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INTRODUCCIÓN
El reto de la política económica es, que la economía crezca y conjuntamente mantenga sus finanzas sanas para el desarrollo económico y social del país; para generar mayor riqueza, empleos dignos y elevar el nivel de recaudación fiscal, lo cual debe traducirse en recursos públicos distributivos de impacto en los estados y municipios del país como parte de una política fiscal sustentada en el federalismo hacendario. El gobierno tiene que instrumentar una política económica y social que permita crear las condiciones de infraestructura económica para que los estados puedan generar los empleos necesarios en las entidades. La política de gasto público e inversión debe partir de un proceso de planeación económica equitativa que detone el desarrollo endógeno sustentable «desarrollo local». Así, el gasto público debe convertirse en una variable estratégica para el combate a la pobreza. El objetivo del trabajo es analizar el impacto del presupuesto público 2012-2018 en materia de crecimiento económico y desempleo en la economía mexicana.1
LOS IMPACTOS ECONÓMICOS DE LA CRISIS ECONÓMICA EN MÉXICO
La globalización es una etapa del desarrollo capitalista que se antepone como solución ante las crisis del sistema del libre comercio y movilidad del capital financiero que, acentúa las disparidades existentes con un doble lenguaje: a) la dinámica de acumulación de capital y, b) el carácter subjetivo de ser un sistema unipolar a escala global, se ha caracterizado por reestructurar el funcionamiento de la economía mundial y regionalizarla desde 1980 hasta 2009, lo que modificó los patrones tradicionales de interdependencia económica entre las naciones (reglas del mercado). Esto ha incrementado la competencia de la economía mundial y la incertidumbre en su desempeño, además de recomponer las economías nacionales y su integración económica supranacional y subnacional.2 Los rasgos más notables de las transformaciones estructurales, son: por un lado, reorganización económica y reestructuración regional; por otro, propician la innovación tecnológica y desarrollo local.
Estas transformaciones han traído como consecuencia una nueva conformación regional que, espacial y territorialmente han transformado las economías regionales y locales.3En el caso de México, la situación económica, ha tenido dos enfoques diametralmente opuestos. Una, la que el Gobierno impulsó «un modelo cerrado y protector a través de la intervención creciente del Estado en la economía», y el otro, «la orientación hacia una economía abierta, competitiva y orientada al mercado externo».
La política económica reciente del país como se anotó, dio un gran viraje en su enfoque tradicional, debido al agotamiento del modelo estatal-proteccionista anterior a la crisis financiera4 y de balanza de pagos, culminando en la crisis de 1982; luego, pasó a un modelo de libre mercado que ahora se encuentra en una franca crisis5 al no presentar resultados en materia económica, se pasa a solicitar financiamiento al exterior, principalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI), (crisis económica de: 1982, 1994, 2001 y 2008-2009), con el objetivo de salvar al gran capital financiero internacional. El FMI atribuye a las políticas económicas gubernamentales la responsabilidad de los desequilibrios e inestabilidades internas; y, sobre todo, a las políticas proteccio nistas que hacen crecer el aparato estatal y el manejo «fuera de las leyes del mercado». Por lo tanto, para encauzar el proceso de estabilización el FMI impone a los países que recurren a su ayuda económica, actuar en cuatro ámbitos de la actividad económica,6 política de tasas de crecimiento, precios, fiscal, salarios y el Producto Interno Bruto (PIB).
Por ello, es importante señalar que, en México, la tasa de crecimiento del PIB ha sido como promedio de 2, 3 % entre 2000-2012 y 2, 1 % de 2012-2018. Las previsiones son, que las tasas de crecimiento de manufacturas, la construcción, vivienda han sido negativas en los meses recientes. La inflación, en términos relativos, se dispara y el desempleo crece: el número de personas que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social cayó en noviembre de este año y en el sector manufacturero, donde el empleo no crece desde finales del año pasado. Las exportaciones se reducen, así como las remesas que desde el exterior los mexicanos envían al país y los ingresos por concepto de turismo también disminuyen en la misma dirección.
Las familias han sentido la caída del empleo y de sus salarios reales, sobre todo las personas que ganan dos o menos salarios mínimos, pues el precio de los alimentos, el transporte y la vivienda han subido por encima del promedio nacional. Existe menor disponibilidad de crédito a la vivienda y la cartera vencida del crédito al consumo crece notablemente. Las empresas tienen poca liquidez y el crédito es escaso y cada vez más caro. General Motors anunció que parará parcialmente la operación de tres plantas en México. La industria mexicana de autopartes disminuye sus exportaciones y también bajan sus ventas internas. Las panaderías, lavanderías, loncherías de las que son clientes los obreros de la industria automotriz en México ven que se desploman sus ingresos: El gobierno recauda cada vez menos.
El Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), busca mantener «la estabilidad y controlar la inflación», a cualquier precio, hace tímidos ajustes en el gasto público y promete, ahora sí, promover un programa de infraestructura económica. Pero no hace los ajustes necesarios y de inmediato se ponga en marcha el programa, ni hace lo necesario en materia crediticia, para la buena marcha de la industria de la construcción. Se habla de apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), pero no se aligeran los mecanismos, ni se resuelve y atiende el programa con la rapidez y la magnitud deseada. La banca nacional de desarrollo se resiste a hacerlo, y los programas hasta ahora anunciados resultan, en el fondo y en la forma, en una muy tímida y convincente acción anticíclica.
Se plantean reformas encaminadas a dar un papel más preponderante a los mecanismos del mercado y reducir las barreras que obstaculizan el comercio internacional y movimientos de capital, se postulan importantes intentos de liberalizar la economía, se plantea eliminar las restricciones cuantitativas al comercio y reducir los aranceles. El objetivo principal de estas reformas es transformar la economía en una economía abierta orientada hacia la exportación y, según este planteamiento, capaz de alcanzar tasas más elevadas de crecimiento económico.
Para las políticas de estabilización es importante la reducción del gasto público como parte de la terapia recomendada por el FMI, el recorte del aparato estatal y, por tanto, su menor participación en la economía constituye un elemento central del programa de ajuste estructural planteado por el Fondo. En realidad, los elementos estructurales que el Fondo considera se deben reorientar, están contenidos ya en las políticas de estabilización. Estas reformas estructurales se declaran a favor de reducir el espacio que ocupa el Estado, en favor de la iniciativa privada nacional y extranjera. Es decir, se busca una menor presencia del Estado en la regulación y fomento de actividades privadas, lo mismo que en el campo de la producción directa. Esto significa la desregulación de la economía y una abierta privatización de la misma. Esto forma parte de la transformación estructural de la economía, dentro del contexto previsto por el programa neoliberal.
En México, su más reciente aplicación se puede apreciar a partir de 1982-1988 con Miguel de la Madrid. Este es el punto de partida del modelo neoliberal. La primera medida, consistió en realizar el proceso llamado desincorporación de empresas públicas por las siguientes vías: la extinción, fusión, liquidación, transferencia a las entidades federativas y municipios, la venta a los trabajadores de la empresa que se desincorpora, y, sobre todo, venta a los empresarios privados nacionales y extranjeros. Para 1988 el 30% de las empresas del Estado fueron vendidas. El gobierno federal, proporcionó la información de estas ventas en un documento en el que se establecía que solo se había procedido a desincorporar empresas que no eran estratégicas para el desarrollo nacional y que en más del 90 % de los casos los compradores habían sido inversionistas nacionales.
La principal línea de la política económica fue el saneamiento de las finanzas públicas con la apertura económica que inicia en 1984 con el programa de sustitución de permisos previos por aranceles, el cual, liberó en 1985 el 90% de las fracciones arancelarias manufactureras. La reconversión industrial por su parte y la contención salarial apuntaló dicho programa. Para diciembre de 1987, se propuso a los sectores productivos del país la suscripción de un Pacto Económico, que obligaba al gobierno a no incrementar los precios de los bienes y servicios que proporcionaba a través de sus empresas; el tope a los incrementos salariales y solamente recomendaba al sector privado el no incremento de sus precios por encima de los costos reales. Con ello, se estabilizaría la economía, esta empezaría a crecer y los trabajadores irían recuperando, poco a poco, el poder adquisitivo de sus salarios.
Los resultados de esa política económica neoliberal fueron distintos a los esperados, se incremento la deuda externa pública, la inflación creció en 86, 7 % promedio anual; se aplico una política salarial regresiva etc. Con la aplicación del neoliberalismo el estado jugo un nuevo papel, donde suprimido el principio rector «por la facultad de dictar las normas». El objetivo central era debilitarlo como paso previo para poder desarrollar el proyecto económico dependiente.
Por su parte la política económica de Carlos Salinas, prometió un crecimiento sostenido del 6, 0 % y reducir la inflación a un dígito, porcentaje semejante a los que tiene los otros integrantes del Tratado de Libre Comercio (TLC). Los resultados fueron pobres; se incrementó la deuda externa, la inflación creció 15, 9 % en promedio anual; el PIB creció 3, 0 % en promedio; el salario mínimo real perdió 24, 0 % de su poder adquisitivo durante el sexenio, es decir, en 12 años de gobiernos neoliberales había perdido el salario cerca del 66, 0 %.7
Durante el período 1994-2000, se permitió la participación del capital privado en las áreas de la comunicación vía satelital y los ferrocarriles, con el objetivo de entregárselas totalmente al capital extranjero; modifico la Ley del Seguro Social con el propósito de crear las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y a fines de marzo de 1997, la relativa a la legislación financiera y bancaria, entre otras, para permitir que el capital extranjero pueda detentar el control de los bancos que tengan un capital contable mayor al 6, 0 % del total nacional de la banca mexicana. Este sexenio, se caracterizó por su incapacidad para llevar a cabo aspectos fundamentales de su proyecto al no consensuar su propuesta económica en política económica, pero jamás logró el consentimiento con otras fuerzas políticas para modificar el marco legal constitucional necesario para tal fin. Por ello, el modelo neoliberal fue un fracaso, entre otras cuestiones por lo siguiente:
Crear un promedio anual de un millón de empleos. A pesar de que el gobierno afirma haber creado 2.5 millones de empleos de fines de 1995, a ello habría que restarle los miles de empleos perdidos en 1995 debido a la crisis económica de inicio de sexenio. Esta meta no pudo lograrse, solo llegó al 50 % de lo prometido.
Pasar de la estabilidad al ajuste estructural, fue una política de fomento a la inversión y crecimiento económico a una tasa superior al 5, 0 % durante el sexenio. En 1995 el PIB fue de - 6, 2 %, y aunque en los siguientes años creció, cada vez lo hace a tasas menores, por lo que la tasa del 5, 0 % no se logró.
Establecer la tasa de interés de un dígito. Las tasas se movieron a un 20, 0 %.
Estimular una competencia más intensa en el sistema financiero y extender los beneficios del fondeo a largo plazo de la banca de desarrollo a las pequeñas y medianas empresas; el sistema bancario entró en crisis y la respuesta es el apoyo a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) primero y del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), por un monto mayor a los 700,000 millones de pesos como deuda pública.
El gobierno tuvo que entrar al rescate de los empresarios ineficientes que invirtieron en la construcción de carreteras en el sexenio anterior, lo que también fue pagado con recursos públicos.
La inflación sigue siendo un pesado lastre para la economía del país; la deuda pública externa ha seguido creciendo y rebasó la barrera de los 100 mil millones de dólares y la pobreza extrema se incremento, la pérdida del poder adquisitivo del salario y el desempleo continuaron impactando en el bolsillo de los mexicanos.
En estos resultados tuvo una gran influencia en la crisis financiera de 1994-95. Dicha crisis conocida como el error de diciembre que generó el llamado efecto tequila, reflejó los efectos de la apertura comercial y la suscripción del TLC y de una política antiinflacionaria sustentada en bases falsas; las consecuencias de apertura al capital extranjero; la política de privatizaciones que desmanteló el sector estatal de la economía; los resultados de la política de pactos, que después de siete años fueron incapaces de mejorar el poder adquisitivo del salario, por el contrario contribuyeron a una concentración de la riqueza y de injusta distribución del ingreso.
Por lo tanto, los resultados reflejan que la política económica neoliberal aplicada por Ernesto Zedillo no fue capaz de resolver los problemas de la nación, ni tampoco de satisfacer las necesidades de la población. Se puede afirmar que, después de más de tres décadas de soportar esa política que ha hecho más dependiente a México respecto del capital financiero internacional, el neoliberalismo impuesto no ha superado la crisis económica latente en México.
Las políticas neoliberales han tenido un impacto negativo en la economía de México y en particular en el empleo, la estrechez del Estado contrasta con el Estado que hasta esos momentos tenía una injerencia en todos los ámbitos de la economía nacional. Sin embargo, los efectos más evidentes fueron en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) saldos definitivamente trágicos para el sector laboral pues durante su sexenio hubo 3,292 huelgas principalmente para afectar los derechos laborales entre los cuales los ajustes salariales, desaparición de prestaciones y violaciones a los contratos colectivos de trabajo. En este sexenio (30 años), la política neoliberal llevó a las empresas, en su afán de ser «competitivas», redujeran prestaciones, nóminas, y recortaran el servicio social.
Durante el gobierno de Vicente Fox se profundizan más los desequilibrios internos, dado que, se tenía pensado crear un millón 200 mil empleos por año, en realidad se perdieron empleos ya existentes por 700,000 y se crean un poco más de 400 mil empleos eventuales según datos estadísticos de la nación durante los 6 años, la inflación de este período según el Banco de México fue de 26, 07 % (noviembre de 2000-diciembre de 2006) mientras el incremento en los salarios fue de 21, 06 %. Para el gobierno el aumento fue de 57, 0 %. Sin embargo, las empresas transnacionales continúan arguyendo las ventajas competitivas del modelo económico, el cual no se recuperará de la crisis en la que se encuentra y lo poco operativo para la economía mexicana sumida en una profunda crisis económica no vista en más de siete décadas.
El presupuesto público y la crisis económica en México
El Gobierno Federal tiene la obligación por ley, la de presentar anualmente, en cada sexenio un paquete fiscal o proyecto de «gasto público» que responda a las necesidades económicas y financieras del país. Así, en ese sentido la política económica expresada en el presupuesto de 2012-2018 está enfocada al desarrollo y crecimiento económico, y al combate de la pobreza, la desigualdad y la marginación social en México.
En 2012 hubo elecciones federales y el sector público dispondría del presupuesto más elevado no visto antes: 3 billones 706 mil 922 millones 200 mil pesos; 4,97 % más en términos nominales que el ejercido en 2011. Se trata de un paquete fiscal con énfasis en el gasto en seguridad pública y el impulso a la infraestructura económica para generar empleo y distribución de los recursos a través de programas sociales (recursos etiquetados), de acuerdo con el decreto de presupuesto de egresos de la federación aprobado por la Cámara de Diputados, refleja el 87, 0 % de recursos etiquetados, situación incómoda para algunos diputados defensores del campo que, <deseaban un presupuesto público sin etiquetas>. Esta situación, es grave por carecer de reglas claras y poco transparentes en el ejercicio de los recursos federales para funciones públicas. La proyección del producto interno bruto del país (Gráfico 1), visto de este ángulo el ritmo de la actividad económica, el gasto público será moderado por carecer de un dinamismo de la actividad económica que permita llegar a una política de gasto público expansivo que pueda afrontar el rezago de ocupación laboral.
Por lo tanto, es necesario que la política de gasto público considere lo siguiente:
A nivel del empleo, el mantenimiento y la expansión del empleo de la población mediante programas de colocación y de inserción al mercado laboral mediante el plan del primer empleo.
Apoyo a la economía familiar mediante el control del precio de los energéticos y la donación de 750 millones de pesos en apoyo a las familias más marginadas del país, para que puedan cambiar y actualizar sus electrodomésticos.
En materia de competitividad, deben apoyarse las Pymes, reduciendo el precio de la electricidad, donde el gobierno federal pueda adquirir el 20, 0 % de sus necesidades de las empresas que entraran en este rubro.
Aceleración del Programa Nacional de Infraestructura, y la aprobación para Petróleos Mexicanos (PEMEX) de 17 mil millones de pesos adicionales para inversión, al igual que 14 mil millones para inversión para las entidades federativas, donde se reactive la empresa pública.
En lo referente a gasto público, este se debe transparentar con una nueva Ley de Contabilidad Gubernamental que castigue la morosidad y perversidad pública.
Estas propuestas tienen como finalidad la protección del empleo. Así, el mayor gasto del gobierno en seguridad no impacta en ciudadanos más seguros, al contrario, los datos estadísticos reflejan un alto grado de inseguridad a nivel nacional. Según datos del Banco de México, el Gobierno Federal realizó cuatro emisiones a lo largo del año con el fin de fortalecer las referencias de los bonos mexicanos y mantener presencia en los mercados internacionales. De igual forma, en 2009 destaca el incremento en el financiamiento a través de los OFIS, el cual representa una opción estable de recursos para el Gobierno Federal en situaciones de volatilidad y escasez de liquidez en los mercados internacionales. La deuda bruta ante OFIS pasó de 10, 673 mdd en diciembre de 2008 a un saldo de 17, 144 mdd al cierre de 2009.
Los datos del paquete fiscal reflejan una política encontrada entre el poder legislativo y ejecutivo; los primeros aprueban un presupuesto más distributivo con una variación que supera el decreto aprobado, considera un aumento de 59 mil millones de pesos en el gasto total más con respecto a la propuesta inicial del ejecutivo federal. Así, los Estados y municipios gastarán de manera directa 13 de cada 100 pesos del presupuesto total del estado, por lo tanto, tendrán acceso directo a 482 155,4 millones de pesos, 13,0 % del mismo, mientras el 87, 0 % de los recursos son etiquetados por la federación, monto superior en 6, 86 % al año 2011. Por su parte, el déficit fiscal del sector público se elevará a 67 631, 5 millones, equivalente a 0, 4 % del PIB. Mientras la propuesta del ejecutivo ubicaba un déficit de 36 mil 700 millones de pesos, equivalente a 0, 2 % del PIB respectivamente.
En este contexto la economía en el país mantiene un ciclo de crecimiento estable hasta el tercer trimestre del año en que la tasa de crecimiento cae a 2, 4 % con respecto al trimestre anterior. Este ritmo de crecimiento no está respondiendo en materia de empleo (Gráfico 2) porque solo atiende las variables macroeconómicas, sin interesar los efectos microeconómicos, reflejándose la situación del empleo, cuyo crecimiento no es significativo tal como expresa en el número de afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).
Se pudo establecer que, las expectativas para 2012 no fueron muy alentadoras, dado que existió una alta volatilidad en los mercados financieros de Europa, situación que ha llevado a las empresas a contraer sus expectativas de crecimiento. En Estados Unidos, el panorama tampoco es positivo, los bajos índices industriales nos indican que la demanda de bienes manufacturados de México seguirá siendo baja por la escasez de políticas fiscales alentadoras en México.
También se puede decir que, en época de globalización, la economía puede enfocarse a proyectos productivos y políticas que incentiven la creación de instituciones financieras fuertes nacionales y empresas competitivas que sustituyan las funciones de empresas extranjeras. Para ello, es necesario enfocar los esfuerzos del país en una mejor distribución de la riqueza e implementar políticas públicas que fortalezcan el mercado interno.
La deuda pública, inversión y su relación con el gasto neto
En el caso del gobierno de Puebla, este gasta más de cinco veces en servicios personales y nóminas que en Desarrollo e Infraestructura de la Inversión Pública; o sea la burocracia se consume el presupuesto de la entidad (Informe estadístico, 2011). Así, el año fiscal de 2011, la obra de inversión pública y acciones de fomento estatales representaron solo $3, 580,6 millones de los $56, 988, 1 totales de egresos del gobierno del Estado de Puebla, es decir, 6, 3 %, según documentos del poder ejecutivo en sus estados de origen y aplicación de Fondos (SFAP 31 diciembre 2011). En contraste, más de $51, 698 millones fueron al pago de nóminas y servicios personales, operación de dependencias, servicios generales, materiales y suministros (gasto corriente) y, operación de organismos con participaciones, así como fondos de fortalecimiento y fomento-Fism- Fortamun, subsidios, transferencias (90, 8 %) del presupuesto respectivamente.
El ejercicio fiscal de 2011 prácticamente permanece estancado al igual que 2010 con remanentes poco significativos, después de registrar un ligero superávit en el primer año de la presente administración gubernamental, 2011 y 2017, como detallan las cifras derivadas de los ejercicios presupuestales 2011 generadas por la Secretaría de Finanzas y Administración. Así, prevaleció la dependencia de los recursos federales, pues de los $56 988, 1 millones de pesos de ingresos en el último año fiscal 2011, los impuestos estatales, derechos, productos, aprovechamientos, multas y recargos generados por el estado representaron apenas 5, 8 % de las arcas gubernamentales; lo cual limita la transcendencia de las políticas públicas viables en la entidad.
Para enfrentar la deuda pública, así como diversos créditos puente se destinaron durante 2011, $1 573 millones de pesos, alcanzando un nivel de cuentas y documentos por pagar dicho monto al 31 de diciembre de este último año. Durante 2011, el gobierno del Estado destinó solo 16, 0 % de sus egresos para inversión de obra pública y acciones de fomento al desarrollo en infraestructura, es decir el gasto de inversión representó $3 580, 6 millones de los $56 882 millones de pesos ejercidos. En contraste, $19 578 millones se fueron en el pago de nóminas, apertura de plazas y servicios personales, otros $2,424.1 millones para la operación de dependencias y $19 701, 9 millones en la operación de organismos con participaciones y fondos de fortalecimiento y fomento, que transfiere y subsidia la federación (infraestructura social municipal, aportaciones para el fortalecimiento del municipio, fondo forestal), así como salud y universidad pública.
Por lo tanto, no es sostenible la «Inversión Histórica de los 7 mil millones de pesos anunciada en el 1er. Informe de gobierno», en suma $5, 395 millones como monto total del presupuesto comprometido de la Inversión pública descrita en los 9 sectores, se nota un subejercicios- donde destaca «Desarrollo Urbano» con poco más de la mitad presupuesto ejercido en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla. Como reflexión se aprecia que es notoria la evolución de estos últimos indicadores de desempeño del presupuesto público del Índice de Equilibrio fiscal ya que, en lo que respecta al equilibrio Financiero- Fiscal solamente el año 2011 registra un ligero superávit de 0, 2 % respectivamente.
En el comportamiento de la deuda pública (Gráfico 3) por sectores se destacan la infraestructura, desarrollo urbano, al igual que el educativo y vías de comunicación.
Fuente: elaboración propia en base a1 Informe de gobierno 2012
Gráfico 3. Inversión pública por sectores en Puebla
Para 2012-2018, los fideicomisos del impuesto sobre la nómina y registro catastral, como consecuencia de las políticas de austeridad del ejercicio fiscal de 2011 el gobierno estatal se ha visto en la necesidad de plantear la utilización del crédito aprobado por el Congreso en diciembre de 2010 por 2 mil 500 millones y recortes presupuestales en participaciones y ramo 33. Un sostenido incremento en el monto de préstamos solicitados por los individuos se da por la razón de paliar la pérdida del poder adquisitivo y la falta de empleo como es constatable y empíricamente evidente en las tendencias del índice de pobreza laboral y, por lo tanto, la necesidad de recurrir a las tarjetas de crédito como instrumento microeconómico de financiamiento.
Sin embargo, tal situación se observa que el ingreso y el gasto del Estado se vio mermado por el impacto inflacionario del 4, 94 %, el más alto en 2011 con respecto a todo el país. Así, disminuyó aún más en términos reales, es decir, descontada la inflación el «poder adquisitivo» de los ingresos y egresos. Así la inversión pública en obras de fulgor secretario de infraestructura mencionó un monto de 9 mil millones de pesos sin que esto se soporte documentalmente en informes oficiales más que en la comparecencia presentada ante la LVIII legislatura del Estado. Se argumenta que el nivel de endeudamiento es consecuencia de la falta de educación financiera y de un comportamiento irracional «de administraciones pasadas».
El endeudamiento de los hogares en México ha aumentado por arriba del nivel de su ingreso, situación que ya tiene consecuencias macroeconómicas y esto es una trayectoria similar a la deuda pública interna, los grandes bancos e inversionistas institucionales, como fondos de inversión, están detrás del aumento sostenido en la oferta de financiamiento bancario y operan con el objeto de alcanzar mayor rentabilidad, liquidez de sus activos y diversificar el riesgo de sus inversiones. Más de 500 millones de pesos costará la deuda heredada del sexenio anterior en 2012-2018, en el primer año de la actual gestión se han pagado 642 millones de pesos por los pasivos y, de ese total se pagarán 100 millones de pesos al capital y el resto serán intereses a favor de los bancos Interacciones y BBVA-Bancomer respectivamente. (Gráfico 4)
Como se puede observar, el problema radica en la deuda directa total, la cual crece aceleramente más que la deuda bancaria, en menor medida las diferentes interacciones bancarios y acciones de gobierno para el financiamiento. El costo del capital (deuda contraída), es la de mayor peso para las finanzas del Estado, de no tener un control en la adquisición de deuda, es posible la insolvencia financiera. El problema es de suma importancia si consideramos una situación demasiada incomoda para la familia y las finanzas públicas, de las propias funciones del estado que en su momento no controló las acciones ilícitas de los funcionarios públicos del sexenio anterior y del actual.
CONSIDERACIONES FINALES
La deuda pública y su impacto en la economía está dado porque existe poca factibilidad en términos de la competitividad de las finanzas públicas del Estado de Puebla con otras entidades y a nivel nacional.
El manejo de las finanzas y el famoso apretón fiscal del 2011 más los incrementos inflacionarios que destruyeron prácticamente el presupuesto del año pasado, según primer informe de Gobierno representó $ 5 395 474, 46 miles de pesos en la entidad poblana.
En 2010, la inversión pública registró la cantidad de más de 6 mil millones de pesos como lo contienen los Informes de los Estados de origen y aplicación.
La bursatilización de impuestos en el sector empresarial ha aceptado que se juegue en la bolsa los más de mil millones de pesos que se recaban anualmente, sin que existe la posibilidad de ampliar, mejorar o instalar nuevos parques industriales pues, el anquilosado presupuesto de la Secotrade es de apenas el 1, 2 % del total del presupuesto; esto le resta competitividad al estado de Puebla a nivel nacional y del resto del mundo moderno.
