales: provincial, municipal, consejo popular, barrio, familia-hogar, individuo.
El análisis de los resultados obtenidos se basa en el enfoque de brechas de equidad, entendida en su carácter relacional, y compara, con respecto a uno o más puntos de referencia seleccionados, el acceso a recursos que empoderan y el desempeño real en un momento dado, de grupos en situación de desventaja, atendiendo a género, identidad de género, color de la piel, edad, nivel educativo, discapacidad, etcétera, en una esfera social, organización, tecnología, infraestructura, proceso, estado o situación y sus diferencias en el tiempo. A continuación, se presentan las principales brechas identificadas y algunos indicadores que las sustentan.
Brechas territoriales:
En el acceso a la educación superior: menor cantidad de personas con nivel educativo superior en las zonas rurales. La población universitaria de 25 años y más por sexo y lugar de residencia muestra que, de cada 100 personas de este grupo en las zonas urbanas, 17 son universitarias, mientras que esta proporción es de 5 por cada 100 en las zonas rurales -peor para los hombres-. Además, acceden más quienes viven en las cabeceras provinciales, mujeres, hijos/as de profesionales y blancos/as (Tejuca, Gutierrez & García, 2015).
En el desarrollo económico: según el Índice de Desarrollo Humano Municipal (PNUD/CIEM, 2019), los municipios con más altos índices han estado vinculados al desarrollo turístico y a las inversiones de manera sostenida en los últimos 20 años. Un 55 % de los municipios cubanos tienen IDHM medio y bajo. La mayor desigualdad entre los municipios se presenta en las provincias que clasifican como de mayor desarrollo económico, entre ellas, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus.
En el acceso a servicios básicos, el porcentaje de población sin acceso a fuentes de agua mejorada es mayor en las zonas rurales (8,5 %) que en las urbanas (1,7 %) (ONEI, 2020). La cobertura de acceso a agua potable en las zonas rurales resulta menor que en las zonas urbanas, y solo el 41,6 % de la población tiene conexión de agua en el domicilio: 10,4 % del servicio público y 35,1 % de fácil acceso. El 12,9 % no tenía acceso a este recurso en 2017. El 89,1 % usa fosas y letrinas, lo que se ha incrementado en los últimos 5 años (ONEI, 2018).
Con respecto a las viviendas, el comportamiento interprovincial de su estado técnico-constructivo muestra una distribución desigual. Las provincias con peores resultados son las orientales -excepto Las Tunas(; además, Camagüey y La Habana. En cuanto a déficit habitacional, La Habana, Holguín y Santiago de Cuba resultan las más afectadas. La capital presenta también mayor presencia de viviendas en estado crítico, ciudadelas y barrios insalubres; cinco municipios capitalinos tienen una situación más compleja.
El equipamiento de electrodomésticos en los hogares rurales resulta mucho menor que en la zona urbana. Como tendencia no se dispone del equipamiento necesario: 74 % tiene televisor -de ellos, algo más de la tercera parte son en blanco y negro-; el 54 %, refrigerador; el 42 %, lavadora; y el 75 %, arrocera y olla multipropósito. En todos esos equipos el porcentaje en funcionamiento resulta mucho menor (ONEI, 2014).
Brechas de género:
En el acceso a medios de producción como la tierra: al cierre de 2019, las mujeres solo representaban el 8 % de las propietarias y el 8,2 % de las usufructuarias. Tenían una baja presencia en general en el sector agropecuario: constituían el 13 % de las personas asociadas a cooperativas y el 33 % de las que trabajaban en empresas agropecuarias (González, 2020).
En el uso del tiempo: dedican al trabajo no remunerado 14 horas a la semana más que sus pares varones (CEM-CEPDE, 2018).
En los ingresos asociados al trabajo: en 2014 la brecha salarial por sexo era de 6 %, asociada a la segregación ocupacional vertical y horizontal (Muñiz, 2016).
En el acceso al empleo: en 2013 las mujeres tenían aproximadamente 23,5 % menos de probabilidad de participar en el mercado laboral cubano, en relación con los hombres. De igual forma, las mujeres casadas o unidas presentaban un 13,4 % menos de probabilidad de participar en la esfera laboral que los hombres de igual condición (Esquenazi & Rosales, 2017). El Censo de Población y Viviendas de 2012 expuso que el 36,4 % de las mujeres de más de 15 años no recibían ingresos propios porque solo realizaban trabajo doméstico en sus hogares. La Encuesta Nacional de Envejecimiento Poblacional de 2017 (ONEI-CEPDE-CITED, 2019) mostró que 1 de cada 4 mujeres que dejaron de estar vinculadas laboralmente, por una causa diferente a la jubilación, lo hizo por la necesidad de proveer cuidado.
En la autonomía económica de las personas mayores: 9 de cada 10 hombres cuenta con ingresos propios (salario, jubilación, rentas y ahorros), mientras que apenas poco más de 6 de cada 10 mujeres tienen este beneficio; el resto, o bien no cuenta con ningún tipo de ingresos, o depende de ayudas monetarias transferidas por otras personas. Una de cada 4 mujeres entre 50 y 59 años, y casi 1 de cada 5 con 60 y más, no reciben ingresos mensuales, lo que incrementa la proporción de población femenina económicamente dependiente (ONEI-CEPDE-CITED, 2019).
Brechas por color de la piel:
En el acceso al empleo: mayores tasas de participación en el empleo de la población no blanca y mayor proporción de negros (83,5 %) en sector estatal. Negros y mulatos están subrepresentados en el trabajo por cuenta propia y sobrerrepresentados en ocupaciones elementales no calificadas. Los blancos se hallan sobrerrepresentados en las categorías de agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros, en las CPA y CCS, las asociaciones mixtas y las firmas extranjeras. En las categorías dirigentes, profesionales, científicos e intelectuales los mulatos están subrepresentados. En el trabajo informal predominan mujeres negras y mulatas.
La Encuesta Nacional de Envejecimiento 2017 muestra mayor proporción de personas mayores negras y mestizas, que perciben que sus ingresos no les alcanzan (ONEI-CEPDE-CITED, 2019).
En la educación: mayor proporción de estudiantes blancos en educación superior y ligera sobrerrepresentación de negros en la enseñanza técnica profesional y pedagogía de nivel medio (CEPDE-ONEI, 2016; Ávila, 2010; Tejuca, Gutierrez & García, 2015; Tejuca, Gutierrez, Hernández & García, 2017; Almeida, 2017).
En el acceso a salud y bienestar: mayor supervivencia de la población blanca, desventaja de la población no blanca en cuanto a mortalidad en 40 causas de muerte y en conductas de riesgo -con excepción del sedentarismo-, mayor riesgo de morbilidad y mortalidad por tuberculosis pulmonar y sobrerrepresentación de adolescentes de piel no blanca con fecundidad temprana (Albizu-Campos, 2008 y 2018; Alfonso, 2016; León, 2018; Molina, 2018).
En el acceso a los cargos de decisión: menor presencia en cargos de dirección de alto nivel (Colectivo de Autores, 2020; Espina, Núñez, Martín, Togores & Rodríguez, 2010).
La población blanca recibe más remesas.
En seguridad social los mulatos se mantienen por debajo de otros grupos.
Sobrerrepresentación de personas negras y mulatas en viviendas precarias y barrios insalubres, y desventaja en cuanto a disponibilidad y calidad de servicios básicos.
Menor disponibilidad de equipamiento electrodoméstico.
Brechas etarias:
Perfil de infantes que viven en Hogares de Niños sin Amparo Familiar coincidente con el perfil de pobreza en Cuba (predominio de niños/as de piel negra).
Manifestaciones de violencia en el ámbito familiar y escolar, que repercuten en el desenvolvimiento de niñas, niños y adolescentes.
En cuanto al consumo cultural: heterogeneidad de posiciones, desde ventajas asociadas a capitales económicos y culturales predominantemente altos, y capitales medios y, por tanto, una posición medianamente ventajosa, hasta jóvenes en situación de desventaja por tener capitales económicos y culturales bajos.
En cuanto a la autonomía de ingresos de personas mayores: según la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población 2017, en la medida en que avanza la edad, se verifica una percepción de que los ingresos no alcanzan: para el grupo 50-59 es de un 58,7 %; en el grupo 60 y más, de 69,9 %; y en el de 75 años y más, el 73,3 % percibe que no le alcanza para vivir (ONEI-CEPDE-CITED, 2019).
Pobreza:
Las personas multidimensionalmente pobres -población privada en un tercio o más de los indicadores ponderados- es de 16 482; el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), de 0,0005; y la tasa, de 0,15 % de la población, según los cálculos realizados en 2017 (Gobierno de Cuba, 2019).
Sobrerrepresentación de jefatura femenina en hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Sobrerrepresentación de personas de color de la piel negro y mulato en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Déficit de ingresos para satisfacer necesidades elementales es mayor en familias cuyos principales ingresos provienen de salarios del sector estatal y pensiones, en particular en las que reside un solo trabajador (Anaya & García, 2018)
Mayor incidencia en pensionados (por fragilidad de la seguridad económica de las pensiones mínimas de vejez) y adultos mayores sin vínculo con redes familiares trasnacionales.
Brechas en capital social, cultural y económico de familias pobres con respecto al resto de la población.
Mayor incidencia e intensidad por ruralización del espacio, residencia en barrios insalubres y asentamientos improvisados.
Peores condiciones de vivienda/hábitat: estado físico-constructivo, precariedad, déficit habitacional, insuficiente equipamiento, malas condiciones del hábitat y problemas ambientales.
Análisis interseccional de las desventajas.
Reforzamiento de la situación de pobreza por la articulación género-color de la piel-ruralización-condición de migrante-discapacidad-orientación sexual, etcétera.
La intersección género-color de la piel refuerza las desventajas de mujeres negras y mulatas en: supervivencia, fecundidad adolescente, presencia en trabajo informal, situaciones de pobreza y vulnerabilidad social y su trasmisión intergeneracional. Los varones negros y mulatos presentan menor acceso a la educación superior y mayores probabilidades de mortalidad por tuberculosis pulmonar y, en el caso de los jóvenes, de ser perceptores de marginación.
El entrelazamiento color de la piel-género-territorio refuerza desventajas en el acceso a la universidad de residentes en municipios periféricos y barrios marginales, territorios con menor acceso a la educación superior y entornos con bajo capital cultural y económico. En cuanto a la salud, mayor mortalidad de las mujeres no blancas residentes en zonas rurales, y elevada fecundidad adolescente de mujeres residentes en región oriental y zonas rurales. Asimismo, mayor presencia en el trabajo informal de mujeres negras y mulatas oriundas de la región oriental; y vulnerabilidad social de mujeres negras y mulatas residentes en territorios de desventaja social.
Otras características familiares e individuales (edad, clase, escolaridad, estado civil, discapacidad, orientación sexual, generación, filiación religiosa y ocupación) refuerzan las desventajas.
Supuestos teóricos que sustentan las estrategias de intervención en las desigualdades. Repercusiones en la praxis del modelo de desarrollo cubano
Los enfoques para el análisis de desigualdades también tienen supuestos sobre su atención y prevención. De estos derivan distintos tipos de políticas con efectos diferenciados en las brechas de equidad.
A nivel internacional se han desarrollado programas, proyectos y acciones que atienden las desigualdades de clase, género, etario-generacionales, de personas con discapacidad, provocadas por racismo, etcétera. Entre estos tipos de políticas se encuentran: aplicación del principio de discriminación positiva en las decisiones de otorgamiento de tierras, vivienda, créditos, entre otras;6 transferencias de renta (condicionadas y no condicionadas); desarrollo y fortalecimiento de capacidades, incluidas las cuotas de ingreso a las universidades; políticas de inserción laboral y empleabilidad; políticas de tiempo; las de conciliación; las de garantía de accesibilidad; el sistema de cuotas en postulaciones a cargos políticos elegibles o designados; políticas de fortalecimiento de la participación colectiva y la organización política; de reconocimiento social e identidad; de prevención de violencia; las punitivas contra la violencia; de información y comunicación; de estimulación a la ciencia, la investigación y la innovación aplicadas al desarrollo con equidad; las de rediseño institucional; estrategias de transversalización de género y otras dimensiones de equidad; la aplicación de criterios de equidad en las políticas económicas y políticas de actualización legislativa.7
¿Cómo los enfoques de los distintos actores sobre las desigualdades pueden condicionar la elección de uno u otro tipo de política?
El enfoque de necesidades plantea la transformación a través de políticas centradas en el consumo de bienes y servicios: políticas igualitaristas en el acceso a los servicios; diversificación de los satisfactores (opciones) según grupos sociales -bajo el supuesto de que las necesidades son universales-; políticas que garanticen cobertura y calidad a escala territorial (universalización territorial); políticas asistenciales para los grupos en desventaja y acciones de beneficencia. Las políticas cubanas de acceso universal a los servicios de educación y salud; la distribución de alimentos, aseo y otros bienes de manera igualitarista y con algunas focalizaciones por criterios etarios, territoriales y de morbilidad; el sistema de asistencia social, etcétera, se han sustentado en este enfoque.
Entre sus aciertos están la movilidad ascendente estructural al inicio de la Revolución, la garantía universal de derechos humanos y el no desamparo. Las polémicas con respecto a las desigualdades están en el peligro del asistencialismo, que perpetúa relaciones de dependencia del presupuesto público y la trasmisión intergeneracional de la pobreza, la no promoción de cambios a favor de estilos de vida más sostenibles, la no correspondencia entre la calidad del servicio que se recibe y las contribuciones, la sobreutilización del principio de solidaridad, la reproducción de desigualdades por no tener en cuenta los desiguales puntos de partida, el homogenismo social, los márgenes difusos de qué necesidades son responsabilidad del Estado y cuáles no.
El enfoque de capacidades, en el caso cubano, sostiene las intervenciones desde estrategias y programas de desarrollo, que transversalizan el género y la atención a grupos vulnerables. Su estilo focalizador demuestra eficacia en una mayor integración social y laboral, pero su sostenibilidad puede ser vulnerada porque no se altera la matriz de posiciones estructurales que predisponen una forma de distribución de recursos y poder. Otros fallos han resultado los efectos segmentadores de las opciones educativas, determinados por el acceso; o la no correspondencia entre el fortalecimiento de las capacidades educativas, y la disponibilidad de recursos materiales y oportunidades de empleo para ponerlas en práctica.
El enfoque de combinación de la incorporación laboral y social para reducir la desigualdad establece la articulación de políticas económicas -trabajo formal, capacitación, incremento salarial-, y medidas redistributivas y políticas sociales, que aseguran los derechos sociales a toda la población, con independencia de su acceso al ingreso monetario. La doble incorporación se asegura desde regímenes de bienestar, que lo autonomizan del mercado y el trabajo no remunerado -principalmente femenino- disponible en las familias (Martínez & Sánchez-Ancochea, 2015).
Desde el enfoque «activos, vulnerabilidad y estructura de oportunidades» (Katzman, 2018), se presupone que, para lograr mayor igualdad entre hogares, se debe: construir una estructura de oportunidades que garantice cobertura, accesibilidad mediante políticas públicas redistributivas de bienes y servicios; aumentar los activos de los hogares vulnerables mediante políticas capacitadoras y distributivas; disminuir los pasivos de los hogares vulnerables mediante políticas punitivas de actos discriminatorios y servicios sociales comunitarios de acompañamiento. Las acciones desarrolladas en el marco del tradicional sistema de asistencia social, así como las propuestas de proyectos del Programa de Prevención Social y Atención a las Vulnerabilidades son experiencias del modelo cubano. Entre los aciertos del enfoque están la mirada al hogar y no solo a los individuos, lo que compensa en cierta medida la ausencia de políticas de familia. En su aplicación práctica en Cuba se encuentran desafíos como la atención a los diversos perfiles de vulnerabilidad, la focalización en las desigualdades interseccionadas, la insuficiente cantidad de trabajadores sociales profesionalizados, la aplicación de esquemas de financiamiento más innovadores que permitan fortalecer activos materiales y no solo cognitivos, y el trabajo con los pasivos para superar la trasmisión intergeneracional de la pobreza y las limitaciones estructurales.
Desde el enfoque de desigualdades estructurales por acaparamiento de oportunidades, se asume como presunción básica que, para lograr mayor igualdad, se debe prevenir el acaparamiento de oportunidades mediante: sistema de cuotas, acciones afirmativas, desprivatización de bienes socialmente significativos, y políticas punitivas frente a la explotación, la violencia, etcétera.
En el caso del enfoque de desigualdades patrimoniales se defiende que para obtener mayor igualdad se debe: controlar la concentración de la riqueza mediante políticas fiscales progresivas, la desprivatización, el fortalecimiento de la participación en el uso y control de los bienes comunes, y el control de la herencia.
Desde el enfoque de desarrollo social inclusivo para transformar la matriz de las desigualdades, se sostiene que para lograr mayor igualdad se debe promover el universalismo sensible a las diferencias, que supone una doble perspectiva: universalidad en el acceso a servicios sociales desde un enfoque de derechos,8 y superación de las brechas y desigualdades para «que nadie se quede atrás» (CEPAL, 2019). Ello supone un enfoque de derechos, que establece: igualdad y no discriminación, participación, empoderamiento y autonomía de las personas, vida digna y bienestar progresivo, rendición de cuentas y transparencia, lo que implica contar con cuerpos legislativos sólidos que protejan los derechos de todas las personas; fortalecer las organizaciones de grupos sociales en desventaja para su participación en espacios de gestión; aplicar políticas afirmativas con programas temporales orientados a grupos con desventaja social, en especial, las interseccionadas; garantizar acceso equitativo a los servicios sociales y básicos; desarrollar el sistema de cuidados; fortalecer el desarrollo de capacidades y garantizar empleo de calidad. Los actuales Programas para el Adelanto de las Mujeres y el Programa contra el Racismo y la Discriminación Racial se sostienen en los supuestos de cambio de este enfoque.
En el caso del enfoque interseccional, se asume que para garantizar igualdad se deben desarrollar políticas universales sensibles a las diferencias; combinar distribución primaria y redistribución; lograr que en la concepción de la política se enfoquen diferentes dimensiones de la desigualdad y sus interrelaciones (multidimensionalidad e interseccionalidad); procurar mayor participación (codecisión y cogestión) para captar la diversidad de expectativas con respecto a los satisfactores de necesidades; así como los tipos de activos y estrategias con que cuentan las personas y los hogares para aprovechar las oportunidades; evitar una aplicación aislada del resto de las políticas; garantizar su continuo perfeccionamiento y progresividad, teniendo como horizonte la superación de ejes estructurales de la desigualdad (radicalidad). En el caso cubano, el Programa para el adelanto de las mujeres se sostiene en un enfoque de transversalidad e interseccionalidad.
Entre las cuestiones que requieren de profundización se encuentra el diseño específico de programas orientados a la atención de la pobreza, articulados con las políticas que apuntan a disminuir las desigualdades socioeconómicas (Otero, Di Virgilio & Boniolo, 2010; Espina, 2008).
Un análisis de los documentos programáticos y las experiencias prácticas de las políticas sociales y del desarrollo territorial, evidencia que en Cuba prevalecen las intervenciones nacionales para atender las desigualdades, a diferencia de lo que propone el enfoque de universalización territorial. Se adiciona un enfoque limitado de las políticas fiscales como instrumentos de redistribución, así como una restringida participación de la diversidad de grupos sociales en los procesos de diseño, gestión y evaluación de las políticas para atender desigualdades.
Se aprecia un corrimiento desde un enfoque integrador -políticas sociales generales para todos- y un estilo universal -programas con poblaciones metas totales, con independencia del nivel de ingresos de los beneficiarios, a partir del subsidio a productos y servicios- hacia un enfoque universal-selectivo y un estilo con mayor espacio a la focalización; es decir, conserva políticas y programas sociales generales, pero introduce criterios de priorización por vulnerabilidades y dedica a ellos recursos crecientes. La política social otorga mayor peso al mercado y a los ingresos personales y familiares provenientes del trabajo -y otras fuentes legítimas- en la redistribución, y se propone eliminar subsidios a productos y bienes para que el Estado se concentre en la atención a vulnerabilidades. El bienestar se hace depender de tres elementos: los derechos constitucionales, la responsabilidad familiar y el trabajo (Espina & Echevarría, 2020).
Esta concepción demuestra la coexistencia de supuestos procedentes de diferentes enfoques teóricos sobre la atención a las desigualdades. El espectro es disímil, y se complejiza aún más con las diferencias entre lo planteado en los documentos programáticos y las formas de implementación concreta. Abarca desde instrumentos incapaces de generar equidad, como las políticas de enfoque economicista centradas en la eficiencia, la recaudación y la productividad; la prevalencia de un enfoque de necesidades en el sistema de asistencia social y la gestión de los Órganos Locales del Poder Popular; el enfoque cepalino de desarrollo social inclusivo, hasta el enfoque marxista de distribución con arreglo al trabajo.
Sin embargo, las percepciones sociales sobre las desigualdades, sus causas y las formas legitimadas de actuación política no se asumen de manera uniforme en las visiones de los actores sociales. Existe homogeneidad en la consideración del carácter público y universal de la política social como un principio inviolable; las principales diferencias están en las reglas de distribución y la valoración de las acciones más efectivas para atender las brechas de equidad.
En lo que se refiere al Gobierno, en los documentos programáticos se observa un mayor énfasis en la equidad y justicia social, eliminación del trato igualitarista, énfasis en la sostenibilidad económica de la política social, utilización de la denominación “grupos vulnerables” o “población en riesgo”, y mayor espacio a la focalización. Los actores del desarrollo local -universidad, Gobierno, ONG, población- poseen diferentes percepciones sociales sobre las causas e implicaciones de las desigualdades, y sobre las prácticas necesarias para su atención (Mederos, 2012). En el caso de decisores y asesores de Gobiernos locales, existe un mayor consenso en cuanto a la distribución con arreglo al trabajo, no así sobre priorizarlo con acciones como: combinar inversión en asistencia y desarrollo social; distribución de ingresos e impuestos, y de activos; ampliación de la participación; y transformación de estereotipos, prejuicios, etcétera. También se valida el principio de solidaridad en la atención preferencial a grupos vulnerables. Con respecto a las prestaciones, estos actores se inclinaron más a las acciones focales de carácter asistencialista. También hay menor disposición a la distribución primaria que a la distribución de la renta (Fundora, 2018).
Se denota que son poco visibilizadas las relaciones de explotación generadas por algunas personas prósperas, cuya acumulación se basa en la apropiación del trabajo ajeno. Este enfoque no relacional de las desigualdades socioeconómicas puede limitar la acción pública a la redistribución, e invisibilizar la necesidad de intervenir en el acceso, uso y control de medios de producción.
La violencia psicológica de género, la diversidad de identidades de género, la orientación sexual, las masculinidades, el machismo, el racismo, la migración y la estratificación socioclasista, generan las mayores controversias en la selección de estilos de intervención. Entre estas se destacan la incomprensión del valor estratégico de la discriminación positiva y su carácter temporal.
Las personas en desventaja apuestan más por el igualitarismo en la distribución de alimentos y otros bienes de consumo, lo que deja un estrecho margen de legitimidad a la discriminación positiva.
A MODO DE CONCLUSIONES: PROPUESTAS PARA CONTINUAR DIALOGANDO
Desde el pensamiento crítico se ha interrogado a las políticas de atención a las desigualdades con respecto a varias cuestiones: ¿se llega a plantear la política en términos de despatriarcalización, desracialización y despatologización?, ¿realmente estas materializan los principios de antipobreza, antiexplotación, antimarginación, eliminación de la triple desigualdad (ingresos, uso del tiempo y valoración social) y lucha contra prácticas culturales discriminatorias como el androcentrismo?, ¿es más efectiva la universalización, la focalización o ambas?, ¿cómo realizar dicha combinación?, ¿se interviene simultáneamente en familia, Estado y mercado con sus instituciones patriarcales y con el racismo institucional?, ¿se supera la construcción de políticas hombre-genéricas -construcción homogénea del hombre poderoso- y hombre-estáticas -bajo el supuesto de que los hombres nunca van a cambiar o no cambian lo suficientemente rápido-?, ¿se desconstruye la institucionalización de la cuestión juvenil asociada solo a los riesgos sociales que invisibiliza conflictos de clase?, ¿se supera la desarticulación entre las demandas juveniles y las políticas adultocéntricas?, ¿cómo lograr cambios sostenibles para que no exista trasmisión integeneracional de pobreza, sexismo, racismo, etcétera?, ¿existen realmente políticas «neutras al género»?, y ¿se sustituyen la noción de dependencia y los modelos de asistencialismo o beneficencia de las personas con discapacidad por el modelo de autonomía personal?9
Varias de estas interrogantes se conectan con temas cardinales: derechos, modelos de ciudadanía, participación, empoderamiento, emancipación social, subjetividad y reflexividad de actores sociales.
Para la sociedad cubana actual estos temas adquieren una especial connotación, dados los procesos de heterogenización social en curso, la ampliación de las desigualdades sociales, el incremento de situaciones de desventaja, vulnerabilidad y pobreza, que son percibidos desde un referente situado en la equidad y justicia social y con legítimas aspiraciones de prosperidad. Resulta necesario, entonces, incentivar un diálogo abierto y democrático en torno a los horizontes de equidad social a que aspira el modelo cubano, cuál debe resultar la norma de igualdad/desigualdad en la sociedad cubana actual, al precisar los espacios de igualdad que han de preservarse, la definición de las desigualdades tolerables y de las desigualdades injustas, los mecanismos pertinentes para el acceso a las oportunidades según la diversidad de los sujetos, las formas de distribución de las riquezas y otros incentivos.
Entre las interrogantes que pueden sustentar los debates se encuentran las siguientes: ¿qué define el modelo de desarrollo socialista cubano sobre igualdad y desigualdad?, ¿son compatibles las desigualdades e inequidades existentes con un modelo de desarrollo socialista?, ¿qué desigualdades puedes ser toleradas y cuáles no?, ¿qué distancias y brechas pueden aceptarse?, ¿resultan coherentes las situaciones de pobreza y riqueza en una sociedad como la nuestra? Estas constituyen preguntas polémicas cuyas respuestas no deben desprenderse de un ejercicio académico, sino de un proceso plural de diálogo y consultas.
A partir de los elementos presentados y, en particular, de la discusión en torno a estos, podrían generarse líneas de trabajo que contribuyan al logro de mayor equidad e inclusión social en la sociedad cubana. A continuación se esbozan algunas de ellas:
Seguimiento y monitoreo de la situación de equidad en el país, a partir de estadísticas e informaciones actualizadas, con participación de la academia y los responsables de políticas.
Identificación precisa de los diferentes grupos que componen los segmentos vulnerables de la población, caracterización de sus necesidades, y diseño e implementación de las acciones específicas correspondientes.
Reconocimiento y atención específicos a la pobreza y a todas las desigualdades e inequidades existentes.
Modernización de las políticas y los programas de atención a las desigualdades. Seguimiento a la experiencia del macroprograma Desarrollo humano, equidad y justicia social.
Promoción de la participación real de la población y las comunidades en la formulación de las propuestas y su control.
Perfeccionamiento del trabajo social en las comunidades para la solución de los problemas existentes, y la identificación y atención a las personas más vulnerables.
Reelaboración de narrativas en torno a las desigualdades y la igualdad en el modelo de desarrollo socialista.
Profundización en los procesos de subjetivación vinculados con las desigualdades y las políticas públicas para su atención.
