ARTÍCULO ORIGINAL

 

La sostenibilidad de los emprendimientos solidarios de mujeres: los desafíos para las políticas públicas

 

Sustainability of Solidarity Undertakings by Women: Challenges to Public Policies

 

 

Blanca Munster Infante

Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, Cuba.

 

 

 

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RESUMEN
La primera parte de este trabajo se refiere a los rasgos que caracterizan a la economía solidaria y el tipo de emprendimientos que la integran. En la segunda parte se presenta una caracterización general de los emprendimientos llevados a cabo por las mujeres de menores recursos y de los principales problemas que ellas enfrentan para lograr que sus actividades sean sustentables y les permita generar ingresos que superen el nivel de subsistencia. De ahí que, en el ánimo de seguir avanzando por el sendero de la equidad de género, la presente investigación busca aportar a la discusión conceptual y al debate para la identificación de políticas públicas eficaces para un desarrollo territorial con perspectiva de género conducente al empoderamiento económico de las mujeres. Desde este ámbito de trabajo se pretende responder a interrogantes como: ¿Cuál es la estrategia que, en forma más eficiente, pueda brindar a los emprendimientos de las mujeres oportunidades de desarrollo en sus territorios? ¿Qué enfoque de desarrollo permitirá enfrentar y resolver temas de desigualdades, inclusión social, participación y reconocimiento de las mujeres en una dinámica de desarrollo en las cuales ellas sean actores del proceso y no solo beneficiarias de políticas en sentido pasivo?

PALABRAS CLAVE: cooperativas, economía solidaria, emprendimientos, género

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ABSTRACT
In the first section of this paper, traits distinguishing the Solidarity Economy are referred to, and types of undertakings within it are presented. In the second section,
undertakings by lower-income women are described, as well as the main problems faced by them to succeed in making their activities sustainable, and generating enough income in order to improve their standard of living. That is why, with the aim of achieving total gender equality, this study tries to make some contributions to conceptual discussions and debates of public policies which are effective to develop regions from a gender perspective leading to women's economic empowerment. Questions to be answered are as follows:
What is the most efficient strategy that could be adopted to give development opportunities for women by means of their undertakings in their regions?
What approach to development will allow such problems as inequality, social exclusion, lack of female recognition and participation in dynamics of development to be solved, with women being actors in processes and not only passive beneficiaries of policies?

KEYWORDS: cooperatives, solidary economy, ventures, gender.

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Introducción
Las políticas gubernamentales en Cuba se caracterizaron, durante varias décadas, por el enfoque de la mujer en el desarrollo, gracias a lo cual se produjo un notable cambio en la situación socioeconómica y cultural de las mujeres en general. La inversión social realizada permitió que Cuba, en el 2012, fuera reconocida como un país de Alto Desarrollo Humano, con un valor de 0,780 en la escala concebida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013), cifra que ubica a nuestro país en la posición 59.

Las mujeres cubanas han recorrido un largo camino en pos de su autonomía, desarrollo humano y reconocimiento en la sociedad, dejando así patentes logros relevantes en el campo de la igualdad entre los sexos. El Tercer Informe de Cuba sobre el cumplimiento de los objetivos del Milenio afirma que han sido ampliamente cumplidos y que se constatan avances sostenidos e incuestionables en todas las esferas del país [Instituto de Investigación en Educación (INIE), 2010].

Sin embargo, queda aún una gran tarea pendiente para conseguir, por una parte, que el rol de la mujer en la vida socioeconómica del país se sitúe a la altura de sus necesidades y capacidades para que las actividades domésticas y de cuidado que ellas realizan sean, en la práctica, plenamente valoradas y compartidas y, por otra, que obtenga con este nuevo papel en la sociedad un triple beneficio: para sí mismas, para sus familias/comunidades y para la economía cubana en general.

En el contexto de la economía cubana las mujeres conforman una importante reserva de productividad, en particular en el ámbito rural, pero el despliegue de todas las potencialidades productivas de las mujeres no resultará efectivo si no se toman en cuenta las desigualdades de género que persisten en las localidades y frenan su plena participación.
A partir de la crisis de los 90, aunque se reproducen fenómenos como la feminización de la educación, mejoran los indicadores de salud que crean un entorno de oportunidades y se consolida la participación política de las mujeres en altas esferas de gobierno. Sin embargo, no sucede lo mismo con el empleo y se origina un franco deterioro de otros servicios sociales que son determinantes para la incorporación de la mujer al trabajo.

El escenario agropecuario cubano fue cambiando desde entonces como resultado de las nuevas políticas económicas que trataban de sacar al país de la situación de crisis. La agricultura en Cuba hoy absorbe el 20 % del empleo total, mientras que su aporte directo al PIB es menos del 5 %, debido a que es donde se encuentra la más baja productividad. Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Triana, 2013), no se ha detenido la tendencia a la disminución de la producción nacional agrícola y ganadera, no obstante las potencialidades existentes en el país.

En la actualidad, el sector agropecuario cubano está integrado por cinco tipos de entidades productivas: las UBPC, CPA, CCS, privados y estatal.(1) Cada una de ellas se corresponde con diferentes formas de propiedad y tenencia, las tres primeras se consideran cooperativas. El nuevo modelo agrícola productivo a desarrollar se dirige hacia la diversificación en cuanto a sus formas de propiedad (casi el 80 % de la tierra está bajo formas de producción no estatales), con la pretensión de estimular las fuerzas productivas, en un escenario donde lo local constituye el eslabón fundamental.

A pesar de que se han implementado importantes medidas en el contexto de las transformaciones del sector agropecuario cubano, tales como la aprobación del Decreto-Ley 300, el nuevo reglamento de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y las nuevas medidas para la flexibilización de las ventas agrícolas, estos cambios no han repercutido en un mayor despegue de la producción de alimentos. Solo en el 2012 se destinaron 1 633,7 millones de dólares para importar alimentos, estas cifras se mantienen altas, representando más del 20 % de las importaciones del país (Everleny, 2013).
La pérdida del peso del sector agrario en la economía cubana se ha reflejado en el empleo femenino. El Censo de Población y Viviendas del 2002 registraba que las empleadas en la zona rural representaban el 13,7 % del total de las mujeres cubanas dedicadas al trabajo remunerado y el 22,8 % del total de las mujeres rurales. En tanto eran el 67 % de la población no económicamente activa de esas zonas [Oficina Nacional de Estadística, (ONE), 2002]. Se estima que por cada 100 hombres empleados en la zona rural existen 30 mujeres (Echeverría; Lara y García, 2010).

En ese escenario de la década del 90 nacen y se expanden los estudios de género y se va gestando progresivamente la voluntad política de su transversalización a distintas áreas de la actividad humana, en las cuales se involucran diversos actores sociales. La cooperación entre entidades nacionales e internacionales, y en particular entre las organizaciones sociales que representan los intereses de las mujeres rurales [asociaciones campesinas y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)], emerge como un mecanismo viable para detener el efecto de la crisis sobre ellas y en condiciones difíciles de avanzar en la meta de su empoderamiento.

Hipótesis y algunas reflexiones metodológicas
Son notables y reconocidos los progresos de Cuba en materia de equidad de género, así lo recogen diversos documentos oficiales, de investigación y las propias estadísticas comparativas entre hombres y mujeres. Ellas muestran que en Cuba se alcanzó un Índice de Potenciación de Género, en el 2007, de 0,676 y una ubicación en el lugar 29 entre 187 naciones (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2009), y se mantiene en el 2012 un bajo índice de desigualdad de género con un valor de 0,356 (PNUD, 2013). Sin entrar en contradicción con esos avances, una visión articulada de territorio con género y con perspectiva rural, o sea, no solo agropecuaria, puede mostrar ciertas brechas en esas zonas que colocan a las mujeres que allí residen en posiciones de mayor desventaja, situación que no siempre aparece reflejada en los índices promedios.

De ahí que, en el ánimo de seguir avanzando por el sendero de la equidad de género, la presente investigación se propuso analizar los logros en la igualdad de oportunidades en territorios rurales seleccionados en el período comprendido entre el 2002 y el 2012, así como las desigualdades que aún persisten y crean situaciones de desventajas para las mujeres. Para lograrlo se identificaron disímiles fuentes de obtención de datos, entre ellas: documentos sobre registros de estadísticas, publicaciones que divulgan los resultados de investigaciones en zonas rurales, evaluaciones de programas y políticas de diseño de programas y proyectos ejecutados en esos ámbitos; datos que se construyeron a partir de diagnósticos realizados a territorios por el Programa Palma; entrevistas a expertos en investigación, de la cooperación internacional y en el diseño y ejecución de políticas dirigidas a mujeres rurales, y un taller para la retroalimentación de sus resultados con una participación más amplia de expertos que los seleccionados para las entrevistas.

Antecedentes de investigaciones
Las investigaciones sobre las mujeres rurales en Cuba, por un lado, y las de desigualdades de género en el mundo rural, por otro, no son de las que cuentan con un mayor número de publicaciones en el país. En la literatura relacionada con las mujeres rurales se distinguen, en la mayoría de los temas, los análisis realizados en la década de los noventa y los estudios posteriores. Las investigaciones de los noventa son más descriptivas, no han contado con fuentes estadísticas adecuadas, se apoyan en muestras muy pequeñas. A partir del año 2000, la producción ha sido más prolífica y se ha beneficiado, por una parte, de la mejoría en las fuentes de investigación y, por otra, del apoyo de diferentes organismos internacionales (PNUD, UNICEF, OXFAM, entre otros) que ofrecen financiamiento para estudios de mayor alcance.

Atendiendo a las temáticas de los análisis se observa una importante concentración de trabajos en torno a tres cuestiones claves: las brechas de género en el empleo, las que existen en la conciliación de la vida pública y privada y, las de participación de las mujeres en los cargos directivos y de decisión en las diferentes formas de propiedad en el sector agropecuario.

Aunque las estadísticas y las investigaciones sobre el tema se han incrementado, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) se centra más en una mayor información sobre la comparabilidad de la situación entre hombres y mujeres en esferas como la salud, educación y el empleo y, aún se carece de estadísticas desagregadas necesarias, como las de los salarios medios de hombres y mujeres al nivel nacional, y no se brinda suficiente información sobre las diferencias locales en esos índices, algunos indicadores sí se sistematizan a nivel de provincias, pero casi ninguno a nivel de los municipios. La falta de información adecuada ha frenado los avances en numerosos temas de interés, ya que no permiten análisis diferenciados por género o con tamaños de muestras adecuados.

De particular importancia resultó la aplicación, por primera vez en el país, de las encuestas de uso del tiempo aplicadas por la Oficina Nacional de Estadística en el año 2002.(2) Estudios de esta naturaleza demuestran cómo la carga del trabajo no remunerado recae mayoritariamente en las mujeres, tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales, generando fuertes tensiones y provocando una "pobreza de tiempo" en la vida de las mujeres. Asimismo, constituyen una valiosa herramienta para las autoridades locales que les permitirá proyectar acciones a favor de la equidad de género.

En zonas rurales el tiempo dedicado a estas labores por mujeres y hombres es más alto, y se mantiene la sobrecarga para las mujeres. Mientras que, en ciudades como Bayamo, las mujeres dedican, 5,59 horas al trabajo doméstico, los hombres de esa misma zona dedican 2,25 horas como promedio. En la zona urbana el trabajo no remunerado ocupa el 69 % del total de horas trabajadas por las mujeres y el 28 % por los hombres, sin embargo en la zona rural esta proporción es de un 80 % para las mujeres y un 40 % para los hombres (ONE, 2002).

Un estudio realizado en la provincia Granma, en 2002, permitió mostrar las brechas salariales existentes entre hombres y mujeres que ocupan iguales puestos de trabajo. Llamaba la atención las afectaciones salariales por ausencias al trabajo encontradas por esta investigación, que estuvieron relacionadas con problemas de enfermedad (60 %), cuidado de hijos y familiares (22 %) y licencia por maternidad (18 %). Del total de ausencias registradas en uno u otro sexo, el 77 % correspondió a las mujeres y se confirmó que los hombres rara vez se ausentan del trabajo por otra causa ajena a la enfermedad (ONE, 2009).

Un estudio cualitativo muy singular sobre mujeres rurales fue la publicación de 50 voces y rostros de líderes campesinas cubanas, auspiciado por OXFAM-Canadá y la Junta de Andalucía, la cual muestra los avances en esas zonas de las mujeres y los impactos positivos que sobre ellas ejerció la política educacional, de salud, de empleo y de promoción a la participación femenina. En particular revela los avances en el liderazgo de mujeres campesinas en asociaciones, entidades gubernamentales locales y comunitarias, sin olvidar el costo que para ellas significó abrirse camino en escenarios donde ha prevalecido siempre una muy arraigada cultura patriarcal (Valdés y Cruz, 2009).

Los resultados de estas investigaciones apuntan a que los obstáculos fundamentales para el empoderamiento de la mujer rural siguen estando en la sobrecarga de responsabilidades domésticas y de atención a los hijos, unidos a la insuficiente preparación técnica, a los estereotipos sexistas, entre otros; en resumen, a la cultura patriarcal. Lo mencionado anteriormente disminuye las posibilidades de transitar a puestos de mayor complejidad y remuneración salarial. De igual forma, la responsabilidad familiar repercute en sus ausencias al trabajo y, en alguna medida, afecta su remuneración en comparación con los hombres. En particular se hace énfasis en algunas de las investigaciones sobre la necesidad de un enfoque de desarrollo rural y no solo agropecuario.

Desarrollo del estudio. Principales microtendencias
Las mujeres rurales en el ámbito nacional
Aunque no constituyen mayoría en las zonas rurales, las mujeres encierran un potencial importante como fuerza de trabajo, que entre otras cosas está determinado por el desarrollo de sus niveles de educación en los últimos años. De acuerdo con los datos seriados del 2012 de la ONEI, las mujeres rurales en Cuba son el 11,5 % del total de la población y el 23 % del total de mujeres del país (ONEI, 2012d). A partir del 2009 y hasta el 2012, las estadísticas seriadas muestran una reducción del total de ocupados del país en 170 200 efectivos. Esa disminución se hizo más acentuada entre las mujeres (131 500) que entre los hombres (38 700). En el caso específico de la agricultura, silvicultura, caza y pesca la reducción del empleo femenino fue de 14 000 (ONEI, 2013). Esta situación se produce en el escenario de actualización del nuevo modelo económico.

Atendiendo a la participación de la mujer en la ANAP, organización que agrupa 406 526 asociados de las CPA y las CCS, al finalizar 2012 las mujeres representaban el 17 % (MINAGRI, 2013). La figura 1 evidencia la mayor presencia de la mujer en el sector estatal. Las entrevistas a expertas realizadas para esta investigación revelan una mayor participación femenina en las cooperativas de esposas, hijas y otras parientes de los cooperativistas dueños de la tierra, y no tanto de mujeres que se integran por un proceso de empoderamiento económico.

 

Otra reserva importante de productividad se aprecia en el no aprovechamiento de la capacidad real y potencial de las féminas como fuerza de trabajo calificada. En el 2011, las mujeres cubanas representaban 60 % de la fuerza laboral técnica. No obstante, estos resultados por lo general no son revertidos a través de su participación en la toma de decisiones directas ni en los sectores económicos de mayor productividad. En el 2011, las mujeres eran solo el 34,3 % de los ocupados en cargos de dirección (ONEI, 2012a). De acuerdo a las entrevistas esa brecha es más profunda entre mujeres de zonas rurales.

Las estadísticas nacionales y las investigaciones reflejan un menor desarrollo social en el ámbito rural, y en particular en las montañas, factor que incide en las migraciones que se han producido durante décadas de zonas rurales a urbanas y de las montañas a los llanos. Todo ello sucede muy a pesar de la política nacional implementada de igualdad de oportunidades territoriales, que ha adolecido, sin embargo, de un enfoque integral del mundo rural y ha estado centrada en el sector agropecuario.

Las entrevistas a expertas apuntan a que el menor acceso a servicios de agua potable, electricidad, círculos infantiles y de apoyo al funcionamiento de la vida doméstica en general son factores que deciden el rezago que se produce en el proceso de empoderamiento de las mujeres rurales. La publicación sobre el Panorama Medio Ambiental de Cuba muestra, para el 2011, una tasa de acceso de la población al agua potable en zonas rurales de un 76,7 %, mientras que en las zonas urbanas es de un 97,4 %. La disparidad es más profunda en las conexiones domiciliarias, muy baja en zonas rurales con solo 37,3 % de cobertura si se compara con el 85,4 % de las áreas urbanas (ONEI, 2012c). Se sabe que las implicaciones que tiene para la conciliación entre el trabajo público y doméstico de la presencia sostenida de este líquido en el hogar define los tiempos y la organización de la vida cotidiana de mujeres que aún siguen lavando en ríos y deben dedicar tiempo a cargar el agua.

Las sucesivas transformaciones agrarias que se han producido en el país y la legislación han generado un sistema de protección a la mujer rural, entre los cuales se halla su derecho a heredar la tierra, la protección a su maternidad, al trabajo, entre otros. Fuentes de la ANAP refieren que en 2012 la cantidad de mujeres propietarias de tierras era de 12 102, lo que representa el 11 % del total (ANAP, 2013). Luego de un período de varios años de entrega de tierras en usufructo, propiciado desde el 2008 por el Decreto-Ley 250, de un total de 171 237 personas beneficiadas, solo el 9,5 % fueron mujeres (MINAGRI, 2013). Las tierras que faltan por entregar son las más lejanas de los poblados, están cubiertas de marabú lo que supone un período de acondicionamiento más prolongado y mayores recursos para invertir. Y, aunque las mujeres tienen derecho a créditos hay un problema cultural de fondo, los dueños de la tierra tienden a traspasarle los saberes y la herencia al varón que más se involucra en su producción, y ello reproduce en el campo una división sexista del trabajo. Otras expertas afirman que la cifra mencionada no refleja el verdadero empoderamiento de las mujeres porque muchas de ellas tienden a delegar la administración de las tierras a sus esposos e hijos.

La relación de Cuba con la cooperación internacional en sus más diversas modalidades ha dado lugar a la expansión del debate y la práctica del enfoque transversal de género en las entidades que promueven el desarrollo rural. Un papel importante en ese sentido lo han desempeñado en diferentes etapas el Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) y el Programa de Apoyo Local a la Modernización Agropecuaria en Cuba (PALMA), por mencionar solo algunos de los actores internacionales que han contribuido, en particular los que interesan a este trabajo.

La estrategia de género del PDHL contó con una serie de modalidades de intervención para la institucionalización del enfoque de género en el Desarrollo Humano Local. Los diagnósticos territoriales permitieron ganar en claridad sobre las diferencias en el comportamiento de las desigualdades de género entre las provincias y municipios donde operaba el programa. A su vez se crearon comités para la evaluación del enfoque en algunas localidades, se impulsaron numerosos proyectos que ampliaron las oportunidades de participación de las mujeres, junto con el despliegue de diferentes formas de capacitación que involucraron tanto a hombres como a mujeres, con especialización en herramientas de transversalización de género en proyectos de desarrollo local. Muy especial significado tuvo el proyecto de Fincas Forestales que propició el acceso de las mujeres rurales como jefas de fincas.

Las contribuciones de diferentes organizaciones no gubernamentales como la ANAP, ACPA y ACTAF(3) han sido clave en la promoción de la equidad de género en el sector agropecuario. En el 2005, la ANAP aprueba su estrategia de género, y de esta forma se convierte en la primera organización del sector agropecuario que cuenta con un documento estratégico de este tipo. En estos momentos el Ministerio de la Agricultura (MINAG) se encuentra elaborando su propia estrategia de género. La ACPA también ha desarrollado importantes acciones al respecto, se cuenta con una estrategia de género que se aplica en todas las estructuras y se tiene instituido el Premio de la Mujer Rural, lo cual significa un estímulo para destacar a aquellas que se desempeñan en el campo científico, técnico y práctico de producción agroalimentaria.

En el año 2009 se inicia PALMA, como proyecto de cooperación implementado por el MINAG y el PNUD, contando con financiamiento de la Unión Europea e incorporando en el 2012 otra contribución de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). Uno de los objetivos fundamentales de esta acción conjunta ha sido el apoyo al fortalecimiento de capacidades y la generación de buenas prácticas que contribuyan a consolidar la gestión a nivel local del sector agropecuario, enfatizando en su municipalización y en el desarrollo de una gestión más eficiente de la seguridad alimentaria, así como en las cooperativas y las entidades estatales de servicios.

Se aprovecha la experiencia regional existente en la implementación del Sistema de Gestión con Equidad de Género (SGEG). PALMA está generando una experiencia demostrativa para el país encaminada a promover la gestión con equidad de género en pequeñas y medianas entidades locales que intervienen en la seguridad alimentaria. Esta iniciativa se ha nombrado Igualdad de Género para la Gestión con Calidad de la Seguridad Alimentaria (IGECSA), la cual concilia intereses comunes de la FMC, el MINAG y la ANAP.

Territorio y Mujer rural
El Índice Territorial de Desarrollo Humano y Equidad de Cuba (IDHT) del 2003 arroja que las dos provincias con un valor alto son La Habana y Cienfuegos, mientras Sancti Spíritus, (Cabaiguán), se halla en un nivel medio, y Santiago de Cuba junto a Granma (Jiguaní) están entre las de menor nivel de desarrollo. En 2009, el IDHT comparado, que incorpora un mayor número de variables a medir, no encontró variaciones en las posiciones de estos territorios, que fueron Sancti Spíritus (0,560-medio), Granma (0,424-bajo) y Santiago de Cuba (0,318-bajo) (Méndez y Lloret, 2011). El más bajo índice de urbanización en el país lo posee la provincia de Granma.

La iniciativa IGECSA del programa PALMA se empezó a aplicar en los municipios de Cabaiguán, Santiago de Cuba y Jiguaní en diez entidades del sector agropecuario. En ellas se realizó un diagnóstico que abordó cinco ejes: selección y contratación del personal, desarrollo profesional, conciliación de vida laboral-familiar, corresponsabilidad, ambiente laboral y salud, y comunicación inclusiva e imagen no sexista.

El diagnóstico en las cooperativas y entidades de servicios de los municipios seleccionados y la consulta a otras fuentes oficiales revelaron persistentes brechas de género en los siguientes aspectos:

La participación en diferentes formas de propiedad: se observa una mayor presencia de las mujeres en el sector estatal que en las formas de producción no estatal. Por ejemplo, en el municipio Cabaiguán el 62 % de las mujeres se encuentra ocupado en el sector estatal; mientras que solo el 16,6 %, en las CPA y el 22 % en las CCS (figura 2).

 

La selección y contratación del personal: desde las propias convocatorias a puestos de trabajo considerados "masculinos" se privilegia a los hombres, tales como técnicos de campo, ordeñadores. Esta es una problemática que trasciende a estas localidades. En las investigaciones sobre la mujer rural se han identificado prácticas estereotipadas que masculinizan el ordeño por la exigencia de levantarse temprano. Las mujeres prevalecen en puestos administrativos y de servicios.

La segregación horizontal en las cooperativas e instituciones de servicios para el sector agropecuario: en el municipio Jiguaní las mujeres son mayoría como fuerza de trabajo en la categoría de técnicas, mientras los hombres en la categoría de operarios (figura 3).

La compra de insumos para la actividad laboral: las decisiones de compras tienen sesgo de género, se prioriza la adquisición de ropa de trabajo, botas y otras herramientas para las actividades realizadas por los hombres y no se cuenta con presupuesto para las necesidades de trabajo de las mujeres cooperativistas.

El salario: las mujeres se ocupan en las profesiones menos valoradas, por ejemplo, en los semilleros y no en la cosecha. Se emplean en los sectores peor remunerados, en los cultivos peor pagados, los trabajos temporales y en ganado menor; por las ausencias al trabajo relacionadas con su rol de cuidadoras. Otro ejemplo se encuentra en los sistemas de pagos colectivos aplicados en las Fincas Forestales Integrales que invisibilizan los aportes de las mujeres a la producción.

Posesión de activos: existe menor posesión de activos entre las mujeres como resultado de una cultura patriarcal que privilegia a los hombres como beneficiarios a través de las herencias y sucesiones. Los estudios han demostrado que las mujeres jóvenes tienen desventajas frente a los hombres jóvenes, porque ellos heredan el capital de la familia como resultado de una práctica cultural de tipo patriarcal que dura siglos y continúa reproduciéndose.

Conciliación de la vida pública y privada: tiene que ver con el menor desarrollo en los servicios sociales ya mencionados. En las zonas rurales, como tendencia, existen pocas instituciones para el cuidado de niños y ancianos, por lo que puede ser difícil para las mujeres pasar esta responsabilidad a otros para poder incorporarse al trabajo remunerado. Aunque los indicadores de salud no reflejan desigualdades territoriales apreciables, e incluso en algunos casos los de mortalidad infantil del menor de un año, los de mortalidad femenina por diversos tipos de enfermedades, son mejores en provincias con un valor menor del IDHT que el que posee la capital del país, algunas expertas apuntaron que en la reforma de salud y educativa que transcurre en la actualidad el desmantelamiento de los servicios en muchas zonas de difícil acceso, sobre todo en las montañas, podrían tener un impacto negativo en el futuro. En las entidades seleccionadas por IGECSA se detectó que no existen estrategias para aliviar la carga doméstica a las mujeres. Un problema social que preocupa es el incremento de la fecundidad adolescente en estas zonas, sobre todo en montañas. Los datos oficiales, a lo sumo, nos permiten reconocer diferencias entre las provincias en el 2012: en Santi Spíritus el 13 % de las madres eran adolescentes; en Granma, el 17 % y en Santiago de Cuba, 14,4 %. La falta de proyectos alternativos a la maternidad debido al más bajo desarrollo social puede ser un factor que esté influyendo (ONEI, 2012e).

Participación en los principales espacios de toma de decisiones a nivel territorial (Poder Popular, sistema empresarial y otras organizaciones): aunque se ha acrecentado la participación a nivel nacional de mujeres jefas de asociaciones campesinas, en cooperativas y en entidades de gobierno municipal y local, aún no se logra aprovechar todo el potencial que tienen las mujeres para organizar y dirigir en esas zonas, lo cual hace suponer que la diferencia entre hombres y mujeres sea más profunda en estos espacios que en otros. El diagnóstico de IGECSA arrojó que no existe una estrategia de promoción de las mujeres a cargos de dirección en las entidades estudiadas. Las estadísticas territoriales sobre la participación de las mujeres en la legislatura del 2007/08 de la Asamblea Nacional arroja diferencias a esos niveles en los territorios aquí estudiados: Santi Spíritus contó con un 52 % de mujeres diputadas, Granma con un 38,6 % y Santiago de Cuba con un 39,6 % (INIE, 2010).

El cuestionario que se aplicó sobre estereotipos de género revela cómo los enfoques tradicionales de la mujer cuidadora, el hombre jefe de hogar, la creencia de trabajos propios para mujeres y otros para hombres (la ganadería y el trabajo físico para hombres, y el trabajo no físico y con documentos para mujeres), que los hijos varones deben perpetuar las prácticas laborales agropecuarias, entre otros, se mantienen arraigados en un porciento importante de la población de esas localidades rurales. Situación compartida tanto por un grupo numeroso de hombres como de mujeres, aunque sean mayores los desacuerdos respecto a tales enfoques entre ellas. La cultura asentada en las ideas tradicionales que reproducen sexismo sigue siendo un factor que limita el desarrollo de las mujeres rurales.

Implicaciones de políticas públicas
Las políticas públicas diseñadas y ejecutadas por las diferentes instancias de gobierno deben articular mejor las variables territorio, género y juventud, para profundizar en los factores específicos que en las localidades pueden estar determinando las brechas de género y el rezago que experimentan las mujeres rurales, entre ellas las jóvenes, en el proceso de su empoderamiento. Se requiere una mayor autonomía de los gobiernos locales sin desdeñar su relación con los enfoques nacionales que determinan el carácter universal de políticas justas.

Un aspecto de alta prioridad es avanzar hacia una visión más integral del desarrollo en esos territorios, menos centrada en lo agropecuario y más en el desarrollo rural, que apunte hacia la priorización de la inversión en esas zonas y fomente el empleo femenino. El enfoque de desarrollo rural, no solo agropecuario, permitiría identificar nuevas fuentes de empleos que trascienden a ese sector y una mejor articulación entre lo social, económico, cultural y político, transversalizado por metas de equidad social, en particular de género. Sería necesario en política tener planes diferenciados para territorios urbanos y rurales, así como también para comunidades rurales en el llano y en las montañas, donde las desigualdades de género no tienen la misma connotación. El Plan Turquino ha sido un ejemplo de ese punto de vista integral de intervención en las montañas, pero hoy resulta insuficiente. De esta manera podría lograrse una reducción de las migraciones, retención de los jóvenes y control sobre el envejecimiento.

El desarrollo local es un ámbito importante de intervención para las acciones a favor de la equidad de género, por lo que se requiere potenciar el rol de los gobiernos locales y sus capacidades reales para abordar los desafíos que enfrentan las desigualdades de género y el desarrollo rural del país en las condiciones actuales. Con el fin de incorporar un enfoque que reconozca las diferencias socioeconómicas de partida que caracterizan a las localidades y las inequidades que aún se observan entre los sexos, es necesario seguir avanzando en la producción de estadísticas con una noción articulada de género y territorio, en particular del ámbito rural. Ellas deben reflejar la situación integral del bienestar alcanzado en todas las esferas de la actividad humana. Asimismo, mejorar los instrumentos de captación de la información subsanaría los vacíos en el registro del tiempo que las mujeres destinan a todas las labores de los ciclos agrícolas, en particular la simultaneidad de las tareas, y permitiría la evaluación de su aporte a la economía nacional. Con ello también se lograría prestar una mayor atención a las políticas económicas que impactan de forma negativa en la posición de las mujeres y se sentarían las bases para el mejoramiento de las políticas públicas.

Las estrategias, políticas y normativas que se aprueben y se dirijan al ámbito rural deben incorporar de manera explícita el enfoque de género, a través del uso de incentivos y normativas específicas (política de empleo, política crediticia, impuestos diferenciados y demás). Es imprescindible que se continúen fortaleciendo los procesos que se han iniciado por los actores políticos y de cooperación internacional aquí mencionados, en materia de transversalización de género, elaboración de programas, proyectos y estrategias para el desarrollo.

La capacitación y transformación cultural debe continuar siendo una actividad priorizada en un mundo donde está tan arraigada la cultura patriarcal. Es esencial continuar haciendo capacitaciones en todos los temas de desarrollo sensibles al análisis de género y hacer énfasis en los directivos que diseñan y controlan la aplicación de las políticas. Además de construir una estrategia de difusión de las buenas experiencias con enfoque empresarial y territorial que incorporen la perspectiva de género y hayan logrado cambios en las prácticas culturales.

Las políticas deben incorporar acciones que aborden la solución al conflicto entre lo público y lo privado, fenómeno que está limitando de manera importante la participación de las mujeres. Las entidades productivas pueden jugar un papel importante en la promoción de nuevas modalidades de articulación entre la vida laboral y familiar, así como en el acceso al empleo y la participación igualitaria.
La integración de la equidad en los diferentes ámbitos de la organización de las empresas debe responder a enfoques de economía solidaria y responsabilidad social, permitiendo identificar los puntos de intervención más estratégicos para la igualdad de género, invirtiendo en el desarrollo social de las comunidades y promoviendo la participación de las mujeres. Esas estrategias deben fomentarse en el sector empresarial, cooperativo y privado y hacer énfasis en el incremento del empleo femenino.

Lo expuesto en esta investigación plantea la necesidad imperiosa de promover políticas y medidas específicas dirigidas a las poblaciones juveniles, en particular rurales, en las que se reconozca la importancia de los jóvenes de cara a la sostenibilidad de la población rural. Además, se precisa crear mecanismos de estimulación económica para las empresas que hayan incorporado el enfoque de género a la práctica de toda su gestión económica, y de esta manera hayan logrado reducir las brechas entre hombres y mujeres; así como trabajar en la formulación de políticas que promuevan prácticas gerenciales intraorganizacionales o intraempresariales a favor de la igualdad (normas, certificaciones, sistemas de gestión).

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RECIBIDO: 11/05/2016
ACEPTADO: 13/06/2016

 

 

 

 

Blanca Munster Infante. Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, Cuba. Correo electrónico: [e-mail]

NOTAS ACLARATORIAS
1. Las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) se formaron a partir de campesinos propietarios que aportaron la tierra y restantes medios de producción bajo el principio de voluntariedad. Las Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS) fueron integradas de forma voluntaria por los campesinos beneficiados por las leyes de reforma agraria que así lo deseaban: se unían para recibir determinados beneficios como el crédito bancario, la adquisición de tecnología de punta, así como para favorecer la gestión de mercadeo, precios, entre otros aspectos. Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) se constituyen con los colectivos de trabajadores de las empresas estatales a los que les fueron entregadas tierras bajo condiciones de usufructo indefinido.
2. La encuesta abarcó las partes urbanas y rurales de los municipios Pinar del Río, San Juan y Martínez, Guisa y Bayamo, así como la totalidad del municipio La Habana Vieja, que es íntegramente urbano (ONE, 2002).
3 Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Asociación de Cooperativas de Producción Agropecuaria (ACPA) y Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), respectivamente.