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INTRODUCCIÓN
El concepto «economía del cuidado» surge dentro de la corriente de pensamiento heterodoxo conocida como «economía feminista» y, desde sus orígenes, ha contribuido a actualizar el debate feminista sobre las formas de organización de la reproducción social, así como a reconocer el impacto de estas en la reproducción de la desigualdad. En este sentido, es una concepción que pretende, en primer lugar, visibilizar el papel sistémico del trabajo de cuidados en la dinámica económica en el marco de sociedades capitalistas; y, en segundo lugar, dar cuenta de las implicaciones que tiene la manera en que se organiza el cuidado para la vida económica de las mujeres.
Los antecedentes de la economía feminista pueden encontrarse hacia finales de la década de los sesenta. Surgió como una corriente de investigación que polemizaba sobre dos aspectos relativamente novedosos: la discusión conceptual sobre la naturaleza del trabajo doméstico y sus relaciones con el modo de producción capitalista; y la posición de clase de las mujeres y su relación con el movimiento socialista. Precisamente, este debate que buscaba comprender la relación entre el capitalismo y la división sexual del trabajo dio origen a lo que hoy se conoce como «economía feminista», de donde, a su vez, nace la expresión «economía del cuidado» (Esquivel, 2011).
Inspirado en tales concepciones, el presente trabajo aborda la problemática del trabajo y los cuidados desde la perspectiva de la economía del cuidado y las implicaciones que esto tiene para la igualdad de género, en el contexto cubano actual. Se ha estructurado en tres momentos: en el primero, se realizan algunas valoraciones conceptuales de partida, para posteriormente pasar al debate acerca de la situación actual de Cuba en estos tópicos. Finalmente, en el tercer apartado se incluyen algunas reflexiones dirigidas a las principales direcciones, que se deberán tener en cuenta en el diseño e implementación de políticas públicas.
1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE PARTIDA
Hacia finales de la década de los sesenta, un grupo de economistas se adentró en un interesante debate sobre la concepción marxista acerca del trabajo productivo e improductivo, hurgando en la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado, mayoritariamente a cargo de las mujeres. Esta discusión conceptual constituye el antecedente de lo que hoy se conoce como «economía feminista», desde el abordaje de la naturaleza del trabajo doméstico y sus relaciones con el modo de producción capitalista.
En consecuencia, la economía feminista es un campo de conocimientos que pone énfasis en la necesidad de incorporar las relaciones de género4 como una variable rele vante en la explicación del funcionamiento de la economía, y de la diferente posición de hombres y mujeres como agentes económicos y sujetos de las políticas económicas. Puede ser ubicada dentro del conjunto de miradas alternati vas que hace una contribución específica a explicar las raíces económicas de la desigualdad de género (Rodríguez, 2015). Desde tal perspectiva, realiza críticas a la economía neoclásica convencional, así demuestra la «ceguera de género» en la que se incurre al atribuirle al hombre económico (homo œconomicus) características que considera universales para la especie humana, pero que son propias de un ser humano varón, blanco, adulto, heterosexual, sano y de in gresos medios.
Es en este marco que surge la economía del cuidado, asociada a visibilizar, desde la economía, la cuestión del trabajo doméstico, la asistencia y el cuidado de otras personas del hogar o la comunidad. Actualmente, este concepto ha pasado a ser parte de la agenda de las Naciones Unidas, los gobiernos y activistas por los derechos de la mujer; y es utilizado para articular demandas de servicios de cuidado para niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades o algún tipo de discapacidad.
No obstante, a la hora de definir los cuidados, pueden encontrarse dos vertientes: una que incluye solamente el cuidado a personas dependientes (niños, ancianos, personas enfermas o discapacitadas); y otra más amplia que hace referencia a la supervisión de todas aquellas actividades que se realizan en la vida cotidiana, tanto hacia personas dependientes, como hacia las no dependientes.
Un elemento que coloca en ventaja el análisis del cuidado desde la economía del cuidado es que une los varios significantes de «economía» -el espacio del mercado, de lo monetario y de la producción, allí donde se generan los ingresos y donde se dirimen las condiciones de vida de la población- con el «cuidado», lo íntimo, lo cruzado por los afectos, lo cotidiano (Esquivel, 2011). Ello ofrece la oportunidad de realizar los análisis sobre el funcionamiento del sistema económico, al visibilizar estos aspectos en lo interno de los hogares y con enfoque de género, lo cual es muy importante para el diseño de políticas dirigidas a estas realidades.
Con esta perspectiva es interesante resaltar cómo la economía del cuidado cambia la lógica de análisis en la que el centro era el costo para los cuidadores -en su mayoría mujeres- hacia una lógica donde el centro del análisis es la contribución que realizan estos cuidadores -también en su mayoría mujeres- al bienestar de los que reciben cuidados. Todo esto valoriza el trabajo de cuidados y el aporte que brindan estas cuidadoras al funcionamiento del sistema económico.
Otro elemento de suma importancia aportado por la visión desde la economía del cuidado, referido al funcionamiento económico y en estrecha relación con los cuidados, es la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral. La organización del cuidado a lo interno de los hogares y el rol que juegan otras instituciones relacionadas con el cuidado es fundamental a la hora de definir cómo hombres y, en especial, mujeres, se enfrentan al mercado de trabajo.
Esta visión desde la economía del cuidado rompe con la idea, o al menos llama la atención, sobre la inexactitud de considerar que las personas realizan su elección del uso del tiempo, basada en las preferencias o en la racionalidad puramente económica, en particular, a la hora de decidir insertarse en el mercado de trabajo. Por el contrario, esta visión expresa la necesidad de tomar en consideración el papel determinante de las relaciones de género, especialmente relevante a la hora de explicar el mayor peso de las mujeres en las actividades de cuidado y su consecuente menor y peor participación en el mercado laboral.
Este debate tiene como base la llamada división sexual del trabajo, la cual suele asignar a hombres y mujeres tipos específicos de trabajo. Por lo general, corresponde a los hombres la responsabilidad del trabajo remunerado, mientras las mujeres son las encargadas del no remunerado, lo que proviene de la supuesta habilidad natural que estas tienen para realizar los trabajos de cuidado en los hogares.
De este modo, un dato recurrente de los estudios que miden el uso social del tiempo es que la carga total de trabajo está desigualmente distribuida entre hombres y mujeres; de aquí se desprende que ellas son las principales responsables del trabajo que se realiza en los hogares. Esta realidad las posiciona en desventaja a la hora de enfrentar el mercado laboral, el que demanda un «trabajador ideal», que sea capaz de emplearse a tiempo completo, asumir horas de trabajo en exceso a la jornada habitual y aceptar movilidad geográfica. Evidentemente, todo ello es mucho más complejo de asumir cuando se lleva la carga fundamental de cuidados en el hogar.
Aun así, a la vez que las mujeres han ido conquistando más derechos, han logrado un mayor empoderamiento social, no solo al acceder de manera creciente al mercado laboral, sino, incluso, al alcanzar responsabilidades en la vida política (especialmente en aquellas sociedades de mayores niveles de desarrollo social). No obstante, la permanencia de una realidad que las condena a la responsabilidad poco compartida de los cuidados en el hogar termina dando origen a la llamada doble jornada laboral y la respectiva sobrecarga que ello le impone a las mujeres.
Esta división sexual del trabajo es considerada por algunos como el eje central de la desigualdad de género, debido a que tales trabajos no remunerados acentúan la dependencia económica de las mujeres, en la medida en que su bienestar depende, en no pocas ocasiones, del bienestar de sus padres y esposos, lo que constituye un poderoso incentivo para prestar atención a las necesidades de los otros. De esta manera, el patriarcado se convirtió no simplemente en un medio de privilegiar a los hombres, sino también en una estrategia para asegurar una oferta adecuada de servicios de cuidado (Folbre, 2001).
Por consiguiente, la independencia económica de las mujeres no solo se ve afectada en el corto plazo, sino también durante la vejez, pues las pensiones y los beneficios de atención asociados con la jubilación tienden a depender del tiempo dedicado al empleo remunerado y, de manera particular, al empleo en el sector formal de la economía.
Toda esta realidad también agudiza las diferencias entre hogares ricos y pobres y entre mujeres de diferentes estratos socioeconómicos, porque las de menores ingresos no pueden adquirir en el mercado los servicios de cuidados que las puedan sustituir en sus labores domésticas, y así se reproducen los patrones de desigualdad. Ello, a su vez, conduce a que en una misma sociedad existan mujeres que puedan recurrir a recibir los cuidados de manera remunerada y otras, con bajos ingresos, que se encuentran restringidas en cuestión de tiempo e ingresos. Esta situación ha provocado el surgimiento de las cadenas globales de cuidados.
Este concepto se refiere a una serie de vínculos entre personas a lo largo del planeta basados en el trabajo remunerado y no remunerado de cuidados. En particular, se asocia al impacto de las migraciones de trabajadores desde los países pobres hacia los ricos, en los que se emplean en actividades domésticas remuneradas, transfiriendo, a la vez, sus propias responsabilidades de cuidado a otras personas (principalmente mujeres) del hogar (Durano, 2005). Las implicaciones de todos estos procesos son múltiples e involucran, entre otros aspectos, las condiciones de trabajo de las trabajadoras migrantes, la precariedad económica y afectiva de sus relaciones familiares, así como la importancia que tienen las remesas que ellas envían, en las economías de sus países de origen.
Por último, es importante resaltar que la división sexual del trabajo implica para las mujeres una segregación ocupacional en el mercado de trabajo y un aumento de su concentración en determinadas ramas que suelen ser de menor remuneración y reconocimiento social; todo esto agudiza las desigualdades de género en el mundo contemporáneo.
2. TRABAJO Y CUIDADOS: LOS RETOS ACTUALES PARA CUBA DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO
Desde los propios inicios de la Revolución cubana, el Gobierno emprendió una activa política social, fundamentada en principios de equidad y justicia social, sobre la base de colocar el bienestar de los seres humanos en el centro de atención. Bajo esta lógica de funcionamiento social, la igualdad de género constituyó uno de los principales pilares del accionar revolucionario y no son pocos los éxitos que Cuba tiene para mostrar en este campo a nivel regional e, incluso, mundial.
En 1959, el 23 % de las mujeres eran analfabetas, el 73 % subescolarizadas (Vigil-Escalera, 2017) y solo representaban el 17 % de la población activa y recibían un salario sensiblemente inferior al del hombre por un empleo similar. Su función se limitaba, en gran medida, a cumplir el papel de ama de casa encargada de las tareas domésticas (Lamrani, 2015).
Con las medidas emprendidas por el gobierno revolucionario a lo largo de estas seis décadas y el constante acompañamiento de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), creada en agosto de 1960, esta realidad fue cambiando. Consecuentemente, el país ha alcanzado importantes logros, reconocidos a nivel internacional en no pocas ocasiones.
De acuerdo al último Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2018), Cuba es el sexto país latinoamericano ubicado en el ranking mundial (lugar 73), según el Índice de Desarrollo Humano (IDH); superado por Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Panamá. Sin embargo, si se analiza el ordenamiento de los países de acuerdo al Índice de Desigualdad de Género (IDG), la nación caribeña asciende al tercer lugar, solo superada por Uruguay y Costa Rica. En la Tabla 1 puede observarse el ranking de los países de acuerdo a ambos índices y los cambios de posición que estos experimentan. Nótese que países como Chile, Argentina y Panamá, por solo citar aquellos que anteceden a Cuba en cuanto a su posición por IDH, pierden no pocos escaños cuando el análisis se realiza teniendo en cuenta la desigualdad de género (28, 34 y 43 posiciones respectivamente).
Tabla 1 Comparación de países de América Latina de acuerdo al IDH y al IDG
Fuente: elaboración propia, a partir de PNUD, 2018.
Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 (ONU, 1979). De ahí que la mujer cubana goce de un marcado protagonismo no solo en lo político y en lo económico, sino también en el ámbito social, a partir de los múltiples programas que se desarrollan para su beneficio, tales como el materno-infantil y el de detección precoz del cáncer cérvico-uterino y de mama, entre otros, que dan prioridad a enfermedades propias de la mujer y a procesos biológicos como el embarazo, la maternidad y el climaterio. Cuba fue el primer país latinoamericano que legalizó el aborto, el cual, además, se realiza de manera completamente gratuita en instituciones del sistema cubano de salud pública, partiendo del respeto al derecho de la mujer de decidir voluntariamente la interrupción o no de su embarazo.
Asimismo, las mujeres representan hoy en Cuba el 67,2 % de la fuerza de trabajo calificada del país, el 61,6 % de los estudiantes universitarios y el 48,6 % de los cargos decisorios, y constituye el tercer país del mundo de mayor proporción de asientos femeninos en el parlamento (PNUD, 2018). Todos estos resultados (y otros no mencionados) han sido fruto de la gran transformación social experimentada a lo largo del proceso revolucionario.
Sin embargo, pese a tales conquistas, aún queda un importante trecho por andar, en pos de la igualdad de género. En especial, debe superarse la idea de que la mujer es la principal responsable de los deberes domésticos y, dentro de estos, de las labores de cuidados. En el país se han introducido modificaciones en el marco legal para atenuar esta situación, quizás el caso más significativo es el Decreto Ley No. 234 de 2003 (CEPAL, 2003), según el cual no solo la madre puede solicitar la licencia para cuidar a sus hijos tras el nacimiento, también el padre puede hacerlo, una vez concluida la etapa de los tres primeros meses de lactancia materna. No obstante, la persistencia de estereotipos, patrones socioculturales machistas y roles de género preestablecidos continúan siendo factores que impiden su total consecución y mantienen vivo el mito de que la figura masculina no puede asumir un papel que por naturaleza es de la mujer.
En este sentido, es interesante destacar que un estudio realizado por (Marrero, 2016), consultora de la división de asuntos de género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), arroja que en dos municipios estudiados de la capital cubana, de un total de 23 610 personas que realizan los quehaceres del hogar, en el primero de estos (Boyeros) 23 111 son mujeres (97, 89%) y 499 hombres (2,11 %); mientras que en el segundo (Guanabacoa), de 13 446 personas, 13 195 son mujeres (98,13 % del total) y apenas 251 son hombres (1,87 %).
Esta realidad confirma que, pese a los logros descritos con anterioridad, aún persisten núcleos duros de la cultura patriarcal que no han podido ser transformados y las mujeres siguen siendo las responsables del trabajo doméstico. Por consiguiente, los avances alcanzados en cuanto a su inserción en el mercado de trabajo han reforzado la doble jornada femenina; esto aumenta la sobrecarga a la que son sometidas.
Esta situación, entre otros factores que podrían estar incidiendo, está teniendo una importante repercusión en la reducción de la tasa de actividad económica (relación existente entre la población económicamente activa y la población en edad laboral, expresada en por ciento), la cual ha descendido para las mujeres en casi ocho puntos porcentuales entre 2013 y 2018 (de 57,3 % a 49,5 %, respectivamente); además, es mucho más baja que la de los hombres (87,1 % en 2013 y 76,9 % en 2018) (ONEI, 2018). Lo anterior significa que, actualmente en Cuba, una de cada dos mujeres en edad laboral no se encuentra formalmente empleada.
Entre las posibles condiciones que podrían explicar tal situación pueden mencionarse la salida de las mujeres del mercado laboral formal, a cambio de su incorporación a empleos informales mejor remunerados que sus actividades anteriores; su salida para dedicarse a las labores domésticas y/o de cuidados, por no contar con todos los apoyos institucionales necesarios (hijos pequeños, hijos con discapacidad, adultos mayores en el hogar); o bien la decisión de no trabajar, pues su remuneración no es suficientemente elevada y se dedican a las labores domésticas, aunque no tengan ninguna persona dependiente en el hogar. En estos dos casos, y especialmente en el último, vivir de la manutención de su esposo, padres, hijos u otros familiares, está contribuyendo a reforzar la situación de dependencia económica de las mujeres, lo cual restringe el pleno goce de sus derechos y libertades. En este sentido, el diseño e implementación de políticas públicas deberán diferenciarse de acuerdo a las diversas circunstancias que están propiciando esta realidad.
Todo ello se agrava aún más si se tiene en cuenta el proceso de envejecimiento que enfrenta el país en la actualidad, donde el 20,4 % de la población tiene 60 años o más y se estima que en 2030 esta proporción llegue a ser del 30,1 % (ONEI, 2018). Es cierto que el envejecimiento poblacional en el país no puede interpretarse como un fenómeno negativo, sino más bien como el resultado lógico y positivo del desarrollo social, del acceso universal de la población a la educación y la salud, del disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, y de la garantía de la seguridad y asistencia sociales; así como del proceso de emancipación de la mujer que ahora busca su plenitud humana en diversos ámbitos y amplía su horizonte de realización, antes limitado primordialmente al papel de procreadora (Marrero, 2016); sin embargo, este envejecimiento poblacional sí constituye un reto importante para la equidad de género, al presionar hacia una mayor demanda de cuidados de adultos mayores, en un contexto donde las instituciones que prestan atención a la tercera edad aún son insuficientes.
Así, pese a los esfuerzos realizados a partir del 2013 por el gobierno cubano y, especialmente, por el Ministerio de Salud Pública5, el número de hogares de ancianos, casas de abuelos y hogares para discapacitados sigue siendo insuficiente para las necesidades de la población. En consecuencia, el cuidado está recayendo, fundamentalmente, sobre las familias, las cuales elaboran sus propias estrategias para asumir tales responsabilidades. Utilizan el servicio de cuidados que brindan agentes privados, si su poder adquisitivo se los permite; pero cuando ello no es posible, en la mayoría de los casos, asume el cuidado algún miembro femenino del hogar que tiene que abandonar su empleo o, cuando no se produce la salida total del puesto de trabajo, ve limitado su desempeño y desarrollo profesional. Ello también incide en la diferenciación social que se va gestando en función de los niveles de ingreso que tenga cada hogar.
Finalmente, resulta también interesante tratar -desde la visión de los cuidados- el efecto de las políticas recientes de reordenamiento del régimen de estudiantes internos, que implicó un descenso del número de estudiantes becados de 169 907 en el curso 2011-2012, a 144 610 en el 2018-2019 (ONEI, 2018). Bajo estas condiciones, los hogares comienzan a apropiarse de gastos que antes eran servicios prestados por el Estado, como la atención a la alimentación, higiene, vestuario (uniformes), calzado, transporte de los estudiantes, entre otros; todo esto contribuye al incremento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en los hogares (Junco, 2013).
Algo similar ocurre con relación a los cuidados que se realizan en los hogares asociados a la salud, los que constituyen una acción complementaria de los cuidados que reciben los enfermos en las instituciones sanitarias. Un ejemplo son las cirugías de mínimo acceso que disminuyen la estadía hospitalaria, por lo que recaen en las familias los cuidados posteriores de recuperación que requieren los pacientes, para garantizar su cura definitiva (Junco, 2013). En los últimos diez años, las cirugías de mínimo acceso han aumentado en Cuba de 26 000 a 49 000 anuales (García, 2017).
A partir de este panorama, se impone la necesidad de la actuación de las instituciones públicas, a favor de políticas y programas que impacten con efectividad sobre tal realidad. A reflexionar sobre algunas de estas cuestiones, se dedica el siguiente apartado.
3. ALGUNAS REFLEXIONES HACIA EL DISEÑO DE POLÍTICAS
Las transformaciones a las que se enfrenta actualmente Cuba imponen la necesidad de que la perspectiva de género se mantenga como una constante en el análisis de los problemas. A pesar de los avances en materia de derechos y oportunidades de las mujeres, aún no se logra superar completamente el patrón tradicional de división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres el papel de principales cuidadoras y responsables del trabajo doméstico y de cuidados. Esta realidad impone que las políticas públicas internalicen el hecho de que la mujer sigue llevando el peso fundamental de las labores domésticas y de cuidados, con el correspondiente impacto en la equidad de género. De ahí la necesidad de avanzar en el diseño e implementación de acciones que contribuyan a incrementar y mejorar los servicios de apoyo al hogar, especialmente los vinculados al cuidado (niños, adultos mayores y familiares con algún tipo de discapacidad).
En este sentido, es importante destacar que, aun cuando la infraestructura de los servicios de cuidado se ha desarrollado a lo largo de los años, no logra cubrir la demanda, en particular de aquellos destinados a niños y adultos mayores. Lo anterior adquiere una mayor relevancia en condiciones de creciente envejecimiento poblacional, tanto por el incremento de la población de 60 años y más, como por el hecho de que se quiera elevar la fecundidad, para lo cual hay que garantizar también las condiciones que requiere la primera infancia.
Por consiguiente, las políticas no solo deberán dirigirse a apoyar a los hogares en los trabajos de cuidados, sino que deben tributar al incremento de la corresponsabilidad social que alivie la sobrecarga de las mujeres y que se distribuyan de manera más equitativa esos trabajos de cuidados en los hogares. Para ello, será imprescindible continuar avanzando en sensibilizar y capacitar en cuestiones de género a los decisores e implementadores de políticas y programas sociales, en general, y de cuidados, en particular.
Además de este necesario apoyo del Estado, es preciso que el diseño de políticas incluya a los otros dos elementos de la arquitectura sobre la que se provee el cuidado, la cual incluye, además de la familia y el Estado, al mercado y la comunidad, todos los cuales conforman el denominado «diamante del cuidado» (Razavi, 2017).
En el caso cubano, la realidad actual es que no todas las personas necesitadas de cuidados los reciben desde la modalidad estatal, a partir de la aparición de alternativas privadas en los últimos años, con la aprobación de las licencias para el trabajo por cuenta propia de las modalidades de «asistente para el cuidado de niños» y «cuidador de enfermos, personas con discapacidad y ancianos». Este hecho obliga a que el diseño de políticas tenga en cuenta a estos nuevos agentes económicos que brindan sus servicios de cuidados a través del mercado y se potencien alianzas público-privadas que con una visión de género tributen a mejorar la realidad cubana actual.
Es importante recalcar que no siempre quienes ejercen estas actividades por cuenta propia están suficientemente preparados para realizar esta sensible labor, de ahí la necesidad de que el Estado brinde asesoría metodológica y conocimiento a quienes se encargan del cuidado de niños, niñas y personas ancianas, y los certifiquen de acuerdo a los parámetros de calidad que se establezcan.
Por otro lado, se deben desarrollar mecanismos que den seguimiento y evalúen el impacto de las políticas desarrolladas, para lo cual habrá que continuar avanzando en los procesos de medición del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Estos deberán considerar -conjuntamente con medir los beneficios sobre los grupos de personas dependientes- el beneficio en las personas cuidadoras, especialmente su repercusión en la autonomía de las mujeres. Así, en el afán de lograr mediciones de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y persiguiendo el objetivo de dar seguimiento y evaluar de manera adecuada las políticas implementadas, es necesario disponer de estadísticas amplias y fiables que permitan distinguir cambios en las relaciones de género.
Por último, el diseño de políticas debe tener en cuenta un debate importante de la sociedad cubana actual en la que la alta participación social de las mujeres en la economía, sumado a la permanencia de patrones sexistas que consideran las labores de cuidado como responsabilidad principalmente de las mujeres, puede desembocar en una potencial zona de conflicto.
En este problema -que tiene a la mujer como centro-, la familia y la sociedad necesitan del trabajo productivo de las mujeres en edad laboral para sostener a la creciente población dependiente, por ser la fuerza de trabajo de mayor calificación en el país. Al mismo tiempo, se requiere que las mujeres en edad fértil tengan hijos, sin embargo la cultura patriarcal les demanda el cuidado de los menores y adultos mayores.
Superar esta zona de conflicto no se limitará solo a la aplicación de políticas económicas, políticas para transformar la situación demográfica o políticas de género que logren valorizar el aporte femenino a la sociedad y el costo de que estas abandonen el empleo y vuelvan a los hogares. La respuesta a superar este conflicto demandará un enfoque integral sobre las necesidades de cuidados en la sociedad, que incluya abordar este conflicto desde una perspectiva de igualdad de género, sustentada tanto en la necesaria corresponsabilidad del cuidado entre mujeres y hombres, y entre las familias y el resto de los agentes que ofrecen cuidados, como en la correlación entre el trabajo remunerado y el no remunerado. A superar este importante reto está llamada hoy la sociedad cubana actual.
