ESPARZA PIJAL, Sheila Belén; CRESPO-BERTI, Luis Andrés; GUANO MORILLO, Leidy Magaly    LIZCANO CHAPETA, Carlos Javier. Negativa de instrumentos públicos y la colaboración universitaria en la promoción de la seguridad jurídica. []. , 19, 94, pp. 109-119.   10--2023. ISSN 1990-8644.

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El Registro de la Propiedad es el organismo encargado de la recolección de inscripciones que atiende las características de los bienes inmuebles y la titularidad. Asimismo, discute sobre las premisas fundamentales de la seguridad jurídica y cómo el derecho registral inmobiliario contribuye a su cumplimiento. El presente estudio tiene como objetivo identificar los principales retos y obstáculos que enfrentan los usuarios del Registro de la Propiedad ante una negativa de inscripción y las garantías de la seguridad jurídica. Para el estudio se utilizaron los métodos sistemático, analítico, crítico, reflexivo y deductivo, con un diseño bibliográfico de tipo mixto. Se proponen recomendaciones para mejorar la eficiencia y transparencia del proceso registral. En este sentido, se concluye que la colaboración entre universidades y entidades públicas puede ser fundamental para el diseño e implementación de políticas públicas y programas de capacitación que fortalezcan el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de la ciudadanía.

The Property Registry is the body in charge of collecting inscriptions that attend to the characteristics of real estate and ownership. Likewise, it discusses the fundamental premises of legal certainty and how real estate registration law contributes to its compliance. The objective of this study is to identify the main challenges and obstacles faced by users of the Property Registry in the face of a refusal to register and the guarantees of legal certainty. For the study, the systematic, analytical, critical, reflective, and deductive methods were used, with a mixed-type bibliographic design. Recommendations are proposed to improve the efficiency and transparency of the registration process. In this sense, it is concluded that collaboration between universities and public entities can be essential for the design and implementation of public policies and training programs that strengthen access to justice and legal security for citizens.

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