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INTRODUCCIÓN
No hay hoja de ruta sobre qué hacer. En economía se enseña a cómo responder a las desaceleraciones cíclicas o a crisis financieras, pero no cómo reaccionar cuando todos deben quedarse en casa. Es una crisis generada por una enfermedad contagiosa que ha provocado una externalidad negativa y muestra la fragilidad de la vida humana.
Inicialmente se decía que el virus no discriminaba, pero al pasar el tiempo hay otra realidad. Los especialistas de salud manifiestan que el virus habita donde hay carencias, donde hay falta de agua, hacinamiento y bajos ingresos, es decir, donde hay poblaciones vulnerables. Los expertos en el área de la salud señalan varias razones del porqué la tasa de fallecidos es alta.
González (2020) realiza varias entrevistas, entre ellas al infectólogo Javier Nieto, donde explica que el número de casos y fallecimientos atribuidos al COVID-19 en Panamá se debe a que en el país se está haciendo una búsqueda activa de casos y en la medida que se aumenta la búsqueda con la expansión de pruebas, van a aparecer más casos; y al tener más casos, habrá más muertes relacionadas con el coronavirus.
Otra razón que destaca González (2020) es la opinión de Jorge Victoria, coordinador de vigilancia y control de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá, quien considera que las personas contagiadas tenían otras enfermedades subyacentes de riesgo, algo que no ocurre en todos los países y que puede incidir en una mayor tasa de mortalidad (relación entre los fallecidos y el total de la población). Explicó que la letalidad indica la posibilidad de morir por una enfermedad de una persona contagiada. Ese cálculo encierra cierto margen de error, porque no todas las personas contagiadas son identificadas. Alrededor del 80 % de los casos tienen síntomas leves y, de ellos, muchos pueden pasar inadvertidos.
Surgen las corrientes de aquellos que defienden el mercado, quieren terminar con el aislamiento, señalan que las potenciales víctimas no se comparan con el efecto -en el empleo, la solvencia de empresas, confianza de los inversores- y argumentan que todos los años hay gripes comunes donde mueren muchas personas y que no por ello la actividad económica se ha detenido. Existe otro grupo que declara que el producto interno bruto (PBI) puede recuperarse, pero las vidas no. Un virus propagado por el pensamiento de que la vida es mejor si es mejor para mí, y que todo estará bien si está bien para mí.
Se define política económica como un conjunto de acciones y decisiones que las autoridades toman dentro de la economía y, a través de su intervención, se pretende proporcionar estabilidad y crecimiento económico. De ahí que el gobierno analiza y revisa los presupuestos del Estado o el mercado laboral para aplicar esta política que, además, se sugiere que tenga objetivos a corto y largo plazo. La literatura detalla que estas políticas son aplicadas dependiendo de las ideologías y que ellas están relacionadas con la tendencia ideológica que, en su gran mayoría, están representadas por los poderes políticos de cada país, por esa razón siempre que son aplicadas existe un sector en desacuerdo.
No se puede aplicar los planteamientos de las corrientes ortodoxa y heterodoxa del desarrollo, se requiere hacer algo desde cualquier aspecto, porque la vida de las personas está en juego. La encíclica Evangelii Gaudium, escrita por el Papa Francisco en al año 2013 señala que, aún en este siglo, muchos defienden las teorías del «derrame» y suponen que todo crecimiento económico, provoca mayor equidad e inclusión social en el mundo: confianza ingenua (Francisco, 2012).
A todos preocupa la desigualdad. Scheidel (2018) señala que existen cuatro fuerzas que han reducido la desigualdad: guerra, revolución, colapso de los estados y grandes epidemias. Algunos manifiestan que el enfoque neoliberal de la política económica ha favorecido un segmento minúsculo de la población, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, se ha deteriorado la educación y la salud y se promueve la globalización de la indiferencia. Es sostener un estilo de vida que excluye a otros. Si se pierde la vida no hay como recuperarla, pero si la economía se derrumba puede recuperarse. La economía no afecta a los muertos, afecta a los vivos, de allí que la crisis sanitaria necesita de respuestas integrales, hay que estar pendientes de que las acciones del Gobierno no se desvíen de sus deberes.
Países vecinos refieren que ellos tienen un sistema de salud robusto que les ha permitido enfrentar y atender con recursos económicos y humanos. En el caso de Panamá ya había dificultades en la atención de salud, situación que se ha evidenciado en esta crisis sanitaria. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, en ese país cada año mueren 1 564 personas por enfermedades respiratorias, ya en este momento van cerca de 1 000 fallecidos. Para algunos pareciera un escenario optimista, como han expresado las autoridades; el quedarse solo en comparaciones no permite ver realmente el problema, se debe proteger y cuidar la vida de todas las personas. Se vive entre luces y sombras, de allí que es un reto para el sector salud atender esta pandemia.
Los primeros casos de COVID-19 en Panamá se reportaron en áreas con un ingreso per cápita de $ 995, pero en estos momentos donde se encuentra la mayor cantidad de personas contagiadas el ingreso per cápita es de $ 371 (Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Estadística y Censo y Ministerio de Economía y Finanzas, 2017), es decir, donde hay carencias, se dice: lávate las manos, pero hay una gran cantidad de áreas y comunidades donde no les llega el agua potable; quédate en casa, pero las personas lastimosamente tienen que salir a trabajar, son áreas ubicadas en la periferia de la capital. Hoy con dolor se observa la cantidad de contagios y fallecidos, y hay angustia porque todo esto repercute en la sociedad donde la extrema pobreza golpea.
1. ¿QUÉ ES LA INFORMALIDAD?
Por un lado, la informalidad laboral se refiere a aquellos trabajadores que no realizan contribuciones a la seguridad social y como consecuencia no gozarán del derecho a una pensión cuando se jubilen y, por otro lado, la existencia de una gran proporción de trabajos por cuenta propia sin protección social o de trabajos informales poco cualificados. El primer grupo está compuesto en su mayoría por las clases más humildes, pero también incluye a miembros de la clase media vulnerable que sufren riesgo de caer en la pobreza y representan a una tercera parte de la población (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019).
1.1. ¿Cómo llegar a los hogares vulnerables mediante transferencias en donde predomina la informalidad?
Panamá está entre los países con mayor informalidad laboral (45 %), por encima de países con mayor población y menor ritmo de crecimiento (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2018), pero dónde queda el otro segmento del cual hay pocos registros, dónde se ubican los trabajadores que realizan actividades agrícolas. Los que defienden el mercado colocan a los pobres, trabajadores informales, como las principales «victimas» del aislamiento, sin embargo, quien tiene el sustento asegurado puede darse el lujo de quedarse esperando cómodo en su casa; entonces, cómo asegurar la subsistencia de quienes no cuentan con ingresos fijos.
A pesar de la reducción de la pobreza lograda durante las últimas décadas, en Panamá persisten las disparidades espaciales y de ingresos, se siguen constatando desigualdades importantes (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019). Este organismo consideró que, para promover el progreso y la inclusión socioeconómica, se requiere abordar la dependencia de la economía de sectores formales como la construcción, el sector financiero y las actividades del Canal, utilizar un nuevo modelo de desarrollo para fomentar el bienestar de todos sus ciudadanos y un crecimiento sostenible e inclusivo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019).
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) (2020) señaló que al cierre del año habría entre 400 o 500 mil personas sin trabajo, se podría elevar la tasa de desempleo de 7,1 % hasta un 20 %, según fuentes oficiales, con más de 230 000 contratos suspendidos a la fecha El especialista en mercado laboral René Quevedo sostiene que el coronavirus está atacando a siete sectores de la economía que aportan 878 mil empleos, en estos momentos el personal sanitario está agotado y enfermo desde que se dio el primer contagio el pasado 9 de marzo del 2020 (Panamá América, 2020).
Si las políticas económicas garantizan que los trabajadores no pierdan sus empleos, los arrendatarios y propietarios de viviendas no sean desalojados, las empresas eviten quiebras y las redes económicas y comerciales se preserven, se tendrá un antes y un después. Toda respuesta de política debe dirigirse a reducir el gasto no prioritario y mejorar la eficiencia del gasto y dirigidas para aquella población vulnerable. El virus ha afectado de manera desigual a los países de América Latina, Panamá ocupa la posición número cinco de muertes por COVID-19 por cada 100 000 habitantes (Pascuali, 2020). La política económica debe tener entre otros objetivos:
Brindar información sobre la enfermedad accesible, segura, abierta y sencilla para los ciudadanos; tratar de eliminar el virus es la primera prioridad.
Asignar recursos suficientes al sector salud para que se pueda atender la emergencia sanitaria.
Garantizar el funcionamiento de sectores esenciales, proporcionando recursos suficientes a las personas afectadas por la crisis y así minimizar el impacto social y económico.
Hoy se requiere adoptar un enfoque de una nueva política económica que aborde el desarrollo regional, con el diseño de acciones estratégicas. Países como Colombia, Francia, Irlanda, México y Suecia son buenos ejemplos de esas prácticas, ya que han adoptado diferentes enfoques para formalizar sus estrategias de desarrollo regional (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019).
Panamá necesita de políticas que no solo piensen en un grupo de personas sino en toda la población, es importante liderar con la ciencia. Las autoridades señalan que no hay ingreso, por lo tanto, se deben optimizar los recursos económicos, gastarlos bien, el Gobierno no tienes suficientes para invertir. El manejo de las finanzas públicas y las estrategias financieras obligan a optimizar. Ahora la deuda se ha incrementado y Panamá no está ahorrando. ¿Por qué no se ahorró en el tiempo del crecimiento económico?
Las epidemias siempre han sido poco democráticas en seleccionar sus víctimas, escogen a los más vulnerables. Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre política públicas docentes del año 2018 señala que el 70 % de las escuelas primarias panameñas son multigrados, el 40,8 % no tienen agua potable y el 20 % no tienen acceso a internet, otra fuente dice que solo el 11 % (Gregory et al., 2018). Se ha reducido la inversión en salud y la atención no es de calidad no solo se requieren reformas institucionales, también se necesita invertir en educación para la salud.
Aún no se logran consensos en las mesas técnicas que buscan presentar medidas para la sostenibilidad laboral y económica. Definitivamente, las ayudas no podrán resolverlo todo, hay que reformar nuestra legislación y profesionalizar el servicio público. El impacto de la pandemia ha tenido sus efectos en las operaciones del Canal de Panamá, en el mes de mayo hubo una disminución en el número de tránsitos debido a la ralentización en el comercio marítimo mundial.
Según el Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Estadística y Censo y Ministerio de Economía y Finanzas (2017), el 31 % de la población está representado por niños y adolescentes. Estos estudios también revelan que antes de la pandemia un tercio vivía en pobreza multidimensional y sufría importantes privaciones como la falta de agua, servicios sanitarios y alimentación adecuada, entre otros. Se debe evitar el virus del resentimiento, la desconfianza y la indiferencia, pues ya algunos autores señalan la peligrosa mutación RS-20 (resentimiento social).
En todo el mundo la dirección del cambio de política económica se ha puesto como énfasis en restaurar la situación en que vive la población. Una política para la persona y para la sociedad encuentra su criterio básico en la consecución del bien común que abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales las personas, las familias y las asociaciones pueden resolver, con mayor plenitud, su propia situación. En el ejercicio del poder político es fundamental el espíritu de servicio.
Corresponde tomar iniciativas como dijo el papa Pio X refriéndose a la política «ella es el campo más amplio de la caridad y si, lo es, no es solo un derecho sino también un deber» (Pío, 1904). La vida política debe considerarse como un servicio donde se armonicen intereses de los grupos sociales y el bien común implique promover el conjunto de todos los grupos para realizarse más fácil y satisfactoriamente.
Las estadísticas muestran las situaciones de pobreza en números absolutos como en relativos, el estudio denominado Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Panamá en el año 2017 pone de manifiesto las múltiples privaciones y carencias que experimentan los individuos y hogares en salud, educación, trabajo, nivel de vida, entre otros. La información que arroja el IPM, desagregada por área geográfica, subgrupos de personas o carencias específicas, señala que una persona puede estar en condiciones de pobreza multidimensional por no tener acceso a atención médica, saneamiento y falta de agua potable, mientras que otra puede estarlo por experimentar carencias de electricidad, precariedad de la vivienda, desempleo o poca escolaridad. Estos estudios indicaron que el porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional se ubicó en 19,1 %, lo que representó en términos absolutos 777 752 personas. Hoy muchos ven sus horizontes cada vez más oscuros, muchas personas sufren el peso de la miseria y una gran cantidad de ellas se incorpora a la economía informal. Es así que, a nivel nacional, las personas multidimensionalmente pobres experimentaron su condición con una intensidad de 43,5 %, se concentran mayormente en las áreas rurales del país, donde 4 de cada 10 personas son pobres.
2. ¿CUÁLES DEBEN SER LAS ACCIONES EN MATERIA DE POLÍTICAS ECONÓMICAS EN ESTE MOMENTO?
El término política económica hace referencia a las diferentes estrategias de intervención llevadas a cabo por gobiernos, parlamentos, y otros; constituidas por diferentes conjuntos de medidas, leyes y regulaciones. Para responder a esta pregunta deben estar encaminadas a disminuir el número de pobres y mejorar las condiciones de vida de aquellos que sufren pobreza multidimensional con mayor intensidad, es decir, que presentan un mayor número de privaciones. Urge la participación social ante el Estado reclamando leyes que defiendan los derechos de los sectores más débiles y no solo pensando en dar algo a cambio de un voto
Panamá muestra grandes problemas: la corrupción es la punta de un iceberg que afecta la sociedad, uno de los mayores vicios que socava el desarrollo social y político de cualquier pueblo, que penetra y se burla de la ley. Muchos no tienen valor para denunciarla y se requiere de autoridades y ciudadanos con conciencia moral para erradicarla. Progresa la demagogia y el populismo, la mentira política, la población está indefensa frente al delito.
El país requiere de cambios radicales en materia de transparencia, manejo de la información y participación ciudadana para combatir la corrupción, promover la transparencia de los actos públicos, ampliar la participación ciudadana en los temas de interés nacional, y cumplir con las leyes existentes. Las leyes que se propongan, entre otros aspectos, deben prohibir la participación de personas como candidatos a ocupar cargos de elección popular cuya honorabilidad es cuestionada, casos de corrupción, coimas y otros. Debe existir mayor participación ciudadana para que en el momento en que se identifique un acto de corrupción se pueda denunciar.
Muchos ciudadanos quizás viven bastante aislados de la pobreza, no conocen las experiencias y sentimientos de quienes deben caminar todos los días para buscar agua, o qué conlleva trabajar más de diez horas diarias por $ 13 diarios. Autores como Angulo (2007) consideran que, en el diseño de la política, la opinión pública no es un factor relevante; esta apenas influye en las decisiones políticas sobre la ayuda, salvo en momentos puntuales en los que las crisis humanitarias se sitúan en la agenda de los medios de comunicación. Varios factores contribuyen a esta posibilidad: primeramente, la limitada significación que los temas de política tienen, en general, para la ciudadanía, comparados con las cuestiones domésticas; en segundo lugar, el escaso grado de conocimiento que el ciudadano común tiene sobre los distintos elementos en que participa. Es la ciudadanía la que elige a sus representantes, por lo tanto, los ciudadanos deben estar cada vez más informados.
2.1. La planificación como una herramienta
La planificación es necesaria para lograr una gestión pública eficaz y eficiente, debe estar centrada en las necesidades de los usuarios y no bajando el perfil a intereses de grupo. Las políticas económicas son un insumo para la determinación de las metas e indicadores, los grandes problemas del país no se resuelven con el discurso para convencer, se requiere de leyes que promuevan los valores humanos y la equitativa distribución de los bienes de la tierra, y generar oportunidades de trabajo para que todos logren un trabajo digno para hoy y para mañana. La planificación no puede ser un conjunto de recetas con una eficacia momentánea, es una herramienta de conocimiento y de análisis con marcos de referencias para que se impulsen acciones de prevención en la sociedad y que sean participativas, representativas y transparentes.
Se debe proteger a los más vulnerables y no solo porque es vinculante, sino porque es un derecho de justicia. Es necesario sostener el sistema sanitario, no comercializar con la enfermedad, sustentar la producción, conceder una moratoria financiera para los sectores más golpeados y también en el pago de impuestos, alquileres y crédito para empresas pequeñas y medianas. Los tipos de interés no deben subir de cualquier tipo de producto, al menos en el mediano plazo para estimular la economía. Se debe bajar los precios de los productos de la canasta básica de alimentos y dar incentivos para que las empresas no despidan trabajadores.
En las primeras estimaciones económicas de la región, organismos internacionales, agencias de calificación de riesgo y algunos analistas locales proyectan que Panamá registrará una contracción en su economía entre 1 y 2 % este año, como consecuencia de la crisis causada por la COVID-19. Será, sin duda, una fuerte contracción, teniendo en cuenta que el crecimiento registrado en 2019 fue de 3 % y que para 2020 se esperaba un crecimiento de alrededor de 4 %. El último mapa de pobreza y desigualdad (2017) presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ratificó esa realidad. De hecho, existen corregimientos en el distrito de Panamá con menores porcentajes de «pobreza general», sin embargo, a sus espaldas y solo separados por la vía Simón Bolívar o Transístmica, está la otra cara de la moneda. Se trata del corregimiento de Curundú, el lugar del área urbana con el más elevado porcentaje de pobreza. En este sitio, el 25,9 % de sus pobladores son pobres, es decir, una de cada cuatro personas, y es aquí donde se concentran los mayores contagios.
En muchos gobiernos se habla de una nueva política económica pero basada en una ética social en tiempos de COVID-19, sin embargo, la relación entre economía y ética siempre ha sido difícil. En el mercado se manifiestan comportamientos de individuos en los que la ambición y el enriquecimiento contradicen los principios éticos. La ética busca promover virtudes y valores, pero ¿qué dicen los teóricos sobre esto? Por ejemplo, el modelo político económico de Platón, fundamentado en motivaciones éticas, propone formar un nuevo individuo al que la virtud aleje de la violencia y del vicio. También Aristóteles enseña que la organización de la economía debe orientarse en la búsqueda del bienestar y la felicidad de los ciudadanos, muchas veces la ética queda a un lado por la avaricia y las ganas de poder, por lo tanto, dejar las cosas a discreción no es recomendable (Acuña, 2012).
La ética se continúa entendiendo como la guía práctica de la actividad económica, donde la economía es sierva de la ética, en una estructura del saber jerarquizado. Economistas neoliberales -y no solo ellos- creen que de los vicios privados en ocasiones surgen buenos resultados para la vida económica. Por eso prefieren atenerse al viejo dicho «lo que no son cuentas son cuentos» y asegurar que la economía siga su curso.
Para garantizar una respuesta inclusiva en política económica se requiere de enfoques basados en derechos humanos donde las personas participen plena y efectivamente en las decisiones que afectan sus vidas, pues la rendición de cuentas y la transparencia es esencial para asegurar respuestas a la COVID-19. La innovación, el comercio electrónico, las plataformas digitales, la racionalización, la eficiencia, la competencia leal, la exclusión de la corrupción y el cumplimiento del derecho en el ámbito económico; así como el preservar la salud pública, la inversión en ciencia, investigación y sanidad, deben ser las hojas de ruta de estos tiempos.
CONSIDERACIONES FINALES
La COVID-19 es la enfermedad más infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. Es considerada una emergencia de salud pública internacional, de allí la importancia de estar bien informado y preparado para evitar el contagio. Los síntomas que presentan las personas infectadas son fiebre, síntomas respiratorios (tos y dificultad para respirar) y en los casos más graves, estas infecciones pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte.
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020), la COVID-19 generará una contracción del crecimiento del 2 % en Panamá. El Gobierno panameño ha realizado gestiones para contar con fondos para la atención de la emergencia de la pandemia, sin embargo, aún no se logra definir la totalidad de los recursos con los que cuenta para enfrentar la situación. Existen expectativas de la ciudadanía frente a la ausencia de ingresos para solventar los gastos básicos de alimentación y servicios públicos.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (2020) suspendió temporalmente los contratos de trabajo, por lo que los trabajadores no están obligados a laborar y los empleadores tampoco a pagar el salario hasta que se levante el estado de emergencia. Tal medida afectará a más de 230 000 de trabajadores ubicados en distintas actividades económicas. Las empresas de los sectores con mayores despidos y personal suspendido son el sector turístico con el 49,5 %; los restaurantes 50 %; los hoteles 59,3 %; la construcción 49,3 % y las actividades inmobiliarias con el 33,3 %; actividades de importante inserción de mujeres (Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura 2020).
Las experiencias vividas obligan la incorporación de políticas económicas inclusivas dirigidas a estimular la recuperación de la actividad económica, sobre todo para los sectores más afectados. En este período de emergencia es fundamental ver hacia dónde va la agenda pública, el diálogo y la consulta serán cruciales, de manera que se asegure el beneficio de la población.
