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INTRODUCCIÓN
Los inicios del año 2020 anunciaban la expansión de una enfermedad altamente contagiosa bajo el nombre de COVID 19. La región China de Wuhan, donde ocurrió la mutación de este virus a una cepa desconocida, reportó a fines del mes de enero 6 000 infectados y la muerte de 132 personas (Cubadebate, 2020). Lo peor hasta el presente es que este padecimiento se ha diseminado por el mundo y, a pesar de todos los esfuerzos, no existe aún vacuna disponible.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la COVID-19 como un virus perteneciente a la familia de los coronavirus, responsables de causar en los humanos infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) (Organización Mundial de la Salud, 2019).
El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la epidemia como una pandemia debido a sus altos niveles de propagación (Organización Panamericana de la Salud, 2020). Mientras, el distanciamiento social se instituyó como medida de prevención para frenar su crecimiento exponencial. Pero ello comprometía la paralización de la actividad económica, con considerables consecuencias en una economía internacional globalizada y con signos de desaceleración en 2019, mostrando su peor tasa de crecimiento con un 2,5 % (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020).
Los impactos inmediatos en las empresas y el Estado no solo conllevaban erogaciones de liquidez en función de la protección de sus ciudadanos, sino también el diseño, en tiempo récord, de infraestructuras para detener el número de muertes. Ante esta urgencia, era perentorio repensar en políticas económicas de asistencia social, rediseño de sistemas de salud, moratorias de pagos, entre otros.
Lo acontecido en los países desarrollados de Europa con el colapso de los sistemas sanitarios en los casos más agudos de España e Italia- fueron ejemplos contundentes de los vacíos en los planes de contingencia ante una crisis sanitaria.
Por su parte, en Latinoamérica esta singular y alarmante situación de salud unificó la crisis multidimensional del sistema capitalista, junto a temas acumulados en el tiempo como la debilidad de sus políticas fiscales, el asunto de los altos intereses de su deuda, la carencia de sistemas públicos de salud a nivel nacional tanto en las zonas urbanas como rurales, el encarecimiento de las tasas de interés de préstamos internacionales para inyectar liquidez, su debilidad en la inserción de cadenas globales de valor, los altos niveles de desigualdad social, entre los más inquietantes.
Centroamérica, a pesar de compartir semejanzas con Latinoamérica, presenta matices diferentes. Por ello, el interés de este trabajo en caracterizar los probables impactos de la COVID-19, teniendo en cuenta cinco ideas esenciales: la COVID-19 en Centroamérica, el impacto económico estimado para los Estados centroamericanos, los impactos pronosticados país por país, las decisiones comunes adoptadas por los Estados en Centroamérica después de la COVID-19, y los proyectos de leyes aprobados.
Se ha utilizado como elemento metodológico la integración de contenidos de organismos internacionales de referencia que han anunciado los posibles impactos en la subregión, sobre la base de un escenario de gran incertidumbre y variables derivadas de pronósticos.
Como proceso en desarrollo, aún es imposible presentar una caracterización definitiva de los choques causados por la pandemia en el ámbito económico social, a los que se añadirán más elementos en la medida que transcurra el tiempo. Este trabajo cierra la búsqueda de información el 4 de julio de 2020.
1. LA COVID-19 EN CENTROAMÉRICA
Los primeros casos reportados en Centroamérica1 se diagnostican a partir del 9 de marzo (Sistema de la Integración Centroamericana [SICA], 2020a). El 14 de marzo los países miembros del SICA suscriben la Declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana ante la pandemia del COVID-19 (Sistema de Integración Centroamericana, 2020d). Según el Sistema de Integración Centroamericana (2020c), entre marzo y junio de 2020 se han reportado 32 239 casos confirmados, lo que representa el 0,06 % de su población que asciende a 49 523 106 habitantes.
El país que más contagios registra es Panamá (Figura 1) con 15 044 casos confirmados y la mayor cantidad de fallecidos (363); mientras que Nicaragua presenta el menor número de casos confirmados (1 118), aunque no el menor número de fallecidos (46), pues Costa Rica muestra la menor cantidad de estos (10).
Centroamérica exhibe contrastes al interior de los países en cuanto a los resultados del abordaje de la pandemia. La elevada cifra de casos confirmados en Panamá constituye una alerta y contribuye a constatar los impactos de la política económica neoliberal en el sistema de salud. El período 2005-2015 nos ofrece antecedentes, donde se aprecia constante el gasto público en salud anual -en un 4 %- como porcentaje del producto interno bruto (PIB) (Banco Mundial, s.f.).
La mayoría de los países en Centroamérica que han enfrentado la COVID-19 lo han hecho con una infraestructura de salud fragmentada y, excepto Nicaragua, todos asumen políticas económicas neoliberales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020), en 2018 ninguno de los países de la subregión contaba con un número elevado de camas de hospital por cada 1 000 personas; este asunto es una herencia del pasado difícil de resolver.
No obstante, el peso de la integración de sus países en mecanismos de cooperación en casos de desastre a nivel gubernamental y ministerial, en el intercambio comercial y la toma de medidas consensuadas con respecto a las políticas económicas implementadas se aprecia como un elemento favorecedor ante la crisis sanitaria. En tal sentido, desde el 2008 el trabajo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha constituido una fortaleza en la subregión y una prioridad en la preparación de mejoras en la salud. El proyecto «Hospitales seguros y riesgo urbano» se ha llevado a cabo en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y zonas fronterizas entre Panamá y Costa Rica (Organización Panamericana de la Salud, 2020).
Según el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (2020b), su actual presidencia pro témpore en Honduras ha liderado negociaciones para el descongestionamiento de más de 1 500 camiones que se encontraban en el paso fronterizo Peñas Altas entre Nicaragua y Costa Rica. Además, ha considerado como un hecho histórico la primera resolución conjunta del Consejo de Ministros de Comercio (COMIECO) y el Consejo de Ministros de Salud (COMISCA): Lineamientos de bioseguridad ante la COVID-19, para el transporte de carga terrestre centroamericano, todo ello en aras de propiciar la fluidez del comercio y evitar el desabastecimiento (Aduana News, 2020).
Al mismo tiempo, entre los aspectos contradictorios destaca Panamá como el primer país en Centroamérica que permitió conocer el origen geográfico del virus y facilitar el trazado epidemiológico, lo que le permitirá adaptar las vacunas cuando estén disponibles (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2020). El Instituto conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 2 perteneciente al Ministerio de Salud, logró la secuenciación completa de 41 genomas del SARS-CoV 2. Aunque desde los años 1990 este instituto fue tutorado por los EE. UU., esto resulta uno de los aspectos interesantes del área centroamericana.
Nicaragua muestra una situación más favorable que el resto de sus vecinos, lo que evidencia que las políticas adoptadas por el Frente Sandinista son consistentes con la seguridad y salud de sus ciudadanos. Esto sucede a pesar de que fue uno de los países más golpeados en el año 2019, por el descenso de su PIB en un 40 % (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019), agravado por medidas coercitivas de los EE.UU. y un constante acecho político, además, de la Comisión Europea quien la ha incluido en la lista de terceros países que presentan deficiencia estratégica en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo (Sistema de la Integración Centroamericana, 2020b).
Costa Rica exhibe la tasa más baja de mortalidad. Y, aunque no es la «Suiza» de América, posee como ventaja la existencia de un sistema de salud a nivel nacional, además de efectuar pruebas diagnósticas diarias sin costo. De acuerdo al Informe del Banco Interamericano de Desarrollo (2020), la OMS expresa que este país cumple, entre 60 % y 80 %, con los lineamientos para manejar eventos de salud pública, establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional.
Antes de esta dura epidemia, la subregión contaba con una articulación de Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana (2016-2020), aprobado en San Salvador en diciembre de 2015 por el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA). En su despliegue el objetivo estratégico No. 4 se proponía fortalecer el acceso universal a la salud y la cobertura universal en salud en el marco de la garantía del derecho a la salud (SE-COMISCA, 2016).
Aunque la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en 2013, constata lentitud en la reducción de la mortalidad en niños menores de 5 años en Honduras y Panamá, además de lentitud en el combate al VIH-Sida y otras enfermedades, en Honduras y Costa Rica la existencia y puesta en práctica de un plan unificado antes de la COVID-19 permite comprender una leve disminución de los efectos en Centroamérica (SE-COMISCA, 2016).
2. IMPACTO ECONÓMICO ESTIMADO PARA LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS
Los impactos económicos que se refieren a continuación deben ser entendidos como choques, golpes a los procesos de la vida económica, muchos de los cuales tienen su origen en el devenir del proceso de desarrollo capitalista. La gran mayoría de estos impactos contienen predicciones del crecimiento económico de organismos especializados como la CEPAL, el BID, el SICA, quienes coinciden en un agravamiento de los problemas sociales producto de un posible escenario de crisis económica derivada de la pandemia.
La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) (2020) ha estimado como pronóstico para Centroamérica una tasa de crecimiento en 2020 negativa entre -2,9 y -6,9 %, luego de un crecimiento real en 2019 de 2,0 %. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020, p. 5) enumera cinco canales externos de transmisión de las afectaciones de la pandemia a la región latinoamericana y de la cual no está exceptuada Centroamérica. Ellos son:
Disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales.
Caída de los precios de los productos primarios.
Interrupción de las cadenas globales de valor.
Menor demanda de servicios de turismo y la intensificación de la aversión al riesgo.
Empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.
Con relación a la disminución de la actividad económica en materia de exportaciones, la CEPAL señala una situación más favorable para Centroamérica por una caída menor que el promedio de la región, debido a sus vínculos con los Estados Unidos y su menor exposición a la disminución de los precios de los productos primarios. Según Naciones Unidas (2017), exceptuando a Panamá, en 2017 las importaciones de la subregión a EE. UU. superaron el 30 % y las exportaciones con destino a Norteamérica tienen un peso de un 40 %. De la totalidad de países, Costa Rica será la nación más afectada con una disminución de -7,1 en la dinámica de exportación del sector manufactura con destino a EE.UU., pues su PBI depende de la oferta y la demanda estadounidense. Se pronostica para la subregión un descenso de un -1,3 % de volumen de sus exportaciones y un -2,7 % de los precios (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020).
Según el Banco Interamericano de desarrollo (2020), la COVID-19 impactará en el sector de servicios y dentro de ellos específicamente el turismo, con una estimación de su descenso por los niveles en que compromete al PIB, donde en orden descendente calculan para Panamá un 6,8 %, Costa Rica un 6,3 %, Guatemala un 6 % y Nicaragua un 3,1 %.
Considera Rogoff (2020) que la pandemia COVID-19 implicará tanto un choque de oferta como de demanda. Para los países centroamericanos dependientes de suministros que ofrecen las cadenas globales de valor, se verán reducidos los insumos los cuales proceden en su mayoría del país más afectado por la pandemia: EE. UU. Por otro lado, la contracción en el consumo de los hogares por la pérdida de poder adquisitivo tendrá efectos en el corto plazo. En este escenario, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020) ha calculado para América Latina y el Caribe una disminución de un 5 % en los ingresos de la población económicamente activa y ha vaticinado un aumento de 23 639 000 personas que vivirán en la pobreza con respecto a 2019.
Los impactos económicos en Centroamérica se han visto aminorados macroeconómicamente, por la posición de la subregión en las exportaciones hacia el mercado estadounidense, aunque esto dependerá a largo plazo de un control efectivo de la pandemia en EE. UU. y el intercambio comercial entre sus países, a través del mercado común centroamericano. Aunque los efectos sociales asociados a la disminución de la actividad económica visualizarán los contrastes de las políticas neoliberales en la subregión.
3. LOS IMPACTOS PRONOSTICADOS PAÍS POR PAÍS
3.1. Costa Rica
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2020), el pronóstico de crecimiento hecho por S&P (Standard & Poor's, agencia de calificación de riesgo) augura una contracción del PIB en 1,5 % y un mayor deterioro de las finanzas públicas en 2020 con un déficit fiscal del 7,7 %, lo que llevaría a un aumento de la deuda de 58,5 % en 2019 a 65 % en 2020. Todo ello en condiciones de largo plazo para reiniciar su ciclo económico con los EE. UU., principal socio económico con el 41,2 % de las exportaciones y 38,3 % de productos importados a Costa Rica.
El presidente Alvarado solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), abogando para que los términos de la asistencia financiera en este contexto sean excepcionales en cuanto a interés, período de gracia y tiempo de pago.
El Banco Interamericano de Desarrollo (2020) estima una afectación de más de 200 mil empleos, llevando al desempleo al 19 % (actualmente 12 %), mientras que la pobreza podría aumentar 5 p.p. (período de pago) Según encuesta de Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID Gallup) (2020), 60 % de las familias no podría sobrevivir económicamente después de 6 semanas sin ingresos.
3.2. El Salvador
Según El Banco Central de Reserva, por cada punto porcentual que se contrae la economía de EE. UU., la de El Salvador se contrae en 0,8 p.p. El BID estima una reducción del PIB de un 2 % si la economía estadounidense cae entre -1,8 y -3,5 %. Además, refiere que una baja en las remesas procedentes de EE. UU. entre un -5 y -11 % impactará en problemas de liquidez inmediata. Asimismo, señala que «bajo los lineamientos actuales dicha política presenta errores de inclusión y exclusión» (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020, p. 18).
El 19 de marzo el Gobierno colocó USD 440 millones de deuda de corto plazo mejor conocida como (LETES) a una tasa de 9,5 % con plazo de un año para cubrir dos tipos de apoyos: al sector productivo y los hogares. La transferencia cubriría entre 70 y 75 % de los hogares catalogados como vulnerables por la emergencia. Se calcula que el número de pobres podría llegar a 600 mil personas. La clase media consolidada se reduciría de 22 a 17 % de la población, la clase media vulnerable de 47 a 43 %, y la pobreza se incrementaría de 28 a 39 % (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).
Otro de los elementos contradictorios que inciden en lo expuesto anteriormente es la no indemnización a las familias que queden sin trabajo en el turismo o los restaurantes, así como la no indemnización a los que cuidan a personas infectadas.
3.3. Guatemala
Según el Banco de Guatemala (BANGUAT), en 2019 el comercio exterior de bienes del país era de una composición de 61,3 % dirigido hacia la industria manufacturera cuyo destino fue EE. UU. en un 32 % y en la misma proporción los países de Centroamérica más República Dominicana (CARD). Ello visualiza una mejor salida de su economía desde la integración regional. El turismo representa el 6 % del PIB por lo que el cierre de esta actividad se estima afectará sobre todo a 500 mil empleos indirectos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).
3.4. Honduras
En la actividad agrícola, el riesgo latente es en la producción de café, pues este se exporta a países europeos (59,7 %), principalmente a Alemania, y también a Norteamérica (21,8 %) -EE. UU. y Canadá-. Además del impacto en el crecimiento derivado de los efectos en Estados Unidos, los otros canales de transmisión que afectarían la balanza de servicios serían una menor entrada de las remesas y exportaciones por maquila, así como una disrupción en el turismo y de inversión privada.
Según el BID, Honduras presentará una mayor crisis sanitaria al no establecer controles epidemiológicos en puntos de ingresos terrestres, aéreos y marítimos, no construir o preparar hospitales, no indemnizar a las personas que se queden sin trabajo en los sectores de servicios en restaurantes y turismo. Es un país con un poco más del 80 % bajo informalidad, combinado con un subempleo del 60 %, lo cual se vincula con una considerable desigualdad y pobreza (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). Sus habitantes sufrirán con mayor impacto las consecuencias de una recesión prolongada.
3.5. Nicaragua
El Ministerio de Salud (MINSA) explicó que se han preparado 19 hospitales del país, junto con su personal médico, para atender oportunamente cualquier caso relacionado con la COVID-19. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2010), se afectarán las exportaciones que ya presentaron severos daños en 2019, pues el 42,3 % de ellas tienen como destino los EE. UU. y las inversiones.
3.6. Panamá
La exportación de cobre se vería afectada por la reducción en los precios internacionales. Se espera que este sector, del que se estimaban exportaciones por 2,6 % del PIB en 2020, se vea muy afectado por la reducción de precios internacionales.
La más importante fuente de ingresos, de este país es su canal que representa el 4,2 % del PIB y los aportes que realiza al Estado rondan el 21 % de los ingresos corrientes del Gobierno Central. Al estar en franca disminución esta actividad, su Gobierno emitió un bono internacional por USD 2 500 millones el 26 de marzo, primera emisión de la región desde que empezó la pandemia. Este bono vencerá en el año 2056 y se colocó a una tasa del 4,5 % (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).
4. DECISIONES COMUNES ADOPTADAS POR LOS ESTADOS DE CENTROAMÉRICA DESPUÉS DE LA COVID-19
Después de darse a conocer los primeros casos, los Estados centroamericanos adoptaron medidas comunes como:
Petición de acceso a créditos internacionales en condiciones de excepcionalidad.
Moratoria en el pago de servicio de electricidad por tres meses.
Moratoria en el pago de impuestos.
Readecuación de deudas a personas y empresas afectadas por la COVID-19.
Suspensión de clases en centros educativos y cierres de centros de reunión social.
Prohibición del ingreso de extranjeros al país.
Aplicación del teletrabajo.
Regulación de precios de productos de higiene.
Restricción vehicular.
Cierre de restaurantes.
Como se aprecia, en primer orden se ubica la falta de liquidez de los Estados para enfrentar la crisis sanitaria. Y, en otro orden, no se observa una particularización de aquellas personas que trabajan tanto en el sector servicio como en manufactura. Tampoco se encuentran estadísticas exactas de ello, lo cual incide en que no se pueda hacer una caracterización más profunda de estos sectores que agrupan a una buena parte de trabajadores informales.
5. PROYECTOS DE LEYES APROBADOS CON RELACIÓN A LA COVID-19
Dentro de la heterogeneidad de países pueden observarse aquellos que más leyes de trascendencia económica social han adoptado, entre los que se destaca El Salvador y Guatemala. Se especifica la ausencia de información de Nicaragua.
5.1. Costa Rica
El Congreso, en un primer debate, aprobó el retiro parcial o total del Fondo de Capitalización Laboral para asalariados con reducción de jornada laboral o suspensión del contrato. El Gobierno propuso al Congreso un subsidio de hasta USD 340 para asalariados e independientes, cuyos ingresos se vean reducidos sobre la base de un fondo de un ₡225 mil millones (euros), financiados mediante el diferencial en la caída del precio del petróleo y recorte de gastos.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) realizó un aporte extraordinario del para ampliar la cobertura del subsidio laboral. Además, se creó un seguro de desempleo y un bono alimenticio para personas en condiciones de vulnerabilidad.
5.2. El Salvador
El 14 de marzo, con vigencia por 30 días, se aprobó La Declaración de Estado de Emergencia (DL 593) que incluyó:
Limitación de la circulación de las personas.
Prohibición de toda clase de espectáculo.
Establecimiento de precios máximos para los artículos y servicios relacionados a la pandemia por parte de la Defensoría del Consumidor.
Comunicación urgente a la Asamblea Legislativa de las asignaciones presupuestarias.
Suspensión de clases y labores académicas.
Cesación de labores de trabajadores del sector públicos no vitales para la emergencia.
La nueva Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales (DL 611), aprobada el 29 de marzo con vigencia de 15 días (hasta el 13 de abril de 2020) incluye restringir libertad de tránsito y de reunirse pacíficamente con el objetivo de atender la pandemia de la COVID-19 (Ministerio de Gobernación de El Salvador, 2020). No se limita la libertad de expresión ni de difusión de pensamiento, se permite la privacidad en las telecomunicaciones, así como el ingreso de nacionales al país acatando la cuarentena requerida. El Plan de Respuesta y Alivio Económico fueron dos medidas enviadas el día 19 de marzo de 2020 a la Asamblea Legislativa y aprobadas en los días consiguientes. Estas medidas buscan atender a aquellas personas naturales y jurídicas directamente afectadas por la pandemia.
5.3. Guatemala
Según el BID, El Congreso aprobó dos préstamos por USD 450 millones para enfrentar la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus en Guatemala. El primero es de USD 200 millones con el Banco Mundial, el cual fue inicialmente programado para políticas de gestión de desastres naturales. El segundo es de apoyo presupuestario con el BID por USD 250 millones.
Además, el Congreso aprueba ampliación presupuestaria por USD 1,5 mil millones, conocida como Ley de Rescate Económico, la cual será financiada con la colocación de bonos. A través de la aprobación del Decreto 13-2020 (Congreso de la República de Guatemala, 2020a), estos recursos se destinarán a apoyar la economía familiar de los afectados por el coronavirus y será repartida del siguiente modo: Fondo Bono Familia de USD 780 millones, que se utilizará para aporte de USD 130 por hogar por 3 meses; USD 260 millones (Fondo de Protección del Empleo), exclusivamente para trabajadores del sector privado, con ayudas de hasta USD 10 por día; los restantes USD 390 millones serían para créditos con intereses blandos para comerciantes, cooperativistas y empresas (USD 52 millones destinados para las MIPYMES) (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).
Se aprueba un préstamo del BID por USD 60 millones. El Congreso aprobó el Decreto 14-2020 que contempla un apoyo económico hasta por USD 60 millones para el Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público (Congreso de la República de Guatemala, 2020b). Asimismo, aprobó el Decreto 15-2020, el cual determina la manutención de los servicios de agua, cable, luz, teléfono e internet (Congreso de la República de Guatemala, 2020c). El Crédito Hipotecario Nacional (CHN) pondrá a disposición un crédito específico para las empresas prestadoras de esos servicios y que debe ser similar al monto de los convenios entablados con los usuarios comprometidos con los pagos. Además se previó una indemnización de las personas que se queden sin trabajo en el sector turismo, aportación de USD 240, pero no se define período de tiempo.
5.4. Panamá
Se aprueba la emisión de bono internacional por USD 2 500 millones: según el BID, el 26 de marzo este país realiza la primera emisión de la región al 2056, colocándose a una tasa del 4,5 %. Además, se autoriza al Gobierno usar los recursos del Fondo de Ahorro de Panamá (USD 1 325 millones).
Además, se admite la flexibilización de condiciones financieras: se autorizó a los bancos a utilizar las provisiones dinámicas (USD 1 252 millones) para llegar a acuerdos de períodos de gracia y plazos de pagos, según su criterio, con los clientes afectados. Veintidós bancos que representan el 90 % de la cartera local anunciaron una prórroga automática sin recargos para los próximos tres meses para el pago de tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecarios y de autos a clientes afectados (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).
Según el BID, el Plan Panamá Solidario es para apoyar a personas afectadas y cuenta con un fondo inicial de USD 50 millones. Este contempla la distribución de cupones, bolsas de comida, medicinas y tanques de gas a por lo menos un millón de personas, priorizando trabajadores informales y afectadas por el impacto económico de la pandemia. El Ministerio del trabajo suspendió los contratos laborales y, de esta manera, las empresas que cierran no están obligadas a pagar salarios. Del mismo modo, se brinda apoyo al sector agropecuario: el Gobierno, según el BID, anuncia garantizar la compra de USD 20 millones en carnes y granos a pequeños productores.
En Centroamérica no se observa un desescalamiento rápido de esta pandemia. Costa Rica, uno de los países más favorables en el enfrentamiento a la COVID-19, emitió restricciones el 3 de junio para cinco de sus distritos en la zona Norte ante el aumento del número de casos. Panamá, quien posee el mayor número de infectados, a partir del 1 de junio permite la movilidad de personas de 5:00 a.m. a 7:00 p.m. y permitió el comienzo de la apertura del segundo bloque en las empresas mediante lineamientos de salud (Sistema de la Integración Centroamericana, 2020b).
CONSIDERACIONES FINALES
En Centroamérica el impacto de la COVID-19 en los servicios sanitarios ha tenido diferentes matices, pero como generalidad no ha provocado crisis sanitaria. Los mecanismos de integración y la colaboración entre sus países han posibilitado minimizar los efectos de la pandemia mediante el trabajo conjunto de las secretarías de salud en la subregión.
Los impactos que se pronostican desde el punto de vista macroeconómico al crecimiento económico en la subregión son menores que los de la región Latinoamericana y en esto influye la posición de los vínculos de Centroamérica con los EE. UU., la disminución en el comercio de bienes de exportación de productos primarios y la dinámica de la integración centroamericana.
Aunque los Estados de Centroamérica han adoptado medidas en corto plazo para enfrentar la pandemia, es recurrente la solicitud de préstamos a organismos internacionales, profundizando las consecuencias de un endeudamiento a largo plazo. El aumento de la desigualdad social, presente desde antes de la COVID 19, se presume como uno de los aspectos más complejos de solucionar en una posible recuperación, ya que estará en correspondencia con la asunción de políticas por parte de los Estados para aquellos que ni siquiera cumplen los requisitos de un empleo formal.
Agradecimientos
Se agradece a la doctora Zoe Medina por las críticas y sugerencias recibidas, así como a los árbitros anónimos.
